TC Rol 16822

Texto completo

0000912
NOVECIENTOS DOCE




2026

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.822-2025

[14 de enero de 2026]
____________




REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 472 DEL
CÓDIGO DEL TRABAJO



SOCIEDAD AGRÍCOLA VALLE AZUL LIMITADA, VÍCTOR
EDUARDO VIDAL VILLA E INVERSIONES LAS HIGUERAS
LIMITADA


EN EL PROCESO RIT C-4242-2022, RUC 2140337511-7, SEGUIDO ANTE EL
JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, EN
CONOCIMIENTO DE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO, POR
RECURSO DE APELACIÓN, BAJO EL ROL N° 2829- 2025 (LABORAL COBRANZA)



VISTOS:

Que, con fecha 21 de agosto de 2025, Sociedad Agrícola Valle Azul
Limitada, Víctor Eduardo Vidal Villa e Inversiones Las Higueras Limitada han
presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del artículo 472 del Código del Trabajo, en el proceso RIT C-4242-2022,
RUC 2140337511-7, seguido ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional
de Santiago, en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, por
recurso de apelación, bajo el Rol N° 2829- 2025 (Laboral Cobranza).

Precepto legal cuya aplicación se impugna

1
0000913
NOVECIENTOS TRECE




Código del Trabajo

“Art. 472. Las resoluciones que se dicten en los procedimientos
regulados por este Párrafo serán inapelables, salvo lo dispuesto en el
artículo 470.”



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional
sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

Relatan las actoras que ante el Juzgado de Cobranza Laboral y
Previsional de Santiago se sigue en su contra causa de cumplimiento laboral, la
que tiene su origen en sentencia de 25 de abril de 2022, dictada por el Primer
Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda deducida por
Francisco Palominos Sagal, y que declaró a las demandadas como
coempleadoras, acogió la demanda determinando que los empleadores
incurrieron en la causal de despido contemplada en el artículo 160 N° 7 del
Código del Trabajo y ordenó el pago de una serie de prestaciones.

Indican que en la causa de cobranza laboral, que se sigue bajo el RIT
C-4242- 2022, después de sucesivas liquidaciones del crédito, el 25 de julio de
2025 se determinó el valor con el que cada demandada debía contribuir al pago.

Señalan que el 28 de julio de 2025 formularon objeción a la liquidación,
la que fue desestimada por resolución de 30 de julio.

Por ello, indican que presentaron un recurso de reposición con apelación
en subsidio, siendo el primero desestimado, y el segundo concedido para ante la
Corte de Apelaciones de Santiago, ingresando bajo el Rol N° 2829-2025 (Laboral
Cobranza).

Como conflicto constitucional, las actoras plantean que el precepto
legal impugnado vulnera las garantías del derecho a defensa y el derecho al
recurso, contenidas en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política.

Exponen que en la gestión pendiente, por aplicación de la norma
cuestionada, la Corte de Apelaciones puede declarar la improcedencia o
inadmisibilidad del recurso de apelación, lo que constituiría un impedimento
para la revisión de la resolución que les causa perjuicio, sin que esa decisión sea
susceptible de ser revisada por un tribunal superior.

Agregan que el derecho el recurso está reconocido por tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, a través del
artículo 5°, inciso segundo de la Carta Fundamental, como en el artículo 8° de la
Convención Americana de Derechos Humanos.



2
0000914
NOVECIENTOS CATORCE




Finalizan señalando que la exclusión del recurso de apelación, bajo la
sola idea de dotar al procedimiento de mayor celeridad, no resulta conciliable
con las exigencias de racionalidad y justicia que el artículo 19 N°3, inciso sexto
constitucional le impone al legislador en la configuración de los
procedimientos.



Tramitación

El requerimiento fue acogido a tramitación por resolución de la Segunda
Sala de esta Magistratura, de fecha 26 de agosto de 2025, de fojas 43, y se ordenó
la suspensión del procedimiento. Luego, fue declarado admisible por resolución
de la misma Sala, de 22 de septiembre de 2025, de fojas 880.



Conferidos los traslados de fondo a todas las partes de la gestión
pendiente y a los órganos constitucionales interesados, con fecha 8 de
octubre de 2025 a fojas 889, formuló observaciones la parte de Francisco
Palominos Sagal, abogando por el rechazo del requerimiento.

En cuanto a la gestión pendiente, la parte requerida hace ver que los
argumentos esgrimidos por el ejecutado para objetar la liquidación que da
lugar a la apelación no dicen relación a errores de cálculos o alguna de las
causales que permitirían su objeción, sino por el contrario, la contraria realiza
un análisis de la aplicación correcta o no de las normas legales laborales, no
expresando de modo alguno argumento que pueda considerarse para la
objeción planteada.

Expone que la norma impugnada no vulnera la garantía constitucional
del debido proceso, pues la restricción está justificada tanto en el análisis
abstracto de la norma, como en el caso concreto de la gestión en que se pretende
su inaplicabilidad, pues la doble instancia no es un elemento de la esencia de
esta garantía en todo tipo de procedimientos.

Señala que el constituyente no aborda ni sistematiza los elementos que
integran el debido proceso, siendo esta la tarea del legislador, quien, en
materias de ejecución laboral, decide limitar el recurso de apelación
entendiendo que la revisión de resoluciones por parte de un tribunal superior
no es un elemento de la esencia del debido proceso, sino una opción legislativa.

De este modo, y en el caso concreto, afirma que la limitación recursiva de
la disposición en examen no afecta el contenido esencial del derecho al debido
proceso en juicios de esta naturaleza, toda vez que la restricción no es severa y
se justifica por la racionalidad de la medida y los fines legítimos que persigue.


3
0000915
NOVECIENTOS QUINCE




Finalmente, entiende la requerida que la norma legal tiene una finalidad
completamente legitima dentro del proceso que trata, pues busca la celeridad
del procedimiento evitando dilaciones innecesarias, y que así se desprende del
Mensaje que dio origen a la Ley N°20.087, que incorporó el artículo 472 del
Código del Trabajo.

Con fecha 20 de octubre de 2025, a fojas 895, fueron traídos los autos en
relación.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 27 de noviembre de 2025 se verificó la vista de la
causa, oyéndose la relación pública, oyéndose la relación pública y los alegatos
de los abogados David Korol Engel, por la parte requirente y Alejandra
Retamales Vivanco, por la parte requerida, y se adoptó acuerdo, conforme fue
certificado por la relatora de la causa.



Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que don David Igal Korol Engel, en representación de la
Sociedad Agrícola Valle Azul Limitada, de don Víctor Eduardo Vidal Villa y de
Inversiones Las Higueras Limitada, deduce requerimiento de inaplicabilidad
respecto del artículo 472 del Código del Trabajo, en tanto establece que las
resoluciones dictadas en la etapa de cobranza laboral son inapelables. El
objetivo de la acción es que la norma impugnada no se aplique en la gestión
pendiente, consistente en recurso de apelación laboral rol 2829-2025, seguido
ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

SEGUNDO: Que la resolución que se apeló es la que rechaza una objeción
a la liquidación de prestaciones laborales, en la causa de cobranza rol C-4242-
2022 del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, estimando el
requirente que la aplicación del artículo 472 del Código del Trabajo a la gestión
pendiente vulneraría el derecho al recurso contemplado en la garantía
constitucional de debido proceso, consagrada en el artículo 19 N°3 de la Carta
Fundamental. Relaciona este derecho con la tutela judicial efectiva, exigible en
todos los momentos del proceso y con el derecho a ser oído, reconocido también
por la Convención Americana de Derechos Humanos.

TERCERO: Que este Tribunal ha tenido ya ocasión de pronunciarse en
numerosas sentencias respecto de requerimientos similares, bastando con citar
aquí dos fallos recientes, uno recaído en el rol 15.136 y el otro en el rol 16.255,
dejando establecido en ambos que el derecho al recurso, efectivamente incluido
de manera implícita en el concepto de debido proceso, cuyas exigencias recoge

4
0000916
NOVECIENTOS DIECISEIS




el artículo 19 N°3 de la Constitución Política, no es absoluto, y no lo es en un
doble sentido; de una parte, no lo es porque no implica que todas las
resoluciones dictadas en todo tipo de procesos deban ser susceptibles de
revisión recursiva y, de otra parte, no lo es porque tampoco significa que para
cada resolución que se dicte y que sea recurrible deban estar disponibles todos
los medios de impugnación propios del derecho procesal.

CUARTO: Que la primera limitación, que es la que fundamentalmente
nos interesa aquí, supone que el recurso, como derecho, está básicamente
reservado para resoluciones definitivas, que fallan la causa declarativa o las
excepciones de una ejecución, o bien para las que ponen término o hacen
imposible la prosecución de un proceso. Pero, cumplido ese piso mínimo, el
resto de la regulación relativa a la admisibilidad de los recursos queda
entregada al diseño legislativo. Podrá ocurrir, sobre esto cabe incluso sostener
posiciones disímiles, que se estime que algunas resoluciones intermedias cuyo
papel y relevancia sean particularmente centrales, deban incluirse entre las que
resguarde el derecho al recurso como parte del debido proceso, pero aun si eso
fuera así, asunto en el que ahora no nos adentraremos, ese no puede ser el caso
de esta causa por su naturaleza (cobranza laboral) que exige una celeridad
mayor dada la calidad de los derechos que se protege y que ya están declarados
en favor de los trabajadores, y dado que no se describe en el libelo una situación
de tal excepcionalidad que preste fuerza a su reclamo de obtener una segunda
instancia, que la ley no le concede, para alzarse contra una resolución
meramente intermedia en la etapa ejecutiva.

QUINTO: Que, por otro lado, el problema no dice relación con el derecho
a ser oído por un tribunal imparcial e independiente, pues ese derecho se ha
ejercido de manera plena, al poder incidentar ante el juzgado de cobranza. No
cabe confundir el derecho a ser oído con el derecho al recurso, ningún pasaje
constitucional ni convencional permite concluir que el derecho a ser oído se
refiera a serlo siempre en dos instancias. La tutela judicial efectiva queda
asegurada en el proceso de cobranza laboral, justamente porque esa ejecución
se sigue ante un tribunal y la parte ejecutada puede formular ante él las
peticiones que estime, además de estar contemplada la posibilidad de oponer
excepciones. El punto de derecho constitucional a resolver, entonces, se limita a
determinar si el derecho al recurso, como parte del debido proceso, exige que
sea apelable una resolución que rechaza una objeción de liquidación en el juicio
de cobranza, objeción sobre cuya razón y estructura de impugnación nada se
nos dice por el actor (la requerida sostiene que no se reclama de errores de
cálculo sino de aspectos de derecho). La respuesta está dada: no es así, el
derecho al recurso no es absoluto, no lo establece en esa forma ni la
Constitución ni ningún tratado internacional, limitándose, en general, la

5
0000917
NOVECIENTOS DIECISIETE




obligatoriedad de esa posibilidad de revisión, a las sentencias definitivas. Con
mayor razón eso es así en procesos de tramitación rápida y que resguardan
derechos de naturaleza laboral.

SEXTO: Que, adicionalmente, en el caso de autos se ha impugnado el
artículo 472 del Código del Trabajo, pero no el artículo 476 del mismo Cuerpo
Legal. Esto es relevante porque de soslayarse la aplicación del primer precepto
no podríamos pasar sin más a valernos de las normas del proceso civil, porque
el artículo 432 del Código especial restringe esa aplicación supletoria a lo no
regulado por él, de modo que primero deberíamos acudir a la regla general
sobre los recursos contenida en el propio Código del Trabajo, y esa regla, para la
apelación, es la del citado artículo 476, que dispone que solo son apelables las
interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación,
las que se pronuncien sobre medidas cautelares y las que fijen el monto de
liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social. Pues bien, en
la gestión judicial pendiente no se trata de nada de eso, ya que la liquidación
objetada, y de cuyo rechazo se pretende apelar, se refiere, según se desprende
del propio requerimiento, a prestaciones propiamente laborales, no a
beneficios de seguridad social.

SÉPTIMO: Que la consecuencia de la constatación anterior es que la
norma que el libelo ataca pierda la calidad de decisiva que el actor le atribuye
para la resolución de la gestión pendiente, ya que aun sin ella la apelación
pretendida sería igualmente inadmisible, por mandato de la norma
directamente supletoria, que no ha sido impugnada.

OCTAVO: Que por todas las razones antes desarrolladas, el presente
requerimiento no podrá prosperar.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos
primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y
pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO. OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN
AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE POR
ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.

6
0000918
NOVECIENTOS DIECIOCHO




DISIDENCIA

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores MIGUEL
ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y HÉCTOR MERY ROMERO, señora MARCELA PEREDO
ROJAS, y señor MARIO GÓMEZ MONTOYA, quienes estuvieron por acoger el
requerimiento por las siguientes razones:

1°. – Que, el régimen del proceso ordinario civil, el recurso de apelación, a
entender de la Corte Suprema en los autos ESTEVEZ GOSTHE MARIO RAMON,
ESTEVEZ GOSTHE JORGE con ESTEVEZ GOSTHE LTDA., MARIO ESTEVEZ
RODRIGUEZ INMOBILIARIA, ESTEVEZ RODRIGUEZ MARIO JOAQUIN, rol 8.200-
2009,

“ … es el recurso ordinario por preeminencia, y se concibe como un
derecho otorgado por el ordenamiento jurídico procesal, cuya pretensión
primaria es la de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva
mediante la doble revisión de los antecedentes y fundamentos de la
decisión.

Es la consecuencia de la doble instancia, el medio que permite a los
litigantes llevar ante el tribunal de segundo grado una resolución estimada
injusta o improcedente, para que la modifique o revoque, según sea el caso.
En efecto, “la apelación es el recurso procesal por excelencia, pues ningún
otro reúne los caracteres de tal en calidad y medidas suyas" (Tratado
Práctico de Derecho Procesal Civil Chileno, Carlos Anabalón Sanderson, 2°
edición, volumen 3°, pág. 17).

Asimismo, se ha dicho que "Uno de los principios que regula casi sin
contrapeso nuestro sistema procesal es el de que toda resolución es
susceptible de ser corregida o enmendada por un tribunal de mayor
jerarquía, valiéndose del recurso de apelación. Todo el ordenamiento de la
estructura del poder judicial chileno está condicionado sobre la base de
dos instancias. Es por eso que el recurso de apelación tiene el carácter de
un recurso ordinario que procede en general contra todas las resoluciones,
según los cánones amplios de los artículos 187 y 188 del Código de
Procedimiento Civil; siendo de advertir que la ley, a su respecto, no ha
señalado específicamente las causales que lo justifican, sino que basta
alegar que la decisión del juez ha causado un agravio a la parte que se dice
afectada. (C. de Temuco, 11 de septiembre de 1963. R., t 60, sec. 2°, p. 119).

Es así como este mecanismo procesal se fundamenta en la necesidad de
evitar la existencia de errores en los que pueda incurrir el juez de la
instancia, sea en la interpretación o aplicación de las normas jurídicas o en

7
0000919
NOVECIENTOS DIECINUEVE




la apreciación de las probanzas aportadas al proceso. Se confiere el
impulso procesal a las partes para combatir una decisión jurisdiccional
que les causa agravio. De tal modo que las resoluciones transcendentes del
negocio alcancen tutela efectiva mediante la revisión de un grado superior,
a través de un control jerárquico, sin ninguna clase de reservas o
limitaciones, salvo las impuestas por la ley.

Tal conclusión de deriva de la etimología de la palabra proveniente del
latín “apellatio”, que significa llamamiento, petición expresa o citación.
Según lo señala el profesor Alejandro Espinosa Solís de Ovando, en su
Manual de Derecho Civil, vinculado al concepto de doble instancia que
alumbra al recurso de apelación, en atención al carácter de orden público
que tienen las instancias, se caracteriza por: 1°.- Las partes no pueden
someter la decisión de un asunto directamente a un tribunal de segunda
instancia, renunciando a la primera; 2°.- No se puede tampoco entregar a
un tribunal de primera instancia el conocimiento y decisión de un recurso
de apelación; 3°.- Tampoco pueden las partes someter a una revisión los
asuntos que han sido ya fallados en segunda instancia; 4°.- No pueden las
partes llevar a un tribunal de apelación una resolución judicial que según
la ley no admite este recurso. (Editorial Jurídica de Chile, 3° edición, pág.
33).

También es necesario precisar que el recurso de apelación no tiene
causales, y su único objeto es obtener del tribunal superior respectivo que
enmiende, con arreglo a derecho, la resolución del inferior. Dicho concepto,
importa no solo corregir o modificar sino también reemplazar
enteramente la decisión del a quo, siempre que no se vuelva en contra del
apelante, que se manifiesta en el principio tantum devolutum quantum
apellatum, a menos que la contraria también haya recurrido. La decisión
del ad quem está limitada entonces, en principio, a discernir aquello
resuelto en primera instancia y materia de la apelación, a menos que
resulte incompatible con lo decidido o bien debatido y omitido por éste. La
apelación para los extraños al recurso, quienes no lo dedujeron, es res inter
alios acta”.

2°. – Que las reglas sobre el recurso de apelación son diversas en el
procedimiento laboral. En estos autos se ha cuestionado la constitucionalidad
del artículo 472 del Código del Trabajo. El precepto legal impugnado permite
impugnar la sentencia definitiva que resuelve las excepciones, en el
procedimiento de cumplimiento de sentencias y ejecución de títulos previstos
en el Código del Trabajo.



8
0000920
NOVECIENTOS VEINTE




De este modo, es correcto afirmar que el agravio en la apelación laboral
es específico y no general, de manera que cualquier impugnación de esta
naturaleza que persiga un propósito diverso a los perentoriamente señalados
en el artículo 472 del Código del Trabajo no tiene cabida en el procedimiento
laboral.

3°. – Que el artículo 425 del Código del Trabajo estatuye que los
procedimientos del trabajo serán orales, públicos y concentrados. Primarán en
ellos los principios de la inmediación, impulso procesal de oficio, celeridad,
buena fe, bilateralidad de la audiencia y gratuidad. Los preceptos siguientes,
contenidos en el Libro V capítulo II párrafo 1° de la ley laboral, desarrollan de
manera más concreta los principios mencionados, para que las cuestiones
debatidas de acuerdo a estas reglas de enjuiciamiento se desarrollen de un
modo que la aplicación de los principios conduzca a la pronta, racional y justa
decisión de la controversia.

Distinta es la fase procesal que caracteriza la gestión pendiente. Aquí la
cuestión principal ya se ha dilucidado. En cambio, lo que el actor busca es
objetar en los autos conocidos por la judicatura ordinaria las diferencias y
equivocaciones que observa en la liquidación de la deuda. En esta materia se
permite la apelación si ésta incide en beneficios previsionales, pero tal remedio
no existe si lo reclamado son los capítulos principales de la liquidación del
crédito laboral.

4°. – Que en el contexto procedimental que se ha reseñado, se suele
justificar la existencia de la norma cuestionada según necesidades de prontitud
y celeridad en la ejecución en la cual el trabajador, actuando individual o
colectivamente, toma parte como actor, atendidas las cuestiones que
habitualmente se debaten en la judicatura laboral.

En respuesta a ese cuestionamiento, en opinión de estos disidentes, no
hay pugna o colisión entre la celeridad debida al interés que el legislador laboral
busca asegurar a los trabajadores que pudieren actuar como demandantes, y la
necesidad de que al demandado se le conceda la posibilidad de denunciar, a
través de un recurso efectivo, un yerro jurídico, acompañado de la pretensión
de obtener su enmienda con arreglo a derecho en una materia que concierne al
debate sobre la competencia.

5°. – Que no discutimos que el legislador cuenta con un margen razonable
de discreción para configurar procedimientos declarativos y ejecutivos, así
como para establecer principios y reglas especiales en ambos ámbitos según las
características de la materia que corresponde enjuiciar. Lo propio puede decirse



9
0000921
NOVECIENTOS VEINTIUNO




de la posibilidad de deducir recursos legales contra las resoluciones de mero
trámite o sentencias pronunciadas en el procedimiento.

Sin embargo, en este preciso aspecto, tal margen dista de ser absoluto.

Puede el legislador disponer reglas particulares sobre medios de
impugnación en materia laboral y previsional, a condición de respetarse
siempre las garantías de un procedimiento racional y justo.

Así, sostenemos que el legislador cuenta con la libertad que la
Constitución le permite para estatuir y configurar un régimen diferenciado de
interposición de recursos legales contra las resoluciones judiciales
pronunciadas en procedimientos regidos por la oralidad e inmediación, y en
aquellos regidos por la escrituración. La apelación, recurso caracterizado por
consistir en un control del mérito de los antecedentes y no de un mero examen
de la legalidad de la sentencia, no se aviene ni concuerda en general con los
principios formativos de la judicatura y el procedimiento declarativo laboral,
razón por la cual las normas que regulan esta impugnación ordinaria en
materias del trabajo y previsionales deben ser miradas con reserva o
interpretarse de modo restrictivo. En efecto, la oralidad y la inmediación son
esenciales para que el juez aprecie y pondere la prueba, y es a partir de esos
presupuestos que construye la convicción que le permite arribar a la decisión
del asunto que se ha controvertido.

Con todo, no ocurre lo mismo cuando nos encontramos en el punto
preciso que aquí se ha discutido. La controversia puntual que aquí se ha
suscitado alude a lo que la requirente estima que constituye una ventaja
indebida, imposible de revisar por un superior jerárquico precisamente porque
el precepto legal impugnado lo impide.



6°. – Que, ahora bien, en lo que alude a las restricciones al recurso de
apelación tal como ha sido configurado en el Código del Trabajo, y tal como se
manifestó en la disidencia de la STC 14.956-23-INA,

10°. … , así, … , la exclusión del recurso de apelación, bajo la idea abstracta
de dotar al procedimiento de mayor celeridad, no resulta conciliable con
las exigencias de racionalidad y justicia que el artículo 19 N° 3° inciso sexto
le impone al legislador, en la configuración de los procedimientos, pues la
falta de este medio de impugnación fuerza al requirente simplemente a
conformarse con lo resuelto por el Tribunal Laboral, en una especie de
“única instancia”, sin la posibilidad de someter su decisión a la revisión de
otro tribunal, deviniendo la resolución en inamovible;


10
0000922
NOVECIENTOS VEINTIDOS




11°. Que, siendo plausible el objetivo de dotar de mayor celeridad a los
procedimientos, esa finalidad legítima sólo puede alcanzarse mediante la
eliminación de trámites no esenciales o imponiendo mayor agilidad a las
actuaciones del Tribunal, pero no resulta ajustado a la Constitución que se
intente alcanzarla a costa de excluir o limitar derechos de las partes o
actuaciones o plazos -que si bien pueden ser acortados- terminan
afectándolas;

7°. – Que resulta pertinente recordar que el recurso, como expresa la
doctrina, “es el medio técnico que ejerce una parte dentro del proceso en que se
dictó una resolución, que no ha alcanzado el carácter de firme o ejecutoriada,
para la impugnación y subsanación de los errores que ella eventualmente pueda
adolecer, dirigido a provocar la revisión de la misma, ya sea por el mismo juez que
la dictó o por otro de superior jerarquía. No debiendo perderse de vista que “(la)
existencia de los recursos nace de la realidad de la falibilidad humana, que en el
caso de la sentencia recae en la persona del juez, y en la pretensión de las partes de
no aceptar la resolución que les cause un perjuicio por no haber acogido las
peticiones formuladas en el proceso” (MOSQUERA RUÍZ, Mario y MATURANA
MIQUEL, Cristián; [2010]: Los Recursos Procesales, p. 21. Editorial Jurídica de
Chile, Santiago).

Además, aunque parezca una obviedad, no puede perderse de vista que
todo recurso procesal pretende eliminar un agravio o perjuicio que una
determinada resolución judicial produce para el afectado. De allí que se
entienda que el agravio es una condición legitimante de un recurso procesal.
Aquel, siguiendo a Couture, consiste en el “(perjuicio) o gravamen, material o
moral, que una resolución judicial causa a un litigante” (COUTURE, Eduardo
[1988], Vocabulario Jurídico, p. 83. Ediciones Depalma, Buenos Aires).

8°. – Que no cabe duda de que la posibilidad de impugnar una resolución
judicial forma parte de los elementos esenciales de la garantía de un debido
proceso. Tal como ha hecho presente nuestra jurisprudencia constitucional, el
derecho al recurso consiste en la facultad de solicitar a un tribunal superior que
revise lo hecho por el inferior, formando parte integrante del derecho al debido
proceso y, en tal sentido, la posibilidad de que el requirente pueda recurrir ante
el superior jerárquico respecto de una decisión emanada del mismo tribunal
llamado a adoptar las medidas para evitar dilaciones excesivas y paralizaciones
del proceso judicial laboral, parece un presupuesto razonable de lo que puede
entenderse como un justo y racional juzgamiento para el caso concreto.

9°. – Que, es por lo anteriormente descrito que esta Judicatura
Constitucional ya ha señalado que “la exclusión del recurso de apelación no
resulta conciliable con las exigencias de racionalidad y justicia que el artículo 19,

11
0000923
NOVECIENTOS VEINTITRES




N° 3, inciso 6°, le impone al legislador, en la configuración de los procedimientos.
Lo anterior, pues la falta de medios de impugnación no se subsana con una fase
previa ni con la jerarquía, composición, integración o inmediación del tribunal
que conoce del asunto, como lo ha admitido, excepcionalmente, nuestra
jurisprudencia para validar que se puedan adoptar decisiones en única instancia”
. (STC 10.623-21, c. 19°).

10°. – Desde luego, no hablamos aquí de una apelación con miras a
obtener la revisión de la sentencia definitiva o de todos los aspectos de hecho y
de derecho que llevaron a pronunciarla. Tal cuestión ya resuelta por el
legislador laboral al instituir el recurso de nulidad como única impugnación, y
que además es del todo ajena a la litis de la gestión pendiente, en lo que no se
pretende revivir el proceso ya fenecido por la sentencia firme. Lo que aquí se
pretende es obtener una revisión por el tribunal superior de la resolución que
rechazó un incidente de incompetencia promovido por la requirente, en que se
cuestiona la competencia de los tribunales de cobranza de pronunciarse sobre
cuestiones declarativas, como lo es la unidad económica o la solidaridad entre
demandados.

11°. – Que, es en razón de las consideraciones expuestas que estos
disidentes estuvimos por acoger el presente requerimiento.



Redactó la sentencia el Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ y la disidencia
el Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO.


Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 16.822-25-INA




12
0000924
NOVECIENTOS VEINTICUATRO


Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 14/01/2026



María Pía Silva Gallinato Miguel Angel Fernández González
Fecha: 14/01/2026 Fecha: 14/01/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 14/01/2026 Fecha: 14/01/2026



Héctor Antonio Mery Romero Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 14/01/2026 Fecha: 14/01/2026



Alejandra Precht Rorris Mario René Gómez Montoya
Fecha: 14/01/2026 Fecha: 14/01/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta
Subrogante, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, y por sus Ministros
señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señor
Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor
Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas, señora Alejandra
Precht Rorris y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 15/01/2026




25769ED6-9C05-4277-8C61-0E93A0AFD84F
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su
validez puede ser consultada en www.tribunalconstitucional.cl con el
código de verificación indicado bajo el código de barras.