TC Rol 16775

Texto completo

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NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS




2026

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.775-25 INA

[23 de abril de 2026]
____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 8°,
NUMERAL 2) DE LA LEY N° 18.101, QUE FIJA NORMAS
ESPECIALES SOBRE ARRENDAMIENTO DE PREDIOS URBANOS



INVERSIONES SANTA ELISA SPA
EN EL PROCESO ROL C-11094-2024, SEGUIDO ANTE EL VIGÉSIMO OCTAVO
JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE SANTIAGO


VISTOS:
Que, con fecha 12 de agosto de 2025, Inversiones Santa Elisa SpA (ex
Inversiones Santa Elisa Limitada) acciona de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del artículo 8° numeral 2) de la Ley N° 18.101, que
fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, para que ello
incida en el proceso Rol C-11094-2024, seguido ante el Vigésimo Octavo Juzgado
de Letras en lo Civil de Santiago.



Precepto legal cuya aplicación se impugna

El texto del precepto impugnado dispone:


“Ley N° 18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de
predios urbanos

Artículo 8.-

[…]



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2) La notificación de la demanda se efectuará conforme a la norma del
inciso primero del artículo 553 del Código de Procedimiento Civil. Para los efectos
de lo dispuesto en el artículo 44 del mismo Código, se presumirá de pleno derecho
como domicilio del demandado el que corresponda al inmueble arrendado;

[…]”.

Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional
sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

Como antecedentes de la gestión pendiente explica que ante el Vigésimo
Octavo Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago Inversiones Santa Elisa SpA. (ex
S.A.) presentó una demanda de término de contrato de arrendamiento por no
pago de rentas y en subsidio de desahucio en su contra respecto de seis
propiedades. Indica que en el contrato respectivo, el demandante a su elección
fijó como domicilio el correspondiente a uno de los inmuebles arrendados,
ubicado en calle Huérfanos N° 1555, Departamento N° 1809, comuna de
Santiago.

Refiere que la demanda fue notificada en dicho domicilio, y conforme la
certificación del receptor judicial de fecha 26 de julio de 2024, el inmueble se
encontraba desocupado, por lo que no tomó conocimiento de la demanda.
Además, hace presente que el inmueble se encontraba subarrendado por
escritura pública.

Asimismo, señala que dicha certificación sirvió para que el demandante
solicite la restitución de la propiedad, lo que en efecto ocurrió con fecha 21 de
agosto del año 2024.

Refiere que el juicio se desarrolló en rebeldía de la parte demandada,
realizándose la audiencia de contestación, conciliación y prueba el día 04 de
septiembre de 2024, citándose a las partes a oír sentencia con esa misma fecha.
Con fecha 05 de noviembre de dicho año el Vigésimo Octavo Juzgado de Letras
en lo Civil de Santiago dictó la sentencia definitiva, notificándose su
cumplimiento incidental con fecha 23 de abril de 2025 en el mismo domicilio en
el que se notificó la demanda.

Frente a dicha situación, con fecha 17 de junio de 2025 promovió
incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento conforme a
lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Procedimiento Civil, constituyendo la
gestión pendiente en el presente caso.

Al fundamentar el conflicto constitucional, alega que la aplicación del
precepto impugnado vulnera el artículo 19, numerales 3, y 24, de la
Constitución; y artículos 3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y




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Políticos; 8.1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación
con el artículo 5°, de la Carta Fundamental.

Señala que la decisión del legislador de establecer una presunción de
derecho implica una afectación del procedimiento racional y justo, existiendo,
además, un abuso del derecho procesal respecto del arrendador que impide que
el arrendatario tome conocimiento de la existencia del juicio, aprovechando
dicha presunción de derecho para llevar adelante su pretensión respecto del
inmueble arrendado, excediendo o desviándose del interés protegido por la
norma jurídica, esto es, dar celeridad a los procedimientos donde los
arrendadores ven perjudicado su patrimonio producto de arrendatarios
incumplidores que evitan la notificación judicial.

Agrega que la presunción de derecho contenida en el artículo 8° N°2) de
la Ley N°18.101, deja al Juez del Fondo desprovisto de la competencia para
examinar, realmente y conforme al mérito del proceso, si el demandado pudo o
no tener efectivo conocimiento de la acción dirigida en su contra, pues,
cualesquiera sean sus alegaciones y las pruebas que allegue al proceso,
indefectiblemente tendrá que aplicar la presunción y desestimar la nulidad de
todo lo obrado por falta de emplazamiento.



Tramitación y observaciones al requerimiento

Por resolución de fecha 29 de agosto de 2025, el requerimiento fue
acogido a trámite por la Primera Sala de esta Magistratura, ordenando,
asimismo, la suspensión del procedimiento. Y, a fojas 266, la referida Sala
declaró su admisibilidad.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales
interesados y a las demás partes en la gestión invocada, la requerida
formuló observaciones solicitando el rechazo del requerimiento, atendido a que
la aplicación del artículo 8° N° 2, de la Ley N°18.101 no implica, ni en abstracto ni
en el caso concreto, vulneración del debido proceso, pues la presunción de
domicilio del arrendatario responde a criterios de razonabilidad, certeza y
eficiencia procesal plenamente compatibles con el artículo 19 N° 3 de la Carta
Fundamental.

Sostiene que en el presente caso no se afecta el derecho de defensa, pues
la arrendataria tomó conocimiento efectivo del juicio civil desde sus primeras
actuaciones. En efecto, apenas un día después de practicada la notificación en el
inmueble arrendado conforme al artículo 8 N° 2 de la Ley 18.101, su
representante doña Ivon Machuca Alcalde suscribió un contrato de
subarriendo con su cónyuge respecto de dicho inmueble, lo que revela que la
requirente mantenía control material sobre el inmueble y pleno conocimiento




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de las gestiones judiciales que pesaban sobre él, por lo que a su juicio, no se
configura una situación de indefensión, sino el uso estratégico de los
mecanismos procesales disponibles, lo cual descarta la existencia de una
vulneración al artículo 19 N° 3 de la Constitución Política.

Por otro lado, no existe relación causal entre la aplicación del artículo 8°
N° 2 de la referida Ley y el perjuicio que reclama, pues la alegada falta de
conocimiento de la demanda no tiene su origen en la aplicación de la norma
legal impugnada, sino en la propia conducta de la arrendataria, quien, de
manera voluntaria y consciente modificó las condiciones de ocupación del
inmueble y celebró actos posteriores sobre el mismo bien, generando con ello
las dificultades en la recepción de las notificaciones judiciales. En consecuencia,
la eventual falta de comunicación o conocimiento de dichas actuaciones es de su
exclusiva responsabilidad, no pudiendo imputarse al órgano jurisdiccional ni a
la parte demandante una omisión que deriva directamente de su actuar
contractual y procesal.

Asimismo, señala que la norma impugnada es razonable y proporcional
en atención a la naturaleza del contrato de arriendo. La medida busca
garantizar la eficacia y celeridad del procedimiento especial de arriendo y
evitar maniobras dilatorias o fraudulentas que entorpezcan el derecho del
arrendador a obtener la restitución del bien.

En el caso concreto, la aplicación de la norma no ha restringido el
contenido esencial del derecho a defensa ni ha producido efectos
desproporcionados o irrazonables, cumpliendo así el estándar de un
procedimiento racional y justo exigido por el artículo 19 N° 3 de la Constitución
Política y por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.

A fojas 972, en decreto de fecha 21 de octubre de 2025 fueron traídos los
autos en relación.



Vista de la causa y acuerdo

En audiencia de Pleno del día 31 de marzo de 2026 se verificó la vista de
la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos de los abogados Mauricio
Alejandro Núñez Sotelo, por la parte requirente, y Karim Nagle Abdo Cubillos,
por la parte requerida, quedando pendiente de acuerdo, según certificación de
la señora relatora.

Con fecha 02 de abril del presente año, en audiencia de Pleno se adoptó el
acuerdo respectivo.




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Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que doña Ivón Isabel Machuca Alcalde, en representación de
Inversiones Santa Elisa SpA, deduce requerimiento de inaplicabilidad respecto
del artículo 8° N°2 de la Ley 18.101, que estima decisivo en la gestión judicial
pendiente, constituida por un incidente de nulidad de todo lo obrado deducido
en un juicio sumario civil de arrendamiento, en el que la requirente tiene la
calidad de demandada. En su concepto, la aplicación del artículo impugnado a
esa gestión judicial pendiente generaría efectos contrarios a lo prescrito por los
artículos 5° y 19 N°3 de la Constitución Política, el primero de ellos con relación
a los artículos 3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 24
de la Convención Americana de Derechos Humanos.

SEGUNDO: Que para situar convenientemente la controversia
constitucional en el marco concreto de la gestión pendiente cabe dejar asentado
que ésta se enmarca dentro de un juicio de término de contrato de
arrendamiento por no pago de rentas, y en subsidio de desahucio, pero en
específico lo que está pendiente es un incidente de nulidad procesal en la etapa
de ejecución o cumplimiento, y ese incidente, según nos dice el propio actor de
nuestra causa, se fundamenta en el artículo 80 del Código de Procedimiento
Civil.

TERCERO: Que esa precisión es importante porque el artículo 80 citado
exige que el litigante rebelde no haya sido notificado en persona, ni tampoco
haya podido recibir las copias a que se refieren los artículos 40 y 44 del mismo
Código, lo que remite todo el problema al emplazamiento a partir de la
notificación misma de la demanda, que es precisamente a lo que se refiere el
artículo 8° N°2 de la ley 18.101, pero solo en cuanto a cuál sea el domicilio hábil,
de modo que esa actuación es la que debe importar para el requerimiento que
ahora fallamos, y respecto de ella hemos de apreciar si la presunción de
derecho atacada genera o no efectos inconstitucionales, sin detenernos en
actuaciones posteriores en que el requerimiento abunda, como la notificación
de la sentencia o de la resolución de cumplimiento. En efecto, en su página 10 el
requirente reclama (y destaca en negrillas ese reclamo) que en el mismo
inmueble arrendado, pero a esas alturas ya recuperado por la arrendadora, le
notificaron la sentencia y el cumplimiento incidental, pero eso no tiene
ninguna relevancia para nuestra decisión, tanto porque lo que el artículo 8° N°2
impugnado regula es el domicilio para la notificación de la demanda, como
porque lo pendiente es un incidente de nulidad de todo lo obrado precisamente
por falta de emplazamiento, el que se genera, o debe generarse, con la
notificación de la demanda, De otro modo no se reclamaría nulidad de todo lo
obrado en el pleito, sino solo de la ejecución.




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CUARTO: Que, aclarado lo anterior, cabe tener presente que la norma
del artículo 8° N°2 de la Ley 18.101 no revela ningún problema de
constitucionalidad en abstracto, punto sobre el que la jurisprudencia del
tribunal ha sido clara. Así, en la sentencia del rol 16.263 se dijo que “la ley no
presume de derecho ni la notificación ni el emplazamiento” sino que “una mera
circunstancia material: que el domicilio del demandado es el propio inmueble
arrendado”, lo que responde a una racionalidad que busca dar certeza del lugar
en que se puede practicar la notificación, razonabilidad que sostuvo también la
sentencia recaída en el rol 2.986 y reafirmó el fallo de la causa rol 16.755. Desde
hace mucho tiempo, entonces, esa es la doctrina del Tribunal Constitucional, y
así se comprueba del examen de las sentencias 1368 y 2986. Respecto del fallo
del requerimiento rol 16.367, que fue citado por el requirente ante estrados, y
en el que fue acogido el reclamo, es preciso tener presente que, más allá de la
discrepancia de la minoría que estimó que ni aún allí se daban circunstancias
que permitieran variar el criterio de rechazo que el examen de la regla en
abstracto impone, la mayoría basó su decisión en las circunstancias concretas
del caso, según las expuso el juez que solicitó el pronunciamiento a nuestro
Tribunal, y así quedó consignado en el motivo decimoquinto de ese fallo y
también el párrafo final del considerando decimocuarto. La cuestión, entonces,
no consiste en determinar si per se el artículo 8° N°2 de la Ley 18.101 es
inconstitucional, pues no lo es, sino solo si dadas las circunstancias de este caso
concreto puede generar efectos inconstitucionales, y, en ese ejercicio, si cabe
comparar el caso con el citado rol 16.367.

QUINTO: Que, en efecto, el artículo impugnado, como se ha dicho ya en
las sentencias antes referidas y en varias otras, al no establecer una presunción
de emplazamiento sino simplemente de domicilio, responde no solo a una
necesidad de facilitar las notificaciones en ese tipo de juicios, sino a una
racionalidad evidente, porque el arrendamiento es un contrato en que el
arrendatario recibe el goce de una cosa (de un inmueble urbano, en el caso de la
Ley 18.101) y adquiere entonces la mera tenencia de la misma; luego, es la
voluntad de ambas partes la que ha situado al arrendatario en ese inmueble,
máxime si el destino del mismo es habitacional o de trabajo, con lo cual la
referencia al domicilio, del artículo 8° N°2 de esa ley, guarda plena
concordancia con lo prescrito por los artículos 59 y 62 del Código Civil y con el
artículo 41 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. La finalidad,
plenamente razonable, que el legislador ha tenido para establecer esa
presunción de derecho respecto del domicilio ha sido abordada también por
nuestra jurisprudencia atendiendo a la historia del precepto, que, como se ha
dicho en nuestro fallo rol 16.367, demuestra que la regla busca facilitar la
acción del arrendador, frente al arrendatario que incumple sus obligaciones,
para así dar eficacia al derecho de propiedad. Es decir, la regla no solo se ajusta




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a la Constitución, sino que tiene como norte la protección de un derecho
constitucionalmente resguardado.

SEXTO: Que en cuanto al derecho al debido proceso, y por ende a tener
noticia del juicio como base del derecho a defensa, y siempre razonando en
abstracto por ahora, ello no se afecta justamente porque ha sido el mismo
arrendatario, al celebrar el contrato, quien ha tomado para sí la tenencia del
inmueble, de modo que es de toda evidencia que allí o bien morará, o bien
desarrollará una actividad lucrativa, de suerte tal que es él quien ha generado
ese domicilio de modo real o efectivo. La presunción se basa en una realidad y
solo busca evitar que se evada luego esa realidad que la propia suscripción del
contrato (es decir, la voluntad de las partes) ha creado. Por fin, y como se dijo
también, no puede afectarse de modo abstracto el derecho a defensa si el
emplazamiento mismo no se presume, de manera tal que siempre se podrá
reclamar si en la práctica la notificación no se efectúa, pues que un inmueble
constituya el domicilio de alguien no significa que se le haya notificado
válidamente en él, necesariamente.

SÉPTIMO: Que arribando ahora al análisis del caso concreto, lo que
queda por resolver es si hay en él algún elemento que modifique el escenario
abstracto y, dentro de ese estudio, si este caso se puede comparar con el que
resolvió el Tribunal bajo el rol 16.367. Para ello, el análisis debe atender al
elemento que en aquella causa la mayoría estimó que generaba el escenario
diferenciador de caso concreto, sin perjuicio del parecer minoritario que, ni
aun allí, vio un escenario que permitiera modificar el criterio general, respecto
de la constitucionalidad de la norma.

OCTAVO: Que en aquel caso el punto radicaba en que el inmueble estaba
ya en manos del arrendador no al tiempo de la sentencia ni de la ejecución, sino
al de la notificación de la demanda, según el propio tribunal de fondo expresó al
elevar el problema a nuestra sede, para obtener un parecer sobre la
aplicabilidad del artículo 8° N°2 en comento. Es de la mayor relevancia
preguntarse entonces si en la causa presente el inmueble arrendado estaba en
poder del arrendador al tiempo de notificarse la demanda, y la respuesta es
negativa. Lo que el requerimiento dice es que el departamento estaba
desocupado, no que estuviera entregado, y de hecho el propio libelo añade que
con posterioridad el arrendador demandante solicitó y obtuvo la entrega por
resolución judicial. Luego, ni aún en la tesis de la mayoría del fallo 13.367 (sea
que se la comparta o no) puede encontrarse un paralelo con este caso.

NOVENO: Que lo demás que queda por resolver sobre el valor de la
notificación es plenamente un asunto de fondo, propio de la nulidad procesal
allí invocada, pero ajeno a la competencia de este Tribunal; es decir, cuál sea el
efecto para la validez de la notificación, y no para la atribución de domicilio, de




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la circunstancia de que el inmueble estuviera desocupado. Decimos que
constitucionalmente sigue sin existir ningún problema con la atribución legal
del domicilio al arrendatario en el inmueble porque lo ha desocupado él, con
plena conciencia de que su calidad de arrendatario le permitía tenerlo, de que
el contrato señalaba ese lugar como dirección y que la ley, que se presume
conocida por todos, le imponía ese domicilio para los efectos de notificar una
eventual demanda. Permitir que la circunstancia de abandonar el inmueble
haga decaer la presunción significaría anular todo el efecto de certeza que ella
ha querido generar para proteger el derecho de propiedad, pues permitiría al
arrendatario que así lo decidiera evadir sus responsabilidades contractuales,
dificultando su ubicación, con un acto que contradice la finalidad misma de un
contrato de arrendamiento.

DÉCIMO: Que, entonces, no puede argumentarse que la presunción de
derecho atacada infrinja, ni en abstracto ni en este caso, el debido proceso, ya
que además de lo dicho sobre la diferencia entre presumir el domicilio y
presumir el emplazamiento, diferencia que la requirente no advierte, es la
propia arrendataria quien se puso en situación de no recibir la notificación de
forma efectiva, al desocupar un departamento que, estando arrendado, le
confería el derecho al goce y de hecho ese era el preciso objeto del contrato. Sin
adentrarnos más en el tema del emplazamiento, que le corresponde a la
judicatura de fondo, nótese la concordancia de la presunción atacada con la
exigencia del artículo 80 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a que las
copias de rigor no hayan llegado a conocimiento del demandado “por un hecho
que no le sea imputable”. Refiriéndonos, pues, únicamente al domicilio, que es
nuestro ámbito de competencia en cuanto a la presunción, si ésta perjudica al
requirente es por un hecho que le resulta claramente imputable, lo que nos
vuelve a lo ya razonado: si es que la notificación fue válida, lo que resolverá el
juez de la gestión pendiente y no nosotros, la incidencia en ello de la presunción
de domicilio derivará del abandono voluntario que efectuó el arrendatario, no
de ningún defecto constitucional, ni en abstracto ni en concreto, de la norma.

UNCÉCIMO: Que por las mismas razones no se ha podido infringir el
artículo 5° de la Constitución, que el requirente quiere referir a la Convención
Americana de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. Uno y otro tratado se refieren, en los artículos que de ellos se invocan,
al derecho a ser oídos, pero ese derecho no puede ser amagado por una norma
que presume un domicilio que el propio requirente convino en señalar
celebrando un contrato de arrendamiento a su respecto, sino que, al contrario,
esa presunción respeta plenamente dichos preceptos internacionales
precisamente porque se refiere a un inmueble sobre el cual el demandado ha
adquirido la tenencia y su objeto es esa tenencia, ese goce, ese destino. Y, en lo




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concreto, si el arrendatario lo abandona ocurre lo que ya dijimos: es él quien se
pone en situación de no ser oído, no es la norma impugnada la que se lo impide.

DUODÉCIMO: Que, por consiguiente, no existe ningún efecto
inconstitucional que derive de la aplicación del artículo 8° N°2 de la Ley 18.101
a la gestión pendiente, lo que obliga a rechazar el requerimiento.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos
primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y
pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
DEDUCIDO A FOJAS 1, EN TODAS SUS PARTES.

III. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN
AUTOS. OFÍCIESE.

IV. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE, POR
ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR



Redactó la sentencia el Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ.


Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 16.775-25 INA.




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Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 24/04/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida María Pía Silva Gallinato
Fecha: 27/04/2026 Fecha: 26/04/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 24/04/2026 Fecha: 24/04/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Alejandra Precht Rorris
Fecha: 24/04/2026 Fecha: 27/04/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 24/04/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Raúl Eduardo
Mera Muñoz, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas,
señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 27/04/2026




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