TC Rol 16833

Texto completo

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DOSCIENTOS CUATRO




2026

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.833-25 INA

[19 de mayo de 2026]
____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 33 DE LA
LEY N° 18.287, SOBRE PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUZGADOS DE
POLICÍA LOCAL



YOHAN ESTEBAN BRAVO SANHUEZA
EN EL PROCESO ROL N° 1488-2023, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE POLICÍA
LOCAL DE HUALPÉN, EN CONOCIMIENTO DE LA CORTE DE APELACIONES DE
CONCEPCIÓN, POR RECURSO DE HECHO, BAJO EL ROL N° 422-2024.



VISTOS:
Que, con fecha 25 de agosto de 2025, Yohan Esteban Bravo Sanhueza
acciona de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 33 de
la Ley N° 18.287, sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, para
que ello incida en el proceso Rol N° 1488-2023, seguido ante el Juzgado de Policía
Local de Hualpén, en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Concepción,
por recurso de hecho, bajo el Rol N° 422-2024.



Precepto legal cuya aplicación se impugna

El texto del precepto impugnado dispone en su parte destacada:


“Ley N° 18.287, sobre Procedimiento ante los Juzgados de
Policía Local.




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Artículo 33.- Son inapelables las sentencias definitivas dictadas en
procesos por simples infracciones a la Ley de Tránsito que sólo impongan
multas.
Asimismo, son inapelables las sentencias definitivas que sólo
impongan la sanción de amonestación o multa, dictadas en procesos por
contravención a los artículos 113, inciso primero, y 114, inciso primero, de
la Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres”.



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional
sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

Como antecedentes de la gestión pendiente relata que fue denunciado
por infracción a la Ley del Tránsito ante el Juzgado de Policía Local de Hualpén,
siendo sancionado al pago de una multa de 1,5 UTM con fecha 13 de noviembre
de 2024 por infringir el artículo 200 N° 40 de la Ley 18.290, de Tránsito.

En contra de dicha resolución interpuso recurso de apelación para ante
la Corte de Apelaciones de Concepción, el que fue declarado no ha lugar con
fecha 20 de noviembre de 2024 por el Juzgado de Policía Local de Hualpén,
atendido lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 18.827, por lo que interpone
recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones de Concepción, encontrándose la
causa “en relación”, según certificado de la gestión pendiente agregado a fojas
21.

Al fundamentar el conflicto constitucional, alega que la aplicación del
precepto impugnado vulnera la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo
19 N°2 de la Constitución, pues no existen parámetros objetivos y ajustados a la
razón que expliquen la restricción recursiva que impone dicho precepto.

Asimismo, refiere que tampoco es posible sostener que la decisión
señalada en la norma que se recurre de inaplicabilidad, esté suficientemente
fundada y que no sea arbitraria, es decir, que carezca de justificación, pues la
decisión del legislador de impedir recurrir de apelación de determinadas
resoluciones judiciales y no disponer de otros recursos especiales -como
reposición-, genera una contravención esencial a la igualdad ante otros
procedimientos judiciales que sí tienen una amplia gama de recursos judiciales
que permiten hacer efectivo el derecho a defensa y al debido proceso, entre
ellos, el de segunda instancia.

Por ello, establecer una diferencia no razonable, infundada y arbitraria
en el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, pone a las partes que se
someten a este tipo de jurisdicción en una situación diferenciada respecto del
resto de las personas que someten sus conflictos ante otros tribunales, con otros




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procedimientos y otras competencias legales, infringiendo, por tanto, el
principio de igualdad ante la Ley y de no discriminación arbitraria.

Al mismo tiempo, considera infringido el artículo 19 N° 3 de la
Constitución que, aunque la norma fundamental no señala expresamente que
existe un derecho al debido proceso, o un derecho al recurso y a la segunda
instancia, éstos claramente pueden desprenderse y derivarse de la defensa
jurídica y de las características de un procedimiento racional y justo, pues
implica proveer de todos los mecanismos necesarios para ejercer el derecho a
defensa ante los tribunales de justicia.

Por último, alega la infracción del artículo 8 y 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, que se refieren al derecho de ser oído y al
derecho a un recurso sencillo, rápido y eficaz. Del mismo modo, considera
vulnerado el artículo 14 N° 1 primera parte del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos que también consagra el derecho de toda persona a ser oída
con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido por la ley.

Tramitación y observaciones al requerimiento

Por resolución de fecha 12 de septiembre de 2025 a fojas 35, la Primera
Sala de esta Magistratura admitió a trámite el requerimiento, ordenando,
asimismo, la suspensión del procedimiento. Y, por resolución de la misma Sala,
fue declarado admisible con fecha 02 de octubre de dicho año a fojas 192.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales
interesados y a las demás partes en la gestión invocada, no se formularon
observaciones.



A fojas 200, en decreto de fecha 29 de octubre de 2025 se dispuso traer los
autos en relación.



Vista de la causa y acuerdo

En audiencia de Pleno del día 20 de abril de 2026, se verificó la vista de la
causa oyéndose la relación pública y sin alegatos de los abogados de las partes,
adoptándose acuerdo con igual fecha, conforme certificación de la señora
relatora.



Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: La acción de inaplicabilidad se deduce por Yohan Esteban
Bravo Sanhueza en contra del artículo 33 de la Ley N° 18.287, sobre




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Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, para que surta efectos en el
proceso Rol N° 1488-2023, seguido ante el Juzgado de Policía Local de Hualpén,
en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Concepción, bajo el Rol N°
422-2024.

En la gestión sub lite, el requirente fue condenado a pagar una multa de
1,5 UTM por cometer la infracción de conducir en vehículo motorizado y no ir
atento a las condiciones del tránsito. En contra de la respectiva sentencia, el
requirente dedujo un recurso de apelación al que el tribunal no dio lugar
atendido lo dispuesto en el precepto impugnado, el cual dispone, en su inciso
primero, que “Son inapelables las sentencias definitivas dictadas en procesos
por simples infracciones a la Ley de Tránsito que sólo impongan multas”. En
contra de la decisión anterior, el requirente dedujo recurso de hecho ante la
Corte de Apelaciones de Concepción para que revoque la resolución y declare
admisible el recurso de apelación interpuesto.

SEGUNDO: El requirente afirma que la aplicación del precepto
impugnado en el caso concreto le impide acceder a una revisión de la sentencia
por un tribunal superior, privándolo de uno de los mecanismos esenciales del
derecho a defensa. En base a los mismos argumentos plantea que el precepto
impugnado vulnera los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y el artículo 14, N° 1, del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos. Asimismo, sostiene que la aplicación del precepto introduce
una distinción arbitraria en comparación con lo que ocurre con otros
procedimientos en donde las partes sí disponen de una amplia gama de
recursos.

TERCERO: En cuanto al derecho al recurso, este Tribunal ha precisado
que no se encuentra expresamente contemplado, y por tanto desarrollado, en
nuestra Constitución (STC 12.695, 12.705, 12.985, 13.105, 14.421, entre otras).
Como elemento integrante del debido proceso, este Tribunal ha sostenido que
“ni en la dogmática jurídica ni en los textos positivos -nacionales,
internacionales y comparados- existe un elenco taxativo de los componentes
formalmente definidos como requisitos del debido proceso, aplicables a todo
posible contencioso judicial, cualquiera sea su naturaleza, como numerus
clausus. Más bien, se ha tendido a exigir elementos mínimos, con variaciones
en ciertos componentes según la naturaleza específica del proceso de que se
trate.” (STC 2723, c. 7°).

CUARTO: Asimismo, esta Magistratura ha puntualizado que el
reconocimiento del “derecho al recurso”, como requisito del debido proceso,
admite una serie de matices y precisiones. Así, de los antecedentes de la historia
fidedigna de la Constitución vigente se hizo ver que, “como regla general”, se
reconoce la facultad para interponer recursos, lo que de suyo implica la




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evidente constitucionalidad de algunas hipótesis en que tales recursos no van a
ser admisibles o, simplemente, no existirán (STC 2723, c. 10°). En consecuencia,
el derecho al recurso no tiene carácter absoluto, de modo que el legislador goza
de libertad para limitarlo, regularlo y configurar el régimen recursivo que
mejor se adecúe a las características y naturaleza de cada procedimiento,
siempre que se respeten las demás garantías del debido proceso.

QUINTO: Sobre esta materia no existe un modelo único en nuestra
legislación, sino que es variable según el procedimiento de que se trate, lo que
es constatable si se analizan una variedad de leyes especiales que regulan
distintos procedimientos legales. Esa diversidad de procedimientos en nuestro
ordenamiento jurídico ha sido posible precisamente porque la Constitución no
impone un diseño recursivo, pues no exige que todas y cada una de las
resoluciones sean recurribles ante un tribunal superior. De este modo “la
exigencia constitucional del derecho al recurso como componente del debido
proceso, depende de múltiples circunstancias sistémicas y de contexto procesal,
o incluso concretas, y no configura un requisito de validez del juicio per se" (STC
2798, c. 16°).

En ese contexto, el legislador tiene discrecionalidad para establecer
procedimientos en única o en doble instancia, de acuerdo a la naturaleza del
conflicto que pretende regular (Véase STC 576, 821, 1373/2010, 1432; 1443, 1535,
entre otras). Asimismo, esta Magistratura ha sostenido que la Constitución no
garantiza el derecho al recurso de apelación. Es decir, no asegura la doble
instancia (Véase STC 986, 1252, 1432 y 1458), quedando garantizado solo
respecto de sentencias definitivas en procesos de mayor relevancia jurídica, sea
por su cuantía o por la importancia de derechos no patrimoniales que estén
comprometidos.

SEXTO: En cuanto a la procedencia de recursos la doctrina ha estimado
que “todo proceso debido debe contener un sistema que los contemple, salvo en
aquellos casos en que, por la naturaleza del conflicto, sea recomendable que el
tribunal ejerza su jurisdicción en única instancia” (Colombo Campbell, J. (2006):
El debido proceso constitucional, Cuadernos del Tribunal Constitucional, N° 32,
p. 108). Delineando con mayor precisión todavía la potestad legislativa de no
admitir recursos en contra de una decisión judicial, el procesalista uruguayo
Eduardo Couture señala que: "las apelaciones no son esenciales para la validez
constitucional de un procedimiento; sobre este punto la conclusión es pacífica.
Pero se ha sostenido, en cambio, que la apelación es esencial, si la primera
instancia se ha desenvuelto en forma tal que priva al litigante de garantías
mínimas de defensa" (Couture, E., (1958): Fundamentos del derecho procesal
civil, 3ª edición (póstuma), Roque Depalma Editor, p. 158).




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Lo anterior también tiene su fundamento en establecer una “pronta y
cumplida administración de justicia” (artículo 76 de la Constitución), en tanto el
legislador “[n]o puede asegurar que sea la decisión correcta ni aun
contemplando diversos mecanismos de impugnación, toda vez que en la
decisión que se pronuncie sobre estos últimos también está presente el riesgo
de error judicial. No puede mantener abiertos los conflictos eternamente, pues
ello haría perder sentido a la jurisdicción, llamada precisamente a darles
solución y, por esa vía, sostienen algunos, contribuir a la convivencia pacífica, a
la estabilización de las relaciones jurídicas y a la seguridad jurídica, todos ellos
valores apreciados por los sistemas jurídicos y sociales” (Flavia Carbonell, 2021,
“El lugar del error en el diseño de los procesos judiciales” en Fundamentos
Filosóficos del Derecho Procesal, Valencia, Tirant lo Blanch, p. 302).

SÉPTIMO: Tampoco existe ningún tratado o norma obligatoria para el
Estado de Chile que disponga o del que se desprenda que el derecho al recurso
deba ejercerse respecto de toda resolución que se dicte en cualquier clase de
juicio. Al contrario, los tratados internacionales citados garantizan el derecho
al recurso para resoluciones definitivas en materia penal. Así, el artículo 8, N°
2), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se refiere a las
garantías de las personas inculpadas de un delito y, su letra h), al derecho a
recurrir “del fallo”. El artículo 14, N° 5, del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, a su turno, garantiza que “Toda persona declarada culpable
de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya
impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la
ley”, por lo que no cabe extenderlo a procedimientos de otra naturaleza con el
mismo nivel de intensidad.

OCTAVO: Por lo dicho, la decisión de sustituir o modificar el sistema de
acciones y recursos respecto de las decisiones judiciales constituye una
problemática que –en principio– debe ser decidida por el legislador dentro del
marco de la deliberación democrática, de modo que no se opone a la
Constitución un procedimiento que se resuelva en única instancia,
especialmente en un procedimiento especial de cuantía menor en el que se
impone solo una multa por “simples infracciones a la Ley de Tránsito".

NOVENO: En relación con la igualdad ante la ley, consagrada en el
numeral 2 del artículo 19 de la Constitución, se ha explicado por este Tribunal
que “consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las
personas que se encuentren en las mismas circunstancias y,
consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentren en situaciones
diferentes. No se trata, por consiguiente, de una igualdad absoluta sino que ha
de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias constitutivas del
mismo. La igualdad supone, por lo tanto, la distinción razonable entre quienes
no se encuentren en la misma condición. Así, se ha concluido que la



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razonabilidad es el cartabón o standard de acuerdo con el cual debe apreciarse
la medida de igualdad o la desigualdad” (STC 784, c. 19°, en el mismo sentido,
STC 3063, c. 32°; 7217, c. 24°; 7203, c. 28°; 7181, c. 24°; 7972, c. 40°).

DÉCIMO: Para efectos de dilucidar si se produce una infracción al
derecho a la igualdad ante la ley, siguiendo lo razonado reiteradamente por
esta Magistratura, “es necesario determinar, en primer lugar, si realmente
estamos frente a una discriminación o diferencia de trato entre personas que se
encuentran en una situación similar, para luego examinar si tal diferencia tiene
el carácter de arbitraria importando una transgresión a la Carta Fundamental.
Así, debe analizarse si tal diferencia carece de un fundamento razonable que
pueda justificarla y si, además, adolece de falta de idoneidad para alcanzar la
finalidad que ha tenido en vista el legislador. La razonabilidad es el cartabón o
estándar que permite apreciar si se ha infringido o no el derecho a la igualdad
ante la ley. De esta manera, la garantía de la igualdad ante la ley no se opone a
que la legislación contemple tratamientos distintos para situaciones diferentes,
siempre que tales distinciones o diferencias no importen favores indebidos
para personas o grupos” (STC 784, c. 19°, en el mismo sentido, STC 1138, c. 24°;
1140, c. 19°; 1340, c. 30°; 1365, c. 29°; 2702, c. 7°; 2838, c. 19°; 2921, c. 11°; 2922, c.
14°; 3028, c. 11°; 2895, c. 9°; 2983, c. 3°; 6685, c. 17°; 5674, c. 3°; 4434, c. 33°; 4370,
c. 19°; 3470, c. 18°; 5275, c. 27°).

UNDÉCIMO: El requerimiento sostiene que el precepto impugnado
establece una diferencia arbitraria y pone a las partes que se someten a este
tipo de jurisdicción en una situación diferenciada respecto del resto de las
personas que someten sus conflictos ante otros tribunales y con otros
procedimientos, como en materia penal, civil, administrativa. Sin embargo,
como hemos señalado, al efectuar el examen de igualdad siempre debe
contrastarse situaciones análogas, fáctica y jurídicamente comparables,
requisito que no se cumple en los argumentos vertidos en el requerimiento, sin
que pueda analizarse ocupando como base de comparación la situación de
procedimientos y situaciones procesales enteramente diversas. De ser así, se
corre el riesgo de exigir un trato igualitario en situaciones disímiles, lo que
podría conllevar una vulneración al propio principio de igualdad al imponer
un mismo trato legislativo a realidades distintas.

DUODÉCIMO: En el caso concreto, nos encontramos ante un
procedimiento de naturaleza rápida, de escasa entidad económica y de una
complejidad jurídica menor, en el que se excluye la apelación solo respecto de
sentencias que hayan impuesto una sanción de carácter pecuniario por una
simple infracción a la Ley del Tránsito, esto es, respecto de aquellas que no
contienen decisiones sobre otras materias de mayor cuantía o dificultad, lo que
permite que el legislador lo reglamente de un modo distinto a lo que sucede en
un juicio ordinario de mayor cuantía o en un juicio penal.



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DÉCIMO TERCERO: En consecuencia, considerando las diferencias
entre ambos procedimientos y atendido que la garantía jurídica de la igualdad
supone la diferenciación razonable entre quienes no se encuentren en la
misma condición y que el legislador goza de autonomía para configurar
procedimientos con reglas diversas, siempre que con ello respete las exigencias
de un racional y justo procedimiento, no cabe sino también rechazar este
segundo reproche.

DÉCIMO CUARTO: Por las consideraciones expuestas precedentemente,
se rechaza el presente requerimiento de inaplicabilidad.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos
primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y
pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
DEDUCIDO A FOJAS 1, EN TODAS SUS PARTES.

II. QUE SE ALZA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA
EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE, POR
ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.

DISIDENCIA

El Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZALEZ, la Ministra
señora MARCELA PEREDO ROJAS, y el Ministro señor MARIO GÓMEZ MONTOYA,
estuvieron por acoger el requerimiento, por las siguientes razones:

1°. Que, el caso concreto a dilucidar en la presente acción de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad es la decisión del tribunal de base de
declarar improcedente un recurso de apelación en contra de la sentencia
definitiva “…dictada en un proceso “por simples infracciones a la Ley de Tránsito
que sólo impongan multas.”, de conformidad a lo prevenido en el artículo 33 de
la Ley N° 18.287, sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local.

2°. Que, se advierte de la sola lectura de la norma transcrita que debiera
ser asimilable a lo prescrito en el artículo 32 del mismo cuerpo legal, que hace
apelable “solo” las sentencias definitivas; pero, en la especie, aún tratándose de
un fallo definitivo, con las consecuencias jurídicas que ello conlleva, como es la
de constituir título ejecutivo en favor del tercero no sancionado en que se
pretenda el pago de consecuencias patrimoniales, de innegable significación



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para los justiciables, no la hace sujeta del medio de impugnación por
antonomasia, como es el recurso de apelación, porque se trata de una “simple”
infracción a la Ley de Tránsito, en que sólo se impone multa.

3°. Que, en el caso concreto, se trata una sentencia definitiva
condenatoria emanada del órgano jurisdiccional competente, que debe ser
apelable y/o revisable por el tribunal superior. Al respecto, cabe reiterar por la
Ministra y Ministros los argumentos generales respecto del derecho al recurso,
vertidos en la disidencia en la sentencia de fecha 16 de enero de 2025 recaída en
el Rol N° 15.334-24 INA. Así, argumentamos:

4°. Que, …, cabe señalar que la Constitución Política de la República
en su artículo 19 N° 2 consagra la garantía fundamental de la igualdad
ante la ley, garantía respecto de la cual el Tribunal Constitucional en el
considerando cuadragésimo del Rol N° 7.972 indicó que “consiste en que
las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se
encuentren en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas
para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes. No se trata, por
consiguiente, de una igualdad absoluta, sino que ha de aplicarse la ley en
cada caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo. La igualdad
supone, por lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se
encuentren en la misma condición. Así, se ha concluido que la
razonabilidad es el cartabón o standard de acuerdo con el cual debe
apreciarse la medida de igualdad o la desigualdad”;

5°. Que, junto a lo anterior es del caso recordar que la igualdad
también “garantiza la protección constitucional de la igualdad “en la ley”,
prohibiendo que el legislador, en uso de sus potestades normativas, o
cualquier otro órgano del Estado, establezca diferencias entre las personas
y respecto de situaciones o finalidades que tengan una motivación, utilicen
medios o bien produzcan un resultado de carácter arbitrario, pues el
constituyente no prohibió toda desigualdad ante la ley, sino que se inclinó
por establecer como límite a la arbitrariedad, prohibiendo toda
discriminación arbitraria” (c. 28° Rol N° 3.770);

7°. Que, por otra parte, resulta necesario recordar que esta
Magistratura ya se ha pronunciado respecto de requerimientos que han
objetado preceptos legales que limitan el recurso de apelación, en este
sentido el considerando octavo del rol N° 7.920 expone a modo de síntesis
los razonamientos que se han expuesto en fallos anteriores, señalando: -
Que, el artículo 19 N° 3° inciso sexto obliga al legislador establecer un
procedimiento racional y justo, lo cual debe entenderse como la existencia
de un debido proceso; - Que, el derecho al recurso forma parte de la
garantía del debido proceso legal consagrada en el inciso sexto de la




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norma aludida, el cual consiste en la facultad de solicitar a un tribunal
superior que revise lo resuelto por el inferior, y el racional y justo
procedimiento necesariamente debe contemplar la revisión de las
decisiones judiciales; y - que, sin embargo, el derecho al recurso, como
indiscutible elemento integrante del debido proceso, no es un derecho
absoluto ni debe asimilarse a ultranza a la segunda instancia, por lo que no
siempre la exclusión del recurso de apelación importará una transgresión
a la garantía constitucional del debido proceso. Pero, a la inversa, no
siempre la interdicción al recurso de apelación será compatible con la
Constitución”;

8°. Que, al respecto, con relación al asunto concreto que ha sido
sometido a su conocimiento, este Tribunal se pronunció en el considerando
decimosexto del rol N° 11.363, señalando: “(…) deriva de la concepción que
se tenga de los recursos. Es claro que si éstos se entienden más como un
mecanismo de control jerárquico y no tanto como garantías de los
justiciables contra la arbitrariedad y errores que puedan cometer los
tribunales en su actividad de sentenciar, resulta bastante más llano el
camino a reformas que pretendan suprimir la doble instancia, que
comienza a plantearse como prescindible. En cambio, si el planteamiento
es del recurso de apelación y la doble instancia como garantía del
justiciable, una reforma en la dirección indicada se convierte rápidamente
en una reformatio in peius que conculca la garantía al doble examen del
mérito” (Diego Palomo Vélez: “Apelación, Doble Instancia y Proceso Civil
Oral. A Propósito de la Reforma en Trámite”, Estudios Constitucionales,
Año 8 N° 2, 2010, p. 489);

9°. Que, en este contexto, en atención a lo previamente expuesto, no
son estos sentenciadores los que deben realizar esa opción, por cuanto esto
ha sido resuelto por la Constitución misma, al asegurar a todas las
personas la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el
derecho a defensa jurídica y el derecho a un procedimiento racional y justo,
… (numeral 18 voto disidente rol N° 13.324);

10°. Que, finalmente, en relación al recurso de apelación, cabe ser
especialmente cuidadoso porque la segunda instancia constituye un
principio de nuestra organización judicial, desde que, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 110 del Código Orgánico de Tribunales, “una vez
fijada con arreglo a la ley la competencia de un juez inferior para conocer
en primera instancia de un determinado asunto, queda igualmente fijada
la del tribunal superior que debe conocer del mismo asunto en segunda
instancia”, lo que, conforme al artículo 77 de la Constitución es materia de
ley orgánica constitucional, la que determina “(…) la organización y
atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y



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cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República
(…)”, justificando que sólo pueda ser modificada oyendo previamente a la
Excelentísima Corte Suprema (numeral 13 del voto disidente del Rol N°
14.093);

4°. Que, por las razones expuestas, estos disidentes estuvieron por acoger
la acción de inaplicabilidad, explicitada en el numeral 1° de esta disidencia.



Redactó la sentencia la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, y la
disidencia el Ministro señor MARIO GÓMEZ MONTOYA.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 16.833-25 INA.




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Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 22/05/2026



Miguel Angel Fernández González
Fecha: 20/05/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 20/05/2026 Fecha: 20/05/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Alejandra Precht Rorris
Fecha: 20/05/2026 Fecha: 20/05/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 22/05/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora María
Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señor Raúl
Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señora Marcela
Inés Peredo Rojas, señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René Gómez
Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 25/05/2026




AD9AFE3A-657B-406C-91E3-F9660E155538
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