TC Rol 16649

Texto completo

0000517
QUINIENTOS DIECISIETE




2026

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________

Sentencia
Rol 16.649-2025
[28 de mayo de 2026]

____________



REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 767 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, EN LA FRASE “DICTADAS
POR CORTES DE APELACIONES O POR UN TRIBUNAL ARBITRAL
DE SEGUNDA INSTANCIA CONSTITUIDO POR ÁRBITROS DE
DERECHO EN LOS CASOS EN QUE ESTOS ÁRBITROS HAYAN
CONOCIDO DE NEGOCIOS DE LA COMPETENCIA DE DICHAS
CORTES”, Y DE LOS INCISOS DUODÉCIMO, EN LA FRASE “SERÁN
RECLAMABLES ANTE UN MINISTRO DE LA CORTE DE
APELACIONES RESPECTIVA, QUIEN CONOCERÁ EN ÚNICA
INSTANCIA, LA RESOLUCIÓN QUE NOTIFIQUE A LAS ENTIDADES
A QUE SE REFIERE EL INCISO PRIMERO LA CIRCUNSTANCIA DE
ENCONTRARSE EN LA SITUACIÓN QUE ÉSTE CONTEMPLA”, Y
DECIMOQUINTO, DEL ARTÍCULO 3° DEL D.L. N° 3.607, DE 1981,
QUE DEROGA EL D.L. N° 194, DE 1973 Y ESTABLECE NUEVAS
NORMAS SOBRE FUNCIONAMIENTO DE VIGILANTES PRIVADOS.


SIERRA GORDA SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA

EN EL PROCESO ROL N° 23.339-2025, SEGUIDO ANTE LA EXCMA. CORTE
SUPREMA




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QUINIENTOS DIECIOCHO




VISTOS:

Que, con fecha 11 de julio de 2025, Sierra Gorda Sociedad Contractual Minera
requiere la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del
artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, en la frase “dictadas por Cortes de
Apelaciones o por un tribunal arbitral de segunda instancia constituido por árbitros de derecho
en los casos en que estos árbitros hayan conocido de negocios de la competencia de dichas
Cortes”, y de los incisos duodécimo, en la frase “Serán reclamables ante un Ministro de la
Corte de Apelaciones respectiva, quien conocerá en única instancia, la resolución que notifique
a las entidades a que se refiere el inciso primero la circunstancia de encontrarse en la situación
éste contempla”, y decimoquinto del artículo 3° del D.L. Nº 3.607, de 1981, que deroga
D.L. N° 194, de 1973, y establece nuevas normas sobre funcionamiento de vigilantes
privados, para que ello incida en el proceso Rol N° 23.339-2025, seguido ante la Excma.
Corte Suprema.



Precepto legal cuya aplicación se impugna:

El texto de los preceptos legales impugnados dispone lo siguiente, en sus
respectivas partes destacadas:



“Código de Procedimiento Civil

(…).

Artículo 767.- El recurso de casación en el fondo tiene lugar contra sentencias
definitivas inapelables y contra sentencias interlocutorias inapelables cuando ponen término al
juicio o hacen imposible su continuación, dictadas por Cortes de Apelaciones o por un
tribunal arbitral de segunda instancia constituído por árbitros de derecho en los casos
en que estos árbitros hayan conocido de negocios de la competencia de dichas Cortes,
siempre que se hayan pronunciado con infracción de ley y esta infracción haya influido
substancialmente en lo dispositivo de la sentencia.”.



“D.L. N° 3.607, de 1981, que deroga el D.L. N° 194, de 1973, y establece nuevas
normas sobre funcionamiento de vigilantes privados

(…)

Artículo 3°.- No obstante lo dispuesto en el artículo 1°, las instituciones bancarias o
financieras de cualquier naturaleza, las entidades públicas, las empresas de transporte de
valores, las empresas estratégicas, los servicios de utilidad pública que se determine, deberán
contar con su propio servicio de vigilantes privados y, además, mantener un organismo de
seguridad interno, del cual dependerá la oficina de seguridad.




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QUINIENTOS DIECINUEVE




Se consideran empresas estratégicas las que se individualicen como tales por decreto
supremo, el que tendrá carácter de secreto.

Los intendentes, a proposición de las Prefecturas de Carabineros respectivas,
notificarán a las entidades la circunstancia de encontrarse en la situación prevista en los incisos
anteriores, pudiendo delegar esta atribución en los correspondientes gobernadores. Una vez
notificado el afectado, deberá presentar a la autoridad requirente, dentro del plazo de sesenta
días, un estudio de seguridad que contenga las proposiciones acerca de la forma en que se
estructurará y funcionará su organismo de seguridad interno y su oficina de seguridad. Este
plazo se suspenderá en caso de interponerse los reclamos a que se refiere el inciso duodécimo de
este artículo, mientras ellos no sean resueltos. Corresponderá a la Prefectura de Carabineros
respectiva el conocimiento de dicho estudio, debiendo emitir un informe que lo apruebe o
modifique.

El estudio de seguridad a que se refiere el inciso anterior deberá ser elaborado por el
propio interesado, quien podrá requerir la asesoría de alguna empresa de seguridad,
debidamente autorizada.

Si se notificara a la entidad la necesidad de modificar su estudio, deberá efectuar las
correcciones que se le indiquen dentro del plazo de treinta días.

Para todos los efectos legales y administrativos, el estudio de seguridad tendrá el
carácter de secreto y quedará archivado en las respectivas Prefecturas de Carabineros, las cuales
certificarán el hecho de haberse presentado y aprobado. Este secreto no obstará a que tenga
acceso a dichos estudios de seguridad el personal de la Policía de Investigaciones de Chile que
fundadamente lo solicite a la Prefectura de Carabineros respectiva.

Por decreto dictado de acuerdo con el artículo 2°, se fijarán las normas generales a que
deberán someterse la organización y funcionamiento del organismo de seguridad, así como las
medidas mínimas que deberán contener los estudios de seguridad de todas o algunas de las
entidades según su naturaleza, el que será puesto en conocimiento de la entidad, para que,
dentro del plazo de sesenta días, dé cumplimiento a las obligaciones que se establezcan.
Transcurrido este plazo, Carabineros de Chile certificará si se ha constituido el organismo de
seguridad interno o la oficina de seguridad, o si se ha dado cumplimiento a las especificaciones
señaladas en el estudio de seguridad aprobado previamente.

El incumplimiento por parte de los afectados de cualquiera de las obligaciones
establecidas en los incisos anteriores, será sancionado con multa de 5 a 100 ingresos mínimos
mensuales, a beneficio fiscal.

Será competente para aplicar dichas multas el Juez de Policía Local que corresponda al
domicilio del infractor, quien conocerá y resolverá a requerimiento del Prefecto de Carabineros
respectivo, conforme al procedimiento establecido en la ley N° 18.287.

Si en el proceso se acreditare que se ha dado cumplimiento a la obligación cuya omisión
motivó la denuncia, el juez podrá dictar sentencia absolutoria.




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QUINIENTOS VEINTE




Lo dispuesto en este artículo se aplicará también respecto de los decretos modificatorios
que fuere necesario dictar.

Serán reclamables ante un Ministro de la Corte de Apelaciones respectiva,
quien conocerá en única instancia, la resolución que notifique a las entidades a que se
refiere el inciso primero la circunstancia de encontrarse en la situación que éste
contempla y las condiciones que se exijan para el funcionamiento del servicio de vigilantes
privados en el respectivo decreto supremo o en los que lo modifiquen. El plazo para reclamar
será de diez días, contado desde la notificación del correspondiente acto administrativo.

Interpuesto el reclamo, al que se acompañarán los antecedentes en que se funde, el
tribunal pedirá informe a la autoridad respectiva, fijándole un plazo breve para emitirlo.

Recibido dicho informe el tribunal dictará sentencia dentro de los quince días
siguientes. En caso de ordenarse medidas para mejor resolver, dicho plazo se entenderá
prorrogado por diez días.

En contra de las sentencias que dicte el Ministro de Corte, no procederá el
recurso de casación en la forma.

Los procesos a que den lugar las reclamaciones a que se refieren los incisos anteriores
serán secretos y deberán mantenerse en custodia, pudiendo ser conocidos sólo por las partes o
sus representantes.”.



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

Expone la parte requirente que la gestión invocada tuvo su origen en
reclamación deducida de conformidad con el artículo 3° del Decreto Ley N° 3.607, de
1981, en contra del Decreto Exento N° 257, de 7 de octubre de 2024, del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, acto administrativo mediante el cual se calificó a Sierra
Gorda Sociedad Contractual Minera como “empresa estratégica”, imponiéndole la
obligación de contar con su propio servicio de vigilantes privados y, además, de
mantener un organismo de seguridad interno.

Señala la requirente que el acto administrativo reclamado produce efectos
relevantes y gravosos en su esfera jurídica, en tanto le impone obligaciones
organizacionales, operativas y económicas permanentes en materia de seguridad
privada, afectando la forma en que desarrolla su actividad empresarial. La calificación
de “empresa estratégica” no constituye una mera declaración administrativa neutra,
sino una decisión de gravamen que modifica su situación jurídica y le impone un
estatuto especial de vigilancia y seguridad. En razón de ello, sostiene que el
procedimiento previo a la dictación del Decreto Exento N° 257 debió ajustarse
estrictamente a estándares de debido proceso administrativo, publicidad,




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QUINIENTOS VEINTIUNO




contradicción y motivación suficiente, exigencias que —a su juicio— no se habrían
cumplido.

En particular, la requirente afirma que el procedimiento administrativo se
habría desarrollado sin participación previa de la empresa afectada, sin poner en su
conocimiento oportuno los antecedentes que sirvieron de base a la decisión, y sin
permitirle formular observaciones o defensas antes de la dictación del acto terminal.
Añade que el decreto impugnado habría sido notificado sin satisfacer estándares
mínimos de racionalidad y que, además, no contendría una fundamentación
suficiente, específica y clara sobre las razones por las cuales Sierra Gorda SCM debía
ser considerada una empresa estratégica en los términos del Decreto Ley N° 3.607.

Según se expone en el requerimiento, tampoco se habría explicitado de modo
adecuado por qué las circunstancias invocadas por la autoridad justificaban imponer
a la reclamante el régimen excepcional de seguridad privada que el decreto
contempla.

Añade que, frente a la dictación del acto administrativo, hizo uso de la
reclamación judicial contemplada en el artículo 3°, inciso 12°, del Decreto Ley N°
3.607, deduciendo el correspondiente reclamo ante la Corte de Apelaciones de
Antofagasta, el cual fue conocido por el Ministro señor Eric Sepúlveda Casanova,
actuando como tribunal unipersonal y en única instancia. Sostiene que, en dicha sede,
planteó no solo la falta de motivación suficiente del decreto, sino también la
improcedencia de la calificación de empresa estratégica, la infracción a garantías del
procedimiento administrativo y la insuficiencia de los antecedentes técnicos
invocados por la autoridad. Afirma que la pretensión principal de la reclamación
consistía en obtener la invalidación judicial del acto administrativo por ilegalidad y
arbitrariedad.

Luego, por sentencia de 22 de mayo de 2025, el Ministro de Corte rechazó la
reclamación deducida. La requirente refiere que esa decisión importó una
comprensión restringida del control judicial que debía ejercerse sobre el acto
impugnado y una indebida validación de un decreto carente de motivación suficiente.

Frente a dicha sentencia, y atendido que el inciso duodécimo del artículo 3° del
Decreto Ley N° 3.607 dispone que el reclamo será conocido en única instancia, y que
su inciso 15° excluye expresamente el recurso de casación en la forma, la requirente
afirma que no contaba con apelación ni con casación formal para impugnar la decisión
adversa. En ese escenario, dedujo recurso de casación en el fondo, invocando el
artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, sosteniendo que la sentencia
pronunciada por el Ministro de Corte constituía una sentencia definitiva inapelable
susceptible de dicho arbitrio. No obstante, la Excma. Corte Suprema, por resolución
de 7 de julio de 2025, declaró inadmisible el recurso al considerar que la sentencia
impugnada no había sido dictada por una Corte de Apelaciones, sino por un Ministro
de Corte de Apelaciones actuando singularmente, de modo que no se verificaba el



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QUINIENTOS VEINTIDOS




supuesto previsto en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil. Contra dicha
resolución se dedujo la reposición actualmente pendiente, la que constituye la gestión
judicial en la que la requirente solicita que incida la decisión de este Tribunal.

Al fundar el conflicto constitucional, la parte requirente argumenta que la
aplicación conjunta de los preceptos impugnados la dejaría, en el caso concreto, sin
recurso judicial alguno para obtener una revisión jurisdiccional de la sentencia dictada
por el Ministro de Corte.

Alega, en primer término, vulneración del artículo 19 N° 3 de la Constitución
Política, en su vertiente del debido proceso, sosteniendo que el derecho a un
procedimiento racional y justo no se satisface si una sentencia definitiva dictada por
un tribunal unipersonal, que conoce de la legalidad de un acto administrativo de
gravamen, queda inmune a toda revisión judicial ulterior.

Afirma que la ausencia de apelación, la exclusión legal de la casación en la
forma y la interpretación del artículo 767 del Código de Procedimiento Civil efectuada
por la Excma. Corte Suprema han producido el efecto concreto de clausurar
íntegramente el acceso a un recurso, privándola de un control jurisdiccional posterior
respecto de una decisión que confirmó un acto administrativo intensamente gravoso.
La requirente agrega que esta situación resulta especialmente lesiva porque el
procedimiento administrativo previo también habría estado marcado, a su juicio, por
una insuficiencia de garantías mínimas.

En segundo término, denuncia infracción al artículo 19 N° 2 de la Carta
Fundamental, en cuanto la aplicación del régimen recursivo actualmente vigente la
colocaría en una situación arbitrariamente desigual respecto de otros justiciables
sometidos a estatutos procesales diversos, incluso respecto del nuevo régimen
introducido por la Ley N° 21.659, de 2024, sobre seguridad privada, que derogará en
el futuro el Decreto Ley N° 3.607 y establecerá un sistema recursivo distinto, con
mayores posibilidades de revisión judicial. La requirente expone que la sola existencia
de un diseño legal posterior que contempla una vía de impugnación más amplia
respecto de decisiones equivalentes pone de manifiesto, a su juicio, el carácter
injustificado y desproporcionado del régimen actualmente aplicable.

Finalmente, sostiene que también se vulnera el artículo 19 N° 26 de la
Constitución, al afectarse el debido proceso en su contenido esencial, no mediante una
limitación razonable, sino que por una privación total del derecho a revisión judicial.

Precisa que, si bien el legislador puede configurar los recursos judiciales y
establecer requisitos para su procedencia, dicha potestad de configuración no puede
llegar al extremo de tornar irrealizable el derecho al recurso, ni suprimirlo
íntegramente respecto de una sentencia definitiva dictada por un juez unipersonal que
conoce de la legalidad de un acto administrativo de gravamen. Aduce que, en el caso




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QUINIENTOS VEINTITRES




concreto, la combinación normativa cuestionada no restringe simplemente un medio
impugnativo, sino que produce el efecto de eliminar toda posibilidad real de revisión.



Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Primera Sala con fecha 17 de julio
de 2025, a fojas 196, disponiéndose la suspensión del procedimiento en la gestión en
que incide. Posteriormente, fue declarado admisible por resolución de fojas 413, de 13
de agosto del mismo año, confiriéndose traslados de fondo a las demás partes de ésta
y a los órganos constitucionales interesados.



A fojas 450, en presentación de 5 de septiembre de 2025, la parte requerida
del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, evacúa
traslado y solicita el rechazo del requerimiento.

El Fisco sostiene, en primer término, que los incisos duodécimo y
decimoquinto del artículo 3° del Decreto Ley N° 3.607 no pueden tener aplicación
decisiva en la gestión pendiente, atendida la forma en que fueron impugnados y el
estado procesal actual de la causa.

Señala que, si bien de la lectura del requerimiento se infiere que lo
efectivamente cuestionado del inciso duodécimo es la expresión “quien conocerá en
única instancia”, la requirente ha dirigido la impugnación contra una formulación
más amplia, que comprende también la base normativa misma del reclamo judicial
especial. A juicio del Fisco, ello constituiría un defecto relevante, puesto que la norma
impugnada es precisamente la que habilitó a la requirente para deducir la acción
contencioso-administrativa de que hizo uso.

Añade que, aun si se prescindiera de dicho reparo, tales preceptos carecerían
actualmente de aplicación decisiva, puesto que, en el estado procesal en que se
encuentra la causa, ya no sería jurídicamente posible reabrir plazos legales para
deducir apelación o recurso de casación en la forma, de manera que la eventual
declaración de inaplicabilidad no podría alterar retrospectivamente la secuencia
recursiva ya agotada.

Enseguida, afirma que este Tribunal ya se ha pronunciado sobre la
constitucionalidad del inciso duodécimo del artículo 3° del Decreto Ley N° 3.607,
tanto en sede de control preventivo como en un requerimiento de inaplicabilidad
previo. Expone que el texto actualmente vigente del inciso duodécimo fue
incorporado por la Ley N° 19.303, publicada el 13 de abril de 1994, y que en el control
preventivo ejercido respecto de dicho proyecto esta Magistratura declaró
constitucional el inciso duodécimo del nuevo artículo 3°. Añade que, posteriormente,
en la causa Rol N° 1838-10, este Tribunal rechazó un requerimiento de inaplicabilidad




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QUINIENTOS VEINTICUATRO




dirigido contra ese mismo inciso, razonando, entre otras consideraciones, que la
Constitución no exige necesariamente una segunda instancia y que el conflicto sobre
la forma de revisión de sentencias establecido por el legislador no resulta apto para
fundar una acción de inaplicabilidad. En la misma línea, sostiene que el hecho de que
la futura Ley N° 21.659 contemple un sistema recursivo distinto no transforma por sí
mismo en inconstitucional la regulación actualmente vigente.

En relación con el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, el Fisco
sostiene que el requerimiento plantea, en realidad, una cuestión de interpretación
legal y no un verdadero conflicto de constitucionalidad.

Señala que, según se desprende del propio recurso de reposición pendiente
ante la Corte Suprema, la pretensión de la requirente consiste en que se interprete la
expresión “Cortes de Apelaciones” en un sentido amplio, comprensivo también de las
sentencias dictadas por un Ministro de Corte de Apelaciones actuando en única
instancia.

A juicio de la parte requerida, esta controversia versa sobre el sentido y alcance
de una expresión legal y sobre la calificación jurídica de la sentencia impugnada,
materia que correspondería resolver al juez del fondo y que escaparía a la competencia
de esta Magistratura, cuyo control es de constitucionalidad concreta y no de mera
legalidad.

Finalmente, hace presente que la requirente no ha quedado privada de control
jurisdiccional, pues la legalidad del acto administrativo fue efectivamente sometida al
conocimiento de un tribunal, cual fue el Ministro de Corte que conoció del reclamo
especial. En la sentencia dictada en dicha sede hubo pronunciamiento respecto de los
distintos aspectos planteados por la reclamante. Señala que el sentenciador desestimó
los defectos formales y de notificación del acto administrativo por estimar que tales
alegaciones desbordaban la competencia del reclamo especial del artículo 3° del
Decreto Ley N° 3.607 y que, en cambio, correspondían a una acción de nulidad de
derecho público de lato conocimiento. Sobre esa base, la requerida descarta que la
requirente haya quedado en un estado de absoluta indefensión y solicita, en
consecuencia, el rechazo del requerimiento.



A fojas 474, por decreto de 15 de septiembre de 2025, se trajeron los autos en
relación.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 7 de abril de 202026 se oyó la relación pública y los
alegatos de los abogados señores Edesio Carrasco Quiroga, por la parte requirente, y
Agustín Tello Hernández, por la parte requerida del Consejo de Defensa del Estado.




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QUINIENTOS VEINTICINCO




Fue adoptado acuerdo con igual fecha, conforme fue certificado por el relator, a fojas
516.



Y CONSIDERANDO:



PRIMERO: Que, en primer término, la requirente sostiene la vulneración del
artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, en su vertiente del debido proceso, en
cuanto al derecho a un procedimiento racional y justo, que no se satisface si una
sentencia definitiva dictada por un tribunal unipersonal, que conoce de la legalidad
de un acto administrativo de gravamen, queda inmune a toda revisión judicial
ulterior.

En segundo lugar, denuncia la infracción al artículo 19 N° 2 de la Carta
Fundamental, en cuanto la aplicación del régimen recursivo actualmente vigente la
colocaría en una situación arbitrariamente desigual respecto de otros justiciables
sometidos a estatutos procesales diversos, incluso respecto del nuevo régimen
introducido por la Ley N° 21.659, de 2024, sobre seguridad privada, que derogará en
el futuro el Decreto Ley N° 3.607 y establecerá un sistema recursivo distinto, con
mayores posibilidades de revisión judicial. La requirente expone que la sola existencia
de un diseño legal posterior que contempla una vía de impugnación más amplia
respecto de decisiones equivalentes pone de manifiesto, a su juicio, el carácter
injustificado y desproporcionado del régimen actualmente aplicable.

Finalmente, sostiene que también se vulnera el artículo 19 N° 26 de la
Constitución, al afectarse el debido proceso en su contenido esencial, no mediante una
limitación razonable, sino —según afirma— por una privación total del derecho a
revisión judicial.

SEGUNDO: Que, de contrario, el Consejo de Defensa del Estado, sostuvo, en
el respectivo traslado, que ya no sería jurídicamente posible reabrir plazos legales para
deducir apelación o recurso de casación en la forma, de manera que la eventual
declaración de inaplicabilidad no podría alterar retrospectivamente la secuencia
recursiva ya agotada.

Enseguida, afirma que este Tribunal ya se ha pronunciado sobre la
constitucionalidad del inciso duodécimo del artículo 3° del Decreto Ley N° 3.607,
tanto en sede de control preventivo como en un requerimiento de inaplicabilidad
previo. Expone que el texto actualmente vigente del inciso duodécimo fue
incorporado por la Ley N° 19.303, publicada el 13 de abril de 1994, y que en el control
preventivo ejercido respecto de dicho proyecto esta Magistratura declaró
constitucional el inciso duodécimo del nuevo artículo 3°. Añade que, posteriormente,
en la causa Rol N° 1838-10, este Tribunal rechazó un requerimiento de inaplicabilidad
dirigido contra ese mismo inciso, razonando, entre otras consideraciones, que la



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QUINIENTOS VEINTISEIS




Constitución no exige necesariamente una segunda instancia y que el conflicto sobre
la forma de revisión de sentencias establecido por el legislador no resulta apto para
fundar una acción de inaplicabilidad. En la misma línea, sostiene que el hecho de que
la futura Ley N° 21.659 contemple un sistema recursivo distinto no transforma por sí
mismo en inconstitucional la regulación actualmente vigente.

En relación con el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, el Fisco
sostiene que el requerimiento plantea, en realidad, una cuestión de interpretación
legal y no un verdadero conflicto de constitucionalidad. Señala que, según se
desprende del propio recurso de reposición pendiente ante la Corte Suprema, la
pretensión de la requirente consiste en que se interprete la expresión “Cortes de
Apelaciones” en un sentido amplio, comprensivo también de las sentencias dictadas
por un Ministro de Corte de Apelaciones actuando en única instancia.

A juicio de la parte requerida, esta controversia versa sobre el sentido y alcance
de una expresión legal y sobre la calificación jurídica de la sentencia impugnada,
materia que correspondería resolver al juez del fondo y que escaparía a la competencia
de esta Magistratura, cuyo control es de constitucionalidad concreta y no de mera
legalidad.

Finalmente, hace presente que la requirente no ha quedado privada de control
jurisdiccional, pues la legalidad del acto administrativo fue efectivamente sometida al
conocimiento de un tribunal, cual fue el Ministro de Corte que conoció del reclamo
especial. En la sentencia dictada en dicha sede hubo pronunciamiento respecto de los
distintos aspectos planteados por la reclamante. Agrega que el sentenciador desestimó
los defectos formales y de notificación del acto administrativo por estimar que tales
alegaciones desbordaban la competencia del reclamo especial del artículo 3° del
Decreto Ley N° 3.607 y que, en cambio, correspondían a una acción de nulidad de
derecho público de lato conocimiento. Sobre esa base, la requerida descarta que la
requirente haya quedado en un estado de absoluta indefensión y solicita, en
consecuencia, el rechazo del requerimiento.

TERCERO: Que, es necesario dejar asentado la particularidad de este
requerimiento: Se cuestionan aspectos procesales del procedimiento relacionados con
la decisión del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que calificó, mediante
Decreto Exento N° 257 de 7 de octubre de 2024, a la sociedad minera requirente como
“empresa estratégica”. De conformidad con el artículo 3 del Decreto Ley N° 3.607
/1981, debiendo “contar con su propio servicio de vigilantes privados y, además, mantener
un organismo de seguridad interno, del cual dependerá la oficina de seguridad”. Agrega el
inciso segundo de esta norma, “Se considerarán empresas estratégicas las que se
individualicen como tales por decreto supremo, el que tendrá el carácter de secreto.”.

CUARTO: Que, el procedimiento para impugnar la decisión de la
Administración tenía, en consecuencia, características especialísimas. En efecto, el
proceso era secreto “y deberán mantenerse en custodia, pudiendo ser conocidos sólo por las



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QUINIENTOS VEINTISIETE




partes o sus representantes” (Artículo 3°, inciso final del Decreto Ley 3.607, antes de la
reforma de la Ley N° 21.659), seguido ante un Ministro de Corte de Apelaciones, muy
acotado, toda vez que presentado el reclamo, se solicitaba informe a la Autoridad y,
seguidamente, se dictaba sentencia definitiva, sin perjuicio, de decretar medidas para
mejor resolver. La propia requirente reconoce que es una sociedad minera “titular de
una operación del mismo nombre ubicada en la comuna de Sierra Gorda, Región de
Antofagasta a 4,5 kilómetros de la localidad del mismo nombre. Su especialidad
consiste en la extracción, tratamiento y refinación de mineral de baja ley de cobre y
molibdeno… la producción comercial empezó el 1 de julio de 2015.”

QUINTO: Que, dicho contexto fáctico, naturaleza de la decisión
administrativa y especial procedimiento, con las particularidades anotadas, posibilitó
a la compañía minera cuestionarla ante un Ministro de Corte de Apelaciones, con los
argumentos que reproduce en este requerimiento, sin hacer reproches de
inconstitucionalidad de las normas que le daban la competencia y atribuciones para
conocer en “única instancia” al Ministro respectivo, en este caso de la Iltma. Corte de
Apelaciones de Antofagasta, hasta que le resultó adversa su decisión.

SEXTO: Que, el legislador ha establecido, en momentos históricos, políticos,
sociales y económicos dados, diversos procedimientos en el ámbito de lo contencioso-
administrativo, aplicables a determinadas reclamaciones contra los actos de la
Administración, atendidas las características y peculiaridades que han menester en
esas coyunturas. Así, en el caso concreto, dar - por el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública- a una empresa minera el estatuto de “estratégica”, para los efectos
de implementar un sistema de seguridad.

SÉPTIMO: Que, este Alto Tribunal tuvo oportunidad de pronunciarse
respecto de la constitucionalidad del artículo 3°, inciso duodécimo del Decreto Ley N°
3.607, de 1981, en cuanto establecía un procedimiento de reclamo en única instancia,
en el Ingreso INA 1838-2010 efectuando consideraciones relativas al “debido proceso”
que resulta pertinente reproducirlas:

“(…) NOVENO: Que, como reiteradamente ha indicado esta Magistratura, las
exigencias constitucionales en materia de justo y racional procedimiento son definiciones
primarias del legislador complementadas con el desarrollo jurisprudencial de la cláusula del
debido proceso;

DÉCIMO: Que el procedimiento legal debe ser racional y justo. Racional para
configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo para orientarlo a un sentido
que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un proceso. Con ello se establece
la necesidad de un juez imparcial, con normas que eviten la indefensión, que exista una
resolución de fondo, motivada y pública, susceptible de revisión por un tribunal superior y
generadora de la intangibilidad necesaria que garantice la seguridad y certeza jurídica propias
del Estado de Derecho;




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QUINIENTOS VEINTIOCHO




UNDÉCIMO: Que, en relación al tema de fondo, esto es, al "derecho al recurso", esta
Magistratura ha señalado que la facultad de los intervinientes de solicitar a los tribunales la
revisión de las sentencias es parte integrante del debido proceso (roles N°s. 986, 1432, 1443 y
1448). (…)

DUODÉCIMO: Que de lo anterior no se debe deducir, sin más, que la garantía
constitucional de un justo y racional procedimiento protege una forma específica de revisión.
Es más, cuando se discutió el alcance normativo del artículo 19, número 3°, de la Carta
Fundamental, en la Comisión de Estudios de la nueva Constitución, el señor Enrique Evans
afirmó que "es muy difícil señalar en el texto constitucional cuáles son las garantías reales de
un debido proceso, porque es un convencido de que ellas dependen de la naturaleza del
procedimiento y de todo el contenido de los mecanismos de notificación, defensa, producción,
examen y objeción de la prueba y los recursos dependen, en gran medida, de la índole del
proceso.” [énfasis agregado];

DECIMOTERCERO: Que, consistente con ello, el constituyente no precisó los
componentes del debido proceso, delegando en el legislador la potestad para definir y establecer
sus elementos (Rol N° 576, considerando 42°, y Rol N° 1557, considerando 25°). De esta
manera, quedó patente que no existe un modelo único de garantías integrantes del debido
proceso en Chile; (…)

TRIGESIMONOVENO: Que, en este sentido, como acredita el Informe de la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, contenido en la Historia de
la Ley N° 19.303, que incorpora la disposición impugnada al D.L. N° 3.607, la referida
Comisión "aprobó una sustitución integral de este artículo 3°, para regular de manera diferente
a la actual, todo lo relativo a las empresas afectas a esa normativa, el mecanismo en virtud del
cual una entidad queda sujeta a sus disposiciones, los requisitos de los estudios de seguridad,
las sanciones en caso de incumplimiento, los recursos que puede interponer el afectado y su
tramitación, etc." (Congreso Nacional, Historia de la Ley N° 19.303, pág. 192);

CUADRAGÉSIMO: Que en el Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto
de ley que contiene la disposición impugnada, aparece que dicha Comisión aprobó por
unanimidad la disposición requerida de inaplicabilidad, como consta a los intervinientes en este
proceso y en esa aprobación;(…);

CUADRAGESIMOTERCERO: Que, sumado a lo anterior, el hecho de que el reclamo
sea conocido por un Ministro de Corte de Apelaciones asegura que la decisión esté provista de
la racionalidad e imparcialidad necesarias para un procedimiento de esta naturaleza;

OCTAVO: Que, las reformas procesales introducidas por la mencionada Ley
N° 21.659, sobre Seguridad Privada, publicada en marzo de 2024, incluye la protección
de “bienes y procesos productivos, desarrolladas en un área determinada y realizadas por
personas naturales o jurídicas de derecho privado, …” (Art.1°, inciso primero), indicando
las entidades obligadas a tener medidas de seguridad, entregando la facultad de dictar
la resolución respectiva a la Subsecretaría de Prevención del Delito (Arts. 7,8 y 9). En




12
0000529
QUINIENTOS VEINTINUEVE




su artículo 12, establece los procedimientos de impugnación establecidos en la Ley N°
19.880 y reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente,
detallando la tramitación para concluir que la “sentencia podrá ser apelada para ante la
Corte Suprema, …”.

NOVENO: Que, la requirente presentó el requerimiento el 11 de julio de 2025,
esto es, bajo un régimen procesal, conveniente a sus intereses; pero, respecto de una
decisión adoptada por otro Ministerio, con otro procedimiento que resultaba
razonable, en ese estadio procesal, con un juez especial y bajo reserva y secreto, siendo,
así, coherente la restricción recursiva que se ha mencionado.

DÉCIMO: Que, en relación con la alegada inconstitucionalidad del período
contenido en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, “dictadas por Cortes de
Apelaciones o por un tribunal arbitral de segunda instancia constituido por árbitros de derecho
en los casos en que estos árbitros hayan conocido de negocios de la competencia de dichas
Cortes”, es sabido que los recursos de casación, ya sea en el fondo o en la forma, son
de naturaleza extraordinaria y especiales, que proceden en contra de determinadas
decisiones jurisdiccionales, pronunciadas por los tribunales que el legislador ha
dispuesto y por precisas causales, expresamente establecidas por el legislador, de
manera que la propuesta del requirente, por esta vía, es ampliarlos, a sentencias no
previstas en el texto legal matriz del medio de impugnación indicado, que pretende
desarrollar una jurisprudencia armónica con el Ordenamiento Jurídico en base a los
fallos de los tribunales superiores de justicia.

Que, de lo expresado, es posible concluir que no es esta la vía ni sede para
dicho propósito reformador.

UNDÉCIMO: Que, por todo lo razonado precedentemente, en el caso concreto
en que incide el presente requerimiento y no advirtiendo vulneración a las garantías
denunciadas por la requirente, artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, en su
vertiente “derecho al recurso”, ni numeral 2, en cuanto prohíbe al legislador el
establecimiento de diferencias arbitrarias, y, por último, al ordinal 26 del mismo
artículo que impide “afectar los derechos en su esencia”, solo cabe desestimarlo.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93 incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,




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0000530
QUINIENTOS TREINTA




SE RESUELVE:



I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
POR INCONSTITUCIONALIDAD DEDUCIDO A LO PRINCIPAL
DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA
EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE
POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA
LITIGAR.



DISIDENCIAS



Los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y HÉCTOR
MERY ROMERO, y la Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS, estuvieron por
acoger el requerimiento en consideración a los siguientes argumentos:

1°. Que el proceso judicial en el cual se desarrolla la gestión pendiente se inició
por la impugnación que hiciera Sierra Gorda Sociedad Contractual Minera, o Sierra
Gorda SCM, en contra del acto administrativo de fecha 7 de octubre de 2023, esto es,
el Decreto Exento N°257/2024 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que
calificó a la reclamante y requirente como “empresa estratégica”, sometiéndola en
consecuencia a las obligaciones y gravámenes que establece el Decreto Ley N° 3.607
de 1981. La cuestión fue conocida y resuelta en único grado por don Eric Sepúlveda
Casanova, Ministro de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, actuando como
tribunal unipersonal, en los autos rol N°106-2024 (Contencioso Administrativo). La
reclamación deducida por SIERRA GORDA SCM fue desestimada por sentencia del
22 de mayo de 2025.

2°. Que la gestión judicial que hoy se encuentra pendiente corresponde al
recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema de Justicia en causa
rol N°23.339-2025, arbitrio deducido en contra de la sentencia dictada por el Ministro
señor Sepúlveda Casanova. Tal impugnación recursiva fue declarada inadmisible por
el máximo tribunal, y contra tal decisión la actora dedujo un recurso de reposición con
fecha 10 de julio de 2025.

3°. Que en el Diario Oficial del 21 de marzo de 2025 se publicó la Ley 21.659
sobre Seguridad Privada, cuyo artículo 115 dispuso que se derogan el Decreto Ley N°
3.607, de 1981, que derogó el decreto ley N° 194, de 1973, y establece nuevas normas
sobre funcionamiento de vigilantes privados; y la Ley N° 19.303, que establece
obligaciones a entidades que indica, en materia de seguridad de las personas, así como



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0000531
QUINIENTOS TREINTA Y UNO




sus reglamentos complementarios. El nuevo cuerpo legal dispuso a su vez en su
artículo Primero transitorio que, salvo en dos materias expresamente mencionadas, la
nueva ley entrará en vigencia seis meses después de la publicación en el Diario Oficial
del último de sus reglamentos complementarios.

4°. Que, según el artículo 111 de la Ley 21.659, las medidas sancionatorias se
impondrán mediante resolución fundada de la Subsecretaría de Prevención del Delito,
y contra las mismas procederán los recursos de la ley N° 19.880. Agotada la vía
administrativa, el afectado podrá reclamar la ilegalidad de la decisión ante la Corte de
Apelaciones respectiva, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto
administrativo que impugna. Contra la sentencia de la Corte de Apelaciones no
procederá recurso alguno. Esto, sin duda, pone término a la regulación prevista en el
Decreto Ley 3.067, cuyo artículo 3° incisos 12 y 15 establecen que

“Serán reclamables ante un Ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, quien
conocerá en única instancia, la resolución que notifique a las entidades a que se refiere
el inciso primero la circunstancia de encontrarse en la situación éste contempla…”.
(inciso 12);

“En contra de las sentencias que dicte el Ministro de Corte, no procederá el recurso de
casación en la forma” (inciso 15).

5°. Que, como aparece del mérito de los autos de la gestión pendiente, el
recurso de casación en el fondo deducido por Sierra Gorda SCM en contra de la
sentencia pronunciada por el señor Ministro de la Corte de Antofagasta en el proceso
rol 106-2024 (Contencioso Administrativo) fue deducido antes de la entrada en
vigencia del nuevo precepto legal que permite, en lo sucesivo, reclamar la ilegalidad
de lo actuado por la administración ante la Corte de Apelaciones respectiva.

6°. Que, entonces, como el arbitrio contra lo decidido por el señor Ministro de
Corte ya fue deducido, y lo que pende es una decisión sobre dar o no lugar a la
declaración de inadmisibilidad que ya pronunció la Corte Suprema en los autos Rol
N°23.339-2025, se muestra como cuestión evidente que el plazo para deducir nuevos
recursos no revivirá de darse cabida al requerimiento de fojas 1.

7°. Que, en las condiciones que se vienen anotando, la única posibilidad de
franquear a la actora la revisión de lo decidido en única instancia por un tribunal
unipersonal de excepción es acoger el requerimiento contra lo dispuesto en el artículo
767 del Código de Procedimiento Civil y respecto de los incisos 12° y 15° del artículo
3° del Decreto Ley 3.067.

8°. Que acoger la acción constitucional impetrada, suprimiendo la frase
“dictadas por Cortes de Apelaciones o por un tribunal arbitral de segunda instancia constituido
por árbitros de derecho en los casos en que estos árbitros hayan conocido de negocios de la
competencia de dichas Cortes…” del artículo 767 del Código de Procedimiento Civil,
permitiría a la Corte Suprema conocer y decidir un recurso de casación en el fondo



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0000532
QUINIENTOS TREINTA Y DOS




interpuesto en contra de una sentencia definitiva inapelable. Mismo efecto provocaría
dar lugar a la impugnación, en cuanto ésta se encamina a inaplicar en la gestión
pendiente los incisos 12° y 15° del artículo 3° del Decreto Ley 3.067, hoy derogado,
entonces vigente.

9°. Que la motivación de las sentencias judiciales, y la posibilidad de revisión
de las mismas, son garantías naturalmente asociadas al debido proceso legal. Esta
Judicatura ha resuelto previamente que “… el procedimiento legal debe ser racional y justo.
Racional para configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo para orientarlo
a un sentido que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un proceso. De ahí
se establece la necesidad, entre otros elementos, de un juez imparcial, normas que eviten la
indefensión, con derecho a presentar e impugnar pruebas, que exista una resolución de fondo,
motivada y pública, susceptible de revisión por un tribunal superior y generadora de la
intangibilidad necesaria que garantice la seguridad y certeza jurídica propias del Estado de
Derecho”. (STC 1838 c. 10) (En el mismo sentido, STC 2204 c. 9, STC 2259 c. 9, STC 2452
c. 12, STC 2701 c. 10, STC 2853 c. 15, STC 3309 c. 12, STC 5962 c. 11, STC 6399 c. 18, STC
5369 cc. 6, 7, STC 5516 c. 7, 8, STC 5820 c. 7, 8, STC 6939 c. 8, STC 4153 c. 15, STC 4710
c. 22, STC 5442 c. 20, STC 5674 c. 5, STC 6419 c. 7, STC 7797 c. 10, STC 3406 c. 5).

Sobre el derecho al recurso, la Corte Suprema ha resuelto que de la preceptiva
constitucional “… es posible desprender la existencia de diversos principios que pretenden
asegurar la racionalidad y justicia del procedimiento. Entre ellos, no es posible dejar de
mencionar el derecho al recurso, que se traduce en el de impugnar las resoluciones judiciales
para permitir su revisión, y que integra el amplio espectro del derecho al debido proceso. Ligado
a lo dicho están los demás derechos, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva, que
conducen a que en el proceso de interpretación de normas se prefiera aquella que permite el
acceso a la jurisdicción, a obtener una sentencia motivada y, en su caso, el cumplimiento de lo
resuelto. En la perspectiva recién indicada, surge con nitidez, entonces, la necesidad de
interpretar restrictivamente las normas que pudieran dar pábulo a limitar o restringir tales
derechos o garantías” (Corte Suprema, rol 1033-2023, c. 8).

10°. Que, por tanto, no se divisa razón constitucional suficiente para excluir,
en procedimientos como aquellos en que tiene lugar la gestión pendiente, la
posibilidad de deducir un recurso efectivo contra una sentencia que se denuncia como
carente de motivos, posibilidad esencialmente ligada al racional y justo
procedimiento. Aun cuando consideremos que el recurso de casación, en cualquiera
de sus variantes, constituye una impugnación extraordinaria o especial, nos parece
que el debido proceso exige contar con un recurso efectivo para invalidar, corregir o
enmendar sentencias que pudieren contener un error de derecho. Por lo tanto, no
hablamos del derecho a la casación, sino del derecho a un recurso efectivo.




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0000533
QUINIENTOS TREINTA Y TRES




PREVENCIÓN



El Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ estuvo por acoger
el requerimiento únicamente respecto de la frase cuestionada del artículo 767 del
Código de Procedimiento Civil y de la frase “quien conocerá en única instancia”, del
inciso duodécimo del artículo 3° del Decreto Ley N° 3607, de 1981, rechazando, en lo
demás. Lo anterior, en base a las siguientes consideraciones:

1°. Que, en la gestión pendiente, a través del Decreto Exento N° 257, de 2024,
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se calificó a la requirente como
“empresa estratégica”, en virtud de lo cual queda obligada a presentar a la autoridad,
dentro del plazo de sesenta días, un estudio de seguridad que contenga las
proposiciones acerca de la forma en que se estructurará y funcionará su organismo de
seguridad interno y su oficina de seguridad.

Como se lee a fs. 216, la actora impugnó dicho Decreto ante un Ministro de la
Corte de Apelaciones de Antofagasta sosteniendo que fue mal notificada y que el
procedimiento administrativo fue incoado en contravención a la Ley N° 19.880, que
no se trata de una “empresa estratégica” y que el acto carece de motivación;

2°. Que, el Ministro de la Corte de Antofagasta descartó, sin pronunciarse, las
dos primeras objeciones, habida consideración que “(…) constituye una alegación que
desborda ampliamente la competencia que tiene un ministro de Corte de Apelaciones para
conocer el reclamo previsto en el artículo 3 del Decreto Ley N°3.607, que se ha reproducido
anteriormente, pues la competencia se limita a verificar la circunstancia de encontrarse la
empresa en la situación contemplada en la normativa y las condiciones que se exijan para el
funcionamiento del servicio de vigilantes privados” (fs. 352).

Igualmente desestimó la tercera objeción “(…) en razón de la innegable
importancia para el desarrollo del país, que la actividad minera genera y, en especial, en el caso
de la reclamante que desarrolla una actividad extractiva de cobre desde su yacimiento ubicado
en la región de Antofagasta, siendo uno de los más importantes del país, por lo que el carácter
estratégico en el orden económico y social del país resulta innegable, todo lo cual se explica en
el considerando Octavo del acto administrativo impugnado” (fs. 357-358).

Y, finalmente, rechazó también la alegación de falta de motivación porque
“(…) de manera fundada y razonada, se explican las razones por las cuales se declaró a la
reclamante como empresa estratégica (…)” (fs. 356);

3°. Que, al ejercer el control de constitucionalidad que se nos pide conviene
tener presente que no es parte de nuestra competencia examinar el acto administrativo
impugnado y menos evaluar o revisar la sentencia pronunciada por el Ministro de la
Corte de Antofagasta, sino que nos corresponde determinar si la aplicación de los
preceptos legales objetados resulta o no contraria a la Constitución, en la gestión
pendiente;



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QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO




4°. Que, más específicamente, la cuestión constitucional que debemos resolver
consiste en determinar si, en este caso, las normas impugnadas garantizan el derecho
a un procedimiento racional y justo al disponer que no es susceptible de revisión la
sentencia del Ministro de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que ha resuelto
acerca de las objeciones formuladas al acto administrativo que calificó a la requirente
como empresa estratégica;

5°. Que, esta Magistratura, en el Rol N° 9.939, al examinar la norma del
proyecto de ley de migración y extranjería que regulaba el procedimiento a que se
sujetaría la acción judicial de reclamación contra la medida de expulsión, encargada a
la Corte de Apelaciones en única instancia, expuso que el artículo 19 N° 3° inciso sexto
de la Constitución impone al legislador la obligación de establecer siempre las
garantías de un procedimiento racional y justo, lo que se concreta, entre otros
elementos, en evitar la indefensión, en que exista una resolución de fondo motivada y
pública, que ésta sea susceptible de revisión por un tribunal superior y, en fin, dotada
de la intangibilidad necesaria que asegure la certeza jurídica propia del Estado de
Derecho (Rol N° 1.838, c. 10);

6°. Que, por ello, la ley procesal no puede restringir o limitar las actuaciones
de las partes que buscan, en el proceso, convencer al juez de la justicia de lo pedido y
donde la revisión de lo resuelto por el tribunal a quo constituye un elemento esencial
de un procedimiento racional y justo, siendo un derecho de todo interviniente el que
la sentencia que le cause agravio pueda ser examinada por el Tribunal Superior;

7°. Que, por lo mismo, la doctrina considera a la instancia como un criterio de
competencia, conforme al artículo 110 del Código Orgánico de Tribunales, en plena
coherencia con la normativa constitucional, de forma tal que “(…) existe un primer
grado o primera instancia y, consecuentemente, competencia de primera instancia, como
asimismo un segundo grado o instancia que daría al respetivo tribunal competencia de segunda
instancia” (Hugo Pereira Anabalón: Curso de Derecho Procesal. Derecho Procesal Orgánico,
Tomo I, Santiago, Editorial Jurídica ConoSur, 1993, p. 162);

8°. Que, en el caso concreto de los preceptos legales impugnados en estos
autos, no resulta extraño que el legislador haya venido avanzando en esta misma
perspectiva.

En efecto, el texto original del artículo 3° del Decreto Ley N° 3.067 contemplaba
un reclamo ante los Juzgados de Policía Local, los que conocerían en única instancia,
breve y sumariamente, sin forma de juicio y oyendo al infractor. Esta disposición fue
reemplazada por la actualmente vigente en virtud de la Ley N° 19.303, en 1994.
Ninguna de ellas, por cierto, da completo cumplimiento al artículo 19 N° 3° inciso
sexto de la Constitución, sin que se adviertan razones que justifiquen tan esmirriado
procedimiento.




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QUINIENTOS TREINTA Y CINCO




Recién, ahora, conforme a la Ley N° 21.659 se ha estructurado un contencioso
cabalmente respetuoso del derecho a un procedimiento racional y justo, pues, entre
otros aspectos, el reclamo de ilegalidad se interpone ante la Corte de Apelaciones
correspondiente, la que realiza un control de admisibilidad susceptible de recursos de
reposición y apelación subsidiaria, pudiendo decretar orden de no innovar y debiendo
dar traslado a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Más aún, si la Corte estima
que existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, abrirá un término de
prueba y podrá dictar medidas para mejor resolver, decidiendo, finalmente, previa
vista de la causa, la que se agregará extraordinariamente.

La sentencia puede ser apelada para ante la Corte Suprema;

9°. Que, en conclusión, la aplicación de los preceptos legales impugnados, al
negar la revisión de la sentencia pronunciada en única instancia por un Ministro de
Corte de Apelaciones, resulta contraria al derecho a un procedimiento racional y justo,
máxime si “impedir la revisión es generar respuestas jurisdiccionales sujetas a errores que no
garantizan la debida imparcialidad del juzgador, al no estar sujeto a control, examen o revisión
de lo resuelto” (William Valenzuela Villalobos: Derecho al Recurso, Santiago, Ed. Jurídica
de Santiago, 2015, p. 54);

10°. Que, por las razones expuestas y para dar eficacia al derecho
constitucional a un procedimiento racional y justo, estuve por inaplicar la frase
reclamada del artículo 767 del Código de Procedimiento Civil y la expresión “única
instancia”, contenida en el inciso duodécimo del artículo 3° del Decreto Ley N° 3.607.

En efecto, determinar si una empresa tiene o no carácter estratégico -para
imponerle las cargas que supone tal declaración-, si el acto estatal que así lo determinó
fue resultado de un procedimiento administrativo ajustado al principio de legalidad
y si se encuentra suficientemente motivado o no es un asunto relevante donde la
sentencia pronunciada por un tribunal unipersonal debe admitir revisión, aunque sea
por vía casacional.

En lo demás, estuve por rechazar la inaplicabilidad del referido inciso
duodécimo (“Serán reclamables ante un Ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, (…)
la resolución que notifique a las entidades a que se refiere el inciso primero la circunstancia de
encontrarse en la situación que éste contempla”), pues, por una parte, ya fue aplicada en
la gestión y, de otra, es el precepto que establece el tribunal ante el cual la requirente
ha podido impugnar judicialmente el acto administrativo que sostiene afectarle y
rechazo también la inaplicabilidad del inciso decimoquinto, pues en la gestión
pendiente no se ha intentado el recurso de casación en la forma (fs. 363).



Redactó la sentencia el Ministro señor MARIO GÓMEZ MONTOYA. La disidencia
fue escrita por el Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO.




19
0000536
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS




El Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ redactó la
prevención.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 16.649-25-INA




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QUINIENTOS TREINTA Y SIETE


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 28/05/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Miguel Angel Fernández González
Fecha: 29/05/2026 Fecha: 28/05/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 29/05/2026 Fecha: 29/05/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Alejandra Precht Rorris
Fecha: 28/05/2026 Fecha: 28/05/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 28/05/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández González, señor Raúl
Eduardo Mera Muñoz, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo
Rojas, señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 29/05/2026




00307907-3FA1-445A-AE99-9CE79CEEA10E
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