TC Rol 16743

Texto completo

0000282
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS




2026

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.743-2025

[12 de marzo de 2026]
____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 22, INCISO
SEXTO, DE LA LEY N° 17.322, QUE ESTABLECE NORMAS PARA LA
COBRANZA JUDICIAL DE COTIZACIONES, APORTES Y MULTAS DE
LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL; Y ARTÍCULO 11,
INCISO CUARTO, DE LA LEY N° 19.728, QUE ESTABLECE UN
SEGURO DE DESEMPLEO



EN EL PROCESO RIT P-3-2024, RUC 24-3-0000372-5, SEGUIDO ANTE
EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO SAN BERNARDO


ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO



VISTOS:

Que, con fecha 4 de agosto de 2025, la Ilustre Municipalidad de San
Bernardo ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del artículo 22, inciso sexto, de la Ley N° 17.322,
que establece normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y
multas de las instituciones de seguridad social; y artículo 11, inciso cuarto, de la
Ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo, para que ello incida en el
proceso RIT P-3-2024, RUC 24-3-0000372-5, seguido ante el Juzgado de Letras del
Trabajo San Bernardo.




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DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES




Preceptos legales cuya aplicación se impugna



Ley N° 17.322

“Artículo 22° […]

En todo caso, para determinar el interés penal se aplicará la tasa
vigente al día primero del mes inmediatamente anterior a aquel en que se
devengue. Dicho interés se capitalizará mensualmente.



Ley N° 19.728

Artículo 11. […]

En todo caso, para determinar el interés a que se refiere el inciso
anteprecedente, se aplicará la tasa vigente al día primero del mes
anterior a aquél en que se devengue. El interés que se determine en
conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores se capitalizará
mensualmente. La Superintendencia publicará mensualmente los
reajustes e intereses que corresponda aplicar de acuerdo a este artículo.

[…]”.

Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional
sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

Relata la actora que la gestión pendiente inició con fecha 2 de enero del
año 2024 y tienen por objeto el cumplimiento de la deuda previsional con la
Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile III S.A. por un monto
de $1.149.714.

Indica que con fecha 1 de julio de 2024 Municipalidad de San Bernardo
pagó a la ejecutante la suma de $1.149.714 pesos.

Con fecha 16 de septiembre de 2024 se liquidó la deuda y se actualizó por
un monto total de $7.542.251 pesos.

Con fecha 25 de septiembre de 2024 la Municipalidad de San Bernardo
objetó el monto de la liquidación de la deuda y con fecha 9 de octubre de 2024 se
rechazó de plano la objeción formulada.

Luego con fecha 5 de mayo de 2025 se liquidó la deuda y se actualizó por
un monto total de $9.585.469 pesos, monto que incluía la actualización de la
deuda por $9.421.469 pesos, incluía las costas procesales por $50.000 pesos, y
también incluía las costas personales por $114.000 pesos.




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DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO




Agrega que con fecha 9 de mayo de 2025 la Municipalidad de San
Bernardo objetó el monto de la liquidación de la deuda y con fecha 23 de mayo
de 2025 se rechazó de plano la objeción formulada

Señala que la gestión pendiente en cada causa, es aquella en que se
persigue el cobro ejecutivo de las cotizaciones previsionales morosas en que se
ha aplicado la normativa cuya inaplicabilidad se busca mediante cada
requerimiento.

Refiere que se encuentra llana a dar cumplimiento a las obligaciones, sin
embargo, debido a lo desmesurado monto de la capitalización de la deuda y la
existencia de otros juicios de igual naturaleza, se ve imposibilitada de hacerlo.



Como conflicto constitucional, la actora plantea que los preceptos
legales impugnados vulneran las garantías contenidas en el artículo 19 N° 2, 22,
24 y 26.

Afirma que en las disposiciones en comento existe una usura legal que
claramente infringe la Constitución.

Así, indica que el pago de intereses conforme a la norma impugnada
siempre implicará una afectación al derecho de propiedad, pues es evidente
que, de alguna forma, disminuye el patrimonio del deudor, y conlleva una
expoliación del patrimonio de la Municipalidad, en beneficio de los
trabajadores y las Instituciones Administradoras de Fondos de Cesantía que
cobran dichas prestaciones.

Agrega que con la aplicación de la preceptiva cuestionada no solo se
aplica mensualmente el interés máximo convencional, sino que, además, se
autoriza el “anatocismo”, es decir, por lo que la deuda va aumentando
exponencialmente en forma desproporcionada.

Hace ver que el anatocismo en Chile está expresamente autorizado en
virtud del artículo 9° de la Ley N°18.010, pero con el límite obvio de que no se
puede llegar a extremos en que se configure el delito de usura, por un lado, o
que se vulnere la esencia del derecho de propiedad, por el otro.

Hace presente que el principio constitucional de proporcionalidad no
aparece expresado formalmente en la Carta Fundamental, pero surge de varias
disposiciones constitucionales, como los numerales 2°, 22° y 26° del artículo 19 ,
según lo ha establecido este Tribunal Constitucional, en diversas STC 2853, 219,
280, 312, 467, 811, 1.153, 1.217, y 1.254.

Agrega que en el caso que nos ocupa, siendo lícito el fin perseguido por la
norma impugnada, la capitalización de intereses no es útil para incentivar el
pago de las cotizaciones previsionales.




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DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO




Señala que no lo es porque si, además de la batería de consecuencias que
la ley establece para resguardar el derecho del trabajador a no verse
perjudicado por la omisión del agente retenedor de enterar las cotizaciones
descontadas de la remuneración del primero, se añade el anatocismo, se genera
la indeseable consecuencia de elevar a tal punto la deuda, que para muchos
empleadores se torna imposible pagarla, de modo que, al fin, en nada se
beneficie al trabajador.

Razona además el anatocismo tampoco resulta necesario, por toda la
protección que, sin él, ya recibe el crédito en favor del trabajador incluso con
posibilidad de afectarse la libertad individual del deudor, de modo que resulta
un mecanismo inidóneo, innecesario y excesivo.



Tramitación

El requerimiento fue admitido a trámite por resolución de la Primera
Sala, de fecha 19 de agosto de 2025, a fojas 52, y se ordenó la suspensión del
procedimiento. Luego, fue declarado admisible por resolución de la misma Sala,
de 8 de septiembre de 2025, a fojas 233.



Conferidos los traslados de fondo a todas las partes de la gestión
pendiente y a los órganos constitucionales interesados, no se efectuaron
presentaciones.



Con fecha 8 de octubre de 2025, a fojas 268, fueron traídos los autos en
relación.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 10 de diciembre de 2025 se verificó la vista de la
causa, oyéndose la relación pública y los alegatos del abogado Guillermo Garcés
Almonacid, por la parte requirente, y se adoptó acuerdo, según certificación de
la relatora.



Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, traídos los autos en relación y luego de verificarse la
vista de la causa, se procedió a votar el acuerdo respectivo, obteniéndose el
resultado que a continuación se enuncia:




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La Presidenta del Tribunal, Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ, y las
Ministras señoras NANCY YÁÑEZ FUENZALIDA, y CATALINA LAGOS TSCHORNE, y el
Ministro señor MARIO GÓMEZ MONTOYA votaron por rechazar la acción deducida.

Por su parte, los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, y
HÉCTOR MERY ROMERO, y la Ministra señoras MARCELA PEREDO ROJAS y ALEJANDRA
PRECHT RORRIS estuvieron por acoger parcialmente el requerimiento.

SEGUNDO: Que, en esas condiciones, se ha producido empate de votos,
con lo cual, atendido el quorum exigido por el artículo 93, inciso primero, N° 6,
de la Carta Fundamental para acoger un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, y teniendo en cuenta, de la misma forma, que por
mandato del literal g) del artículo 8° de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, el voto del Presidente de esta
Magistratura no dirime un empate, como el ocurrido en el caso sub-lite, y, no
habiéndose alcanzado la mayoría para acoger el presente requerimiento de
inaplicabilidad, éste deberá ser necesariamente desestimado.



VOTO POR RECHAZAR

La Presidenta del Tribunal, Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ, y
las Ministras señoras NANCY YÁÑEZ FUENZALIDA, y CATALINA LAGOS TSCHORNE,
y el Ministro señor MARIO GÓMEZ MONTOYA votaron por rechazar la acción
deducida.

1°. Que, contra la requirente se persigue el cobro ejecutivo de
cotizaciones previsionales adeudadas a la Sociedad Administradora de Fondos
de Cesantía de Chile II S.A. La deuda ha sido liquidada y objetada por el
requirente en diversas oportunidades, rechazándose su reclamo.

2°. Que, ante esta Magistratura, la parte requirente solicita la
declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 22, inciso
sexto, de la Ley N°17.322, que establece normas para la cobranza judicial de
cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social; y del
artículo 11, inciso cuarto, de la Ley N°19.728, que establece un seguro de
desempleo.

Sostiene que las disposiciones impugnadas vulneran el artículo 19 de la
Constitución, en sus numerales 2, 22, 24 y 26, toda vez que mediante el
anatocismo se establece un mecanismo que afecta de forma desproporcionada
el derecho de propiedad de la ejecutada, deviniendo en un trato arbitrario y
carente de razonabilidad.

3°. Que, el artículo 22, inciso sexto, de la Ley N°17.322 dispone que “En
todo caso, para determinar el interés penal se aplicará la tasa vigente al día
primero del mes inmediatamente anterior a aquel en que se devengue. Dicho



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interés se capitalizará mensualmente”. Conforme establece el artículo 1 de esta
ley, el ámbito de aplicación de sus disposiciones se limita a la cobranza de las
cotizaciones de seguridad social adeudadas por los empleadores a las
instituciones de ese carácter, sea que el cobro judicial lo inicien éstas o el propio
trabajador.

Sin embargo, como señala la parte requirente y consta en el expediente
de la gestión pendiente, estamos ante una deuda generada por el no pago de
cotizaciones a fondos de cesantía. El régimen de este seguro, su financiamiento
y las consecuencias del no pago oportuno se encuentran establecidas en la Ley
N°19.728, que establece un seguro de desempleo, motivo por el cual no resulta
aplicable el artículo objetado.

4°. Que, en cambio, sí es aplicable el artículo 11, inciso cuarto, de la Ley
N°19.728, que también se cuestiona. La disposición señala que “En todo caso,
para determinar el interés a que se refiere el inciso anteprecedente, se aplicará la
tasa vigente al día primero del mes anterior a aquél en que se devengue. El interés
que se determine en conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores se
capitalizará mensualmente. La Superintendencia publicará mensualmente los
reajustes e intereses que corresponda aplicar de acuerdo a este artículo.”.

5°. Que, de acuerdo al mensaje presidencial que dio inicio a la
tramitación de la Ley N°19.728, la creación de este seguro perseguía otorgar
mayor protección social al trabajador durante la cesantía y apoyar sus
esfuerzos de búsqueda de nuevo empleo y reinserción productiva. Asimismo,
buscaba establecer un sistema que permitiera al trabajador tener mayor
certeza de los beneficios, pero también entregar ciertas ventajas al empleador:
“por una parte, se otorga al trabajador una mejor protección, por el mayor grado
de certeza de los beneficios que percibirá y, por otra, facilita al empleador su
obligación de pagar las indemnizaciones que corresponda, lo cual tiene
particular trascendencia en el ámbito de la micro, pequeña y mediana empresa.”
(Historia de la Ley N°19.728, p. 5).

6°. Que, además, el Mensaje señala expresamente que el proyecto recoge
los principios centrales de un régimen de seguridad social, entre los cuales se
encuentran la universalidad, solidaridad, subsidiariedad, la uniformidad y la
responsabilidad pública que existe en torno a este sistema.

7°. Que, como se ve, el proyecto de ley tuvo un fundamento
constitucional claro en el artículo 19 N°18, que señala, respecto del derecho a la
seguridad social, que “La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso
de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se
otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer
cotizaciones obligatorias”. La cotización “ha sido definida por algunos autores
como “una forma de descuento coactivo, ordenada por la ley con respecto a




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determinados grupos, afecta a garantizar prestaciones de seguridad social”
(Héctor Humeres M. y Héctor Humeres N., Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, Editorial Jurídica de Chile, año 1988, p.426)” (STC Rol N°7548-2019, c. 34°.
También en STC Rol N°519-2006, c. 14°; N°7897-2019, c. 5° y N°12.309-2021,
c.16°). Al respecto, el Tribunal Constitucional ha afirmado que “los derechos
públicos subjetivos de la seguridad social importan verdaderas facultades de los
administrados frente a la administración, quienes por su naturaleza de personas
son acreedoras al otorgamiento de las prestaciones necesarias para cumplir y
satisfacer sus necesidades y lograr su bienestar” (STC Rol N°3249-2016, c. 10°),
por lo que “la obligación de cotizar es exigida por la sociedad, representada para
este efecto en el órgano gestor” (STC Rol N°2536-2013, c. 10°). Por lo anterior, “su
régimen diferenciado está establecido en atención a resguardar el interés público
comprometido en el derecho constitucional a la seguridad social y a la
mantención del orden público económico” (STC Rol N°2536-2013, c. 11°).

8°. Que, mediante este seguro también se daría cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 1 de nuestra Constitución, porque se trata de un
derecho de claro contenido patrimonial que se impone en aras a la consecución
de determinados fines sociales, habida consideración de que el Estado debe
contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de
los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y
material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías constitucionales.

Asimismo, el sistema se sustenta en la protección constitucional al
trabajador (artículo 19 N°16 CPR), buscando resguardarlos cuando pierdan su
empleo.

Der esta forma, detrás de este seguro de desempleo existe un evidente
interés público comprometido, que se funda en diversas disposiciones
constitucionales y que reviste importancia no solo para el trabajador, sino que
para la sociedad en su conjunto.

9°. Que, este interés público se proyecta en la regulación de los distintos
aspectos de este seguro, incluyendo las consecuencias del no pago oportuno del
mismo.

10°. Que, el artículo 11, inciso cuarto, dispone un sistema agravado de
pago de las cotizaciones que no se hubieren pagado oportunamente por el
empleador o la entidad pagadora de subsidios, consistente en que estas, en caso
de retardo, se enterarán considerando no solo el monto de lo adeudado más
reajustes e intereses, sino que además estos últimos se capitalizarán
mensualmente. De esta manera, hace aplicable la institución del anatocismo.

11°. Que, esta no es la única expresión de anatocismo que existe en
nuestro ordenamiento. El ejemplo más característico es el del artículo 9, inciso
primero, de la Ley N°18.010, que establece normas para las operaciones de



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crédito y otras obligaciones de dinero que indica, que expresamente dispone que
podrá estipularse el pago de intereses sobre intereses en las operaciones de
dinero, esto es, aquéllas por las cuales una de las partes entrega o se obliga a
entregar una cantidad de dinero y la otra a pagarla en un momento distinto de
aquel en que se celebra la convención. El límite establecido por el legislador es
que en ningún caso la capitalización puede hacerse por períodos inferiores a
treinta días.

También encontramos al inciso décimo tercero del artículo 19 del D.L
N°3.500–incorporado por la Ley N°19.260, de 1993– y el inciso sexto de la Ley
N°17.322, cuya constitucionalidad ha sido confirmada por esta Magistratura en
numerosas oportunidades (STC roles N°15.439-2024; 15.657-2024; 15.439-2024;
15.736-2024; 15.737-2024; 15.746-2024; 15.747-2024, entre otros).

Así, el inciso cuarto del artículo 11 de la Ley N°19.728 aparece como
coherente con nuestro ordenamiento jurídico, contemplando una figura que ya
existía y respetando el mismo límite (la capitalización es mensual y no por
períodos inferiores). Pero, además, establece la procedencia de esta institución
con una clara justificación: garantizar el respeto a la seguridad social y la
protección del trabajador ante la pérdida del empleo, consagrando un
mecanismo que da facilidades de pago al empleador. Así, nos encontramos
frente a un fin que, a todas luces, es legítimo.

12°. Que, como ya se indicó, la línea argumental seguida por el requirente
apunta a sostener que estamos frente a una sanción desproporcionada para el
empleador, que ocasiona que el extrabajador obtenga el pago de una serie de
accesorios a este crédito inicial.

Sin embargo, no es preciso sostener que estemos ante a una sanción. El
artículo 2 de la ley N°18.010 define “interés” como “toda suma que recibe o tiene
derecho a recibir el acreedor por sobre el capital reajustado”. En el presente caso,
el interés sobre interés procede por la mora causada, que es “la dilación o
tardanza en cumplir con una obligación, por lo común la de pagar cantidad
liquida y vencida” (Diccionario de la Real Academia Española). En consecuencia,
“Si tal interés se aplica mientras esté en mora, no constituye entonces una sanción
impuesta por la ley a un infractor, por cuanto, como ya se dijo, depende de él
mismo poner término a su aplicación (…) La circunstancia de que tal deuda siga
devengando intereses y haya aumentado por el transcurso del tiempo es
consecuencia únicamente del hecho de que el requirente no la ha pagado en su
totalidad”. (STC Rol N°7897-2019, cc. 12° y 13).

En adición a ello, ha sido señalado por la doctrina y recogido por este
Tribunal, que un escenario como el descrito por el requirente no implica una
forma de enriquecimiento injusto, toda vez que no basta un enriquecimiento de
una parte y empobrecimiento de la otra para que esta situación se configure,




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sino que además no debe mediar una causa que justifique esta ganancia, lo que
exige ausencia de culpa del pretendido empobrecido, ya que “si la situación se
produjo con pleno conocimiento del empobrecido del riesgo que implicaba su
situación, hay que entender que lo asumía y por tanto no puede más tarde
pretender restitución” (Daniel Peñailillo, Obligaciones, Editorial Jurídica de
Chile, 2003, p.113. Referenciado en la STC Rol N°7897-2019, c. 19°). Además, tal
argumento invita a, en base a una institución civil reconocida a nivel legal,
fundar una inconstitucionalidad.

13°. Que, en la capitalización mensual del interés, tampoco “existe
desproporción porque tiene límites temporales iniciales y finales. Y ellos dependen
de la voluntad unilateral del deudor, en cuestiones que son de orden público
laboral que le vienen impuestas al empleador” (STC Rol N°3722, c. 29°).

14°. Que, en mérito de todo lo anterior, el requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad no puede ser acogido, puesto que no se
configuran las infracciones alegadas.



VOTO POR ACOGER

Los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, HÉCTOR
MERY ROMERO, y la Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS estuvieron por
acoger parcialmente el requerimiento el requerimiento, respecto de la
frase “Dicho interés se capitalizará mensualmente”, contenida en el inciso
sexto del artículo 22 de la Ley N° 17.322, y de la frase “El interés que se
determine en conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores se
capitalizará mensualmente”, contenida en el inciso cuarto del artículo 11
de la Ley N° 19.728.

1°. Que, se ha requerido la inaplicabilidad de los dos preceptos legales
referidos, en cuanto establecen la aplicación de la capitalización mensual de
intereses, esto es, el denominado anatocismo, en la gestión pendiente donde se
persigue el cobro ejecutivo de cotizaciones previsionales morosas;



I. ANTECEDENTES

2°. Que, “[l]a palabra anatocismo es un cultismo que ha llegado hasta
nuestros días y cuyo contenido fácilmente se intuye aunque posteriormente
resulte más difícil precisarlo. Esta expresión, curiosamente, está ausente de todas
nuestras fuentes jurídicas y, lo más sorprendente aun, también de nuestros
históricos antecedentes jurídicos. (…) sin embargo, sí consta en las fuentes
literarias, concretamente en unas epistulae de Cicerón a Ático (…).




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(…) El anatocismo ha sido por mucho tiempo una institución «maldita» en
el sentido de ser necesaria su persecución hasta intentar conseguir su
desaparición” (Alfonso Murillo Villar: “Anatocismo: Historia de una
Prohibición”, Anuario de Historia del Derecho Español, N° 69, 1999, pp. 497 y
511);

3°. Que, en definitiva, “[e]ste disfavor hacia el anatocismo se mantuvo
hasta el siglo XIX y, a la prohibición canónica del cobro de intereses, hay que
añadir el principio ideológico francés tendente a propiciar la tutela del deudor: el
favor debitoris (disfavor creditoris)” (María Medina Alcoz: “Anatocismo,
Derecho Español y Draft Common Frame of Reference”, Indret, Revista para el
Análisis del Derecho, N° 4, 2011, p. 5) hasta la dictación del Código Napoleónico
en 1804 “(…) que permitió la capitalización de intereses, aunque con algunas
restricciones” (Fernando Vidal Ramírez: “La Capitalización de Intereses”,
Revista de la Facultad de Derecho, N° 26, Pontificia Universidad Católica de Perú,
1968, p. 83);

4°. Que, en Chile, el Código Civil contenía, originalmente, dos
disposiciones relativas al anatocismo. El artículo 1.559, regla 3ª -referido a la
indemnización de perjuicios por la mora en el pago de una cantidad de dinero-
que dispone “los intereses atrasados no producen intereses” y el artículo 2.210
que, a propósito del contrato de mutuo, prohibía estipular intereses de
intereses, mientras que el Código de Comercio lo regulaba con limitaciones, en
sus artículos 617 y 804, a propósito de la cuenta corriente mercantil y el mutuo
mercantil;

5°. Que, por su parte, el Decreto Ley N° 455, de 1974, que fijó normas
respecto de las operaciones de crédito en dinero, mantuvo la prohibición de
pactar intereses sobre intereses. No obstante, los intereses de un capital
proveniente de una operación regida por dicho Decreto Ley podían producir
nuevos intereses, mediante demanda judicial o un convenio especial, con tal
que la demanda o convenio versara sobre intereses debidos al menos por un
año completo;

6°. Que, en fin, la Ley N° 18.010, de 1981, derogó el artículo 2.210 del
Código Civil y el Decreto Ley N° 455, eliminando la prohibición del anatocismo,
y dispuso, en su artículo 9° inciso primero, que puede estipularse el pago de
intereses sobre intereses, capitalizándolos, pero, en ningún caso, la
capitalización puede hacerse por períodos inferiores a treinta días;

7°. Que, con evidente base constitucional, en los numerales 18° y 24° del
artículo 19 de la Carta Fundamental, tal y como lo ha señalado reiteradamente
nuestra jurisprudencia (por ejemplo, en el Rol N° 7.442), el legislador ha
contemplado una exigente normativa, con consecuencias patrimoniales graves,



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en caso que el empleador no entere, oportunamente, las cotizaciones de los
trabajadores, la que, en abstracto, resulta respetuosa de los derechos
constitucionales.

Así, desde luego, no sólo impone la obligación de pagarlas con los
debidos reajustes e intereses, ya agravados, sino que eleva estos últimos,
disponiendo que se capitalizarán mensualmente, y dota al crédito
correspondiente de privilegio para su cobro conforme a la legislación civil e,
incluso, tipifica esa conducta, cuando concurren los requisitos legalmente
establecidos para tener por cometido el delito respectivo;



II. MARCO LEGAL

8°. Que, el artículo 11 de la Ley N° 19.728 dispone que las cotizaciones
que no se paguen oportunamente por el empleador o la entidad pagadora de
subsidios se reajustarán considerando el período que va entre el último día del
plazo en que debió efectuarse el pago y el día en que éste efectivamente se
realice, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor, y esta deuda reajustada
devenga un interés penal equivalente a la tasa de interés corriente para
operaciones reajustables en moneda nacional a que se refiere el artículo 6º de
la Ley N° 18.010, aumentado en un 20%. Con todo, a contar de los noventa días
de atraso, la tasa referida se aumentará en un 50%.

Precisa la norma que, si en un mes determinado el reajuste e interés
penal aumentado en la forma señalada, resulta de un monto inferior al interés
que para operaciones no reajustables determine la Comisión para el Mercado
Financiero o a la rentabilidad nominal promedio de los últimos doce meses del
Fondo de Cesantía integrado por las cuentas individuales, calculada por la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, en ambos casos
reajustados en un 20% o en un 50% ya mencionados, se aplicará la mayor de
estas dos últimas tasas, caso en el cual no corresponde la aplicación de
reajustes.

La rentabilidad mencionada corresponderá a la del mes anteprecedente
a aquél en que se devenguen los intereses y será considerada tasa para efectos
de determinar los intereses que procedan. En este sentido, la norma aclara que
se entiende por rentabilidad nominal de los últimos doce meses del Fondo de
Cesantía integrado por las Cuentas individuales, al porcentaje de variación del
valor promedio de la cuota de un mes de tal Fondo, respecto al valor promedio
mensual de ésta en el mismo mes del año anterior. La forma de cálculo será
determinada por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Pensiones, mediante una norma de carácter general.




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En todo caso, para determinar el interés penal, se aplicará la tasa vigente
al día primero del mes anterior a aquél en que se devengue y, en fin, la norma
impugnada: El interés que se determine en conformidad a lo dispuesto en los
incisos anteriores se capitalizará mensualmente.

En fin, el precepto legal también dispone que los reajustes e intereses
referidos se abonarán en la Cuenta Individual por Cesantía del afiliado o al
Fondo Solidario, según corresponda.

9°. Que, adicionalmente, el mencionado artículo 11 prescribe que a los
empleadores que no enteren las cotizaciones que hayan retenido o debido
retener a sus trabajadores, les serán aplicables las sanciones penales que
establece la ley N° 17.322 y que las sanciones que establece son sin perjuicio de
las contenidas en la Ley N° 19.361. Asimismo, la Sociedad Administradora está
obligada a despachar la nómina de empleadores morosos a la Dirección del
Trabajo y a los registros de antecedentes comerciales y financieros que tengan
por objeto proporcionar antecedentes públicos, siendo aplicables en este
último caso las disposiciones de la Ley N° 19.628.

En fin, el artículo 11 añade que la prescripción que extingue las acciones
para el cobro de estas cotizaciones, reajustes e intereses, será de cinco años y se
contará desde el término de los respectivos servicios.

Por último, dicho precepto legal concluye disponiendo que los créditos
gozarán del privilegio establecido en el N° 5° del artículo 2.472 del Código Civil y
que será aplicable, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°,
8°, 9°, 11, 12, 14 y 18 de la Ley N° 17.322, esto es, en lo sustancial, las normas que
regulan el procedimiento de cobro;

10°. Que, en consecuencia, si las cotizaciones que dispone la Ley N°
19.728 no se pagan oportunamente, la preceptiva legal dispone que se
reajustarán de acuerdo a la variación correspondiente del índice de precios al
consumidor y se aplicará un interés penal equivalente a la tasa de interés
corriente, aumentado en un 20% o en un 50%, según los días de atraso en el
pago. Pero, si este interés resulta ser inferior al que corresponde a operaciones
no reajustables o a la rentabilidad nominal promedio de los últimos doce meses
del Fondo de Cesantía, se impondrá la mayor de las tasas, sea la del 20% o 50%;

11°. Que, de esta manera, la deuda, debidamente reajustada, se ve
incrementada con un interés agravado que, en cualquier caso, tiene que ser
igual o superior a la rentabilidad nominal promedio de los últimos doce meses
del Fondo de Cesantía, esto es, el porcentaje de variación del valor promedio de
la cuota de un mes, respecto al valor promedio mensual de ésta en el mismo
mes del año anterior, de acuerdo con la forma de cálculo que determine la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, mediante una
norma de carácter general;



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12°. Que, adicionalmente, a ese interés agravado, los preceptos legales
que han sido impugnados disponen la capitalización mensual de intereses, lo
que ha sido sometido a nuestra decisión en esta sede de control de
constitucionalidad por medio del requerimiento de inaplicabilidad, en cuanto
se estima que su aplicación vulnera el derecho de propiedad que la Carta
Fundamental asegura en su artículo 19 N° 24°;



III. APLICACIÓN AL CASO CONCRETO

13°. Que, evidentemente, el pago de una deuda con reajustes e intereses
conlleva una transferencia de bienes desde el deudor al acreedor. Pero ello no
implica, por cierto, una afectación del derecho de propiedad de quien se ha
puesto en situación de deudor, al no solucionar oportunamente la acreencia.
Tampoco cabe considerar que se vulnera el derecho de propiedad cuando el
legislador, con base en elementos objetivos, como el tiempo transcurrido, la
naturaleza de la acreencia, los perjuicios causados u otros análogos, establece
que los intereses deberán ser aumentados, tal y como lo dispone el artículo 11
de la Ley N° 19.728, como suele ocurrir en nuestra legislación en materia de
cotizaciones previsionales, por ejemplo, en el Decreto Ley N° 3.500 o en la Ley
N° 17.322;

14°. Que, en efecto, no hay duda acerca de la legitimidad del fin
perseguido por el legislador al establecer la completa y exigente regulación que
ha dispuesto el ordenamiento jurídico para incentivar el pago oportuno, entre
otras, de las cotizaciones establecidas en la Ley N° 19.728. Es más, esa finalidad
encuentra sólido sustento, como ya se ha dicho, en la Constitución,
especialmente, en los numerales 18° y 24° del artículo 19, tal y como,
sostenidamente, lo ha resuelto esta Magistratura. Todo esto, entonces, exige el
pago íntegro de la deuda y permite agravar los intereses que, en este caso, se
apliquen a dicha acreencia;

15°. Que, sin embargo, cuando la sanción pecuniaria excede el pago de lo
debido, reajustado y con los intereses que correspondan, incluso agravados por
tratarse de cotizaciones previsionales, ya no puede sostenerse que una norma
cuya aplicación causa ese efecto en el patrimonio del deudor, siga siendo
respetuosa del derecho de propiedad que se asegura a todas personas, en sus
diversas especies y sobre toda clase de bienes, al tenor de lo preceptuado en el
artículo 19 N° 24° de la Constitución;

16°. Que, en ese exceso en la carga patrimonial que se aplica al deudor,
como sucede con el anatocismo, se afecta el derecho de propiedad, pues la
acreencia se encuentra cabalmente solucionada, incluso, teniendo como
rasero, en este caso, la rentabilidad nominal promedio de los últimos doce
meses del Fondo de Cesantía;



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17°. Que, de ello, además, deviene que la capitalización mensual de
intereses se vuelve desproporcionada, dado que, como los pagos no se
enteraron oportunamente, lo que procede es su solución debidamente
reajustada, con intereses agravados, con lo que se resarcirá íntegramente al
trabajador, pero el anatocismo impone un gravamen desmesurado sobre el
patrimonio de la requirente;

18°. Que, el principio constitucional de proporcionalidad no aparece
expresado formalmente en la Carta Fundamental, pero surge nítido de varias
disposiciones constitucionales, como los numerales 2°, 22° y 26° del artículo 19,
según se ha establecido por este Tribunal Constitucional, por ejemplo, en los
Roles N°s 28. 53, 219, 280, 312, 467, 811, 1.153, 1.217 y 1.254.

Efectivamente, “(…) es sabido que esta Magistratura Constitucional ha
otorgado amplio reconocimiento al así llamado principio de proporcionalidad
(aspecto positivo) o de interdicción de la arbitrariedad (aspecto negativo), el cual
si bien no está enunciado gramaticalmente de manera explícita en general, sí
tiene en cambio nítidos fundamentos textuales específicos en la Constitución, que
permiten elucidarlo y enunciarlo por vía secundaria, con validez general, como
aquel en virtud del cual, sustantivamente, las diferencias de trato en el contenido
de la ley deben estar basadas en criterios objetivos, reproducibles y explícitos,
conforme con los valores y principios superiores que la Constitución consagra, y
en función de los fines legítimos que la misma Constitución define, de manera que
los efectos que existan sobre los derechos de las personas, no se basen en
motivaciones arbitrarias, inefables o disvaliosas, ni excedan la medida equitativa
razonable de intervención estatal en balance con su fin. En ese sentido, cabe
aludir al artículo 19, N° 2°, N° 16°, N° 22°, N° 26°, de la Ley Fundamental, inter
alia, según se ha invocado por este Tribunal Constitucional en los roles N°s 280,
1153, 312, 467, 28, 53, 219, 811, 1217 y 1254. Ello, aparte de los roles 2196 y 2365,
pertinentemente invocados en el requerimiento” (c. 18°, Rol N° 2.648);

19°. Que, sobre esa base, “(…) la doctrina especializada ha comprendido
por proporcionalidad en sentido amplio, también conocida como prohibición
de exceso, “el principio constitucional en virtud del cual la intervención pública
ha de ser susceptible de alcanzar la finalidad perseguida, necesaria o
imprescindible, al no haber otra medida menos restrictiva de la esfera de libertad
de los ciudadanos (es decir, por ser el medio más suave y moderado de entre los
posibles -ley del mínimo intervencionismo-) y proporcional en sentido estricto, es
decir ponderada o equilibrada por derivarse de aquella más beneficiosa o
ventajosa para el interés general que perjudicial sobre otros valores o bienes en
conflicto, en particular sobre los derechos y libertades” (Javier Barnes,
“Introducción al principio de proporcionalidad en el Derecho comparado y
comunitario”, en Revista de Administración Pública, N° 135, 1994, p.500)” (c. 6°,
Rol N° 9.299)”;



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20°. Que, más concretamente expresado, el numeral 2° del artículo 19 es
pertinente porque la desproporción es manifestación de arbitrariedad, de modo
que la proscripción de lo arbitrario incluye lo desproporcionado. Lo mismo
cabe concluir del tenor de los numerales 16° y 22° y del N° 3° inciso sexto, al
prescribir un procedimiento racional y justo que también se opone a la
desproporción.

En suma, toda esa normativa devela la existencia de un principio que
excluye del campo constitucionalmente lícito la arbitrariedad y, por ende, la
desproporción, ya que la conformidad o correspondencia debida entre las
partes de una cosa y el todo, o entre aquellas partes entre sí, son sinónimos de
proporcionalidad, equilibrio y armonía. Luego, si se pierde o se rompe ese
equilibrio o debida correspondencia entre los actos y sus consecuencias, por
ejemplo, o entre las diversas consecuencias de un acto, lo que hay es falta de
armonía o de equilibrio, es decir, falta de razonabilidad, y un resultado o efecto
irrazonable, respecto de sus causas, deviene en un resultado arbitrario, dado
que la arbitrariedad se opone justamente a la razonabilidad;

21°. Que, por eso, la doctrina ha asimilado, también, al exceso como
desproporción, entendiendo que existe una prohibición constitucional al
respecto, pues el exceso rompe el equilibrio e invierte además el principio de
intervención estatal útil, necesaria y respetuosa de la libertad de las personas,
de modo tal que la consecuencia resulte ventajosa para el interés general a la
vez que todo lo mínimamente perjudicial para los derechos y libertades
individuales, que sea posible;

22°. Que, en el caso que nos ocupa, siendo lícito el fin perseguido por las
dos normas impugnadas, la capitalización de intereses, desde nuestra
perspectiva, no es útil para incentivar el pago de las cotizaciones previsionales.
No lo es no solo porque estadísticamente no sea posible demostrar que lo fuere,
o porque en este caso no haya rendido los frutos esperados por el legislador,
sino sobre todo porque si, además de la batería de consecuencias que la ley
establece para resguardar el derecho del trabajador a no verse perjudicado por
la omisión del agente retenedor de enterar las cotizaciones descontadas de la
remuneración del primero, consistentes en los reajustes, la exigencia de
considerar la rentabilidad nominal de los fondos, los intereses corrientes y los
intereses penales, se añade el anatocismo, se genera la indeseable, pero más que
esperable, consecuencia de elevar a tal punto la deuda, que para muchos
empleadores se torna imposible pagarla, de modo que, al fin, en nada se
beneficie al trabajador, en cuyo interés se supone establecida la regla. Cabe
atender a que hablamos de intereses moratorios y sancionatorios, lo que es
perfectamente lícito y útil, pero si esos intereses, en sí mismos elevados, se
capitalizan, y por ende la suma adeudada se aumenta para luego los nuevos




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intereses volver a capitalizarse, y así sucesivamente, la desproporción respecto
de las deudas originales se torna tal, que mucho más cierto es decir que esa regla
debilita, dificulta o imposibilita derechamente el pago, antes que propiciarlo.

23°. Que, todo lo anterior es así aun sin considerar las demás
consecuencias que el no entero de las cotizaciones tiene para el empleador
moroso, las que inclusive pueden llegar a ser de naturaleza penal, dado que los
dineros no son propios, sino del trabajador, ni tampoco el privilegio que el
crédito adquiere, para facilitar su cobro, de modo que no se trata ni de
renunciar a los diversos mecanismos de cobranza y de sanción, ni de descuidar
el derecho del trabajador a que se cautele su derecho previsional, sino de cuidar
que la normativa no exceda lo que es razonable para obtener su finalidad, y, por
ende, que no se produzca una desproporción que resulte contraria a los
principios constitucionales.

24°. Que, además, de no aparecer como mecanismo idóneo para
asegurar el pago, el anatocismo tampoco resulta necesario, por toda la
protección que, sin él, ya recibe el crédito en favor del trabajador que ya ha sido
reseñada, incluso con posibilidad de afectarse la libertad individual del deudor,
de modo que un mecanismo inidóneo, innecesario y excesivo, no puede
entenderse constitucionalmente validado, para un caso como el que nos ocupa,
por lo que acogeremos el requerimiento de inaplicabilidad;

25°. Que, por último, estuvimos por acoger íntegramente el
requerimiento, tanto respecto del inciso sexto del artículo 22 de la Ley N° 17.322
como del inciso cuarto del artículo 11 de la Ley N° 19.728, en lo que refieren a la
capitalización mensual de los intereses, porque la determinación de cuál es la
preceptiva precisa aplicable en la gestión pendiente, en relación con el
anatocismo, corresponde al Juez del Fondo.



La Ministra señora ALEJANDRA PRECHT RORRIS previene que estuvo
por acoger el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
únicamente por el artículo 11 inciso cuarto de la Ley N°19.728. Lo anterior,
pues, al tratarse de cotizaciones adeudadas a fondos de cesantía, el
artículo 22 inciso sexto de la Ley N°17.322 no es una normativa aplicable al
presente caso.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos
primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y
pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,




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SE RESUELVE:

I. QUE, HABIÉNDOSE PRODUCIDO EMPATE DE VOTOS, NO SE HA
OBTENIDO LA MAYORÍA EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 93, INCISO
PRIMERO, NUMERAL 6°, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA
DECLARAR LA INAPLICABILIDAD REQUERIDA, POR LO CUAL SE
RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A FOJAS 1.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN
AUTOS. OFÍCIESE.



Redactó el voto por rechazar el requerimiento la Ministra señora
DANIELA MARZI MUÑZ (Presidenta), el voto por acogerlo, el Ministro señor MIGUEL
ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, y la prevención, la Ministra señora ALEJANDRA
PRECHT RORRIS.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 16.743-25-INA




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Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 13/03/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Miguel Angel Fernández González
Fecha: 13/03/2026 Fecha: 13/03/2026



Catalina Adriana Lagos Tschorne Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 13/03/2026 Fecha: 13/03/2026



Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 13/03/2026




Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández González, señora
Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela
Inés Peredo Rojas, señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René Gómez
Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 13/03/2026




9673B1CC-722D-4C0F-AA9D-0AA8F33D4ECA
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