TC Rol 16819

Texto completo

0000281
DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO




2026

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.819-25 INA

[07 de mayo de 2026]
____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 22,
INCISO SEXTO DE LA LEY N° 17.322, QUE ESTABLECE NORMAS
PARA LA COBRANZA JUDICIAL DE COTIZACIONES, APORTES Y
MULTAS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL; Y 158,
INCISO SEXTO, DEL D.F.L. N° 1°, QUE FIJA TEXTO REFUNDIDO,
COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL DECRETO LEY N° 2.763, DE
1979 Y DE LAS LEYES N°18.933 Y N°18.469



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
EN EL PROCESO RIT P-2555-2024, RUC N° 24-3-0351036-9, SEGUIDO ANTE EL
JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO SAN BERNARDO


VISTOS:
Que, con fecha 21 de agosto de 2025, la Ilustre Municipalidad de San
Bernardo acciona de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los
artículos 22, inciso sexto de la Ley N° 17.322, que establece normas para la
cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de
seguridad social; y 158, inciso sexto, del D.F.L. N° 1°, que fija texto refundido,
coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las Leyes
N°18.933 y N°18.469, para que ello incida en el proceso RIT P-2555-2024, RUC N°
24-3-0351036-9, seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo San Bernardo.



Preceptos legales cuya aplicación se impugna




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El texto de los preceptos impugnados dispone en sus partes destacadas:


“Ley N° 17.322, que establece normas para la cobranza
judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de
seguridad social

Artículo 22.- […]

En todo caso, para determinar el interés penal se aplicará la tasa
vigente al día primero del mes inmediatamente anterior a aquel en que se
devengue. Dicho interés se capitalizará mensualmente.
[…]”.

“D.F.L. N° 1°, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado
del Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las Leyes N°18.933 y N°18.469.

Artículo 158.-
[…]
Las deudas generadas por incumplimiento en el pago de las tarifas
que señala el inciso primero se reajustarán según la variación que
experimente el Indice de Precios al Consumidor, fijado por el Instituto
Nacional de Estadísticas, entre el nonagésimo día anterior a aquél en que
debió efectuarse el pago y el nonagésimo día anterior a aquél en que
efectivamente se realice, y devengará los intereses penales que establece
el inciso cuarto del artículo 162.



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional
sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

Como antecedentes de la gestión pendiente explica que ante el Juzgado
de Letras del Trabajo de San Bernardo con fecha 27 de diciembre de 2024, la
Isapre Colmena Golden Cross S.A. interpuso demanda ejecutiva de cobro de
cotizaciones previsionales de salud declaradas y no pagadas por la suma de
$12.290.368, despachándose el correspondiente mandamiento de ejecución y
embargo.

Refiere que con fecha 31 de enero de 2025 la Municipalidad interpuso
incidente de nulidad por vicio en el procedimiento, y opuso excepción de error
de hecho en el cálculo de las cotizaciones adeudadas. Dicho incidente fue
rechazado por extemporáneo, practicándose una nueva liquidación con fecha
07 de mayo de 2025 alcanzando la suma de $31.106.788 pesos.

Al fundamentar el conflicto constitucional, señala que la aplicación de
las normas impugnadas vulnera el artículo 19 numerales 2, 22, 24, y 26, de la
Constitución Política de la República.




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En relación con el derecho de propiedad, señala que las normas legales
cuestionadas establecen en abstracto un interés que implica que el deudor se ve
en la imposibilidad de pagar la deuda que va creciendo en forma desmesurada
mes a mes, limitando seriamente el derecho de dominio de su titularidad, de
modo que el cobro pretendido se transforma en expropiatorio.

Asimismo, indica que en el caso concreto, la deuda original ha tenido un
aumento de aproximadamente un 153% durante el juicio respectivo. Por lo
tanto, no puede sostenerse que una norma cuya aplicación causa ese efecto en el
patrimonio de la Municipalidad, siga siendo respetuosa del derecho de
propiedad que se asegura a todas las personas, en virtud del artículo 19 N° 24 de
la Constitución Política.

Además, en la especie se vulnera el principio de proporcionalidad, pues
no sólo se aplica el interés máximo convencional en forma mensual, sino que,
además, se autoriza el “anatocismo”, por lo que la deuda va aumentando
exponencialmente cada mes y en forma desproporcionada.

Agrega que dicha desproporción es manifestación de arbitrariedad, por
lo que la aplicación de los preceptos impugnados, igualmente infringen el
numeral 2° del artículo 19 de la Constitución.

Por último, hace presente que el anatocismo en Chile está expresamente
autorizado en virtud del artículo 9° de la Ley N°18.010, pero con el límite de que
no se puede llegar a extremos en que se configure el delito de usura, por un lado,
o que se vulnere la esencia del derecho de propiedad, por el otro.



Tramitación y observaciones al requerimiento

Por resolución de fecha 29 de agosto de 2025 a fojas 47, la Primera Sala de
esta Magistratura admitió a trámite el requerimiento, ordenando, asimismo, la
suspensión del procedimiento. Y, por resolución de la misma Sala, fue declarado
admisible con fecha 26 de septiembre de dicho año a fojas 247.

Previo a la declaración de admisibilidad del libelo, la parte requerida
Isapre Colmena Golden Cross S.A. argumentó que el requerimiento no satisface
el estándar de admisibilidad establecido en la Ley Orgánica Constitucional del
Tribunal Constitucional, pues la eventual inaplicabilidad de las normas
impugnadas no alteraría la exigibilidad de la obligación principal, que surge del
propio mandato legal y constitucional de asegurar el derecho a la seguridad
social, establecido en el artículo 19 N° 18 de la Carta Fundamental.

Señala que los intereses penales suponen un instrumento de tutela del
cumplimiento y una sanción para el empleador negligente que no cumple en
tiempo y forma su obligación de enterar las cotizaciones de sus trabajadores,
pero no modifica la existencia ni el contenido del deber de enterar las



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cotizaciones. Ello excluye su carácter decisivo en los términos del artículo 84
N°5 de la señalada Ley Orgánica Constitucional.

Por otro lado, hace presente que las objeciones planteadas por la parte
requirente no configuran una contradicción normativa directa con la
Constitución, sino que expresan discrepancias con la política legislativa en
torno a la intensidad de las sanciones pecuniarias establecidas por el legislador.

El régimen de intereses penales capitalizables establecido en el artículo
22, inciso sexto de la Ley 17.322 es un mecanismo que persigue un objetivo y una
finalidad constitucionalmente razonable y justa: desincentivar el retardo en el
pago de las cotizaciones previsionales y asegurar el financiamiento del sistema
de seguridad social.

Por su parte, el artículo 158 inciso sexto del DFL N° 1/2005 regula idéntico
mecanismo respecto de las cotizaciones de salud.

En consecuencia, la capitalización de intereses no constituye una “usura
legal” como afirma la parte requirente, sino un mecanismo de desincentivo de
la mora y de protección del trabajador y su grupo familiar, cuya intensidad es
razonable frente a la relevancia del bien protegido.

Tampoco se vulnera el derecho de propiedad del empleador, pues éste
nunca adquiere el dominio sobre las cotizaciones previsionales, el empleador
actúa únicamente como un agente de retención y pago de fondos ajenos.

El interés público de garantizar las cotizaciones de los trabajadores y el
financiamiento del sistema de salud es superior al interés individual del
requirente. Las cotizaciones no son de libre disposición del empleador; son de
propiedad del trabajador desde que se devengan. La inaplicabilidad beneficia a
un particular en detrimento de derechos fundamentales de terceros.

Por último, en cuanto a la pretendida vulneración de la igualdad ante la
ley y no discriminación, indica que dicha alegación carece de veracidad y
sustento, porque ambos preceptos se aplican de manera general y abstracta a
todos los empleadores, tanto públicos como privados, sin introducir privilegios
ni discriminaciones arbitrarias.

De este modo, la carga frente al incumplimiento no solo respeta la
igualdad ante la ley, sino que además materializa un trato justo y equitativo al
aplicar la misma consecuencia jurídica a quienes se hallan en igual condición de
incumplimiento, resguardando de ese modo el interés superior de los
trabajadores en el goce efectivo de sus derechos previsionales.




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Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales
interesados y a las demás partes en la gestión invocada, no se formularon
observaciones.



A fojas 263, en decreto de fecha 29 de octubre de 2025 se dispuso traer los
autos en relación.



Vista de la causa y acuerdo

En audiencia de Pleno del día 20 de abril de 2026, se verificó la vista de la
causa oyéndose la relación pública y los alegatos de los abogados Mauricio Beiza
Kay, por la parte requirente; y Norma Karina Bravo Pino, por la parte requerida
de Isapre Colmena Golden Cross S.A., adoptándose acuerdo con igual fecha,
conforme certificación de la señora relatora.



Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que don Álvaro González Gallardo, en representación de la I.
Municipalidad de San Bernardo, deduce requerimiento de inaplicabilidad
respecto de dos preceptos legales, a saber: a) el inciso sexto del artículo 22 de la
Ley 17.322 y, b) el inciso sexto del artículo 158 del DFL N°1 que fija el texto
refundido del Decreto Ley 2.763 y de las Leyes 18.933 y 18.469. El primer
precepto establece, respecto de la cobranza de cotizaciones previsionales
adeudadas, la forma de determinar el interés penal aplicable y señala que ese
interés se capitalizará mensualmente. La segunda norma legal impugnada
establece los reajustes e intereses aplicables a las deudas generadas por
incumplimiento de las tarifas con que se financia el régimen público de
prestaciones de salud.

SEGUNDO: Que el libelo pretende la inaplicabilidad de estas dos normas
en la gestión que denomina pendiente, consistente en un juicio de
cumplimiento o ejecución de deuda previsional, seguido ante el Juzgado del
Trabajo de San Bernardo bajo el RIT P-2555-2024.

TERCERO: Que existe un problema formal previo que afecta al
requerimiento en su totalidad y que impide entrar al análisis de fondo de las
cuestiones de constitucionalidad planteadas respecto de los dos preceptos que
se quiere impugnar. Ese problema central consiste en que en la causa base, esto
es, en la ejecución laboral, no existe una gestión pendiente en que las normas
atacadas puedan tener influencia, a estas alturas.

CUARTO: Que, para el análisis de los planteamientos constitucionales
que el requirente quiera desarrollar, la existencia de una gestión judicial



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pendiente, en la que pueda tener influencia decisiva la ley que se quiere
declarar inaplicable, es un requisito previo y central, porque es la misma
Constitución, en su artículo 93 inciso primero N° 6° y en su inciso undécimo, la
que dispone que debe verificarse la existencia de una gestión pendiente ante un
tribunal ordinario o especial y que el precepto legal impugnado debe poder
resultar decisivo en la resolución de ese asunto. A su turno, el artículo 81 de la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional repite esa idea, porque exige que la
gestión judicial se encuentre en tramitación y que se advierta que el precepto
legal que se impugna pueda ser decisivo en su resultado.

QUINTO: Que es importante, entonces, conjugar las dos exigencias que
al fin se confunden o complementan, porque como el precepto que se ataca
debe poder resultar decisivo en la gestión pendiente, ésta no puede quedar
constituida por cualquier tramitación judicial que no tenga relación con las
leyes que se pide declarar inaplicables. Será gestión pendiente, para los efectos
que nos ocupan, solo aquella en que los preceptos impugnados mantengan una
injerencia posible porque no se haya resuelto aún el conflicto en que inciden. O,
lo que es lo mismo, pero dicho a la inversa, la gestión se agota cuando la norma
que interesa ya ha sido aplicada.

SEXTO: Que las dos reglas que aquí se impugnan regulan aspectos a
considerar en la liquidación del crédito de deudas previsionales, en los juicios
de cobranza, esos aspectos son los reajustes, los intereses y la capitalización de
estos últimos. Ahora bien, el propio requirente relata la secuencia del proceso y,
en la página 3 de su libelo, nos dice que con fecha 7 de mayo de 2025 se liquidó
el crédito, que quedó a esa fecha fijado en $ 31.106.788. Es decir, en ese
momento se aplicaron los reajustes, los intereses y la capitalización pertinente.
El requerimiento fue presentado el 21 de agosto de 2025; esto es, cuando estaba
sobradamente firme la señalada liquidación, puesto que el actor no dice
siquiera que su parte la haya objetado. Preguntado el abogado requirente en
estrados sobre ese punto, no afirmó haber mediado tal objeción que, en todo
caso y por la distancia transcurrida entre la regulación del monto adeudado y la
presentación de esta acción, de haberse formulado tendría que haberse
indicado así en la relación del curso de la ejecución que el recurrente expone, lo
que no se hizo. Tampoco lo dice el certificado que la requirente acompaña,
emanado del tribunal de base. Así pues, lo que cabe advertir es que la
liquidación de mayo de 2025 está firme y en ella ya se aplicaron los reajustes,
los intereses y, en su caso, la capitalización de intereses que contempla el
artículo 22 de la Ley 17.322.

SÉPTIMO: Que, consultado en estrados, el propio letrado requirente
manifestó que no existe una nueva liquidación de la deuda, de manera tal que
no hay ninguna actuación (ninguna gestión) pendiente en que las normas
atacadas puedan incidir. Se dirá, quizás, que podría haberla en el futuro, si



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media una nueva liquidación en que esas reglas de reajustes, intereses y
anatocismo se apliquen, pero reparemos en dos circunstancias: la primera es
que esa posibilidad es solo eso: una hipótesis. No un trámite actualmente
existente. La segunda es que la única liquidación que conocemos no fue
objetada, es decir, fue aceptada por el deudor, con lo cual se da la paradoja de
que se reclama de normas no solo ya aplicadas (o al menos de una norma ya
aplicada, porque veremos que la otra no es atingente al caso), sino con las
cuales el propio requirente estuvo conforme en el mismo juicio de ejecución en
que, en el futuro, podría practicarse una nueva liquidación.

OCTAVO: Que, entonces lo cierto es que ahora no hay ninguna gestión
en curso en la ejecución y que el que pueda llegar a haber una próxima
liquidación no hace que ahora, cuando no hay nada pendiente de resolver allí,
pueda el requirente acudir a nuestra sede porque no exhibe ninguna situación
judicial en que en este momento las normas atacadas estén en condiciones de
incidir. Todo ello sin perjuicio de que no solo la liquidación próxima es una
hipótesis de futuro y no una gestión actual, sino que además es hipotético que el
deudor llegue a objetar esa eventual liquidación futura, y que no pagará
simplemente la deuda, con todos sus ajustes conforme los parámetros de la
liquidación firme, para evitar que continúe aumentando su monto, de manera
que, como quiera que se mire, es imposible concluir que exista una gestión
pendiente relacionada con las normas que se impugnan, o en la que ellas
tengan relevancia. En la actualidad lo único cierto es que el deudor aceptó la
manera de actualizar la deuda, de aplicar los intereses y de capitalizar estos, y
que con ello la liquidación quedó firme. Todo lo demás es hipótesis de futuro.
Hipótesis no solo futura e incierta, sino hasta dudosa, porque si el deudor
aceptó la fórmula legal de actualización y aumento del crédito, al no objetar la
liquidación pertinente, no es evidente que pueda luego impugnar cálculos
futuros que, de existir, serían simple consecuencia de aquellos parámetros de
los que no se quiso reclamar. Como fuere, y a todo evento, la gestión, ahora y en
lo que interesa, ha terminado al quedar firme la única liquidación de crédito
cuya existencia consta. Eso basta para rechazar el requerimiento sin que pueda
realizarse un examen de fondo porque hacerlo sería contradictorio con lo
razonado: si no hay gestión en que las normas incidan, mal pueden ellas
generar efectos inconstitucionales en el caso concreto, que es el supuesto de la
inaplicabilidad.

NOVENO: Que, solo a mayor abundamiento, cabe reparar en otro
defecto formal que también es decisivo en cuanto a la impugnación del artículo
158 inciso sexto del DFL N°1 del año 2005 del Ministerio de Salud, deficiencia
que consiste en que, aunque el requirente señala que el ejecutante en la causa
base es la Isapre Colmena Golden Cross S.A. y se refiere a una deuda
previsional, entonces, para con ese prestador de salud privado, el libelo




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reclama la inaplicabilidad de una norma que regula intereses y reajuste de
deudas respecto del sistema público; esto, es, respecto del Fondo Nacional de
Salud, y no de las Instituciones de Salud Previsional, cuyas cotizaciones
adeudadas se rigen por lo prescrito en el artículo 186 del señalado Decreto con
Fuerza de Ley. Por dicha razón, aun si la gestión judicial hubiera estado
pendiente para lo que interesa, que es la forma de calcular reajustes e intereses
de la deuda, ese artículo 158 no habría podido tener incidencia en el resultado,
porque no regula la situación a que se refiere el juicio.

DÉCIMO: Que por estas razones el requerimiento deberá ser desechado.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos
primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y
pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
DEDUCIDO A FOJAS 1, EN TODAS SUS PARTES.

II. QUE SE ALZA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA
EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE, POR
ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.



Acordada con el voto en contra del Ministro señor MIGUEL ÁNGEL
FERNÁNDEZ GONZALEZ, y de la Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS, quienes
estuvieron por acoger parcialmente el requerimiento, respecto de la
impugnación dirigida al artículo 22, inciso sexto de la Ley 17.322, por las
siguientes razones:

1°. Que, estuvimos por acoger la inaplicabilidad de la frase final del
artículo 22 inciso sexto de la Ley N° 17.322, esto es, que el interés penal se
capitalizará mensualmente;

1. Antecedentes

2°. Que, “[l]a palabra anatocismo es un cultismo que ha llegado hasta
nuestros días y cuyo contenido fácilmente se intuye aunque posteriormente
resulte más difícil precisarlo. Esta expresión, curiosamente, está ausente de todas
nuestras fuentes jurídicas y, lo más sorprendente aun, también de nuestros




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históricos antecedentes jurídicos. (…) sin embargo, sí consta en las fuentes
literarias, concretamente en unas epistulae de Cicerón a Ático (…).

(…) El anatocismo ha sido por mucho tiempo una institución «maldita» en
el sentido de ser necesaria su persecución hasta intentar conseguir su
desaparición” (Alfonso Murillo Villar: “Anatocismo: Historia de una
Prohibición”, Anuario de Historia del Derecho Español, N° 69, 1999, pp. 497 y
511);

3°. Que, en definitiva, “[e]ste disfavor hacia el anatocismo se mantuvo
hasta el siglo XIX y, a la prohibición canónica del cobro de intereses, hay que
añadir el principio ideológico francés tendente a propiciar la tutela del deudor: el
favor debitoris (disfavor creditoris)” (María Medina Alcoz: “Anatocismo,
Derecho Español y Draft Common Frame of Reference”, Indret, Revista para el
Análisis del Derecho, N° 4, 2011, p. 5) hasta la dictación del Código Napoleónico
en 1804 “(…) que permitió la capitalización de intereses, aunque con algunas
restricciones” (Fernando Vidal Ramírez: “La Capitalización de Intereses”,
Revista de la Facultad de Derecho, N° 26, Pontificia Universidad Católica de Perú,
1968, p. 83);

4°. Que, en Chile, el Código Civil contenía, originalmente, dos
disposiciones relativas al anatocismo. El artículo 1.559, regla 3ª -referido a la
indemnización de perjuicios por la mora en el pago de una cantidad de dinero-
que dispone “los intereses atrasados no producen intereses” y el artículo 2.210
que, a propósito del contrato de mutuo, prohibía estipular intereses de
intereses, mientras que el Código de Comercio lo regulaba con limitaciones, en
sus artículos 617 y 804, a propósito de la cuenta corriente mercantil y el mutuo
mercantil;

5°. Que, por su parte, el Decreto Ley N° 455, de 1974, que fijó normas
respecto de las operaciones de crédito en dinero, mantuvo la prohibición de
pactar intereses sobre intereses. No obstante, los intereses de un capital
proveniente de una operación regida por dicho Decreto Ley podían producir
nuevos intereses, mediante demanda judicial o un convenio especial, con tal
que la demanda o convenio versara sobre intereses debidos al menos por un
año completo;

6°. Que, en fin, la Ley N° 18.010, de 1981, derogó el artículo 2.210 del
Código Civil y el Decreto Ley N° 455, eliminando la prohibición del anatocismo,
y dispuso, en su artículo 9° inciso primero, que puede estipularse el pago de
intereses sobre intereses, capitalizándolos, pero, en ningún caso, la
capitalización puede hacerse por períodos inferiores a treinta días;

7°. Que, con evidente base constitucional, en los numerales 9° y 24° del
artículo 19 de la Carta Fundamental, tal y como lo ha señalado reiteradamente
nuestra jurisprudencia (por ejemplo, en el Rol N° 7.442), el legislador ha



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contemplado una exigente normativa, con consecuencias patrimoniales graves,
en caso que el empleador no entere, oportunamente, las cotizaciones de los
trabajadores, la que, en abstracto, resulta respetuosa de los derechos
constitucionales.

Así, desde luego, no sólo impone la obligación de pagarlas con los
debidos reajustes e intereses, ya agravados, sino que eleva estos últimos,
disponiendo que se capitalizarán mensualmente, y dota al crédito
correspondiente de privilegio para su cobro conforme a la legislación civil e,
incluso, tipifica esa conducta, cuando concurren los requisitos legalmente
establecidos para tener por cometido el delito respectivo;



2. Aplicación al caso concreto

8°. Que, el pago de una deuda con reajustes e intereses conlleva una
transferencia de bienes desde el deudor al acreedor. Pero ello no implica, por
cierto, una afectación del derecho de propiedad de quien se ha puesto en
situación de deudor, al no solucionar oportunamente la acreencia. Tampoco
cabe considerar que se vulnera el derecho de propiedad cuando el legislador,
con base en elementos objetivos, como el tiempo transcurrido, la naturaleza de
la acreencia, los perjuicios causados u otros análogos, establece que los
intereses deberán ser aumentados, tal y como lo dispone el artículo 22 de la Ley
N° 17.322;

9°. Que, en efecto, no hay duda acerca de la legitimidad del fin
perseguido por el legislador al establecer la completa y exigente regulación que
ha dispuesto el ordenamiento jurídico para incentivar el pago oportuno de las
cotizaciones de salud. Es más, esa finalidad encuentra sólido sustento, como ya
se ha dicho, en la Constitución, especialmente, en los numerales 9° y 24° del
artículo 19. Todo esto, entonces, exige el pago íntegro de la deuda y permite
agravar los intereses que, en este caso, se apliquen a dicha acreencia;

10°. Que, sin embargo, cuando la sanción pecuniaria excede el pago de lo
debido, reajustado y con los intereses que correspondan, incluso agravados por
tratarse de cotizaciones de salud, ya no puede sostenerse que una norma cuya
aplicación causa ese efecto en el patrimonio del deudor, siga siendo respetuosa
del derecho de propiedad que se asegura a todas las personas, en sus diversas
especies y sobre toda clase de bienes, al tenor de lo preceptuado en el artículo
19 N° 24° de la Constitución;

11°. Que, en ese exceso en la carga patrimonial que se aplica al deudor,
como sucede con el anatocismo, se afecta el derecho de propiedad, pues la
acreencia se encuentra cabalmente resarcida con los reajustes e intereses, por




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lo que la capitalización mensual de intereses se vuelve desproporcionada, al
imponer un gravamen desmesurado sobre el patrimonio de la requirente;

12°. Que, por su parte, el principio constitucional de proporcionalidad no
aparece expresado formalmente en la Carta Fundamental, pero surge nítido de
varias disposiciones constitucionales, como los numerales 2°, 22° y 26° del
artículo 19, según se ha establecido por este Tribunal Constitucional, por
ejemplo, en los Roles N°s 28. 53, 219, 280, 312, 467, 811, 1.153, 1.217 y 1.254.

Efectivamente, “(…) es sabido que esta Magistratura Constitucional ha
otorgado amplio reconocimiento al así llamado principio de proporcionalidad
(aspecto positivo) o de interdicción de la arbitrariedad (aspecto negativo), el cual
si bien no está enunciado gramaticalmente de manera explícita en general, sí
tiene en cambio nítidos fundamentos textuales específicos en la Constitución, que
permiten elucidarlo y enunciarlo por vía secundaria, con validez general, como
aquel en virtud del cual, sustantivamente, las diferencias de trato en el contenido
de la ley deben estar basadas en criterios objetivos, reproducibles y explícitos,
conforme con los valores y principios superiores que la Constitución consagra, y
en función de los fines legítimos que la misma Constitución define, de manera que
los efectos que existan sobre los derechos de las personas, no se basen en
motivaciones arbitrarias, inefables o disvaliosas, ni excedan la medida equitativa
razonable de intervención estatal en balance con su fin. En ese sentido, cabe
aludir al artículo 19, N° 2°, N° 16°, N° 22°, N° 26°, de la Ley Fundamental, inter
alia, según se ha invocado por este Tribunal Constitucional en los roles N°s 280,
1153, 312, 467, 28, 53, 219, 811, 1217 y 1254. Ello, aparte de los roles 2196 y 2365,
pertinentemente invocados en el requerimiento” (c. 18°, Rol N° 2.648);

13°. Que, sobre esa base, “(…) la doctrina especializada ha comprendido
por proporcionalidad en sentido amplio, también conocida como prohibición de
exceso, “el principio constitucional en virtud del cual la intervención pública ha
de ser susceptible de alcanzar la finalidad perseguida, necesaria o imprescindible
, al no haber otra medida menos restrictiva de la esfera de libertad de los
ciudadanos (es decir, por ser el medio más suave y moderado de entre los posibles
-ley del mínimo intervencionismo-) y proporcional en sentido estricto, es decir
ponderada o equilibrada por derivarse de aquella más beneficiosa o ventajosa
para el interés general que perjudicial sobre otros valores o bienes en conflicto, en
particular sobre los derechos y libertades” (Javier Barnes, “Introducción al
principio de proporcionalidad en el Derecho comparado y comunitario”, en
Revista de Administración Pública, N° 135, 1994, p.500)” (c. 6°, Rol N° 9.299)”;

14°. Que, más concretamente expresado, el numeral 2° del artículo 19 es
pertinente porque la desproporción es manifestación de arbitrariedad, de
modo que la proscripción de lo arbitrario incluye lo desproporcionado. Lo
mismo cabe concluir del tenor de los numerales 16° y 22° y del N° 3° inciso




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sexto, al prescribir un procedimiento racional y justo que también se opone a la
desproporción.

En suma, toda esa normativa devela la existencia de un principio que
excluye del campo constitucionalmente lícito la arbitrariedad y, por ende, la
desproporción, ya que la conformidad o correspondencia debida entre las
partes de una cosa y el todo, o entre aquellas partes entre sí, son sinónimos de
proporcionalidad, equilibrio y armonía. Luego, si se pierde o se rompe ese
equilibrio o debida correspondencia entre los actos y sus consecuencias, por
ejemplo, o entre las diversas consecuencias de un acto, lo que hay es falta de
armonía o de equilibrio, es decir, falta de razonabilidad, y un resultado o efecto
irrazonable, respecto de sus causas, deviene en un resultado arbitrario, dado
que la arbitrariedad se opone justamente a la razonabilidad;

15°. Que, por eso, la doctrina ha asimilado, también, al exceso como
desproporción, entendiendo que existe una prohibición constitucional al
respecto, pues el exceso rompe el equilibrio e invierte además el principio de
intervención estatal útil, necesaria y respetuosa de la libertad de las personas,
de modo tal que la consecuencia resulte ventajosa para el interés general a la
vez que todo lo mínimamente perjudicial para los derechos y libertades
individuales, que sea posible;

16°. Que, en el caso que nos ocupa, siendo lícito el fin perseguido por la
norma impugnada, la capitalización de intereses, desde nuestra perspectiva, no
es útil para incentivar el pago de las cotizaciones adeudadas. No lo es no solo
porque estadísticamente no sea posible demostrar que lo sea o porque en este
caso específico no haya rendido los frutos esperados por el legislador, sino
sobre todo porque si, además de la batería de consecuencias que la ley establece
para resguardar el derecho del trabajador a no verse perjudicado por el no
pago oportuno de la cotización, consistentes en los reajustes, los intereses
corrientes y los intereses penales, se añade el anatocismo, se genera la
indeseable, pero más que esperable consecuencia de elevar a tal punto la
deuda, que para muchos empleadores se torna imposible pagarla, de modo que,
al fin, en nada se beneficia al trabajador, en cuyo interés se supone establecida
la regla. Cabe atender a que hablamos de intereses moratorios y sancionatorios,
lo que es perfectamente lícito y útil, pero si esos intereses, en sí mismos
elevados, se capitalizan y, por ende, la suma adeudada se aumenta para luego
los nuevos intereses volver a capitalizarse, y así sucesivamente, la
desproporción respecto de las deudas originales se torna tal, que mucho más
cierto es decir que esa regla debilita, dificulta o imposibilita derechamente el
pago, antes que propiciarlo;

17°. Que, todo lo anterior es así aun sin considerar las demás
consecuencias que el no entero de las cotizaciones tiene para el empleador




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DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES




moroso, las que inclusive pueden llegar a ser de naturaleza penal, dado que los
dineros no son propios, sino del trabajador, de modo que no se trata ni de
renunciar a los diversos mecanismos de cobranza y de sanción, ni de descuidar
el derecho del trabajador a que se cautele su derecho previsional, sino de
cuidar que la normativa no exceda lo que es razonable para obtener su
finalidad, y, por ende, que no se produzca una desproporción que resulte
contraria a los principios constitucionales;

18°. Que, además, de no aparecer como mecanismo idóneo para
asegurar el pago, el anatocismo tampoco resulta necesario, por toda la
protección que, sin él, ya recibe el crédito en favor del trabajador que ha sido
reseñada, incluso con posibilidad de afectarse la libertad individual del deudor,
de modo que un mecanismo inidóneo, innecesario y excesivo, no puede
entenderse constitucionalmente validado, para un caso como el que nos ocupa,
por lo que estuvimos por acoger el requerimiento de inaplicabilidad;



Redactó la sentencia el Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ, y la disidencia
el Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 16.819-25 INA.




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Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 07/05/2026



María Pía Silva Gallinato Miguel Angel Fernández González
Fecha: 07/05/2026 Fecha: 07/05/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 07/05/2026 Fecha: 07/05/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Alejandra Precht Rorris
Fecha: 07/05/2026 Fecha: 07/05/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 07/05/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora María
Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señor Raúl
Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señora Marcela
Inés Peredo Rojas, señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René Gómez
Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 07/05/2026




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