TC Rol 16852

Texto completo

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NOVECIENTOS SETENTA




2026

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________

Sentencia
Rol 16.852-2025
[21 de enero de 2026]

____________



REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 167 INCISO
PRIMERO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, EN LA FRASE
“SI EN ÉSTE SE HA DEDUCIDO ACUSACIÓN O FORMULADO
REQUERIMIENTO, SEGÚN EL CASO”


ROBERTO IGNACIO URRUTIA ARAYA

EN EL PROCESO ROL C-1036-2025, SEGUIDO ANTE EL TERCER JUZGADO DE
LETRAS DE IQUIQUE



VISTOS:

Que, con fecha 28 de agosto de 2025, Roberto Ignacio Urrutia Araya acciona de
inaplicabilidad respecto del artículo 167 inciso primero del Código de Procedimiento
Civil, en la frase “si en éste se ha deducido acusación o formulado requerimiento, según el
caso”, para que ello incida en el proceso Rol C-1036-2025, seguido ante el Tercer
Juzgado de Letras de Iquique.

Las disposiciones legales impugnadas disponen lo siguiente en su parte
destacada:



“Código de Procedimiento Civil

(…)

“Artículo 167- Cuando la existencia de un delito haya de ser fundamento preciso de
una sentencia civil o tenga en ella influencia notoria, podrán los tribunales suspender el




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pronunciamiento de ésta hasta la terminación del proceso criminal, si en éste se ha deducido
acusación o formulado requerimiento, según el caso.

(…)”.



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

Indica la parte requirente que la gestión pendiente se originó el 13 de mayo de
2025, cuando Mohamad Hassan Fares, por sí y en representación de Import Export
Salvation Star Limitada e Inmobiliaria Mohamad Hassan Fares E.I.R.L, dedujo
demanda de nulidad de contratos e indemnización de perjuicios por responsabilidad
extracontractual y, en subsidio, resolución de contratos con indemnización de
perjuicios, en contra de Mohamad Kassem Hachem, Roberto Ignacio Urrutia Araya,
Mohamad Hussein Hachem y Big City Investment SpA.

Los demandantes sostienen que fueron víctimas de una defraudación
organizada ejecutada mediante simulación contractual, con el objetivo de apropiarse
de bienes inmuebles y activos patrimoniales avaluados en más de cinco mil millones
de pesos, sin pagar contraprestación alguna. Atribuyen al requirente Roberto Urrutia
Araya el rol de abogado encargado de confeccionar diversos instrumentos notariales
mediante los cuales se perfeccionaron las operaciones que se pretenden anular. Los
contratos cuestionados incluyen promesas de compraventa, compraventas de
inmuebles en Iquique, Alto Hospicio y Pica, cesiones de derechos de aguas, mandatos
y escrituras de cancelación de precio. Los demandantes afirman que jamás recibieron
pago alguno y que los valores señalados en los documentos eran falsos.

Añaden que el 31 de marzo de 2025, los mismos actores dedujeron querella
criminal por el delito de estafa ante el Juzgado de Garantía de Iquique (RIT 1870-2025,
RUC 2510015524-1) en contra de Mohamad Kassem Hachem y todos los que resulten
responsables. La querella se funda en los mismos hechos descritos en la demanda civil,
replicando párrafos completos. Si bien no está dirigida formalmente contra el
requirente, menciona su nombre en numerosas oportunidades como coautor de los
supuestos hechos delictivos. La investigación penal se encuentra en etapa
desformalizada.

Adicionalmente, Mohamad Kassem Hachem interpuso querella por denuncia
calumniosa contra Mohamad Hassan Fares (RIT 3409-2025, RUC 2510029697-K) ante
el mismo tribunal, solicitando agrupar las investigaciones por tratarse de los mismos
hechos.

Luego, expone que el 16 de junio de 2025, dedujo incidente de suspensión del
procedimiento civil invocando el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil.
Argumentó que la existencia del delito de estafa es fundamento preciso de la sentencia
civil o tiene influencia notoria en ella, por lo que correspondía suspender el



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pronunciamiento hasta la terminación del proceso criminal. Sostuvo que el juez civil
no puede determinar la nulidad de contratos fundada en un engaño constitutivo de
delito sin conocer previamente si existió o no dicho delito, su extensión y partícipes,
aspectos que sólo puede esclarecer el Ministerio Público.

El Tercer Juzgado Civil de Iquique rechazó el incidente, argumentando que no
se cumplían los presupuestos del artículo 167 del Código de Procedimiento Civil.

Al fundar el conflicto constitucional, la requirente sostiene que la aplicación
de la norma impugnada resulta inconstitucional por vulnerar el artículo 19 N° 3 inciso
sexto de la Constitución Política.

Sostiene que la disposición señalada infringe el derecho al debido proceso
porque impide suspender el procedimiento civil hasta que la causa penal alcance la
etapa de acusación o requerimiento, aun cuando la existencia del delito sea
fundamento preciso de la sentencia civil o tenga influencia notoria en ella. En el caso
concreto la demanda civil se funda expresamente en un engaño que el propio
demandante calificó como delito de estafa en la querella criminal, que ambas acciones
se fundan en los mismos hechos replicando incluso párrafos idénticos, que la
determinación de la existencia del delito es materia exclusiva del Ministerio Público y
tribunales penales, y que conforme al artículo 180 del Código de Procedimiento Civil
la sentencia penal que establezca la existencia del delito produce cosa juzgada en
materia civil.

Por lo anterior, el requirente sostiene que aplicar la norma impugnada vulnera
el debido proceso en cuatro dimensiones: derecho a la bilateralidad de la audiencia,
pues se vería privado de conocer oportunamente los resultados de la investigación
criminal que constituyen prueba esencial para su defensa; derecho a la igualdad de
las partes, porque el demandante puede presentar su versión mediante la querella
criminal mientras el requirente no accede a los antecedentes que arroje la investigación
antes de la sentencia civil; derecho a presentar e impugnar pruebas, pues no podría
hacer valer en sede civil los antecedentes de la investigación penal ni controvertir la
pretensión de nulidad fundada en un delito no determinado; y derecho a una
resolución motivada sobre el fondo, porque el juez civil podría decretar la nulidad
fundándose en la existencia de un delito cuya ocurrencia, circunstancias y partícipes
no han sido establecidos por el órgano competente.

Alega que resulta irracional e injusto que el sistema procesal contemple una
suspensión para evitar decisiones contradictorias pero la supedite a la etapa de
acusación o requerimiento, haciendo ilusoria la aplicación del artículo 180 del Código
de Procedimiento Civil. Refiere, en tal sentido, que si la causa civil avanza sin esperar
la decisión del Ministerio Público sobre si formaliza la investigación o existe mérito
para acusar, se estaría entregando al juez civil la determinación de un hecho
constitutivo de delito sin contar con la investigación que la ley encomienda
exclusivamente al Ministerio Público.



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Precisa, unido a lo anterior, que la situación se agrava porque el proceso civil
versa sobre más de diez instrumentos públicos, está en juego patrimonio inmobiliario
por más de mil millones de pesos, existe querella por denuncia calumniosa que
cuestiona la veracidad de los hechos que fundan ambas acciones, y el requirente no
fue formalmente querellado en la causa penal pero se le menciona reiteradamente
como partícipe.



Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por resolución de 2 de septiembre de
2025, a fojas 263. Se confirió traslado a las demás partes para examinar el
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad.

A fojas 918, con fecha 12 de septiembre de 2025, Inmobiliaria Mohamad Hassan
Fares EIRL, Import Export Salvation Star Limitada y Mohamad Hassan Fares, evacuó
traslado solicitando que se declare inadmisible el requerimiento, indicando que
confluyen las causales de los numerales 5 y 6 del artículo 84 de la Ley Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional.

Respecto del numeral 5, sostiene que el precepto legal impugnado no es
decisivo porque el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil confiere una
facultad al juez (“podrán los tribunales suspender”), no una obligación. Anota que el
Tercer Juzgado de Letras de Iquique ya optó por seguir conociendo el proceso
considerando que el resultado de la acción penal no afectará la resolución sobre
nulidad de contratos. Y, con ello, el requirente no impugnó mediante recurso procesal
la resolución que rechazó la suspensión, y ahora mediante requerimiento de
inconstitucionalidad alega que la resolución carecía de fundamentos, atentando
contra la teoría de los actos propios.

Con referencia al numeral 6, anota que el requerimiento carece de fundamento
plausible porque pretende la suspensión por la mera existencia de una investigación
penal donde el requirente ni siquiera es parte, ya que no fue querellado. Argumenta
que con la sola lectura del precepto se concluye que concede una facultad, y la facultad
conferida a los jueces civiles garantiza la protección del debido proceso.

Subsidiariamente, en cuanto al fondo, argumenta que el requirente no tiene
legitimación porque no es parte en las causas penales, que la suspensión es inoficiosa
porque la acción civil versa sobre nulidad de contratos que el juez civil puede resolver
sin esperar el resultado penal, y que las acciones son independientes.




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Posteriormente, a fojas 933, por resolución de 29 de septiembre de 2025, se
declaró la admisibilidad del requerimiento y confirió traslados de fondo.

Precluido el plazo otorgado en la resolución de admisibilidad, a fojas 944, por
decreto de 29 de octubre de 2025, se dispuso traer los autos en relación.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 30 de diciembre de 2025 se oyó la relación pública y los
alegatos de los abogados señores Rodrigo Reyes Pérez, por la parte requirente, y
Sergio Salas Arriagada, por la parte requerida. Fue adoptado acuerdo con igual fecha,
conforme fue certificado por el relator.



Y CONSIDERANDO:



PRIMERO: Que, en torno a la gestión pendiente, conviene recordar lo que ya
se señaló en la parte expositiva de esta sentencia. Advertimos que existen dos acciones
deducidas en dos procesos de diversa naturaleza.

La primera de ellas – que corresponde a la gestión pendiente invocada en estos
autos constitucionales – se tramita ante el Tercer Juzgado de Letras de Iquique, bajo el
Rol C-1036-2025 en que don Mohamad Hassam Fares, por sí y en representación de
Import Export Salvation Star Ltda., e Inmobiliaria Mohamad Hassan Fares EIRL
dedujo demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad
extracontractual y nulidad del contrato, y en subsidio demanda de resolución de
contratos con indemnización de perjuicios en contra de don Mohamad Kassem
Hachem, don Roberto Urrutia Araya, don Mohamad Hussein Hachem e Inversiones
Big City Invesment SpA.

La segunda acción corresponde al proceso penal iniciado por los mismos
actores mediante querella criminal por el delito de estafa, seguido ante el Juzgado de
Garantía de Iquique bajo el RIT 1870-2025, RUC 2510015524-1, en contra de Mohamad
Kassem Hachem y todos quienes resulten responsables. El requirente hace presente
que la querella se funda en los mismos hechos descritos en la demanda civil, y que si
bien no se dirige formalmente en su contra, sí es mencionado en numerosas
oportunidades como coautor de los hechos constitutivos de delito. Añade que la
investigación penal se encuentra desformalizada a la fecha de presentación del
requerimiento.

SEGUNDO: Que el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, precepto
legal que en estos autos constitucionales se ha impugnado, dispone que cuando la
existencia de un delito haya de ser fundamento preciso de una sentencia civil o tenga
en ella influencia notoria, podrán los tribunales suspender el pronunciamiento de ésta



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hasta la terminación del proceso criminal, si en éste se ha deducido acusación o
formulado requerimiento, según el caso. Esta suspensión, dispone la regla
cuestionada, podrá decretarse en cualquier estado del juicio, una vez que se haga
constar la circunstancia mencionada. Si se formare incidente, éste se tramitará en pieza
separada sin paralizar la marcha del juicio.

La regla examinada establece, en primer lugar, una mera facultad y no una
obligación para los jueces del fondo. Enseguida, podemos destacar que tal decisión no
es adoptada al mero amaño o capricho del juez, sino que exige la concurrencia de dos
hitos procesales significativos en la causa penal: que deducido acusación o formulado
requerimiento.

Conviene precisar que el artículo 259 del Estatuto Procesal Penal establece que
los requisitos de la acusación, manifestados de manera clara y precisa, son los
siguientes:

a) La individualización de el o los acusados y de su defensor;

b) La relación circunstanciada de el o los hechos atribuidos y de su calificación
jurídica;

c) La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal
que concurrieren, aun subsidiariamente de la petición principal;

d) La participación que se atribuyere al acusado;

e) La expresión de los preceptos legales aplicables;

f) El señalamiento de los medios de prueba de que el Ministerio Público
pensare valerse en el juicio;

g) La pena cuya aplicación se solicitare, y

h) En su caso, la solicitud de que se proceda de acuerdo al procedimiento
abreviado.

A su vez, conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 390 del
Código Procesal Penal, si el fiscal formulare acusación y la pena requerida no
excediere de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, la acusación se tendrá
como requerimiento, debiendo el juez disponer la continuación del procedimiento de
conformidad a las normas del Título I del Libro IV de ese Código.

TERCERO: Que, entonces, fácil es advertir que el requerimiento cuestiona
como contrario a la Constitución el precepto legal que circunscribe la potestad del
tribunal civil de suspender el proceso y la dictación de sentencia definitiva mientras
se sustancia la investigación criminal por parte del Ministerio Público, estimando
entonces que la exigencia legal de existir acusación o requerimiento son impedimentos
que deben ser removidos mediante el acogimiento de la acción constitucional de fojas
1, declarándose en consecuencia que son inaplicables en los autos “Inmobiliaria




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Mohamad Hassan Fares EIRL con Hachem”, Rol C-1036-2025, del Tercer Juzgado de
Letras de Iquique.

CUARTO: Que el ejercicio de la potestad que el artículo 93 Nº6 de la Carta
Fundamental confía a esta Judicatura, exige que el control de constitucionalidad a
desarrollarse respecto de los preceptos impugnados sea circunstanciado. Es decir,
contempla la obligación de que el juez constitucional, en su examen, atienda
necesariamente a las particularidades del caso concreto.

Esto ha sido reconocido por esta Magistratura en su jurisprudencia, al sostener
que “el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es la acción que el
ordenamiento supremo franquea para evitar que la aplicación de uno o más preceptos legales,
invocados en una gestión judicial pendiente, produzca efectos, formal o sustantivamente,
contrarios al Código Político. Trátase, por ende, de un control concreto de la constitucionalidad
de la ley, centrado en el caso sub-lite y cuya resolución se limita a que disposiciones legales
determinadas, en sí mismas, resulten, en su sentido y alcance intrínseco, inconciliables con el
texto y espíritu de la Carta Fundamental” (sentencia Rol Nº1.390-09).

Del mismo modo, el Tribunal Constitucional ha señalado que al conocer de
una acción de inaplicabilidad “la Magistratura constitucional no está compelida a la mera
comparación abstracta de dos normas de diverso rango, para desentrañar su incompatibilidad,
sino que en el instituto de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad “comparecen tres
elementos de cotejo necesarios para su decisión; a saber: la norma constitucional, el precepto
legal cuya inaplicación se solicita y -lo más específicamente decisivo- el examen particular
acerca de si “en ese caso, la aplicación del precepto cuestionado pudiera generar efectos opuestos
a la finalidad implícita de aquella…” Por eso, “puede advertirse que hay preceptos legales que
pueden estar en perfecta consonancia con la carta fundamental y, no obstante, ello, ser
inaplicables a un caso particular, precisamente porque en la particularidad de ese caso, la
aplicación de una norma legal objetada es contraria a los efectos previstos por la norma
constitucional” (STC Rol Nº478-06. En el mismo sentido, ver STC 478 c. 15; STC 480 c.
27; STC 523 c. 4; STC 552 c. 7; STC 558 c. 5; STC 596 c. 12; STC 616 c. 49; STC 626 c. 1;
STC 654 c. 7; STC 718 c. 44; STC 811 c. 2; STC 944 c. 18; STC 1.011 c. 2; STC 1.029 c. 7;
STC 1.061 c. 3; STC 1.065 c. 18; STC 1.145 c. 7; STC 1.204 c. 1; STC 1.253 c. 3);

QUINTO: Que con fecha 16 de junio de 2025, el requirente promovió un
incidente de suspensión del procedimiento en virtud de lo dispuesto en el artículo 167
del Código de Procedimiento Civil, solicitando que se decrete la suspensión del
procedimiento rol C-1036-2025, hasta la terminación del proceso penal tramitado bajo
el RIT 1870-2025 ante el Juzgado de Garantía de Iquique. Mediante resolución de fecha
17 de junio de 2025, el tribunal se pronunció sobre el incidente resolviendo: “A lo
principal, no cumpliéndose los presupuestos del artículo 167 del Código de Procedimiento
Civil, no ha lugar”.




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Consta tanto de los antecedentes remitidos por el Tercer Juzgado de Letras de
Iquique como de lo expresado por el propio requirente en estrados, que dicha
resolución no fue objeto de recurso alguno, quedando firme la decisión del tribunal.

SEXTO: Que, atendido el estado de la gestión pendiente, se desprende
claramente que la norma impugnada ya ha tenido aplicación en una resolución firme,
no vislumbrándose cómo ésta pueda ser decisiva en su estado actual de tramitación.

SÉPTIMO: Que, asimismo, esta Judicatura Constitucional ha sostenido que
“… la jurisdicción es una función pública privativa de los tribunales de justicia, de acuerdo al
artículo 73 (76) CPR, cuyo ejercicio constituye un poder deber que permite al Estado, a través
de ellos, garantizar la vigencia efectiva del derecho y, a las partes afectadas por un conflicto, su
solución uniforme y ajustada a la ley” (STC 205, c. 8). También ha resuelto que “la
jurisdicción supone el poder-deber que tienen los tribunales para conocer y resolver, por medio
del proceso y con efecto de cosa juzgada, los conflictos de intereses de relevancia jurídica que se
promueven en el orden temporal dentro del territorio de la República y en cuya solución les
corresponde intervenir” (STC 616, c. 24) (En el mismo sentido, STC 815, c. 7). Es oportuno
relacionar el deber de jurisdicción con la inexcusabilidad, en cuya virtud reclamada
su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, los tribunales que
componen el Poder Judicial no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por
falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión.

OCTAVO: Que los imperativos constitucionales de pronta y cumplida
administración de justicia y de resolución efectiva de los conflictos civiles y criminales
sometidos a la decisión de los tribunales exigen que el legislador contemple reglas que
favorezcan la tramitación y no la paralización de la labor jurisdiccional.

Es cierto que las nociones precitadas no son incompatibles, ni en abstracto ni
en concreto, con el principio de pasividad o impulso procesal impuesto por los
litigantes, enunciado en el artículo 10° del Código Orgánico de Tribunales, en cuyo
mérito los tribunales no podrán ejercer su ministerio sino a petición de parte, salvo los
casos en que la ley los faculte para proceder de oficio. Sin embargo, no podemos
perder de vista que la jurisdicción, más que una mera facultad, constituye un poder-
deber.

NOVENO: Que la justificación constitucional del precepto legal que se viene
impugnando, entonces, resulta fácil de advertir: cualquiera sea el rol que los litigantes
asuman en el proceso, es su deber encaminar su comportamiento a favorecer siempre
el cumplimiento efectivo de la función jurisdiccional. Esto explica también la
existencia de reglas como la prevista en el artículo 2° letra d) inciso segundo de la Ley
20.886, en cuya virtud el juez, de oficio o a petición de parte, deberá prevenir, corregir
y sancionar, según corresponda, toda acción u omisión que importe un fraude o abuso
procesal, contravención de actos propios o cualquiera otra conducta ilícita, dilatoria o
de cualquier otro modo contraria a la buena fe.




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DÉCIMO: Que, de no mediar la existencia de preceptos legales como aquel
que en estos constitucionales se ha impugnado, la tramitación de los pleitos civiles se
haría engorrosa y hasta interminable. Advierte Picó i Junoy que “(el) derecho a un
proceso sin dilaciones indebidas se refiere no a la posibilidad de acceso a la jurisdicción o a la
obtención práctica de una respuesta jurídica a las pretensiones formuladas, sino a una
razonable duración temporal del procedimiento necesario para resolver y ejecutar lo resuelto
… Por ello, este derecho del justiciable supone correlativamente para los órganos judiciales, no
la sumisión al principio de celeridad, sino la exigencia de practicar los trámites del proceso en
el más breve tiempo posible en atención a todas las circunstancias del caso … Así, este derecho
comporta que el proceso se desenvuelva en condiciones de normalidad dentro del tiempo
requerido para que los intereses litigiosos puedan recibir pronta satisfacción…” (Joan PICÓ I
JUNOY [2012], “Las Garantías Constitucionales del Proceso”, p. 144. Bosch Editor,
Barcelona).

UNDÉCIMO: Que, por otra parte, de cara a la aplicación del precepto
cuestionado en la gestión civil pendiente, nos parece manifiesto que la finalidad del
artículo 167 del Código de Procedimiento Civil es establecer un régimen de
suspensión del proceso civil que impida la aparición de sentencias contradictorias.
Sin embargo, para que tal contradicción sea relevante, es necesario que concurra
identidad de parte entre los procesos que se sustancian separadamente, cuestión que
en estos autos no se verifica. En efecto, las partes del proceso civil “Inmobiliaria
Mohamad Hassan Fares EIRL con Hachem”, rol C-1036-2025, sustanciado ante el
Tercer Juzgado de Letras de Iquique son Mohamad Hassan Fares, Import Export
Salvation Star Ltda., e Inmobiliaria Mohamad Hassan Fares EIRL, como demandantes,
y Big City Investment SpA, Mohamad Kassem Hachem y Roberto Ignacio Urrutia
Araya – requirente en estos autos constitucionales – como demandados; mientras que
en los autos RIT 1870-2025, RUC 2510015524-1 tramitados ante el Juzgado de Garantía
de Iquique, los mismos demandantes interpusieron querella criminal por el delito de
estafa en contra de don Mohamad Kassen Hachem y quienes resulten responsables,
no siendo el requirente parte en la causa penal.

DUODÉCIMO: Que, en efecto, como argumenta Renée Rivero, “… por una
cuestión de economía procesal y a fin de evitar una contradicción en el contenido fáctico de las
sentencias, el legislador permite que la acción civil sea deducida, conocida y resuelta en el
proceso penal, en una especie de acumulación heterogénea de materias que normalmente no
está permitida. Y en los casos en que no sea así, es esto es, cuando la acción civil se plantea ante
el tribunal civil competente ratione materiae, se permite la suspensión del proceso civil en
conformidad a lo establecido en el art. 167 CPC, en espera de lo que se resuelva en el proceso
penal… Desde este punto de vista, el fundamento de la suspensión del proceso civil, en estos
casos, es la existencia de unos hechos comunes cuyo establecimiento, tanto desde un punto de
vista objetivo como subjetivo, el legislador ha querido o estimado que se realiza mejor bajo los
principios y con la técnica del proceso penal que del proceso civil…. Una vez establecidos los
hechos, la valoración o decisión del juez penal sobre los mismos no condiciona el sentido de la



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sentencia que debe dictar el juez civil. La calificación o tipificación del hecho como constitutivo
de delito, es en consecuencia, irrelevante para el juez civil” (Renée Marlene RIVERO
HURTADO [2015], “La Prejudicialidad en el Proceso Civil. Medios Procesales para la
Coherencia de sentencias dictadas en Procesos con Objetos Conexos. Estudio Comparado del
Derecho Español y Chileno”, p. 307. Tesis Doctoral dirigida por Prof. Dr. Manuel Ortells
Ramos y Prof. Dr. Ricardo Juan Sánchez, Facultad de Derecho de la Universidad de
Valencia).

En ese sentido, la Corte Suprema ha identificado el objeto de esta norma
señalando que “no es otro que el juez civil pueda contar, como elemento para la decisión de
su fallo, con una declaración firme sobre la existencia del delito y no sobre la inexistencia del
mismo” (sentencia 15 de Diciembre de 1948, R. t 45, sec. 1ª р. 233).

DÉCIMO TERCERO: Que, en Derecho Procesal Penal, se define la etapa
intermedia como “una sucesión de actos procesales que presentan finalidades particulares a
partir de un objetivo general que es servir de eslabón entre la fase de investigación del
procedimiento y la fase de JO [juicio oral]. (…) En Chile, aunque se discute arduamente, en
principio se puede afirmar que la FI [fase intermedia] comienza con la formulación de la
acusación y termina con la resolución jurisdiccional del juicio oral o auto de apertura de juicio
oral (en adelante AAJO). De ello se puede colegir dos consecuencias importantes. En primer
lugar, la formulación de la acusación presupone la finalización de la etapa de investigación. En
segundo lugar, la resolución de apertura del JO presupone, lógicamente, que el juicio oral no
se haya celebrado aún” (Juan Sebastián VERA SÁNCHEZ [2017]: Naturaleza jurídica de la
fase intermedia del proceso penal chileno. Un breve análisis a partir de elementos comparados,
en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, XLIX,
segundo semestre de 2017, p. 146).

A mayor abundamiento, cabe tener presente que, cerrada la investigación y
previo a la acusación, el proceso penal puede concluir por otras vías, a saber el
sobreseimiento definitivo de la causa, o la comunicación de la decisión de no
perseverar. De esta forma, y a la luz del precepto impugnado en estos autos
constitucionales, la acusación constituye un hito procesal estimado como suficiente
por el legislador para el establecimiento de los hechos del litigio penal cuya incidencia
puede ser decisiva en el proceso civil, toda vez que ella exige la individualización de
el o los acusados y su defensor, así como la relación circunstanciada de el o los hechos
atribuidos y de su calificación jurídica (artículo 259 del Código Procesal Penal). Como
señala Maturana “Estas dos primeras exigencias constituyen una manifestación del principio
de congruencia, que a su vez cautela el derecho a defensa en cuanto requiere que la imputación
penal sea precisa y determinada. Es deber del tribunal, entonces, velar por la identidad del
objeto del proceso tanto desde el punto de vista material (mismos hechos), como personal
(mismos sujetos formalizados). La descripción fáctica realizada por el Fiscal en la formalización
es de gran trascendencia, ya que contiene la teoría del caso y determina los hechos y personas
respecto de los cuales puede posteriormente acusar” (Cristián MATURANA MIQUEL y




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Raúl MONTERO LÓPEZ [2010]: Derecho Procesal Penal, Tomo II, p. 914, Ed.
Librotecnia, Santiago).

DÉCIMO CUARTO: Que esta Magistratura, pronunciándose sobre la
inaplicabilidad del mismo precepto legal, se ha referido a los orígenes del artículo 167
del Código de Procedimiento Civil, “cuyo antecedente directo es posible encontrarlo en el
artículo 362 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Español de 1881, norma que establecía que "los
Jueces y Tribunales, cuando hubieren de fundar exclusivamente sentencia en el supuesto de la
existencia de un delito, suspenderán el fallo del pleito hasta la terminación del procedimiento
criminal si, oído el Ministerio Fiscal, estimaren procedente la formación de causa", texto legal
que tenía un sentido claramente restrictivo de la suspensión del proceso civil. De este modo, al
igual como ocurría en el artículo 362 LECiv de 1881, el artículo 167 CPC tiene un sentido
claramente restrictivo de la suspensión del proceso civil, siendo insuficiente la mera existencia
de un proceso penal para producir dicha suspensión.

Así, la importancia del régimen de suspensión del proceso civil reglado en el artículo
167 del Código de Procedimiento Civil, radica en la necesidad de evitar el pronunciamiento de
sentencias contradictorias, atendido el posible efecto de carácter vinculante que la sentencia
penal pueda tener para el juez civil en conformidad a lo dispuesto en los artículos 178 a 180 del
Código de Procedimiento Civil (Rivero Hurtado, Renée Marlene, La Prejudicialidad en el
Proceso Chileno. Medios procesales para la coherencia de sentencias dictadas en procesos con
objetos conexos, Legal Publishing Chile, 1º Edición, junio 2016, p.р. 347)” (STC 5.442-18-
INA, c. 12°).

DÉCIMO QUINTO: Que, atendidas las características de la gestión pendiente,
cabe tener presentes los demás supuestos para la procedencia de la suspensión del
proceso civil, a fin de determinar si existe o no un efecto útil de declararse la
inaplicabilidad de la norma. Así, la Corte Suprema ha resuelto que “No cabe aplicar esta
disposición, si en el juicio criminal se persigue la responsabilidad penal de personas que no son
parte en el juicio civil” (sentencia 26 de julio de 1938, R. t 37, sec 1ª р. 94).

En las condiciones anotadas, sin que se advierta identidad de partes y sin que
se haga un desarrollo argumentativo que permita constatar que existe conexión de
hechos comunes entre el proceso civil y la causa penal, pretender que el proceso civil
sea paralizado en su sustanciación y quede sin sentencia por la sola interposición de
una querella criminal, sin que medie acusación o requerimiento, conlleva a una
dilación injustificada contraria desde luego al deber de una pronta y cumplida
administración de justicia.

DÉCIMO SEXTO: Que si bien las consideraciones expuestas acerca del estado
de tramitación de la gestión pendiente, así como los supuestos de procedencia del
precepto legal impugnado son motivos suficientes para rechazar el libelo deducido a
fojas 1, nos haremos cargo en los motivos siguientes de las razones alegadas por la
actora en torno a infracciones a la Constitución denunciadas por la parte requirente.




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DÉCIMO SÉPTIMO: Que no se configura, a juicio de esta Magistratura, una
infracción a las garantías del justo y racional procedimiento, por los motivos que a
continuación se exponen.

Ferrua ha caracterizado el justo proceso como “ … el que sería elegido por
personas racionales en situación de ideal imparcialidad, en cuanto desconocedoras del papel que
les espera: actor, demandado, imputado, juez acusador o víctima del delito …”, señalando como
sus aspectos fundamentales: “ “un juez imparcial, preconstituido por la ley, el principio de
audiatur et altera pars del que se derivan la exigencia de contradicción y la igualdad de las
partes, la publicidad de las audiencias, institutos capaces de asegurar una defensa eficaz a las
personas sin medios, tiempos razonables y, más en general, una estructura idónea para
favorecer decisiones “justas”, o sea, correctas en la interpretación de las normas y en la
valoración de las pruebas …” (Paolo FERRUA [2025]: “El Justo Proceso”, pp. 156-157.
Palestra Europa, Madrid).

Así, no nos resulta fácil conciliar la noción del contenido esencial del racional
y justo procedimiento, el deber de una pronta y cumplida administración de justicia,
y la aspiración formulada por la requirente orientada a inaplicar el precepto legal
cuestionado, con un supuesto deber de esperar que sea pronunciada una sentencia
penal condenatoria en causa separada, más aún cuando en la investigación criminal
no hay formalización, medidas cautelares, acusación o requerimiento. Pretender que
el proceso civil suspenda su tramitación hasta que se declare, solo eventualmente, el
delito de estafa en la celebración de los contratos entre las partes, es una expectativa
ajena a la naturaleza y fines de la acción de inaplicabilidad prevista en el artículo 93
número 6° de la Carta Fundamental.

DÉCIMO OCTAVO: Que, en fin, de acuerdo con todo lo razonado en las
motivaciones precedentes, el requerimiento de inaplicabilidad deducido por don
Roberto Ignacio Urrutia Araya en contra del artículo 167 del Código de Procedimiento
Civil se desestimará.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93 incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:



I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
POR INCONSTITUCIONALIDAD DEDUCIDO A LO PRINCIPAL
DE FOJAS 1. OFÍCIESE.




12
0000982
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS




II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA
EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE
POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA
LITIGAR.



La Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO y los Ministros señores
HÉCTOR MERY ROMERO y MARIO GÓMEZ MONTOYA estuvieron por condenar en
costas a la parte requirente al tenor de lo previsto en el artículo 92 inciso segundo de
la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.



Redactó la sentencia el Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 16.852-25-INA




13
0000983
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 25/01/2026



María Pía Silva Gallinato Miguel Angel Fernández González
Fecha: 23/01/2026 Fecha: 23/01/2026



Catalina Adriana Lagos Tschorne Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 26/01/2026 Fecha: 23/01/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Alejandra Precht Rorris
Fecha: 23/01/2026 Fecha: 23/01/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 23/01/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora María
Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señora Catalina
Adriana Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés
Peredo Rojas, señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René Gómez
Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 26/01/2026




C1FABE57-D6F2-41E2-80F5-A942DD8FFA8F
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