TC Rol 1681

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(02009
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Santiago, once de mayo de dos mil diez.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1%. Que, mediante Oficio N” 248, fechado el 1% de
abril de 2010 e ingresado el día 8 del mismo mes y año,
el señor Presidente de la Iltma. Corte de Apelaciones de
Concepción ha remitido, en fojas 352, "la causa Civil Rol
Corte N* 1189-2009 (Rol N* 34714 del Juzgado de Letras de
Lota), caratulada “SERVICIO NACIONAL DE PESCA CON
SOCIEDAD MARTÍNEZ E HIJOS LIMITADA”, materia Infracción a
la Ley de Pesca y Acuicultura”, a los efectos de que se
cumpla lo resuelto en dicho proceso con fecha 30 de marzo
de 2010: “Atendido lo dispuesto en el artículo 93 N* 6 de
la Constitución Política de la República, para resolver,
elévense previamente los antecedentes al Tribunal
Constitucional, a objeto de que se pronuncie sobre el
requerimiento formulado por la apelada. Se deja sin
efecto el decreto "en relación”.”.

La resolución transcrita, a su vez, proveyó el
escrito de fojas 347, en el cual, con fecha 29 de marzo
de 2010, una de las partes del proceso solicitó que esa
Corte de Apelaciones "haga uso de las facultades
concedidas por la Ley Orgánica Constitucional del
Tribunal Constitucional requiriendo a éste que se
pronuncie sobre el grave conflicto de constitucionalidad
planteado en esta presentación”;

2%. Que, en conformidad con lo dispuesto en el
artículo 93, inciso primero, N* 6%, de la Constitución
Política, es atribución de este Tribunal: “Resolver, por
la mayoría de sus miembros en ejercicio, la
inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en
cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario
o especial, resulte contraria a la Constitución.”;

A su turno, el inciso decimoprimero del mismo

precepto señala: “En el caso del N* 6%, la cuestión podrá

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ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez
que conoce del asunto. Corresponderá a cualquiera de las
salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la
admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la
existencia de una gestión pendiente ante el tribunal
ordinario o especial, que la aplicación del precepto
legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución
de un asunto, que la impugnación esté fundada
razonablemente y se cumplan los demás requisitos que
establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá
resolver la suspensión del procedimiento en que se ha
originado la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad”;

39. Que la normativa aludida precedentemente se
complementa con la que se contiene en la Ley N* 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, la
cual razona en el sentido de que el pronunciamiento sobre
la admisibilidad de una acción de esta índole exige,
previamente, resolver sobre su admisión a trámite. Así,
el inciso primero del artículo 47 D de dicho texto legal
establece que: “Para ser acogido a tramitación, el
requerimiento deberá cumplir con las exigencias señaladas
en los artículos 47 A y 47 B. En caso contrario, por
resolución fundada que se dictará en el plazo de tres
días, contado desde que se dé cuenta del mismo, no será
acogido a tramitación y se tendrá por no presentado, para
todos los efectos legales”.

Por su parte, los artículos 47 A y 47 B de la
legislación aludida establecen:

“Artículo 47 A.- En el caso del número 6” del
artículo 93 de la Constitución Política, es Órgano
legitimado el juez que conoce de una gestión pendiente en
que deba aplicarse el precepto legal impugnado, y son

personas legitimadas las partes en dicha gestión.

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Si la cuestión es promovida por una parte ejerciendo
la acción de inaplicabilidad, se deberá acompañar un
certificado expedido por el tribunal que conoce de la
gestión judicial, en que conste la existencia de ésta, el
estado en que se encuentra, la calidad de parte del
requirente y el nombre y domicilio de las partes y de sus
apoderados.

Si la cuestión es promovida por el tribunal que
conoce de la gestión pendiente, el requerimiento deberá
formularse por oficio y acompañarse de una copia de las
piezas principales del respectivo expediente, indicando
el nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados.

El tribunal deberá dejar constancia en el expediente
de haber recurrido ante el Tribunal Constitucional y
notificará de ello a las partes del proceso”.

“Artículo 47 B.- El requerimiento de
inaplicabilidad, sea promovido por el juez que conoce de
la gestión pendiente o por una de las partes, deberá
contener una exposición clara de los hechos y fundamentos
en que se apoya y de cómo ellos producen como resultado
la infracción constitucional. Deberá indicar, asimismo,
el o los vicios de inconstitucionalidad que se aducen,
con indicación precisa de las normas constitucionales que
se estiman transgredidas”;

4%. Que el Presidente del Tribunal ordenó que se
diera cuenta del oficio citado en el considerando 1 de
esta resolución en la Primera Sala de esta Magistratura;

5%. Que el examen de la acción constitucional
interpuesta permite concluir que ella no satisface las
exigencias previstas en los artículos 47 A y 47 B,
transcritos precedentemente, para que pueda ser acogida a
tramitación;

6”. Que, en efecto, el oficio individualizado en el
considerando 1” de esta resolución no contiene todas las

menciones exigidas en la primera norma legal referida;

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7%. Que, por otra parte, tampoco se pueden entender
satisfechas las exigencias previstas en el referido
artículo 47 B de la Ley Orgánica Constitucional de esta
Magistratura.

Lo anterior, por cuanto, si bien conforme a los
preceptos constitucionales y legales transcritos
precedentemente, tratándose del ejercicio de la acción de
inaplicabilidad ¡por inconstitucionalidad, son sujetos
legitimados tanto las partes de un proceso judicial
pendiente como el juez que está conociendo de él, cuando
cualquiera de ellos decide accionar ante este Tribunal
debe hacerlo interponiendo el correspondiente
requerimiento, previo a la resolución de la respectiva
gestión pendiente;

8. Que, como ya lo ha señalado esta Magistratura en
resoluciones dictadas en los roles 1324-09 y 1670-10, si
son las partes del proceso las gue decidieran requerir la
inaplicabilidad de una determinada norma de jerarquía
legal que pueda ser derecho aplicable para la resolución
de un asunto, deberán hacerlo directamente ante este
Tribunal cumpliendo con todos los presupuestos procesales
establecidos por la Carta Fundamental y en las
disposiciones pertinentes de la Ley N* 17.997. Si, en
cambio, es el juez el que se encuentra enfrentado a una
duda acerca de si la aplicación de un determinado
precepto legal en el proceso que sustancia puede resultar
contraria a la Constitución, es él quien debe
directamente requerir ante este Tribunal Constitucional
manifestando en forma expresa su voluntad de obtener una
sentencia que se pronuncie sobre la materia,
constituyéndose, de esta forma, en sujeto activo de la
acción de inaplicabilidad. Asimismo, tal decisión debe
traducirse en un requerimiento formal de inaplicabilidad

por inconstitucionalidad que cumpla con los requisitos

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exigidos por las normas constitucionales y legales
aludidas precedentemente;

9. Que, por lo razonado, las partes de una gestión
judicial pendiente no se encuentran constitucionalmente
habilitadas para formular ante el juez que conoce de ella
un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, mismo que debe plantearse
directamente por aquéllas ante este Tribunal o bien
asumirlo como propio el juez que conoce de un asunto para
formularlo en los términos descritos en el considerando
anterior;

10%". Que el incumplimiento de los requisitos
referidos obliga a este Tribunal a no admitir a
tramitación la presentación y así se declarará.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos
93, inciso primero, N”* 6%, e inciso decimoprimero de la
Constitución Política de la República, y en los artículos
47 A, 47 B, 47 D y demás disposiciones pertinentes de la
Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional,

SE RESUELVE:

Que no se acoge a tramitación la presentación de
fojas uno, teniéndose por no presentada, para todos los
efectos legales. Devuélvanse a la Corte de Apelaciones

requirente los antecedentes remitidos.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor
Mario Fernández Baeza, Quien estuvo por admitir a
tramitación el requerimiento de la Iltma. Corte de
Apelaciones de Concepción sobre la base de los argumentos
siguientes:

1. Que la innovación introducida en la
Constitución por la reforma de 2005, en orden a entregar
al Tribunal Constitucional la atribución de conocer la

acción de inaplicabilidad según su nueva formulación,

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trajo consigo la incorporación del juez que conoce del
asunto como órgano legitimado para deducirla. Así quedó
establecido en el inciso decimoprimero del artículo 93 de
la Constitución y regulado en los artículos 47 A y 47 B
de la Ley N” 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, según su reforma a través de la Ley N”
20.381, de 28 de octubre de 20009.

2. Que la mencionada calidad de órgano legitimado
conferida al juez que conoce el asunto sub lite, presenta
una serie de características procesales y sustantivas que
son necesarias de dilucidar. Desde luego, las exigencias
formales que la ley orgánica citada dispone para plantear
la cuestión difieren tratándose del juez o de las partes.
En el caso del juez, el inciso tercero del citado
artículo 47 A señala: “Si la cuestión es promovida por el
tribunal que conoce de la gestión pendiente, el
requerimiento deberá formularse por oficio y acompañarse
de una copia de las piezas principales del respectivo
expediente, indicando el nombre y domicilio de las partes
y de sus apoderados.”.

3. Que en el artículo 47 B de la citada Ley N”
17.997 se agregan exigencias comunes al juez y a las
partes accionantes de inaplicabilidad: “El requerimiento
de inaplicabilidad, sea promovido por el juez que conoce
de la gestión pendiente o por una de las partes, deberá
contener una exposición clara de los hechos y fundamentos
en que se apoya y de cómo ellos producen una infracción
constitucional. Deberá indicar, asimismo, el o los vicios
de inconstitucionalidad que se aducen con indicación
precisa de las normas constitucionales que se estiman

trasgredidas.”.

2, Que esta segunda exigencia requiere un
entendimiento distinto según quien interpone la acción.

Obviamente, si quien acciona es una de las partes el

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sentido de la norma será literal, pues se entiende que el
planteamiento de la cuestión contiene la pretensión del
requirente de obtener la declaración de inaplicabilidad
del precepto impugnado. Pero si quien acciona es el juez
que conoce de la gestión pendiente, el entendimiento de
la exigencia del artículo 47 B no puede ser literal, sino
que sometido a las reglas de interpretación prescritas en
el segundo inciso del artículo 19 del Código Civil, así
como en el inciso primero del artículo 22 y en el

artículo 24 del mismo cuerpo legal.

BD. Que, en efecto, el juez accionante puede
plantear la cuestión derechamente, requiriendo del
Tribunal Constitucional la declaración de inaplicabilidad
del precepto impugnado, pero sólo si ninguna de las
partes del asunto sub lite le ha formulado la cuestión
formalmente. Similar limitante rige en el evento de que
al juez le asaltara la duda sobre el resultado contrario
a la Constitución que un precepto produciría de aplicarlo
en la causa y decidiera someterla a la resolución de esta

Magistratura.

6. Que si una de las partes ha mencionado la
cuestión de inaplicabilidad al juez que conoce del
asunto, como sucede en este caso, y sín perjuicio de la
forma empleada, el magistrado no puede hacer suyo tal
planteamiento antes de dictar sentencia, sin caer en la
causal de implicancia del número 8% del artículo 195 del
Código Orgánico de Tribunales co en la causal de
recusación establecida en el número 10 del artículo 196

del mismo Código.

En consecuencia, a juicio de este Ministro
disidente, en este caso la Corte de Apelaciones de
Concepción ha planteado la cuestión con arreglo a un

correcto entendimiento de los preceptos arriba señalados

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y, por lo tanto, de acuerdo al artículo 47 D, inciso

primero, de la Ley Orgánica Constitucional de esta
Magistratura, su requerimiento debe ser acogido. a
tramitación.

7. Que, en efecto, consta en autos que el

Presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción envió
al Presidente de esta Magistratura el Oficio N” 248, de
fecha 1 de abril de 2010, en el que se señala que ese
tribunal de alzada resolvió remitir al Tribunal
Constitucional la causa Civil Rol Corte N” 1189-2000,
“para su cumplimiento”. La aludida resolución, que se
acompaña en autos, señala: "“Atendido lo dispuesto en el
artículo 93 N"6 de la Constitución Política de la
República, para resolver, elévense previamente los
antecedentes al Tribunal Constitucional, a objeto de que

se pronuncie sobre el requerimiento formulado por la

apelada.”.
8. Que el requerimiento de la apelada en el
aludido proceso es del tenor siguiente: "Que vengo en

solicitar a US. ILTMA. que haga uso de las prerrogativas
concedidas ¡por el artículo 3 de la Ley Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional en relación
con el artículo 93 de la Constitución Política de la

ed

República...” y, Junto con exponer los hechos del asunto,
presenta la vulneración que la aplicación del artículo
125, números 1% y 17%, de la Ley General de Pesca,
produciría a los artículos 6”, 7” y 19, números 3” y 26,

de la Constitución.

9. Que la modalidad adoptada por el tribunal de
alzada de Concepción para accionar de inaplicabilidad
ante este Tribunal Constitucional, junto con eludir los
riesgos de antijuridicidad descritos en los considerandos

5 y 6 de esta disidencia, ha preservado los siguientes

elementos y requisitos para que el requerimiento sea
acogido a tramitación: 1) La existencia de la gestión
pendiente en la que el precepto impugnado podría
aplicarse con resultados contrarios a la Constitución;
11) La cuestión de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad ha podido "ser planteada” por el
“juez que conoce del asunto”, según se formula en el
inciso decimoprimero del artículo 93 de la Constitución,
sin menoscabo de su competencia para seguir conociendo
del mismo asunto; 111) El Tribunal Constitucional ha
recibido una exposición clara de los hechos y fundamentos
de la acción, cómo ellos producirían la infracción
constitucional, así como la indicación de los vicios de
constitucionalidad que se invocan Y las normas

constitucionales que se estiman trasgredidas.

Comuníquese a la Iltma. Corte de Apelaciones de
Concepción requirente.
Archivese.

ROL 1681-10-INA.

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Pronunciada por la Primera Sala del Tribunal
Constitucional, integrada por su Presidente, señor
Marcelo Venegas Palacios, y los Ministros señores Hernán
Vodanovic Schnake, Mario Fernández Baeza, Enrique Navarro
Beltrán y Francisco Fernández Fredes.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, señora Marta de la

Fuente Olguín. — ulO
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