INA-Inadmisibilidad

Texto completo

Santiago, nueve de junio de dos mil diez.

Proveyendo a fojas 25, estése al mérito de autos. A
fojas 26, a lo principal, téngase presente; al primer
otrosí, téngase por acompañado el documento, y al segundo
otrosí, téngase presente. Y a fojas 29, téngase por
acompañado el documento y por cumplido lo ordenado. |

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1%*. Que, por resolución de 20 de abril de 2010 -
fojas. 17-, esta Sala acogió a tramitación el
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
que ha deducido el señor Marcelo Segura Uauy “respecto
del artículo 38, (en la parte a que alude a la tabla de
factor etáreo) de la Ley N? 18.933, vigente con
anterioridad a la Ley 20.015 (conocida también como Ley
de Isapres); 38 ter de la misma ley antes citada,
incorporado por el artículo 1? N”* 15* de la Ley 20.015;
el artículo 2” de la misma Ley 20.015 (..); y el artículo
199 del Decreto con Fuerza de Ley N* 1” del Ministerio de
Salud promulgado con fecha 23 de Septiembre de 2005 (...)”,
en la causa sobre reclamo interpuesto ante la
Superintendencia de Salud (Tribunal Arbitral), en contra
de la Isapre Banmédica S.A., que se encuentra actualmente
pendiente bajo el Rol de ingreso N* 843-2010.

En la misma oportunidad, se dispuso, entre otras
medidas, la suspensión del aludido proceso judicial y,
para pronunciarse sobre la admisibilidad del
requerimiento, se confirió traslado por cinco días a la
Isapre Banmédica S.A., en su condición de parte en la
misma yestión y se le requirió el envío de copia
autorizada del contrato de salud suscrito con el
requirente y de sus modificaciones, si las hubiere;

2%. Que la Isapre aludida no evacuó el traslado
conferido en tiempo y forma, sin perjuicio de lo cual

acompañó -—a fojas 29- copia autorizada del contrato de

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salud suscrito con el requirente -señor Segura Uauy-, el
cual se encuentra firmado en Santiago el día 5 de abril
del año 2001 y corresponde al plan denominado “Cordillera
34". De esta forma, la Isapre requerida dio cumplimiento
a lo ordenado por esta Magistratura en el punto
resolutivo 3” de la resolución de fojas 17, constando en
autos que el contrato acompañado en copia autorizada que
se acaba de individualizar, corresponde al mismo
documento que el requirente acompañó en copia simple al
primer otrosí de fojas 1,' sin que el actor ni la Isapre
hayan indicado que este contrato haya sido objeto de
modificaciones posteriores. Lo anterior se confirma
asimismo, toda vez que la carta de adecuación del precio
del plan remitida por la Isapre al Sr. Segura Uauy, de
fecha 19 de noviembre de 2009, y cuya copla simple
también fue acompañada por el actor al primer otrosí de
fojas 1, se refiere al mismo plan “Cordillera 34”;

3. Que el artículo 93, inciso primero, N”* 6*, de
la Constitución Política establece que es atribución de
este Tribunal Constitucional “resolver, por la mayoría de
sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un
precepto legal cuya aplicación en Cualquier gestión que
se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte
contraria a la Constitución.”.

El inciso decimoprimero del mismo precepto de la
Carta Fundamental señala que "en el caso del número 6”,
la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las
partes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá
a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin
ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre
que verifique la existencia de una gestión pendiente ante
el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del
precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la

resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada

000085:

Ocie/da y AGO

razonablemente y se cumplan los demás requisitos que
establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá
resolver la suspensión del procedimiento en que se ha
originado la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad.”;

4*. Que la normativa constitucional aludida
precedentemente se complementa con la que se contiene en
la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, que en su artículo 47 F establece:

“Procederá declarar la inadmisibilidad en los
siguientes casos:

1% Cuando el requerimiento no es formulado por una
persona u Órgano legitimado;

2% Cuando la cuestión se promueva respecto de un
precepto legal que haya sido declarado conforme a la
Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control
preventivo o conociendo de un requerimiento, y se invoque
el mismo vicio que fue materia de la sentencia
respectiva;

3 Cuando no exista gestión judicial pendiente en
tramitación, co se haya puesto término a ella por
sentencia ejecutoriada;

4% Cuando se promueva respecto de un precepto que no
tenga rango legal;

59 Cuando de los antecedentes de la gestión
pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que el
precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella
no resultará decisiva en la resolución del asunto, y

6% Cuando carezca de fundamento plausible.

Declarada la inadmisibilidad por resolución que
deberá ser fundada, ésta será notificada a quien haya
recurrido, al juez que conozca de la gestión judicial

pendiente y a las demás partes que intervengan en ella, y

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000087

Oceana y Sete -

el requerimiento se tendrá por no presentado, para todos
los efectos legales.

La resolución que declare la admisibilidad O
inadmisibilidad del requerimiento no será susceptible de
recurso alguno.”;

5%. Que, examinado el requerimiento, a efectos de
pronunciarse sobre su admisibilidad, y atendido el mérito
del proceso, esta Sala concluye que la acción ]
constitucional deducida no cumple con las exigencias
constitucionales y legales transcritas, toda vez que -
conforme “se indicará- no se configura el requisito Ñ
contenido en el inciso decimoprimero del artículo 93 de
la Constitución Política, en orden a que “la aplicación
del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en
la resolución de un asunto”, en relación con el del que
actualmente conoce el Tribunal Arbitral de la y
Superintendencia de Salud, gestión que se ha
individualizado en el considerando primero de esta
sentencia, ni tampoco se cumple con el requisito
contenido en la misma disposición constitucional,
consistente en que “la impugnación esté fundada
razonablemente”;

6%. Que lo expresado en el considerando precedente

se funda en los siguientes razonamientos: Respecto del

artículo 38 de la Ley N” 18.933, primera norma impugnada,
el requirente la cuestiona "en la parte a que alude a la
tabla de factor etáreo” y lo hace, además, respecto de su
texto "vigente con anterioridad a la Ley 20.015”, ley |
esta última que, precisamente, modificó la Ley N” 18.933,
sobre Instituciones de Salud Previsional y que fue
publicada en el Diario Oficial el 17 de mayo de 2005.

De este modo, el actor solicita la inaplicabilidad
de un precepto que actualmente carece de rango legal,

|
pues no se encuentra vigente -ni lo estaba a la época en |
t

que interpuso su reclamo ante la Superintendencia de
Salud (15 de enero de 2010) ni al momento en que requirió
de inaplicabilidad (30 de marzo de 2010)-, requisito que
esta Magistratura en reiteradas oportunidades ha estimado
como indispensable para que prospere una acción de
inaplicabilidad, sosteniendo que es improcedente esta
acción respecto de preceptos legales que han sido
derogados Oo modificados (entre otros, roles N*%s 1.386-
2009, 1136-2008), siendo lo anterior suficiente para
estimar inadmisible la acción deducida en esta parte;

7%. Que, en segundo lugar, el requirente impugna el
artículo 38 ter de la Ley N” 18.933, disposición que fue
incorporada a la referida legislación por el artículo 1”,
N* 15, de la Ley N” 20.015, y que, en su texto refundido,
coordinado y sistematizado, aprobado por el Decreto con
Fuerza de Ley N”* 1, de 2005, del Ministerio de Salud,
corresponde al artículo 199.

En relación a esta norma impugnada, debe tenerse en
consideración que, por disposición expresa del inciso
primero del artículo 2” de la Ley N”* 20.015, ella entró
en vigencia en el mes de julio del año 2005 -fecha que
coincide con la entrada en vigencia del Reglamento a que
alude el mismo artículo- y que, como se señaló en el
considerando segundo de esta sentencia, consta en autos
que el requirente -señor Segura Uauy- y la Isapre
Banmédica S.A. suscribieron el contrato de salud que los
liga con fecha 5 de abril del año 2001.

En consecuencia, resulta evidente que el precepto
legal impugnado no tendrá incidencia en la resolución del
asunto sub lite pendiente ante el Tribunal Arbitral de la
Superintendencia de Salud, toda vez que no es legislación
aplicable al contrato de salud que vincula actualmente al

actor y a la Isapre requerida.

A mayor abundamiento, y en relación con lo dispuesto
en el inciso final del mismo artículo 2% de la Ley N”
20.015, de los antecedentes que obran en autos se colige
que el señor Segura Uauy -en su condición de afiliado- no
ha aceptado un plan alternativo ofrecido por la Isapre ni
ha contratado un nuevo plan de salud, con posterioridad
al año 2001, esto es, después de la fecha de entrada en
vigor del artículo 38 ter de la Ley N” 18.933 (artículo
199 del Decreto con Fuerza de Ley N”* 1, de 2005, del
Ministerio de Salud), por lo que sólo cabe concluir que
éste es un precepto que no podrá aplicarse en la decisión
que habrá de adoptar el Tribunal que conoce de la gestión
en que incide el presente requerimiento;

8”. Que, por último, el actor cuestiona la
constitucionalidad del artículo 2” de la Ley N” 20.015,
precepto legal que regula la entrada en vigencia de esta
ley y su forma de aplicación a los contratos de salud
previsional que se celebren con posterioridad a ello, sin
perjuicio de que en su inciso final, hace también
aplicable sus disposiciones en el evento de que el
afiliado -con posterioridad a su entrada en vigencia-
optare por aceptar un plan alternativo o contratare un
nuevo plan, cuestión que, como se ha indicado en esta
sentencia, no aconteció respecto del señor Segura Uauy.

En relación a esta norma, además, el actor no ha
indicado cómo su aplicación concreta a la gestión
pendiente que se sigue ante el Tribunal Arbitral de la
Superintendencia de Salud, podría generar un efecto
contrario a la Constitución, de forma tal que en esta
parte la acción deducida carece de fundamento plausible;

9%. Que, habiéndose verificado que la acción
interpuesta no satisface los requisitos referidos, este

Tribunal deberá declararla inadmisible.

avena

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos
93, inciso primero, N* 6”, e inciso decimoprimero, de la
Constitución Política de la República, y en el artículo
47 F, inciso primero, números 4%, 5% y 6%, y demás
pertinentes de la Ley N”* 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

QUE SE DECLARA INADMISIBLE el requerimiento
interpuesto en lo principal de fojas uno. Téngase por no
presentado para todos los efectos legales.

Déjese sin efecto la suspensión del procedimiento
decretada a fojas 17.

Notifíquese por carta certificada al requirente y a
la Isapre Banmédica S.A.

Comuníquese por oficio al Tribunal Arbitral de la
Superintendencia de Salud, que conoce de la gestión
judicial pendiente.

Archívese.

ROL 1668-10-INA.

Segunda Sala del Excmo. Tribunal
íntegrada por su Presidente, Ministro
señor José Luió Cea Egaña, y por los Ministros señor Raúl
Bertelsen Repetto, señora Marisol "Peña Torres y señores
Carlos Carmona Santander y José Antonio Viera-Gallo
Quesney. /

Autoriza la Secretaria del Tribunal, señora Marta de la
Fuente Olguín.

600090

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