TC Rol 16829

Texto completo

0002496
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS




2026

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.829-25 INA

[28 de mayo de 2026]
____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 472
DEL CODIGO DEL TRABAJO


GUSTAVO ADOLFO MORALES, Y OTROS
EN EL PROCESO RIT C-178-2017, RUC 17-4-0009209-5, SEGUIDO ANTE EL
JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE TALCA, EN CONOCIMIENTO DE LA
CORTE DE APELACIONES DE TALCA, POR RECURSO DE APELACIÓN BAJO EL
ROL N° 276-2025 (LABORAL COBRANZA).


VISTOS:
Que, con fecha 23 de agosto de 2025, Gustavo Adolfo Morales, y otros
accionan de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 472
del Código del Trabajo, para que ello incida en el proceso RIT C-178-2017, RUC
17-4-0009209-5, seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, en
conocimiento de la Corte de Apelaciones de Talca, por recurso de apelación bajo
el Rol N° 276-2025 (Laboral Cobranza).



Precepto legal cuya aplicación se impugna

El texto del precepto impugnado dispone en su parte destacada:



“Código del Trabajo




1
0002497
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE




Artículo 472.- Las resoluciones que se dicten en los procedimientos
regulados por este Párrafo serán inapelables, salvo lo dispuesto en
el artículo 470”.

Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional
sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

Como antecedentes de la gestión pendiente explican que obtuvieron
sentencia favorable en demanda de tutela laboral y cobro de prestaciones
laborales en el año 2017 en contra de la empresa minera Polar Mining Chile
Ltda.

En la etapa de cumplimiento de la sentencia solicitaron que se ordene
oficiar al Servicio de Impuestos Internos (SII), Notarías, Conservadores y otros
organismos para obtener información sobre activos del deudor, petición que
fue rechazada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca.

Frente a dicha decisión interpusieron recurso de reposición y apelación
en subsidio. Mediante resolución de fecha 23 de mayo de 2025, la reposición fue
rechazada, concediéndose la apelación en el solo efecto devolutivo.

Refieren que la Corte de Apelaciones de Talca con fecha 06 de agosto de
dicho año declaró inadmisible la apelación fundándose en la aplicación del
artículo 472 del Código del Trabajo, encontrándose pendiente la reposición
intentada en contra de dicha resolución.

Al fundamentar el conflicto constitucional exponen que la aplicación
del precepto impugnado vulnera la garantía del debido proceso que comprende
el derecho al recurso, artículo 19 N° 3 inciso sexto de la Constitución, pues los
priva de una instancia de revisión frente a una resolución que impide ejecutar
una sentencia, dejándolos en la indefensión.

Agregan que el derecho a ejecutar lo resuelto judicialmente es parte del
contenido esencial de la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, el impedimento
absoluto de apelar decisiones que obstaculizan el cumplimiento vulnera dicho
derecho.

Al respecto, indican que el artículo 472 del Código del Trabajo fue
concebido como una restricción procesal aplicable a recursos interpuestos por
la parte ejecutada, es decir, el empleador, y no para limitar los derechos
procesales del trabajador, parte favorecida por una sentencia firme y
ejecutoriada.

En este sentido, hacen presente que la doctrina del Tribunal
Constitucional ha establecido de forma reiterada que las normas procesales que
restringen o limitan el acceso a recursos deben interpretarse de manera
restrictiva y pro persona, especialmente cuando se trata de trabajadores que
buscan la ejecución de un derecho ya reconocido judicialmente.



2
0002498
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO




Aplicar la norma impugnada para declarar inadmisible un recurso
interpuesto por la parte trabajadora supone una interpretación extensiva en
perjuicio del trabajador, lo que infringe los principios de protección, pro
operario, y de tutela judicial efectiva consagrados tanto en la Constitución como
en tratados internacionales.

Tramitación y observaciones al requerimiento

Por resolución de fecha 11 de septiembre de 2025 a fojas 30, la Primera
Sala de esta Magistratura admitió a trámite el libelo de inaplicabilidad,
ordenando además la suspensión del procedimiento; y por resolución de la
misma Sala fue declarado admisible con fecha 02 de octubre de dicho año a fojas
2459.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales
interesados y a las demás partes en la gestión invocada, no se formularon
observaciones.

A fojas 2481, en decreto de fecha 07 de noviembre de 2025 se dispuso
traer los autos en relación.



Vista de la causa y acuerdo

En audiencia de Pleno del día 20 de abril de 2026, se verificó la vista de la
causa, oyéndose la relación pública y el alegato de la abogada Daniela Pérez
Fernández, por la parte requirente, quedando en estado de acuerdo con igual
fecha, según certificación de la señora relatora.



Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, se procedió a votar el acuerdo respectivo obteniéndose
el resultado que a continuación se enuncia:

La Presidenta del Tribunal Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ, las
Ministras señoras MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, CATALINA LAGOS TSCHORNE, y
ALEJANDRA PRECHT RORRIS votaron por rechazar la acción deducida.

Por su parte, los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, y
RAÚL MERA MUÑOZ, la Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS, y el Ministro señor
MARIO GÓMEZ MONTOYA estuvieron por acoger el requerimiento.

SEGUNDO: Que, en esas condiciones, se ha producido empate de votos,
con lo cual, atendido el quorum exigido por el artículo 93, inciso primero, N° 6,
de la Carta Fundamental para acoger un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, y teniendo en cuenta, de la misma forma, que por
mandato del literal g) del artículo 8° de la Ley N° 17.997, Orgánica




3
0002499
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE




Constitucional del Tribunal Constitucional, el voto de la Presidenta de esta
Magistratura no dirime un empate, como el ocurrido en el caso sub-lite, y, no
habiéndose alcanzado la mayoría para acoger el presente requerimiento de
inaplicabilidad en este capítulo, éste deberá ser necesariamente desestimado.



VOTO POR RECHAZAR

La Presidenta del Tribunal Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ, las
Ministras señoras MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, CATALINA LAGOS TSCHORNE, y
ALEJANDRA PRECHT RORRIS votaron por rechazar la acción deducida.

I. Generalidades

1°. Que, como indicó la parte expositiva de esta sentencia, la requirente
inició procedimiento de tutela laboral y cobro de prestaciones en contra de
Minera Polar Mining Chile Limitada, en la que obtuvo sentencia favorable el
año 2017. En la fase de cumplimiento, ante la falta de bienes conocidos del
deudor, los ejecutantes pidieron al Juzgado de Letras del Trabajo oficiar al
Servicio de Impuestos Internos, Notarías, Conservadores y otras entidades para
obtener información sobre los activos de la empresa ejecutada, solicitud que fue
rechazada por el Juzgado. Dicha decisión fue repuesta con apelación en subsidio
y, rechazada la reposición y concedida la apelación, la Corte de Apelaciones
respectiva declaró inadmisible el recurso, con base en lo dispuesto en el artículo
472 del Código del Trabajo.

2°. Que, por medio del requerimiento, ante el Tribunal Constitucional se
solicita la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 472 del Código
del Trabajo, que señala que “Las resoluciones que se dicten en los procedimientos
regulados por este Párrafo serán inapelables, salvo lo dispuesto en el artículo 470
”. La parte requirente alega que el precepto legal vulnera el debido proceso (19
N°3 CPR), en su dimensión de derecho al recurso.

3°. Que, este caso tiene como particularidad respecto de numerosos casos
sobre derecho al recurso que se rechazan de acuerdo a la estructura
argumentativa que se reproducirá en lo que sigue, que ha sido la parte
trabajadora vencedora en juicio la que ve limitada su vía recursiva para
impugnar dentro de la ejecución de su fallo. Sobre esto debe decirse que es la ley
procesal la que se diseña fundándose en el principio protector, garantizado por
la Constitución en el artículo 19 N°16, pero no puede volverse sobre el diseño
invocando otra vez el principio de protección del trabajo, entendido como el
derecho a alterar el proceso establecido por el legislador, a causa de que es la
parte trabajadora la que sufre agravio por una resolución del tribunal
competente.




4
0002500
DOS MIL QUINIENTOS




II. Sobre el debido proceso ejecutivo laboral

4°. Que, en diversas sentencias de esta Magistratura se ha razonado
desde la noción más general de debido proceso hasta cuáles serían las
especificidades en relación con las diversas disciplinas del Derecho (STC roles
N°15.136-2024, c. 3°; 14.427-2023, c. 4°; 13.862-2022, c. 3°; 13.657-2022, c. 5°;
13.281-2022, c.4°; 13.029-2022, c. 5°). Siguiendo el mismo curso de análisis, se
puede plantear como razonamiento preliminar y sin posicionarse respecto de
una diferencia específica de la sede procesal laboral, que el legislador puede
establecer diferencias siempre que resulten razonables. En este sentido, “el
Tribunal Constitucional ha señalado antes que “La igualdad ante la ley o en el
ejercicio de los derechos no puede consistir en que las partes que confrontan
pretensiones en un juicio tengan idénticos derechos procesales. Del momento en
que uno es demandante y el otro demandado, tendrían actuaciones distintas; el
uno ejercerá acciones y el otro opondrá defensas y excepciones. Cada una de esas
actuaciones procesales estará regida por reglas propias, que no pueden ser
idénticas, pues las actuaciones reguladas no lo son. Se podrá examinar si las
reglas propias de las demandas y de las excepciones permiten trabar una
contienda regida por principios de racionalidad y justicia; podrá examinarse si
las reglas que, en principio debieran ser comunes para ambas partes, como la
facultad de probar o de impugnar un fallo, establecen diferencias que puedan ser
calificadas de arbitrarias; pero no puede pretenderse que actuaciones diversas,
como lo son una demanda ejecutiva y la interposición de excepciones para oponer
a dicha demanda, queden sujetas a un mismo estatuto” (STC Rol N°977-2007-INA,
c. 8).

5°. Que, desde que surge el Derecho procesal laboral, este tuvo ciertas
características que reflejaban el mismo principio protector del Derecho del
Trabajo sustantivo. Esto se manifestaba en respuestas jurídicas específicas, pues
se partía de la premisa opuesta del Derecho procesal civil, a saber, la igualdad
de las partes en conflicto. Se trata distinto a lo distinto. Las partes de una
relación laboral tienen una asimetría de poder social y económico. El espacio de
la relación laboral es de propiedad del empleador. Puede afirmarse, de un lado,
que en el ámbito de la prueba este hecho tiene repercusiones respecto del
acceso a la prueba, registros documentales y medios de control tecnológicos.
Asimismo, existen manifestaciones que son reflejo de la propiedad y de la
libertad económica –como son los poderes de dirección y disciplinario– que
condicionan eventualmente la posición de testigos que pueden estar sometidos
a ellos. De otro lado, las obligaciones que el empleador tiene con la parte
trabajadora son de carácter alimentario, lo que implica un peligro en la demora.
Es así como encontramos que las notas de desformalización, inmediación y
celeridad han sido características del proceso laboral desde que se comenzaron
a crear judicaturas especiales en los primeros años del siglo XX (Montero Aroca,



5
0002501
DOS MIL QUINIENTOS UNO




Juan, Los tribunales del trabajo 1908- 1938. Jurisdicciones especiales y
movimiento obrero, Universidad de Valencia. Secretaría de publicaciones,
Valencia, España, 1976, p. 44).

En consecuencia, la desigual posición de la parte trabajadora respecto de
la empleadora determinó formas procesales específicas para el proceso laboral
y, en este sentido, su fundamento será la protección constitucional del trabajo, y
tales decisiones del legislador delinearán un debido proceso laboral.

6°. Que, esto es aún más notorio en la fase de ejecución laboral, que
supone la existencia de un título ejecutivo en el que consta una suma líquida y
determinada de dinero que tiene carácter alimentario. Para lograr el cobro de
esta obligación –determinable y previsible en su forma de operar– el diseño del
procedimiento ejecutivo también responderá a la necesidad de un
procedimiento simple, rápido y eficaz. Es por ello que rigen los principios de
celeridad y concentración, y que el impulso procesal es de cargo del Tribunal, de
acuerdo a los artículos 425 y 463 del Código del Trabajo. Por estas mismas
razones el legislador lo delineó con restricciones al debate, por ejemplo, que
sólo se puedan oponer las excepciones del artículo 470 del Código del Trabajo, la
improcedencia de la institución del abandono del procedimiento y, como en el
caso en análisis, la exclusión del recurso de apelación, según el artículo 472 del
mismo cuerpo normativo. Ese es el debido proceso en ejecución. Ello tiene
incidencia en distintas cuestiones en el proceso laboral: los actos procesales
deberán realizarse con la celeridad necesaria, procurando concentrar en un
solo acto aquellas diligencias en que esto sea posible (428 del Código del
Trabajo), el Tribunal está facultado para adoptar las medidas necesarias para
impedir las actuaciones dilatorias (430 del Código del Trabajo) y, una vez
reclamada su intervención en forma legal, actuará de oficio y decretará las
pruebas que estime necesarias (429 del Código del Trabajo), etc. Como se ve, el
legislador laboral se ha preocupado por desarrollar una normativa orientada al
alcance de procesos expeditos, que permitan y promuevan la seguridad
jurídica. En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional
antes (STC N°15.136-2024, c. 5°; 14.427-2023, c. 6°; 13.862-2022, c. 5°; 13.241-22-
INA, c. 4°; 13.046-22-INA, c.6°; 13.294-22-INA, c.4°; 12.951-22-INA, c.4°).

7°. Que, esto significa que existen argumentos que, además de a estas
alturas ser históricos, son fundados para que el legislador laboral reduzca la
apelación, no solo en los procesos de lato conocimiento, sino, con mayor razón,
en la fase ejecutiva laboral, como ocurre en este caso.

8°. Que, en los términos planteados por la requirente como conflicto
constitucional, esto es, si la regla que excluye el recurso de apelación en el
procedimiento ejecutivo laboral infringe el derecho a un debido proceso, en el
aspecto normativo de una presunta afectación al derecho al recurso, el



6
0002502
DOS MIL QUINIENTOS DOS




requerimiento no puede prosperar. Como ya ha dicho el Tribunal
Constitucional, la reducción del recurso de apelación es una opción de política
legislativa que deberá estar fundada en la racionalidad de la medida y
encontrarse ajustada a fines legítimos:

“la Constitución no configura un debido proceso tipo sino que concede un
margen de acción para el legislador para el establecimiento de procedimientos
racionales y justos (artículo N°63, N°3 en relación al artículo 19, N°3, inciso 6°
ambos constitucionales) (…) la Carta Política, además, no estableció un conjunto
de elementos que deban estar siempre presentes en todos y cada uno de los
procedimientos de diversa naturaleza que debe regular el legislador. Frente a la
imposibilidad de determinar cuál es ese conjunto de garantías que deben estar
presentes en cada procedimiento, el artículo 19, numeral 3°, inciso sexto de la
Constitución optó por un modelo diferente: mandató al legislador para que en la
regulación de los procedimientos éstos siempre cumplan con las exigencias
naturales que la racionalidad y la justicia impongan en cada proceso específico.
Por lo mismo, “el procedimiento legal debe ser racional y justo. Racional para
configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo para orientarlo a
un sentido que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un
proceso. Con ello se establece la necesidad de un juez imparcial, con normas que
eviten la indefensión, que exista una resolución de fondo, motivada y pública,
susceptible de revisión por un tribunal superior y generadora de la intangibilidad
necesaria que garantice la seguridad y certeza jurídica propias del Estado de
Derecho” (STC Rol 1838-2010, c. 10°)” (STC Rol N°15.136-2024, c. 7°; 14.956-2023,
c. 5°; 13.029-2022, c. 11°).

9°. Que, en casos promovidos ante esta Magistratura en que también se
ha cuestionado la regulación de la apelación en materia laboral, el Tribunal
Constitucional ha afirmado “el reclamo de inconstitucionalidad central es por la
exclusión de la apelación respecto de una resolución, ante lo cual debe recordarse
que la apelación no es un recurso paradigmático o modélico en sí mismo. Su
función de ser instancia de la instancia tiene un origen vinculado a los
procedimientos inquisitivos que lo configuraron como única garantía de que lo
investigado y resuelto tuviera control por un tercero imparcial: “El fenómeno de
la impugnación se ha relacionado con el de concentración del poder y la necesidad
de controlar la actividad de los funcionarios inferiores. A los sistemas
inquisitivos, dada la reunión de funciones en la sola mano de un juez y la
estructura vertical de la administración de justicia, se adecua los recursos,
particularmente los recursos devolutivos, pues la sentencia puede ser revisada, en
todos sus puntos, por el superior jerárquico del que dictó la sentencia o soberano.
A fines del imperio romano, como consecuencia de la concentración del poder y de
la organización jerárquica de los tribunales, amén que se concentraron en la sola
persona del mismo juez las funciones de requerir, instruir y juzgar, la appellatio, y



7
0002503
DOS MIL QUINIENTOS TRES




en consecuencia, el efecto devolutivo ante el Emperador o los jueces, se
transformó en regla general” (Letelier, Enrique, El derecho fundamental al
recurso en el proceso penal, Atelier, 2013, pp. 39 y 40). Tal perspectiva histórica
permite reforzar la idea de que la apelación es una opción posible, entre otras, con
la que cuenta el legislador a la hora de diseñar procesos” (Rol N°15.122-2024, c.
11°; 13.281-2022, c. 9°; 12.834-22-INA, c. 12°).

10°. Que, en lo específico de los procedimientos ejecutivos, esta
Magistratura ha considerado que “en primer lugar, cabe constatar que un
procedimiento de ejecución no está exento del cumplimiento de las reglas del
debido proceso a su respecto. Es natural que las garantías de racionalidad sean
menos densas, se reduzcan plazos, pruebas, se incrementen las presunciones,
etcétera. Todo lo anterior incluso es exigido desde la perspectiva de los derechos
fundamentales. Es así como el legislador puede desarrollar procedimientos en el
marco del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (artículo 14.3, literal c)
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y que tengan a la vista la
naturaleza de los intereses en juego. En tal sentido, el ejercicio de reglas de
garantía lo podemos situar dentro de los procedimientos de menor entidad. En
segundo lugar, los procedimientos ejecutivos se pueden dar en un contexto de
única instancia y sin necesidad de propiciar impugnaciones latas. Justamente, el
sentido de este tipo de procedimientos es alejarse de modalidades de amplia
discusión e impugnación. Sin embargo, aun en las circunstancias plenamente
ejecutivas, la intervención de la justicia, mediante un “recurso sencillo y rápido”
(artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), debe
contener un sentido finalista y constitucional en relación al procedimiento. Es así
como la Corte Internacional, juzgando la efectividad de los recursos, ha sostenido
que “la Corte ha establecido que para que tal recurso efectivo exista, no
contraproducente y previsiblemente contrario a las exigencias que la
Constitución ordena en términos de racionalidad y justicia, sobre todo, cuando la
propia Constitución reconoce la pluralidad de procedimientos diversos” (artículo
63, numeral 3° de la Constitución)” (STC Rol N°13.294-2022, c. 13°. Reiterado en
15.136-2024, c. 9°).

11°. Que, a partir de la Ley N°20.087 se sustituyó el procedimiento laboral
contemplado en el Libro V del Código del Trabajo, según se expresa en el
Mensaje con que se inició el proyecto de la ley citada, a través del cual se
manifestaba el “acceso a la justicia del trabajo, no sólo en cuanto a la cobertura
de los tribunales sino que también en lo relativo a la forma en que se desarrollan
los actos procesales que conforman el procedimiento laboral”, para así
“materializar en el ámbito laboral el derecho a la tutela judicial efectiva, que
supone no sólo el acceso a la jurisdicción sino también que la justicia
proporcionada sea eficaz y oportuna”.




8
0002504
DOS MIL QUINIENTOS CUATRO




12°. Que, igualmente, se propuso concretar “…en el ámbito jurisdiccional
las particularidades propias del Derecho del Trabajo, en especial su carácter
protector y compensador de las posiciones disímiles de los contratantes. De ahí, la
necesidad de contar con un sistema procesal diferenciado claramente del sistema
procesal civil, cuyos objetivos son no sólo diversos sino en muchas ocasiones
antagónicos”. En relación con el objetivo de asegurar el efectivo y oportuno cobro
de los créditos laborales, el proyecto se planteó “optimizar y agilizar los
procedimientos de cobro de las obligaciones laborales… y sin perjuicio de la
aplicación supletoria que en las mismas materias se reconoce al Código de
Procedimiento Civil, se establecen… plazos brevísimos, se eliminan trámites
propios del ordenamiento común, se evitan incidencias innecesarias;” (STC Rol
N°15.629-2024, c. 11°).

13°. Que, este Tribunal ha razonado antes “Que, el Código del Trabajo
regula, entre sus artículos 462 y 473, los procedimientos ejecutivos laborales, los
que, no obstante estar insertos en una reforma “cuyos procedimientos son
eminentemente orales, mantienen su carácter de procedimientos escritos, lo cual
se compadece con la finalidad de estos juicios, es decir, fundamentalmente, con el
cobro de un crédito, a partir de un título ejecutivo.” (Díaz Méndez, Marcela.
Manual de procedimiento del trabajo, segunda edición, Ed. Librotecnia, Santiago,
2018, p. 215). En razón de ello, el juicio ejecutivo laboral y, en particular, el de
cumplimiento de sentencias, se caracteriza por ser un procedimiento que es de
tramitación escrita; en que el tribunal procederá de oficio, ordenando la
realización de todas las diligencias y actuaciones necesarias para la prosecución
del juicio; no procede el abandono de procedimiento; su tramitación se sujeta a las
normas del Párrafo IV del Título I, del Capítulo II, del Libro V, del Código del
Trabajo, y a falta de disposición expresa en este texto o en leyes especiales, se
aplicarán supletoriamente las normas del Título XIX del Libro Primero del Código
de Procedimiento Civil, siempre que dicha aplicación no vulnere los principios que
informan el procedimiento laboral, en la tramitación del juicio ejecutivo de
cumplimiento de sentencias.(Op cit. Díaz Méndez, Marcela, p. 216). Que, según lo
determina el artículo 464, N°1, del Código Laboral, la sentencia laboral
ejecutoriada reviste la calidad jurídica de título ejecutivo, y su cumplimiento se
tramita bajo las normas señaladas, iniciándose al tenor de lo prescrito en el
artículo 462 del Código del Trabajo.

10-.De este modo, se logra el objetivo primordial de un efectivo y oportuno
cobro de los créditos laborales, como también evitar incidencias innecesarias y
que limitan las excepciones, sin vulnerar las garantías del ejecutado, pero que
otorgan efectividad a los derechos de los trabajadores y el acceso a la justicia, tal
como se señaló en su oportunidad en los autos rol N°6045-2014, al expresar que:
“…el espíritu del legislador en la reforma laboral se encuentra plasmado en los
principios formativos del proceso, esto es, oralidad, publicidad y concentración”,



9
0002505
DOS MIL QUINIENTOS CINCO




agregando el máximo tribunal, que “…hay acción ejecutiva cuando está
reconocida, con cantidad precisa, la deuda laboral en acta firmada ante Inspector
del Trabajo. (SCS Rol N°95-00)” (STC Rol N°14.427, c. 14°; 13.675-2022, c. 16°).

14°. Que, asimismo, la parte requirente afirma que, al no encontrarse
expresamente normada en todos sus aspectos la fase de ejecución laboral
posterior al pronunciamiento de la sentencia firme, deben aplicarse
supletoriamente las normas del procedimiento ordinario civil, lo que a su vez
impondría reconocer el régimen general de recursos contemplado en el Código
de Procedimiento Civil. Sin embargo, la supletoriedad invocada opera, según el
artículo 432 del Código del Trabajo, únicamente en la medida en que no
contradiga a los principios que informan el procedimiento laboral, que
justifican la regla de inapelabilidad consagrada en el precepto impugnado.

Además, con ello, la parte requirente plantea un argumento sobre el
derecho aplicable, cuestión que debe ser decidida por el juez de fondo y no por
el Tribunal Constitucional.

15°. Que, así las cosas, de acogerse la inaplicabilidad intentada se
utilizaría al Tribunal Constitucional para crear recursos que no están
reconocidos en la legislación sectorial y tampoco necesariamente lo están en la
procesal civil, eludiendo lo mandatado por el legislador, a quien le corresponde
normar en esta materia.

16°. Que, en nada se altera lo dicho hasta ahora por el hecho de que la
requirente sea la parte trabajadora. Como ha señalado esta Magistratura, la
justificación de la limitación perdura en tanto constituye una forma de
disminuir la incidencia dentro del juicio que es neutra respecto de las partes,
pero que tributa a la celeridad, principio que resulta imprescindible en un
proceso laboral y que se encuentra establecido explícitamente como principio
informativo en el artículo 425 del Código del Trabajo. Así las cosas, no podría
sostenerse que, por el solo hecho de que en este supuesto específico quien
pretenda apelar sea el trabajador, las normas en cuestión devengan
inconstitucionales (en este sentido, STC Roles N°13.029-2022, 13.675-2022 y
14.256-2023, todas en el c. 9°, y STC Rol N°15.997-2024, c. 19°).

17°. Que, en mérito de todo lo anterior, el requerimiento de
inaplicabilidad no puede ser acogido, y así se declarará.



VOTO POR ACOGER




10
0002506
DOS MIL QUINIENTOS SEIS




Los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, y RAÚL MERA
MUÑOZ, la Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS, y el Ministro señor MARIO
GÓMEZ MONTOYA estuvieron por acoger el requerimiento:



I. COMPETENCIA CONSTITUCIONAL

1°. Que, en el caso de autos se refiere a un control de constitucionalidad
concreto, en el cual se analiza la conformidad del precepto legal impugnado con
la Carta Fundamental de forma circunstanciada, atendiendo a las
particularidades del caso concreto.

Y, es que la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es un
mecanismo constitucional procesal que “el ordenamiento supremo franquea
para evitar que la aplicación de uno o más preceptos legales, invocados en una
gestión judicial pendiente, produzca efectos, formal o sustantivamente,
contrarios al Código Político. Trátase, por ende, de un control concreto de la
constitucionalidad de la ley, centrado en el caso sub-lite y cuya resolución se
limita a que disposiciones legales determinadas, en sí mismas, resulten, en su
sentido y alcance intrínseco, inconciliables con el texto y espíritu de la Carta
Fundamental” (sentencia Rol Nº1.390-09);



II. SOBRE EL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO EN EL CASO CONCRETO

2°. En el caso de autos, la requirente acciona de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad del precepto legal, esto es, del 472 del Código del Trabajo,
en cuanto limita la procedencia del recurso de apelación respecto a las
resoluciones que se dicten en el marco del cumplimiento de una sentencia
laboral o en juicio ejecutivo de la misma materia. Ello porque impide el derecho
al recurso al prescribir que “Las resoluciones que se dicten en los
procedimientos regulados por este Párrafo serán inapelables, salvo lo dispuesto
en el artículo 470”;

3°. En coherencia con lo anterior, el precepto legal impugnado resulta
aplicable en la gestión pendiente de autos. Aquella, tiene su origen en un juicio
de cumplimiento de sentencia laboral iniciado 18 de agosto de 2017, ante el
Juzgado de Letras del Trabajo de Talca (C-178-2017). En él, los requirentes,
trabajadores, buscan ejecutar una sentencia dictada por el mismo tribunal de
fondo en juicio ordinario laboral, que acogió parcialmente su demanda y
ordenó que se pagaren ciertas sumas de dinero por concepto de
indemnizaciones, recargos, feriado legal y remuneraciones;

4°. En la gestión pendiente de autos, para la ejecución de la sentencia, los
requirentes señalaron bienes para la traba de embargo. Ello, pues, de acuerdo




11
0002507
DOS MIL QUINIENTOS SIETE




al requerimiento, los requirentes “(…) trabajadores mineros, obtuvieron
sentencia firme y ejecutoriada en 2017 por tutela laboral y cobro de prestaciones,
la cual nunca ha podido ejecutarse en razón de la falta de bienes conocidos de la
empresa condenada (…)” (fojas 2 del expediente constitucional).

No obstante, el Juzgado resolvió negar parte de la solicitud, por estimar
que “(…) no procede considerar el aporte societario como bienes susceptibles de
ser embargado (…)” y, respecto a las utilidades que la empresa requerida pueda
obtener en otra sociedad, se resolvió “(…) acompáñese los estatutos con la
finalidad de conocer la forma y época de reparto de las utilidades y su titularidad,
a fin de determinar la posibilidad de embargabilidad (…)” (fojas 1.500 del
expediente constitucional);

5°. Por ello, en contra de la resolución mencionada, los trabajadores
requirentes dedujeron recurso de reposición, con apelación en subsidio. En ese
contexto, el Tribunal de Alzada declaró inadmisible el recurso en virtud del
precepto legal impugnado, estando pendiente de resolverse un recurso de
reposición intentado por los requirentes en contra de aquella resolución.

Por ende, el proceso ante la Corte de Apelaciones de Talca corresponde a
la gestión pendiente relevante en autos y, a la fecha, se encuentra vigente y
suspendida por orden de esta Magistratura;



III. SOBRE LOS ESCRUTINIOS DE REVISIÓN JUDICIAL EN EL CASO
CONCRETO

6°. En el caso concreto la aplicación del precepto legal impugnado genera
efectos contrarios a la Constitución conforme a los escrutinios de revisión
judicial de la ley. Así, en derecho comparado, el Tribunal Supremo de Estados
Unidos de América utiliza el rational basis review (escrutinio de razonabilidad)
en todas sus variantes, ya sea el minimal scrutiny standard -también llamado
simplemente rational basis test- (escrutinio de razonabilidad básico o mínimo),
intermediate scrutiny (escrutinio de razonabilidad intermedio), o incluso un
heightened or strict scrutiny (escrutinio de razonabilidad estricto) para revisar
constitucionalmente la razonabilidad de una norma legal que regula o incide en
materia de derechos fundamentales.

7° En base a lo expuesto, en el caso de autos es posible aplicar el
escrutinio de revisión judicial de razonabilidad intermedio (PETTINGA, Lynn.,
“Rational Basis with Bite: intermediate Scrutiny by Any Other Name”, Indiana
Law Journal, Vol. 62: Iss. 3, Article 10, p. 790). En ese sentido, la razonabilidad es
relacional porque supone la subsunción del precepto legal impugnado a la
Constitución y a los derechos alegados como vulnerados;




12
0002508
DOS MIL QUINIENTOS OCHO




8°. Que, por lo tanto, aplicando dicho escrutinio, un precepto legal se
tornará inconstitucional en el caso concreto cuando restringa más allá de lo
razonable y necesario el ejercicio de un derecho fundamental. Así lo ha
explicado la doctrina comparada, tal como como recuerda Barak, a propósito
del caso United Mizrahi Bank, “[u]na ley restringe un derecho fundamental en
una magnitud no mayor a la requerida sólo si el legislador ha escogido -de todos
los medios posibles- aquel que menos restringe el derecho humano protegido. En
consecuencia, el legislador debe empezar por el “escalón” más bajo posible y luego
proceder lentamente hacia arriba hasta alcanzar aquel punto donde es posible
alcanzar el fin adecuado sin una mayor restricción que la requerida respecto del
derecho humano en cuestión” (AHARON BARAK (2017): Proporcionalidad. Lima,
Palestra, p. 351);



IV. SOBRE LA INFRACCIÓN DEL DERECHO A UN JUSTO Y RACIONAL
PROCEDIMIENTO

9°. Que la requirente estima que la aplicación del precepto legal
impugnado en la gestión pendiente vulnera el artículo 19 N°3, inciso sexto de la
Constitución, porque impide en recurrir de apelación en contra de la resolución
judicial que le agravia, lo cual vulnera su derecho al recurso;

10°A mayor abundamiento, el derecho a la revisión judicial es propio del
derecho al debido proceso, ya que al permitir que un tribunal superior revise lo
resuelto por uno inferior, el legislador da cumplimiento a la garantía de que el
procedimiento sea racional y justo. En este sentido, este Tribunal ha
considerado que es el principal órgano encargado de velar porque la aplicación
de la ley “a un caso concreto, efectivamente, no vulnere los límites
constitucionales (…)” (sentencia Rol N°1.065-08, c. 35);

11° Que, lo cierto es que, en la gestión pendiente, la aplicación del
artículo 472 del Código del Trabajo, la aplicación del precepto legal impugnado
supone un óbice a la revisión de aquella resolución, que le causa gravamen o
perjuicio, elemento indiscutible de todo recurso procesal, por parte de un
Tribunal distinto del que la dictó;

Y, es que, la aplicación del precepto legal impugnado impide a la parte
requirente discutir la cuestión que lo agravia ante un tribunal superior, distinto
del que se ya pronunció, lo que lesiona, en esta oportunidad, el derecho a un
procedimiento racional y justo, en cuanto lo priva de un mecanismo eficaz de
revisión de dicha resolución, cuyos efectos son de trascendencia para el
requirente, desde la perspectiva de su situación dentro del juicio y del ejercicio
legítimo de sus derechos;




13
0002509
DOS MIL QUINIENTOS NUEVE




12°. Por ende, en el caso concreto, el agravio constitucional se produce
porque la resolución dictada en la gestión pendiente queda excluida de
aquellas que resultan apelables en virtud del artículo 472 del Código del
Trabajo. Así, la imposibilidad de apelar la resolución mencionada, en el caso
concreto carece de la razonabilidad mínima necesaria porque priva al
requirente que un tribunal superior revise lo resuelto por el inferior;

13° Así, la aplicación de la norma legal no es razonable, pues provoca la
imposibilidad de revisión de lo resuelto, afectando los derechos fundamentales
alegados por la requirente de autos, esencialmente debido a un justo y racional
procedimiento;

En efecto, el procedimiento es “racional, en cuanto debe tratarse de un
procedimiento lógicamente dispuesto, que permita al juez sentenciar conforme a
derecho, y justo, en el sentido que el proceso debe ordenarse a su finalidad que es
la justicia, pero también en el sentido de ser justo en cada uno de sus trámites” (FE
RNÁNDEZ GONZÁLEZ, Miguel Ángel (2006): La nueva justicia penal frente a la
Constitución. Santiago, Lexis Nexis, p. 73). Ello es, en definitiva, consustancial al
derecho al debido proceso;

14°. Finalmente, es ineludible concluir que la aplicación del precepto
legal impugnado en autos vulnera el derecho al recurso de la parte requirente,
en cuanto no le permite apelar la resolución dictada por el tribunal de primera
instancia que lo agravia.

Por esto y lo señalado en los razonamientos anteriores, estos Ministros
consideran que el requerimiento deducido a fojas 1 debe ser acogido.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos
primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y
pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE, HABIÉNDOSE PRODUCIDO EMPATE DE VOTOS, NO SE HA
OBTENIDO LA MAYORÍA EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 93, INCISO
PRIMERO, NUMERAL 6°, DE LA CARTA FUNDAMENTAL PARA
DECLARAR LA INAPLICABILIDAD REQUERIDA, MOTIVO POR EL
CUAL SE RECHAZA EN TODAS SUS PARTES EL REQUERIMIENTO
DEDUCIDO A FOJAS 1.




14
0002510
DOS MIL QUINIENTOS DIEZ




II. QUE SE DEJA SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DECRETADA. OFÍCIESE AL EFECTO.



III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE, POR
ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR



PREVENCIÓN
Se previene que el ministro Sr. Mera concurre al voto por acoger el
requerimiento teniendo para ello exclusivamente en cuenta las circunstancias
del caso, pues si bien estima efectivo que el derecho al recurso no es absoluto y
el legislador puede restringirlo en aras de la prontitud, particularmente en
procedimientos que por su naturaleza deben ser breves, como los laborales, ello
no es constitucionalmente procedente cuando la restricción impide ejecutar un
fallo firme o, mejor, reclamar mediante un recurso de un impedimento que, al
imposibilitar la continuación de la cobranza transforma la sentencia en una
declaración inútil, en este caso para los trabajadores demandantes. No se trata
de que el Tribunal Constitucional valore la resolución del juez de primer grado,
ni de que el requerimiento se dirija contra esa resolución, sino de, sin juzgar su
mérito, constatar que su efecto es, en la práctica, equivalente a impedir la
prosecución de la ejecución, y en ese escenario el derecho a defensa, integrante
del debido proceso, impone que sea resguardada la parte afectada con un
recurso que permita acudir al tribunal revisor para que sea él quien decida si
esa clausura práctica de la cobranza está ajustada a derecho y al mérito del
proceso, o no.



Redactó el voto por rechazar la Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ; en
tanto el voto por acoger, fue redactado por la Ministra señora MARCELA PEREDO
ROJAS; y la prevención, su autor.




Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 16.829-25 INA.




15
0002511
DOS MIL QUINIENTOS ONCE




María Pía Silva Gallinato Miguel Angel Fernández González
Fecha: 28/05/2026 Fecha: 28/05/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 28/05/2026 Fecha: 28/05/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Alejandra Precht Rorris
Fecha: 28/05/2026 Fecha: 28/05/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 28/05/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora María
Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señor Raúl
Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señora Marcela
Inés Peredo Rojas, señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René Gómez
Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 28/05/2026




35592AAB-0F6D-4777-8621-9C594BD2F858
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su
validez puede ser consultada en www.tribunalconstitucional.cl con el
código de verificación indicado bajo el código de barras.