TC Rol 16701

Texto completo

0000272
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS




2026

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.701-25 INA

[20 de enero de 2026]
____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 22, INCISO
CUARTO, DE LA LEY N° 17.322, QUE ESTABLECE NORMAS PARA
LA COBRANZA JUDICIAL DE COTIZACIONES, APORTES Y MULTAS
DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL; Y ARTÍCULO 19,
INCISO DECIMOTERCERO DEL D.L N° 3.500, EN LA ORACIÓN “EL
INTERÉS QUE SE DETERMINE EN CONFORMIDAD A LO
DISPUESTO EN LOS INCISOS ANTERIORES SE CAPITALIZARÁ
MENSUALMENTE”


INMOBILIARIA SANTA MARTINA S.A.


EN EL PROCESO SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE COBRANZA LABORAL
Y PREVISIONAL DE SANTIAGO RIT P-32596-2023, RUC 23-3-0196208-8


VISTOS:
Que, con fecha 24 de julio de 2025 Inmobiliaria Santa Martina S.A.
acciona de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 22,
inciso cuarto, de la Ley N° 17.322, que establece normas para la cobranza
judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad
social. Luego, con fecha 25 de julio de dicho año, amplía su requerimiento
respecto de la oración: "El interés que se determine en conformidad a lo dispuesto
en los incisos anteriores se capitalizará mensualmente", contenida en el artículo
19, inciso decimotercero del D.L N° 3.500, de 1980, que establece nuevo sistema
de pensiones, para que ello incida en el proceso RIT P-32596-2023, RUC 23-3-




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0196208-8, seguido ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de
Santiago.



Precepto legal cuya aplicación se impugna

El texto de los preceptos impugnados dispone en sus partes destacadas:



“Ley 17.322

Artículo 22.- […]

Por cada día de atraso la deuda reajustada devengará un interés
penal equivalente a la tasa de interés corriente para operaciones
reajustables en moneda nacional a que se refiere el artículo 6° de la Ley N°
18.010, aumentado en un cincuenta por ciento.

[…]”

“D.L. 3.500

Artículo 19.-

[…]

En todo caso, para determinar el interés penal, se aplicará la tasa
vigente al día primero del mes inmediatamente anterior a aquél en que se
devengue. El interés que se determine en conformidad a lo dispuesto en los
incisos anteriores se capitalizará mensualmente.

[…].”



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional
sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

Como antecedentes de la gestión pendiente la requirente explica que
ante el Juzgado de Cobranza laboral y Previsional de Santiago con fecha 27 de
julio de 2023, la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., interpuso
demanda ejecutiva de cobro de cotizaciones previsionales adeudadas en su
contra, despachándose el respectivo mandamiento de ejecución y embargo, por
la suma de $5.567.271, siendo ampliada la demanda a la cuantía de $10.444.401,
por resolución dictada el 13 de febrero del año 2024.

Refiere que en virtud de la liquidación de fecha 01 de julio del año 2025,
la deuda alcanzó la suma $30.331.851 pesos.

Al fundamentar el conflicto constitucional, la requirente junto con
explicar el concepto de anatocismo desde el punto de vista doctrinal y cómo ha
sido entendido por esta Magistratura, alega que la aplicación de dichos



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DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO




preceptos contraviene el principio de proporcionalidad, señalando al efecto que
el Tribunal Constitucional ha establecido en su jurisprudencia que si bien dicho
principio no se encuentra expresamente consagrado en la Constitución Política,
está implícito en diversas disposiciones constitucionales, tales como el artículo
1° y el artículo 19 N° 2 y 3.

En cuanto al principio de proporcionalidad y, especialmente, el de
proporcionalidad de las penas que se desprende del derecho a un
procedimiento y a una investigación racionales y justos, establecido en el
artículo 19 N° 3, inciso sexto, de la Carta Fundamental, señala que éste debe
basarse en penas proporcionales con una adecuada correspondencia o
adecuación que debe existir entre la gravedad del hecho juzgado con la reacción
penal de los órganos del Estado.

En relación con el subprincipio de utilidad o de adecuación, advierte que
esta Magistratura ha manifestado que la medida consagrada en el artículo 19,
inciso decimotercero, del Decreto Ley N°3.500, tiene una finalidad disuasiva, la
cual consiste en que el empleador pague las cotizaciones previsionales de su
trabajador.

Sin embargo, en los empleadores, dicho fin no se cumple, ni antes ni
después del retardo en el pago de las cotizaciones previsionales, puesto que, la
cuantía absolutamente desproporcionada de estas deudas hace improbable su
pago por parte del empleador, existiendo únicamente abonos, sin que la deuda
se pague total y efectivamente, extendiéndose los procesos judiciales durante
años.

Respecto del subprincipio de necesariedad, refiere que este elemento
dice relación con que la medida ha de ser necesaria, o la más moderada, entre
todos los medios útiles. Es decir, imprescindible para proteger el derecho a la
seguridad social, consagrado en el artículo 19 N° 18, de la Constitución Política
de la República.

Así, y a la luz, del examen de proporcionalidad, afirma la requirente que
las sanciones establecidas en el artículo 19 inciso decimotercero del Decreto Ley
N°3.500, no logran sortear dicho análisis.

Tramitación y observaciones al requerimiento

Por resolución de fecha 08 de agosto de 2025 a fojas 42 la Segunda Sala de
esta Magistratura admitió a trámite el libelo de inaplicabilidad, ordenando
además la suspensión del procedimiento; y por resolución de la misma Sala, fue
declarado admisible, con fecha 28 de agosto de dicho año a fojas 244.

Previo al examen de admisibilidad, la Administradora de Fondos de
Pensiones Modelo S.A. solicita el rechazo del requerimiento atendido a que los




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preceptos legales impugnados no contravienen las normas constitucionales
señaladas por la requirente.

Asimismo, advierte que de acogerse el libelo se producirían efectos
perjudiciales aún mayores, pues el afiliado estaría perdiendo por un lado la
rentabilidad que le habría significado que su empleador le enterara sus
cotizaciones oportunamente en su cuenta de capitalización individual, y por el
otro, no existiría compensación de ninguna clase de dicha pérdida de utilidad,
en consecuencia, su pensión final se vería reducida injustamente y no reflejaría
sus años de trabajo y de cotizaciones efectivas.

Al mismo tiempo, sostiene que los intereses penales y recargos legales
que se reclaman como inconstitucionales son determinados y fijados por la
Superintendencia de Pensiones. Y, conforme el artículo 19, N° 18, de la
Constitución, el Estado tiene la obligación de proteger la seguridad social del
trabajador y es en cumplimiento de dicha obligación que el legislador estableció
las normas sobre aplicación de intereses para salvaguardar los perjuicios que
ocasionen la morosidad de los empleadores en el pago de las cotizaciones.

Por lo tanto, la existencia de intereses penales se ajusta perfectamente a
las consideraciones de justicia y equidad, especialmente si se considera que se
está frente a un empleador que se encuentra en mora de cumplir con una
obligación respecto de su propio trabajador, a quien le hizo el descuento de sus
remuneraciones por las cotizaciones adeudadas, pero que no las enteró
oportunamente, perjudicando de forma grave a su trabajador y al mismo
tiempo, a la sociedad en su conjunto. Todo lo anterior, se enmarca claramente
dentro de una política legislativa de incentivos y de compensaciones por el
incumplimiento de obligaciones de seguridad social.



Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales
interesados y a las demás partes en la gestión invocada, no se formularon
observaciones.

A fojas 255, en decreto de fecha 30 de septiembre de 2025 se dispuso
traer los autos en relación.



Vista de la causa y acuerdo

En audiencia de Pleno del día 07 de enero de 2026 se verificó la vista de la
causa, oyéndose la relación pública y el alegato de la abogada Gladys López
Vásquez, por la parte requerida, adoptándose acuerdo con igual fecha, según
certificación de la señora relatora.




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Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que don David Igal Karol Engel, por Inmobiliaria Santa
Martina S.A., presenta requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del artículo 22 inciso 4° de la Ley 17.322, que
luego amplía respecto del artículo 19 inciso 13° del DL 3.500. En cuanto al
primer precepto, el escrito razona atacando la figura del anatocismo, por
estimar que contraría la igualdad ante la ley, la igual protección en el ejercicio
de los derechos y el debido proceso por infringirse el principio de
proporcionalidad, derechos garantizados respectivamente en los numerales 2,
3 inciso primero y 3 inciso sexto, del artículo 19 de la Constitución Política de la
República.

SEGUNDO: Que respecto del segundo precepto impugnado no se hace
análisis alguno, de modo que, dado su tenor relativo al anatocismo, debiera
entenderse que se remite a las consideraciones efectuadas en el libelo original.

TERCERO: Que el requerimiento presenta un doble problema formal
que impide analizar el fondo del reclamo relativo a la institución del
anatocismo y obliga a desecharlo sin más. El primero de estos problemas atañe
a la impugnación del artículo 22 inciso 4° de la Ley 17.322 y el segundo al
reclamo completo, respecto de los dos preceptos. Si bien, entonces, este segundo
defecto bastaría para rechazar por completo el libelo, es importante detenerse
en el primer punto defectuoso porque su relevancia es también capital y el
error cometido por el actor no puede aparecer como inadvertido para el
Tribunal.

CUARTO: Que este primer problema se refiere a que el artículo 22 inciso
4° de la Ley 17.322 no se refiere al anatocismo. El propio actor transcribe su
texto, relativo al interés penal. No existe, entonces, ningún desarrollo de
argumentación relativa a ese interés penal para contraponerlo a las
disposiciones constitucionales que se citan. Los problemas de
constitucionalidad que el libelo quiere levantar se refieren a un tema distinto al
contenido de la norma atacada. Esa discordancia entre el contenido real de la
norma legal que se pide inaplicar y los razonamientos del actor para
fundamentar su pretensión, referidos a un mandato distinto, que no pertenece
a ese precepto, constituye una valla insalvable que este Tribunal no puede
obviar, ya que, en definitiva, despoja de todo fundamento a esta parte de la
acción. Nada puede analizarse si la petición se basa en la posible contravención
constitucional que produciría un mandato que la norma atacada no contiene.

QUINTO: Que, ahora, respecto de todo el libelo, y por ende también del
reclamo de inaplicabilidad relativo al artículo 19 inciso decimotercero del
Decreto Ley 3.500, que sí establece la regla de anatocismo, surge ese segundo
problema formal, pero fundamental, que antes anunciamos, y consiste en que




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DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE




en el requerimiento no se describe una gestión pendiente en que la norma
atacada pueda tener influencia, y en la realidad de la causa no existe tal gestión,
como se dirá.

SEXTO: Que, en efecto, para que pueda tener relevancia la sentencia que
eventualmente acogiera la exclusión del artículo 19 inciso 13° referido, sería
menester que estuviera pendiente una liquidación de crédito, una objeción de
la misma o un recurso procesal que atacara la resolución que hubiere resuelto
esa objeción. Pero, en la especie el actor todo lo que nos dice es que la deuda se
reliquidó el 1 de julio de 2025. El requerimiento fue presentado el 24 del mismo
mes y año, por lo tanto, necesariamente debería haberse señalado cuál fue el
derrotero, si es que hubo actuaciones posteriores, respecto de esa liquidación.

SÉPTIMO: Que eso no solo no se dice, sino que se acompaña un
certificado del Juzgado de Cobranza de fecha 21 de julio de 2025 en el que se
señala que el 1 de julio de ese año se tuvo por presentada la reliquidación. Es
decir, no hubo objeción, puesto que, de haberla habido, eso tendría que haberse
consignado en la certificación, dejándose constancia del estado de la incidencia.

OCTAVO: Que la abogada de la requerida, única compareciente a
estrados, hizo presente, justamente, esa circunstancia de estar firme la
resolución que tuvo por presentada la reliquidación, sin que siquiera conste
que existan liquidaciones posteriores pendientes, más allá de si eso pudiera, o
no, haber tenido relevancia respecto de un requerimiento anterior a ellas. En
suma, la liquidación del crédito que aplicó el anatocismo impugnado está firme.
El requerimiento no puede incidir en ella de modo alguno. El anatocismo ya fue
aplicado y el litigante, al no objetar, se conformó con ello, de modo que es
contradictorio que a posteriori reclame una inaplicabilidad que ya no puede
modificar lo que su misma conformidad dejó como inamovible.

NOVENO: Que se podrá decir que pueden practicarse nuevas y futuras
liquidaciones, que apliquen el anatocismo respecto de sumas devengadas
posteriores al 1 de julio de 2025, pero eso no pasa de ser una hipótesis que no se
puede anticipar. Y todavía, una hipótesis que pasa por alto que en la liquidación
actualmente firme el anatocismo fue aceptado, porque no se objetó, de modo
que hasta cabría preguntarse si el mecanismo en sí no quedó ya asentado en la
gestión judicial de cobro, más allá de las liquidaciones puntuales que se vayan
generando por el no pago. En cualquier caso, la gestión pendiente en que la
norma impugnada incide no es toda la ejecución, con sus avatares futuros
hipotéticos, sino la que se refiere a actuaciones concretas y actuales en que el
anatocismo se está aplicando, y esa actuación concreta es la liquidación del
crédito, aquí concluida. Nada impedía al actor esperar que se produjeran -si se
producían- nuevas liquidaciones, para, en tanto estuvieran pendientes,
formular sus objeciones o los recursos procesales intentados a sus respectos, y




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entonces accionar de inaplicabilidad, pero no esperó y ahora la única
liquidación real está concluida. Luego, ninguna de las normas atacadas (pero
en especial la que sobrevive al primer problema, esto es, el artículo 19 inciso 13°
del Decreto Ley 3.500) puede ser decisiva a su respecto. En consecuencia, no
pueden generarse los problemas constitucionales, reales o supuestos, que la
requirente denuncia, y esto basta para rechazar también esta parte de su
acción.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos
primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y
pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
DEDUCIDO A FOJAS 1, EN TODAS SUS PARTES.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN
AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE, POR
ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR



DISIDENCIA
Acordada la desestimación de la inaplicabilidad por
inconstitucionalidad del artículo 19, inciso decimotercero del DL 3500 con
el voto en contra del Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZALEZ, y de
la Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS, quienes estuvieron por acoger el
requerimiento respecto de dicha norma, por las siguientes razones:

1° Que, se ha requerido la inaplicabilidad del artículo 19 inciso
decimotercero del Decreto Ley N° 3.500, en virtud del cual el interés penal que
se aplica por el no pago oportuno de las cotizaciones previsionales se
capitalizará mensualmente;


1. Anatocismo
2°. Que, el precepto impugnado aplica el anatocismo en la gestión
pendiente, el cual “(…) es un cultismo que ha llegado hasta nuestros días y cuyo
contenido fácilmente se intuye aunque posteriormente resulte más difícil
precisarlo. Esta expresión, curiosamente, está ausente de todas nuestras fuentes
jurídicas y, lo más sorprendente aun, también de nuestros históricos




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antecedentes jurídicos. (…) sin embargo, sí consta en las fuentes literarias,
concretamente en unas epistulae de Cicerón a Ático (…).
(…) El anatocismo ha sido por mucho tiempo una institución «maldita»
en el sentido de ser necesaria su persecución hasta intentar conseguir su
desaparición” (Alfonso Murillo Villar: “Anatocismo: Historia de una
Prohibición”, Anuario de Historia del Derecho Español, N° 69, 1999, pp. 497 y
511);
3°. Que, “este disfavor hacia el anatocismo se mantuvo hasta el siglo XIX
y, a la prohibición canónica del cobro de intereses, hay que añadir el principio
ideológico francés tendente a propiciar la tutela del deudor: el favor debitoris
(disfavor creditoris)” (María Medina Alcoz: “Anatocismo, Derecho Español y
Draft Common Frame of Reference”, Indret, Revista para el Análisis del
Derecho, N° 4, 2011, p. 5) hasta la dictación del Código Napoleónico en 1804 “(…)
que permitió la capitalización de intereses, aunque con algunas restricciones”
(Fernando Vidal Ramírez: “La Capitalización de Intereses”, Revista de la
Facultad de Derecho, N° 26, Pontificia Universidad Católica de Perú, 1968, p. 83);
4°. Que, en Chile, el Código Civil contenía, originalmente, dos
disposiciones relativas al anatocismo. El artículo 1.559 regla 3ª -referido a la
indemnización de perjuicios por la mora en el pago de una cantidad de dinero-
que dispone “los intereses atrasados no producen intereses” y el artículo 2.210
que, a propósito del contrato de mutuo, prohibía estipular intereses de
intereses, mientras que el Código de Comercio lo regulaba con limitaciones, en
sus artículos 617 y 804, a propósito de la cuenta corriente mercantil y el mutuo
mercantil;
5°. Que, por su parte, el Decreto Ley N° 455, de 1974, que fijó normas
respecto de las operaciones de crédito en dinero, mantuvo la prohibición de
pactar intereses sobre intereses. No obstante, los intereses de un capital
proveniente de una operación regida por dicho Decreto Ley podían producir
nuevos intereses, mediante demanda judicial o un convenio especial, con tal
que la demanda o convenio versara sobre intereses debidos al menos por un
año completo;
6°. Que, en fin, la Ley N° 18.010, de 1981, en el ámbito convencional o
contractual, derogó el artículo 2.210 del Código Civil y el Decreto Ley N° 455,
eliminando la prohibición del anatocismo, y dispuso, en su artículo 9° inciso
primero, que puede estipularse el pago de intereses sobre intereses,
capitalizándolos, pero, en ningún caso, la capitalización puede hacerse por
períodos inferiores a treinta días;


2. Principio de proporcionalidad
7°. Que, el precepto legal que estuvimos por inaplicar dispone, en
consecuencia, una regla mayormente agravada para el cálculo de las
cotizaciones adeudadas, en virtud de la cual el interés penal que corresponde
aplicar a esa deuda se capitalizará mensualmente.




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Esta norma fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico por la Ley
N° 19.260, en 1993, con la evidente finalidad de incentivar el pago de las
cotizaciones previsionales. De esta manera, el objetivo perseguido por el
precepto legal es lícito y se encuentra amparado constitucionalmente, conforme
a lo dispuesto, como se ha dicho, en el artículo 19 numerales 18° y 24° de la Carta
Fundamental;
8°. Que, sin embargo, “(…) es sabido que esta Magistratura Constitucional
ha otorgado amplio reconocimiento al así llamado principio de
proporcionalidad (aspecto positivo) o de interdicción de la arbitrariedad
(aspecto negativo), el cual si bien no está enunciado gramaticalmente de
manera explícita en general, sí tiene en cambio nítidos fundamentos textuales
específicos en la Constitución, que permiten elucidarlo y enunciarlo por vía
secundaria, con validez general, como aquel en virtud del cual,
sustantivamente, las diferencias de trato en el contenido de la ley deben estar
basadas en criterios objetivos, reproducibles y explícitos, conforme con los
valores y principios superiores que la Constitución consagra, y en función de los
fines legítimos que la misma Constitución define, de manera que los efectos que
existan sobre los derechos de las personas, no se basen en motivaciones
arbitrarias, inefables o disvaliosas, ni excedan la medida equitativa razonable
de intervención estatal en balance con su fin. En ese sentido, cabe aludir al
artículo 19, N° 2°, N° 16°, N° 22°, N° 26°, de la Ley Fundamental, inter alia, según
se ha invocado por este Tribunal Constitucional en los roles N°s 280, 1153, 312,
467, 28, 53, 219, 811, 1217 y 1254. Ello, aparte de los roles 2196 y 2365,
pertinentemente invocados en el requerimiento” (c. 18°, Rol N° 2.648);
9°. Que, sobre esa base, “(…) la doctrina especializada ha comprendido
por proporcionalidad en sentido amplio, también conocida como prohibición
de exceso, “el principio constitucional en virtud del cual la intervención pública
ha de ser susceptible de alcanzar la finalidad perseguida, necesaria o
imprescindible, al no haber otra medida menos restrictiva de la esfera de
libertad de los ciudadanos (es decir, por ser el medio más suave y moderado de
entre los posibles -ley del mínimo intervencionismo-) y proporcional en sentido
estricto, es decir ponderada o equilibrada por derivarse de aquella más
beneficiosa o ventajosa para el interés general que perjudicial sobre otros
valores o bienes en conflicto, en particular sobre los derechos y libertades”
(Javier Barnes, “Introducción al principio de proporcionalidad en el Derecho
comparado y comunitario”, en Revista de Administración Pública, N° 135, 1994,
p.500)” (c. 6°, Rol N° 9.299)”;


3. Aplicación al caso concreto
10° Que, conforme a lo señalado en los considerandos precedentes y
confrontando el precepto legal impugnado, sobre capitalización mensual de
intereses, con el principio constitucional de proporcionalidad, en el marco de la
gestión pendiente, estuvimos por acoger la acción de inaplicabilidad intentada
en estos autos respecto del artículo 19 inciso decimotercero en la parte que
aplica el anatocismo a la deuda pendiente de cobro en dicha gestión;




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11°. Que, en primer lugar, ya se ha dicho que no hay duda acerca de la
legitimidad del fin perseguido por el legislador al establecer la completa y
exigente regulación que ha dispuesto el ordenamiento jurídico para incentivar
el pago oportuno de las cotizaciones previsionales. Es más, esa finalidad
encuentra sólido sustento en la Constitución, especialmente, en los numerales
18° y 24° del artículo 19, tal y como, sostenidamente, lo ha resuelto esta
Magistratura. Todo esto, en el plano abstracto de la evaluación del precepto
legal cuestionado;
12°. Que, sin embargo y en segundo lugar, llevado el análisis al caso
concreto, la aplicación del anatocismo aparece desproporcionada, pues
aumenta incrementalmente la deuda, más allá de lo necesario para el pago total
de lo debido, con sus reajustes e intereses ya agravados y debiendo incluso tener
en consideración también el promedio nominal de los Fondos de Pensiones;
13°. Que, así las cosas, la aplicación de una medida como la capitalización
de intereses -ex post y como efecto automático e ineludible para el Juez del
Fondo por disponerlo el precepto legal cuestionado- se vuelve
desproporcionada, dado que, como las cotizaciones no se enteraron
oportunamente, lo que procede es su pago debidamente reajustado, con
intereses agravados y teniendo en cuenta la rentabilidad nominal de los Fondos
de Pensiones, con lo que se resarcirá íntegramente al trabajador, por lo que los
montos derivados de la aplicación del anatocismo constituyen un exceso;
14°. Que, por último, estimamos que no obsta al pronunciamiento
estimatorio que no se haya impugnado la capitalización mensual de intereses
prevista en el artículo 22 de la Ley N° 17.322. Desde luego, porque ello no hace
desaparecer el resultado inconstitucional de aplicar, en la gestión pendiente, el
precepto legal impugnado en estos autos. Asimismo, porque la determinación
acerca de la preceptiva legal aplicable o no en dicha gestión corresponde al Juez
del Fondo. Y, finalmente, desde que, pronunciándose la inaplicabilidad de un
determinado precepto legal, si otros, idénticos o análogos a él, inciden también
en la gestión subyacente, será, precisamente, el Juez del Fondo quien, conforme
a lo dispuesto en el artículo 6° incisos primero y segundo de la Constitución,
deberá dotar de pleno sentido y eficacia al pronunciamiento de
inconstitucionalidad;
15°. Que, en definitiva, capitalizar mensualmente los intereses impone
un gravamen desmesurado sobre el patrimonio de la requirente, sin perjuicio
que el trabajador verá ingresados íntegramente a su cuenta de capitalización
individual los montos adeudados, debidamente reajustados y con los intereses
agravados correspondientes, incluso teniendo como rasero la rentabilidad
promedio de los Fondos de Pensiones, de modo que lo añadido por el
anatocismo es desproporcionado, por lo que estuvimos por inaplicar el precepto
legal que sanciona a la requirente con la capitalización mensual de intereses.



Redactó la sentencia el Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ y la disidencia,
el Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.




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Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 16.701-25 INA.




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Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida María Pía Silva Gallinato
Fecha: 20/01/2026 Fecha: 20/01/2026



Miguel Angel Fernández González Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 20/01/2026 Fecha: 20/01/2026



Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 20/01/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 20/01/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana
Lagos Tschorne, señora Marcela Inés Peredo Rojas, señora Alejandra Precht
Rorris y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 20/01/2026




A2684702-C80D-4D75-9DFB-0ECC9C3AE624
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