TC Rol 16705

Texto completo

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DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE




2026

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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Sentencia

Rol 16.705-2025

[12 de marzo de 2026]
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REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 429,
INCISO PRIMERO, PARTE FINAL, DEL CÓDIGO DEL TRABAJO; Y 4°
BIS, INCISO SEGUNDO, DE LA LEY N° 17.322, QUE ESTABLECE
NORMAS PARA LA COBRANZA JUDICIAL DE COTIZACIONES,
APORTES Y MULTAS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL



CONJUNTO RESIDENCIAL LAS TERRAZAS DE CERRILLOS
EN EL PROCESO RIT A-12405-2007; RUC 0730084523-6, SEGUIDA ANTE
EL JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO

VISTOS:

Que, con fecha 17 de julio de 2025, Conjunto Residencial Las Terrazas de
Cerrillos ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto de los artículos 429, inciso primero, parte final,
del Código del Trabajo; y 4° BIS, inciso segundo, de la Ley N° 17.322, que
establece normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de
las instituciones de seguridad social, en el proceso RIT A-12405-2007; RUC
0730084523-6, seguida ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de
Santiago.




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Preceptos legales cuya aplicación se impugna

El texto de los preceptos legales impugnados, en su parte destacada,
dispone:



Código del Trabajo

“Art. 429. El tribunal, una vez reclamada su intervención en forma legal,
actuará de oficio. Decretará las pruebas que estime necesarias, aun cuando no las
hayan ofrecido las partes y rechazará mediante resolución fundada aquellas que
considere inconducentes. De esta resolución se podrá deducir recurso de
reposición en la misma audiencia. Adoptará, asimismo, las medidas tendientes a
evitar la paralización del proceso y su prolongación indebida y, en
consecuencia, no será aplicable el abandono del procedimiento.

[…]”.

Ley N° 17.322

“ARTICULO 4° BIS.- Una vez deducida la acción, el tribunal procederá de
oficio en todas las etapas del proceso, a fin de permitir la continuidad de las
distintas actuaciones procesales, sin necesidad del impulso de las partes.

Acogida la acción, e incoada en el tribunal, no podrá alegarse por
ninguna de las partes el abandono del procedimiento.

[…]”.



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional
sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

La actora señala que ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional
de Santiago se sigue cauda de cumplimiento laboral en la que tiene la calidad de
ejecutada.

Indica que en dicho procedimiento se persigue el cobro de la suma de
$199.869, al mes de octubre de 2007, más reajustes, intereses, recargos y costas.

Expone que se ha realizado una liquidación el 15 de enero de 2010 por
$459.447, y que luego de casi 12 años de inactividad desde la última liquidación
promovió un incidente de abandono del procedimiento, el que invoca como
gestión pendiente de resolver.

Como conflicto constitucional, la actora plantea que las normas
cuestionadas vulneran las garantías contenidas en el artículo 19, numerales 2, 3,

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24 y 26, toda vez que la exclusión del abandono del procedimiento generaría
indefensión para su parte y un abuso excesivo del derecho por la parte
contraria.

Así, sostiene que se infracciona la garantía de igualdad ante la ley, pues la
exclusión del abandono del procedimiento establece una diferencia arbitraria
en perjuicio del ejecutado, en comparación con otros litigantes, al no sancionar
la negligencia y desidia de la parte ejecutante.

Además, indica que la norma, en la práctica, no cumple con el fin
propuesto por el legislador, esto es, evitar la paralización o prolongación
indebida del proceso, sino que estimula el aprovechamiento para obtener
beneficios pecuniarios por el solo transcurso del tiempo sin realizar gestión
alguna, faltando a la racionalidad y proporcionalidad.

Seguidamente, argumenta que se vulnera la igual protección de la ley y el
debido proceso, ya que al no poder alegar el abandono del procedimiento se
quebranta el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y sin
dilaciones.

Afirma que las normas permiten que los procedimientos se dilaten
indefinidamente, negando al requirente la herramienta procesal para
impedirlo, lo que es contrario a los principios elementales de justicia y
razonabilidad.

Luego, la actora sostiene que las disposiciones en examen producen una
vulneración al derecho de propiedad, pues imponen una regla injustificada que
obliga al patrimonio del requirente a soportar una sanción pecuniaria que se
acrecienta con el tiempo sin límite alguno (intereses, reajustes, recargos) debido
a la inactividad del ejecutante.

Ello supone una afectación patrimonial que afecta su derecho de
propiedad en su esencia, al restringir su modo de usar, gozar y disponer de ella.

Finalmente, se alega que la aplicación de las normas legales impugnadas
afecta la seguridad jurídica de la requirente, al permitir el enriquecimiento
injusto de la ejecutante debido a un actuar absolutamente negligente y abusivo
del derecho, con lo que además se vulnera el contenido esencial de los derechos
fundamentales invocados previamente.



Tramitación

El requerimiento fue acogido a tramitación por resolución de la Segunda
de esta Magistratura, de fecha 8 de agosto de 2025, de fojas 125, y se denegó la



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suspensión del procedimiento. Luego, fue declarado admisible por resolución
de la misma Sala, de 28 de agosto de 2025, a fojas 269.

Conferidos los traslados de fondo a todas las partes de la gestión
pendiente y a los órganos constitucionales interesados, con fecha 15 de
septiembre, a fojas 277, formuló observaciones AFP Habitat, abogando por
el rechazo del requerimiento.

La requerida alega que la institución del abandono del procedimiento es
incompatible con el principio protector que rige en materia laboral, pues limita
la acción de oficio del juez, en el entendido que el pago de cotizaciones es una
extensión consecuencial de esa protección.

Además, argumenta que el incumplimiento de las obligaciones
previsionales tiene efectos en el orden público económico, en tanto la finalidad
de la Ley N° 17.322 es asegurar los derechos previsionales de los trabajadores, lo
que es un fundamento de interés público.

Luego, la AFP refuta la presunta vulneración de las garantías
fundamentales invocadas:

Señala que no hay discriminación arbitraria, ya que la prohibición de
alegar abandono busca evitar dilataciones basándose en el principio de
oficialidad que rige el procedimiento de cobranza previsional, y que la ley se
aplica de manera uniforme.

Además, hace ver que la institución del abandono del procedimiento no
sería aplicable de todas formas debido al principio de impulso de oficio.

Luego, afirma que en cada caso de han cumplido los requisitos de un
justo y racional procedimiento pues la requirente ha podido hacer valer todas
sus alegaciones y defensas ante el Juzgado de Cobranza Laboral, por lo que no
puede alegar su vulneración.

Luego expone que las normas impugnadas solo buscan evitar
dilataciones y garantizar un bien jurídico protegido, como es la seguridad
social, consagrada en el artículo 19 N° 18 de la Carta Fundamental, por lo que no
existe una barrera a la jurisdicción ni se ha impedido el acceso a la justicia.

Se sostiene que estos fondos previsionales se encuentran tutelados por el
artículo 19 N° 24 de la Constitución, que consagra el derecho de propiedad,
además de incidir directamente en el derecho a la seguridad social contenido en
el numeral 18 de dicho artículo. Se señala que el afiliado es dueño de los fondos
de su cuenta de capitalización individual, y su propiedad se encuentra
plenamente protegida




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Finalmente indica que no existe una afectación en la esencia de las
garantías constitucionales señaladas, porque para que esto ocurra, los derechos
deberían pasar a ser irreconocibles, lo que no sucede en este caso.



Con fecha 30 de septiembre de 2025, a fojas 284, fueron traídos los autos
en relación.




Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 18 de noviembre de 2025 se verificó la vista de la
causa, oyéndose la relación pública y los alegatos de los abogados Juan Carlos
Caroca Roa, por la parte requirente, y Verónica Merino Herrera, por AFP
Habitat S.A., y se adoptó acuerdo, conforme fue certificado por la relatora de la
causa.



Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, como indicó la parte expositiva de esta sentencia, la
requirente es parte ejecutada en causa de cumplimiento laboral seguida ante el
Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, en la que promovió
incidente de abandono del procedimiento, el que fue rechazado.

SEGUNDO: Que, ante esta Magistratura solicita la declaración de
inaplicabilidad del artículo 429, inciso primero, del Código del Trabajo y del
artículo 4 bis de la Ley N°17.322, que establece normas para la cobranza judicial
de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social, que
excluyen la procedencia del incidente de abandono del procedimiento en el
proceso ejecutivo de cobranza de cotizaciones previsionales. Según la
requirente, estos preceptos serían inconstitucionales al establecer una
diferencia arbitraria y al impedir la existencia de un proceso que permita ser
juzgado en un plazo razonable, vulnerando lo establecido en los artículos 19 N°2
y N°3 de la Carta Fundamental. También vulnerarían su derecho de propiedad,
toda vez que el empleador se vería obligado a soportar en su patrimonio una
sanción pecuniaria, sin límite temporal alguno.

TERCERO: Que, en la gestión pendiente el incidente de abandono del
procedimiento intentado por la requirente ejecutada fue rechazado, lo que
motivó la interposición de un recurso de apelación contra esta decisión. Sin
embargo, con fecha 3 de noviembre de 2025 la apelación fue declarada
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inadmisible de conformidad a lo previsto en el artículo 8 de la Ley N°17.322. En
el expediente también consta que el 10 de noviembre del mismo año los
antecedentes se remitieron al juzgado de origen para proceder con la ejecución.

CUARTO: Que, en consecuencia, los preceptos legales impugnados ya
han sido aplicados de forma decisiva en la gestión pendiente, mediante una
resolución que reviste el carácter de firme y ejecutoriada.

La acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad tiene por objetivo
evitar la aplicación de un precepto legal que pudiere resultar contrario a la
Constitución en un caso concreto, y es por ello que el artículo 93 N°6 de la Carta
Fundamental exige, como requisitos esenciales, la existencia de una gestión
pendiente en la cual el precepto legal cuestionado pueda ser aplicado y que esta
aplicación sea decisiva en la resolución del asunto. Este requisito es reiterado el
artículo 84 de la Ley N°17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional. En atención a que las normas impugnadas ya produjeron sus
consecuencias jurídicas en la gestión judicial mediante una decisión firme, no
subsiste gestión pendiente respecto de la cual este Tribunal pueda pronunciarse
con efectos útiles, razón por la cual el requerimiento será rechazado.

QUINTO: Que, por lo anterior, el requerimiento de inaplicabilidad no
puede ser acogido, y así se declarará.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos
primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y
pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO. OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN
AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE POR
ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.



Redactó la sentencia la Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ
(Presidenta).


Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

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Rol N° 16.705-25-INA




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Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 13/03/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida María Pía Silva Gallinato
Fecha: 13/03/2026 Fecha: 13/03/2026



Miguel Angel Fernández González Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 13/03/2026 Fecha: 13/03/2026



Catalina Adriana Lagos Tschorne Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 13/03/2026 Fecha: 13/03/2026



Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 13/03/2026




Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana
Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas,
señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 13/03/2026




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