TC Rol 16897

Texto completo

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SETENTA Y DOS




2026

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Roles N° 16.890-2025 y N° 16.897-25 INA (acumulados)

[29 de enero de 2026]
____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LOS VOCABLOS
"DEFINITIVA", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY N°
20.600, QUE CREA LOS TRIBUNALES AMBIENTALES, Y
"DEFINITIVAS", CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS 766 INCISO
PRIMERO Y 767 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL


SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ENAP REFINERÍAS S.A.
EN EL PROCESO ROL N° 9221-2025, SEGUIDO ANTE LA EXCMA. CORTE
SUPREMA



VISTOS:

Que, a fojas 1, con fecha 4 de septiembre de 2025, acciona la Superintendencia
del Medio Ambiente y ENAP Refinerías S.A. de inaplicabilidad respecto de los
vocablos “definitiva”, contenido en el artículo 26 de la Ley N° 20.600, que crea los
Tribunales Ambientales, y “definitivas”, contenido en los artículos 766 inciso primero
y 767 del Código de Procedimiento Civil, para que ello incida en el proceso Rol N°
9221-2025, seguido ante la Excma. Corte Suprema.



Preceptos legales cuya aplicación se impugna

El texto de los preceptos impugnados dispone lo siguiente:




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“Ley N° 20.600

(…)

Artículo 26. Recursos. En estos procedimientos sólo serán apelables las resoluciones
que declaren la inadmisibilidad de la demanda, las que reciban la causa a prueba y las que
pongan término al proceso o hagan imposible su continuación. De este recurso conocerá la
Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional tenga asiento el Tribunal Ambiental que
haya dictado la resolución apelada.

El plazo para la interposición de la apelación será de diez días contado desde la
notificación de la resolución respectiva.

En contra de la sentencia definitiva dictada en los procedimientos relativos a las
materias que son de la competencia de los Tribunales Ambientales, establecidas en los
numerales 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) y 10) del artículo 17, procederá sólo el recurso de casación
en el fondo, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil.

Además, en contra de la sentencia definitiva dictada en los procedimientos señalados
en el inciso anterior, procederá el recurso de casación en la forma, en conformidad a lo dispuesto
en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, sólo por las causales de los números 1, 4,
6 y 7 de dicho artículo. Asimismo, procederá este recurso cuando en la sentencia definitiva se
hubiere omitido alguno de los requisitos establecidos en el artículo 25 de esta ley; o cuando la
sentencia haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de
la prueba conforme a las reglas de la sana crítica”.

(…)



“Código de Procedimiento Civil

(…)

Artículo 766. El recurso de casación en la forma se concede contra las sentencias
definitivas, contra las interlocutorias cuando ponen término al juicio o hacen imposible su
continuación y, excepcionalmente, contra las sentencias interlocutorias dictadas en segunda
instancia sin previo emplazamiento de la parte agraviada, o sin señalar día para la vista de la
causa.

Procederá, asimismo, respecto de las sentencias que se dicten en los juicios o
reclamaciones regidos por leyes especiales, con excepción de aquéllos que se refieran a la
constitución de las juntas electorales y a las reclamaciones de los avalúos que se practiquen en
conformidad a la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial y de los demás que prescriban las
leyes.”

“Artículo. 767. El recurso de casación en el fondo tiene lugar contra sentencias
definitivas inapelables y contra sentencias interlocutorias inapelables cuando ponen término
al juicio o hacen imposible su continuación, dictadas por Cortes de Apelaciones o por un
tribunal arbitral de segunda instancia constituído por árbitros de derecho en los casos en que




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estos árbitros hayan conocido de negocios de la competencia de dichas Cortes, siempre que se
hayan pronunciado con infracción de ley y esta infracción haya influido substancialmente en
lo dispositivo de la sentencia”.

(…)



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

Explica la actora que con fecha 19 de febrero de 2025 el Segundo Tribunal
Ambiental, en causa rol N° R-427-2023 (acumulada al rol N° 431-2023), acogió
parcialmente una reclamación deducida por ENAP Refinerías S.A. en contra de la
Resolución Exenta N° 1553 de 5 de septiembre de 2023 de la Superintendencia del
Medio Ambiente (SMA), que puso término al procedimiento administrativo
sancionatorio Rol F-085-2021, sancionando a la empresa con una multa de 269,8 UTA
por cinco infracciones al D.S. N°105 del año 2019 del Ministerio del Medio Ambiente,
que aprobó el Plan de Prevención y Descontaminación para las comunas de Concón,
Quintero y Puchuncaví.

La sentencia confirmó tres de las cinco infracciones configuradas por la SMA
(cargos N° 1, N° 3 y N° 7) y dejó sin efecto las infracciones N° 2 y N° 8. Esta última
consistía en haber superado el límite de emisión de dióxido de azufre (SO₂) fijado en
1.145 ton/año para el año 2019, sancionada con multa de 171 UTA por tratarse de una
infracción grave.

En virtud del artículo 26 de la Ley N°20.600, con fecha 10 de marzo de 2025, la
Superintendencia del Medio Ambiente dedujo recursos de casación en la forma y en
el fondo en contra de dicha sentencia. Con la misma fecha, ENAP Refinerías S.A.
también interpuso recursos de casación contra los cargos que le fueron confirmados.

Con fecha 17 de marzo de 2025, el Segundo Tribunal Ambiental admitió a
trámite ambos recursos de casación y elevó los antecedentes a la Corte Suprema, que
los recibió bajo el Rol N°9.221-2025. Luego, el 1 de abril de 2025, se ordenó dar cuenta
de la admisibilidad de los recursos de casación. Posteriormente, con fecha 21 de agosto
de 2025, se certificó que la causa quedó en acuerdo de admisibilidad ante la Tercera
Sala de la Corte Suprema.

En el marco de lo anterior, las requirentes arguyen la existencia de
vulneraciones constitucionales con motivo de la aplicación de la preceptiva
cuestionada.

En primer lugar, se vulnera el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental. La
SMA sostiene que si los Tribunales Ambientales hubiesen confirmado las sanciones
impuestas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), las reclamantes
habrían podido recurrir de casación. Sin embargo, al anular dichas sanciones -total o
parcialmente- se ve privada de ese derecho, mientras que las empresas conservan la




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posibilidad de recurrir cuando las sentencias les son desfavorables. Esta diferencia
arbitraria carece de justificación razonable y no resulta idónea para cumplir con la
finalidad perseguida por el legislador al establecer el sistema recursivo ambiental,
generando una asimetría procesal injustificada entre partes que litigan en igualdad de
condiciones ante el tribunal ambiental.

ENAP Refinerías a su vez sostiene que si se admite que solo las sentencias que
confirman una sanción administrativa son “definitivas” —permitiendo con ello su
impugnación mediante recurso de casación—, mientras que se niega ese carácter a
aquellas que anulan, modifican o dejan sin efecto la sanción, se configura una
situación de desigualdad ante la ley. Esto, por cuanto una misma clase de acto
jurisdiccional y de la misma importancia para el procedimiento ambiental—esto es,
una decisión que resuelve el fondo del asunto litigioso— recibe un tratamiento
procesal distinto según su contenido, impidiendo que determinados sujetos (como la
Superintendencia del Medio Ambiente o terceros) puedan acceder al recurso de
casación, mientras que otros sí lo pueden ejercer.

Se arguye seguidamente una infracción al artículo 19 N°3 de la Constitución
Política de la República, en relación con la garantía de debido proceso y,
específicamente, el derecho a recursos. La aplicación del vocablo cuestionado ha
privado del ejercicio legítimo de casar las sentencias dictadas por los Tribunales
Ambientales, en circunstancias que éstas tampoco son susceptibles de ser apeladas
conforme al mismo artículo 26 de la Ley N°20.600, dejándoles sin recurso alguno para
impugnar decisiones que les resultan gravosas.

La SMA destaca que esta privación del derecho al recurso resulta
especialmente grave en materia ambiental, en cuanto el Acuerdo de Escazú garantiza
expresamente en sus artículos 8.1 y 8.2 el acceso a instancias judiciales para recurrir
decisiones que afecten o puedan afectar de manera adversa al medio ambiente.

ENAP Refinerías S.A. adiciona que la vulneración del derecho al recurso
resulta especialmente grave si se considera que, con la entrada en vigencia de la Ley
N°21.595 sobre Delitos Económicos y atentados contra el medio ambiente, las
infracciones administrativas calificadas como graves pueden eventualmente acarrear
consecuencias penales conforme al artículo 306 del Código Penal. La restricción
recursiva fue establecida por el legislador sin ponderar este escenario, generando una
situación donde una calificación administrativa quedaría firme sin posibilidad de
revisión judicial, pudiendo servir de base para una futura imputación penal.
Asimismo, la restricción no puede justificarse en principios de celeridad o certeza
jurídica, pues por el contrario genera un círculo vicioso de dilación indefinida: al
impedirse la corrección de vicios mediante casación, la sentencia anulatoria ordena
dictar nueva resolución administrativa que contendrá los mismos vicios no
subsanados, generando una nueva reclamación y potencial nueva anulación. Sólo la
posibilidad de casación permitiría zanjar definitivamente las cuestiones jurídicas




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controvertidas, otorgando verdadera certeza y celeridad al procedimiento
sancionatorio ambiental.

En tercer lugar, la SMA sostiene que la aplicación del vocablo impugnado
vulnera el artículo 19 N°8 de la Constitución, que establece el derecho a vivir en un
medio ambiente libre de contaminación y el deber del Estado de velar por que este
derecho no sea afectado. La aplicación del vocablo impide a la SMA recurrir contra
una sentencia que dejó sin efecto el Plan de Prevención y Descontaminación para las
comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví (PPDA CQP) para el año 2019,
imposibilitando la fiscalización del primer año de vigencia del instrumento de gestión
ambiental más importante para una zona declarada saturada.

Como consecuencia, el Tribunal Ambiental impide fiscalizar el primer año en
que debían reducirse emisiones de dióxido de azufre, validando una actuación del
regulado sin fundamento técnico y operando regresivamente desde el punto de vista
ambiental. Es así como la aplicación del vocablo "definitiva" impide a la SMA
defender, vía casación, una decisión que buscaba proteger el medio ambiente en zona
declarada saturada, privándola del ejercicio de su deber constitucional.

Se destaca además por la SMA que existe actualmente un Proyecto de Ley en
tramitación, Boletín N°16.204-12, que precisamente busca eliminar el vocablo
“definitiva” del artículo 26 de la Ley N°20.600 para garantizar el derecho al recurso
de todas las partes en materia ambiental. Este Proyecto modificó su texto original para
abordar específicamente el problema que genera la aplicación del concepto
“definitiva” al momento de resolver las admisibilidades de las casaciones deducidas
en contra de las sentencias de los tribunales ambientales, reconociendo expresamente
en su fundamentación que la situación actual “genera falta de certeza” y “pugna con
el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 19 N°3 de la Constitución
Política de la República”.



Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Segunda Sala, con fecha 9 de
septiembre de 2025, a fojas 46, disponiéndose la suspensión del procedimiento.

En resolución de fecha 13 de octubre de 2025, a fojas 56, se declaró admisible y
se ordenó acumulación del proceso con el sustanciado bajo Rol N° 16.897-25-INA.
Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y a las
demás partes en la gestión invocada, no fueron formuladas observaciones.

Consta en autos inhabilidad estampada a fojas 77, de la Ministra señora
Alejandra Precht Rorris, aceptada por resolución de Pleno de fecha 25 de noviembre
de 2025, a fojas 87.




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A fojas 70, por decreto de fecha 14 de noviembre de 2025, se trajeron los autos
en relación.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 25 de noviembre de 2025 se verificó la vista de la causa,
oyéndose la relación pública, alegatos por la Superintendencia del Medio Ambiente
del abogado Francisco Sepúlveda Muño, y por ENAP Refinerías S.A., del abogado
Rodrigo Guzmán Rosen. Se adoptó acuerdo con igual fecha, conforme certificación
del relator.



Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el Segundo Tribunal Ambiental acogió parcialmente una
reclamación de ENAP Refinerías S.A., dejando sin efecto dos de las cinco infracciones
sancionadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en el marco de un
procedimiento sancionatorio, manteniendo tres cargos. Frente a dicha sentencia, tanto
la SMA como ENAP interpusieron recursos de casación en la forma y en el fondo, los
que fueron admitidos a trámite y elevados a la Corte Suprema, encontrándose
actualmente pendientes de resolución sobre su admisibilidad.

En este contexto, las requirentes sostienen que la aplicación del artículo 26 de
la Ley N°20.600, en particular del vocablo “definitiva”, vulnera diversas garantías
constitucionales, cuestionamiento que ENAP extiende también a dicha expresión
contenida en los artículos 766 y 767 del Código de Procedimiento Civil. Afirman que
ello infringe el principio de igualdad ante la ley, al permitir el acceso al recurso de
casación únicamente cuando las sentencias confirman sanciones, pero no cuando las
anulan o modifican, generando una asimetría procesal injustificada entre las partes.
Asimismo, alegan una afectación del derecho al debido proceso y al derecho al
recurso, al privar a la Superintendencia del Medio Ambiente y a terceros de toda vía
impugnatoria frente a decisiones gravosas de los tribunales ambientales.

Adicionalmente, la SMA argumenta que esta restricción recursiva menoscaba
el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, al impedir la revisión
judicial de sentencias que dejan sin efecto instrumentos de gestión ambiental
relevantes, como lo es el Plan de Prevención y Descontaminación de Concón, Quintero
y Puchuncaví. Finalmente, se destaca la existencia de un proyecto de ley en
tramitación que busca eliminar el término “definitiva” del artículo 26 de la Ley
N°20.600, reconociendo expresamente que su mantención genera incertidumbre
jurídica y resulta incompatible con el debido proceso.

SEGUNDO: Que, esta Magistratura rechazó recientemente, en sentencia Rol
N°15.666-2024, una acción de inaplicabilidad respecto del vocablo “definitiva” de la
Ley N°20.600. En la presente causa se reproducen y mantienen los razonamientos




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desarrollados en dicha oportunidad, en cuanto el caso concreto sometido al
conocimiento de este Tribunal no justifica arribar a una conclusión diversa, ni respecto
de la expresión contenida en el artículo 26 de la ley que crea los Tribunales
Ambientales, ni respecto de la misma expresión prevista en los artículos 766 y 767 del
Código de Procedimiento Civil.

TERCERO: Que, lo que las partes requirentes exponen como fundamentos
para acoger la inaplicabilidad corresponde, más bien, a una discrepancia con la
calificación jurídica que hizo la Corte Suprema respecto de la resolución impugnada,
antes que a argumentos dirigidos a establecer la inconstitucionalidad de la aplicación
del precepto legal objetado. Así, lo que les causa agravio no es el precepto legal en sí
mismo, sino que la interpretación que la Corte Suprema ha hecho de la naturaleza
jurídica de la resolución que aspira a poder cuestionar.

CUARTO: Que, en relación con la calificación de las resoluciones dictadas por
los tribunales ambientales, al pronunciarse sobre reclamaciones dirigidas contra
resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente, han coexistido distintas
posturas: por una parte, la de la Corte Suprema, que sostiene que una sentencia
definitiva es aquella que pone término al asunto al pronunciarse sobre el fondo de lo
debatido en el procedimiento administrativo, y por otra, la de los requirentes, quienes
defienden que la sentencia definitiva es la que se pronuncia sobre la legalidad o
ilegalidad del acto administrativo impugnado, pues ese es el asunto controvertido.

Así las cosas, estamos ante un problema interpretativo en torno a la normativa
aplicable, lo que escapa a las competencias del Tribunal Constitucional. Un criterio
elemental y asentado es el que ha establecido desde larga data la judicatura
constitucional, al sostener que esta Magistratura resuelve, mediante la acción de
inaplicabilidad, sobre la constitucionalidad de disposiciones legales aplicadas en un
caso concreto, careciendo de competencia para resolver asuntos de mera legalidad: “el
tipo de controversia caracterizado en el razonamiento precedente es de aquellos que, según el
criterio sostenido por la jurisprudencia de este Tribunal, así como por la de los tribunales
superiores de justicia, corresponde dilucidar a los jueces del fondo, por tratarse de un conflicto
de mera legalidad, que debe resolverse de conformidad a las normas pertinentes a la vigencia de
las leyes contenidas en el Código Civil. Por consiguiente, no le corresponde a esta Magistratura
expedirse acerca de un conflicto de aplicación de normas legales cuya resolución ha de hacerse
por los tribunales competentes de acuerdo a las preceptivas pertinentes de ese rango
normativo.” (STC Rol N°796-2007, c. 27°).

QUINTO: Que, en línea con lo anterior, ha quedado establecido que el
requerimiento de inaplicabilidad no es la vía para impugnar resoluciones de los
sentenciadores, punto que ha sido confirmado por el Tribunal Constitucional de
forma reiterada, tanto en sentencias que se pronuncian sobre la admisibilidad de un
requerimiento (STC roles N°1217-2009, 2880-2015, 3144-2016), como en aquellas que
resuelven el fondo del asunto. En este sentido, esta Magistratura ha acuñado un
principio de respeto por la competencia del juez de fondo, en virtud del cual ha



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señalado “Que, atendido lo anterior, no le corresponde al Tribunal Constitucional, en el
examen que debe realizar de la acción de inaplicabilidad, emitir pronunciamiento alguno
respecto de las decisiones adoptadas por el tribunal que conoció o está conociendo de la gestión,
ni en torno a las consideraciones que el juez a quo tuvo al resolver un asunto, por equivocadas
que éstas pudieran haber sido. Adoptar el criterio inverso importaría atribuirse impropiamente
competencias exclusivas de la jurisdicción ordinaria. (STC 564 c. 8)” (STC Rol N°5442-2018-
INA, c. 5°).

Por lo antes dicho, está vedado a esta Magistratura calificar el mérito de la
resolución judicial, sin que le corresponda determinar si la resolución que se pretende
impugnar es o no una sentencia definitiva, incluso conforme al estándar propio de la
Corte Suprema.

SEXTO: Que, además de tratarse de una cuestión de interpretación legal, la
improcedencia de la casación no implica una vulneración al derecho al recurso.

El derecho al recurso ha sido comprendido como parte integrante del debido
proceso, concepto que no es definido por nuestra Constitución, pero del cual se
entregan luces acerca de su contenido: la sentencia debe ser antecedida por un proceso
legalmente tramitado, correspondiendo al legislador establecer las garantías de un
procedimiento racional y justo. Dentro de este marco, el constituyente regula en el
artículo 19 numeral 3 de la Carta Fundamental dos de los elementos configurativos
del debido proceso: el derecho al ser juzgado por un tribunal prestablecido por ley y
el derecho a defensa jurídica.

Así, al intentar establecer cuáles son las garantías cuya presencia determina la
existencia de un procedimiento racional y justo, vemos que estas varían según el
procedimiento de que se trate. Las garantías específicas y su intensidad cambiarán
dependiendo de si estamos frente a un procedimiento penal, civil, de familia, laboral,
contencioso-administrativo, etc., según las particulares características de ese
procedimiento y los distintos intereses que estén en juego en el mismo. Por lo tanto,
el debido proceso no cuenta con un contenido determinado de manera general y
previa por nuestra Constitución -mucho menos con un procedimiento único, sin
atender a diferencias en relación con las materias y sus propios principios cardinales-
y, en consecuencia, a nivel legal, varía.

SÉPTIMO: Que, esta forma de regular el asunto fue el resultado de una opción
deliberada del Constituyente, quien decidió abstenerse de enunciar expresamente las
garantías que configuran un procedimiento racional y justo, dejando abierta la
posibilidad de que sea el legislador quien las precise caso a caso, atendiendo a las
características, necesidades y naturaleza de cada procedimiento (STC Rol N° 576-2006,
cc. 40° y 41°).

En esta línea, el Tribunal Constitucional ha señalado que “la Carta Política,
además, no estableció un conjunto de elementos que deban estar siempre presentes en todos y
cada uno de los procedimientos de diversa naturaleza que debe regular el legislador. Frente a la




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imposibilidad de determinar cuál es ese conjunto de garantías que deben estar presentes en cada
procedimiento, el artículo 19, numeral 3°, inciso sexto de la Constitución optó por un modelo
diferente: mandató al legislador para que en la regulación de los procedimientos éstos siempre
cumplan con las exigencias naturales que la racionalidad y la justicia impongan en cada
proceso específico. Por lo mismo, “el procedimiento legal debe ser racional y justo. Racional
para configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo para orientarlo a un
sentido que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un proceso. Con ello se
establece la necesidad de un juez imparcial, con normas que eviten la indefensión, que exista
una resolución de fondo, motivada y pública, susceptible de revisión por un tribunal superior
y generadora de la intangibilidad necesaria que garantice la seguridad y certeza jurídica propias
del Estado de Derecho” (STC Rol N° 1838-2010, c. 10°).

OCTAVO: Que, por tanto, el derecho al recurso no se encuentra expresamente
contemplado, ni menos desarrollado, en nuestra Constitución, sino que su
configuración ha sido producto del desarrollo doctrinario y jurisprudencial,
adaptándose según el procedimiento correspondiente. Estamos, entonces, ante un
ámbito en el que el legislador dispone de un amplio margen de configuración, cuya
regulación concreta constituye una opción de política legislativa.

La regulación de los tratados internacionales sobre esta garantía va en la
misma línea. Los artículos 8 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, así como el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos no permiten concluir que el derecho al recurso deba aplicarse a toda
resolución dictada en cualquier clase de juicio. Incluso en el ámbito penal —donde el
desarrollo de estándares ha sido más amplio y exigente— dicha garantía se entiende
satisfecha con la existencia de un “recurso ordinario, accesible y eficaz, que permita un
examen o revisión integral del fallo recurrido, esté al alcance de toda persona condenada y
respete las garantías procesales mínimas” (Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Caso Norín Catrimán y otros vs. Chile, sentencia de 29 de mayo de 2014, fondo,
reparaciones y costas, c. 270°).

NOVENO: Que, en este sentido, el Tribunal Constitucional ha indicado que
“aunque nuestra Constitución exige un debido proceso que consagre la revisión de las
sentencias, ello no significa que consagre el derecho a la doble instancia” (STC Rol N°1432-
2009, c. 14°). Lo anterior se explica en que, si bien los recursos buscan salvaguardar la
corrección de errores en las resoluciones judiciales y reparar un agravio, para la
vigencia de un procedimiento racional y justo también resulta necesario resguardar
otros valores, como la solución definitiva de un conflicto mediante la preclusión de
los mecanismos de impugnación.

Además, en el contexto de un procedimiento sancionatorio ambiental
confluyen otros factores relevantes: la celeridad adquiere especial importancia
atendida la naturaleza del bien jurídico protegido, y la regulación de la revisión de la
Corte Suprema respecto de las sentencias ambientales dictadas por tribunales




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especializados busca equilibrar el control jurisdiccional con la autonomía de estos
órganos, que resuelven tomando en cuenta consideraciones técnicas.

DÉCIMO: Que, dado que el derecho a la impugnación de las sentencias no
implica un derecho a un recurso en particular, una vez establecida la posibilidad de
revisión, el legislador es libre para determinar el modo y los procedimientos a través
de los cuales esta se materializa.

DÉCIMO PRIMERO: Que, respecto del recurso de casación, el Tribunal
Constitucional ha indicado que “si el mandato del artículo 19 N°3 de la Constitución no
obliga al legislador a dotar a las partes de un recurso específico, como la apelación, mucho
menos lo coloca en la necesidad de establecer un recurso de carácter extraordinario y de derecho
estricto, como la casación” (STC Rol N°12.548-2021, c. 11°). Además, en materia
administrativa la exclusión de este recurso ha sido una solución habitual: “En el caso
de reclamos judiciales que contemplan el agotamiento previo de la vía administrativa no ha
sido inusual que el legislador establezca la improcedencia de recursos de casación o, inclusive,
la improcedencia de todo recurso (véase artículo 30 de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la
Información Pública; artículo 34 de la Ley N° 19.995 que Establece las Bases Generales para
la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juegos). En tales casos, lo
resuelto por la Corte de Apelaciones respectiva queda sujeto al control de la Excma. Corte
Suprema vía recurso de queja, tal como ocurre con el reclamo de ilegalidad de la Ley N° 19.175
(véase, Corte Suprema, 5 de mayo de 2016, 18.613-2015, sobre recurso de queja acogido en
contexto de reclamo de ilegalidad respecto de un Plan Regulador Metropolitano).” (Disidencia
STC Rol N°15.738-2024, c. 6°).

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en relación con lo anterior, la expresión
impugnada tampoco infringe la igualdad ante la ley. En primer lugar, porque existen
otros procedimientos contencioso-administrativos en los que se excluye este recurso,
y, en segundo lugar, porque la regulación del recurso de casación en materia
ambiental se aplica por igual a todas las partes del juicio, rigiendo de la misma forma
para todas ellas.

DÉCIMO TERCERO: Que, asimismo, la SMA argumentó que esta restricción
recursiva menoscababa el derecho a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación porque impedía la revisión judicial de una sentencia que deja sin efecto
un instrumento de gestión ambiental. Sin embargo, dicho planteamiento resulta
hipotético, toda vez que no se ha invalidado el Plan de Prevención y
Descontaminación de Concón, Quintero y Puchuncaví, el cual permanece plenamente
vigente. Lo resuelto por el tribunal ambiental se traduce únicamente en la reapertura
del procedimiento administrativo que había culminado con la imposición de una
multa por diversas infracciones al referido Plan, sin afectar en modo alguno sus
efectos generales. Acoger una acción de inaplicabilidad sobre la base de esta garantía
supondría que el Tribunal Constitucional asuma, de manera anticipada, que la SMA
no podrá volver a sancionar en el procedimiento reabierto, o que la decisión del




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tribunal ambiental es, en sí misma, incompatible con el derecho a vivir en un medio
ambiente libre de contaminación, calificación que no le corresponde realizar.

Por último, la SMA también sostiene que la existencia de un proyecto de ley
en tramitación, destinado a eliminar el término “definitiva” del artículo 26 de la Ley
N°20.600 y en cuya fundamentación se reconoce expresamente que la mantención de
dicho vocablo genera incertidumbre jurídica, constituiría un argumento adicional
para demostrar su incompatibilidad con el debido proceso. No obstante, un proyecto
de ley es solo una iniciativa legislativa en curso, carente de fuerza normativa, que no
permite por sí sola extraer conclusiones sobre la inconstitucionalidad de una
disposición vigente, ni menos sustituir el juicio de constitucionalidad que corresponde
efectuar a este Tribunal a partir del texto en vigor y de su aplicación al caso concreto.

DÉCIMO CUARTO: Que, por las razones expuestas, el requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad no puede prosperar y, en consecuencia, será
rechazado.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93 incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:



I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A LO
PRINCIPAL DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. QUE SE ALZA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE
POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA
LITIGAR.



DISIDENCIA



Acordada con el voto en contra de los Ministros señores señores MIGUEL
ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, HÉCTOR MERY ROMERO, y la Ministra señora
MARCELA PEREDO ROJAS, quienes estuvieron por acoger, en razón de las siguientes
consideraciones:




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1°. Que, la Superintendencia del Medio Ambiente (Rol N° 16.890) nos ha
pedido dilucidar si impedir la procedencia de los recursos de casación en el fondo y
en la forma en la gestión pendiente, para impugnar la sentencia pronunciada por el
Segundo Tribunal Ambiental, el 19 de febrero de 2025, conforme a lo dispuesto en el
artículo 26 de la Ley N° 20.600, resulta o no contrario al derecho a un procedimiento
racional y justo, que la Carta Fundamental asegura a todas las personas, en su artículo
19 N° 3° inciso sexto;

2°. Que, en la misma gestión pendiente, la empresa fiscalizada por la
Superintendencia referida, también ha recurrido de casación en la forma y en el fondo
en contra de la misma sentencia y ha requerido a esta Magistratura (Rol N° 16.897) la
inaplicabilidad de la palabra “definitiva” contenida en el mencionado artículo 26, así
como también en los artículos 766 inciso primero y 767 del Código de Procedimiento
Civil, en lo sustantivo, por los mismos argumentos constitucionales que la entidad
fiscalizadora;

3°. Que, como ha quedado en evidencia en estos autos, resulta inconcuso que
los recursos de casación en la forma y en el fondo solo proceden contra las sentencias
definitivas dictadas por los Tribunales Ambientales, y que, conforme a la
jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, la sentencia que las requirentes
buscan casar no tiene ese carácter, pues anula solo parcialmente el acto administrativo
impugnado en dicha sede ambiental;

4°. Que, estuvimos por acoger el requerimiento, pues estimamos que,
precisamente conforme a la comprensión que la Corte Suprema tiene del precepto
legal cuestionado, la aplicación de la expresión “definitiva”, contenida en los artículos
26 de la Ley N° 20.600 y 766 inciso primero y 767 del Código de Procedimiento Civil,
resulta contraria al derecho a un procedimiento racional y justo que la Constitución
garantiza a todas las personas en su artículo 19 N° 3° inciso sexto;

5°. Que, por cierto, esta Magistratura carece de competencia para examinar la
interpretación referida de la Corte Suprema, pero, ya no desde el ángulo
interpretativo, sino que desde la aplicación del precepto legal, la palabra “definitiva”,
en un caso como el que se plantea en la gestión pendiente, redunda en que sean
improcedentes los recursos de casación en el fondo y en la forma intentados por las
requirentes en estos autos acumulados, esto es, los arbitrios que tienen, precisamente,
por finalidad pronunciarse acerca de los vicios invocados por las partes con efecto
anulatorio;



I. JURISPRUDENCIA SOBRE DEBIDO PROCESO Y DERECHO AL
RECURSO

6°. Que, ha sido jurisprudencia constante de esta Magistratura, al explicar el
sentido y alcance del derecho constitucional asegurado en el referido numeral 3°
inciso sexto, que “(…) el derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo,



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OCHENTA Y CUATRO




que la Constitución asegura a todas las personas, debe contemplar las siguientes garantías: la
publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella
por la parte contraria, el emplazamiento, adecuada defensa y asesoría con abogados, la
producción libre de pruebas conforme a la ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la
bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias
dictadas por tribunales inferiores (…)” (v. gr., Roles N° 1.448 y 2.041).

Sin embargo, “(…) de lo anterior no se debe deducir, sin más, que la garantía
constitucional de un justo y racional procedimiento deba expresarse en formas determinadas y
específicas. Es más, cuando se discutió el alcance normativo del artículo 19, número 3°, de la
Carta Fundamental, en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, el señor Enrique
Evans afirmó que “es muy difícil señalar en el texto constitucional cuáles son las garantías
reales de un debido proceso, porque es un convencido de que ellas dependen de la naturaleza
del procedimiento y de todo el contenido de los mecanismos de notificación, defensa,
producción, examen y objeción de la prueba, y los recursos dependen, en gran medida, de la
índole del proceso” (c. 12°, Rol N° 2.259), “(…) consistente con ello, la Carta Fundamental no
precisa los componentes del debido proceso, delegando en el legislador la potestad para definir
y establecer sus elementos (STC Roles N° 576 y 1.557). De esta manera, es claro que no existe
un modelo único de expresión de las garantías integrantes del debido proceso en chile (STC Rol
N° 1.838)” (c. 13°, Rol N° 2.259).

Y, en fin, coherente con esa comprensión de la preceptiva constitucional, en
materia específicamente de recursos, hemos sostenido que “(…) de acuerdo a la reiterada
jurisprudencia de esta Magistratura en lo referente al “derecho al recurso”, como una de las
expresiones de la garantía de un justo y racional procedimiento, la decisión sobre la estructura
y forma de los medios por los cuales se hace efectiva la revisión de sentencias corresponde -en
principio- al legislador (STC Roles N° 1.373, 1.432, 1.443 y 1.535, entre otras)” (c. 18°, Rol
N° 2.452), llegando a admitir, incluso en materia penal, que “(…) aunque nuestra
Constitución exige un debido proceso que consagre la revisión de las sentencias, ello no
significa que consagre el derecho a la doble instancia. En otras palabras, el derecho al recurso
no es equivalente al recurso de apelación (…)”. (c. 14°, Rol N° 1.432).

Por lo mismo, “(…) el sistema procesal chileno reconoce en ciertos casos el
procedimiento de única instancia, pudiendo recordarse en esta sentencia sus dos casos más
emblemáticos, como lo son el establecimiento de resoluciones judiciales que son inapelables, que
por ende se dictan en única instancia, y por otra parte, la clasificación de la competencia que
hace el artículo 188 del Código Orgánico de Tribunales, al disponer que “la competencia de que
se halla revestido un tribunal puede ser o para fallar un asunto en una sola instancia, de modo
que la sentencia sea inapelable; o para fallarlo en primera instancia, de manera que la sentencia
quede sujeta al recurso de apelación”. (c. 7°, Rol N° 1.252);

7°. Que, haciendo nuestros esos criterios jurisprudenciales, lo que procede aquí
es evaluar si, en el caso concreto que ha sido sometido a nuestra consideración, la
aplicación del artículo 26 inciso primero de la Ley N° 20.600 y de las dos disposiciones
del Código de Procedimiento Civil ya referidas, resulta, en esta gestión pendiente,



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OCHENTA Y CINCO




respetuosa o no de la Constitución, conforme a esos estándares jurisprudenciales, a
raíz de impedir que la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Ambiental pueda
ser recurrida de casación por las requirentes, con lo cual -en los hechos- se trataría de
una decisión adoptada en única instancia;



II. CASACION Y CORTE SUPREMA

8°. Que, el examen de constitucionalidad que debemos realizar parte de un
supuesto cuya raíz se encuentra tanto en el derecho a un procedimiento racional y
justo como en los principios constitucionales que organizan el Poder Judicial en Chile,
conforme a los artículos 78, 80 y 82 de la Carta Fundamental, según el cual el principio
o regla general es que las sentencias definitivas puedan ser impugnadas, a través de
los medios que resulten más idóneos en relación al defecto, agravio o vicio que se les
imputa, guardando así la estructura del Poder Judicial y, más todavía, la función
casacional de los Tribunales Superiores, en general, y, sobre todo, de la Corte
Suprema.

Por ende, la posibilidad de contemplar procedimientos con sentencias
definitivas de única instancia tiene que concebirse como una excepción que,
consecuencialmente, requiere ser fuertemente justificada para superar el estándar de
razonabilidad, igualdad y racionalidad y justicia que exigen los numerales 2° y 3° del
artículo 19 constitucional;

9°. Que, este es el criterio que surge de nuestra jurisprudencia, conforme se ha
extractado, reconociendo al legislador la potestad para regular los procedimientos,
llenando de contenido específico el derecho constitucional asegurado en el numeral
3° del artículo 19, pero debiendo hacerlo mediante el establecimiento de
procedimientos dotados de racionalidad y justicia. En este marco, incluso, como
hemos sostenido, es posible configurar procedimientos en única instancia, pero,
ciertamente, con base en dicho numeral, así como en las demás disposiciones
constitucionales antes citadas, se trata de casos excepcionales que, por ende, tienen
que estar dotados de suficiente justificación para que, precisamente, sean susceptibles
de ser considerados racionales y justos y para que, al mismo tiempo, se sostenga la
exclusión de revisión por parte de los Tribunales Superiores y, en definitiva, por la
Corte Suprema;

10°. Que, en este sentido y en relación con la función que la Constitución
confiere a la Excelentísima Corte Suprema, especialmente atendida la gestión
pendiente en el ámbito ambiental y desde el ángulo del derecho a un procedimiento
racional y justo, “sí, se crean cuantiosas acciones en el papel, pero al propio tiempo se ponen
tantas injustificadas trabas a su ejercicio efectivo, que difícilmente pueden superar un benévolo
test de juridicidad. Diremos que no son inocentes de sospecha de anticonstitucionalidad y
suelen ir en cohorte: plazos cortísimos para reclamar, cosa que transcurran ya y la
determinación quede luego a firme; la obligación de consignar el total o parte de la multa antes




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OCHENTA Y SEIS




de poder accionar, lo que incentiva a elevar el monto de la pena y constituye un absurdo, cuando
justamente se reclama que la sanción es improcedente o confiscatoria; el agotamiento previo de
la vía administrativa como requisito para habilitar la acción procesal; la intervención judicial
reducida a una única instancia; la imprevisión de un probatorio donde se tenga la oportunidad
de desvirtuar los hechos en que se basa la autoridad; la prohibición al juez para suspender el
acto impugnado; la amenaza de que si pierde la acción el actor “necesariamente” será
condenado en costas; además –en algunos casos– de tener que pagar intereses leoninos a partir
del día siguiente al vencimiento del plazo para reclamar la pena administrativa” (Iván
Aróstica Maldonado: “Los Contenciosos Administrativos Especiales en la Legislación
Chilena. Una Visión Crítica a la Luz de la Constitución”, Ius Publicum N° 20, 2008, pp.
93-94);

11°. Que, es interesante recordar que el artículo 143 de la Constitución de 1823
ya dispuso que “[l]a primera magistratura judicial del Estado es la Suprema Corte de
Justicia”, confiriéndole, de acuerdo con su artículo 148, “(…) la superintendencia
directiva, correccional, económica y moral ministerial, sobre los tribunales y juzgados de la
Nación (…)” y encargándole, al tenor del artículo 146 N° 2, “[c]onocer de las nulidades de
sentencias de las Cortes de Apelaciones, en el único caso y forma que señala la Constitución”.

De este modo, la Suprema Corte de Justicia se caracterizó “(…) por el intento de
que mantuviera la competencia a gravamine de la Real Audiencia, para proteger a las personas
frente al gobierno. Esa es la Corte Suprema de Juan Egaña 1823-1835, en cierto modo la fase
epigonal del ulrumque ius. Pronto fue transformada en tribunal de segunda instancia, en
materias del crimen y de hacienda, paralelo a la Corte de Apelaciones. Esta es la Corte de
Mariano Egaña 1835-1903, que cronológicamente corresponde a la época de codificación del
derecho chileno, iniciada por él mismo (1837-1907). Luego, fue convertida en tribunal de
casación, y en lugar de dirimir cuestiones entre partes, pasó a definir el sentido de la ley. Esta
es la Corte de Vargas Fontecilla, 1903-1960, que coincide con el apogeo del derecho nacional
codificado (…)” (Bernardino Bravo Lira: “La Corte Suprema de Chile 1823-2003, Cuatro
Caras en 180 Años”, Revista Chilena de Derecho, Vol. 30 N° 3, 2003, p. 535);

12°. Que, siendo así, “[l]a Corte Suprema es desde principios del siglo XX, por
esencia, un tribunal de casación, acción que procede contra sentencias definitivas o
interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, pronunciadas
por las respectivas Cortes de Apelaciones” (Enrique Navarro Beltrán: “Notas sobre el rol
de la Corte Suprema en Chile”, Expansiva, 2007, p. 6), de tal manera que es posible
sostener que “la ley entrega ya en pleno, ya dividida en salas, según corresponda, una serie
de funciones a la Corte Suprema, pareciendo como la más importante la de resolver los recursos
de casación en el fondo (…) encaminados a uniformar, en el órgano judicial superior, el criterio
interpretativo del derecho vigente (…)” (Alejandro Silva Bascuñán: Tratado de Derecho
Constitucional, Tomo VIII, Santiago, Ed. Jurídica de Chile, 2002, p. 139).

Y no menos puede decirse de su vertiente en la forma, atendida la
trascendencia de los vicios que se deben subsanar mediante este arbitrio procesal,
contenidos en el artículo 768 inciso primero del Código de Procedimiento Civil;



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OCHENTA Y SIETE




13°. Que, así las cosas y desde la perspectiva constitucional, dotar al Máximo
Tribunal del Poder Judicial de la potestad casacional cumple una función
extraordinariamente relevante dentro del ordenamiento jurídico, pues, sin perjuicio
de otras finalidades, permite unificar la interpretación de la ley en el ámbito
jurisprudencial, coadyuvando a la realización de principios y derechos de jerarquía
constitucional, como la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley, a la par que
corregir vicios graves, como por ejemplo la falta de motivación, la adopción de
decisiones contradictorias o la errada o falsa interpretación de la ley, todos de
raigambre constitucional, conforme a los artículos 6°, 7° y 19 N° 3° de la Carta
Fundamental.

Por ello, la labor casacional que cabe desplegar a la Excelentísima Corte
Suprema es esencial para la vigencia del Estado de Derecho;

14°. Que, entonces, sustraer del conocimiento de la Corte Suprema, por vía de
casación, asuntos complejos y de interés cotidiano para las personas, pero que también
dicen relación con cuestiones vinculadas al interés general, como sucede con los que
refieren a las materias que son de competencia de los Tribunales Ambientales, es una
decisión que el legislador debe ponderar con extremo cuidado y ello, vale la pena
precisarlo, no desprovee a la casación del carácter de recurso extraordinario, en cuanto
procede por ciertas causales y bajo el cumplimiento de estrictos requisitos, ya que de
ello no puede colegirse que, además, sólo sería procedente en el juicio ordinario o
cuando, excepcionalmente, el legislador lo determine, sin que esta definición pueda ser
evaluada constitucionalmente;



III. APLICACIÓN AL CASO CONCRETO

15°. Que, el recurso de casación ha sido conceptualizado como “el acto jurídico
procesal de la parte agraviada destinado a obtener del Tribunal superior jerárquico la
invalidación de una sentencia, por haber sido pronunciada por el Tribunal inferior con
prescindencia de los requisitos legales o emanar de un procedimiento viciado al haberse omitido
las formalidades esenciales que la ley establece” (Mario Mosquera Ruiz y Cristián
Maturana Miquel: Los Recursos Procesales, Ed. Jurídica de Chile, 2ª Edición, 2012, p.
245), de lo cual se sigue que la finalidad perseguida por este medio de impugnación
se encuentra en el legítimo derecho a obtener una sentencia que dé pleno
cumplimiento a todos los requisitos que el legislador ha estimado como inherentes a
un proceso jurisdiccional, uniformando la interpretación de la ley;

16°. Que, la preceptiva general en asuntos civiles, esto es, todos aquellos que
no sean los de naturaleza criminal, incluyendo, por cierto, los que son de competencia
de los Tribunales Ambientales, conforme al artículo 76 de la Constitución, contempla
el recurso de casación, de manera tal que las excepciones a esa regla, como la contenida
en las disposiciones aquí impugnadas, deben ser evaluadas dentro de aquella
determinación general.




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OCHENTA Y OCHO




La cuestión, entonces, que debemos preguntarnos es si una sentencia que se
pronuncia acerca de la legalidad de un acto administrativo sancionador, en que ha
acogida parcialmente la reclamación deducida en su contra y en que tanto el particular
sancionado como el Ente Estatal que fiscaliza el cumplimiento de la legislación
ambiental sostienen que debe ser casada, puede quedar desprovista de impugnación
ante un Tribunal Superior y, más específicamente, ante la Corte Suprema;

17°. Que, así las cosas, dejar sin control superior lo decidido por el Segundo
Tribunal Ambiental es contrario a la Constitución, pues el carácter especializado del
Tribunal a quo no es suficiente para eximir sus decisiones, en particular la sentencia
que se pronuncia sobre la legalidad de un acto administrativo sancionador, de control
jerárquico en nuestro modelo de organización del Poder Judicial que, al revés, se
funda en la configuración de tribunales supeditados a los del nivel superior y, al fin y
al cabo, de la Corte Suprema, máxime en asuntos complejos y donde usualmente se
involucran tanto intereses particulares como el interés general;

18°. Que, en el caso de la gestión pendiente, atendida la naturaleza y contenido
de la sentencia que se trata de impugnar quedan desprovistas las partes del recurso
de casación, así como de todo otro medio de impugnación, volviendo el
pronunciamiento del Segundo Tribunal Ambiental en uno de única instancia, a pesar
que resuelve acerca de la legalidad de un acto administrativo sancionador, sin que sea
disuasivo el argumento que funda esta determinación legislativa en la libertad de
configuración de que está dotado el legislador, pues aquella libertad, precisamente
requiere -siempre que se traza una diferencia- de una justificación suficiente y no basta
la propia decisión autoritativa de la ley para dotar a unos justiciables del recurso de
casación y a otros, que se encuentran en circunstancias procesales análogas, negárselo;

19°. Que, en consecuencia, no se advierte claramente una finalidad
intrínsecamente legítima en la aplicación de los preceptos cuestionados. Ningún
fundamento racional aparece en la restricción recursiva y menos en que se consolide
una decisión parcialmente sancionatoria en única instancia y no se divisa razón para
privar a los litigantes en un juicio determinado del mismo derecho que les asiste a
otros en la generalidad de los asuntos análogos en el ámbito “civil”, conforme a la
expresión del artículo 76 de la Constitución;

20°. Que, esta diferencia injustificada, además, provoca que la aplicación de las
normas legales impugnadas quebrante el derecho a un procedimiento justo y racional,
al privar a las partes afectadas -por una sentencia que reclaman viciada- del
instrumento naturalmente llamado a corregir el vicio, del que disponen otros
justiciables que se encuentran en análoga situación, amén de no contemplarse otra vía
de impugnación suficientemente idónea que asegure un debido proceso y la concesión
de tutela judicial efectiva (Rol N° 1.373, c. 13° y 17°), sin que se vislumbre una conexión
racional lógica para la diferencia así establecida ni un supuesto fin de interés público
que la sustente.




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OCHENTA Y NUEVE




Es más, puede avizorarse la afectación de ese interés general por la sentencia
del Segundo Tribunal Ambiental cuando una de las partes que intenta recurrir es,
precisamente, la autoridad encargada de velar por la aplicación de la legislación
ambiental protectora de ese interés;

21°. Que, en suma, aplicar los preceptos legales impugnados en la gestión
pendiente no se condice con el imperativo que le asiste al legislador, por mandato de
la Constitución (artículo 19 N° 3°), de allanar el acceso a un recurso útil, o sea, idóneo
y eficaz, en las circunstancias anotadas, motivo por el cual estuvimos por acoger el
requerimiento. Teniendo además en cuenta el criterio sostenido en diversas ocasiones
por este Tribunal, en orden a que los preceptos de excepción contenidos en una ley,
en cuanto sustraen de cierta normativa general a personas o situaciones determinadas,
produciéndoles menoscabo y sin fundamento o justificación, importa incurrir en una
diferencia arbitraria y que es, por ende, contraria a la Constitución (artículo 19 N° 2°
inciso segundo), como ocurre en este caso (c. 12°, Rol N° 2.529);

22°. Que, por estas razones estuvimos por acoger la acción de inaplicabilidad
intentada en estos autos.



PREVENCIÓN



El Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ previene que concurre al rechazo de
estos requerimientos acumulados, roles 16.890 y 16.897, en virtud de los siguientes
argumentos:

1.- Que, a la inversa de lo que ocurría en nuestros autos Rol 15.666, en que este
ministro formó parte de la minoría que estuvo por acoger la acción, en este caso, en
que se acumularon dos requerimientos distintos, uno presentado por la
Superintendencia del Medio Ambiente y el otro por Enap Refinerías S.A., acontece
que para ninguno de esos requirentes la norma impugnada puede ser causa de
vulneración de derechos constitucionales, o infringir reglas de ese rango, en su
perjuicio.

2.- Que, en efecto, en el caso de la Superintendencia, la resolución que acogió
parcialmente un reclamo no pone término sin más al procedimiento administrativo,
sino que ordena reabrirlo. Luego, tras esa reapertura la Superintendencia deberá
reevaluar el caso y adoptar la resolución que estime corresponder en derecho, de
manera tal que el carecer de recurso de casación contra el fallo que dispuso esa
reapertura no infringe el debido proceso pues ese derecho al recurso no es absoluto
y, más allá de si se comparte o no la calificación que la Corte Suprema ha hecho de la
sentencia de los tribunales ambientales que resuelven reclamos contra resoluciones
administrativas de la Superintendencia en este ámbito jurídico, el caso es que en la
situación concreta la falta de recursos que deriva de aquella interpretación no torna



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NOVENTA




en irrazonable o en injusto en procedimiento, por el efecto mismo de la decisión
judicial que se quisiera impugnar.

3.- Que, a su turno, en el caso del requerimiento de ENAP, la diferencia con el
caso 15.666 estriba en que en este último se había rechazado un programa de
cumplimiento, programa que, de aprobarse, implicaba la suspensión, cuando menos
y quizás el término sin sanción, del proceso sancionatorio. Luego, era de capital
importancia para la afectada obtener la revisión de la decisión que rechazaba ese plan,
pero, como la resolución denegatoria del programa no solo no ponía término ni
impedía la prosecución del sancionatorio administrativo sino que, al contrario,
habilitaba para continuarlo, al requirente, privado de la casación, tampoco le quedaba
abierta la posibilidad de apelar, puesto que la apelación, según el artículo 26 de la Ley
20.600, procede contra las resoluciones que pongan término al proceso o hagan
imposible su continuación, que es justamente el caso opuesto a la situación del rol
15.666, como acabamos de decir, pero en cambio es el caso de las resoluciones que
rechazan reclamaciones, como es aquella contra la que quiere alzarse ENAP
Refinerías S.A., de modo que a esta empresa sí le quedaba abierto el derecho al
recurso, por la vía de la apelación. Ahora, que los Tribunales Ambientales o las Cortes
de Apelaciones interpreten, según se nos dice y en contra de lo señalado por la Corte
Suprema, que esas resoluciones son sentencias definitivas y por ende no son
apelables, constituye ya (de ser realmente así, cosa en la que no podemos ahondar)
un problema de concordancia entre las posiciones jurisprudenciales de los Tribunales
Superiores de Justicia, y por ende es al interior del sistema judicial donde ha de
buscarse la solución, para que los tribunales de grado menor se ajusten a la
jurisprudencia de la Suprema Corte, pues, en tanto ésta no cambie su doctrina,
apartarse de ella por parte de las Cortes de Alzada importaría ciertamente negar
recursos a los que las partes tendrían derecho y por ende puede quedar abierta
inclusive la vía disciplinaria, pero, como quiera que fuere, decir que es la ley, incluso
para el caso concreto, la que genera ese desencuentro intrasistema entre los tribunales
es ya un exceso al que no podemos concurrir.



Redactó la sentencia la Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ (Presidenta).
La disidencia corresponde al Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.
La prevención fue redactada por el Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Roles N° 16.890-25-INA y N° 16.897-25-INA (acumulados)




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NOVENTA Y UNO


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 30/01/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida María Pía Silva Gallinato
Fecha: 30/01/2026 Fecha: 30/01/2026



Miguel Angel Fernández González Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 30/01/2026 Fecha: 30/01/2026



Catalina Adriana Lagos Tschorne Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 30/01/2026 Fecha: 30/01/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 30/01/2026 Fecha: 30/01/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana
Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas
y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 30/01/2026




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