TC Rol 16878

Texto completo

0002637
DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE




2026

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.878-2025

[7 de mayo de 2026]
____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 17 INCISO
TERCERO, EN LA FRASE "CONTRA LA SENTENCIA NO
PROCEDERÁ RECURSO ALGUNO", DE LA LEY N° 18.755, QUE
ESTABLECE NORMAS SOBRE EL SERVICIO AGRÍCOLA Y
GANADERO



AGRÍCOLA LLAHUEN S.A.
EN EL PROCESO ROL N° 2308-2025-CIVIL, SEGUIDO ANTE LA CORTE DE
APELACIONES DE CONCEPCIÓN



VISTOS:

Que, con fecha 3 de septiembre de 2025, Agrícola Llahuen S.A. requiere la
declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 17 inciso
tercero, en la frase “Contra la sentencia no procederá recurso alguno”, de la Ley N°
18.755, que establece normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero, para que ello
incida en el proceso Rol N° 2308-2025-Civil, seguido ante la Corte de Apelaciones de
Concepción.



Preceptos legales cuya aplicación se impugna

El texto de los preceptos impugnados dispone lo siguiente:



“Ley N° 18.755, que establece normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero




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(…)

“Artículo 17°. (…)

La prueba, cuando hubiere lugar a ella, se rendirá en el plazo y en la forma establecida
para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil. Vencido el término probatorio, fallará
el tribunal sin más trámite. Contra la sentencia no procederá recurso alguno.”.

(…)



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

La gestión pendiente corresponde a un recurso de hecho actualmente en
tramitación ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción, bajo el Rol N° 2308-
2025, caratulado “Agrícola Llahuen S.A. / Primer Juzgado Civil de Concepción”,
deducido en contra de la resolución que declaró inadmisible el recurso de apelación
interpuesto por la requirente contra la sentencia definitiva dictada en el reclamo
judicial seguido ante ese tribunal.

La requirente refiere que en agosto de 2022 el Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG) inició un procedimiento administrativo sancionador en contra de Agrícola
Llahuen S.A., viverista dedicada a la producción y comercialización de plantas de
frutilla. Precisa que la denuncia que dio origen al procedimiento imputó a la
requirente dos conductas consistentes en: haber sospechado la presencia de la plaga
cuarentenaria Aphelenchoides fragariae en sus viveros de las comunas de Los Ángeles
y Quilleco sin dar aviso al SAG, y haber comercializado plantas desde marzo de 2022
sin garantizar su fitosanidad estando en conocimiento o sospecha de que se
encontraban afectadas por dicha plaga.

Refiere haber presentado entonces sus descargos acompañando
documentación y certificados emitidos por el propio SAG que acreditaban el
cumplimiento de las medidas fitosanitarias exigidas, incluidas aquellas derivadas de
un programa de certificación voluntaria administrado por el mismo servicio
fiscalizador. No obstante, mediante Resolución Exenta N° 1073/2022 de 29 de
noviembre de 2022, el Director Regional del SAG Biobío acogió la denuncia e impuso
la sanción, incorporando además tres hechos nuevos que no habían sido objeto de la
formulación de cargos original, esto es, que el 17 de marzo de 2022 la requirente había
tomado conocimiento de la presencia de la plaga en un envío de plantas a República
Dominicana, que con posterioridad a esa fecha había continuado comercializando
plantas, y que no habría acreditado la adopción de medidas fitosanitarias concretas
desde esa fecha.

Destaca que durante todo el período fiscalizado el SAG no detectó la presencia
de la plaga en sus viveros, que la plaga no había sido declarada presente en Chile sino
hasta agosto de 2022, mediante Resolución Exenta N° 4481/2022, y que la Resolución




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SAG N° 981/2011, norma que regula el control obligatorio de plagas en viveros de
frutilla, no incluía a la Aphelenchoides fragariae por tratarse de una plaga ausente en
el país a la época de los hechos.

Interpuesto el recurso de revisión especial ante el Director Nacional del SAG,
conforme al artículo 16 de la Ley N° 18.755, este fue rechazado el 15 de mayo de 2023.
Seguidamente, el 20 de junio de 2023 dedujo reclamo judicial ante el Primer Juzgado
Civil de Concepción, Rol C-4311-2023, denunciando las irregularidades del
procedimiento administrativo sancionador. El tribunal rechazó el reclamo mediante
sentencia de 31 de julio de 2025.

La requirente interpuso recurso de apelación, el que fue declarado inadmisible
en aplicación de la frase final del inciso tercero del artículo 17 de la Ley N° 18.755, que
establece que contra la sentencia no procederá recurso alguno, norma cuya
inaplicabilidad se solicita en el presente requerimiento. Ante ello, dedujo recurso de
hecho.

El artículo 17 de la Ley N° 18.755 establece un procedimiento de reclamo
judicial para impugnar las multas impuestas por el SAG, que se sustancia ante el
juzgado de letras competente con las reglas de los incidentes del Código de
Procedimiento Civil. Su inciso tercero dispone en su frase final que contra la sentencia
no procederá recurso alguno. Arguye que aplicada esta disposición en la gestión
pendiente la Corte de Apelaciones de Concepción deberá rechazar el recurso de hecho
interpuesto por la requirente, confirmando la inadmisibilidad del recurso de
apelación y dejando firme una sentencia de única instancia que rechazó el reclamo
judicial contra una multa impuesta, a juicio de la requirente, en un procedimiento
administrativo sancionador viciado.

La requirente sostiene que esa aplicación infringe el artículo 19 N° 3 inciso
sexto de la CPR, que exige al legislador establecer siempre las garantías de un
procedimiento racional y justo. Argumenta que el derecho al recurso es un
componente esencial de esa garantía, reconocido tanto por la jurisprudencia de este
Tribunal como por los tratados internacionales ratificados por Chile, en particular los
artículos 8.1 y 8.2 letra h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el
artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuya observancia
es exigida por el artículo 5° inciso segundo de la CPR. Señala que la exclusión absoluta
de todo recurso contra la sentencia definitiva del reclamo judicial priva a la requirente
de la posibilidad de que un tribunal superior revise una decisión que le causa agravio,
transformando el procedimiento en uno de única instancia sin posibilidad de
enmienda, lo que resulta irrazonable y desproporcionado.

En cuanto a la especificidad del agravio concreto, destaca que la sentencia
recurrida incurrió en una serie de errores relevantes. Ello pues confundió el recurso
de revisión especial del artículo 16 de la Ley N° 18.755 con el recurso de revisión
extraordinario del artículo 60 de la Ley N° 19.880, aplicando indebidamente las
causales taxativas de este último al primero y validó un procedimiento administrativo



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sancionador en el que el SAG habría imputado hechos nuevos no contenidos en la
formulación de cargos, sancionado conductas no tipificadas en norma alguna, y
aplicado una multa pese a que los propios muestreos del servicio no detectaron la
presencia de la plaga en los viveros de la requirente durante el período fiscalizado.
Sostiene que la imposibilidad de apelar impide corregir esos errores ante un tribunal
superior, lo que constituye precisamente el agravio constitucional que hace
inaplicable la norma en el caso concreto.

La requirente apoya su planteamiento en la sentencia de este Tribunal de 30
de abril de 2025, Rol N° 15.478-2024, que acogió un requerimiento de inaplicabilidad
dirigido contra una norma análoga que excluía la apelación en otro procedimiento
especial, razonando que la imposibilidad de impugnar ante un tribunal superior una
resolución que produce agravio al requirente constituye una medida carente de la
razonabilidad necesaria y vulnera el primero y mínimo de los elementos del debido
proceso.

Destaca asimismo que el ordenamiento jurídico contempla segunda instancia
para impugnar multas administrativas en numerosos procedimientos especiales,
como los reclamos ante la Comisión para el Mercado Financiero, el Tribunal de la
Contratación Pública y los procedimientos del Código de Aguas, lo que evidencia que
la exclusión dispuesta en el artículo 17 de la Ley N° 18.755 carece de justificación
objetiva y resulta discriminatoria en el contexto del sistema de control judicial de la
actividad sancionatoria de la administración.



Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Primera Sala, con fecha 15 de
septiembre de 2025, a fojas 25, disponiéndose la suspensión del procedimiento.

En resolución de fecha 8 de octubre de 2025, a fojas 1215, se declaró admisible.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y
a las demás partes en la gestión invocada, no fueron formuladas observaciones en el
fondo. Rolan, no obstante, observaciones en sede de admisibilidad a fojas 23,
solicitando su declaración de inadmisibilidad por tres razones, En primer lugar,
arguye la inexistencia de gestión pendiente útil en cuanto la sentencia del Juzgado
Civil de Concepción ya está ejecutoriada. Adicionalmente concurre falta de
decisividad del precepto pues aún inaplicada la norma, no existiría segunda instancia
creada por el legislador, y concurre preclusión por actos incompatibles.
Subsidiariamente, sostiene que la exclusión de apelación no vulnera el debido
proceso, pues el afectado ya contó con revisión administrativa y control judicial pleno,
distinguiendo además el precedente STC Rol N° 15.478-24 por tratarse de un contexto
laboral alimentario sustancialmente distinto.




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A fojas 1227, por decreto de fecha 14 de noviembre de 2025, se trajeron los
autos en relación.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 25 de marzo de 2025 se verificó la vista de la causa,
oyéndose la relación pública, alegatos del abogado Jorge Echeverría Noton por la
requirente y por el Servicio Agrícola y Ganadero del abogado Hugo Oliva Gómez. Se
adoptó acuerdo con igual fecha, conforme certificación del relator.



Y CONSIDERANDO:



I. ANTECEDENTES DEL CASO

PRIMERO: Que, Agrícola Llahuen S.A. requiere la declaración de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 17, inciso tercero, de la
Ley N° 18.755, que establece normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero, en la frase
"Contra la sentencia no procederá recurso alguno", en relación con el proceso Rol N° 2308-
2025-Civil, seguido ante la Corte de Apelaciones de Concepción, por recurso de hecho.

SEGUNDO: Que, de acuerdo con los antecedentes remitidos a esta
Magistratura, la gestión pendiente tiene su origen en una denuncia formulada en
contra de la requirente, con fecha 22 de agosto de 2022, por el Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG), mediante el Acta de Denuncia y Citación N° 2080000896 de la oficina
del SAG de Los Ángeles. Los hechos imputados consistieron, en síntesis, en: (i) no
haber dado aviso al SAG ante la sospecha de presencia de la plaga cuarentenaria
Aphelenchoides fragariae en plantas de frutilla de Viveros Llahuén, ubicados en las
comunas de Los Ángeles y Quilleco; y (ii) haber comercializado y distribuido plantas
de frutilla desde marzo de 2022 sin garantizar su fitosanidad, a pesar de estar en
conocimiento o existir sospecha fundada de que estaban afectas a dicha plaga (fojas
72).

Con fecha 5 de septiembre de 2022, Agrícola Llahuen S.A. evacuó los descargos
correspondientes, acompañando numerosa prueba documental con el objeto de
desvirtuar las imputaciones, incluidos documentos y certificaciones emitidas por el
propio SAG que daban cuenta del cumplimiento de distintas medidas fitosanitarias
en relación con el cultivo de plantas de frutillas.

Con fecha 29 de noviembre de 2022, mediante Resolución Exenta N° 1073/2022,
el Director Regional del SAG Biobío acogió la denuncia y sancionó a la requirente con
una multa de 130 UTM. Según expone la actora, la referida resolución se habría
sustentado en tres nuevos hechos que no fueron objeto de la formulación de cargos
original, esto es, que el 17 de marzo de 2022 Agrícola Llahuen S.A. habría tomado




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conocimiento de la presencia de la plaga en un envío de plantas a República
Dominicana; que con posterioridad a esa fecha habría continuado comercializando
plantas; y, que desde ese momento no habría acreditado la adopción de medidas
fitosanitarias concretas que dieran garantías a sus adquirentes de que sus productos
estuvieran libres de plagas.

Con posterioridad, Agrícola Llahuen S.A. interpuso recurso de revisión
especial ante el Director Nacional del SAG, conforme lo dispone el artículo 16 de la
Ley N° 18.755; recurso que fue rechazado con fecha 15 de mayo de 2023.

Agotada la vía administrativa, con fecha 20 de junio de 2023, la requirente
dedujo reclamo judicial ante el Primer Juzgado Civil de Concepción, bajo Rol C-4311-
2023, denunciando una serie de irregularidades en el procedimiento administrativo
sancionador. Dicho reclamo fue rechazado mediante sentencia de 31 de julio de 2025.
En contra de esta decisión, la requirente interpuso recurso de apelación, el que fue
declarado inadmisible en virtud de la frase final del inciso tercero del artículo 17 de la
Ley N° 18.755, cuya inaplicabilidad se solicita en estos autos. En este contexto, la
requirente dedujo ante la Corte de Apelaciones de Concepción el recurso de hecho
que constituye la gestión pendiente.

TERCERO: Que, como conflicto de constitucionalidad, Agrícola Llahuen S.A.
alega que la aplicación del precepto impugnado infringe el artículo 19, número 3
inciso sexto de la Constitución Política. En su concepto, la restricción absoluta de
recurrir contra la sentencia definitiva que se pronuncia sobre la reclamación judicial
impide la revisión de la decisión por parte de un tribunal superior, lo que resultaría
incompatible con las exigencias de racionalidad y justicia de los procedimientos
jurisdiccionales aseguradas por el texto constitucional.



II. SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS
ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL Y PARTICULAR

CUARTO: Que, tratándose la gestión pendiente de la impugnación ante los
tribunales de justicia de una determinada actuación administrativa –en este caso, la
imposición de una sanción–, el conflicto constitucional debe situarse en el marco de
las particularidades del contencioso administrativo chileno, especialmente sobre la
diversidad que lo caracteriza.

La noción de lo contencioso administrativo se refiere al control que realizan los
tribunales de justicia respecto de las actuaciones de la Administración,
comprendiendo todas aquellas instancias de revisión judicial que permiten examinar
la validez y legalidad de las actuaciones administrativas, determinar las
responsabilidades que de ellas pudieran derivarse, así como la precisión del marco
normativo que les resulta aplicable (CORDERO QUINZACARA, Eduardo (2023): Curso de
Derecho Administrativo. Libromar, Santiago, p. 1163). Se trata, en consecuencia, de
mecanismos de tutela jurisdiccional frente al ejercicio del poder público, cuya



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finalidad es garantizar la sujeción de la Administración al principio de juridicidad
consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política.

QUINTO: Que, la regulación del contencioso administrativo en Chile tiene
una larga evolución motivada por los textos constitucionales. Si en la Constitución de
1925 se contempló la creación de tribunales contencioso administrativos que nunca
fueron implementados, el diseño previsto en la Constitución de 1980, con
posterioridad a la reforma constitucional de la Ley N° 18.825, determinó la actual
distribución de competencias reconocida en el inciso segundo del artículo 38, que –si
bien se discute su alcance atendido la dimensión subjetiva que lo caracteriza–
establece una apertura constitucional a que la ley determine los tribunales ante los
cuales las personas puedan reclamar en caso que estimen lesionados sus derechos por
la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades.

A partir de lo anterior y del desarrollo del legislador del contencioso
administrativo, se ha indicado por la doctrina que “en la actualidad, en el ordenamiento
jurídico chileno existe un sistema mixto de justicia administrativa en el que conviven
tribunales especiales y ordinarios para el juzgado de los asuntos administrativos, lo que
depende de las materias específicas de que trate la controversia y las regulaciones dispuestas
por el legislador en cada caso” (FERRADA BÓRQUEZ, Juan Carlos (2020): Justicia
Administrativa. Der Ediciones, Santiago, p. 56).

Inclinándose por una regulación casuística, el legislador ha optado por una
estrategia de regulación sectorial y particularizada, i) distribuyendo competencia
entre tribunales ordinarios y especiales; y ii) estableciendo acciones y procedimientos
especiales para impugnar la actividad de los distintos órganos que integran la
Administración del Estado.

Esta opción legislativa ha dado lugar a una amplia y heterogénea variedad de
procedimientos contencioso administrativo especiales, cuyas características y diseño
difieren entre sí, atendida la materia que regulan. En efecto, tal como ha sostenido la
doctrina, “el legislador chileno ha ido configurando procesos contenciosos administrativos
particulares para controlar la actividad administrativa en cada sector o actividad que considera
relevantes, diseñando éstos con ciertas particularidades atendido los derechos involucrados, la
gravedad de la actividad desplegada por la Administración y el órgano específico que emite el
acto” (FERRADA BÓRQUEZ, Juan Carlos (2011): “Los procesos administrativos en el
Derecho chileno”. Revista de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Vol. N° XXXVI, p. 264).

Dicho modelo ha conducido a la configuración de diseños procedimentales
específicos para los diversos ámbitos de la actividad administrativa vinculados con
sectores económicos relevantes –tales como el eléctrico, agropecuario, tributario,
sanitario, entre otros – lo que implica que deban analizarse las particularidades del
tipo de procedimiento aplicable al caso de estos autos.




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SEXTO: Que, para una adecuada ponderación del conflicto constitucional, se
debe tener en consideración que la determinación de un diseño institucional –lo que
incluye las definiciones sobre la justicia administrativa– tiene directa relación con la
adecuada ponderación entre el eficaz y eficiente despliegue del órgano estatal
respectivo (y de los intereses públicos comprometidos) con las posibilidades de
intervención de los particulares regulados en virtud de dicha actividad estatal (en
resguardo de sus intereses privados). Ambas dimensiones se relacionan con bienes
jurídicos y derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los que deben
ser parte del análisis que efectúa esta Magistratura.

Por lo mismo, no es posible preterir que, tal como recuerda la doctrina, en el
Derecho Administrativo “no es principalmente garantismo individual frente al poder estatal
de dar órdenes e imponerlas por la fuerza, sino también – y al mismo tiempo – garantismo
social para la idónea satisfacción de sensibles intereses públicos comprometidos que mediante
la actividad administrativa se busca salvaguardar” (VALLEJO GARRETÓN, Rodrigo (2016):
“Acerca del régimen supletorio de prescripción aplicable a las infracciones y sanciones
administrativas”. Revista de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Vol. N° XLVII, p. 292).

SÉPTIMO: Que, en lo que respecta al procedimiento aplicable en la especie, la
Ley N° 18.755 contempla un procedimiento bifásico –es decir, comprende una etapa
en sede administrativa y otra en sede judicial– destinado a resolver las denuncias por
infracciones a las disposiciones legales y reglamentarias que indica su artículo 2°.

En cuanto a la fase administrativa, el procedimiento se inicia con el
levantamiento de un acta de denuncia por parte de los Inspectores del Servicio o del
personal de Carabineros de Chile que constaten una infracción, acta que, cuando es
suscrita por dichos funcionarios, constituye presunción legal de haberse cometido la
infracción (artículo 14, inciso segundo). La competencia para conocer y sancionar tales
infracciones recae en los Directores Regionales del SAG, dentro del territorio de sus
respectivas jurisdicciones, quienes podrán delegar dicha facultad en funcionarios de
su dependencia (artículo 11). La denuncia se pone en conocimiento del Director
Regional, quien designa a un funcionario sustanciador encargado de citar al infractor
a una audiencia en la que se recibirán sus descargos, la prueba testimonial y demás
medios de prueba que se ofrezcan. Concluida la sustanciación, el funcionario evacúa
un informe y remite los antecedentes al Director Regional para que dicte resolución
absolutoria o sancionatoria, la que deberá ser notificada al afectado conforme a las
reglas del Párrafo 1° del Capítulo III de la Ley N° 19.880 (artículos 14 y 19). La prueba,
tanto en sede administrativa como judicial, se aprecia conforme a las reglas de la sana
crítica (artículo 18).

Aplicada la sanción por el Director Regional, el afectado dispone de un plazo
de diez días hábiles, contados desde la notificación de la resolución sancionatoria,
para solicitar al Director Nacional la revisión de dicha resolución, autoridad que
podrá confirmarla, modificarla, dejarla sin efecto o imponer sanciones distintas



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(artículo 16). Las medidas provisionales de retención, traslado o inmovilización de
bienes que pudieren adoptarse durante el procedimiento podrán igualmente ser
impugnadas ante el Director Nacional, quien dispondrá de diez días para resolver, sin
que contra dicha resolución proceda recurso alguno (artículo 15).

En cuanto a la fase judicial, una vez agotada la vía administrativa, el afectado
por las sanciones impuestas por el Director Nacional podrá deducir acción de
reclamación ante el Juez de Letras en lo Civil del territorio jurisdiccional donde tenga
su sede la Dirección Regional del SAG en cuya jurisdicción haya ocurrido la
infracción, dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la notificación de
la resolución impugnada (artículo 17, inciso primero). La reclamación se notificará
personalmente al Director Regional. El Servicio dispondrá de diez días hábiles para
contestar y, con o sin respuesta, el tribunal recibirá la causa a prueba o pronunciará
sentencia definitiva según lo estime procedente. La prueba se rendirá en el plazo y
forma establecida para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil y, vencido
el término probatorio, el tribunal fallará sin más trámite. La sentencia que se dicte no
será susceptible de recurso alguno (artículo 17, inciso tercero).

En consecuencia, el procedimiento de que trata la Ley N° 18.755 configura un
diseño de control administrativo previo –a través de los Directores Regionales y el
Director Nacional– seguido de una instancia de revisión judicial ante la judicatura
civil ordinaria.



III. SOBRE EL CONFLICTO DE CONSTITUCIONALIDAD ALEGADO

OCTAVO: Que, para resolver el conflicto constitucional planteado, resulta
necesario determinar si la definición de no incorporar el recurso de apelación en la
instancia judicial de reclamación que contempla el artículo 17, inciso tercero, de la Ley
N° 18.755, vulnera el estándar de racionalidad y justicia exigido por el artículo 19,
número 3 inciso sexto, de la Constitución Política.

Para dilucidar lo anterior, cabe tener presente que, si bien el texto
constitucional asegura la existencia de un “racional y justo” procedimiento, no
impone un modelo único ni uniforme de diseño procedimental aplicable a todos los
órdenes jurisdiccionales. La concreción de las garantías que configuran dicho estándar
corresponde, por mandato constitucional, a una decisión del legislador. Así lo ha
reconocido reiterada y consistentemente esta Magistratura, al declarar que “la Carta
Fundamental no precisa los componentes del debido proceso, delegando en el legislador la
potestad para definir y establecer sus elementos (STC Roles N°s 576 y 1557). De esta manera,
es claro que no existe un modelo único de expresión de las garantías integrantes del debido
proceso en Chile (STC Rol N° 1838)” (STC Rol N° 2.204-12, c. 13°).

NOVENO: Que, en esta línea, si bien es efectivo que el derecho al recurso
constituye un componente del debido proceso, también lo es que su reconocimiento
“depende de múltiples circunstancias sistémicas y de contexto procesal, o incluso concretas, y



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no configura un requisito de validez del juicio per se” (STC Rol N° 2.798-15, c. 16°), por lo
que el legislador no se encuentra constitucionalmente obligado a asegurar la
procedencia de todos los recursos en cada procedimiento ni a permitir su ejercicio
respecto de cualquier resolución judicial. De ahí que no exista un “derecho al recurso
de apelación” o “derecho a la doble instancia” asegurado por la Constitución Política.

Desde esta perspectiva, este Tribunal ha sostenido que corresponde al
legislador determinar el régimen recursivo que resulte más adecuado a las
características y naturaleza de cada procedimiento, sin que exista una exigencia
constitucional de uniformidad en esta materia (STC Roles N° 576-06, 519-06 y 821-07,
entre otras).

DÉCIMO: Que, en el ámbito contencioso administrativo, el legislador ha
reconocido una diversidad de procedimientos, con características que no resultan
necesariamente asimilables entre éstos. En dicho contexto, debe evaluarse el
argumento de la parte requirente conforme al cual una expresión de la
“inconstitucionalidad” de la norma impugnada se encontraría en la existencia de
diversas reclamaciones de ilegalidad en que sí se admite el recurso de apelación.
Señala al respecto que “se pueden encontrar varios ejemplos en nuestro ordenamiento
jurídico, en los que el legislador incorporó una segunda instancia de apelación para impugnar
multas o actuaciones ilegales de la administración, cuyos reclamos interpuestos por lo (sic)
particulares hubiesen sido rechazados en primera instancia en sede judicial” (f. 12), citando
como ejemplos reclamaciones de ilegalidad en el mercado financiero (artículo 71 de la
Ley N° 21.000, que crea la Comisión para el Mercado Financiero), aguas (artículo 129
bis 12 A del Código de Aguas), y sobre compras públicas (artículo 26 quinquies de la
Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de
servicios).

No obstante, de la circunstancia que el legislador admita la procedencia del
recurso de apelación en determinados procedimientos contencioso administrativos no
se puede concluir que en aquellos casos donde no se confiera se produzca per se una
infracción al artículo 19 numeral 3 de la Constitución. Además, del margen reconocido
al legislador para la determinación del régimen recursivo en los procedimientos
judiciales, debe advertirse que la improcedencia del recurso de apelación (o inclusive,
de todo recurso) no es una excepción en el amplio abanico de procedimientos
contencioso administrativos.

Así, pueden observarse diversos ejemplos donde existen limitaciones
recursivas más allá del precepto impugnado: tratándose de la resolución de
revocación dispuesta por la Superintendencia de Casinos de Juego, que conocerán las
Cortes de Apelaciones sin ulterior recurso (artículo 34 de la Ley N° 19.995, que
establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de
casinos de juego), o respecto de la clausura de establecimientos de expendio de
bebidas alcohólicas dispuestas por los Intendentes y Gobernadores, que conocerán los




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jueces de policía local (artículo 50 de la Ley N° 19.925, sobre expendio y consumo de
bebidas alcohólicas).

De lo anterior, es posible concluir que el texto constitucional ha posibilitado el
diseño de procedimientos contencioso administrativos sin que se decante por alguno
en particular. En consecuencia, el constituyente habilita al legislador para que pondere
la fisonomía del procedimiento –y, por tanto, su régimen recursivo– teniendo presente
las particularidades del sector que se trate, y de los intereses públicos y privados
involucrados.

DÉCIMO PRIMERO: Que, en esta línea, la limitación recursiva prevista en el
inciso tercero del artículo 17 de la Ley N° 18.755 debe examinarse teniendo a la vista
tanto los antecedentes legislativos de la creación del SAG, como también el contexto
normativo vigente en que se inserta, esto es, en el ámbito sectorial propio de su
regulación orgánica y funcional.

Sobre lo primero, el Servicio Agrícola y Ganadero surge como sucesor de la
Dirección de Agricultura y Pesca, órgano dependiente del Ministerio de Agricultura,
con ocasión de la Reforma Agraria, en 1967 (Ley N° 16.640). En dicho contexto, el
Ministro de Agricultura de la época justificaba dicha reforma institucional, teniendo
presente que la entonces Dirección “por el hecho de ser éste hasta ahora un organismo
centralizado, no tenía agilidad operacional”, con ciertas dificultades derivadas de su
organización administrativa (BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL, Historia de la
Ley N° 16.640, p. 1606). Durante las intervenciones en el Senado se advirtió que
“nuestro país descuidó su Ministerio de Agricultura, limitándolo a marchar tras la carreta y a
cumplir simple función administrativa y estadística, levemente orientadora, en circunstancias
de que, por el contrario, a dicho organismo le cumple investigar, planificar y ejecutar todo lo
que se realice en el sector agrícola. Asimismo, se sostuvo que “[o]rganizar, prestigiar,
modernizar y hacer producir a esa actividad es el gran papel del Ministerio de Agricultura, y
para ello hay que partir de conceptos totalmente nuevos, otorgándole moderna, descentralizada
y expedita estructura; proveyéndola de plenas y completas atribuciones, arrancándolo de la
rutina y la burocracia, del anquilosamiento y del temor, que son la característica de nuestra
organización administrativa” (Ibid., p. 1993). De lo anterior, puede observarse la
preocupación del legislador de la época por dotar al SAG de facultades plenas y
eficaces para intervenir en el sector agrario.

En cuanto al precepto cuya inaplicabilidad se solicita, huelga observar que la
limitación recursiva tiene su origen en el artículo 241 de la Ley N° 16.640; disposición
que preceptuaba que de las sanciones aplicadas por el Director Ejecutivo del Servicio
Agrícola y Ganadero podía reclamarse ante el Juez de Letras de Mayor Cuantía en lo
Civil del lugar en que se cometió la infracción, agregando que las reclamaciones se
tramitarían en forma breve y sumaria y contra la resolución que las falle no procedería
recurso alguno. Finalmente, el referido artículo indicaba que para acoger a tramitación
la reclamación se exigiría que el infractor compruebe haber depositado previamente




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en las Oficinas del Servicio o del Banco del Estado de Chile, a lo menos el cincuenta
por ciento de la multa que le hubiere sido impuesta.

De los antecedentes expuestos, es posible observar que en el mismo hito
legislativo se impulsó tanto la modernización de la institucionalidad agraria, como
también las atribuciones y procedimientos correlativos con el objeto de optimizar la
intervención del Servicio en el sector. Ello también se observa en el diseño procesal
originario, el cual relevaba la necesidad de dotar de agilidad al procedimiento
sancionatorio.

Por su parte, sobre la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 2° de la Ley N° 18.755, el referido Servicio tiene por objeto contribuir al
desarrollo silvoagropecuario del país, mediante la protección, mantención e
incremento de la salud animal y vegetal; la protección y conservación de los
recursos naturales renovables que inciden en el ámbito de la producción agropecuaria
del país y el control de insumos y productos agropecuarios sujetos a regulación en
normas legales y reglamentarias.

La relevancia de los objetivos encomendados al SAG se expresa no sólo en la
diversidad y amplitud de las finalidades recién individualizadas, sino que también en
las numerosas competencias conferidas por el mismo cuerpo legal. En efecto, el
artículo 3° de la Ley N° 18.755 enuncia un largo listado de funciones y atribuciones,
entre las que se encuentra la aplicación y fiscalización del cumplimiento de las normas
legales y reglamentarias sobre prevención, control y erradicación de plagas de los
vegetales y enfermedades transmisibles de los animales. Asimismo, se le encomienda
conocer y sancionar toda infracción de las normas legales y reglamentarias cuya
fiscalización compete al Servicio. De ahí que, en el ejercicio de su rol fiscalizador, los
inspectores del Servicio cuenten con amplias facultades para el cumplimiento de sus
labores inspectivas (artículo 13), y se contemple la posibilidad de ordenar medidas
cautelares recién levantada el acta de denuncia (artículo 14 bis), entre otras potestades.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, de la regulación del SAG es posible situar su
ámbito de intervención dentro de actividades económicas sobre las cuales existen
riesgos inherentes tanto para la salud de la población como también para la protección
del medio ambiente. Por lo mismo, en atención al deber general del Estado de
promover el bien común (artículo 1°), y de su deber particular de proteger el medio
ambiente (artículo 19 numeral 8), así como el resguardo de la vida e integridad física
y psíquica de las personas (artículo 19 numeral 1) y la protección de su salud (artículo
19 numeral 9) es que se establecen un conjunto de deberes, que hacen de este ámbito
de actividad un sector altamente regulado, cuyo cumplimiento debe ser fiscalizado, y
cuyas infracciones –cuando corresponda y lo determine así el SAG– requieran de la
aplicación de sanciones administrativas.

A este respecto, atendido el riesgo de las actividades económicas en el sector
agrícola y ganadero, la función de las sanciones administrativas y de otros
instrumentos administrativos resulta fundamental, teniendo presente que las



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0002649
DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE




primeras se constituyen como “herramientas institucionales que puestas en marcha
permiten encauzar la conducta de los administrados hacia los objetivos perseguidos por la
regulación” (SOTO DELGADO, Pablo (2016): “Sanciones administrativas como medidas
de cumplimiento del Derecho: un enfoque funcional y responsivo aplicado al régimen
sancionatorio ambiental”, Revista Ius et Praxis, Año 22, N° 2, p. 195). Así, resulta crucial
no solamente analizar los bienes jurídicos cautelados y las herramientas específicas
del SAG, sino también el procedimiento en que se adoptan tales decisiones,
ponderando adecuadamente la participación de los particulares en los mismos. Lo
anterior ciertamente influye en la estructuración del respectivo un diseño recursivo.

DÉCIMO TERCERO: Que, en razón de lo anterior, atendida la naturaleza de
las funciones del SAG –orientadas a la protección de la salud animal y vegetal y a la
prevención de daños de consecuencias potencialmente irreversibles para el sector
agropecuario–, es posible concluir que el diseño procedimental de única instancia
judicial que contempla la Ley N° 18.755 responde a una opción de eficiencia y
celeridad que resulta coherente con dichas finalidades y con los antecedentes
legislativos que justificaron la creación del SAG.

En efecto, la celeridad de los procesos judiciales es una finalidad relevante que
repercute en el sistema recursivo, tal como ha sostenido esta Magistratura, señalando
que “aunque la corrección de los vicios en que pueda incurrir una resolución pueda observarse
como un objetivo a considerar a la hora de diseñar un procedimiento judicial, y aunque la
provisión de medios de impugnación que permitan conseguir tal corrección resulte
especialmente importante desde la perspectiva de las partes cuyos derechos e intereses puedan
resultar afectados, dichas consideraciones deben ser contrastadas con otros elementos”
considerando entre tales finalidades tanto “la celeridad de los procesos en virtud de los
cuales se ejerce la función jurisdiccional, garantizado que se desarrollen en el transcurso de un
plazo razonable, y evitando su dilación” como también que “la provisión de una solución
definitiva y permanente para los conflictos de relevancia jurídica que se someten a los procesos
judiciales regulados por ley, lo que sólo puede ocurrir con la preclusión de los mecanismos de
impugnación” (STC Roles N° 15.467-24, c. 13°, N° 16.610-25, c. 7°, entre otros).

Por su parte, del sector involucrado y de la relevancia de los bienes jurídicos
reconocidos constitucionalmente que justifican la intervención del SAG, se desprende
de las disposiciones legales que la preclusión de los mecanismos de impugnación
adquiere particular importancia en el contexto de un servicio público cuyo diseño
institucional supone la permanente observancia, seguimiento y fiscalización de una
actividad regulada y susceptible de eventuales sanciones. Así, la limitación recursiva
prevista en el artículo 17 cumple una doble función: a la vez que asegura la posibilidad
de una oportuna revisión judicial del acto administrativo sancionatorio, permite la
preclusión de la discusión jurídica dentro de un plazo razonable, facilitando el
ejercicio eficaz y eficiente de las competencias del SAG ante otras infracciones que se
susciten en el sector agrícola y ganadero.




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DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA




DÉCIMO CUARTO: Que, por su parte, de conformidad con lo reseñado en el
considerando séptimo, es posible observar que el procedimiento contemplado en la
Ley N° 18.755 aseguró que Agrícola Llahuen S.A. pudiera intervenir en cada una de
sus etapas. Así, pudo formular descargos y rendir prueba ante el órgano
administrativo; interpuso el recurso de revisión especial ante el Director Nacional; y
dedujo reclamación judicial ante un tribunal ordinario, donde pudo formular sus
alegaciones, rendir prueba e impugnar la sanción impuesta por el Director Nacional
del SAG. En este sentido, las exigencias previstas en el artículo 19, número 3, inciso
sexto del texto constitucional se han visto plenamente satisfechas.

En un sentido análogo ha fallado anteriormente esta Magistratura, al razonar
que “en el procedimiento de única instancia sub-lite se contempla una etapa administrativa
previa, en la cual las partes son escuchadas y aportan antecedentes, tras lo cual se abre la
instancia jurisdiccional en tanto reclamo de dicha resolución, por lo cual no se vislumbra como
vulnerado el derecho al racional y justo procedimiento” (STC Rol N° 1252-08, c. 7°).

DÉCIMO QUINTO: Que, a mayor abundamiento, debe descartarse el
argumento de la requirente relativo a que la resolución sancionatoria se habría basado
en hechos nuevos no contenidos en los cargos originales. Aun cuando dicha
irregularidad hubiera efectivamente ocurrido —cuestión sobre la que esta
Magistratura no tiene competencias para pronunciarse—, ella no constituye un vicio
atribuible al precepto legal impugnado, sino, en todo caso, a la aplicación concreta del
procedimiento. La acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad tiene por objeto
que esta Magistratura declare que un determinado precepto legal, aplicado al caso
concreto, produce efectos contrarios a la Constitución; no tiene por objeto resolver
acerca de la corrección del procedimiento administrativo en su mérito, ni sustituir la
competencia de los tribunales ordinarios llamados a pronunciarse sobre la legalidad
de los actos de la Administración.

En este sentido, si la resolución sancionatoria incorporó hechos que excedían
los cargos formulados, la impugnación de dicha irregularidad debió hacerse valer —
y pudo hacerse valer— en el marco del reclamo judicial ante el Primer Juzgado Civil
de Concepción, instancia en que el tribunal contaba con plenas atribuciones para
examinar la legalidad del procedimiento administrativo y, de estimarlo pertinente,
anular la resolución viciada. La existencia de dicha instancia de control jurisdiccional
pleno es, precisamente, lo que permite concluir que el diseño procedimental de la Ley
N° 18.755 satisface el estándar constitucional de racionalidad y justicia.

DÉCIMO SEXTO: Que, por todo lo expuesto, la aplicación de la frase "Contra
la sentencia no procederá recurso alguno” contenida en el inciso tercero del artículo
17 de la Ley N° 18.755 no produce las infracciones constitucionales denunciadas, por
lo que el requerimiento de inaplicabilidad deducido por Agrícola Llahuen S.A. debe
necesariamente ser desestimado.




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DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO




Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93 incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A LO
PRINCIPAL DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. QUE SE ALZA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE
POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA
LITIGAR.



DISIDENCIA

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, HÉCTOR MERY ROMERO y de la Ministra señora MARCELA
PEREDO ROJAS, quienes estuvieron por acoger el requerimiento por las siguientes
razones:



I. SOBRE LA NORMA LEGAL IMPUGNADA Y EL ESTADO DE LA
GESTIÓN PENDIENTE DE AUTOS

1°. Que, la parte requirente solicita a esta Magistratura que ejerza la
competencia que confiere el artículo 93, inciso primero, N°6, de la Constitución; para
que declare inaplicable, en la gestión pendiente de autos, la frase “Contra la sentencia
no procederá recurso alguno”, contenida en el artículo 17 de la Ley N°18.755, que
establece normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero.

2°. Ello porque la parte requirente interpuso un reclamo judicial ante el Primer
Juzgado Civil de Concepción (Rol C-4.311-2023), en contra de un acto administrativo
dictado por el Servicio Agrícola y Ganadero que confirma la imposición de una multa
de 130 UTM en su contra, al rechazar el recurso administrativo de revisión interpuesto
ante el mismo servicio.

3° En efecto, el Primer Juzgado Civil de Concepción razonó que no ha lugar al
recurso de apelación intentado contra la sentencia definitiva “(…) no siendo
procedente según lo dispuesto en artículo 17 de la Ley 18.755 (…)” (fojas 1.144 del
expediente constitucional).




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DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS




4º Así, artículo 17 de la Ley N°18.755 priva a las partes de la posibilidad de
impugnar la sentencia definitiva. Por lo tanto, el precepto legal impugnado es
decisivo, ya que es potencialmente aplicable por el juez del fondo al resolver el recurso
de hecho, donde se determinará si procede o no el recurso de apelación intentado por
la requirente en contra del fallo dictado por el Juzgado Civil. En esa perspectiva, la
norma legal impugnada dice razón con el procedimiento como garantía adjetiva, y del
proceso como garantía sustantiva.



II. SENTIDO Y ALCANCE DEL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO
COMO BAREMO DE CONSTITUCIONALIDAD

5°. En el caso de autos, el precepto legal impugnado constituye uno de aquellos
prohibitivos, del tenor literal se desprende que en sentido negativo regula una
prohibición de ejercicio legítimo del derecho al recurso. La prohibición expresa
supone en su aplicación al requirente agravio constitucional en el caso concreto por
las razones que se explicarán a continuación.

6° Para determinar la constitucionalidad en concreto del precepto legal
impugnado éste se debe subsumir a los derechos fundamentales reconocidos en la
Carta Fundamental. Desde esa perspectiva, la prohibición absoluta de interposición
de recursos supone considerar la garantía constitucional del artículo diecinueve
numeral tercero de la Constitución. Y, en el mismo orden, en razón del artículo quinto
inciso segundo en coherencia con el artículo octavo de la Convención Americana de
Derechos Humanos que por remisión normativa asegura el derecho al recurso como
garantía judicial básica entorno al debido proceso.

7° De modo tal, que el precepto legal impugnado supone una regulación
legislativa que genera exceso de poder contrario a la Carta Fundamental porque
impide al requirente ejercer los derechos procesales asegurados constitucionalmente
en razón de la multa que ha sido aplicada y que deviene en injusta para quien ejerce
una actividad agrícola lícita.



III. ESCRUTINIO DE INAPLICABILIDAD Y EFECTOS CONTRARIOS
A LA CARTA FUNDAMENTAL

8°. En coherencia con lo anteriormente expuesto, cabe considerar que, el
debido proceso es un derecho en sí y también es un derecho que sirve para el ejercicio
de otros derechos. En esta línea, esta Magistratura ha señalado que una garantía
mínima del debido proceso supone el ejercicio del derecho a impugnar resoluciones
judiciales a través de la interposición de recursos (considerando 11° de la sentencia
Rol N°1.443. En el mismo sentido, sentencias Roles N°376, 389, 478, 481, 821, 934, 986
y 1.432). De modo tal, que no se trata de una mera opción de política legislativa sino
una garantía mínima del justo y racional procedimiento.




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DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES




9°. En efecto, nuestra Carta Fundamental contiene la garantía procesal en el
artículo diecinueve numeral tercero, en tanto advierte que el legislador “siempre”
deberá establecer las garantías de un procedimiento racional y justo; sin excepciones.
De modo que el legislador no posee un poder ilimitado u omnímodo. Por lo tanto, el
legislador, para todo procedimiento debe procurar a las partes dichas garantías
mínimas, entre ellas, el derecho a impugnar resoluciones judiciales. Y si bien existen
diversas herramientas procesales a través de las cuales una parte en juicio puede
impugnar una resolución judicial injusta o irregular que produce agravio, los recursos
son el medio de impugnación de resoluciones judiciales por antonomasia.

10°. Así, si bien es cierto que el legislador cuenta con cierto margen de
discrecionalidad válido para poder determinar las garantías propias de un
procedimiento en específico atendiendo a su naturaleza y características propias, la
flexibilidad normativa del artículo 19 numeral tercero, especialmente su inciso sexto,
en ningún caso permite excluir el derecho a un recurso útil.

11°. Además, cabe señalar que el derecho al recurso ha sido reconocido
constitucionalmente mediante la remisión normativa del artículo quinto, inciso
segundo, de la Carta Fundamental, con relación al derecho de recurrir del fallo ante
juez o tribunal superior reconocido en múltiples tratados internacionales sobre
derechos humanos, ratificados por Chile y vigentes.

12° Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala
en su artículo catorce numeral quinto que “Toda persona declarada culpable de un delito
tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a
un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”. Por su parte, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo octavo numeral segundo letra h),
establece que “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) h) Derecho de recurrir del
fallo ante juez o tribunal superior”.

13° Si bien en el ámbito del derecho internacional sobre derechos humanos
inicialmente se reconoció el derecho al recurso con un enfoque penal, a lo largo del
tiempo la doctrina y jurisprudencia han ido elevando el estándar aplicable respecto al
derecho al recurso, hasta concebirlo como un derecho que permita impugnar
resoluciones judiciales injustas o irregulares, de forma tal que un tribunal superior las
revise, en todo tipo de procedimientos, independientemente de su naturaleza.

14° Por ende, “el derecho de los justiciables de impugnar las resoluciones judiciales
en todo asunto es una exigencia del debido proceso, garantía que los Estados no pueden, sin
más, limitar” (LETELIER LOYOLA, Enrique (2014): “El derecho fundamental al
recurso según la doctrina jurisprudencial del sistema interamericano de protección de
los derechos humanos”. Revista Europea de Derechos Fundamentales, vol. 23, pp.
141-160).




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DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO




15° En el caso concreto de autos, la aplicación del precepto legal impugnado
genera un agravio constitucional en el requirente, al limitar su posibilidad de
impugnar la sentencia definitiva, una resolución esencial para resolver el conflicto
jurídico de relevancia sometido a la jurisdicción ordinaria. Ello, pues el artículo 17 de
la Ley N°18.755 impide en sentido absoluto interponer recurso alguno en contra del
fallo dictado por el Juzgado Civil.

16°. Con razón, la doctrina procesal advierte el agravio constitucional para el
requirente a causa de la restricción recursiva ante la naturaleza jurídica de la
resolución impugnada, ya que con razón el destacado jurista Alejandro Romero
advierte que “[L]a sentencia definitiva es la resolución más relevante que puede pronunciar
un juez o tribunal, debiendo cumplir con una serie de garantías y de exigencias formales”
(Véase, ROMERO SEGUEL, Alejandro (2017): Curso de derecho procesal civil. Tomo
IV. De los actos procesales y sus efectos. Santiago, Editorial Thomson Reuters, primera
edición p. 77).

17° En coherencia con lo anterior, la interpretación sistemática y finalista de la
Constitución razona bajo la premisa que la norma normarum, en ningún caso sea
interpretada en sentido restrictivo tal que excluya los derechos asegurados
expresamente en ella, como ocurre en este caso concreto. Esto porque, el derecho a un
recurso útil es compatible con el margen de apreciación del legislador
constitucionalmente válido siempre dentro del contenido mínimo de la racionalidad
del procedimiento protegido por el constituyente, conforme a Derecho y al sentido
común.

18° Ello porque, a contrario sensu, legitimar la restricción recursiva establecida
en el precepto legal impugnado implicaría privar a la parte requirente de las garantías
procesales efectivas para asegurar que sus derechos fundamentales.

19° A mayor abundamiento, el precepto legal impugnado resulta contrario a
los derechos asegurados a toda persona, debido al artículo quinto inciso segundo de
la Carta Fundamental en remisión al artículo veinticinco de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, el cual, al establecer el derecho a la protección judicial,
señala que “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención,
aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones
oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado
decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y




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DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO




c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en
que se haya estimado procedente el recurso”.



20°. Finalmente, en el caso de autos, la aplicación del precepto legal genera a
la requirente agrícola la vulneración de la esencia de los derechos regulados
constitucionalmente y por vía de remisión constitucional a los tratados ratificados por
Chile y vigentes, de modo que el legislador ha excedido el contenido supralegal de los
derechos al limitar procesal y sustantivamente el derecho a defensa ante un proceso
que “en caso alguno” procederá el derecho al recurso al tenor literal de la norma legal
impugnada.



Redactó la sentencia la Ministra señora CATALINA LAGOS TSCHORNE. La
disidencia corresponde a la Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 16.878-25-INA




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DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 07/05/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Miguel Angel Fernández González
Fecha: 07/05/2026 Fecha: 07/05/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 07/05/2026 Fecha: 07/05/2026



Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 07/05/2026



Alejandra Precht Rorris
Fecha: 07/05/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández González, señor Raúl
Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor Héctor
Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas y señora Alejandra Precht
Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 07/05/2026




B872E308-45EC-448F-A527-2BF00AF41646
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