TC Rol 16753

Texto completo

0001228
UNO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO




2026

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.753-2025

[15 de enero de 2026]
____________




REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 248 LETRA
C) DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL



JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ COLLANTES
EN EL PROCESO PENAL RIT N° 5685-2019, RUC N° 1910037835-6,
SEGUIDO ANTE EL OCTAVO JUZGADO DE GARANTÍA DE SANTIAGO



VISTOS:

Que, con fecha 5 de agosto de 2025 José Ramón Martínez Collantes deduce
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 248
letra c) del Código Procesal Penal, para que ello incida en el proceso penal RIT N°
5685-2019, RUC N° 1910037835-6, seguido ante el Octavo Juzgado de Garantía de
Santiago.



Precepto legal cuya aplicación se impugna

Código Procesal Penal

“Artículo 248- Cierre de la investigación. Practicadas las diligencias necesarias para
la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal declarará
cerrada la investigación y podrá, dentro de los diez días siguientes:

[…]


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c) Comunicar la decisión del ministerio público de no perseverar en el
procedimiento, por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes
suficientes para fundar una acusación.

[…].”



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

Relata el requirente que la gestión judicial pendiente en que incide la presente
acción de inaplicabilidad es una investigación iniciada el 5 de agosto de 2019 ante el
Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, bajo el RIT 5685-2019, mediante querella
criminal que interpuso en contra de Matías Fleischmann Chadwick, hoy ex Gerente
General de la empresa AVLA S.A. -y también en contra de todos los que resulten
responsables-, por los delitos falsificación de instrumento público, falsificación de
instrumento privado y uso malicioso de instrumento mercantil falso.

Indica que, con fecha 13 de noviembre de 2019 se procedió a ampliar la
querella, esta vez en contra de don Eduardo Diez Morello, Notario Público, titular del
34ª Notaría de Santiago, por el delito contemplado en el artículo 443 del Código
Orgánico de Tribunales.

En cuanto a los hechos, a fojas 4, afirma el requirente que se ha acreditado de
manera científica que la empresa AVLA S.A. (ex AVAL Chile) haciendo uso de una
contrafianza, donde se falsificó la firma de José Ramón Martínez Collantes, procedió
a llenar dos pagarés en su contra, para luego ejecutarlo judicialmente ante el Vigésimo
Segundo Juzgado Civil de Santiago, en autos Roles N° C-19.965-2018 y C-12.399-2018.

Sin embargo, expone que a pesar de todo lo ocurrido, con fecha 24 de julio de
2025, el Juzgado de Garantía le notificó por correo electrónico que el Ministerio
Público había adoptado la decisión contemplada en el artículo 248 letra c), es decir, no
perseverar en la investigación, y solicitó la respectiva audiencia para comunicarla, y
que el tribunal citó a las partes a una audiencia para el día 21 de noviembre de 2025,
la que se encontraba pendiente de realización.



Como conflicto constitucional, el actor plantea que el precepto legal
impugnado infracciona el derecho a la acción penal, reconocido en el artículo 83 inciso
segundo de la Constitución, en relación con el artículo 19 N° 3 incisos tercero y sexto.

Expone el actor que la Constitución, al menos desde la introducción del actual
artículo 83, mediante la Ley de Reforma Constitucional N° 19.519, reconoce a la
víctima de un delito el derecho a ejercer la acción penal, derecho que se ve reafirmado
como derecho constitucional con la reforma constitucional introducida mediante la
Ley N° 20.516, que modificó el artículo 19° N° 3 de la Constitución.
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De las normas citadas, desprende la actora que: a) el ofendido o víctima tiene
igualmente -como el Ministerio Público- el derecho constitucional de ejercer la acción
penal; b) el referido derecho se conecta con las garantías del debido proceso; y c) el
derecho a ejercer la acción penal supone necesariamente para su eficacia, el derecho a
sostenerla, lo que tiene aplicación y proyección tanto en la etapa de investigación
como en la etapa intermedia y de juicio oral.

Señala que los principios antes enunciados se proyectan en la legislación
procesal penal, entendiéndose en ella que el derecho al ejercicio de la acción penal no
sólo cubre, para el ofendido o víctima, la posibilidad de deducir querella sino también,
el de adherirse a la acusación fiscal, presentar acusación particular e, incluso, forzar la
acusación, en aquellos casos en que el querellante se oponga a la solicitud de
sobreseimiento formulada por el Fiscal.

Así, expone que la víctima no tiene mayores obstáculos para deducir querella
y tampoco los tiene para acusar particularmente e incluso forzar la acusación. Sin
embargo, el diseño procesal referido adolece de una dificultad notoria, desde el punto
de vista del derecho constitucional al ejercicio de la acción penal por la víctima. Esta
dificultad radica en casos como el de autos, en que el Ministerio Público decide no
perseverar en la investigación, sin haber previamente formalizado la misma, pues se
priva al querellante la posibilidad de ejercer la acción penal pública, a la cual tiene
derecho consagrado en la Constitución Política de la República. Al obrar de este modo,
se impide la posibilidad de acusar o forzar la acusación, lo que resulta imprescindible
para continuar el procedimiento y darle eficacia al ejercicio de la acción penal.

En otras palabras, apunta a que el Fiscal a través de una negativa a formalizar,
sumado en el presente caso a la adopción de la decisión de no perseverar en el
procedimiento, impide del todo la continuación del proceso criminal, vedando al
querellante una forma de ejercicio de la acción penal, como es la de acusar o forzar la
acusación, lo que hace ilusorio el igual ejercicio de la acción penal, reconocido como
derecho constitucional del ofendido en los artículos 83 y 19 Nº 3 de la Constitución
Política de la Republica.

Entonces, afirma que la exclusividad constitucional de que goza el Ministerio
Publico para investigar no puede significar la ausencia, aun parcial, de tutela judicial
de los intereses de aquel ofendido que aspira a que sí se persevere en la pretensión
punitiva. Por ende, lo que se cuestiona, en el caso concreto, es que el Ministerio Público
adopte decisiones de término, sin control jurisdiccional, y que, además, impiden el
ejercicio de los derechos constitucionales de la víctima.

De esta forma, argumenta que lo correcto es sostener que, existiendo un
querellante particular, la facultad exclusiva para investigar que tiene el Ministerio
Público, reconocida constitucionalmente, no le confiere a aquél una posición
prevalente respecto del querellante privado en el ejercicio de la acción penal. En este


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sentido, el actuar del órgano persecutor e investigador tendrá como límite el
reconocimiento de que la víctima es, también, titular del derecho a la acción penal.
Este mandato constitucional requiere para que sea efectivo que se contemplen y
apliquen medidas de control judicial, que limitando un eventual actuar arbitrario del
Ministerio Público, hagan factible la interposición de una acusación por parte del
querellante privado.

Precisa que dentro del actual sistema procesal penal, no se contempla la
posibilidad de control judicial que permita a los demás intervinientes objetar la
pertinencia de la decisión administrativa de no perseverar en la investigación. En este
sentido, el Código del ramo se refiere siempre a la facultad de no perseverar como una
decisión del Ministerio Público que se comunica al Juez de Garantía. En consecuencia,
en estos casos, como el que nos convoca, la acción penal o el proceso criminal,
culminan con la sola decisión del órgano administrativo sin posibilidad de una
revisión judicial.

Por ello, concluye que no se satisface el mandato constitucional del artículo 83,
inciso segundo de la Constitución Política, referido al derecho a la acción penal por
parte del ofendido, cuando el Ministerio Público, sin mediar control judicial de fondo,
y sin previa formalización, decide por sí, el término de la acción penal y del
procedimiento judicial. Lo anterior por cuanto, al obrar de este modo, impide por su
sola voluntad que la víctima y querellante continúen con la acción penal, ante la
judicatura.



Tramitación

El requerimiento fue acogido a tramitación por resolución de la Segunda Sala
de esta Magistratura, de fecha 18 de agosto de 2025, de fojas 83, y se ordenó la
suspensión del procedimiento. Luego, fue declarado admisible por resolución de la
misma Sala, de 11 de septiembre de 2025, de fojas 163.



Conferidos los traslados de fondo a todas las partes de la gestión pendiente
y a los órganos constitucionales interesados, con fecha 1 de agosto de 2025 a fojas
175, formuló observaciones el Ministerio Público, abogando por el rechazo del
requerimiento, pues los preceptos legales criticados no producen un efecto contrario
a la Constitución.

Explica que la decisión de no perseverar es una manifestación directa de las
facultades exclusivas del Ministerio Público otorgadas por la Constitución Política de
la República, dentro del marco de la dirección exclusiva de la investigación, de
acuerdo con el artículo 83.



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En ese escenario, señala que el mandato constitucional le ordena investigar
tanto los hechos constitutivos de delito y la participación punible, como aquellos que
acrediten la inocencia del imputado, lo que es una manifestación del principio de
objetividad.

Además, expone que la Carta Política le ordena ejercer la acción penal “en su
caso” y no “en todo caso”. De ello se deduce que la decisión de acusar o la de no
perseverar en el procedimiento son el reflejo de este principio, y surgen de una misma
base, esto es, que la investigación haya arrojado un fundamento serio para el
enjuiciamiento.

Indica que esta potestad fue retirada de la judicatura para resguardar la
imparcialidad del Juez lo que constituye un reflejo del principio acusatorio.

Luego, explica la requerida que la decisión de no perseverar no es definitiva ni
concluye irremediablemente la causa, ya que se apoya en la carencia de antecedentes
probatorios.

Agrega que el cuestionamiento que subyace al requerimiento es la falta de
control judicial sobre esta decisión del Ministerio Público, que muchas veces se toma
sin que exista formalización de la investigación. Sin embargo, expone que el artículo
229 del Código Procesal Penal establece que la formalización es una facultad exclusiva
del Ministerio Público, en coherencia con la dirección exclusiva de la investigación
que le otorga el artículo 83 constitucional. Así, subraya que forzar la formalización es
un acto que modifica los parámetros de la investigación, lo que reafirma su vínculo
con la función investigadora exclusiva del Ministerio Público.

Por ello razona que la norma criticada se encuadra con los parámetros
constitucionales que rigen las funciones del Ministerio Público y el proceso penal
chileno, sin que se justifique que su aplicación deba ser excluida.

Finalmente, argumenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
vinculado siempre la denegación de justicia con la violación de los artículos 8 y 25 de
la Convención Americana de Derechos Humanos, respecto de:

1. Inactividad procesal: cuando el Estado no impulsa la investigación ni lleva
a juicio a los responsables.

2. Decisiones arbitrarias o restrictivas de las fiscalías o jueces: Que impiden que
el caso avance sin justificación razonable.

3. Imposibilidad de participación de la víctima: Como sujeto procesal o
denunciante.

4. Obstáculos estructurales o materiales: Que hacen inútiles o ilusorios los
recursos disponibles.


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En tanto, con fecha 2 de octubre de 2025, a fojas 189, evacuó traslado Matías
Fleischmann Chadwick.

La requerida respecto de la gestión pendiente detalla las diligencias de
investigación que se realizaron en este caso.

Hace presente respecto de la norma cuestionada que forma parte central de la
consolidación del sistema acusatorio que instauró la Reforma Procesal Penal,
mediante la cual se le concedieron al Ministerio Público amplias facultades para
dirigir la investigación y decidir sobre el curso de la misma, facultades en las cuales
puede actuar con cierta discrecionalidad. Agrega que ésta, no puede carecer de
racionalidad y objetividad, debiendo la Fiscalía –como todo órgano del Estado–
fundamentar sus decisiones a objeto de evitar que se incurra en arbitrariedades, sobre
todo cuando se decide cerrar una investigación penal sin que se haya logrado contar
con elementos suficientes como para poder fundar una acusación, tal como ocurrió en
el caso concreto.

Afirma que durante los 7 años de investigación de este caso el Ministerio
Público fue diligente al decretar todas las diligencias previamente señaladas, las que
fueron en parte solicitadas por la parte querellante, pero en gran medida fueron
decretadas por iniciativa propia de la fiscal a cargo de la investigación. A pesar de la
realización de todas estas diligencias, no se logró acreditar que se haya configurado el
delito denunciado en la querella, ni menos aún la participación de don Matías
Fleischmann Chadwick en algún hecho delictivo, por lo que lo más responsable que
podía hacer la Fiscalía en este caso, era justamente comunicar la decisión de no
perseverar, sin que exista un actuar arbitrario por su parte, sino únicamente una
decisión tomada en virtud del principio de objetividad que rige su actuar.

Por ello, concluye señalando que es justamente en razón del principio de
objetividad que rige el actuar de la fiscalía, que se justifica plenamente que el inciso
primero del artículo 83 de la Constitución, disponga que únicamente el Ministerio
Público, en su calidad de órgano del Estado, puede dirigir la investigación relativa a
aquellos hechos constitutivos de delito, objetividad de la que naturalmente carece la
víctima, pues no tiene ninguna obligación legal que se lo instruya. Asimismo, en razón
de este principio de objetividad, es que, en concordancia con lo anterior, el legislador
ha determinado que el acto de la formalización también debe ser ejercido únicamente
por el Ministerio Público, estándole permitido a la víctima ejercer la acción penal al
forzar la acusación, tan solo en aquellos casos en que ha existido un control previo de
seriedad y pertinencia por parte del Ministerio Público al decidir formalizar,
independiente que en forma posterior decida terminar la causa sin deducir acusación.

Con fecha 8 de octubre de 2025, a fojas 199, fueron traídos los autos en relación.




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Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 17 de diciembre de 2025 se verificó la vista de la causa,
oyéndose la relación pública y los alegatos de los abogados Cristián Manásevich
López, por la parte requirente; Pablo Campos Muñoz, por el Ministerio Público; y
Paula Vial Reynal, por la parte de Matías Fleischmann Chadwick, y se adoptó
acuerdo, conforme fue certificado por la relatora de la causa.



Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, como se consigna en la parte expositiva de esta sentencia,
don José Martínez Collantes solicitó que se declare la inaplicabilidad por
inconstitucionalidad del artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal, a fin de que
no se aplique en la causa penal RUC 1910037835-6, RIT 5685-2019, seguida ante el 8°
Juzgado de Garantía de Santiago. Este proceso se inició por una querella presentada
por el requirente en contra de don Matías Fleischmann Chadwick y respecto de todos
los que resulten responsables, por los delitos de falsificación de instrumento público,
falsificación de instrumento privado y uso malicioso de los mismos. La querella fue
ampliada el 13 de noviembre de 2019, esta vez en contra de don Eduardo Diez
Morello, Notario Público de la 34° Notaría de Santiago, por el delito contemplado en
el artículo 443 del Código Orgánico de Tribunales.

El Ministerio Público, una vez agotada la investigación, solicitó audiencia para
comunicar la decisión de no perseverar, la cual estaba fijada para el 21 de noviembre
del año 2025, siendo suspendida por orden de esta Magistratura debido a la
tramitación de este requerimiento.

SEGUNDO: Que, en síntesis, el requirente sostiene que el Fiscal, mediante su
negativa a formalizar la investigación y la decisión de no perseverar en el
procedimiento, impide la continuación del proceso criminal. Esto vedaría al
querellante una forma de ejercicio de la acción penal, como lo es acusar o forzar la
acusación, haciendo ilusorio el igual ejercicio de la acción penal, reconocido como
derecho constitucional del ofendido. Invoca, a tal efecto, una infracción al artículo 83,
inciso segundo, y al artículo 19, N° 3, inciso, ambos de la Constitución Política de la
República.

TERCERO: Que, el artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal dispone
que, una vez practicadas las diligencias necesarias para la averiguación del hecho
punible y sus autores, cómplices o encubridores, el Fiscal declarará cerrada la
investigación. Podrá, dentro de los diez días siguientes, comunicar la decisión del
Ministerio Público de no perseverar en el procedimiento, por no haberse reunido
durante la investigación los antecedentes suficientes para fundamentar una
acusación.


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UNO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO




CUARTO: Que, de esta forma, el dilema constitucional del conflicto
interpuesto radica en el cuestionamiento del precepto impugnado por infracción a la
garantía fundamental del debido proceso y al derecho a ejercer la acción penal, según
alega el requirente, vulnerándose así los artículos 19° N° 3, inciso sexto, y 83°, inciso
segundo, de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, respecto a la vulneración de la garantía constitucional del
Debido Proceso alegada, resulta útil recordar que la Constitución Política de la
República, en su artículo 19° N° 3, inciso sexto, establece que: “[t]oda sentencia de un
órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado”,
otorgándole al legislador un mandato para establecer las garantías de un
procedimiento e investigación racionales y justos.

SEXTO: Que, en este sentido, esta Alta Magistratura ha señalado de forma
reiterada que, si bien el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República no
detalló expresamente los elementos que integran la garantía del debido proceso legal,
ha establecido que el derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, racional y
justo, que la Carta Fundamental asegura a todas las personas, debe contemplar las
siguientes garantías: ”la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el
oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento, adecuada defensa y
asesoría con abogados, la producción libre de pruebas conforme a la ley, el examen y objeción
de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para
revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores” (STC N° 12.337, c. 5°) (el destacado
es del redactor).

SÉPTIMO: Que, sobre el particular, es pertinente señalar que la acción
procesal penal es el derecho que tienen los sujetos legitimados para impulsar la
apertura de un proceso penal. Esta acción comprende el derecho de activar al
organismo competente para que abra la investigación, en el caso del Ministerio
Público, o el proceso jurisdiccional, en el caso del Tribunal. (STC 815 cc.16 y 17).

OCTAVO: Que, en el proceso penal, se ha dispuesto de un operador
intermedio entre el actor y el juez, que es el Ministerio Público, el que según lo
dispone el artículo 83 de la Carta Fundamental es “[u]n organismo autónomo,
jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación
de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que
acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma
prevista por la ley”. En armonía con la norma en comento, el artículo 248 letra b) del
Código Procesal Penal prescribe que, una vez cerrada la investigación, el Fiscal podrá
“[f]ormular acusación, cuando estimare que la investigación proporciona fundamento serio
para el enjuiciamiento del imputado contra quien se hubiere formalizado la misma”, facultad
que debe ejercer en consideración al principio de objetividad, debiendo averiguar no
sólo los hechos constitutivos de delito, sino también aquellos que acrediten la
inocencia del imputado, de forma tal que, al término de la investigación, puede

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UNO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS




arribar a la conclusión de solicitar el sobreseimiento; acusar; o bien, no perseverar en
la investigación, en virtud del mandato constitucional que le permite al Ministerio
Público -de forma exclusiva- dirigir la investigación.

NOVENO: Que, en este orden de consideraciones, es posible concluir que la
garantía del debido proceso, así como el derecho al ejercicio de la acción penal no
resultan vulneradas en este caso concreto, toda vez que el Ministerio Público, al
dirigir en forma exclusiva la investigación penal, por siete años actuó dentro de las
facultades que le otorga el propio constituyente en el artículo 83°, inciso primero.

La decisión de no perseverar en el procedimiento es facultativa y constituye
una de las atribuciones discrecionales otorgadas al organismo persecutor en el
proceso de dirección de la investigación, siempre que cumpla con los elementos
reglamentarios de la potestad que le confiere el artículo 248 del Código Procesal
Penal. Esto implica que el fiscal debe haber practicado todas las diligencias necesarias
para la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores; debe
haber cerrado la investigación y pronunciarse dentro de los diez días siguientes a
dicho cierre. Si, habiéndose agotado la etapa indagatoria, el persecutor llega a la
conclusión de que los antecedentes reunidos no son suficientes para fundar una
acusación, será necesario que la facultad de no perseverar se comunique en una
audiencia convocada específicamente para este propósito, a requerimiento del fiscal.

DÉCIMO: Que, junto a lo expuesto, cabe recordar lo señalado por este
Tribunal Constitucional en el considerando octavo de la STC 16.209, en cuanto el
Ministerio Público no puede acusar sin previa formalización, en tanto que “ninguna
normativa permite ni sustituir al ente persecutor en ese ejercicio (sí respecto de la acusación,
pero no respecto de la formalización), ni mucho menos forzarlo a formalizar lo que por lo demás
sí que resultaría inconstitucional en el diseño de nuestro sistema, porque el propio artículo 83
de la Carta, al indicar que el ministerio público ejercerá la acción penal “en su caso” y al
indicar que debe investigar también los hechos que acrediten la inocencia del imputado, está
anticipando la obligación de imparcialidad y objetividad que la Fiscalía tiene durante el
desarrollo de la investigación y tras su conclusión, deber que no podría cumplir si se le obligara
a formalizar, pese a no tener la convicción de que quepa hacerlo” (STC 16.209 c.8).

UNDÉCIMO: Que, como se adelantó en el caso en estudio, no se constata una
vulneración al artículo 83, inciso segundo, así como al artículo 19 N° 3, inciso sexto,
de la Carta Fundamental, que consagra la garantía del debido proceso, por cuanto, no
es posible sostener que el ejercicio de la facultad del Ministerio Público de no
perseverar en el procedimiento, por no haberse reunido durante la investigación los
antecedentes suficientes para fundar una acusación, adolezca de reparos de
constitucionalidad, ni en abstracto ni en concreto. Esto se considera, además, en
virtud de que el requirente tuvo la oportunidad de presentar la querella criminal que
da lugar a la gestión pendiente de autos; y por esta razón, tampoco se advierte
vulneración o impedimento al derecho a la acción penal, dependiendo el éxito o

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UNO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE




fertilidad de aquella de aspectos fácticos que exceden su examen en esta sede
constitucional.

DUODÉCIMO: Que, por las razones expuestas, se desestimará el
requerimiento de inaplicabilidad.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO. OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN
AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE POR
ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.



DISIDENCIA

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y HÉCTOR MERY ROMERO, y de la Ministra señora MARCELA
PEREDO ROJAS, quienes estuvieron por acoger el requerimiento, por las siguientes
razones:

I. CONFLICTO DE CONSTITUCIONALIDAD

1°. La parte requirente solicita la inaplicabilidad del artículo 248, letra c) del
Código Procesal Penal, dado que su aplicación provoca una “Infracción del derecho a la
acción penal, reconocido en el art. 83 inciso 2º de la Constitución, en relación con el art. 19 Nª
3 incisos 3º y 6º” (f. 17 del expediente constitucional).



A) NORMA LEGAL IMPUGNADA

2°. Que, en el presente proceso constitucional, se pretende la declaración de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 248, letra c) del Código Procesal
Penal; el cual, en lo pertinente, prescribe: “Artículo 248. Cierre de la investigación.
Practicadas las diligencias necesarias para la averiguación del hecho punible y sus autores,
cómplices o encubridores, el fiscal declarará cerrada la investigación y podrá, dentro de los diez
días siguientes: (…)


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c) Comunicar la decisión del ministerio público de no perseverar en el procedimiento,
por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una
acusación.”


B) ELEMENTOS DEL CASO CONCRETO

3°. Que la requirente dedujo querella criminal en causa ordinaria penal Rit
N°5.685-2019 ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, “(…) por los delitos de
falsificación de instrumentos públicos y privados mercantil y uso malicioso de los mismos (…)”
(f. 99 del expediente constitucional), en contra del requerido y de todos aquellos que
aparezcan como responsables. Posteriormente, la requirente solicitó que se ampliase
la querella: i) respecto de un notario público, por el delito contemplado en el art. 443
del Código Orgánico de Tribunales; ii) y respecto de “(…) todos los que resulten
responsables, por el delito de presentación de pruebas falsas en juicio civil, delito previsto y
sancionado en el artículo 207 del Código Penal (…)” (f. 110 y 111 del expediente);
admitiendo el tribunal de fondo la ampliación de la querella.

4°. Que, en el marco de dicho proceso judicial, y sin haberse formalizado la
investigación, el Ministerio Público solicitó al tribunal de fondo que fijara audiencia
para comunicar su decisión de no perseverar; audiencia que, de acuerdo a los
antecedentes que constan en estos autos constitucionales, no se ha materializado a la
fecha. En efecto, el Juzgado de Garantía había programado la audiencia para el 21 de
noviembre de 2025, pero dicha programación fue dejada sin efecto por resolución de
20 de agosto de 2025, en virtud de la suspensión de la gestión pendiente decretada por
la Segunda Sala de esta Magistratura.



II. ESTATUTO CONSTITUCIONAL DE LAS VÍCTIMAS Y LA DECISIÓN DEL MINISTERIO
PÚBLICO DE NO PERSEVERAR EN EL PROCEDIMIENTO


A) ESTATUTO CONSTITUCIONAL DE LAS VÍCTIMAS

5°. Que durante las últimas décadas, se ha llevado a cabo un proceso conocido
como la constitucionalización del derecho, el cual se caracteriza por el reconocimiento
práctico de la supremacía de la Carta Fundamental, formulado a través del Derecho
Constitucional y realizado, en todas las disciplinas jurídicas, cualquiera sea quien las
estudie u opere con ellas.

Tal Constitucionalización se expresa en la difusión de los principios y normas
de la Carta Fundamental a todo el sistema jurídico, impregnándolo de los valores de
ésta, como son la vida e integridad de la persona, la libertad e igualdad, la paz y
justicia, el bien común, la participación, el desarrollo y la solidaridad que, entre otros,



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son modeladores de aquel proceso jurídico, teleológica y no lógico-positivamente
entendido.

6°. Que en dicho marco, en nuestro ordenamiento jurídico se ha llevado un
proceso de constitucionalización del derecho penal, un fenómeno sobre el cual la
doctrina ha sostenido que “[E]n la actualidad el derecho penal se entiende –que- debe estar
perfectamente constitucionalizado, es decir, que las normas constitucionales referidas a los
derechos fundamentales y obviamente, las que tienen que ver de forma expresa con el derecho
penal, entran a jugar como parámetro de evaluación crítica de las normas penales, al mismo
tiempo que se constituyen en criterios para su interpretación y aplicación. Este fenómeno de
vinculación necesaria entre el derecho penal y la constitución, que ha llevado a importantes
autores como WINFRIED HASSEMER a sostener por ejemplo que el derecho penal se debe
entender como derecho constitucional aplicado” (COTE-BARCO, Gustavo (2008):
Constitucionalización del derecho penal y proporcionalidad de la pena. Universitas,
Bogotá, v.57, n.116, p. 119-151).

7°. Que, en el marco de dicho fenómeno, en nuestro ordenamiento jurídico se
produjo la constitucionalización de los derechos de las víctimas de delitos, a través de
reformas constitucionales. Una de las modificaciones más relevantes se produce en
1997, a través de la reforma que incorpora a la Carta Fundamental al Ministerio
Público, al cual se le confía la obligación constitucional de adoptar las medidas para
proteger a las víctimas y a los testigos, como consta en el artículo 83 de la Constitución.

Específicamente, a través de esta reforma, se incorporó a la Constitución el
derecho de las víctimas a ejercer la acción penal, explícitamente consagrado,
actualmente, en el inciso segundo del artículo 83 de la Constitución, al señalar que
“[E]l ofendido por el delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente
la acción penal”.

Esta norma viene a romper la tradición chilena hasta la época, que se
caracterizaba por otorgarle un papel secundario a la víctima, siguiendo la influencia
del derecho español (TAPIA BALLESTEROS, Patricia (2016): El estatuto de la víctima en
el ordenamiento jurídico chileno: estado de la cuestión y algunas consideraciones.
Revista de Ciencias Penales, sexta época, vol. XLIII, N|2, pp. 19-38). Así, hoy en día es
claro que la Constitución vigente contempla el derecho de la víctima a ejercer la acción
penal.

Lo mismo ha señalado esta Magistratura en su jurisprudencia, al explicar que
el artículo 83 de la Carta Fundamental “no sólo está situando a aquellos sujetos en un plano
de igualdad con el Ministerio Público, en lo que respecta al ejercicio de la acción penal pública,
sino que, en esencia, consagra el ejercicio de la referida acción como un verdadero
derecho, que debe ser respetado y promovido por todos los órganos del Estado, en
obediencia a lo mandado por el artículo 5º, inciso segundo, de la Carta Fundamental”
(STC Rol N°1.484, c. 17°).


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8°. Que lo señalado por el actual artículo 83 de la Constitución vino a ser
reforzado posteriormente, a partir de la ley de reforma constitucional N°20.516. Este
cuerpo normativo produjo la constitucionalización del derecho de defensa jurídica
gratuita de la víctima, al añadirlo en el texto del artículo 19 N°3 de la Constitución
Política de la República, que regula la igual protección en el ejercicio de los derechos
o debido proceso, agregando que “[L]a ley señalará los casos y establecerá la forma en que
las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas,
a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes”.

Dicha reforma obliga al legislador a regular el derecho a defensa y asesoría
jurídica en favor de las personas naturales que han sido víctimas de delitos y que no
pueden procurárselas por sí mismas, para así poder ejercer la acción penal. Por lo
tanto, es indudable que esta reforma al artículo 19 Nº3 reforzó el derecho
constitucional de las víctimas a ejercer la acción penal, tal como lo ha señalado esta
Magistratura en su jurisprudencia (en este sentido, STC Rol Nº8.798 c. 7º).

9°. Que, en cuanto al contenido del derecho de la víctima a ejercer la acción
penal, la doctrina lo ha caracterizado como ius ut procedatur “esto es, como derecho al
proceso jurisdiccional tiene como núcleo esencial mínimo la prestación de actividad
jurisdiccional y de una decisión jurisdiccional motiviada”, lo cual implica “que la acción
procesal del ofendido por el delito exige que —incluso en las etapas preparatorias— haya
actividad jurisdiccional y al menos una resolución jurisdiccional motivada respecto de su
derecho a intervenir en el proceso y a formular en él una pretensión procesal acusatoria” (DEL
RÍO FERRETTI, Carlos (2024): “Ius ut procedatur y denegatio actionis: el problema
constitucional del acusador penal particular y su derecho a la acción procesal”, en
POBLETE ITURRATE, Orlando y CILVETI MEDINA, Flavia (coordinadores), Las partes en
el proceso. IX Jornadas Nacionales de Derecho Procesal (Valencia, Tirant Lo Blanch)
pp.396-397). (En el mismo sentido, voto disidente, STC Rol N°14.265, c.13°).

Así, el derecho de la víctima a ejercer la acción penal no se satisface por la
simple posibilidad de intervenir en el proceso penal o de interponer querella, puesto
que el contenido esencial del mismo va más allá, y exige que el ofendido pueda
obtener una decisión judicial motivada sobre su pretensión penal. Cabe aclarar que lo
anterior en ningún caso significa que ella tiene derecho a obtener un resultado
favorable a sus pretensiones o la condena del imputado; sino que básicamente implica
que el ofendido por el delito pueda llevar adelante la persecución penal con los
debidos controles judiciales, independientemente de cuál sea la decisión final
adoptada por los tribunales competentes.

10°. Que, por lo tanto, es indiscutible que no sólo el Ministerio Público, en el
ejercicio de sus potestades constitucionales y legales, puede -y debe- ejercer la acción
penal; pues la víctima también tiene derecho a hacerlo, en base a los artículos 19 N°3
y 83 de la Constitución. Lo mismo ha sostenido este Tribunal Constitucional en su
jurisprudencia, explicando que “resulta claro que el ejercicio de la acción penal, por

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parte de un sujeto distinto al Ministerio Público, está garantizado por la
Constitución tanto en su artículo 19, Nº 3°, inciso sexto, como en el artículo 83, inciso
segundo” (STC Rol N°11.325, c. 11°).

De esta forma, el Ministerio Público tiene la obligación de ejercer sus
atribuciones de una forma compatible con los derechos y garantías que la Constitución
otorga a la víctima -y los de todos los intervinientes-, pues tal como lo ha explicado
esta Magistratura, “el debido proceso y la actividad de investigación del Ministerio Público
no pueden entenderse desconectadas o desvinculadas” (STC Rol N°14.345, c. 4°). Entonces,
“la exclusividad constitucional de que goza el Ministerio Público para investigar no puede
significar la ausencia– aun parcial- de tutela judicial de los intereses de aquel ofendido que
aspira a que se persevere en la pretensión punitiva” (voto disidente, STC Rol N°13.011, c.
15°).

11°. A mayor abundamiento, en el estatuto de las víctimas en el derecho
constitucional comparado resulta relevante el caso de España y México. En ese
sentido, la Constitución Española consagra en su artículo 24 el derecho a tutela judicial
efectiva. Ello, ha tenido manifestación concreta en la misma Ley 4/2015, de 27 de abril,
del Estatuto de la víctima del delito. Así, su artículo 3, establece un verdadero catálogo
de derechos de la víctima, a saber; “1. Toda víctima tiene derecho a la protección,
información, apoyo, asistencia, atención y reparación, así como a la participación activa en el
proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio
desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios, durante la actuación de los
servicios de asistencia y apoyo a las víctimas y, en su caso, de justicia restaurativa, a lo largo
de todo el proceso penal y por un período de tiempo adecuado después de su conclusión, con
independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso. En
todo caso estará vedada la mediación y la conciliación en supuestos de violencia sexual y de
violencia de género.

2. El ejercicio de estos derechos se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y en las
disposiciones reglamentarias que la desarrollen, así como por lo dispuesto en la legislación
especial y en las normas procesales que resulten de aplicación.” Junto a lo anterior, es preciso
señalar que dicho cuerpo normativo desarrolla los derechos básicos de las víctimas en
todo su título I.

12°. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
contiene igualmente un catálogo de derechos atribuidos exclusivamente a la víctima.
De esta forma, en su artículo 20 letra B), consagra siete numerales que dan cuenta de
un estado avanzado en materia de protección de víctimas a nivel americano. Así,
advierte que “El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. I. Recibir asesoría
jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo
solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio
Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en

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UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS




la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a
intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el
Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y
motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de
urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público
estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido
lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha
reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para
ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y
otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de
delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio
del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la
defensa. Párrafo reformado DOF 14-07-2011 El Ministerio Público deberá garantizar la
protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el
proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las
medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos,
y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la
investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de
la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del
daño.”

Por ende, los derechos de las víctimas en ordenamientos constitucionales
comparados resguardan incluso más allá del derecho a la acción un estatuto que
reconoce derechos específicos en virtud de un procedimiento racional y justo para
ellas.



B) LA DECISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE NO PERSEVERAR EN EL
PROCEDIMIENTO

13°. Que de lo expuesto por la parte actora en su requerimiento, es posible
concluir que el hecho que gatilla el conflicto de constitucionalidad presentado ante
este Tribunal corresponde a la posibilidad de que el Ministerio Público comunique su
decisión de no perseverar en el procedimiento, por lo que nos referiremos brevemente
a dicha facultad.

14°. Que, en virtud del principio de oportunidad, el Ministerio Público cuenta
con facultades que le permiten “no iniciar, suspender, interrumpir o hacer cesar el curso de
la persecución penal” (HORVITZ LENNON, María Inés y LÓPEZ MASLE, Julián (2002):
Derecho procesal penal chileno. Tomo I. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, p.48).
Dentro de ellas, encontramos la posibilidad de que se comunique la decisión de no
perseverar en el procedimiento, cuando no se hayan reunido los suficientes
antecedentes para fundar una acusación en contra del imputado.


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UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES




15°. Que, así, es evidente que la naturaleza de la decisión de no perseverar es
eminentemente administrativa, no judicial. En esta línea, la doctrina ha señalado que
“un elemento central que distingue a la decisión de no perseverar del sobreseimiento definitivo,
y obviamente de la sentencia que se dicte en el juicio oral, es que la mencionada decisión -en
tanto acto no jurisdiccional- no genera (en principio) el efecto propio de la cosa juzgada”
(CORREA ROBLES, Carlos (2020): Uso y abuso de la decisión de no perseverar en el
procedimiento. Revista chilena de Derecho, vol. 47, N°1, pp. 159-185).

Es más, incluso se ha llegado a considerar que esa decisión, administrativa y
de mérito, es “de exclusiva competencia del Ministerio Público y no cabe, en consecuencia,
pronunciamiento ulterior del juez ni, evidentemente, recursos jurisdiccionales en contra de la
misma”, lo cual, de acuerdo a la doctrina especializada en la materia “genera diversos
problemas y trastoca la lógica del Código, orientada a la completación de mecanismos de
clausura definitiva del procedimiento en casos débiles, sin vialidad o en que no existe una
actividad productiva del órgano de persecución penal” (HORVITZ LENNON, María Inés y
LÓPEZ MASLE, Julián (2002): Derecho procesal penal chileno. Tomo I. Santiago,
Editorial Jurídica de Chile, pp. 585-586).

16°. Que, por lo tanto, al comunicar que no perseverará en un procedimiento
penal, el Ministerio Público realiza un juicio discrecional de mérito de naturaleza
administrativa respecto a los antecedentes que ha podido recopilar durante la
investigación, determinando si prosigue o no con el proceso; sin que exista una
intervención o control de fondo sobre dicha decisión por parte de un órgano
jurisdiccional.



III. ESCRUTINIO DE INAPLICABILIDAD: LA VULNERACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 19 N°3
Y 83 DE LA CONSTITUCIÓN

17°. Que la requirente estima que la aplicación del precepto legal impugnado
vulnera los artículos 19 Nº3 y 83 inc. 2º de la Constitución, principalmente debido a
que, como el Ministerio Público busca comunicar su decisión de no perseverar en el
procedimiento sin haber formalizado la investigación, se afectaría su derecho a ejercer
la acción penal, pues no se le permite proseguir con el juicio criminal del cual es
querellante.

18°. Que, por lo tanto, para determinar si, en este caso concreto, la aplicación
del precepto legal impugnado genera resultados contrarios a la Constitución, los
jueces constitucionales deben preguntarse si los efectos que produce la comunicación
de la decisión del Ministerio Público de no perseverar en un proceso penal
desformalizado es o no respetuosa de los derechos que la Carta Fundamental le
reconoce a las víctimas.

Lo anterior debe realizarse teniendo especialmente en cuenta que un
querellante no puede forzar acusación respecto a una investigación que no ha sido

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formalizada y que, por ende, no puede proseguir con el proceso penal en virtud de la
decisión del órgano persecutor fiscal.

19°. Que, para lograr lo anterior, debemos recordar que el ofendido por el
delito tiene el derecho constitucional subjetivo a ejercer la acción penal, en virtud de
los artículos 83 inciso segundo y 19 Nº3 de la Constitución.

Como fue señalado en los apartados anteriores, el contenido esencial de este
derecho no se limita solamente a presentar querella, sino que, tal como lo ha explicado
la doctrina, “exige que el desenvolvimiento del derecho al proceso del actor depende
de decisiones judiciales motivadas que deban o puedan librar en el curso del proceso”.
(DEL RÍO FERRETTI, Carlos (2024): “Ius ut procedatur y denegatio actionis: el problema
constitucional del acusador penal particular y su derecho a la acción procesal”, en
POBLETE ITURRATE, Orlando y CILVETI MEDINA, Flavia (coordinadores), Las partes en
el proceso. IX Jornadas Nacionales de Derecho Procesal (Valencia, Tirant Lo Blanch)
p. 397).

Esto no significa, como ya adelantábamos, que el ofendido por el delito tenga
el derecho a obtener una decisión judicial determinada, y ni siquiera implica que se
llegue a cierta etapa específica del mismo -pues atentado a las circunstancias del caso
concreto el juicio puede llegar a terminar anticipadamente de forma legítima-. Pero sí
exige que el concreto desenvolvimiento del proceso “solo puede ser progresivamente
reconocido o negado siempre por la autoridad jurisdiccional, mediante una decisión
fundada y sumisa a Derecho, precisamente porque en esto reside el contenido nuclear
mínimo del derecho a la acción” (DEL RÍO FERRETTI, Carlos (2024): “Ius ut procedatur
y denegatio actionis: el problema constitucional del acusador penal particular y su
derecho a la acción procesal”, en POBLETE ITURRATE, Orlando y CILVETI MEDINA,
Flavia (coordinadores), Las partes en el proceso. IX Jornadas Nacionales de Derecho
Procesal (Valencia, Tirant Lo Blanch) pp. 397-398).

Así, los artículos 19 Nº3 y 83 inciso segundo de la Constitución exigen, en
cuanto consagran el derecho de la víctima de un delito a ejercer la acción penal, que
sea un órgano jurisdiccional quien eventualmente decida truncar o no la prosecución
de un juicio penal.

20°. Que, además, debe recordarse que la decisión de no perseverar del
Ministerio Público tiene una naturaleza eminentemente administrativa, de mérito y
discrecional; y no está sujeta a control judicial alguno, ni es objeto de impugnación o
reclamación a través de acciones o recursos jurisdiccionales. Pues, si bien el órgano
persecutor debe comunicar al juez competente que no proseguirá con el
procedimiento, este último simplemente tiene presente la comunicación; limitándose
la participación del tribunal, entonces, a una mera intervención sin influencia
sustantiva.



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21°. Que, por ende, es ineludible concluir que en la gestión pendiente de autos
la aplicación del precepto legal impugnado, a saber, la letra c) del artículo 248 del
Código Procesal Penal, genera efectos que contrarían lo dispuesto en los artículos 83
y 19 Nº3 de la Constitución, por cuanto, en la práctica, permiten que una decisión
administrativa no sujeta a control jurisdiccional -la del Ministerio Público de no
perseverar en un procedimiento cuya investigación no ha sido formalizada- prive a la
víctima de la posibilidad de proseguir con el proceso penal en el cual interviene.

Esta vulneración a lo dispuesto en la Carta Fundamental es evidente si se tiene
en cuenta que, tal como lo ha señalado esta Magistratura en su jurisprudencia, el
derecho de la víctima a ejercer la acción penal incluye “el acceso efectivo a la jurisdicción,
que se manifiesta en la exigibilidad de la apertura y, consecuentemente, de la sustanciación del
proceso” (STC Rol Nº815, c. 11º), el cual solamente puede terminar lícitamente
mediante un acto sujeto a control jurisdiccional.

Lo anterior no implica desconocer las facultades privativas que tiene el
Ministerio Público respecto a la dirección de las investigaciones penales, puesto que
la labor investigativa del órgano persecutor “no puede confundirse con actividades
que, en la práctica, impiden el ejercicio de la acción penal por la víctima y, por
consiguiente, tienen una implicancia directa sobre un asunto más propiamente
jurisdiccional: la resolución del conflicto. No ha de perderse de vista que el sentido y
alcance de la facultad del Ministerio Público de dirigir en forma exclusiva la investigación dice
relación con la determinación de la orientación de la investigación, pero no con una supuesta
– más bien inexistente - facultad de ponderar, sin control judicial, el grado de suficiencia de las
pruebas para desvanecer o no la presunción de inocencia del investigado o del imputado”;
porque “la Constitución no le otorga al órgano persecutor la potestad para, sin un
control tutelar efectivo por parte de la judicatura, hacer prevalecer, sin más,
decisiones de mérito que impliquen perjudicar la pretensión punitiva de la sociedad y
de la víctima” (STC Rol Nº11.325, c. 12º y c. 16º).

22°. Que lo anterior también ha sido sostenido por la doctrina, al explicar “que
si bien corresponde al Ministerio Público la dirección de la investigación, la actuación del
órgano persecutor tendrá siempre como límite el reconocimiento del derecho a la
acción penal del que la víctima es titular. Lo anterior –señala el TC- exige que el
legislador contemple las medidas de control judicial que, limitando un eventual
actuar arbitrario del Ministerio Público, hagan factible la interposición de una
acusación por parte del querellante privado. Y ese límite no existe para el ejercicio de la
facultad de no perseverar, pues, a diferencia de lo que el mismo artículo 248 del Código Procesal
Penal contempla para el sobreseimiento definitivo y el sobreseimiento temporal, que son
solicitados por el fiscal y decretados por el juez de garantía, la decisión del Ministerio Público
de no perseverar en la investigación no requiere aprobación judicial” (BERTELSEN REPETTO,
Raúl (2021): La decisión de no perseverar en la investigación ante el Tribunal



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Constitucional. Disponible en “Sentencias Destacadas 2020”, Libertad y Desarrollo,
pp. 119-120).



IV. CONCLUSIONES

23°. Que, en base a todo lo expuesto, se sigue que este Tribunal, a través de la
declaración de inaplicabilidad, debe evitar la cristalización de los efectos que generará
la aplicación del precepto impugnado, pues aquel es contrario a lo dispuesto en los
artículos 19 Nº3 y 83 inciso segundo de la Constitución.

Esto, por cuanto la aplicación de la letra c) del artículo 248 del Código Procesal
Penal implica, en el caso concreto, la vulneración del derecho del ofendido por el
delito a ejercer la acción penal. Lo anterior, debido a que el Ministerio Público, a través
de su decisión discrecional de no perseverar en un procedimiento desformalizado,
impide que la requirente prosiga con el juicio penal, a través de una determinación
esencialmente administrativa que no está sujeta a control jurisdiccional.




PREVENCIÓN

El Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ estuvo por acoger
parcialmente el requerimiento en la frase “comunicar la decisión del ministerio
público de”, contenida en el artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal,
atendidos los fundamentos formulados en casos análogos precedentes, v. gr., en el
Rol N° 13.914, porque, de esta manera, subsiste la atribución del Ministerio Público,
en el marco de su autonomía constitucional, para no perseverar en el procedimiento,
por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para
fundar una acusación, pero quedando el Juez de Garantía en situación de evaluar la
decisión adoptada por el Ente Persecutor, lo que, además, permitirá a los
intervinientes sostener su posición al respecto en la audiencia correspondiente y, en
definitiva, resolver con todos los elementos de juicio, si accede o no a la decisión de
no perseverar.



Redactó la sentencia el Ministro señor MARIO GÓMEZ MONTOYA, la disidencia
la Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS, y la prevención el Ministro señor MIGUEL
ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.


Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 16.753-25-INA



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Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida María Pía Silva Gallinato
Fecha: 16/01/2026 Fecha: 15/01/2026



Miguel Angel Fernández González Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 15/01/2026 Fecha: 15/01/2026



Héctor Antonio Mery Romero Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 15/01/2026 Fecha: 15/01/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 15/01/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor Héctor
Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez
Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 16/01/2026




781929D3-E603-4C66-97A4-3E315C12730C
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