TC Rol 16741

Texto completo

0000399
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE




2026

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.741-25 INA

[26 de marzo de 2026]
____________




REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 358,
NUMERAL 5°, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL



INMOBILIARIA E INVERSIONES PAUMAR LIMITADA
EN EL PROCESO R OL C-7123-2024, SEGUIDO ANTE EL SEGUNDO
JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE CONCEPCIÓN.


VISTOS:

Que, con fecha 04 de agosto 2025 Inmobiliaria e Inversiones Paumar
Limitada acciona de inaplicabilidad respecto del artículo 358, numeral 5°, del
Código de Procedimiento Civil, para que ello incida en el proceso Rol C-7123-
2024, seguido ante el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Concepción.



Precepto legal cuya aplicación se impugna

El texto del precepto impugnado dispone, en su parte destacada:

“Código de Procedimiento Civil



Artículo 358.- Son también inhábiles para declarar:

[…]




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5°. Los trabajadores y labradores dependientes de la persona que
exige su testimonio;

[…]



Síntesis de la gestión pendiente y conflicto constitucional sometido
al conocimiento y resolución del Tribunal Constitucional.

La gestión pendiente tiene su origen en una demanda de indemnización
de perjuicios fundada en los artículos 18 y 19 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, presentada conjuntamente por Alicia Villarroel Becerra y
Alfonso Urrutia Mardones, en su contra. Explica que en el año 2021 vendió a
este último el departamento N° 806 del Edificio Mackenna, ubicado en la
comuna de Concepción. Dicho inmueble, según la demanda, presenta
filtraciones de aguas lluvias, que la inmobiliaria no habría reparado
adecuadamente, pese a reiteradas solicitudes y comunicaciones, generando
perjuicios materiales y morales.

En dicho contexto, en la etapa probatoria el Juez del Segundo Juzgado de
Letras en lo Civil de Concepción fijó como punto a probar la efectividad de ser el
inmueble propiedad de la parte demandante, los vicios o defectos en la
construcción; y en su caso, hechos que den cuento de ello.

La empresa demandada presentó como testigo a don Marcelo Manzano
García, quien mantiene una relación laboral de dependencia con la sociedad
demandada, señalando que dicho testigo es la persona que se encuentran en
mejor posición para dar cuenta de la calidad del departamento vendido y los
servicios de post venta brindados por la Inmobiliaria.

En la audiencia respectiva, la parte demandante dedujo tacha en virtud
del artículo 358 N° 5, del Código de Procedimiento Civil, impugnado en autos.
Luego del traslado, el tribunal determinó dejar su resolución para la sentencia
definitiva.

Al fundamentar el conflicto constitucional, alega que la aplicación del
artículo impugnado contraviene el debido proceso y la igual protección de la
Ley en el ejercicio de los derechos, consagrado en el artículo 19, numeral 3,
incisos primero y sexto, de la Constitución Política de la República, pues de
acogerse la tacha no podrá rendir prueba eficaz al caso concreto y, con ello,
acreditar los hechos controvertidos fijados por el propio Tribunal.

Indica que no es racional ni justo que una parte, por las características
que rodean la controversia sometida a conocimiento y decisión de un Tribunal
se vea, en los hechos, imposibilitada de rendir prueba pertinente y útil para
demostrar las alegaciones expuestas en el escrito de contestación de la




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CUATROCIENTOS UNO




demanda, lo que genera, además, una evidente desigualdad entre las partes
litigantes.

Tramitación y observaciones al requerimiento

Por resolución de fecha 14 de agosto de 2025 a fojas 22, la Segunda Sala de
esta Magistratura admitió a trámite el requerimiento, ordenándose la
suspensión del procedimiento; y por resolución de la misma Sala fue declarado
admisible con fecha 03 de septiembre de dicho año a fojas 388.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales
interesados y a las demás partes en la gestión invocada, no se formularon
observaciones.



A fojas 396, en decreto de fecha 30 de septiembre del presente año,
fueron traídos los autos en relación.



Vista de la causa y acuerdo

En audiencia de Pleno del día 12 de noviembre 2025, se verificó la vista
de la causa, oyéndose la relación pública y sin alegato de los abogados de las
partes, adoptándose acuerdo con igual fecha, conforme certificación de la
señora relatora.



Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, Inmobiliaria e Inversiones Paumar Limitada, recurre
ante esta Magistratura deduciendo requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del numeral 5° del artículo 358 del Código de
Procedimiento Civil, solicitando se declare inaplicable e incida en el proceso Rol
C-7123-2024, seguido ante el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de
Concepción.

SEGUNDO: Que, el referido proceso tiene su origen en la demanda de
indemnización de perjuicios, fundada en los artículos 18 y 19 de la Ley General
de Urbanismo y Construcciones, presentada por doña Alicia Villarroel Becerra y
don Alfonso Urrutia Mardones en contra de la requirente. La acción se sustenta
en supuestos defectos constructivos del departamento N° 806 del Edificio
Mackenna, ubicado en la comuna de Concepción, que fue adquirido por los
demandantes el año 2021. En su libelo, los actores alegan que, desde la compra
del inmueble, éste presenta filtraciones de aguas lluvias que Inmobiliaria e
Inversiones Paumar Limitada no habría reparado adecuadamente, pese a
reiteradas solicitudes y comunicaciones, generando perjuicios materiales y
morales cuyo resarcimiento reclaman.



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Con fecha 18 de enero de 2025, el tribunal recibió la causa a prueba,
fijando los siguientes hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos:

1. Efectividad de existir un contrato entre las partes. Estipulaciones
y vigencias.
2. Efectividad de ser el inmueble propiedad de la parte demandante,
de vicios o defectos en la construcción. En su caso, hechos que den
cuenta de ello.
3. Efectividad de que a causa de los supuestos vicios o defectos
reclamados, se produjeron daños y perjuicios a la parte
demandante. En su caso, monto y naturaleza de los mismos.
4. Efectividad de la incompetencia alegada en esta causa. En su caso,
hechos que la configurarían.
5. Efectividad de la falta de legitimación activa de la parte
demandante
6. Efectividad de operar la prescripción en autos. En su caso, hechos
que la configuran.
7. Fecha de recepción del inmueble. Antecedentes que la acrediten.

Para acreditar el punto indicado en el numeral 2, la requirente ofreció y
presentó como testigo al señor Marcelo Manzano García, gerente general y socio
de la Inmobiliaria, quien declaró en audiencia celebrada con fecha 19 de junio
de 2025. Respecto de su deposición, la parte demandante dedujo tacha de
testigo, invocando la inhabilidad contenida en el precepto impugnado, así como
aquella prevista en el artículo 358 N° 6 del Código de Procedimiento Civil. La
resolución de las tachas quedó pendiente, debiendo el tribunal pronunciarse
sobre ellas al momento de dictar sentencia definitiva.

TERCERO: Que, en cuanto al conflicto de constitucionalidad, la
requirente estima que la aplicación del numeral 5° del artículo 358 del Código
de Procedimiento Civil en la gestión pendiente resulta contraria a lo dispuesto
en el artículo 19, número 3, incisos primero y sexto, de la Constitución Política.
Ello, ya que, al impedir la declaración de un trabajador como medio de prueba,
se vulnera su derecho al debido proceso y a la igual protección de la ley en el
ejercicio de los derechos, toda vez que “por la naturaleza particular del pleito,
que se refiere a supuestos defectos de una obra de Construcción, en la cual las
personas no tienen acceso a ella, salvo que participen de una u otra forma del
proyecto, la prueba testimonial es la más eficaz para acreditar lo ocurrido” (fojas
5-6). Por ello, si su parte “no puede valerse de la declaración testimonial de las
personas a las que allí se prohíbe declarar, se verán eliminadas sus posibilidades
de acreditar los hechos controvertidos en el caso” (fojas 7), lo que dejaría en una
situación de indefensión.




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Asimismo, refiere que entre las partes del litigio se generaría una
“patente desigualdad”, por no poder “valerse de prueba pertinente para
demostrar los fundamentos de su contestación” (fojas 10).

CUARTO: Que, resulta preciso advertir que este Tribunal se ha
pronunciado en reiteradas oportunidades respecto de acciones de
inaplicabilidad similares deducidas contra de la normativa referida a las tachas
o inhabilidades relativas de testigos, siendo la mayoría de los pronunciamientos
desestimatorios (STC Roles N° 12.317-21; 13.111-22; 13.505-22; 13.498-22; 13.705-
22; 15.622-24; 15.651-24; 15.665-24; 15.752-24, 16.174-25, entre otras). A partir de
dichas decisiones, se han establecido diversos criterios que conviene reiterar:

i. El requerimiento de inaplicabilidad debe explicar y argumentar
coherentemente las razones y la forma en que la ley es antagónica
a la Carta Fundamental, de modo tal que se encuentre
razonablemente fundado y explicitado cómo se generan los
efectos contrarios a la Constitución y sus consecuencias en la
aplicación a la gestión pendiente.

ii. La valoración de la prueba testimonial es una labor privativa de
los jueces de fondo, al ser los únicos facultados para fijar los
hechos de la causa, en atención al mérito de las probanzas
aportadas. Una vez fijados, resultan inamovibles conforme a lo
previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil.

iii. Las normas reguladoras de la prueba son una garantía para
ambos litigantes. La norma impugnada en autos se aplica por
igual a todas las partes del juicio, quienes además disponen de
diversos medios de prueba y mecanismos de impugnación de las
resoluciones dictadas por el tribunal de fondo que estimen
contrarias a sus intereses.

iv. Las inhabilidades operan como una garantía frente a la ausencia
de imparcialidad de los testigos que presenta un litigante y que
podrían afectar a la contraria. Tal disposición supone una
limitación razonable a este medio probatorio y no es vulneratoria
ni contraria a la igualdad ante la ley, toda vez que esta norma, en
caso de ser invocada, se aplica de manera objetiva y con
independencia de la calidad procesal del recurrente.

La presente sentencia hará suyos los razonamientos recién expuestos,
por cuanto en estos autos no se han aportado antecedentes que justifiquen
apartarse de lo ya resuelto por este Tribunal. Sin perjuicio de ello, a
continuación, se hará referencia a las alegaciones específicas formuladas en el
caso concreto.




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CUATROCIENTOS CUATRO




QUINTO: Que, en relación con la alegación de verse vulnerada la
garantía del artículo 19 número 3 de la Constitución, cabe señalar que la norma
impugnada forma parte de las leyes reguladoras de la prueba, es decir, aquellas
que determinan los medios de prueba admisibles en el proceso, excluyen otros,
les asignan un valor probatorio específico y determinan su orden de
precedencia. El establecimiento de las normas sobre valoración probatoria
aplicables a un procedimiento jurisdiccional determinado –en este caso, las
reglas propias del sistema de prueba legal o tasada– corresponde a una
disposición que incumbe al ámbito normativo del instituto constitucional
comúnmente denominado debido proceso.

Como se ha señalado previamente por este Tribunal, el debido proceso es
un derecho de instituto, cuyo contenido y fisionomía son definidos por el
legislador (véanse STC Roles N° 14.684-23, 14.720-23, 15.266-24, 15.599-24,
15.467-24, entre otras). En efecto, la Constitución asegura la existencia de un
“racional y justo” procedimiento, pero no establece un modelo único de
procedimiento aplicable a todos los órdenes jurisdiccionales, sino que la
configuración concreta de las garantías que componen este estándar
corresponde a una potestad del legislador.

SEXTO: Que, en esta línea, aunque la obsolescencia o inconveniencia de
un modelo de prueba legal o tasada pueda ser objeto de crítica –sin que ésta sea
la instancia para formularla– la regulación de las inhabilidades para prestar
testimonio establecida en el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil
persigue un objetivo que se alinea con las exigencias del estándar constitucional
de racionalidad y justicia de un procedimiento, a saber, operar como una
garantía frente a la ausencia de imparcialidad de los testigos que presenta un
litigante y que podría afectar a su contraparte.

Específicamente, la inhabilidad prevista en el numeral 5° del artículo 358
tiene por finalidad proteger la imparcialidad en la declaración de un trabajador
que se encuentra bajo una relación de subordinación y dependencia con su
empleador, lo que podría incidir en su testimonio.

SÉPTIMO: Que, de este modo, aunque el sistema de prueba legal o tasada
ha sido paulatinamente reemplazado en diversas legislaciones en favor de la
libre valoración de prueba, sigue siendo aplicable en la mayoría de los procesos
civiles. No obstante, su vigencia se mantiene con ciertas limitaciones (v.gr.
artículos 1708 a 1710 del Código Civil), lo cual es consistente con el valor
probatorio asignado en virtud de las reglas establecidas en el artículo 384 del
Código de Procedimiento Civil.

En los procesos reformados que han abandonado el sistema de prueba
legal, se han incorporado otros principios que modelan el procedimiento, tales
como la oralidad, concentración, inmediación y contradicción, los cuales no se




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CUATROCIENTOS CINCO




aplican de la misma manera en el proceso civil. En este contexto, el tratamiento
de la prueba testimonial en el proceso civil da cuenta de una diferencia
fundamental con aquellos procedimientos regidos por los principios
mencionados, ya que, en el ámbito civil, el juez conoce las declaraciones
testimoniales a través de un acta escrita elaborada por un receptor judicial.

OCTAVO: Que, lo anterior reviste especial relevancia, en tanto en los
sistemas procesales reformados que han suprimido las inhabilidades para
declarar como testigos se ha establecido, al mismo tiempo, un sistema de
valoración probatoria basado en la sana crítica o en la libre valoración de la
prueba, lo que representa un quiebre estructural con el sistema de prueba legal
o tasada. En dichos modelos, el juez cuenta con amplias facultades para
ponderar la credibilidad del testimonio y asignarle un valor probatorio según
su mérito intrínseco, atendiendo a parámetros objetivos y a la coherencia de la
declaración.

Distinta sería la situación que se generaría en el proceso civil si,
acogiendo el presente requerimiento, se eliminara la norma que establece la
inhabilidad prevista en el precepto impugnado, pero permaneciera vigente el
sistema de valoración legal regulado en el artículo 384 del Código de
Procedimiento Civil. En ese escenario, el juez estaría obligado a tener por
acreditados los hechos afirmados por dos testigos contestes, incluso si éstos se
encuentran afectados por una manifiesta falta de imparcialidad. Tal resultado
sería incompatible con las exigencias de un procedimiento racional y justo, en
los términos exigidos por el artículo 19 número 3 de la Constitución.

En consecuencia, no resulta posible desvincular el reproche dirigido
contra el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil del cuestionamiento
más amplio al sistema de prueba legal en su conjunto, problemática cuya
discusión –por su carácter estructural–, debe darse en las instancias propias del
debate legislativo, y no corresponde que sea resuelta por esta Magistratura en
sede de control concreto de constitucionalidad.

NOVENO: Que, en esta línea, esta Magistratura señaló recientemente que
“en el sistema de prueba legal o tasada, la valoración que el juez siempre ha de
hacer respecto de la calidad, información y verosimilitud de los testigos está
evidentemente limitada, con respecto a esas mismas facultades en un sistema de
valoración conforme a la sana crítica o en conciencia, de suerte tal que en el
primer sistema cobra total razonabilidad que se establezcan ciertas causales
objetivas de inhabilidad de los testigos, lo que no afecta el derecho de defensa ni la
justicia o racionalidad del procedimiento” (STC Rol N° 16.471-25, c. 9°).

DÉCIMO: Que, en este contexto, y considerando que la requirente no ha
cuestionado la vigencia del sistema de valoración probatoria legal –que
constituye el núcleo del problema denunciado–, sino únicamente la inhabilidad




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para que declaren testigos que se encuentran en una relación de dependencia
con la parte oferente, resulta evidente la complejidad procesal que surge de una
eventual decisión estimatoria por parte de esta Magistratura.

En efecto, se pretende permitir la declaración de testigos cuya
imparcialidad puede verse comprometida, sin que el juez se encuentre
habilitado para valorar dicha declaración conforme a criterios de sana crítica o
libre convicción, por continuar vigente el sistema de prueba legal. Tal como lo
ha señalado previamente esta Magistratura (v.gr. STC Roles N° 16.028-24 y
15.622-24), una configuración procesal de esta naturaleza daría lugar a una
paradoja: existiría libertad en los medios de prueba –al ampliarse el universo de
testigos hábiles– sin una correlativa libertad para valorar ponderar el valor
probatorio, pues el ejercicio jurisdiccional relativo al peso de la veracidad y
calidad informativa de los testimonios se encuentra limitado por las reglas de la
prueba tasada.

A su vez, lo anterior también generaría el problema procesal de, por una
parte, limitar al tribunal “en su facultad de desechar el testimonio por estimarlo
poco fiable por parcialidad (ya que esa limitación es precisamente consustancial
al sistema, que por eso mismo no es de libre apreciación), a la vez que las partes
quedarían desprovistas de la posibilidad de reclamar la inhabilidad de testigos
que, por razones objetivas, como el parentesco cercano, no dan garantías de
necesaria imparcialidad, y esta cualidad en un testigo es, sin duda, necesaria
justamente para conservar la justicia del procedimiento” (STC Rol N° 16.471-25, c.
10°).

Lo anterior no sólo atentaría en contra de los principios de coherencia
interna del sistema probatorio, sino que también podría comprometer las
garantías de las partes al impedir una evaluación adecuada de la credibilidad y
peso de las declaraciones testimoniales.

DÉCIMO PRIMERO: Que, se debe desechar debe asimismo la alegación
de la requirente en virtud de la cual sostiene que, por aplicación del precepto
impugnado, se encontraría en una situación de indefensión. Tal afirmación
carece de sustento desde que la aplicación del artículo 358 N° 5 del Código de
Procedimiento Civil no implica, en caso alguno, una proscripción general o
absoluta del ejercicio del derecho a la prueba. Por el contrario, consta en los
antecedentes allegados a esta Magistratura que la requirente tuvo plena
oportunidad para ejercer dicho derecho, lo que se refleja en la extensa actividad
probatoria que desarrolló durante el término probatorio del incidente de
oposición al retiro. En particular, acompañó prueba documental y rindió
prueba testimonial que no fue objeto de tacha. En consecuencia, no se
vislumbra de qué manera la aplicación del precepto en cuestión habría




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generado un perjuicio efectivo a su derecho de defensa o una limitación real en
su capacidad de acreditar los hechos fundantes de su pretensión.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en definitiva, no se advierte vulneración
alguna al debido proceso ni al derecho a la defensa de Inmobiliaria e
Inversiones Paumar Limitada. El precepto legal impugnado, enmarcado en el
sistema de prueba legal o tasada, establece una inhabilidad de carácter relativo,
que no impide el ejercicio del derecho a rendir prueba por otros medios
legalmente habilitados, lo que impide sostener que el precepto impugnado
contravenga los principios y garantías constitucionales invocadas.

DÉCIMO TERCERO: Que, finalmente, también debe desecharse la
alegación de la requirente en cuanto a que la aplicación del artículo 358 N° 5 del
Código de Procedimiento Civil atentaría contra la igual protección de la ley en el
ejercicio de los derechos, por la sencilla razón de que la inhabilidad prevista en
el artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil se aplica a todas las partes
del juicio, sin distinción alguna. De ahí que demandante y demandada no se
encuentren en una posición de “patente asimetría”, como reprocha la
Inmobiliaria.

Tal como se ha señalado previamente por esta Magistratura, “las partes
están en situación de igualdad frente a la prueba testimonial, pues ambas tienen
la facultad de solicitarla y la posibilidad de tacharla cuando ha sido el juez o la
contraparte quienes han dado lugar a la comparecencia del testigo. No se trata de
establecer una igualdad simplemente formal entre las partes, sino de garantizar
que ambas tendrán la misma protección para la presentación y defensa de sus
intereses, en la forma y momentos en que a cada una le corresponde actuar dentro
del proceso” (STC Rol N° 13.111-22, c. 7°).

DÉCIMO CUARTO: Que, por estas consideraciones y de conformidad con
la reiterada y consistente jurisprudencia de este Tribunal, no se configura en el
caso concreto ninguna de las infracciones constitucionales alegadas, por lo que
el requerimiento de autos necesariamente debe ser desestimado y así se
declarará.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos
primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y
pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

1) QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
DEDUCIDO A FOJAS 1, EN TODAS SUS PARTES.



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2) QUE SE DEJA SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DECRETADA. OFÍCIESE AL EFECTO.

3) QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE, POR
ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR



DISIDENCIA

Los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y HÉCTOR
MERY ROMERO, estuvieron por acoger el requerimiento por las siguientes
razones:

1°. – Que la aplicación del artículo 358, numeral 5°, del Código de
Procedimiento Civil, al momento de dictarse sentencia en el proceso Rol C-7123-
2024, seguido ante el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Concepción no es
cuestión improbable. Recordemos que lo debatido en autos es, según los hechos
de la controversia fijados por el juez de primer grado, la efectividad de ser el
inmueble propiedad de la parte demandante; de existir vicios o defectos en la
construcción; y en su caso, cuáles son los hechos que dan cuento de ello.

La requirente y demandada presentó como testigo a don Marcelo Manzano
García, el que, aunque mantiene una relación laboral de dependencia con la
sociedad demandada, es la persona que, según indica la requirente, se
encuentra en mejor posición para dar cuenta de la calidad del departamento
vendido y los servicios de post venta que se proporcionaron por la Inmobiliaria.

En la audiencia respectiva, la parte demandante dedujo tacha en virtud del
artículo 358 N° 5, del Código de Procedimiento Civil, impugnado en autos. Luego
del traslado, el tribunal determinó dejar su resolución para la sentencia
definitiva.

Asevera que no es racional ni justo que una parte, por las características
que rodean la controversia sometida a conocimiento y decisión de un Tribunal
se vea, como consecuencia de la aplicación del precepto legal tachado de
inconstitucional en la gestión pendiente, impedida de rendir prueba en su favor
para demostrar las alegaciones expuestas en el escrito de contestación de la
demanda.

2°. – Que, aunque nuestro texto constitucional no sea explícito ni prístino en
esta materia, en nuestro medio se acepta por parte de la doctrina, atenta a las
decisiones de esta Judicatura, que “… hay que sostener que la Constitución de la
República de Chile no contiene normas explícitas que se denominen derecho a la
tutela judicial o debido proceso. Y, sin embargo, el texto constitucional es el punto
de partida para ambos derechos. La Constitución no contiene un derecho
específico que responda al nombre de derecho a la tutela judicial y se debate
acerca de la independencia del mismo respecto de la dimensión sustantiva del



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derecho al debido proceso. La denominación de este derecho implícito se ha
identificado como el "debido proceso justo" o el "derecho de acceso a la
jurisdicción", "derecho a la tutela jurisdiccional", "tutela jurisdiccional de
derechos" o "derecho a la tutela judicial efectiva" con abiertas reminiscencias al
derecho del mismo nombre reconocido por la Constitución Española (en su
artículo 24.1). No obstante, el TC ha intentado trazar una frontera distintiva ente
la tutela judicial efectiva y el debido proceso” (Gonzalo GARCÍA PINO y Pablo
CONTRERAS VÁSQUEZ [2023]: “El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva y al
Debido Proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Chileno”, p. 235.
Publicado en Estudios Constitucionales, del Centro de Estudios Constitucionales
de Chile Universidad de Talca, Año 11, Nº 2, 2013, pp. 229 – 282).

García y Contreras sitúan en el plano del debido proceso el derecho a una
adecuada defensa, el que “… implica la aptitud procesal de presentar pruebas y
tener derecho a impugnar aquellas que vulneren las pretensiones y derechos que
se hagan valer. De esta manera, … los medios probatorios tienen por finalidad
acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto
de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones” (GARCÍA PINO y
CONTRERAS VÁSQUEZ, ob cit, p. 267). Rodríguez y Bordachar, a su vez, agregan
que “… (el) derecho a la prueba forma parte del derecho a la igualdad de las partes
y al contradictorio. El artículo 8.2 de la convención —que, como vimos, tiene una
aplicación amplia y no solo restringida al proceso penal— es el que fija las
garantías mínimas en torno a la presentación y derecho de controvertir las
pruebas “(Manuel RODRÍGEZ VEGA y Rodrigo BORDACHAR URRUTIA [2023]:
“Debido Proceso. Materiales Docentes 65”, p. 56. Academia Judicial de Chile,
Santiago).

3°. – Que, como sostienen Marinoni y Cruz, “(la) decisión judicial es
legitimada por el procedimiento que la precede. Son la forma y las garantías las
que permean el procedimiento que permiten que la decisión de ahí emanada sea
legítima y represente, ipso facto, la manifestación de un Estado de Derecho. Y esa
legitimación se da en la proporción directa del grado de participación que se
autoriza a los sujetos envueltos en el conflicto para la formación del
convencimiento judicial. Así que esa participación se da, en líneas generales, por
medio de alegaciones y de comprobaciones; se permite que las partes afirmen las
situaciones de hecho y de derecho (en suma, de los hechos jurídicos) en los que se
basan sus pretensiones y, como consecuencia necesaria, confiere a ellas la
posibilidad de comprobar [rectius, convencer al magistrado] de que tales
afirmaciones de hecho son verosímiles. La prueba asume, en tanto, un papel de
argumento retórico, elemento de argumentación, dirigido a convencer al
magistrado de que la afirmación hecha por la parte, en el sentido que alguna cosa
efectivamente ocurrió, merece crédito” (Luiz Guilherme MARINONI y Sérgio




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CRUZ ARENHART [2011), “Prova”, p. 53. Editora Revista Dos Tribunais, Sao
Paulo).

4°. – Que Joaquín Escriche definía al testigo como “(la) persona fidedigna de
uno u otro sexo que puede manifestar la verdad o falsedad de los hechos
controvertidos”.

Este autor, señalando causales de inhabilidad relativa otrora aceptadas por
las partidas y leyes, nos recuerda que en el pasado “(no) puede(n) ser testigo por
falta de imparcialidad: el ascendiente ó descendiente por causas recíprocas,; la
muger por su marido, o el marido por su muger, ni un hermano por otro mientras
vivan juntos bajo la patria potestad; el interesado en la causa, escepto el individuo
de ayuntamiento o de universidad; el criado o paniaguado; el enemigo capital; el
hombre muy pobre á menos que sea de buena reputación o arreglada conducta; el
juez en pleito que juzgó o ha de juzgar; el abogado y el procurador por su parte ó
cliente; el tutor ó curador en pleitos de su pupilos ó menores; … el que está preso
en causa criminal contra cualquier acusado, por recelo de que podría dar falso
testimonio á ruego de que podría dar falso testimonio á ruego de alguno que le
prometiese sacarle de la cárcel; … el que por dinero lidie con bestia brava … ; el
moro, judío o herege contra un cristiano” (Joaquín ESCRICHE [1842]:
“Diccionario Razonado de Legislación Civil, Penal, Comercial y Forense”, p. 670.
Librería de Calleja e Hijos, Madrid). Tales motivos de desconfianza han ido
desapareciendo con el paso de los años, debido a las diversas reformas al
enjuiciamiento civil. No obstante, algunas causales permanecen, como la
contenida en el precepto legal que se ha cuestionado en el requerimiento de
fojas 1. Y el fundamento de la subsistencia de ese motivo legal para objetar esta
probanza, centrado en la persona del testigo y no en sus palabras, es explicado
en nuestro medio por la doctrina en el sentido siguiente: “…, al catalogar como
“sospechosos” a un cierto grupo de personas, lo que el legislador hace es
incorporar un prejuicio en contra de las personas allí listadas que se traduce en
una menor credibilidad de su testimonio” (María de los Ángeles GONZÁLEZ
COULON [2022]: “Nuevas Perspectivas sobre los Medios de Prueba”, p. 68. Bosch
Procesal, Barcelona).

5°. – Que no cabe duda de que, al privar de valor legal como prueba en juicio
a las declaraciones de los dependientes de la parte que exige su testimonio, el
legislador está formulando un juicio moral apriorístico respecto del contenido
de las declaraciones de quienes se encuentran en la posición que fija la ley. El
legislador priva de valor probatorio a sus dichos porque entiende, no cabe
dudarlo, que no serán veraces o les faltará imparcialidad. Más allá de compartir
o discrepar de esa definición, no nos parece sensato ni razonable privar a las
partes de valerse de una prueba que, en definitiva, debe ser ponderada y
valorada por la judicatura según las reglas aplicables al caso, trátese del artículo




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428 del Código de Procedimiento Civil, o bien de los parámetros de la sana
crítica recogidos por el legislador.

6°. – Desde la perspectiva anotada en las motivaciones precedentes,
advertimos que la aplicación concreta del precepto legal tachado como
contrario a la Constitución ha generado efectos concretos, desfavorables, para
el demandado. En efecto, la aplicación del precepto legal impugnado priva a la
requirente de la posibilidad de valerse del testimonio de personas que, aunque
ligadas con la parte que las presenta, pueden estar en conocimiento de
antecedentes que permitan al sentenciador conocer los hechos que constituyen
la teoría del caso promovida en los autos que constituyen la gestión pendiente
por la demandada, apelante y requirente.

7°. – Que sostenemos que no estamos ante una cuestión de mera
ponderación de la prueba en causa civil, tarea que pertenece en exclusiva a los
jueces del fondo. En efecto, se ha denunciado en la acción constitucional
entablada que la aplicación del precepto legal en la gestión pendiente es una
cuestión en esencia constitucional, propia de la competencia de esta Judicatura,
y no una materia meramente entregada a los tribunales llamados por la ley a
apreciar la prueba y resolver el asunto controvertido. Como se sostuvo en la STC
rol 14.326-23 INA, c. 6, “… el que los preceptos legales reprochados admitan otras
formas de interpretación (sistemáticas, evolutivas, conformes con la Constitución
u otras), que están ciertamente dentro de las opciones propias del ejercicio de la
jurisdicción civil, no excluye la jurisdicción de este Tribunal para declarar la
inaplicabilidad de un precepto legal que, interpretado de manera literal, puede
dejar a la requirente sin derecho a la prueba en lo que a sus testigos dependientes
o relacionados se refiere. Esta última interpretación posible y plausible es la que
precisamente justificará el acogimiento de la inaplicabilidad respecto del Nº 5 del
artículo 358 del Código de Procedimiento Civil”.

8°. – Que, por los motivos reseñados en las consideraciones precedente,
estuvimos por acoger el requerimiento de fojas 1 y declarar inaplicable en la
gestión pendiente el artículo 358 numeral 5° del Código de Procedimiento Civil.



PREVENCIÓN

El Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ previene concurre al rechazo de la
acción sin compartir el segundo párrafo del fundamento octavo ni el
razonamiento décimo de la sentencia a la que en general adhiere, puesto que,
en su concepto, la relativa limitación del juez para valorar la prueba, y en
particular la testimonial, en el sistema del juicio ordinario civil es efectiva, pero
no priva completamente al juez de sus facultades de examen crítico de los
dichos de los testigos ni lo exime del deber de pesar su credibilidad, así como la
calidad de la información que entreguen. Que la mayor limitación que se le



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CUATROCIENTOS DOCE




impone al respecto no es absoluta lo demuestra el propio tenor del artículo 384
del Código de Procedimiento Civil, en todos sus numerales y, en cuanto a su
regla 2ª, es interesante advertir que la declaración de dos testigos contestes
“podrá” constituir plena prueba, pero no la constituye necesariamente,
justamente porque siempre deberá sopesar el juez cuán verosímiles parezcan
esos dichos, y porque tendrá que confrontarlos con el resto de la prueba de la
causa.

Adicionalmente, este ministro estima que la razón fundamental por la
que no procede acoger el requerimiento es ajena al tema de la mayor o menor
libertad del juez en los sistemas de prueba tasada, y se refiere a la circunstancia
de que en el caso sublite de ninguna manera era la prueba testimonial la única
(y ni siquiera la fundamental) de que podía disponer la ahora requirente para
desvirtuar las imputaciones de la demanda presentada en su contra, puesto que
las filtraciones de aguas lluvias, y por consiguiente el estado del inmueble al
respecto, así como la antigüedad y causas del eventual defecto que pueda
provocar tales filtraciones, y del mismo modo la existencia y utilidad de las
reparaciones que se digan practicadas, se prueban, naturalmente, mediante
peritajes y no mediante testimonial. No hay, entonces, ninguna posibilidad de
que la limitación reclamada pueda provocar, en el caso concreto, afectaciones al
derecho de defensa o, en general, al debido proceso.



Redactó la sentencia la Ministra señora CATALINA LAGOS TSCHORNE; la
disidencia, corresponde al Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO, y la prevención,
su autor.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 16.741-25 INA.




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CUATROCIENTOS TRECE


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 27/03/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida María Pía Silva Gallinato
Fecha: 27/03/2026 Fecha: 26/03/2026



Miguel Angel Fernández González Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 27/03/2026 Fecha: 26/03/2026



Catalina Adriana Lagos Tschorne Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 30/03/2026 Fecha: 30/03/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Alejandra Precht Rorris
Fecha: 26/03/2026 Fecha: 26/03/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 31/03/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana
Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas,
señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 31/03/2026




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