TC Rol 16771

Texto completo

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TRESCIENTOS DIECINUEVE




2026

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________

Sentencia
Rol 16.771-2025
[13 de marzo de 2026]

____________



REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 248,
LETRA C), Y 259 INCISO FINAL DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL


INVERSIONES RÍO HURTADO SPA (CONTINUADORA DE INVERSIONES RÍO HURTADO
LIMITADA) Y OTRO

EN EL PROCESO PENAL RIT N° 819-2023, RUC N° 2310006273-9, SEGUIDO ANTE
EL SEGUNDO JUZGADO DE GARANTÍA DE SANTIAGO.



VISTOS:

Que, con fecha 11 de agosto de 2025, Cristian Arnaldo Rojas Pérez e
Inversiones Río Hurtado SpA (continuadora de Inversiones Río Hurtado Limitada)
requieren la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los
artículos 248, letra c), y 259, inciso final, del Código Procesal Penal, para que ello incida
en el proceso penal RIT N° 819-2023, RUC N° 2310006273-9, seguido ante el Segundo
Juzgado de Garantía de Santiago.

Las disposiciones legales impugnadas disponen lo siguiente:



"Código Procesal Penal

(…)

Artículo 248.- Cierre de la investigación. Practicadas las diligencias necesarias
para la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal
declarará cerrada la investigación y podrá, dentro de los diez días siguientes: (…)




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c) Comunicar la decisión del ministerio público de no perseverar en el procedimiento,
por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una
acusación.”.

Artículo 259. Contenido de la acusación. (…)

La acusación sólo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formalización de
la investigación, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica.”.



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

Indican los requirentes que la gestión pendiente corresponde a la causa
seguida ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, en la que interpusieron
querella en contra de Iván Manuel Rodríguez Rodríguez y de Rodrigo González
Riedemann por los delitos de estafa y de administración desleal, encontrándose
pendiente audiencia de ampliación de cierre de la investigación y comunicación de no
perseverar la misma.

Contextualizan lo anterior señalando que la querellante Inversiones Río
Hurtado SpA fue fundada por su representante legal, Cristian Rojas Pérez, quien es
ingeniero civil eléctrico con un gran prestigio y reconocimiento en el mercado
regulado de telecomunicaciones. Señalan que la sociedad requirente y la sociedad
Comunicación y Telefonía Rural S.A. suscribieron con fecha 22 de mayo de 2017 un
contrato de promesa de asociación con la finalidad de adjudicarse el Proyecto de Fibra
Óptica Austral, el cual fue redactado por el equipo legal de CTR.

Anotan que el Proyecto FOA es una iniciativa estatal que contemplaba la
entrega de un subsidio para la construcción, operación, implementación y explotación
de más de 4.500 kilómetros de tendido de fibra óptica en la zona más austral de
nuestro país que une mediante dicha tecnología de transmisión de Internet la región
de Los Lagos con las regiones de Aysén y Magallanes. La concesión del Proyecto FOA
fue otorgada por el Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, a través del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Indican que el Proyecto fue adjudicado a la asociación entre IRH y CTR, a
través de esta última, otorgándose al efecto el subsidio estatal para la construcción de
este megaproyecto, la que sería pagada en distintas etapas. Afirman que se presentó
ante la autoridad un proyecto financiero aprobado previamente por las partes, en el
que se detalla, justifica y proyecta el destino de los millonarios fondos percibidos por
el subsidio estatal.

En el año 2022, según señalan, CTR demandó maliciosamente a IRH en sede
arbitral solicitando se declare la inexistencia, nulidad absoluta y resolución del
contrato de promesa referido. Esto ocurrió una vez terminada la etapa de construcción
del proyecto, habiendo IRH aportado su experiencia y conocimiento técnico, y




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precisamente cuando se iniciaría la fase de explotación comercial, que suponía obtener
utilidades del Proyecto. Afirman que se trató de una maniobra fraudulenta que tenía
como único objetivo ejecutar y disimular las distracciones de dineros.

Exponen que en el laudo arbitral que se dictó el 14 de septiembre de 2023 y que
se encuentra firme y ejecutoriado, se reconoció la plena validez del contrato suscrito
y además condenó a CTR a suscribir el contrato prometido que originalmente
pretendió desconocer e indemnizar los perjuicios causados.

Señalan que los imputados han pretendido confundir al Ministerio Público en
la investigación, aludiendo a la resolución del conflicto en sede arbitral como un
mecanismo jurisdiccional que habría sido invocado para zanjar no solo los alcances
civiles de los hechos denunciados, sino también aquellos denunciados en la
investigación criminal. En ese sentido, indican la resolución del tribunal arbitral más
que debilitar la posición de la víctima penal la fortalece, siendo el sustento y pilar de
la acción penal que deriva de los hechos denunciados.

Agregan que se amplió oportunamente la querella en la que se detectaron una
serie de maniobras fraudulentas de administración, acompañando un Informe
Económico Pericial que permitiría sostener las siguiente maniobras penalmente
relevante: (i) desviar ingresos del Proyecto, (ii) abultar maliciosamente supuestos
pasivos del Proyecto FOA y (iii) reducir artificialmente con ello, sus beneficios o
utilidades, de manera de perjudicar mediante este esquema ilegal a las víctimas en el
30% de participación que corresponde a los derechos que la parte requirente mantiene
en la asociación prometida.

Refieren que con fecha 26 de noviembre de 2024 el Ministerio Público adoptó
la decisión contemplada en el artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal. Esto es,
no perseverar en la investigación por no haberse reunido antecedentes suficientes
para fundar la acusación. Por su parte, el día 29 del mismo mes, la parte requirente
solicitó la reapertura de la investigación, solicitud que fue parcialmente acogida por
el juez de fondo en audiencia del 10 de marzo de 2025, instruyendo al ente persecutor
a realizar un conjunto de diligencias fijando un plazo de investigación de 100 días.

Exponen que el 18 de junio de 2025 el fiscal de la causa solicitó se habilitara a
audiencia para ampliar el plazo de la investigación por cuanto la fecha de cierre del
plazo de investigación estaba próxima a vencer y aun existían diligencias pendientes,
siendo fijada por el juez para el día 25 de agosto de 2025. No obstante lo anterior, el
requerimiento refiere que, contrariando su propio actuar, el 1 de julio del mismo año
el fiscal comunicó el cierre de la investigación y solicitó se fije audiencia para
comunicar su decisión de no perseverar.

Al fundar el conflicto constitucional, sostienen que la aplicación de los
preceptos impugnados produce cuatro infracciones constitucionales. En primer lugar,
afirman que se infringe el debido proceso argumentando que la comunicación de no
perseverar es un acto administrativo que pone término al proceso penal y que carece




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de control judicial que permita fiscalizar si efectivamente se dan o no los presupuestos
normativos de dicho acto, quedando en indefensión la víctima al no poder oponerse
al término del procedimiento penal.

En cuanto a la segunda infracción denunciada, anotan que una decisión
administrativa no puede limitar el ejercicio de un derecho consagrado en la
Constitución. En ese sentido, indica que el artículo 83, inciso segundo, de la Carta
establece un claro derecho en favor de la víctima en virtud del cual puede ejercer la
respetiva acción penal. Por ello, manifiestan que la potestad exclusiva de investigar
no faculta al Ministerio Público a que, unilateralmente y sin control judicial alguno,
pueda determinar qué casos deben concluir por supuestas insuficiencias probatorias,
sin que exista un control de dicha decisión y, más aún, cuando a través del mecanismo
de no perseverar se deja en la indefensión a la víctima.

En tercer lugar, se sostiene por la parte requirente que el Ministerio Público
estaría realizando una actividad jurisdiccional vedada por la Constitución. En efecto,
arguye que el proceso penal termina con la decisión de no perseverar y con ello pone
fin a cualquier expectativa que pueda tener la víctima de ejercer la acción,
produciéndose así una decisión administrativa con efectos para la jurisdicción, pero
sin que pueda ser controlada ni revisada por ésta, infringiendo la última parte del
artículo 83 constitucional que indica que el ente persecutor “en caso alguno podrá
ejercer funciones jurisdiccionales”. Aquello, afirman, sería precisamente lo que está
realizando a través de un acto que le permite desestimar la pretensión de la víctima y
decidir unilateralmente si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 248, letra
c), impugnado en estos autos.

Por último, expresan que es difícil que exista igualdad en el ejercicio de los
derechos si su ejercicio depende de la mera subjetividad del Ministerio Público, a lo
que se suma que el artículo 230 del Código Procesal Penal le otorga al ente persecutor
la posibilidad de formalizar la investigación “cuando lo considere oportuno”, es decir,
sin que sea necesario ceñirse a un parámetro objetivo lo que conllevaría a
arbitrariedades como la ocurrida en la gestión sub lite.



Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Segunda Sala con fecha 20 de
agosto de 2025, a fojas 90. Se confirió traslado a las demás partes para examinar el
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad.

Posteriormente, fue declarado admisible, a fojas 126, en resolución de 12 de
septiembre del mismo año. Se confirió traslado a las demás partes de la gestión
invocada y a los órganos constitucionales interesados.




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A fojas 138, con fecha 2 de octubre de 2025, evacúa traslado el Ministerio
Público y solicita el rechazo del requerimiento.

Argumenta que el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal recoge una
de las tres opciones que surgen para el Fiscal del Ministerio Público una vez que ha
cerrado la investigación, y consiste en la comunicación de su decisión de no perseverar
en el procedimiento por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes
suficientes para fundar una acusación. Las otras dos alternativas son las de acusar o
solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal de la causa.

Luego, el artículo 83 de la Constitución establece que el Ministerio Público es
un órgano autónomo y jerarquizado al que le corresponde la dirección exclusiva de la
investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación
punible y los que acrediten la inocencia del imputado, y en su caso, el ejercicio de la
acción penal. Al señalar la Ley Superior que le corresponde al Ministerio Público tanto
la investigación de los hechos que determinen la participación punible como aquellos
que acrediten la inocencia del imputado, se establecen condiciones para el ejercicio de
sus funciones que serán recogidas por el artículo 3° de la Ley N° 19.640 que consagra
el principio de objetividad.

Sostiene que cuando la Constitución señala que al Ministerio Público le
corresponde el ejercicio de la acción penal “en su caso”, esto aparece reflejado en el
nivel legal y precisamente en el artículo 248 del Código Procesal Penal. La regla de la
letra b) del artículo 248 indica que una vez cerrada la investigación, el fiscal podrá
formular acusación cuando estimare que la investigación proporciona fundamento
serio para el enjuiciamiento del imputado. Este precepto impone al fiscal la obligación
de verificar si la investigación que dirige en forma exclusiva proporciona fundamento
serio para el enjuiciamiento.

Desarrolla que determinar si existen o no fundamentos serios para formular
una acusación es una actividad que fue retirada del ámbito de competencias de la
judicatura, y así se hizo a resguardo de la imparcialidad del Juez y el predominio claro
del principio acusatorio. En tanto el ejercicio de una acusación pende de la obtención
de fundamentos serios para el enjuiciamiento del imputado proporcionados por la
investigación, la regla de la letra b) del artículo 248 cobija igualmente aquella hipótesis
en la que la investigación no entrega tales fundamentos, en cuyo caso, a contrario
sensu, no procede que el fiscal presente acusación.

Agrega que esto de manera alguna se opone al texto constitucional que, por
una parte, autoriza al Ministerio Público para ejercer la acción penal en su caso y en
la forma prevista por la ley, y por la otra, le entrega el mandato de averiguar no solo
los hechos constitutivos de delito y los que determinen la participación, sino también
aquellos que acreditan la inocencia del imputado. De lo que se viene diciendo surge
que tanto la decisión de acusar como la de no perseverar comparten en realidad el
mismo fundamento, esto es, la existencia de una investigación y la apreciación acerca
de si ella arroja, o no, antecedentes suficientes para llevar al acusado a un juicio,



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correspondiéndole dicha apreciación al organismo que por mandato constitucional
dirige en forma exclusiva la investigación.

Asimismo, anota que en el nivel constitucional esto es reflejo del carácter
exclusivo con que el Ministerio Público ejerce la investigación de los delitos, y por la
otra, de la función consistente en ejercer “en su caso”, y no “en todo caso”, la acción
penal. Indica que la historia de la norma objetada, contenida en la Ley N° 19.696,
consigna que la decisión de no perseverar fue introducida por el Senado sustituyendo
la disposición del proyecto del ejecutivo que establecía como causal de sobreseimiento
temporal la insuficiencia de antecedentes. Las razones de este cambio se apoyaron en
la necesidad de afirmar el principio acusatorio y en el declarado propósito de separar
la función investigativa de la jurisdiccional.

Acota que la decisión de no perseverar se ajusta a dos importantes reglas
constitucionales: la que consagra la exclusividad del Ministerio Público en la labor
investigativa y aquella que manda investigar tanto los hechos que determinen la
participación punible como los que acrediten la inocencia del imputado, lo que
además es reforzado por las exigencias constitucionales que enlazan el principio
acusatorio con el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial. El mecanismo
consagrado en el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal no es definitivo ni
concluye irremediablemente la causa, y en esos términos se ha dicho que representa
la procedimentalización de un estado intelectual de duda en el que se encuentra el
instructor de la investigación al final de las pesquisas.

Cita que este Tribunal ha revisado anteriores peticiones de inaplicabilidad del
artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal, apoyadas también en la denuncia de
un supuesto efecto contrario a lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 de la Ley
Fundamental. Menciona fallos en causas Roles N° 1341-09, 1404-09, 1394-09, 2561-
2013, 2680-2015, 12618-21, 12170-21, 13273-22 y 13269-22, que entienden la decisión de
no perseverar como una salida del proceso penal que el Ministerio Público ejerce
facultativamente, que se integra por elementos reglados y otros discrecionales que en
todo caso no autorizan la arbitrariedad, y que es una expresión más del rol que le
corresponde ocupar en el proceso penal. Se entendió en armonía con el conjunto de
derechos que el estatuto procesal penal reconoce a la víctima durante el desarrollo del
proceso penal, principalmente aquellos orientados a incidir en el proceso investigativo
y su resolución, entre los que destaca la de solicitar al fiscal todas aquellas diligencias
que estimen pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos (artículo 183 del
CPP); asistir a actuaciones y diligencias propias de la investigación (artículo 184 del
CPP); el mecanismo del artículo 186 del CPP; los derechos a asistir e intervenir en
diversas instancias, y la solicitud de reapertura de la indagatoria (artículo 257 del
CPP).

Acota que las objeciones al artículo 248 letra c) responden o utilizan como
apoyo la falta de una formalización, pero que aquella es una actividad que conforme
a la ley y en concordancia con la Constitución solo corresponde llevarla a cabo al



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Ministerio Público. Es el artículo 229 del Código Procesal Penal el precepto que pone
exclusivamente en manos del Ministerio Público la comunicación a la que aquella
norma se refiere, circunstancia que es igualmente coherente con la Constitución que
en el mismo artículo 83 puso en manos del Ministerio Público la investigación de los
delitos con exclusividad. La formalización viene a modificar de manera importante
los parámetros de la investigación, ya que si bien habilita para pedir diligencias que
antes le estaban vedadas, termina sometiendo la actividad investigativa del Ministerio
Público a obligaciones que antes no tenía, incluyendo la de concluirla en un plazo
máximo de dos años, razón que determina que la formalización sea un acto
estrechamente ligado a la dirección de la investigación que por mandato
constitucional corresponde exclusivamente a dicho organismo.

En relación con la impugnación al artículo 259 del Código Procesal Penal, el
Ministerio Público reitera los argumentos ya desarrollados y añade que las objeciones
a este precepto entran en conflicto con aquellas que apuntan en contra del artículo 248,
letra c), del mismo cuerpo legal, desde que si lo que se busca es prescindir de la
formalización para un forzamiento de la acusación, se vuelve innecesaria la crítica de
la decisión de no perseverar que en este caso se hace depender cabalmente de la falta
de la comunicación a que se refiere el artículo 229 del Código Procesal Penal.

Para concluir, sostiene que la norma se encuentra vinculada a la exigencia de
correlación y que es una manifestación del derecho a defensa, lo que responde a
exigencias incorporadas como resguardo de garantías aseguradas por la Constitución.



A fojas 156, con fecha 3 de octubre de 2025, evacuaron traslado los requeridos
Iván Manuel Rodríguez Rodríguez y Rodrigo González Riedemann. Argumentan
que lo que realmente impugna el requirente es que el Ministerio Público tenga el
monopolio de la formalización, pues si el fiscal no formaliza, el particular se
encontrará impedido de ejercer la acción penal. Indican que este monopolio es lógico
pues sobre dicho órgano pesa el deber de investigar observando el principio de
objetividad que, evidentemente, el particular jamás tendrá y que dice relación con el
interés social protegido por el derecho penal.

Afirman, en esa línea, que si se permitiera al querellante forzar la formalización
para luego acusar, el resultado sería la privatización de la acción penal, cuestión que
sí sería contraria al artículo 83 de la Carta.

A continuación, señalan que en los delitos de acción penal pública la
participación del ofendido está subordinada al actuar del Ministerio Público, toda vez
que el artículo 83 de la Constitución establece que el particular “igualmente” podrá
ejercer la acción penal, es decir, solo estará habilitado para hacerlo en las mismas
condiciones que el Ministerio Público, por tanto, no podrá ejercerla si no se encuentra
formalizada la investigación.




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Por otra parte, indican que determinar si el mérito de la investigación es
suficiente o no para fundar una acusación fue excluida del ámbito jurisdiccional para
asegurar la imparcialidad del juez, dejando atrás los defectos que se observaban en el
antiguo sistema inquisitivo al concentrarse la labor de investigar, acusar y sentenciar
en una misma persona. En ese sentido, expresan que si la decisión de no perseverar
fuera susceptible de control judicial se comprometería la exclusividad en la dirección
de la investigación que el Ministerio Público tiene de conformidad con la
Constitución.

Finalmente, solicitan desestimar el requerimiento alegando que la
participación de la víctima en el proceso penal se satisface con los mecanismos que la
ley prevé al efecto y que puede ejercer durante el desarrollo del proceso, tales como
presentar la denuncia o querella; solicitar diligencias de investigación; solicitar la
reapertura de la investigación para requerir la realización de diligencias de
conformidad al art. 257 del Código Procesal Penal; oponerse a la solicitud de
sobreseimiento definitivo y a la suspensión condicional del procedimiento; acusar de
la misma forma o distinta a la pretensión fiscal; entre otras. Sin embargo, refieren que
no es posible sostener que la Carta Magna reconozca un derecho a la investigación o
la condena del presunto culpable del delito, ni que el ofendido sea titular de un
derecho absoluto a ejercer la acción penal, pues solo podrá ejercerla, cuando el
Ministerio Público considere que hay mérito para llevar al imputado a juicio.



A fojas 164, por decreto 17 de octubre de 2025, se dispuso traer los autos en
relación.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 20 de enero de 2026 se oyó la relación pública y alegatos
de los abogados señores Andrés Ortúzar Gjuranovic, por la parte requirente; Gonzalo
Alvarado Schott, por la parte de Iván Rodríguez Rodríguez y Rodrigo González
Riedemann; y Pablo Campos Muñoz, por el Ministerio Público. Fue adoptado acuerdo
en Sesión de 29 de enero del mismo año, conforme fue certificado por el relator a fojas
318.



Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que don Matías Hiriart Bertrand, en representación de don
Cristian Arnaldo Rojas Pérez y de Inversiones Río Hurtado SpA, deduce
requerimiento de inaplicabilidad respecto de los artículos 248 letra c) y 259 inciso final,
ambos del Código Procesal Penal, para que esas dos normas legales no se apliquen en
el proceso penal RIT 819-2023 seguida ante el Segundo Juzgado de Garantía de
Santiago, en el que los requirentes tienen la calidad de querellantes.




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SEGUNDO: Que en concepto de los requirentes la aplicación de los dos
artículos impugnados produciría, en la gestión penal pendiente, una infracción a lo
dispuesto por el artículo 19 N° 3 inciso segundo de la Constitución política, al generar
una indefensión de la víctima que no podría ejercer la acción penal, lo que a su turno
configura infracción al artículo 83 inciso segundo de la Carta Fundamental, desde que
esta norma asegura al ofendido el derecho a ejercer tal acción. Asimismo, estiman los
actores que se infringe el mismo artículo 83 citado pero ahora en su inciso primero
parte final, con relación al artículo 76 inciso primero, también de la Constitución
Política de la República, porque la decisión de no perseverar constituiría una actividad
jurisdiccional. Por último, estiman los requirentes que se vulnera el artículo 19 N° 2
de la Carta, debido a que la decisión de no perseverar menoscaba el derecho de la
víctima, que queda en situación de desventaja.

TERCERO: Que los argumentos anteriores han sido analizados y rechazados
en numerosos fallos dictados por este Tribunal, que forman ya una sólida
jurisprudencia que no puede pasarse por alto, como lo hace el libelo, y al respecto
baste citar, solo por vía de ejemplo, las sentencias recaídas en nuestros roles 14.399,
15.471, 15.754, 15.804 y 16.241. Sin perjuicio de ello, nos haremos cargo de cada una de
las afirmaciones de los requirentes en esta causa, sobre la base de la doctrina
jurisprudencial ya desarrollada en las sentencias citadas y en otras que siguen esa
misma línea.

CUARTO: Que antes de eso hace falta, sin embargo, reparar en una omisión
que contribuye también al rechazo de la presente acción y que consiste en que no se
han impugnado los artículos 229, 230 y 261 letra a) del Código Procesal Penal. Esto es
relevante, porque el mismo libelo, en su página 12, expresa que la facultad concedida
al ministerio público por el artículo 230, de formalizar cuando lo estime oportuno,
conlleva arbitrariedad. No es así en verdad, pero si lo aceptáramos tampoco
podríamos declarar su inaplicabilidad porque no forma parte del requerimiento, y es
de toda evidencia que el artículo 248 letra c), que sí se impugna, se enlaza formando
un sistema coherente con los artículos 229 y 230, puesto que si no es posible forzar al
ministerio público a formalizar, ni tampoco sustituirlo en ese acto procesal, impedirle
ahora declarar que no perseverará, cuando es evidente que no entiende tener
elementos para formalizar y por tanto que no quiere formalizar, equivale a dejar la
causa en un estado de latencia indefinida, salvo que se pueda acusar sin requerir la
previa formalización, que es lo que se pretende al impugnar el artículo 259 inciso final
del Código Procesal Penal, pero esto, a la vez que demuestra que el problema que el
querellante cree ver no lo causa el artículo 248 letra c), resulta sin embargo insuficiente,
puesto que no se impugnó el artículo 261 letra a) del Código citado, que es el que
regula específicamente la acusación del querellante y exige, tal como el 259 inciso final,
que esa acusación se refiera a hechos y personas que hayan sido objeto de la
formalización.




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QUINTO: Que más allá de ese primer problema formal, todo el requerimiento
se sostiene sobre una idea errada, cual es que al querellante le asiste un derecho
subjetivo que es amparado constitucionalmente mediante la concesión de la acción
penal pública en su favor, como si ésta pudiera entenderse completamente desligada
del obrar del ministerio público. No es así, en verdad, porque en materia de acción
pública penal no hay ningún derecho subjetivo de particular alguno que el sistema
deba proteger. Los derechos subjetivos del que se estima perjudicado por un ilícito
penal pueden reclamarse, sí, pero mediante acciones civiles. Este tipo de acción penal,
en cambio, resguarda siempre, y únicamente, un interés público. La víctima puede
asociarse a ese interés público por su especial cercanía al mismo como sujeto pasivo
del ilícito, y de allí que la Constitución les permita ejercer esa acción, pero,
precisamente porque se asocia a un interés público y no ejerce derechos subjetivos
propios, no puede ejercer esa acción de cualquier manera, sino en los mismos
términos, y por ende sujeta a las mismas restricciones, del ministerio público.
“Igualmente”, dice el artículo 83 inciso segundo de la Carta, porque el inciso primero
señala que el ministerio público, en su caso, ejercerá la acción penal pública “en la
forma prevista por la ley”.

SEXTO: Que cabe advertir, primero, que el artículo 83, como hemos citado,
indica que la fiscalía ejercerá la acción penal pública “en su caso”. Y esto después de
establecer el monopolio de la investigación que corresponde al persecutor público,
separando así la etapa investigativa del ejercicio de la acción penal propiamente, que
se inicia, entonces, con la acusación. Lo segundo que cabe destacar es que al decir que
la fiscalía acusará “en su caso”, le entrega a ese órgano la facultad de decidir si hay o
no mérito para ese ejercicio y lo sujeta a un deber de objetividad que ya en el inicio del
inciso primero del artículo 83 de la Carta queda claro, cuando dispone que el
ministerio público investigará también los hechos que puedan acreditar la inocencia
del imputado. Lo mismo dice el inciso tercero del artículo en examen, y de este deber
se derivan importantes consecuencias para la resolución de esta causa.

SÉPTIMO: Que precisamente porque pesa sobre el ministerio público el deber
de objetividad y porque tiene el monopolio sobre la dirección de la investigación, solo
ese órgano puede decidir si formaliza o no la indagación. No se le puede imponer ese
trámite procesal si no tiene convicción de contar con elementos incriminatorios
bastantes, pues entonces se le exigiría ir en contra del propio deber de objetividad que
ya la Constitución le impone, antes incluso del mandato de su Ley Orgánica (artículos
1° y 3°) y del propio Código Procesal Penal (artículo 77) en disposiciones legales que
aquí no han sido requeridas. Por otro lado, la dirección de la investigación, que la
Constitución le entrega en exclusiva, no solo se refiere a las diligencias a efectuar, sino
al carácter que quiera darle a esa indagación, en cuanto a si se la formaliza o no, porque
decidir formalizarla acarrea consecuencias para el persecutor, como por ejemplo
perder la facultad de archivar provisionalmente (artículo 167 del Código Procesal
Penal) y de no iniciar investigación (artículo 168) o, también, que se inicie un plazo
dentro del cual la investigación deba cerrarse (artículo 247). En suma, por razones de



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orden constitucional, además de por razones legales no atacadas en esta acción, el acto
procesal de formalizar no puede forzarse ni sustituirse.

OCTAVO: Que entonces se comprende por qué no puede pretenderse que la
decisión de no perseverar sea judicialmente revisable; no se trata en absoluto de un
ejercicio de jurisdicción, sino simplemente de la decisión de no acusar, sin convicción
tampoco como para solicitar sobreseimiento. El ministerio público no puede ser
forzado a acusar sin convicción, pues eso también afectaría su deber constitucional y
legal de objetividad. Por eso, si se dejara de aplicar el artículo 248 letra c), o si la Justicia
pudiera rechazar esa decisión de no perseverar presentada por el persecutor, la causa
quedaría en un estado vegetativo inadmisible, que en nada beneficiaría, tampoco, al
querellante, ya que de ninguna manera se podría imponer la formalización y tampoco
se podría acusar. El problema entonces, si es que lo hay, no está ni puede estar en el
artículo 248 letra c), que es inseparable del deber de objetividad; el punto está en otra
parte y se refiere a si genera o no un efecto inconstitucional la circunstancia de que no
se pueda acusar sin previa formalización. Si se pudiera, para el querellante resultaría
totalmente inocua la decisión de no perseverar del ministerio público, lo que prueba
que de existir un efecto inconstitucional éste no derivaría nunca de la aplicación del
artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal, sino de los artículos 259 inciso final y
261 letra a) del mismo Código, uno de los cuales no es materia de esta acción.

NOVENO: Que más allá de que no se haya requerido la inaplicabilidad del
artículo 261, el artículo 259 inciso final del Código Procesal Penal ni es inconstitucional
ni genera efecto alguno de ese orden, porque lo que hace es dar coherencia al sistema,
habida cuenta de que la acción penal es pública y no puede privatizarse. No hay
ninguna desigualdad ante la ley, ante todo porque el querellante no está en la misma
posición que el ministerio público frente la acción penal pública; en ella el persecutor
oficial representa ese interés público que es el único a considerar; el querellante solo
se asocia al mismo. En consecuencia, es la fiscalía la que está llamada a dar el paso de
revestir la imputación de una primera, e indispensable, apariencia de verosimilitud,
mediante la formalización. Solo eso evita que el particular pueda llevar a juicio
acusaciones antojadizas o que miren a su solo interés, privatizando así la acción.
Además, tampoco existe desigualdad porque ni el ministerio público ni el querellante
pueden acusar si no hay formalización previa. Se dirá que esta igualdad es aparente
porque la formalización se le entrega solo al ente persecutor, pero eso es por las
razones constitucionales y legales ya expuestas y, además, las normas legales que lo
establecen así no han sido controvertidas en esta esta acción. Así pues, lo que resta es
que nadie puede acusar respecto de una investigación desformalizada, de modo que
no se advierte desigualdad alguna. Recordemos que el ministerio público solo puede
acusar “en la forma prevista por la ley” y el querellante puede acusar de igual modo,
conforme al artículo 83 inciso segundo de la Carta.

DÉCIMO: Que tampoco se afectan las garantías del debido proceso,
contempladas en el artículo 19 N° 3 de la Constitución, todo lo contrario: la exigencia




11
0000330
TRESCIENTOS TREINTA




del artículo 259 inciso final del Código Procesal Penal protege el principio de
congruencia, que es parte de las reglas racionales y justas del proceso, y evita que se
privatice la acción penal pública, de modo que no se puede sustituir la formalización
por la querella, justamente porque lo que la Constitución y la ley quieren, al imponer
a la fiscalía el deber de objetividad y darle la exclusividad respecto de la formalización,
es que no se pueda llegar a juicio sin un examen previo de plausibilidad de los cargos,
efectuado por el órgano público, siquiera provisional, de manera que ese órgano es el
encargado de velar porque la causa se refiera siempre a ese interés público y jamás a
uno exclusivamente particular. Se dirá, y se ha dicho, que eso no es así porque la
decisión de no perseverar deja sin efecto la formalización, pero es de toda evidencia
que ese quedar sin efecto es solo relativo, manteniéndose el efecto de habilitar la
acusación, pues de otro modo carecería de sentido la posibilidad de forzamiento que
establece el artículo 258 del Código. El legislador, lo que hace ahí, es permitir que
aquella actuación que supone un examen de verosimilitud de los cargos se mantenga
en favor del querellante, aun si el ministerio público cambia de parecer, pero no puede
renunciar, sin privatizar la acción, a que al menos haya existido ese examen de parte
de quien es por derecho propio el titular exclusivo de la investigación, el titular
primero de la acción y el encargado de tutelar que sea efectivamente pública.

UNDÉCIMO: Que esto, lejos de afectar al debido proceso, lo reafirma. Lo
afectaría si estuviéramos hablando de acciones penales privadas o de acciones civiles,
pero no es el caso. Aquí, como único medio de que la acción siga siendo pública,
aunque la ejerza un particular, la ley requiere ese trámite previo de plausibilidad,
denominado formalización, que escapa al control del querellante precisamente
porque la acción es pública y él solo puede asociarse a ella pero no privatizarla, y
escapa al control jurisdiccional porque de otro modo se anularía tanto el deber de
objetividad de la fiscalía como su derecho-deber constitucional de dirigir en forma
exclusiva la investigación. La dirección que tome una indagación, el rumbo que lleve
incluye, desde luego y como ya se dijo, la decisión sobre su condición de
desformalizada o formalizada. Ahí está el núcleo del problema. Si se pudiera
prescindir de la formalización para acusar, esa dirección que se le entrega al ministerio
público quedaría trunca, pues como corolario de esa exclusividad, y de los efectos de
esa decisión de la etapa investigativa, surge la posibilidad o imposibilidad de acusar.
El Ministerio Público, por fin, no tiene a su disposición ninguna otra actuación que
pueda servir para cotejar la posterior acusación de modo que resguardar la
congruencia y dar posibilidad a la defensa de conocer los hechos, preparar su
estrategia y reunir prueba. Y entonces, como el ofendido puede ejercer la acción penal
solo en los mismos términos y sujeto a las mismas exigencias que el persecutor oficial
(“igualmente”, dice el artículo 83 inciso segundo de la Constitución), no puede
pretenderse que este actor particular prescinda de la formalización o la reemplace con
la querella, pues entonces ya no obraría “igualmente” sino diferenciadamente del
acusador público.




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0000331
TRESCIENTOS TREINTA Y UNO




DUODÉCIMO: Que, entonces y por fin, no puede haber aquí infracción
alguna al inciso segundo del artículo 83 de la Constitución, porque ese inciso ha de
leerse con relación al primero, desde que dice que el ofendido puede ejercer
“igualmente” la acción penal y el inciso primero dice que el ministerio público la
ejercerá en conformidad a la ley, lo que sujeta a ese órgano al deber de acusar solo
respecto de investigaciones formalizadas, lo cual a su turno responde directamente al
deber constitucional y legal de objetividad que pesa sobre el persecutor oficial. No
puede haber, tampoco, una infracción a las reglas del debido proceso, porque lo que
la ley hace es resguardar el derecho a defensa, el deber de congruencia y el carácter
público de la acción, todo lo cual es razonable y justo. No puede afectarse la igualdad
ante la ley, porque ni el querellante está en la misma posición del ministerio público
frente a la acción y mucho menos frente a la investigación (etapa dentro de la cual se
ubica la formalización) ni se le exige al ofendido, tampoco, un requisito adicional a los
que pesan sobre la fiscalía, para acusar. En ambos casos debe tratarse de
investigaciones formalizadas. Por fin, tampoco puede afectarse el artículo 83 inciso
primero parte final, de la Carta Fundamental, porque manifestar la decisión de no
perseverar no implica ejercicio alguno de facultades jurisdiccionales, sino apenas el
cumplimiento de un deber de objetividad que viene impuesto ya desde la
Constitución misma. La decisión de no perseverar no falla la causa, no la termina
irrevocablemente, no impide al querellante solicitar la reapertura de la investigación
(artículo 257 del Código Procesal Penal) ni al juez decretarla y, además, es imposible
sujetarla a decisión judicial sin que eso implique inmiscuirse en el deber de objetividad
ya referido. Por otra parte, todo lo que hay es una indagación preliminar
desformalizada, no se ha ejercido la acción penal, no existe un juicio ni se ha llevado
a cabo la comunicación a que se refiere el Párrafo 5° del Título I del Libro II del Código
Procesal Penal, de modo que no se ha puesto término, y ni siquiera suspendido, un
juicio sino que se ha suspendido una actividad meramente investigativa preliminar,
cuyo curso y suerte está entregada, por mandato constitucional, al ministerio público
y no a los tribunales.

DECIMOTERCERO: Que todo lo demás en que el libelo abunda son
argumentaciones relativas al fondo del proceso penal y apreciaciones relativas a la
forma en que el ministerio público ha cumplido su función en esa investigación
criminal, pero nada de eso cae dentro de nuestras competencias, de manera que de
ningún modo podemos adentrarnos en consideración alguna a esos respectos- Por
todas estas razones el requerimiento será desestimado.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93 incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,




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0000332
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS




SE RESUELVE:



I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
POR INCONSTITUCIONALIDAD DEDUCIDO A LO PRINCIPAL
DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA
EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE
POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA
LITIGAR.



DISIDENCIA



Los Ministros señor HÉCTOR MERY ROMERO y señora MARCELA PEREDO
ROJAS estuvieron por acoger íntegramente el requerimiento atendiendo a las
siguientes razones:

1°. - Que corresponde al Tribunal Constitucional resolver, por la mayoría de
sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en
cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a
la Constitución.

Los preceptos legales impugnados, el artículo 248 letra c) y el inciso final del
artículo 259, ambos del Código Procesal Penal, deben entonces ser analizados en su
tenor y considerando su posible aplicación en la gestión pendiente, sin perder de vista
que el artículo 83 de la Carta Fundamental estatuye lo siguiente:

“Un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, dirigirá
en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que
determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en
su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual
manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los
testigos. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales. El ofendido por el
delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción.

El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y
Seguridad durante la investigación. Sin embargo, las actuaciones que priven al
imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, o lo
restrinjan o perturben, requerirán de aprobación judicial previa. La autoridad
requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y no podrá calificar su
fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición de la
autorización judicial previa, en su caso.




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0000333
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES




El ejercicio de la acción penal pública, y la dirección de las investigaciones de los hechos
que configuren el delito, de los que determinen la participación punible y de los que
acrediten la inocencia del imputado en las causas que sean de conocimiento de los
tribunales militares, como asimismo la adopción de medidas para proteger a las
víctimas y a los testigos de tales hechos corresponderán, en conformidad con las normas
del Código de Justicia Militar y a las leyes respectivas, a los órganos y a las personas
que ese Código y esas leyes determinen”.

2°. – Que en su artículo 83 inciso primero, la Constitución se encarga de
asegurar, en este caso al ofendido y a las demás personas que señala la ley, la
posibilidad de ejercer “igualmente” la acción penal. Asimismo, el inciso final de la
norma transcrita comprende la situación de los delitos que deben ser juzgados por
tribunales militares, a cuyo respecto encomienda la regulación del ejercicio de la
acción penal pública y la dirección de la investigación de hechos que configuren el
delito al Código de Justicia Militar y las leyes respectivas. Para nosotros, dilucidar el
significado de la palabra “igualmente” no es complejo: el Diccionario de la Lengua
Española la define como “de manera igual”. Es decir, para lo que nos concierne, el
Ministerio Público, el ofendido y las personas que designe la ley deben ejercer la
acción penal de la misma manera, sin que la posición de uno signifique ventaja o
desmedro respecto del otro.

3°. – Que, para así concluirlo, acudimos a García y Contreras, quienes sostienen
que “(la) Constitución emplea el concepto de acción penal para circunscribir las potestades del
Ministerio Público y para establecer un derecho a la acción para las víctimas de un delito. En
consecuencia, no existe un monopolio estatal en el ejercicio de la acción penal” (Gonzalo
GARCÍA PINO y Pablo CONTRERAS VÁSQUEZ [2014], “Diccionario Constitucional
Chileno”, p. 61. Cuadernos del Tribunal Constitucional, número 55, año 2014).

4°. – Que el sistema de titularidad de la acción penal aceptado por nuestra
Constitución no es uniforme en el resto del mundo. Así, el artículo 112 de la
Constitución de Italia prescribe que “El Ministerio Fiscal tiene la obligación de ejercer la
acción penal”, sin siquiera mencionar al ofendido o a otras personas. De ello, algunos
infieren que la titularidad de la acción en los delitos de acción penal pública
corresponde de modo exclusivo al Estado. Tal afirmación no debiera ser aceptada sin
matices en nuestro medio, atendido lo preceptuado en el artículo 83 de la Carta
Fundamental chilena, cuestión a la que ya nos referimos en el motivo precedente.

5°. – Que, del tenor de lo previsto en los artículos 19 número 3° inciso sexto y
del ya mencionado artículo 83 de la Constitución, nos parece que se traza en términos
explícitos la diferencia entre dirigir la investigación de hechos delictivos y ejercer la
acción penal. Investigar, para el profesor y juez constitucional José Luis Cea Egaña,
“… es la primera y más relevante función constitucional. Incumbe al Ministerio Público dirigir
la investigación de los hechos siguientes, debiendo hacerlo con rasgos de racionalidad y justicia:
A. Los constitutivos de delito; B. Los que determinen la participación punible; y C. Los que
acrediten la inocencia del imputado”, a la vez que enfatiza que la de ejercer la acción penal “…



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0000334
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO




es la segunda función constitucional del Ministerio Público. Tiene ella carácter eventual, o sea,
no es inevitable o necesariamente deducible tal acción. En efecto, ella se hará efectiva solo en su
caso, es decir, cuando el fiscal competente considere procedente ejercer la acción penal pública.
Útil es agregar que el ofendido por el delito, y las demás personas que determine la ley, pueden
entablar, igualmente, esa acción” (José Luis CEA EGAÑA [1999], “Fisonomía
Constitucional del Ministerio Público de Chile”, artículo publicado en Revista de Derecho
(Valdivia), 10 (Supl. Espec), pp. 60–66. Recuperado a partir de
http://revistas.uach.cl/index.php/revider/article/view/2998).

6°. – Que la distinción precedente nos parece de sumo interés, puesto que al
disponer la Carta Fundamental que el Ministerio Público dirigirá en forma exclusiva
la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la
participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado, aparece de
manifiesto que la voluntad inequívoca de la Constitución es encomendar la pesquisa
al ente persecutor y a nadie más. No ocurre lo mismo con el ejercicio de la acción
penal, potestad que los fiscales ejercerán “en su caso” y siempre en igualdad de
condiciones con el ofendido y con las personas que señale la ley. Ejercer la acción
penal, como se verá, no es inmiscuirse en funciones o facultades de la Fiscalía, sino
concurrir a un tribunal de justicia con una expectativa de tutela judicial efectiva de
derechos.

7°. – Que una explicación posible al diverso entendimiento de la expresión
“acción penal” puede provenir de razones históricas. En efecto, del hecho que la Ley
nro. 1.853, el Código de Procedimiento Penal, hubiere dispuesto en su artículo 11 que
“La acción penal es pública o privada. La primera se ejercita a nombre de la sociedad para
obtener el castigo de todo delito que deba perseguirse de oficio; la segunda sólo puede ejercitarse
por la parte agraviada” pudo desprenderse la idea de titularidad exclusiva. En un
sistema procedimental secreto e inquisitorial, caracterizado por el mismo juez que en
primera instancia investigaba y juzgaba según una fase plenaria en la que sí había
signos de un proceso adversarial, la mencionada definición era posible de conciliar
con lo dispuesto en el artículo 15 de ese estatuto legal, en cuya virtud la acción penal
puede ser ejercida por toda persona capaz de parecer en juicio, siempre que no tenga
especial prohibición de la ley y que se trate de delitos que deban ser perseguidos de
oficio.

Posteriormente, la Constitución, norma de mayor jerarquía que el Código de
Procedimiento Penal, modificó este panorama mediante la Ley nro. 19.519,
entregando la titularidad de la acción penal al Ministerio Público, al ofendido y a las
personas que señale la ley.

8°. – Que las consideraciones expuestas en lo precedente se ven reforzadas en
nuestro medio por la conclusión esbozada por Núñez Ojeda, para quien “… (la)
problemática sobre el concepto de acción penal no existe. En realidad, el debate en torno a la
acción penal puede quedar reducido a los siguientes términos: La acción es la petición al
Tribunal de actuar autónomamente en una causa penal. // Por tanto, la distinción entre acción



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0000335
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO




y ejercicio de la misma no tiene sentido. La acción, por naturaleza, no existe si no es en ejercicio,
esto es, en acto” (Raúl NÚÑEZ OJEDA [2024], “La Acción en el Proceso Penal ¿Un
Concepto Útil?”, p. 573. Publicado en Javier MATURANA BAEZA y María de los
Ángeles GONZÁLEZ COULON, directores, “Derecho Procesal y Justicia. Homenaje a
Cristián Maturana Miquel”, pp. 551 a 579. Thomson Reuters, Santiago).

9°. – Que la interpretación ya reseñada, especialmente en el motivo 2° de este
voto disidente, guarda concordancia, a nuestro entender, con el contexto, dado que la
Constitución asegura a todas las personas -entendido comprendidos en ese enunciado
al ofendido y a las demás personas que señale la ley- la igual protección de la ley en
el ejercicio de sus derechos. Natural consecuencia de esa afirmación es la igualdad
ante la justicia y ante los órganos que ejercen jurisdicción, sobre los cuales pesa el
deber de inexcusabilidad, consistente en que reclamada su intervención en forma legal
y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun
por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión.

10°. – Que, en nuestro medio, Maite Aguirrezabal sostiene que “… (el) derecho
a la tutela judicial efectiva puede ser definido como aquél que tiene toda persona a que se le
haga justicia: a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano
jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas” (Maite AGUIRREZABAL
GRÜNSTEIN [2013], “Tutela Judicial Efectiva y Acceso a la Justicia”, Instituto Chileno de
Derecho Procesal, Santiago. Disponible en https://www.ichdp.cl/tutela-judicial-
efectiva-y-acceso-a-la-justicia/ ). Agrega la autora en otro lugar que “(la) doctrina
comparte la idea de que la consagración constitucional del derecho al debido proceso no se limitó
a mantener la concepción tradicional de este derecho, sino que, además, introdujo innovaciones
que lo amplían y perfeccionan, a fin de obtener la respectiva protección de la ley en el ejercicio
de los derechos constitucionalmente reconocidos” (Maite AGUIRREZABAL GRÜNSTEIN
[2017], “Aplicación del Principio "Pro Actione" como Elemento Garantizador de la Tutela
Judicial Efectiva en el Acceso al Recurso”, artículo publicado en Revista Chilena de Derecho
Privado, Nº 29, 2017, págs. 363-370).

También se ha argumentado que “… (ahora) bien, como su nombre lo indica, el
derecho a una tutela judicial efectiva impone la obligación de que la protección sea efectiva. /
No basta con la posibilidad de acceder al órgano jurisdiccional o con el derecho a defensa o con
todas las derivaciones sustantivas y adjetivas que este tiene. Para que se entienda que hay tutela
judicial efectiva debe expresarse desde el principio, durante el proceso y hasta el final del
proceso: en la sentencia” (Manuel RODRÍGUEZ VEGA y Rodrigo BORDACHAR
URRUTIA [2024], “Debido Proceso. Garantías Fundamentales para una Buena Justicia”, p.
23. DER Ediciones, Santiago).

11°. – Que reconocer el derecho a la acción, a acceder a la justicia en un plano
de igual protección a todas las partes del proceso, no es en absoluto una garantía de
resultado exitoso, cuestión que, por lo demás, ninguna Constitución puede asegurar.
Andrés de la Oliva y Pilar Peiteado sostienen en España “… que el solicitante de una
tutela tenga derecho al proceso no significa necesariamente que la resolución que sobre el fondo



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TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS




se dicte como consecuencia de este derecho al proceso vaya a serlo en sentido favorable, a
dispensarle la tutela que pide, a reconocerle su derecho de acción, en definitiva “(Andrés DE
LA OLIVA SANTOS y Pilar PEITEADO MARISCAL [2023], “Sistema de Tutela Judicial
Efectiva”, p. 226. CEF-UDIMA, Madrid). En esa misma línea argumentativa se sostiene
que “… (evidentemente), se producen conflictos constantes: muchos justiciables invocan de
manera abusiva el artículo 24 en la ignorancia que no garantiza el acierto judicial. Por otro
lado, los jueces son poco proclives a reconocer errores propios que hayan podido ocasionar la
indefensión de algún sujeto” (María CARO MARINA, en Santiago MUÑOZ
MACHADO editor [2018], “Comentario a la Constitución Española”, p. 108. Crítica,
Barcelona).

12°. – Que, en refuerzo de lo argumentado en lo que precede, nos vemos en la
necesidad de reiterar y enfatizar el distingo entre las potestades de investigar y de
acusar. La primera es una prerrogativa exclusiva del Estado a través del Ministerio
Público, órgano habilitado constitucionalmente para ello. Así, del monopolio de la
potestad de investigar no se sigue de modo forzoso que la prerrogativa de acusar se
le dé de modo exclusivo al Estado a través de la Fiscalía. Ejercer la acción penal es
reclamar la intervención de la justicia en materias de su competencia mediante el acto
jurídico procesal consistente en la querella y también en la acusación.

13°. – Que, a juicio de estos disidentes, la posibilidad de ejercer la acción penal
y formular acusación por parte del ofendido u otras personas diferentes al Ministerio
Público no agravia al ofendido ni debilita u obstaculiza la posibilidad de ejercer su
derecho a defensa. Somos del parecer que, en nuestro medio, es jurídicamente
admisible separar la formalización de la facultad de acusar. En efecto, la ley impone
al actor la carga de enunciar pormenorizadamente las menciones del contenido de la
acusación, acto jurídico procesal que debe ser puesto con antelación en conocimiento
de la defensa, cuestión que clausura cualquier posibilidad de indefensión. Por lo
demás, las normas del Libro IV título II del Código Procesal Penal, concernientes al
delito de acción penal privada, no contemplan de ningún modo el trámite de la
formalización, dado que en esos procedimientos al Ministerio Público no le cabe
ninguna intervención. Al efecto, en esta especie de pleitos el legislador se encargó de
precisar en el artículo 400 inciso primero que el escrito de querella deducida ante el
juez de garantía competente deberá cumplir con los requisitos de los artículos 113 y
261.

14°. – Que, en las condiciones que se vienen anotando, para estos disidentes no
cabe sostener que nos encontraríamos en presencia de la “privatización” del proceso
penal. En efecto, la pesquisa de los hechos y la participación constituyen una
prerrogativa exclusiva e indelegable del Ministerio Público, porque así lo ordena la
Constitución en términos explícitos. No ocurre lo mismo, como ya se sostuvo, con el
ejercicio de la acción penal ante el juez competente. La autonomía constitucional del
Ministerio Público, cuya justificación institucional es en esencia orgánica, no tiene el




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TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE




alcance inhibitorio absoluto del poder de acusar que le atribuye la sentencia a la cual
concurrimos como disidentes.

15°. – Que, así, en este estado del proceso, y apareciendo que la Fiscalía ha
manifestado no tener el propósito en continuar en la tarea investigativa ni en la
persecución, queda de manifiesto y a las claras que, de prosperar el requerimiento y
declararse inaplicables los artículos 248, letra c) y 259 inciso final, del Código Procesal
Penal, no se produciría la hipótesis imposible de un querellante particular
desplegando actos de pesquisa criminal que son de competencia propia y exclusiva
del Ministerio Público. Simplemente se materializaría la posibilidad de acusar en la
forma que el propio Código define y reglamenta, sin la compañía del órgano
persecutor. En otras palabras, de acogerse el requerimiento, cuando el Ente Persecutor
decide no deducir formalización o no seguir adelante con las indagaciones por los
motivos que tuviere en mente -cuestión que a estos disidentes no les corresponde
escudriñar ni ponderar-, será el querellante quien, a su cuenta y riesgo, ejerza la
prerrogativa de ejercer en un tribunal la acción penal que la Constitución le entrega,
sin que parezca que existan motivos constitucionales válidos para que la ley se lo
impida.

En definitiva, si los preceptos legales tachados en el libelo pretensor
constitucional no permiten a los demás actores deducir acusación, la expresión
“igualmente” aludida en el motivo Cuarto de esta disidencia carece de significado
concreto desde la perspectiva de una interpretación amplia y conforme al sentido de
los principios y valores de la Carta Política.

16°. – Que, para estos efectos, somos del parecer que la formalización, definida
por el artículo 229 del Código Procesal Penal como la comunicación que el fiscal
efectúa al imputado, en presencia del juez de garantía, de que desarrolla actualmente
una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados, no
necesariamente es una condición previa ni necesaria para formular acusación. Sí lo es
cuando el actor y acusador es el Ministerio Público, pues en ese caso debe existir
concordancia entre los hechos enunciados en la formalización y la acusación, como
necesaria exigencia prevista para el ejercicio del derecho a defensa por parte del
imputado que ha sido acusado. Sin embargo, la exigencia de dicha concordancia en el
caso concreto, en que la investigación no se encuentra formalizada, pone al requirente
en una situación imposible, toda vez que su acusación particular no puede ser
concordante con una formalización inexistente.

Asimismo, hemos de considerar que la acusación formulada por el querellante
ante la renuencia del organismo estatal perseguidor reúne, por mandato legal,
exigencias formales y sustantivas que permiten al encartado conocer los hechos en que
el actor sostiene su imputación.

De este modo, nos parece que la ligazón necesaria entre formalización,
acusación y debido proceso se diluye en esencia si consideramos que el primero de los
trámites enunciados simplemente no existe en el proceso sobre delitos de acción



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TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO




privada, sin que en ese caso pueda sostenerse que al querellado le está impedido
ejercer el derecho a defensa.

Así, concluimos que una acusación particular que reúna cabalmente los
requisitos previstos en el artículo 259 del Código Procesal Penal, circunstancia que
está llamado a examinar el juez de garantía competente, es bastante para hacer frente
a cualquier cuestionamiento eventual sobre debido proceso o indefensión.

17°. – Que, de un modo similar, la exigencia impuesta por el legislador en el
inciso final del artículo 259 del Estatuto Procesal impugnado en autos, que dispone
que la acusación sólo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formalización
de la investigación, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica, también
resulta contraria en los hechos a la potestad de acusar, toda vez que, como consta en
los antecedentes de la gestión pendiente, el ente persecutor no ha formalizado la
investigación.

18°. – Que, por las razones que se señalan en los motivos precedentes,
estuvimos por dar lugar al requerimiento de fojas 1 y declarar que, en los autos del
Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, en causa RIT 819 – 2023 y RUC N°
2310006273 – 9, iniciados por querella de don Cristian Arnaldo Rojas Pérez y de la
sociedad Inversiones Río Hurtado SpA (continuadora de Inversiones Río Hurtado
Limitada), los artículo 248 letra c) y 259 inciso final del Código Procesal Penal no deben
ser aplicados.




PREVENCIÓN

El Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ estuvo por acoger
parcialmente el requerimiento en la frase “comunicar la decisión del ministerio
público de”, contenida en el artículo 248, letra c), y respecto del artículo 259 inciso
final del Código Procesal Penal, atendidos los fundamentos formulados en casos
análogos precedentes, v. gr., en el Rol N° 13.914, porque, de esta manera, subsiste la
atribución del Ministerio Público, en el marco de su autonomía constitucional, para
no perseverar en el procedimiento, por no haberse reunido durante la investigación
los antecedentes suficientes para fundar una acusación, pero queda el Juez de
Garantía en situación de evaluar la decisión adoptada por el Ministerio Público, lo
que, además, permitirá a los intervinientes sostener su posición al respecto en la
audiencia correspondiente y, en definitiva, resolver con todos los elementos de juicio,
si se accede o no, en definitiva, a la decisión de no perseverar, pero mediando control
judicial de esta decisión, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 N° 3° inciso
sexto de la Constitución, en relación con el derecho contemplado en su artículo 83
inciso segundo.




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0000339
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE




Redactó la sentencia el Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ. La disidencia fue
escrita por el Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO.

La prevención fue redactada por el Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 16.771-25-INA




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0000340
TRESCIENTOS CUARENTA


Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 13/03/2026



María Pía Silva Gallinato Miguel Angel Fernández González
Fecha: 13/03/2026 Fecha: 13/03/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 13/03/2026 Fecha: 13/03/2026



Héctor Antonio Mery Romero Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 13/03/2026 Fecha: 13/03/2026




Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta
Subrogante, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, y por sus Ministros
señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señor
Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor
Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René
Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 13/03/2026




5C73554C-D895-4CC4-B6F7-94F2007FF81B
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su
validez puede ser consultada en www.tribunalconstitucional.cl con el
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