TC Rol 16632

Texto completo

0002834
DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO




2026

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.632-2025

[14 de enero de 2026]
____________




REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 4° N° 2 DE
LA LEY N° 20.720, QUE SUSTITUYE EL RÉGIMEN CONCURSAL
VIGENTE POR UNA LEY DE REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
EMPRESAS Y PERSONAS, Y PERFECCIONA EL ROL DE LA
SUPERINTENDENCIA DEL RAMO



INMOBILIARIA PASEO SAN DAMIÁN, HOY PUBLICIDAD
PASEO SAN DAMIÁN S.A.


EN EL PROCESO ROL C-8841-2024, SEGUIDO ANTE EL VIGÉSIMO
TERCER JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE SANTIAGO, EN CONOCIMIENTO
DE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO, POR RECURSO DE HECHO,
BAJO EL ROL N° 9643-2025 (CIVIL)



VISTOS:

Que, con fecha 7 de julio de 2025, Inmobiliaria Paseo San Damián, hoy
Publicidad Paseo San Damián S.A. ha presentado un requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 4° N° 2; y 117
N° 1), de la Ley N° 20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley
de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de
la Superintendencia del ramo, en el proceso Rol C-8841-2024, seguido ante el

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Vigésimo Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en conocimiento de la
Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de hecho, bajo el Rol N° 9643-2025
(Civil).



Tramitación

Por resolución de la Primera Sala de esta Magistratura de fecha 24 de
julio de 2025, de fojas 471, el requerimiento fue acogido a tramitación y se
ordenó la suspensión del procedimiento. Luego, la misma Sala, por resolución
de 2 de septiembre de 2025, de fojas 1077, declaró admisible el requerimiento
únicamente en la impugnación al artículo 4° numeral 2 de la Ley N° 20.720, e
inadmisible en lo demás.



Precepto legal cuya aplicación se impugna

El texto del precepto legal impugnado, en su parte destacada, dispone:



Ley N° 20.720

“Artículo 4º.- Recursos. Las resoluciones judiciales que se pronuncien en
los Procedimientos Concursales de Reorganización y de Liquidación establecidos
en esta ley sólo serán susceptibles de los recursos que siguen:

[…]

2) Apelación: Procederá contra las resoluciones que esta ley señale
expresamente y deberá interponerse dentro del plazo de cinco días
contado desde la notificación de aquéllas. Será concedida en el solo efecto
devolutivo, salvo las excepciones que esta ley señale y, en ambos, casos
gozará de preferencia para su inclusión en la tabla y para su vista y fallo.

En el caso de las resoluciones susceptibles de recurrirse de
reposición y de apelación, la segunda deberá interponerse en subsidio de
la primera, de acuerdo a las reglas generales.

[…]”.



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional
sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

La actora refiere respecto de la gestión pendiente que ante el Vigésimo
Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago se sigue procedimiento de



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liquidación forzosa iniciado el 17 de mayo de 2024 por Banco Security, de
conformidad con el artículo 117 numeral 1 de la Ley N° 20.720.

Indica que en reiteradas oportunidades hizo presente al tribunal su
carácter de empresa de menor tamaño, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 2° de la Ley N° 20.416, acompañando los respectivos certificados
emitidos por un asesor de insolvencia en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 17 y 19 de la Ley Nº 20.416 y el artículo 14 del Reglamento sobre
sistema voluntario para la Reorganización o Cierre de Micro y Pequeñas
Empresas en Crisis, junto con su correspondiente validación por parte de la
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

Señala que en este contexto, y no habiendo sido objetados dichos
certificados, el tribunal procedió a suspender el procedimiento de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 20.416.

Luego, explica que una vez reanudado el procedimiento, con fecha 27 de
febrero de 2025, interpuso incidente de nulidad de todo lo obrado por
corrección del procedimiento, ya que la causal invocada por el demandante
para iniciar el procedimiento fue la del artículo 117 numeral 1, la que resulta
inaplicable a las empresas de menor tamaño.

En este contexto explica que con fecha 10 de mayo de 2023 se publicó la
Ley N° 21.563, que incorporó una serie de modificaciones a la Ley N° 20.720, y
particularmente introdujo nuevos procedimientos concursales especiales, entre
estos, el procedimiento de liquidación concursal forzada simplificada; y
enfatiza que este es el procedimiento que correspondía aplicar al caso sublite.

Expone que con fecha 22 de mayo de 2025 el tribunal rechazó el incidente
referido por lo que el 28 de mayo interpuso recurso de apelación, el que por
resolución de 6 de junio no fue concedido, de conformidad con precepto legal
impugnado en autos.

Por ello, señala que dedujo un recurso de hecho, el que ingresó bajo el Rol
9643-2025 (Civil) a la Corte de Apelaciones de Santiago, gestión que invoca como
pendiente para estos autos constitucionales.



Como conflicto constitucional, la actora plantea, en lo pertinente, que
el precepto legal cuestionado vulnera las garantías establecidas en el artículo 19
N° 3, inciso sexto de la Carta Fundamental, y el artículo 5°, inciso segundo, en
relación con los artículos 8.1 y 8.2 letra h) de la Convención Americana de
Derechos Humanos, y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.



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Argumenta que se afecta el derecho al debido proceso y en particular el
derecho al recurso, pues se impide que la Corte de Apelaciones de Santiago, en
virtud del principio de la doble instancia, pueda tomar conocimiento respecto
del recurso de apelación interpuesto.

Apunta a que el precepto legal impugnado la deja en un estado de
indefensión total, manteniéndola sometida a un procedimiento concursal
viciado desde su origen, conforme a causales y normas procedimentales
inaplicables en su caso atendida la categorización que hace el artículo segundo
de la Ley N° 20.416.

Hace presente que el derecho al recurso no sólo procede en materia
penal, sino que es una prerrogativa transversal en todas las áreas del derecho.

Finalmente, cita jurisprudencia de esta Magistratura, particularmente la
STC Rol N° 14.493, en que se declaró inaplicable la norma en examen con el
fundamento de que resulta imperativo que el proceso se desarrolle con
observancia plena a las garantías de un debido proceso que se resuelva a través
de la doble instancia.



Conferidos los traslados de fondo a todas las partes de la gestión
pendiente y a los órganos constitucionales interesados, con fecha 23 de
septiembre de 2025, a fojas 1103, formuló observaciones Banco Security y
solicitó el rechazo del requerimiento.

En cuanto a la gestión pendiente, la requerida precisa que la requirente
luego de rechazarse el incidente y continuar con la tramitación del
procedimiento concursal, reprodujo en la Audiencia Inicial contemplada en el
artículo 120 de la Ley N°20.720 exactamente los mismos argumentos del
incidente como defensa en contra de la demanda de liquidación, por lo que
sostiene que la actora no se encuentra en una hipótesis de indefensión.

Señala que de rechazarse la oposición, la decisión del tribunal podrá ser
impugnada por medio del recurso de apelación, expresamente establecido en el
inciso final del artículo 129 de la ley del ramo.

El Banco señala que esta Magistratura en STC 12.677 rechazó el
requerimiento respecto de este mismo precepto legal entre otras razones,
porque el requirente no empleó todas las herramientas recursivas disponibles
para impugnar la resolución que le causaba agravio, y hace ver que en el caso de
autos ocurrió lo mismo, pues San Damián, pese a tener a su disposición el
recurso de reposición en contra de la resolución que rechazó el incidente, optó
por apelar directamente.



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Respecto del fondo del asunto, la requerida expone que este Tribunal ha
sostenido que el derecho al recurso como requisito del debido proceso admite
una serie de matices y precisiones, lo que se traduce en que no exista un derecho
constitucionalmente garantizado al principio de doble instancia y con ello al
recurso de apelación.

Agrega que la procedencia o no de la doble instancia constituye una
decisión propia del legislador, quien en ejercicio de sus atribuciones de
configuración normativa puede determinar qué recursos resultan procedentes
en cada procedimiento, atendiendo a su naturaleza y fines.

Así, arguye que la sola exclusión del recurso de apelación en
determinadas hipótesis no configura, por sí misma, una infracción
constitucional, siempre que el diseño legislativo contemple medios idóneos
para asegurar un proceso racional y justo.

Finaliza señalando que la Ley N°20.720 responde precisamente a esa
lógica, pues consta en la historia fidedigna de la ley que el legislador buscó
privilegiar la celeridad y eficacia de la tramitación de los procedimientos
concursales.



Con fecha 29 de septiembre de 2025, a fojas 1126, fueron traídos los autos
en relación.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 4 de diciembre de 2025 se verificó la vista de la
causa, oyéndose la relación pública y los alegatos de los abogados Juan Rodrigo
Salvo Bergamin, por la parte requirente, y Tomás Frenck Kleinman, por la parte
requerida, y se adoptó acuerdo, conforme fue certificado por la relatora de la
causa.



Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que don Alfonso Patricio Vásquez Parker, en representación
de Publicidad Paseo San Damián S.A., interpone requerimiento de
inaplicabilidad respecto del artículo 4° numeral 2 de la ley 20.720, que dispone
que el recurso de apelación procederá contra las resoluciones que la ley señale
expresamente. En concreto, el problema planteado consiste en que el Banco
Security S.A. demandó en procedimiento de liquidación forzosa a la empresa
ahora requirente, en base a la primera causal contemplada en el artículo 117 de
la Ley 20.720, esto es, haber cesado en el pago de una obligación que consta en

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título ejecutivo vencido y que se constituye como una obligación propia de la
actividad de la Empresa Deudora con el acreedor solicitante. Sin embargo, la
deudora y ahora requirente expresa que tiene la calidad de empresa de menor
tamaño, conforme lo previsto en el artículo segundo de la Ley 20.416 y por lo
tanto debería aplicársele el procedimiento de liquidación concursal
simplificado, regulado por el Capítulo V, Título 2, de la ley 20.720 y entonces las
causales que permiten la liquidación no son las del artículo 117 sino las del
artículo 282 de la ley citada, entre las que no se encuentra la de cesar en el pago
de una sola obligación que conste en título ejecutivo, respecto del acreedor
solicitante. En base a esas consideraciones, el demandado interpuso un
incidente de nulidad de lo obrado en la causa de liquidación, el que fue
rechazado y como no está regulada en forma expresa una apelación en contra
de esa negativa, el artículo 4° N°2, que aquí se impugna, ha llevado a que se
declare inadmisible el recurso intentado contra el fallo del incidente. Por eso,
para que tenga efectos en la gestión pendiente constitutiva de un recurso de
hecho, se solicita la inaplicabilidad de la norma.

SEGUNDO: Que el conflicto de constitucionalidad planteado se refiere al
derecho al recurso, como parte integrante del debido proceso, incluido por ende
en el artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental y, siempre respecto del mismo
derecho al recurso, en tratados internacionales que se citan y se vinculan con el
artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política.

TERCERO: Que en este Tribunal existe consenso respecto de dos puntos
fundamentales respecto a lo jurídicamente debatido: en primer lugar, respecto a
que efectivamente el derecho al recurso está implícitamente incluido dentro de
las exigencias del debido proceso que contempla el artículo 19 N° 3 de la
Constitución; y, luego, en cuanto a que ese derecho al recurso no es absoluto.
Hasta ahí el consenso y desde ahí, las diferencias.

CUARTO: Que, en efecto, existen posiciones divergentes, latamente
desarrolladas en sentencias y votos disidentes, acerca de cuál es, o debe ser, la
extensión del derecho al recurso, o, lo que es lo mismo, cuáles son sus
limitaciones, tanto en cuanto a la naturaleza de las resoluciones que deban ser
recurribles como en cuanto a la naturaleza de los remedios de revisión que
deban contemplarse.

QUINTO: Que sin perjuicio de sostener cada cual sus tesis respecto de
estos dos puntos y sin renunciar a ninguna de ellas, para estos sentenciadores
este caso presenta una particularidad que permite consensuar un rechazo por
razones comunes, que van más allá de cuáles sean las opiniones particulares
respecto de los puntos en que podríamos divergir, cuales son, como se dijo, los
alcances del derecho al recurso y aún las facultades del Tribunal, por la vía de la


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DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA




inaplicabilidad, para intervenir en casos en que se considere que el recurso se
pueda haber restringido en demasía por el legislador. Es decir, si la
inaplicabilidad, acogida en un caso tal, excede o no la facultad llamada de
“legislador negativo” del Tribunal Constitucional.

SEXTO: Que si en este caso no es preciso adentrarse en esas materias, y
por ende no se develan las diferencias que en abstracto podamos mantener
sobre dichos tópicos, es porque en el caso concreto no está en juego, realmente,
el derecho al recurso, cualquiera sea o deba ser su extensión, más allá de lo que
equivocadamente, a nuestro juicio, ha entendido el actor.

SÉPTIMO: Que, en efecto, el reclamo que sostiene el demandado en el
juicio concursal dice relación, finalmente, con la causal invocada por el
acreedor para obtener esa sentencia de liquidación, causal que, en concepto de
ese demandado, no permite en su particular caso iniciar el concurso puesto que
se trataría de una empresa por cuyas características está regida por un
procedimiento especial, según el cual la mora en el pago de solo una obligación
que conste en título ejecutivo, no basta para solicitar, ni para decretar, la
liquidación.

OCTAVO: Que es importante destacar que lo anterior no es una
presunción ni una interpretación de esta Magistratura, sino que es lo que
expresamente el requirente nos dice en su libelo. Sin necesidad de leer una sola
pieza del expediente que está en la base de la gestión pendiente, todo lo dicho se
ha extraído del tenor literal del requerimiento. Es decir, el aquí actor reclama
que no puede recurrir en contra de una resolución que le negó lugar a su
incidencia de nulidad, dejándolo en la indefensión frente a una ejecución que,
en su concepto, se está iniciando por una causal que no le es aplicable.

NOVENO: Que la cuestión es, sin embargo, que esa indefensión no
existe, pues más allá de si debe o no decretarse una nulidad procesal, el reclamo
de fondo puede renovarse al oponerse a la liquidación, y se ha renovado en los
hechos. Estando habilitado el deudor para oponer las excepciones del artículo
464 del Código de Procedimiento Civil, ha opuesto algunas, en efecto, y una de
ellas es la de falta de requisitos del título (requisitos para generar la liquidación
forzosa, desde luego), justamente porque ese solo título vencido no bastaría
para ello, dado el tenor del artículo 282 de la Ley 20.720, que es la que el
demandado estima aplicable a su caso. Pues bien, siendo así, el tribunal del
fondo deberá ponderar esa excepción y fallarla, y según su mérito podrá
acogerla y rechazar la liquidación pedida, o podrá rechazar la excepción y en
ese caso deberá dictar sentencia de liquidación, pero, aquí está el quid del
asunto, esa sentencia (hasta ahora hipotética) sí que es apelable, por disponerlo
así de manera expresa el artículo 129 inciso final de la citada Ley 20.720.


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DÉCIMO: Que, entonces, la argumentación que el requirente quiere que
sea ponderada por un tribunal revisor podrá serlo, y eso solo si la sentencia de
primer grado le resulta adversa, porque también el juzgado de base tendrá que
razonar al respecto y decidir, primero, si el demandado está o no en la situación
de empresa de menor tamaño que invoca y si con ello es o no efectivo que
debería serle aplicable el procedimiento especial de liquidación simplificada y,
entonces y al final, si el vencimiento de un solo título ejecutivo basta o no, en su
caso, para decretar la liquidación. Todo ello deberá ser ponderado por el juez de
primera instancia y podrá ser revisado, eventualmente, mediante el ejercicio
del recurso de apelación, por la Corte correspondiente.

UNDÉCIMO: Que, entonces, apreciamos que lo que se quiere reclamar
aquí no es la falta de un recurso, porque lo hay, sino la oportunidad que el
legislador quiso establecer para apelar. El requirente quiere adelantar esa
oportunidad, para que el tribunal revisor pueda conocer de inmediato el
asunto, vía apelación del incidente de nulidad procesal. El sistema, para este
caso concreto, permite que se revise mediante apelación todo lo que el
requirente quiere exponer ante el tribunal superior, pero lo permite para un
paso procesal más tardío: la eventual sentencia de liquidación.

DUODÉCIMO: Que, entonces, la cuestión se desplaza desde el derecho al
recurso, que el requirente sí tiene, en verdad, a la cuestión de la oportunidad en
que se quiere disponer de él, y eso en este caso particular no puede generar un
problema de constitucionalidad por debido proceso, más allá incluso de
pareceres particulares que para otras hipótesis puedan considerar que
desplazar el recurso hacia el final del procedimiento pueda resultar complejo,
dado que aquí el recurso se permite precisamente respecto de la resolución que,
en suma, fallará las excepciones que se fundamentan en los mismos
argumentos de la incidencia, que están ya opuestas y que no generan ni tan
siquiera una dilación relevante. Entonces, las discrepancias que pueda haber
entre los falladores justamente sobre el tema de la oportunidad del recurso,
también se allanan acá, porque en este caso específico esa oportunidad es en
todo caso la correcta para el derrotero que ya ha seguido el proceso de base, sin
que se haya expuesto un solo argumento por el actor que pueda explicar por
qué, aún con ese derecho a renovar en el fondo sus alegaciones, como lo hizo, y
con el derecho a apelar de una eventual sentencia desestimatoria de esos
razonamientos, de todos modos estaría afectado su derecho al recurso. Como la
apelación está consagrada contra la sentencia de liquidación, según dijimos, era
carga del requirente señalar por qué ello no le basta, y no cumplió con esa carga
ni se aprecia motivo alguno, del examen de los antecedentes, que permita
inferir una afectación al debido proceso, en este caso, ni aun aceptando la más
extrema extensión del derecho al recurso (para los efectos del análisis).

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DECIMOTERCERO: Que, por las razones expuestas, el requerimiento
será rechazado.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos
primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y
pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO. OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN
AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE POR
ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.




DISIDENCIA

Acordada con el voto en contra de los Ministros señor HÉCTOR MERY
ROMERO y señora MARCELA PEREDO ROJAS, quienes estuvieron por acoger por
las siguientes razones:

1°. – Que, como se expresa en el motivo Octavo de esta sentencia, el aquí
actor reclama que no puede recurrir en contra de una resolución que le negó
lugar a su incidencia de nulidad, dejándolo en la indefensión frente a un
procedimiento concursal que, en su concepto, se está iniciando por una causal
que no le es aplicable.

2°. – Que, sobre los procesos concursales estatuidos en la Ley nro. 20.720,
la sentencia del 9 de mayo de 2018 de la Excma. Corte Suprema precisó “… que
el espíritu de la ley es liquidar bienes y repartir su producto dentro de un
procedimiento universal donde se integran los intereses que convergen y que da
lugar a un estado indivisible para el deudor y acreedores, que tiene como
resultado una ejecución colectiva en que están presentes el interés público al
organizar los medios legales para hacer efectiva la liquidación rápida y expedita,
respetando la igualdad o la denominada “par condictio creditorum” y, por otra
parte, de protección al deudor para que el resultado de esta liquidación cumpla su
propósito de ejecución universal. Finalmente está la tutela del interés privado de
los acreedores y terceros, que ven en este procedimiento una defensa colectiva y

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una tutela judicial eficaz a sus derechos amagados con la insolvencia,
presupuesto necesario de toda liquidación” (Autos “Hugo Silva Marín [Q]”, rol
39.766-2017, c. 6).

3°. – Que, para alcanzar los fines que se manifestaron en las ideas
matrices o fundamentales del Mensaje presidencial que dio origen a su
tramitación, la Ley nro. 20.720 estatuyó diversos procedimientos. Uno de los
principios formativos que la caracterizó es el de la celeridad procesal,
estructurado -en lo relativo a la solicitud de liquidación forzosa- en una
audiencia inicial, una audiencia de prueba y una audiencia de fallo. Las fases
señaladas son predicables tanto a la reorganización como a la liquidación,
definida esta última como “un procedimiento de ejecución colectiva cuyo objeto
es proveer a la satisfacción de todos aquellos sujetos que se vinculan
obligacionalmente con un agente insolvente financieramente inviable, por medio
de la realización del activo de este último, ejecutada con miras a maximizar las
posibilidades y la cuantía del pago de los primeros” (Diego RODRÍGUEZ
GUTIÉRREZ y Nicolás JOFRÉ CARO [2024]: Procedimientos concursales de
empresas y personas deudoras. Texto refundido de la Ley Nº 20.720 y la Ley Nº
21.563, p. 155. Academia Judicial, Santiago).

4°. – Que, en el proceso de liquidación, compartimos la postura de Puga,
quien sostiene que nos encontramos ante “… lo que la ley llama erradamente el
juicio de oposición, … la liquidación forzosa es toda ella un juicio, un juicio de
liquidación colectiva. Toda vez que la ley denomina a la solicitud de ejecución
forzosa del acreedor “demanda” … está reconociendo que con ella se inicia un
juicio (no existen las demandas en los asuntos no contenciosos) y nuevamente
admite que se trata de un juicio si se acepta dictar la Resolución de Liquidación
merced a un “allanamiento” del deudor” (Juan Esteban PUGA VIAL [2020]:
“Derecho Concursal. Del Procedimiento Concursal de Liquidación. Ley N° 20.720”,
p. 308. Editorial Jurídica de Chile, Santiago).

En ese juicio ejecutivo especial, puede el deudor deducir oposición en el
contexto de un proceso abierto con la finalidad de acreditar el estado de
insolvencia del deudor, no solo como el modo de ejecutar títulos ejecutivos
individualmente considerados. Se trata de una ejecución “universal y colectiva”,
como enfatiza Puga, “… cuyo fundamento y razón de ser es la amenaza que la
insolvencia supone a la regla de la prelación de créditos. Las normas deben tener
una función y deben leerse dentro de un contexto. El mensaje de la Ley N° 20.720
deja en evidencia que es una ley para abordar las empresas en crisis y no para
resolver relaciones bilaterales entre un acreedor y su deudor” (PUGA VIAL, ob cit.,
p. 310).



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5°. – Que, en este contexto, la cuestión que nos convoca y en la cual se ha
dado aplicación a la norma requerida de inaplicabilidad, dice relación con la
posibilidad del deudor de deducir recursos legales contra las resoluciones
intermedias, en especial cuando desestiman un incidente de nulidad procesal
referido a la condición que el requirente invoca para sí en el proceso de
liquidación que se sigue en su contra.

6°. – Que, en relación con la posibilidad de impugnar una resolución
judicial, debemos tener presente que detrás de los medios de impugnación
aparecen como fundamentos dos aspectos esenciales: “Por un lado, servir como
control a la actividad del juez. El órgano puede incurrir en un error en el
desempeño de su actividad, de modo que el nuevo examen, especialmente cuando
es realizado por un Tribunal Superior, garantiza en cierta medida el acierto de la
resolución;// Y por otro, asegurar el derecho de defensa del perjudicado por la
resolución, de modo que entra en juego el término gravamen, justificándose la
impugnación por ser la resolución objeto de la misma gravosa para la parte.”
(Mario Mosquera Ruiz, Cristián Maturana Miquel [2010], “Los Recursos
Procesales”, p. 19. Editorial Jurídica de Chile, Santiago).

7°. – Que, entonces, la cuestión a decidir en este proceso constitucional es
si la prohibición de deducir recursos contra decisiones intermedias
pronunciadas por el Juez de Letras, es o no contraria a la Carta Fundamental.
Evidentemente, las cuestiones planteadas por la requirente en sus recursos
ordinarios no son ni serán objeto del análisis y ponderación alguna por parte de
esta Magistratura Constitucional.

Es obvio que esta Judicatura carece de competencia para resolver el
asunto controvertido.

Así, en respuesta a alguna insistencia que observamos en el escrito del
requerimiento acerca de la justicia de su reclamo en la gestión pendiente, nos
vemos en el deber de puntualizar que lo que aquí nos corresponde dilucidar es
otra cosa: si el precepto legal impugnado por el requerimiento, que limita los
medios de impugnación en perjuicio del ejecutado, es o no contrario a la Carta
Política.

8°. – Que no cabe duda de que el recurso que la actora constitucional
pretende deducir, pero que el precepto legal impugnado por el requerimiento le
impide interponer, debe ser entendido teniendo en cuenta las particularidades
de la ejecución concursal, a lo que ya nos referimos latamente en los motivos 2°,
3° y 4° de este voto disidente.

9°. – Que, en relación a la garantía de un justo y racional juzgamiento,
esta Magistratura a través de su jurisprudencia ha sostenido que “[e]l legislador

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está obligado a permitir que toda parte o persona interesada en un proceso cuente
con medios apropiados de defensa que le permitan oportuna y eficazmente
presentar sus pretensiones, discutir las de la otra parte, presentar pruebas e
impugnar las que otros presenten, de modo que, si aquéllas tienen fundamento,
permitan el reconocimiento de sus derechos, el restablecimiento de los mismos o
la satisfacción que, según el caso, proceda; excluyéndose, en cambio, todo
procedimiento que no permita a una persona hacer valer sus alegaciones o
defensas o las restrinja de tal forma que la coloque en una situación de
indefensión o inferioridad”. (STC 1411 c. 7).

10°. – Que la exigencia impuesta al legislador, de asegurar medios
apropiados para que las partes de una controversia judicial puedan exponer de
manera pertinente en juicio sus argumentos y defender debidamente sus
intereses, no ha sido respetada este caso, pues, por aplicación de un precepto
legal, como es el contenido en el artículo 4° numeral 2° de la Ley Nº 20.720, en el
caso concreto, se le impide al deudor el poder de recurrir ante la Excma. Corte
Suprema, mediante un recurso efectivo, y obtener así un pronunciamiento que
permita al deudor oponerse a la ejecución colectiva que se pretende seguir en su
contra y, de este modo, se asegure una decisión ajustada a derecho, que cumpla
con el estándar de justicia y racionalidad que exige nuestro ordenamiento
constitucional.

Se nos dice que, en litigios de esta naturaleza, la justicia debe actuar con
celeridad. Sin embargo, la celeridad del proceso no puede suprimir ni
relativizar la necesaria subordinación del legislador al debido proceso,
exigencia constitucional que obliga a los órganos y poderes del Estado, a sus
titulares e integrantes, así como a toda persona, institución o grupo.

En torno a la necesidad de contar con reglas que favorezcan una
tramitación rápida, es decir, si el valor que quisiéramos atribuir a esta
restricción que contiene el precepto impugnado fuera la pronta conclusión de
los litigios y evitar su demora excesiva, esta Judicatura, en STC 12.157-CAA, con
ocasión de haberse impugnado el Auto Acordado sobre Procedimiento Aplicable
al Convenio de La Haya relativo a los Efectos Civiles de la Sustracción
Internacional de Niños y Niñas, tuvo presente que “… , así, la celeridad puede
alcanzarse mediante otros mecanismos procesales más idóneos, es decir, menos
intrusivos en los derechos de las partes que privarlas del recurso de casación
destinado a corregir vicios sustanciales del procedimiento o que se encuentran
contenidos en la misma sentencia que se impugna, …”.

Así, cuando la Constitución prescribe que corresponderá al legislador
establecer siempre las garantías de una investigación y procedimiento
racionales y justos, no está simplemente recomendando de manera vaga a los

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poderes que concurren a la formación de la ley, de un modo general, un modo
de comportamiento. Nicolás Gómez Dávila, en De Iure, lo dice así: “La
positividad de la ley parece no bastar. Parece que, sobre la norma legal que rige los
actos, debiera regir una norma justa.”

11°. – Que esta Judicatura ya ha dicho en decisiones previas que un
procedimiento legal debe ser racional y justo. Racional, para configurar un
proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo, para orientarlo a un sentido
que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un proceso. Con
ello, se establece la necesidad de un juez imparcial; con normas que eviten la
indefensión; que exista una resolución de fondo, motivada y pública; que sea
susceptible de revisión por un tribunal superior y generadora de la
intangibilidad necesaria que garantice la seguridad y certeza jurídica propias
del Estado de Derecho. (STC 1838, c. 10).

12°. – Que, para que estas premisas se verifiquen en la especie, resulta
imperativo que la causa se sustancie con observancia plena a las garantías de un
debido proceso y en tal sentido, resulta imperioso que se resuelva a través de un
recurso efectivo.

13°. – Que, desde luego, la especialidad de las materias regladas en la Ley
nro. 20.720 no es, de modo alguno, un criterio que valga para excluir la
posibilidad de deducir un recurso efectivo. Sostener lo contrario equivaldría a
argumentar que lo dispuesto en el artículo 4° del Código Civil está por encima de
lo mandado en el artículo 6° inciso segundo de la Constitución.

14°. – Que la efectividad o no de un recurso contra sentencias judiciales
admite ser mirada desde las consideraciones que se han manifestado en los
motivos que se han señalado en lo precedente. Al explicar las garantías del justo
proceso, Ferrua afirma que la valoración del juez no es arbitraria sino libre,
desarrollándose “… en un contexto delimitado por las reglas de la lógica, la
ciencia y la experiencia corriente; y para garantizar su respeto está la motivación
y después el control por un tribunal superior” (Paolo FERRUA [2025], “El Justo
Proceso”, p. 166. Palestra Europa, Madrid-Lima).

15°. – Que, en fin, las argumentaciones expuestas precedentemente
permiten afirmar que, cuando en el marco de un procedimiento judicial, de
eventuales gravosas consecuencias para la requirente, como ocurre con el
procedimiento de liquidación promovido en la especie, ésta se ve impedida de
solicitar un pronunciamiento al tribunal superior jerárquico de una Corte de
Apelaciones, respecto a eventuales vicios procedimentales o sustantivos que
tendrán incidencia directa en el resultado de la gestión judicial, de modo que la
decisión de tales eventuales infracciones queda entregada exclusivamente al


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0002847
DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE




mismo tribunal que la pronunció en único grado, entonces la aplicación del
precepto legal que favorece tal vulneración no resulta compatible con el respeto
a las exigencias de un justo y racional juzgamiento. De este modo, la aplicación
del precepto legal impugnado a este, al caso concreto, provoca una infracción
que debe ser subsanada mediante la declaración de inaplicabilidad de dicha
norma, siendo esta decisión la que representa -en opinión de estos Ministros- el
pleno y absoluto respeto a la Carta Fundamental y sus garantías.



Redactó la sentencia el Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ y la disidencia
el Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO.


Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 16.632-25-INA




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DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO


Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 14/01/2026



María Pía Silva Gallinato Miguel Angel Fernández González
Fecha: 14/01/2026 Fecha: 15/01/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 14/01/2026 Fecha: 14/01/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Alejandra Precht Rorris
Fecha: 14/01/2026 Fecha: 14/01/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 15/01/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta
Subrogante, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, y por sus Ministros
señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señor
Raúl Eduardo Mera Muñoz, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés
Peredo Rojas, señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René Gómez
Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 15/01/2026




E1855B64-C38F-4BB0-9F87-D68B28A11B37
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