TC Rol 16653

Texto completo

0000713
SETECIENTOS TRECE




2026

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________

Sentencia
Rol 16.653-2025
[13 de mayo de 2026]

____________



REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LA FRASE “A CONTAR
DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL DECRETO APROBATORIO DE
LA CUENTA” CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 5° DE LA LEY N°
18.900, QUE PONE TÉRMINO A LA EXISTENCIA DE LA CAJA
CENTRAL DE AHORROS Y PRÉSTAMOS Y A LA AUTORIZACIÓN
DE EXISTENCIA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y
PRÉSTAMO


AURORA CATALÁN AHUMADA Y OTRAS

EN EL PROCESO ROL C-17.146-2023, SEGUIDO ANTE EL VIGÉSIMO SEXTO
JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE SANTIAGO



VISTOS:

Que, con fecha 11 de julio de 2025, Aurora Catalán Ahumada y otras requieren
la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la frase “a contar
de la fecha de publicación del decreto aprobatorio de la cuenta”, contenida en el artículo 5°
de la Ley N° 18.900, que pone término a la existencia de la Caja Central de Ahorros y
Préstamos y a la autorización de existencia de la Asociación Nacional de Ahorro y
Préstamo, para que ello incida en el proceso Rol C-17.146-2023, seguido ante el
Vigésimo Sexto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago.




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SETECIENTOS CATORCE




Precepto legal cuya aplicación se impugna:

El texto de los preceptos legales impugnados dispone lo siguiente, en su parte
destacada:



“Ley N° 18.900, que pone término a la existencia de la Caja Central de Ahorros
y Préstamos y a la autorización de existencia de la Asociación Nacional de Ahorro y
Préstamo

(…)

“Artículo 5°- Para todos los efectos legales, a contar de la fecha de publicación del
decreto supremo aprobatorio de la cuenta, serán de cargo fiscal las obligaciones de la Caja
y de la Asociación que no alcanzaren a quedar cubiertas por el producido de las liquidaciones,
debiendo consultarse los fondos necesarios en el presupuesto de la Nación, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 21, del decreto ley N° 1.263, de 1975”.



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

Indica la parte requirente que la gestión pendiente en la que incide el
requerimiento corresponde a una acción civil conjunta de restitución de dinero e
indemnización de perjuicios deducida en contra del Fisco de Chile, actualmente
tramitada ante el Vigésimo Sexto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, bajo el Rol
C-17146-2023. Conforme se expone, dicha acción fue deducida por las requirentes en
su calidad de herederas de don Alberto Catalán Catalán, con el objeto de obtener la
restitución de sumas de dinero que habrían pertenecido al causante y que se
encontrarían vinculadas al antiguo Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, así como
la reparación de los perjuicios patrimoniales y morales que atribuyen a la omisión
estatal de hacerse cargo de tales obligaciones.

Exponen que don Alberto Catalán Catalán abrió una cuenta de ahorro para la
vivienda en la Asociación de Ahorro y Préstamo Bernardo O’Higgins, individualizada
como Cuenta N° S-221, la que, según sus movimientos al mes de enero de 1976,
ascendía a la suma de 3.365,89 escudos. Dichos dineros habrían quedado
comprendidos dentro del sistema institucional de ahorro y préstamo que,
posteriormente, fue objeto de reorganización y extinción normativa, y que las actoras,
en su calidad de sucesoras del titular original, han intentado obtener su restitución
por la vía jurisdiccional.

En ese contexto procesal, desarrolla un análisis del denominado Sistema
Nacional de Ahorro y Préstamo (SINAP), señalando que este tuvo su origen en el
D.F.L. N° 205 de 1960, cuyo texto definitivo fue fijado por la Ley N° 16.807, y que
estaba orientado a satisfacer requerimientos habitacionales, promover el ahorro de las
personas y canalizar recursos hacia el financiamiento de viviendas. Explican que



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SETECIENTOS QUINCE




dicho sistema estaba compuesto por una entidad pública superior denominada Caja
Central de Ahorro y Préstamo (CCAP) y por diversas asociaciones privadas de ahorro
y préstamo, entre ellas la Asociación Bernardo O’Higgins, las cuales posteriormente
fueron absorbidas o fusionadas en la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo
(ANAP). Añade que la Ley N° 18.900 puso término a la existencia de la CCAP y a la
autorización de existencia de la ANAP, regulando el proceso de liquidación de ambas
entidades y la eventual asunción por parte del Fisco de ciertas obligaciones que no
hubieren quedado cubiertas por el producido de las liquidaciones.

Sostiene la parte requirente que el problema constitucional surge porque la
restitución de los fondos depositados por el causante ha quedado legalmente
supeditada a la publicación del decreto aprobatorio de la cuenta a que alude el artículo
5° de la Ley N° 18.900, acto que no se habría verificado desde la entrada en vigencia
de dicha ley. En concepto de las actoras, ello ha impedido por décadas que el Fisco
asuma la obligación legal de responder por las acreencias no cubiertas del sistema,
produciendo un efecto de paralización indefinida de la restitución de los fondos y
tornando ilusoria la posibilidad de exigir judicialmente el cumplimiento de dicha
obligación.

Sobre esa base, las requirentes explican que la frase legal impugnada resulta
decisiva para la resolución de la gestión pendiente, puesto que la defensa del Fisco en
el juicio ordinario se estructuraría precisamente sobre la base de que la obligación
fiscal no habría nacido jurídicamente al no haberse cumplido la condición prevista en
el artículo 5° de la Ley N° 18.900. Por ello, anotan que mientras esa disposición
cuestionada continúe siendo aplicable al caso concreto, la acción ordinaria deducida
en sede civil carecería de aptitud real para obtener la restitución pretendida.

Al fundar el conflicto constitucional, denuncian infracción al artículo 19 N°
24 de la Constitución, sosteniendo que la aplicación de la frase impugnada priva a las
herederas del causante del goce efectivo de los fondos depositados en el sistema, al
mantener indefinidamente suspendida la obligación fiscal de restitución. La
subordinación del pago a un acto ulterior de la propia autoridad estatal produciría un
efecto equivalente a una confiscación o privación material de los dineros
pertenecientes a los depositantes o sus sucesores, toda vez que, pese a existir una
obligación legal de restitución, esta no podría hacerse exigible.

En segundo lugar, se argumenta transgresión al artículo 19 N° 3 de la Carta
Fundamental, en su dimensión de igual protección de la ley en el ejercicio de los
derechos y de tutela judicial efectiva, argumentando que la aplicación del precepto
impugnado impide obtener una respuesta jurisdiccional útil respecto de la pretensión
de restitución deducida en la gestión pendiente. La parte requirente sostiene que la
ley ha dilatado por tiempo indefinido la habilitación fiscal para proceder al pago, al
dejarla vinculada a la aprobación presidencial de la cuenta, generando así un círculo
normativo en el cual la satisfacción del derecho depende de un acto estatal que no se
ha producido. En esa medida, afirma que el acceso a la jurisdicción se tornaría



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SETECIENTOS DIECISEIS




puramente formal, al no existir una posibilidad efectiva de obtener tutela respecto del
fondo del derecho reclamado.

Finalmente, el requerimiento invoca el principio de servicialidad del Estado,
consagrado en el artículo 1° inciso cuarto de la Constitución, señalando que la Ley N°
18.900 habría encomendado al Estado la función de hacerse cargo de las deudas no
solucionadas del sistema para con sus depositantes e inversionistas, pero que la frase
impugnada deja dicha función entregada a una condición que depende del propio
aparato estatal. En ese contexto, refieren que la aplicación del precepto impugnado
produciría una inversión en la relación de servicialidad entre el Estado y las personas,
al quedar los particulares sometidos a una decisión que el propio Estado no ha
adoptado por más de cuarenta años.



Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Segunda Sala con fecha 15 de
julio de 2025, a fojas 103, disponiéndose la suspensión del procedimiento.

Posteriormente, fue declarado admisible por resolución de fojas 679, de 11 de
agosto del mismo año, confiriéndose traslados de fondo a las demás partes de la
gestión invocada y a los órganos constitucionales interesados.



A fojas 690, en presentación de 4 de septiembre de 2025, la parte del Consejo
de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, formula observaciones
al requerimiento y solicita su rechazo.

Explica el Fisco que las Asociaciones de Ahorro y Préstamo y la Asociación
Nacional de Ahorro y Préstamo eran entidades de naturaleza privada, ajenas al
patrimonio fiscal, de manera que la obligación originaria de restitución de los
depósitos o inversiones no recaía sobre el Estado. Desde esa perspectiva, sostiene que
la Ley N° 18.900 no estableció una asunción irrestricta e inmediata de tales
obligaciones por parte del Fisco, sino una obligación subsidiaria, limitada al supuesto
de que existieran obligaciones no cubiertas por el producido de las liquidaciones y
sujeta, además, a los presupuestos expresamente fijados por el legislador.

En cuanto al sentido y alcance de la frase impugnada, la defensa fiscal sostiene
que la exigencia de la aprobación de la cuenta no constituye una arbitrariedad ni una
cláusula caprichosa, sino un mecanismo legal destinado a permitir la determinación
del estado patrimonial final del sistema, la individualización de sus acreedores y la
cuantificación del eventual saldo insoluto que podría llegar a quedar a cargo del Fisco.
Añade que el Presidente de la República no tiene, ni ha tenido, la obligación jurídica
de aprobar necesariamente la cuenta, pues toda cuenta rendida puede ser aceptada o
rechazada, y que en este caso no ha sido posible dictar el decreto aprobatorio debido




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SETECIENTOS DIECISIETE




a las graves deficiencias de la documentación y de la contabilidad proporcionada por
la ANAP al liquidador.

Explica el Fisco que no existirían antecedentes técnicos y fácticos suficientes
para conocer con exactitud el estado patrimonial final de la Caja Central de Ahorros
y Préstamos, ni el detalle de sus activos y pasivos, información que reputa
indispensable para efectuar la cuenta a que se refiere la ley. Agrega que esta
imposibilidad ha sido también reconocida por la Contraloría General de la República,
particularmente en el dictamen E189756/2022, de 1 de marzo de 2022, en el cual se
habría señalado que la cuenta a que se refiere el artículo 3° de la Ley N° 18.900 no fue
aprobada y que, atendido el transcurso del tiempo y la inexistencia de los antecedentes
necesarios, dicha cuenta no podría ser nuevamente rendida ni aprobada en la
actualidad. Sobre esa base, la defensa fiscal sostiene que la obligación del Ministerio
de Hacienda en esta materia fue cumplida en su oportunidad y que no se reúnen los
requisitos legales para que el Fisco asuma las obligaciones que no hubieren quedado
cubiertas por el producto de las liquidaciones.

En relación con la garantía del derecho de propiedad, la parte requerida acota
que la frase impugnada no priva a las requirentes de propiedad alguna, por cuanto el
titular original de la obligación de restitución era la respectiva asociación de ahorro y
préstamo, y no el Estado. Desde esta perspectiva, sostiene que el artículo 5° de la Ley
N° 18.900 no extinguió el derecho de los ahorrantes, sino que concedió eventualmente
un nuevo derecho frente al Fisco, sujeto a presupuestos legales específicos. Por ello,
concluye que no puede sostenerse que un precepto que concede un derecho nuevo,
aunque sujeto a requisitos, prive a su titular de propiedad alguna ni afecte por sí
mismo el estatuto constitucional del dominio.

En cuanto a la alegación relativa a la igual protección de la ley en el ejercicio
de los derechos y a la tutela judicial efectiva, la defensa fiscal sostiene que el
requerimiento no demuestra una real afectación del derecho de acción ni del acceso a
la jurisdicción, sino que se limita a cuestionar que el derecho material invocado por
las actoras se encuentra sometido a presupuestos legales que no se han verificado.
Afirma, en tal sentido, que la parte requirente pretende sustituir la obligación
subsidiaria y eventual del Fisco contemplada en la ley por una obligación directa, pura
y simple, equivalente a la que originalmente pesaba sobre las asociaciones de ahorro
y préstamo, alterando de ese modo el diseño legal expresamente definido por el
legislador.

Finalmente, indica que la frase cuestionada no es decisiva para la resolución
de la gestión pendiente, por cuanto, aun en la hipótesis de que se prescindiera de ella,
subsistirían vigentes otros requisitos legales para que el Fisco asuma con recursos
propios las obligaciones de la Caja y de la Asociación, particularmente que se trate de
obligaciones que no hayan quedado cubiertas por el producido de las liquidaciones,
lo que supone la práctica de dichas liquidaciones y la determinación del saldo insoluto
respectivo. En ese contexto, concluye que la eventual declaración de inaplicabilidad



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SETECIENTOS DIECIOCHO




no alteraría sustancialmente el marco jurídico decisorio de la gestión pendiente y
solicita, por ello, el rechazo del requerimiento en todas sus partes.



A fojas 702, por decreto de 15 de septiembre de 2025, se trajeron los autos en
relación.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 7 de abril de 2025 se verificó la vista de la causa con la
relación pública y los alegatos del abogado señor Gonzalo Vargas Rodríguez, por la
parte requirente, y de la abogada señora Maria Eliana Rique Gebauer, por la parte
requerida del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, conforme fue
certificado por el relator a fojas 712.



Y CONSIDERANDO:



PRIMERO. Que se ha deducido por don Gonzalo Vargas Rodríguez, en
representación de Aurora del Carmen Catalán Ahumada, Marianela Verónica Catalán
Ahumada, Lidia Palmira Catalán Ahumada y Margarita Ester Catalán Ahumada,
todas herederas de la sucesión de don Alberto Segundo Catalán Catalán,
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la frase “a
contar de la fecha de publicación del decreto supremo aprobatorio de la cuenta”, contenida en
el artículo 5° de la Ley N° 18.900 que pone término a la existencia de la Caja Central
de Ahorros y Préstamos y a la autorización de existencia de la Asociación Nacional de
Ahorro y Préstamo, para que tal declaración incida en la causa rol C-17146-2023,
seguida ante el 26° Juzgado Civil de Santiago, caratulada "Vargas/Consejo Defensa",
sobre acción civil conjunta de restitución de dinero e indemnización de perjuicios
deducida en contra del Fisco de Chile por haber incurrido en responsabilidad por
causar daño patrimonial y moral derivado de su falta de servicio y/o por su
responsabilidad extracontractual.

SEGUNDO. Que conforme se detalla en la parte considerativa de esta
sentencia los hechos de la causa son los siguientes: (i) Las requirentes son herederas
de Alberto Segundo Catalán Catalán, quien era titular de la cuenta de ahorro N° S-221
en la Asociación Bernardo O’Higgins, cuyo saldo a 1976 ascendía a 3.365,89 escudos,
sobre cuya restitución versa la gestión pendiente; (ii) La demanda se funda en la
responsabilidad por falta de servicio del Estado, en razón de los más de 30 años en
que se habría incumplido la obligación de pago de deudas del SINAP por parte del
Fisco de Chile, amparado en que dicha obligación no nacerá sino desde que la cuenta
sea aprobada por Decreto Supremo del Presidente de la República conforme a lo
dispuesto en el artículo 5° inciso 1° de la Ley 18.900; (iii) Sostienen las requirentes que



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SETECIENTOS DIECINUEVE




el Fisco de Chile es actualmente el depositario de los ahorros del antiguo Sistema
Nacional de Ahorro y Préstamo, por lo tanto y como mero tenedor de estos dineros,
se encuentran en la obligación legal de devolver estos ahorros. Por tanto, la parte
requirente alega que la aplicación del precepto impugnado en la gestión pendiente
vulnera la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho de
propiedad, el contenido esencial de los derechos, así como el principio de
servicialidad del Estado, lo que infringiría los artículos 1° inciso cuarto y 19 numerales
3°, 24° y 26° de la Constitución Política de la República.

TERCERO. Que esta Magistratura ha conocido de requerimientos de
inaplicabilidad análogos y, en general, los ha acogido por estimar que la aplicación
del precepto cuestionado produce un efecto contrario a la Carta Fundamental (STC
roles 944, 2.793, 9.308, 13.541, 13.908, 13.912, 14.077, 14.538, 15.423, 15.145, 15.058,
15.457, 16.304-25 entre otras). En las sentencias estimatorias se han establecido los
siguientes criterios: (i) la supresión del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo por
medio de la Ley 18.900 no suspende la posición de garante que le corresponde al
Estado de Chile, toda vez que ésta posición por subrogación es una obligación que le
asiste al Estado a través de la Caja Central de Ahorros y Préstamos y del Fisco; (ii) la
condición impuesta por el artículo 5° impugnado, es una “condición” suspensiva y
meramente potestativa del depositario (Fisco de Chile), que hace ilusoria el
cumplimiento de la obligación afectando la tutela judicial y, consecuentemente, la
propiedad del depositante respecto de las obligaciones derivadas del contrato de
depósito; (iii) la falta de un decreto aprobatorio de la cuenta presentada por la Caja
Central de Ahorros y Préstamos tuvo por único objeto determinar los recursos con
cargo a los cuales el Fisco de Chile en su calidad de sucesor legal de ésta se haría cargo
de sus respectivas obligaciones sean con aquellos propios de la Caja o nuevos recursos
fiscales, la omisión de dicho acto administrativo es inoponible a los depositantes,
acreedores de la obligación de restitución; (iv) si bien la Ley 18.900 hizo desaparecer
el sujeto obligado a restituir lo depositado (Caja Central de Ahorros y Préstamos), lo
sustituyó por el Fisco condicionando la existencia de la obligación al cumplimiento de
una condición suspensiva meramente potestativa del deudor que no se ha cumplido
y a la que se encuentra supeditado el pago de una obligación de restitución del dinero
depositado, la que por su naturaleza debe ejercerse a voluntad del depositante y no
del depositario; (v) finalmente, el Estado en calidad de garante de los depósitos
efectuados por particulares en el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo no puede
escudarse en la naturaleza meramente potestativa de sus obligaciones para
incumplirlas sin afectar dos conceptos básicos de la convivencia constitucional, cuales
son el respeto efectivo a los derechos de las personas y la circunstancia de que las
normas legales se expiden para la concreción veraz y efectiva del bien común.

CUARTO. Que, al tratarse de una jurisprudencia asentada en esta
Magistratura, en esta sentencia haremos nuestros los argumentos ya vertidos por este




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SETECIENTOS VEINTE




Tribunal, y reseñados en el considerando precedente, toda vez que en estos autos no
se han hecho valer argumentaciones que permitan modificar lo ya resuelto.

QUINTO. Que, en efecto, el Consejo de Defensa del Estado reitera las
argumentaciones vertidas en los procesos de inaplicabilidad previos, sin hacerse cargo
de la jurisprudencia de esta Magistratura, afirmando la imposibilidad material y
jurídica de cumplir las condiciones previstas por la Ley N°18.900 para que el Fisco
asuma las obligaciones insolutas de la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo. En
efecto, sostiene que desde la dictación de la ley impugnada no ha sido posible aprobar
la cuenta exigida por su artículo 3°, debido a que la documentación proporcionada
por la Asociación resultó ininteligible e incompleta, impidiendo determinar con
precisión quiénes serían acreedores, cuáles serían sus créditos y cuál sería el
patrimonio efectivamente liquidable. Agrega que tal falta de antecedentes ha
impedido aprobar la referida cuenta, lo que a su vez torna imposible verificar la
existencia de saldos insolutos susceptibles de ser asumidos por el erario. Desde esta
perspectiva, argumenta que la obligación estatal configurada en el artículo 5° es de
carácter estrictamente subsidiario y eventual, supeditada a presupuestos normativos
que nunca se han verificado, y que pretender prescindir de tales condiciones
desnaturalizaría la estructura legal diseñada por el legislador. Por lo mismo, afirma
que la alegada vulneración del derecho de propiedad no puede prosperar, puesto que
la falta de restitución no proviene de un acto del Estado, sino de la inexistencia de
antecedentes mínimos que permitan determinar la existencia, monto y titularidad del
crédito reclamado, situación que —a juicio del Consejo de Defensa del Estado—
conduce necesariamente al rechazo de las pretensiones del requirente.

SEXTO. Que corresponde reiterar que, con independencia de las cuestiones
acerca de la determinación y liquidez, sobre el crédito de los depositarios existe un
derecho de propiedad, que se encuentra constitucionalmente protegido. El depósito
es “el contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y
de restituirla en especie” (art. 2211 del Código Civil) que “se perfecciona por la entrega que
el depositante hace de la cosa al depositario” (art. 2212 del Código Civil). El contrato de
depósito se presenta de dos maneras: el depósito propiamente dicho y el secuestro
(art. 2214 del Código Civil); “El depósito propiamente dicho es un contrato en que una de
las partes entrega a la otra una cosa corporal y mueble para que la guarde y la restituya en
especie a voluntad del depositante” (art. 2215 del Código Civil). Si bien el Código Civil, en los
artículos transcritos, se refiere al depósito de especie o cuerpo cierto (depósito regular), el
artículo 2221 contempla también el depósito de dinero o “depósito irregular”: “En el depósito
de dinero, si no es en arca cerrada cuya llave tiene el depositante, o con otras precauciones que
hagan imposible tomarlo sin fractura, se presumirá que se permite emplearlo, y el depositario
será obligado a restituir otro tanto en la misma moneda”. Respecto del depósito de dinero, se
aplica el inciso 1° del artículo 2226 en cuanto “La restitución es a voluntad del depositante”;
y, asimismo, el artículo 2227 que dispone que “La obligación de guardar dura hasta que el
depositante la pida”.




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SETECIENTOS VEINTIUNO




De esta forma, tratándose del depósito de dinero, la entrega de estos al
depositario, además de perfeccionar el contrato, constituye tradición, haciéndose
dueño el deudor de los dineros entregados, obligándose a restituir otro tanto en la
misma moneda o tantundem (Guzmán Brito, Alejandro. (2014). EL DEPÓSITO
IRREGULAR EN EL DERECHO CHILENO. Revista chilena de derecho privado, (23),
87-137. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-80722014000200003, pág. 121). De ahí que,
aunque pudiere ser cuestionable que sobre el dinero entregado el depositante siga
detentando el derecho de propiedad, cuestión que no es pacífica en la doctrina, resulta
de todas formas indudable que adquiere un derecho personal o crédito que puede
reclamar del depositario que por un hecho suyo ha contraído la obligación correlativa
de restituir (cfr., artículo 578 del Código Civil). Sobre este derecho personal o crédito,
que es una cosa incorporal, hay una especie de propiedad (cfr., artículo 583 del Código
Civil) que se encuentra protegida por el artículo 19 N° 24 de la Constitución.

En este punto no se debe olvidar la estructura de la obligación jurídica
compuesta por: los sujetos (acreedor y deudor), el objeto (prestación) y la relación
jurídica de carácter obligatorio que deriva de dicha obligación. Conforme a ello, el
acreedor tiene la facultad para exigir la prestación; y, el deudor, se encuentra en la
necesidad jurídica de efectuarla, de lo que se colige que, realizado un depósito a la
Asociación de Ahorro y Préstamo respectiva, el depositante adquiere un derecho
personal para exigir la restitución del dinero. Ese derecho, de acuerdo a lo razonado,
está protegido constitucionalmente.

SÉPTIMO. Que sobre el depósito de dinero o “depósito irregular” la Corte
Suprema ha señalado que “aunque el citado artículo 2221 no lo establezca, esta clase de
depósito constituye un título traslaticio respecto del dinero entregado en depósito, razón por la
cual el depositario contrae una obligación de dar individuos de un género o fungibles (dinero).
En esta clase de obligaciones, como bien se sabe, el deudor no está obligado a la custodia de la
cosa, la cosa es dinero y la obligación restitutoria tiene por objeto ‘otro tanto de la misma
moneda’, perteneciendo al deudor el riesgo de pérdida o deterioro de la cosa debida” (Corte
Suprema, 31 de enero de 2017, rol 38.343-2016, c. 10°, y de forma más reciente: Corte
Suprema, 25 de julio de 2024, rol 53.047-2022, c. 10°).

OCTAVO. Que, si bien es cierto que las Asociaciones de Ahorro y Préstamos
dejaron de existir, no debe olvidarse que éstas se fusionaron en la Asociación Nacional
de Ahorro y Préstamo, quien pasaría a ser sucesora legal, en virtud del artículo 7° del
DL N° 3.480 de 1980 y, además, se mantuvo la garantía y control del Estado respecto
de la continuidad y regularidad del sistema. Con esta sucesión legal no hay una nueva
obligación, mucho menos esta se ha extinguido, sino sólo se ha modificado por medio
de la subrogación legal la persona del deudor. El depositante mantiene incólume su
derecho a solicitar la restitución del dinero, mas ahora a otro deudor, la Asociación
Nacional de Ahorro y Préstamo, que por disposición de ley ha contraído la obligación
correlativa (cfr., artículo 578 del Código Civil).




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SETECIENTOS VEINTIDOS




Ahora bien, el artículo 1 de la Ley 18.900 dispone: “Pónese término a la existencia
legal de la Caja Central de Ahorros y Préstamos, en adelante la Caja y a la autorización de
existencia de la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamos, en adelante la Asociación, a contar
desde la fecha de vigencia de esta ley. La Caja asumirá exento de todo pago o impuesto, por el
solo mérito de la ley, los derechos, obligaciones y patrimonio de la Asociación, entendiéndose,
solamente, subsistente como persona jurídica para este efecto y el de liquidación de los
respectivos patrimonios por el término de tres meses” (énfasis agregado). De esta forma, es
en virtud del artículo 1 de la Ley 18.900 que la Caja Central de Ahorros y Préstamos -
que era un órgano público- pasa a subrogarse en la posición de deudora y depositaria
que ostentaba la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo. Nuevamente, el acreedor
depositante mantiene incólume su derecho a solicitar la restitución del dinero, mas
ahora a otro deudor, la Caja Central, órgano público que por disposición de ley ha
contraído la obligación correlativa.

Sin embargo, la Caja Central de Ahorro y Préstamos, como el artículo 1 se
encarga de precisar, sólo subsistía para los efectos de ser liquidada. En este sentido, el
artículo 3 de la Ley 18.900 establece que “La Caja en liquidación pondrá término a sus
funciones dando cuenta de su cometido, haya o no finiquitado las liquidaciones que le
encomienda esta ley, en las que incluirá un inventario de todos los derechos, obligaciones y
patrimonio de ésta y de la Asociación. Esta cuenta será sometida a la consideración del
Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Hacienda. Si la cuenta no fuere
aprobada, la Caja deberá continuar funcionando para el solo efecto de subsanar totalmente las
observaciones y reparos formulados a aquélla dentro del plazo que le fije el Presidente de la
República.

La aprobación de la cuenta será efectuada por el Presidente de la República mediante
decreto supremo expedido a través del Ministerio de Hacienda, que deberá publicarse en el
Diario Oficial”.

En definitiva, en virtud de la Ley 18.900, particularmente de su artículo 1, la
Caja Central de Ahorros y Préstamos, organismo público, pasó a ser deudora de la
obligación de restituir los dineros depositados originariamente a las Asociaciones de
Ahorro y Préstamo, siendo su sucesora legal.

NOVENO. Que el artículo 2 inciso tercero de la Ley 16.807 establecía que “Las
operaciones de la Caja Central gozarán de la Garantía del Estado”. Consistente con lo
anterior, y atendido el carácter unitario del Estado (artículo 3 de la Constitución), es
que el artículo 4 de la Ley 18.900 estableció que “El producto neto de la liquidación de la
Caja y de la Asociación será ingresado a rentas generales de la Nación.

Los bienes, de cualquier naturaleza, no enajenados o liquidados por la Caja en
liquidación, se entenderán transferidos por el solo ministerio de la ley, exentos de todo derecho
o impuesto, al dominio del Fisco a contar desde la fecha de publicación del decreto que se
menciona en el artículo anterior. Los Conservadores de Bienes Raíces y el Servicio de Registro
Civil e Identificación deberá practicar las inscripciones y anotaciones que procedan con el solo
mérito de la exhibición de copia autorizada de dicho decreto”. Como puede apreciarse de la



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SETECIENTOS VEINTITRES




lectura del articulo 4 transcrito y 5 impugnado, la Ley 18.900 dispuso que, tras la
disolución de un organismo público autónomo con patrimonio propio, sus activos y
pasivos sean trasladados al Fisco. Ello no podía ser de otra forma, atendido el carácter
unitario del Estado de Chile y el rol de garante de la Caja que había asumido en virtud
del artículo 2 de la Ley 16.807.

DÉCIMO. Que durante la tramitación de la Ley 18.900 se observó por la
Secretaría de Legislación lo siguiente:

“[Se establece] el deber de la Comisión Liquidadora de poner término a sus funciones
dentro del período de su mandato, haya o no finiquitado la liquidación, no señala efectos
específicos o sanciones para el evento de incumplimiento o cumplimiento extemporáneo de esta
obligación por parte de aquélla.

Tampoco se fija un plazo para la presentación de la cuenta que debe rendir la Comisión
al Presidente de la República, expirado el término de su mandato.

Tales omisiones no tienen mayor relevancia, tratándose del eventual retardo en la
presentación de la cuenta, en la medida en que el inciso segundo del artículo siguiente entiende
transferidos por el solo ministerio de la ley los bienes que la Comisión no haya enajenado o
liquidado, a contar desde la fecha de publicación del decreto que aprueba la cuenta.

Sin embargo, sería conveniente complementar el precepto en lo relativo a los efectos del
incumplimiento absoluto en la presentación de la cuenta, que podría afectar la eficacia de la
disposición” (Biblioteca del Congreso Nacional, Historia de la Ley 18.900, p. 18).

DÉCIMO PRIMERO. Que, ante la ausencia mantenida en el tiempo del
decreto aprobatorio de la cuenta, que condicionaba la aplicación de los artículos 4 y 5
de la Ley 18.900, la Ley 19.229 vino a disponer que “pasarán a dominio fiscal, de pleno
derecho, a contar desde la fecha de publicación de esta ley, los bienes raíces y la cartera de
créditos hipotecarios que no fueron enajenados o liquidados por la Caja Central de Ahorros y
Préstamos en liquidación. El Fisco asumirá el dominio y la posesión de dichos bienes,
representado por el Ministerio de Bienes Nacionales, correspondiendo la representación
judicial al Consejo de Defensa del Estado” (art. 1).

Vale decir, tanto el producto neto de la liquidación (art. 3 de la Ley 18.900)
como los bienes raíces y cartera de créditos hipotecarios (art. 1 de la Ley 19.229) se
incorporaron al patrimonio fiscal. En cambio, respecto de las obligaciones no cubiertas
por el producido de las liquidaciones, su exigibilidad se supeditó a la publicación del
decreto supremo aprobatorio de la cuenta.

DÉCIMO SEGUNDO. Que el Fisco de Chile no sólo absorbió el patrimonio
de la Caja Central de Ahorros y Préstamos, con sus activos y pasivos, sino que, además
y en forma previa, se había declarado voluntariamente garante de este organismo que,
a su vez, había asumido por el ministerio de la ley, y como sucesor legal, la obligación
de restituir los depósitos efectuados a las Asociaciones de Ahorro y Préstamo o a la
Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo, continuadora legal. En este sentido, no se




11
0000724
SETECIENTOS VEINTICUATRO




trata de una nueva obligación que viene a surgir con la dictación de la Ley 18.900,
como sostiene el Consejo de Defensa del Estado, sino que es la misma obligación de
restituir, derivada del contrato de depósito originario, por lo que mutatis mutandis, se
trata del mismo derecho personal originario, modificado sólo en cuanto al sujeto
pasivo por medio de la subrogación legal.

DÉCIMO TERCERO. Que, en este contexto, el precepto cuestionado, al
supeditar la exigibilidad de la obligación (y con ello del derecho) a una condición no
pactada legal o convencionalmente al tiempo del contrato, y que depende únicamente
del deudor, a saber, la dictación y publicación de un decreto supremo, y en la cual
ninguna injerencia tiene el acreedor, constituye una vulneración al derecho de
propiedad constitucionalmente resguardado en el artículo 19 numeral 24 de la
Constitución, imponiendo trabas y condiciones que impiden su libre ejercicio,
cuestión prohibida por el numeral 26 del mismo artículo, y contrariando el mandato
de su numeral tercero, en orden a resguardar la igual protección en el ejercicio de los
derechos y la tutela judicial efectiva.

DECIMO CUARTO: Que, ante la negativa del Fisco de restituir los depósitos,
el precepto se alza como un obstáculo para compelerlo judicialmente, lo que pugna
con el derecho a la tutela judicial efectiva o garantía de protección judicial de los
derechos. Los acreedores del Fisco han visto así clausurada la vía de la reclamación
judicial ordinaria en su contra para obtener sus créditos, pues la Ley N° 18.900 ha
suprimido al deudor primitivo, reemplazándolo por uno que se ha exonerado de
ejercer su labor. Así, la condición establecida en la norma impugnada se ha constituido
en un impedimento insalvable para acceder a la tutela de derechos, afectando con ello
su contenido esencial (artículo 19 N° 26), porque impide entrar a dimensionar la
naturaleza de los derechos, intereses o expectativas propietarias de los ahorrantes
(Prevención STC 16.304, párr. 2°). Se configura, por tanto, una traba “para acceder a un
juez natural que examine y eventualmente reconozca sus derechos, la norma contraviene la
esencia del derecho al acceso a la justicia” (STC 15.793, c. 33°).

DÉCIMO QUINTO. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
declaró internacionalmente responsable al Estado de Chile por violar el derecho de
propiedad, el derecho a la protección judicial, e incumplir el deber de adoptar
disposiciones de derecho interno, que se derivó, entre otras razones por “la falta de
expedición o de modificación de normas conducentes al efectivo cumplimiento de las sentencias
por parte de las Municipalidades, sobre todo cuando los beneficiados son parte de una población
en situación de vulnerabilidad, y a la obligación del Estado de dotar de fondos a las
Municipalidades para pagar dichas sentencias” (Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Caso Profesores de Chañaral y otras Municipalidades Vs. Chile, Sentencia
de 10 de Noviembre de 2021, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, párr.
192), situación que se da en la especie, toda vez que el Estado impone trabas al ejercicio
de acciones judiciales y se niega a asumir el pasivo de uno de sus órganos cuyas
obligaciones había garantizado, y que disolvió, incorporando al patrimonio fiscal




12
0000725
SETECIENTOS VEINTICINCO




todos sus activos, acreencias y bienes disponiendo la sucesión legal de las obligaciones
correspondiente.

DÉCIMO SEXTO. Que no desvirtúa lo ya razonado el hecho de que las
cuestiones de titularidad, exigibilidad y cuantía del derecho u obligación puedan ser
debatidas en la gestión pendiente. Corresponde al juez del fondo declarar el derecho
que a cada uno corresponde, de acuerdo con el mérito del proceso. En cambio, esta
Magistratura sólo realiza un control normativo de la ley, a la que se atribuye un efecto
inconstitucional en una gestión pendiente, lo cual ha sido constatado. Los
depositantes detentan un derecho de propiedad sobre un crédito cuyo ejercicio, en el
caso de la Ley 18.900, ha sido supeditado por un precepto que no satisface los
estándares constitucionales, como ya fuera razonado, toda vez que el derecho que
detenta el depositante depende de una condición suspensiva meramente potestativa
del acreedor que cede en su exclusivo beneficio. Cosa distinta es que en el proceso se
desvirtúe la calidad de depositante o acreedor; se cuestione la exigibilidad de la
obligación; se aduzca una indeterminación de la deuda; o se plantee cualquier otra
alegación destinada a enervar la pretensión, todas cuestiones sobre las cuales debe
pronunciarse el juez del fondo.

DÉCIMO SEPTIMO. Que lo dicho en el considerando precedente permite
reafirmar la infracción al artículo 19 N° 3, en relación con la igual protección de la ley
en el ejercicio de los derechos. Esto, porque el Fisco ha argumentado que nada adeuda
si es que no puede determinar quién o quiénes son sus deudores y cuánto es el monto
debido, lo que conlleva la falacia de homologar la indeterminación de la deuda con la
inexistencia de ella. Sin embargo, esta falacia le ha permitido justificar no pagar el
crédito, y como ha sujetado la exigibilidad de su obligación a una condición que
depende de su solo arbitrio, el depositante se ha visto impedido ejercer las acciones
que le confiere la ley para reclamar lo que estima debido (cfr., artículo 2465 del Código
Civil).

DÉCIMO OCTAVO. Que este Tribunal no emitirá pronunciamiento respecto
de la justificación de la negativa del Presidente de la República a aprobar la cuenta, en
atención a la inexistencia de antecedentes técnicos y fácticos que permitan conocer con
exactitud el estado patrimonial quedado al término de la Caja Central de Ahorro y
Préstamo. Debe recordarse que a través de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad
no se juzga ni controla el actuar de los poderes públicos en el ejercicio de sus
facultades que le son privativas, sino sólo enjuiciamos un precepto legal cuya
aplicación resulta contraria a la Constitución, lo que aquí se ha demostrado.

DÉCIMO NOVENO. Que, finalmente, cabe descartar que con la
inaplicabilidad de la frase cuestionada se genere una situación inconstitucional por
contravención al artículo 100 de la Constitución que establece que “Las Tesorerías del
Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o resolución expedido por
autoridad competente, en que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice aquel
gasto”. La norma constitucional transcrita sólo se refiere a la necesidad de expedir un



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0000726
SETECIENTOS VEINTISEIS




decreto de pago, cuyo no es el caso del decreto a que se refiere el artículo 5 de la Ley
18.900 que corresponde a uno aprobatorio de una cuenta. Esto, porque el acto de
aprobar una cuenta es distinto al acto de pago.

Por lo demás, si el Fisco de Chile resulta perdidoso en juicio, y es condenado a
pagar una suma de dinero, resulta ser que es la sentencia del tribunal del fondo, y no
la de inaplicabilidad, la que coloca al Estado en la obligación de pagar de conformidad
a las leyes respectivas. La regla general se establece en el art. 752 del Código de
Procedimiento Civil que señala: “Toda sentencia que condene al Fisco a cualquiera
prestación, deberá cumplirse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de recepción del
oficio a que se refiere el inciso segundo, mediante decreto expedido a través del Ministerio
respectivo” y “En caso que la sentencia condene al Fisco a prestaciones de carácter pecuniario,
el decreto de pago deberá disponer que la Tesorería incluya en el pago el reajuste e intereses que
haya determinado la sentencia y que se devenguen hasta la fecha de pago efectivo”. Es así que,
en el hipotético caso de que el Fisco sea condenado a una prestación de carácter
pecuniario, existirá un decreto que mencionará la ley o parte de presupuesto que
autoriza el gasto, por lo cual no se ve cómo se incumpliría lo establecido en el artículo
100 de la Constitución.

VIGESIMO. Que, por lo razonado precedentemente, el requerimiento ha de
ser acogido, y así se declarará.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:



I. QUE SE ACOGE EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A LO
PRINCIPAL DE FOJAS 1, DECLARÁNDOSE LA
INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA
FRASE “A CONTAR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL
DECRETO APROBATORIO DE LA CUENTA”, CONTENIDA EN EL
ARTÍCULO 5° DE LA LEY N° 18.900, QUE PONE TÉRMINO A LA
EXISTENCIA DE LA CAJA CENTRAL DE AHORROS Y
PRÉSTAMOS Y A LA AUTORIZACIÓN DE EXISTENCIA DE LA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y PRÉSTAMO, EN EL
PROCESO ROL C-17.146-2023, SEGUIDO ANTE EL VIGÉSIMO
SEXTO JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE SANTIAGO.
OFÍCIESE.




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0000727
SETECIENTOS VEINTISIETE




II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA
EN AUTOS. OFÍCIESE A TAL EFECTO.



DISIDENCIA



La Ministra señora ALEJANDRA PRECHT RORRIS y el Ministro señor MARIO
GÓMEZ MONTOYA estuvieron por rechazar el requerimiento atendiendo a las
siguientes razones:



I. Conflicto Constitucional

1°. El precepto legal impugnado, corresponde a la frase, destacada en negrillas,
contenida en el artículo 5° de la Ley N°18.900, cuyo tenor es el siguiente: “Para todos
los efectos legales, a contar de la fecha de publicación del decreto supremo aprobatorio
de la cuenta, serán de cargo fiscal las obligaciones de la Caja y de la Asociación que no
alcanzaren a quedar cubiertas por el producido de las liquidaciones, debiendo consultarse los
fondos necesarios en el presupuesto de la Nación, en conformidad a lo dispuesto en el artículo
21, del decreto ley N°1.263, de 1975”.

2°. A juicio de la actora constitucional, la aplicación del precepto legal
impugnado vulnera directamente la Constitución al supeditar la devolución de los
fondos del SINAP a una condición meramente potestativa del Estado. Ello ha
impedido por décadas el cumplimiento de una obligación legal, afectando el principio
de servicialidad del Estado (art. 1°, inc. 4°), la igualdad en la protección de los derechos
(art. 19 N°3), el derecho de propiedad (art. 19 N°24).

3°. Como punto de partida, se advierte la concurrencia de motivos de rechazo
formal del requerimiento, toda vez que el precepto impugnado por sí solo no es
suficiente para garantizar las obligaciones fiscales alegadas, teniendo en
consideración que su aplicación efectiva depende de un conjunto normativo más
amplio.

En primer lugar, la requirente debió impugnar conjuntamente el artículo 3° de
la Ley N°18.900, cuyo tenor literal dispone:

“La Caja en liquidación pondrá término a sus funciones dando cuenta de su cometido,
haya o no finiquitado las liquidaciones que le encomienda esta ley, en las que incluirá un
inventario de todos los derechos, obligaciones y patrimonio de ésta y de la Asociación. Esta
cuenta será sometida a la consideración del Presidente de la República, por intermedio del
Ministerio de Hacienda. Si la cuenta no fuere aprobada, la Caja deberá continuar funcionando
para el solo efecto de subsanar totalmente las observaciones y reparos formulados a aquélla
dentro del plazo que le fije el Presidente de la República.




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0000728
SETECIENTOS VEINTIOCHO




La aprobación de la cuenta será efectuada por el Presidente de la República mediante
decreto supremo expedido a través del Ministerio de Hacienda, que deberá publicarse en el
Diario Oficial”.

En segundo lugar, el artículo 40 del D.L N°1263, Orgánico de Administración
Financiera del Estado, que regula la deuda pública directa e indirecta, las garantías
del Estado, y otros instrumentos legales necesarios para la gestión presupuestaria
estatal.

En ese contexto, la norma no resulta decisiva en la resolución sustantiva del
asunto que ha motivado la interposición de la acción judicial y no logra superar el
requisito establecido en el artículo 84 N°5 de la Ley Orgánica Constitucional de esta
Magistratura.



II. Antecedentes: el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo

4°. El Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo fue instituido mediante el D.F.L.
N°205, del año 1960, con el propósito de incentivar el ahorro y propender a la
adquisición y edificación de viviendas económicas.

Para la consecución de dichos fines, se contempló la creación de dos entidades
diferenciadas. En primer lugar, la Caja Central de Ahorros y Préstamos, organismo
autónomo dotado de personalidad jurídica, encargado de la aplicación del D.F.L
N°205 y la supervigilancia de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo. Esta entidad se
encontraba bajo la vigilancia de la Superintendencia de Compañías de Seguros,
Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, sus relaciones con el Gobierno se ejercían
por intermedio del Ministerio de Hacienda, sometida a la fiscalización de la
Contraloría General de la República; y, sus operaciones gozaron de garantía del
Estado, de acuerdo con el artículo 2° del cuerpo normativo referido.

En segundo término, las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, entidades de
naturaleza privada cuya creación estaba supeditada a la autorización que les otorgare
la Caja Central (artículo 21, inc. 3°). El objeto de las Asociaciones era recibir depósitos
de ahorro en cuentas individuales de toda clase de personas naturales o jurídicas
(artículo 34) y darlos en préstamos para vivienda, de forma que éstas invertían sus
capitales provenientes de los depósitos en cuentas de ahorro, solamente en préstamos
hipotecarios para la adquisición, construcción, terminación o ampliación de viviendas
económicas, incluidos en ellos el costo de los terrenos y la urbanización, así como
también invertían sus capitales en los préstamos a los depositantes por un monto
equivalente al 75% de la cantidad más baja que hayan mantenido en sus respectivas
cuentas durante los últimos seis meses anteriores al préstamo (artículo 42). Los saldos
efectivos de las cuentas de ahorro y sus reajustes quedaban asegurados de pleno
derecho por la Caja Central hasta un límite de 5.000 escudos, para cada cuenta, contra
pérdida o riesgos de cualquier naturaleza (artículo 64).




16
0000729
SETECIENTOS VEINTINUEVE




En cuanto al objeto de los préstamos, se estipuló que éstos debían destinarse al
financiamiento de viviendas económicas, entendidas como aquellas definidas en el
D.F.L. N°2, de 1959, cuyas características técnicas las establece el D.S. 169 de 1984 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El referido cuerpo reglamentario fija como límite
máximo de superficie construida los 140 m², con una excepción para las viviendas
emplazadas en las provincias de Chiloé y Palena de la X Región, y en las Regiones XI
y XII, a las que se permite anexar construcciones exteriores —exentas de instalaciones
sanitarias— de hasta 16 m², sin que dicha superficie adicional sea computable para
efectos de la aplicación de los beneficios, franquicias y exenciones previstas en el
D.F.L. N°2 (art. 10°, D.S. N°168/1984 MINVU).

Por último, se estableció que el monto del préstamo no podría, en ningún caso,
exceder del 90% del valor de tasación del inmueble ni superar los 10.000 escudos por
unidad habitacional.

5°. El régimen jurídico del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo
experimentó un proceso progresivo de reformas estructurales que culminaron en su
extinción. En primer término, el artículo 32 de la Ley N°16.807, que refundió el D.F.L
N°205, permitió la disolución de las Asociaciones y el consiguiente traspaso de sus
bienes, préstamos, depósitos y obligaciones a otra Asociación de la misma región. Esta
disposición normativa habilitó un proceso gradual de fusiones, el cual culminó, en
1980, con la dictación del Decreto Ley N°3.480.

Dicho decreto declaró, en su artículo 7°, la Asociación Nacional de Ahorro y
Préstamo como sucesora legal de las asociaciones fusionadas, en particular, las
Asociaciones de Ahorro y Préstamo "Casa Propia Libertador Bernardo O'Higgins y
Ahorromet Integradas", "Diego Portales" y "Patagonia", y de todas aquellas
asociaciones que se constituyeron al amparo del decreto con fuerza de ley N°205, de
1960, y posteriormente de la Ley N°16.807. En el mismo cuerpo normativo, se autorizó
la reliquidación y repactación de las obligaciones hipotecarias vigentes con dicha
entidad (artículo 1°, inciso final).

Posteriormente, la Ley N°18.482, promulgada en 1985, modificó
sustancialmente el régimen aplicable a las Asociaciones. En particular, el artículo 23
de dicha Ley sustituyó el artículo 42 de la Ley N°16.807 y derogó el inciso primero del
artículo 1° de la Ley N°16.087, suprimiendo así el objeto esencial de las Asociaciones,
consistente en la inversión de los depósitos de ahorro en préstamos hipotecarios.
Asimismo, fueron derogadas las disposiciones contenidas en los artículos 64 y 68 al
74, eliminando con ello la garantía estatal que respaldaba tanto los depósitos de ahorro
como los créditos hipotecarios otorgados por estas entidades.

En 1987 se derogaron varias normas de la Ley N°16.807, relativas a la
fiscalización y sanciones a las Asociaciones y la inspección completa de sus
operaciones por funcionarios de la Caja Central y las medidas, incluyendo la
disolución, que pudiere adoptar en contra de las Asociaciones por incumplimiento
leyes, reglamentos o resoluciones administrativas pertinentes, o a las sanas prácticas



17
0000730
SETECIENTOS TREINTA




de administración, además, se derogó el artículo 41 que disponía: “Los depósitos podrán
ser retirados total o parcialmente, previo aviso de 60 días de anticipación a lo menos”.

Finalmente, el proceso de desarticulación institucional concluyó con la
dictación de la Ley N°18.900, publicada en 1990, la cual puso término a la Caja Central
de Ahorro y Préstamos y a la autorización de existencia de la Asociación Nacional. En
virtud del artículo 1° de dicha Ley, la Caja asumió por el solo mérito de la ley, y exento
de todo pago o impuesto, los derechos, obligaciones y patrimonio de la Asociación,
entendiéndose, solamente, subsistente como persona jurídica para este efecto y el de
liquidación de los respectivos patrimonios, por el plazo de tres meses.

Conforme al artículo 3° del mismo cuerpo legal, habiéndose o no finiquitado
las liquidaciones encomendadas por la ley, la Caja pondría término a sus funciones
dando cuenta de su cometido, a través de un inventario de todos los derechos,
obligaciones y patrimonio de ésta y de la Asociación. Esta cuenta debía ser sometida
a la consideración del Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de
Hacienda, aprobada por decreto supremo publicado en el Diario Oficial. En cambio,
si la cuenta no fuere aprobada, la Caja debería continuar funcionando para el solo
efecto de subsanar totalmente las observaciones y reparos formulados a aquélla
dentro del plazo que le fije el Presidente de la República.

El artículo 4° estableció que el producto neto de la liquidación de la Caja y de
la Asociación ingresa a rentas generales de la Nación. Asimismo, los bienes, de
cualquier naturaleza, no enajenados o liquidados por la Caja en liquidación, se
entenderían transferidos por el solo ministerio de la ley al dominio del Fisco a contar
desde la fecha de publicación del Decreto Supremo aprobatorio de la cuenta. En el
mismo sentido, esta fecha determina, para todos los efectos legales, el cargo fiscal de
las obligaciones de la Caja y de la Asociación que no alcanzaren a quedar cubiertas
por el producto de las liquidaciones, debiendo consultarse los fondos necesarios en el
presupuesto de la Nación, y éstos ser incorporados en el presupuesto vigente durante
el ejercicio presupuestario mediante un decreto que determine su ubicación dentro de
la clasificación presupuestaria que corresponderá a dichos gastos, de acuerdo al
artículo 5° en relación con el artículo 21, del Decreto Ley, Orgánico de Administración
Financiera del Estado, N°1.263.

Por último, el artículo 1° de la Ley N°19.229, estableció que, desde la fecha de
su publicación, esto es el 16 de julio de 1993, pasaron de pleno derecho, a dominio
fiscal los bienes raíces y la cartera de créditos hipotecarios que no fueron enajenados
o liquidados por la Caja Central de Ahorros y Préstamos en liquidación. Así, en
relación con la cartera hipotecaria que asume el Fisco, el Ministerio de Bienes
Nacionales estaba facultado para convenir con los deudores transacciones,
renegociaciones y reprogramaciones con la aprobación fundada del Ministro de
Hacienda.

6°. En atención a la secuencia normativa e institucional previamente referida,
resulta procedente examinar la evolución y situación actual del procedimiento de



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0000731
SETECIENTOS TREINTA Y UNO




rendición y aprobación de la cuenta de liquidación a que hacen referencia los artículos
3° y 5° de la Ley N°18.900, en lo concerniente a la rendición, evaluación y eventual
aprobación de la cuenta de liquidación de la Caja Central de Ahorro y Préstamos
(CACAP) y de la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo (ANAP), así como sus
efectos jurídicos y presupuestarios.

A modo ejemplar y, tal como se señaló en la disidencia STC Rol N°15.058,
mediante el Ord. N°1149 de 12 de junio de 2019 del Ministro de Hacienda, don Felipe
Larraín Bascuñán, hizo presente que luego de una revisión exhaustiva de cada uno de
los oficios del Ministerio de Hacienda elaborados en relación con la obligación
derivada de la Ley N°19.800, “todos los entes informantes son contestes en que, no
obstante su distinta naturaleza, los antecedentes entregados por la ex-CACAP, no
fueron de modo alguno suficientes para permitir la aprobación de la cuenta; y
teniendo además presente lo expresado por la Contraloría General de la República,
cumplo con informar a S.E que existe, por cierto, una imposibilidad de verificar los
supuestos legislativos contenidos en los artículos 3° y 5° de la Ley N°18.900, necesarios
para la dictación del acto administrativo de aprobación de la cuenta de la CACAP y
ANAP por parte del Presidente de la República, así como para que el Fisco asuma y
de solución de continuidad a las obligaciones derivadas del SINAP”.

Posterior a dicho Ordinario, la Contraloría General de la República afirmó que
“mediante oficio N°2158/2109, de 1991, de ese origen, esa secretaría de Estado elevó
al Presidente de la República la cuenta rendida por la CCAP de las liquidaciones de
esta y de la ANAP, acompañando un informe con observaciones de la misma, siendo
objeto a su vez de reparos por parte de esa máxima autoridad a través de su oficio
N°92/1760, de 1992, los que en definitiva, según información recabada, no fueron
subsanados”. Recuerda el organismo que en el oficio de 1992 el Presidente de la
República, insta a que se propicien iniciativas legales y/o reglamentarias que permitan
al Fisco asumirlas desde luego sin esperar la aprobación de la cuenta, dado las
dificultades y demoras que es posible prever en que se subsanen las observaciones y
reparos aludidos. Y finaliza señalando que “en su oportunidad, la obligación del
Ministerio de Hacienda contenida en el señalado artículo 3° de la ley N°18.900 fue
cumplida y, existiendo una imposibilidad material de realizarse y aprobarse la cuenta
en comento, no se reúnen los requisitos legales para que el Fisco asuma las
obligaciones de la Caja y de la Asociación que no alcanzaron a quedar cubiertas por
el producto de las liquidaciones” (Dictamen E189756 de 1° de enero de 2022).



III. Alegaciones referidas al principio de servicialidad

7°. La parte requirente, a fojas 29 señala “la Administración del Estado existe
para atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, y en este caso,
la Ley N°18.900 le ha encomendado una función al Estado (o al Fisco), en orden a
hacerse cargo de las deudas no solucionadas del SINAP para con sus inversionistas y
depositantes…”, y luego a fs 30 afirma: “La frase que condiciona la tarea estatal a la



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0000732
SETECIENTOS TREINTA Y DOS




ocurrencia de una circunstancia que depende únicamente del mismo Estado, lo que
importa invertir la relación de servicialidad. Ello, pues al quedar sujeto a la mera
voluntad del Estado el asumir el rol que la Ley N°18.900 le impone, en la práctica hace
que se ponga al individuo al servicio del Estado, dado que los particulares solo verán
solucionadas sus acreencias y restituidos sus bienes si el Poder Público quiere, lo que
no ha pasado por cuarenta años y, muy probablemente, nunca sucederá.”

8°. En primer lugar, cabe recordar que por la vía de la inaplicabilidad no se
puede reprochar la facultad ejercida por el Presidente de la República en orden a no
haber aprobado la cuenta sometida a su consideración. Ello puesto que “las relaciones
entre el Ejecutivo y los jueces constitucionales implican también: - El reconocimiento
de un cierto margen de autonomía del Ejecutivo con relación a las funciones de
gobierno y de administración, obviamente dentro de los márgenes contemplados en
la Constitución.” (Martínez, J. (2014), “Auto restricción, deferencia y margen de
apreciación: breve análisis de sus orígenes y de su desarrollo”, Estudios
constitucionales, vol. 12, n.1, p. 372).

9°. Por otra parte, la Constitución en su artículo 1° inciso 4° indica “El Estado
está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual
debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los
integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con
pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”.

Esta Magistratura ha señalado que "la Administración del Estado, conforme al
principio de servicialidad del artículo 1°, inciso cuarto, de la Constitución Política,
existe para atender necesidades públicas en forma continua y permanente (artículo 3°,
inciso primero, de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado), para lo cual actúa a través de servicios públicos, que son
precisamente "órganos administrativos encargados de satisfacer necesidades
colectivas, de manera regular y continua" (artículo 28, inciso primero, de la citada Ley
N°18.575)" (STC 2024-11, c. 6). En este sentido, valga hacer presente que la
Constitución, establece que el Estado debe contribuir a crear “las condiciones
sociales”, entiéndase por tales:

“[A]l conjunto de circunstancias y características que pueden constatarse en
determinado momento de la conveniencia colectiva, configurantes de su realidad, en
cuanto en ella se observan, se imponen o determinan el clima, el ambiente en que se
mueve la actividad de las personas y asociaciones integrantes de la sociedad nacional.

A tales condiciones colectivas el precepto se remite no sólo para constatarlas,
reconocerlas, registrarlas, sino para aquilatarlas desde el prisma de bien general …”
(Silva Bascuñán, A. y Silva, M. (1995) "La servicialidad del Estado: sus fundamentos
constitucionales", Revista De Derecho Público, Núm. 57/58, p. 71).

10°. Es preciso observar que los mandatos constitucionales establecidos en el
artículo 1 inciso cuarto de la Constitución resultan vinculantes para el Presidente de




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0000733
SETECIENTOS TREINTA Y TRES




la República en el contexto de sus posibilidades jurídicas de actuación, las que,
respecto del caso de autos, resultan delimitadas, precisamente, por las reglas de la Ley
N°18.900.

El procedimiento para que el Estado sea obligado a asumir una deuda privada,
por mandato del artículo 5° de la Ley N°18.900, comprende tres etapas.

La primera es la preparación de la cuenta y su rendición, de acuerdo con el
artículo 3° de la Ley N°18.900, la Caja debió dar cuenta de su cometido, con
independencia de la realización de las liquidaciones señaladas en el artículo 2° del
mismo cuerpo normativo, y para ello debió incluir un inventario de todos los
derechos, obligaciones y patrimonio de ella y de la Asociación.

La segunda etapa consiste en que la cuenta de la Caja sea sometida a
consideración del Presidente de la República por intermedio del Ministerio de
Hacienda. Sobre este respecto, las autoridades administrativas detentan
discrecionalidad técnica, “entendida esta como la aplicada en aquellos casos en que la
ley confiere un ámbito de decisión a los órganos de la administración del Estado para
reaccionar ante resultados que provienen de evaluaciones exclusivamente técnicas”
(Osorio, C. (2016) Manual de Procedimiento Administrativo Sancionador. Parte General,
Thomson Reuters, Santiago de Chile, p. 581). En este sentido, la Ley N°18.900 ha
conferido un espacio de discrecionalidad técnica que permite, a través de una
actividad lógica, evaluar la cuenta rendida por la Caja.

La última etapa, estrechamente vinculada con la anterior, es la decisión del
Presidente de la República, quién, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 3° de la
propia Ley, puede adoptar las siguientes medidas: a) No aprobar la cuenta,
formulando observaciones o reparos, en cuyo caso la Caja deberá continuar
funcionando para el solo efecto de subsanarlos; b) Aprobar la cuenta, mediante
decreto supremo expedido a través del Ministerio de Hacienda, que deberá publicarse
en el Diario Oficial.

11°. Esta disidencia concurre a la opinión expresada por los Ministros Carmona
y Hernández con ocasión del pronunciamiento que tuvo lugar en causa Rol N°2.800-
15 al señalar que “el principio de servicialidad del Estado no es un sacrificio del interés
público frente al interés privado. No es una rendición de intereses de la sociedad
frente a cualquier interés de un particular. Aquí existen razones de interés público que
justifican el mecanismo que se diseñó. Por una parte, no asumir más deudas que las
que estrictamente corresponda. Por eso la rendición de cuentas. Por la otra, la
asunción de deudas implica contar con el financiamiento necesario para ellas” (STC
Rol N°2.800-15, 29°).




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0000734
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO




IV. La igualdad en la protección de los derechos

12°. La parte requirente, a fojas 28, afirma que “el ordenamiento jurídico no
ofrece las alternativas mínimas a los inversionistas y ahorrantes del SINAP para
obtener el pago de sus créditos, generando una evidente desprotección e indefensión,
debido a la patente ineficacia de cualquier acción judicial”.

13°. Esta Magistratura ha reconocido que la tutela judicial efectiva se encuentra
contenida en el artículo 19 N°3 de la Constitución; y que constituye un presupuesto
básico para el ejercicio del derecho a la igual protección de la ley y el debido proceso
(STC 792, c. 8, STC 815, c. 10, STC 946, cc. 28 a 33, STC 1046, c. 20, STC 1061, c. 15, STC
1332, c. 9, STC 1356, c. 9, STC 1382, c. 9, STC 1391, c. 9, STC 1418, c. 9, STC 1470, c. 9,
STC 1502, cc. 8 y 9, STC 1535, cc. 18 y 25, STC 2042, c. 29, STC 2438, c. 11, STC 2688, c.
5). Además, lo ha definido como un “derecho fundamental autónomo, que tiene por
finalidad que las personas accedan al proceso como medio ordinario de resolución de
los conflictos jurídicos, lo que resulta un presupuesto mínimo de todo Estado de
Derecho.” (STC R. 815-08, c. 10°. En el mismo sentido STC Rol N°1535, c. 19°).

El reconocimiento a la tutela judicial efectiva debe tener en consideración dos
elementos, complementarios e interrelacionados: i) el derecho a la acción, de
configuración constitucional autoejecutiva; y, ii) el derecho a la apertura y posterior
sustanciación del proceso, cuyo ejercicio será regulado por la determinación legal de
las normas del procedimiento respectivo (STC Rol N°1535, c. 20°). En el mismo sentido
STC Rol N°2688, c. 5°. [L]a acción es un poder, una facultad jurídica y cívica existente
indistintamente y autónomamente del derecho material. La acción va dirigida al
órgano jurisdiccional, como representante del Estado, en busca de un
pronunciamiento motivado, fundamentado y razonado, indistintamente a que resulte
favorable o no para el accionante. Por otro lado, se encuentra la pretensión, en la cual
un sujeto se auto-atribuye un derecho a través de una manifestación de voluntad y le
solicita al Juez como autoridad pública e imparcial, su reconocimiento. Es decir, la
pretensión es la afirmación de un derecho y la reclamación de la tutela para el mismo
con la finalidad de lograr el respeto de la colectividad en general” (Montilla, J. (2008)
“La acción procesal y sus diferencias con la pretensión y demanda”, Cuestiones
Jurídicas, vol. II, n°2, p. 107 y 108).

14°. A este respecto es útil recordar la distinción básica entre derecho a la
acción y derecho a la pretensión. Así, la acción es un poder, una facultad jurídica
y cívica existente indistintamente y autónomamente del derecho material. La Acción
va dirigida al órgano jurisdiccional, como representante del Estado, en busca de un
pronunciamiento motivado, fundamentado y razonado, indistintamente a que resulte
favorable o no para el accionante. Por otro lado, se encuentra la pretensión, en la cual
un sujeto se auto-atribuye un derecho a través de una manifestación de voluntad y le
solicita al Juez como autoridad pública e imparcial, su reconocimiento. Es decir, la
pretensión es la afirmación de un derecho y la reclamación de la tutela para el mismo
con la finalidad de lograr el respeto de la colectividad en general” (Montilla, J. (2008)



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0000735
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO




“La acción procesal y sus diferencias con la pretensión y demanda”, Cuestiones
Jurídicas, vol. II, n°2, p. 107 y 108).

15° Conforme consta en autos, el requirente interpuso una demanda conjunta
de restitución de dinero e indemnización de perjuicios derivado de falta de servicio
y/o por responsabilidad civil extracontractual, la que dio origen a la causa Rol C-
17146-2023, tramitada ante el Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Santiago. El tribunal
da curso a la demanda mediante resolución de fecha 20 de octubre de 2023, dando
inicio al procedimiento respectivo. Asimismo, con fecha 22 de noviembre de 2023, el
receptor judicial notificó la demanda, conforme al artículo 44 del Código de
Procedimiento Civil. La casusa se encuentra en estado de haberse concedido recurso
de apelación subsidiario de la interlocutoria de prueba con fecha 18 de junio de 2025
y elevado a la I. Corte de Apelaciones con fecha 9 de julio de 2025. En el proceso, al
requirente se le ha permitido ejercer plenamente sus derechos procesales, sin que se
advierta impedimento arbitrario o ilegal alguno.

Distinto es el escenario sobre la pretensión que se desprende de la demanda
interpuesta, la cual busca que se condene al Estado de Chile la restitución y/o
devolución y/o entrega de la suma dineraria contenida en la libreta de ahorro,
actualizadas en su valor adquisitivo a la fecha, que alcanza a $2.557.309.041.
Asimismo, se solicita el pago de indemnización por daño moral de $100.000.000.

En mérito a lo expuesto, resulta evidente que la aplicación del precepto
cuestionado no ha producido el efecto de vulnerar el artículo 19 N°3 de la
Constitución, en su dimensión de igual protección de la ley en el ejercicio de los
derechos y de tutela judicial efectiva, que supone, precisamente, el derecho de activar
el proceso, intervenir activamente en él y deducir las pretensiones jurídicas que estima
pertinentes con el objetivo de producir una decisión judicial, cuestión que ha ocurrido
en los hechos. Evidencia de lo anterior es que, por ejemplo, la requirente efectuó
réplica de la contestación en fecha 10 de julio de 2024.



V. Alegaciones referidas al derecho de propiedad

16°. La requirente sostiene, a fojas 21, que “el Fisco ha reconocido que no
pretende devolver esos dineros y activos a sus legítimos dueños, realizando
derechamente una confiscación, o apropiación por parte de la autoridad estatal,
realizando un verdadero acto negativo de privación del dominio, en donde la ausencia
de aprobación de la cuenta por el Presidente , termina por despojar, quitar o sustraer
una determinada propiedad de su titular”.

Además, agrega, la aplicación de la frase denunciada en el artículo 5° de la Ley
N°18.900,”al dejar sujeto el traspaso de las deudas del SINAP a la aprobación de la
cuenta por parte del Presidente de la República, en la práctica, lo que configura es una
obligación meramente potestativa del Estado respecto a la devolución de los dineros
y activos, que son de propiedad de los particulares y que el Estado debe restituir. Así,



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SETECIENTOS TREINTA Y SEIS




si el Estado no aprueba la cuenta, mantiene en su poder estos bienes, alejados de sus
legítimos titulares.”

17°. En lo relativo a que la frase “a contar de la fecha de publicación del decreto
supremo aprobatorio de la cuenta” se trataría de una condición meramente
potestativa, se confunde la discusión al obviar que la condición a la que se refieren
tiene origen legal y no contractual. Y es la ley la que obliga el actuar de la
administración, en conjunto a una serie de otras normas referidas a las finanzas
públicas presentes en el propio texto constitucional, en particular los artículos 32 N°20
y 100 de la Constitución Política.

Dichas normas establecen:

Artículo 32: “Son atribuciones especiales del Presidente de la República: 20º.- Cuidar
de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley (…). Los
Ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo
dispuesto en este número serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro y
culpables del delito de malversación de caudales públicos”.

Artículo 100: “Las Tesorerías del Estado no podrán efectuar ningún pago sino en
virtud de un decreto o resolución expedido por autoridad competente, en que se exprese la ley
o la parte del presupuesto que autorice aquel gasto. Los pagos se efectuarán considerando,
además, el orden cronológico establecido en ella y previa refrendación presupuestaria del
documento que ordene el pago”.

De este modo, el artículo 5° de la Ley N°18.900 es una aplicación de las normas
antes transcritas. La responsabilidad fiscal es un principio que establece la
Constitución Política, y es de tal relevancia que es el propio Presidente de la República
quien debe velar por su cumplimiento. Además, la importancia de este principio, se
refleja en el establecimiento a nivel constitucional de órganos técnicos como son el
Banco Central y la Contraloría General de la República.

En este contexto, la rendición de cuentas es un requisito “sine qua non” para
que se apruebe la misma. Y siguiendo el artículo 95 de la Ley Orgánica Constitucional
de la Contraloría General de la República (Ley N°10.033) el objeto en la rendición de
cuentas es verificar “si se ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y
reglamentarias que rigen su ingreso y su aplicación o gasto”.

El Ministro de Hacienda debe velar porque la cuenta a rendir cumpla con
características de veracidad y fidelidad. En el caso concreto puede aplicarse un control
de razonabilidad de la decisión, conforme al cual la aprobación de la cuenta depende
de la posibilidad de que las obligaciones del Estado sean demostradas, cuantificadas
y acreditadas contablemente.

La norma permite que el Ministro de Hacienda actúe precisamente dentro de
la esfera de sus atribuciones, cumpliendo así con el mandato del artículo 6° de la
Constitución Política. En efecto y a modo de ejemplo, el Decreto Ley N°1.263, en su




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SETECIENTOS TREINTA Y SIETE




artículo 55 prevé: “Los ingresos y gastos de los servicios o entidades del Estado deberán contar
con el respaldo de la documentación original que justifiquen tales operaciones…”.

Por lo que esta disposición lejos de transgredir el orden constitucional asegura
el respeto al principio de legalidad del gasto público y refuerza el control del uso de
recursos fiscales, elementos esenciales de la arquitectura constitucional del Estado.

18°. El artículo 19 N°24 de la Constitución consagra el derecho de propiedad
sobre toda clase de bienes, sean corporales o incorporales, éstos últimos, en palabras
del artículo 565 del Código Civil, “consisten en meros derechos, como los créditos, y las
servidumbres activas". Tal como ha sostenido este Tribunal, “el texto de la Constitución
es claro y su sentido inequívoco: la Constitución asegura el derecho de propiedad
sobre bienes incorporales […]. Distinto es determinar las diferencias de la propiedad
que se ejerce sobre unos y otros bienes.” (STC 505-06, c. 15°).

Ahora bien, en relación con los dineros depositados en la cuenta de ahorro,
cabe señalar que nos encontramos ante “la secular institución del depósito irregular
que deja de ser un título de mera tenencia para convertirse en un título traslaticio de
dominio y una fuente de una obligación de restituir la misma cantidad de dinero
entregada. El depositario en estos casos, en consecuencia, no es mero tenedor, sino
dueño del dinero en depósito y a la vez deudor de la misma cantidad de dinero a la
fecha de término del contrato [...] Como es sabido, el depósito irregular del Código
Civil se ha expandido al negocio bancario y financiero, con lo que aparece el depósito
en cuenta corriente y otras formas de depósito dinerario: en cuentas de ahorro, a plazo,
a la vista, etc.” (Corral, H. (2019) “‘Buen siervo, mal amo’. El dinero en el Derecho
Civil chileno”, Estudios de Derecho Privado en homenaje al profesor Daniel Peñailillo
Arévalo, Thomson Reuters, p. 998).

En el mismo sentido, el artículo 1° de la Ley N°18.010, de 1981 que “Establece
Normas para las Operaciones de Crédito y Otras Obligaciones de Dinero”, define las
operaciones de crédito de dinero como "aquellas por las cuales una de las partes entrega o
se obliga a entregar una cantidad de dinero y la otra a pagarla en un momento distinto de aquel
en que se celebra la convención". Atendido lo anterior, “la verdadera naturaleza de la
operación consiste en ser un crédito [...] Definimos al “crédito” como la dación en
dominio de una cosa (corporal o incorporal, mueble o inmueble, fungible o infungible,
consumible o inconsumibles) que obliga a quien la recibe a restituirla después al que
se la dio” (Guzmán Brito, A. (2014) "El depósito irregular en el derecho chileno", en
Revista Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 23, p.125).

Por lo que, el requirente, en tanto depositante, no mantiene un derecho de
dominio sobre el dinero depositado, sino un derecho de crédito que le permite exigir
la restitución del saldo disponible. A su vez, el depositario no es mero tenedor, sino
dueño del dinero en depósito y, por tanto, cumple con su obligación de restitución
con cosas del mismo género y calidad, es decir, es deudor de una obligación de
restitución genérica. Por lo que la determinación precisa del monto a restituir en un




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SETECIENTOS TREINTA Y OCHO




depósito irregular es esencial para salvaguardar tanto los derechos del depositante
como el cumplimiento de las obligaciones del depositario.

19°. Como es sabido, la Ley N°19.800 establece una transferencia al Fisco de
obligaciones de la Caja y de la Asociación, deuda que, como se explicó anteriormente
era privada. El legislador al imputar la asunción de una responsabilidad financiera
del Estado puede establecer las condiciones bajo las cuales lo realice, de forma que la
aprobación de la cuenta por el Presidente de la República genera dos efectos legales,
por un lado, los bienes no enajenados en el proceso de liquidación se transfieran al
Fisco (Art. 4°, Ley N°18.900); por otro, el Fisco asume las obligaciones de la Caja y de
la Asociación (Art. 5, Ley N°18.900). Así, el artículo 5° en cuestión estable que la
obligación del Fisco es subsidiaria, pues opera sólo respecto de aquellas obligaciones
que no alcanzaren a quedar cubiertas por el producto neto de las liquidaciones que
entraron a las rentas generales de la Nación y, además, establece que se requiere
disponer de fondos para responder por esas obligaciones, para ello, se debe consultar
el presupuesto de la Nación, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 21, del
decreto ley N°1.263, de 1975. En el mismo sentido, disidencia STC Rol 2793-15, 10°.

En específico, la frase impugnada condiciona la responsabilidad subsidiaria
del Fisco a la publicación de un decreto, cuestión que no se ha verificado a pesar de
que la Caja Central ya no existe legalmente desde 1990. En ese sentido, “fue la ley la
que hizo desaparecer al sujeto obligado a restituir lo depositado, sustituyéndolo por
el Fisco, pero condicionando la existencia de la obligación de restituir del nuevo
obligado a una condición suspensiva meramente potestativa del deudor, que no se ha
cumplido. No es exacto, en consecuencia, argumentar que el depositante se vio
privado por ley de su dinero, como alega la requirente, pues de lo que se le privó fue
del sujeto deudor, a quien el legislador, por su decisión, hizo desaparecer, de un modo
complejo, pero definitivo (STC Rol 944, c. 12°).

Sobre este respecto, “esta Magistratura ha fallado que “mal podría infringirse
este derecho cuando la ley establece requisitos al efecto que no se han verificado (STC
Rol N°1266, considerandos 29° y 30°). Igualmente, ha afirmado que "no puede
sostenerse que una persona sea titular de propiedad sobre un derecho que se
encuentra pendiente por no haberse cumplido los requisitos legales para adquirirlo."
(STC Rol N°1260, considerando 19° del voto por rechazar) (STC Rol N°2683-14, c.22°).
Por lo que si bien es cierto que la Constitución reconoce una especie de propiedad
sobre bienes incorporales —como los créditos— dicha protección no puede prescindir
del marco normativo que determina su eficacia. Pretender exigir el cumplimiento de
una obligación sin que se haya verificado la condición legal de exigibilidad equivale
a desconocer los elementos constitutivos del derecho mismo que se pretende ejercer.

20°. Tampoco se configuraría en la especie una confiscación. Cabe señalar que
la confiscación "es el apoderamiento de 'todos' los bienes de una persona, que entonces
pasan a poder del Estado" (Marienhoff, M. (2008) Tratado de Derecho Administrativo,
Tomo IV, 4ta ed., Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 201). La doctrina ha



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SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE




reconocido los siguientes rasgos distintivos de la confiscación, a saber: es una sanción
penal impuesta como resultado de una sentencia judicial condenatoria dictada en un
proceso criminal, que comprende a todos los bienes de propiedad del afectado y no
otorga derecho a indemnización para el propietario que es privado de su dominio. Por
lo que es una limitación a la propiedad privada con carácter definitivo (Celis, G. (2018)
Los bienes de Administración del Estado, Thomson Reuters, p. 293).

Al tenor del artículo 19 N°7 letra g) de la Constitución, se prohíbe, por regla
general, la imposición de la pena de confiscación de bienes, a excepción del comiso en
los casos de asociaciones ilícitas y en los casos establecidos en la ley. Así, por ejemplo,
el artículo 294 del Código Penal dispone que, además de las penas correspondientes,
se impondrá el comiso de ganancias obtenidas por la organización delictiva o
criminal, en conformidad con los procedimientos establecidos en la ley. Así también,
el artículo 24 bis del mismo cuerpo normativo señala expresamente que “[t]oda
sentencia condenatoria en materia criminal lleva consigo el comiso de las ganancias
provenientes del delito. Por el comiso de ganancias se priva a una persona de activos
patrimoniales cuyo valor corresponda a la cuantía de las ganancias obtenidas a través
del delito, o bien para o por perpetrarlo. Lo obtenido en virtud de lo señalado
precedentemente será transferido al Fisco.”

Además, existe el decomiso administrativo que se aplica en el marco de
procedimientos administrativos sancionador o de control, con la posibilidad de
revisión judicial posterior, que buscan tutelar bienes jurídicos de relevancia pública.
A modo ejemplar, se puede señalar el artículo 95 del Código Sanitario, conforme al
cual las autoridades sanitarias se encuentran facultadas para decomisar de inmediato
los medicamentos adulterados, falsificados, alterados o contaminados, sin perjuicio
de las responsabilidades que establezcan otros cuerpos legales respecto de los hechos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 174 de dicho Código.

En palabras de esta Magistratura, “no hay tampoco, si se quiere, confiscación,
toda vez que esta importa un apoderamiento de los bienes de una persona –
generalmente cuando ellos constituyen una universalidad jurídica -, que ‘se traspasen
desde el dominio privado al Estado, sin ley que justifique la actuación ni proceso en
que se ventilen los derechos del afectado’” (STC Rol N°1564, c. 44).

21° Una revisión sistemática del ordenamiento jurídico demuestra que el
precepto legal impugnado no configura, en abstracto ni en concreto, un acto de
confiscación, toda vez que la figura legal no implica una sanción penal impuesta por
sentencia judicial en el marco de un proceso criminal. Además, la disposición
impugnada no tiene un carácter sancionador ni privativo definitivo del derecho de
propiedad, sino que regula un procedimiento administrativo y presupuestario
necesario para garantizar la responsabilidad fiscal del Estado en relación con las
obligaciones del SINAP.

En virtud de lo señalado esta disidencia no advierte la vulneración al derecho
de propiedad en los términos alegados por la parte requirente.



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SETECIENTOS CUARENTA




Redactó la sentencia la Ministra señora NANCY YÁÑEZ FUENZALIDA. La
disidencia fue escrita por la Ministra señora ALEJANDRA PRECHT RORRIS.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 16.653-25-INA




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SETECIENTOS CUARENTA Y UNO


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 14/05/2026



Miguel Angel Fernández González
Fecha: 13/05/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 13/05/2026 Fecha: 13/05/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Alejandra Precht Rorris
Fecha: 13/05/2026 Fecha: 14/05/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 14/05/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández González, señor Raúl
Eduardo Mera Muñoz, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo
Rojas, señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 14/05/2026




174E600B-999E-4F50-A200-7E315240AE6E
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