TC Rol 16898

Texto completo

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NOVENTA Y DOS




2026

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________

Sentencia
Rol 16.898-2025


[15 de enero de 2026]

____________



REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 196 TER, INCISO
PRIMERO, SEGUNDA PARTE, DE LA LEY N° 18.290, DE TRÁNSITO



ALEXANDER GONZALO ARAGÓN SALGADO
EN EL PROCESO PENAL RIT N° 2461-2023, RUC N° 2200149927-4, SEGUIDO
ANTE EL JUZGADO DE GARANTÍA DE COLINA



VISTOS:

Que, con fecha 08 de septiembre de 2025 Alexander Gonzalo Aragón
Salgado ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del artículo 196 ter, inciso primero, segunda
parte, de la Ley N° 18.290, para que ello incida en el proceso penal RIT N° 2461-
2022, RUC N° 2200149927-4, seguido ante el Juzgado de Garantía de Colina.



Precepto legal cuya aplicación se impugna

El texto del precepto legal impugnado dispone lo siguiente en su parte
destacada:



“Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2009, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones. Fija el Texto Refundido,
Coordinado Sistematizado de la Ley de Tránsito



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Artículo 196 ter.- Respecto del delito previsto en el inciso tercero del
artículo 196, será aplicable lo previsto en la ley Nº 18.216, conforme a las
reglas generales. Sin embargo, la ejecución de la respectiva pena
sustitutiva quedará en suspenso por un año, tiempo durante el cual
el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de
libertad a la que fuere condenado.”



Síntesis de la gestión pendiente

Indica el requirente que la gestión pendiente corresponde a proceso
penal seguido ante el Juzgado de Garantía de Colina, siendo formalizado con
fecha 13 de agosto de 2024 por el delito de conducción bajo la influencia de
sustancias estupefacientes o sicotrópicas con resultado de muerte, contemplado
en el artículo 196, inciso tercero, de la Ley de Tránsito.

Señala que el Ministerio Público presentó acusación por los hechos
descritos en la formalización. Según certificado de la gestión pendiente que rola
a fojas 14, se fijó audiencia de preparación de juicio oral y/o procedimiento
abreviado para el 18 de noviembre de 2025.

El imputado se encuentra con la medida cautelar de firma quincenal del
artículo 155 letra c), del Código Procesal Penal.

En razón de lo anterior, el requirente alega que la aplicación del precepto
legal impugnado, en la parte que indica, transgrede el principio de
proporcionalidad y los subprincipios de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad en sentido estricto, así como el principio de resocialización,
pues, en el evento de ser condenado, se verá obligado a cumplir un año de
cárcel, lo que no favorece su reinserción social e impide su rehabilitación y lo
expone a un contagio criminógeno, por lo que la norma resulta inadecuada,
excesiva y contraria al postulado de última ratio para cumplir con los fines antes
señalados.

Del mismo modo, considera infringido la igualdad ante la ley, pues los
condenados por otros delitos de mayor gravedad pueden acceder a la aplicación
inmediata de las penas sustitutivas de las penas privativas o restrictivas de
libertad a diferencia de los condenados por los delitos descritos en el inciso
tercero del artículo 196 de la Ley N° 18.290. Este trato diferenciado establecido
por el legislador es arbitrario, toda vez que es contrario a los fines de la pena,
carece de todo fundamento, justificación y razonabilidad; resultando, por tanto,
una discriminación de carácter arbitraria.

En definitiva, se infringe los artículos 1°; 5° inciso segundo; 6°; 7°; 19
numerales 2°, 3° y 26, de la Constitución Política de la República.

Tramitación


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A fojas 25 con fecha 12 de septiembre de 2025, la Primera Sala de esta
Magistratura admitió a trámite y declaró admisible el requerimiento,
decretando la suspensión del procedimiento.

Conferidos los traslados de fondo a las partes de la gestión pendiente
y a los órganos constitucionales interesados, formuló observaciones el
Ministerio Público, solicitando el rechazo del requerimiento en todas sus partes,
atendido a que la aplicación del precepto impugnado no provoca los efectos
contrarios a la Constitución que se denuncian.

En efecto, el ente persecutor señaló que la suspensión de la pena
sustitutiva no vulnera la igualdad ante la ley, ya que la regla impugnada no
distingue en su aplicación a destinatarios específicos y se dirige contra todos los
que se encuentren en la misma situación jurídica en relación con esa preceptiva
legal.

Asimismo, la norma impugnada, no configura una prohibición, bloqueo
o impedimento de aplicación de una pena alternativa o sustitutiva a la pena
privativa de libertad. Ni el juez ni las partes se ven impedidos de debatir sobre
su aptitud para el caso concreto, su aplicación y sobre la mejor modalidad que
pueda revestir.

Al respecto, indica que el artículo 196 ter de la mencionada Ley opera
suspendiendo la sustitución por un año, permitiendo en todo caso su
determinación judicial. Por ende, el legislador no eliminó la facultad judicial de
imponer penas sustitutivas, ni las reglas para interrumpirlas, modificarlas o
darlas por cumplidas.

Luego, impuesta que sea la pena sustitutiva, al concluir su suspensión de
un año, la decisión judicial recobra todo su valor permitiendo extenderla o
aplicarla en el modo, tiempo y lugar que el juez competente determine.

Por último, sostiene que el legislador puede generar políticas preventivas
que busquen disuadir efectivamente los delitos viales con resultado de muerte,
y tiene potestades constitucionales formales y sustantivas para intentar
erradicar las conductas de riesgo al conducir vehículos motorizados bajo los
efectos del alcohol.



A fojas 76, en decreto de fecha 17 de octubre de 2025 se dispuso traer los
autos en relación.



Vista de la causa y acuerdo

Con fecha 03 de diciembre de 2025 se verificó la vista de la causa, oyéndose
la relación pública, y los alegatos de los abogados Michelpaolo Marín Urrutia,



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por la parte requirente, y Pablo Campos Muñoz, por el Ministerio Público,
quedando la causa en estado de acuerdo, según certificación de la señora
relatora.



CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que don Fernando José Concha Vidal, en representación de
don Alexander Aragón Salgado, interpone requerimiento de inaplicabilidad
respecto de la segunda parte del inciso primero del artículo 196 ter de la Ley N°
18.290, para que no se aplique en la causa penal RIT 2461-2023 del Juzgado de
Garantía de Colina, seguida contra el Sr. Aragón por el delito de conducir bajo
los efectos de drogas causando la muerte.

SEGUNDO: Que la parte requirente estima que la aplicación de la norma
impugnada, que para el caso de condena que conceda penas sustitutivas ordena
dejar la ejecución de éstas en suspenso por un año, debiendo entretanto
cumplirse de manera efectiva la pena privativa de libertad que se imponga,
generaría afectación a los artículos 1°, 5° inciso segundo, 6, 7, y 19 N°2, 3 y 26 de
la Constitución Política.

TERCERO: Que este Tribunal se ha pronunciado sobre la norma atacada,
y sobre argumentaciones similares a las planteadas en este caso, en numerosas
ocasiones, manteniendo en los últimos años una invariable posición de rechazo,
entendiendo que la norma impugnada no genera, ni en abstracto ni en los casos
concretos fallados, afectación alguna a los preceptos constitucionales, así como
tampoco a disposiciones de tratados internacionales sobre derechos humanos,
cuyas normas establezcan derechos que hayan sido recogidos por el artículo 5°
inciso segundo de la Carta Constitucional.

CUARTO: Que, sin agotar los casos, y por vía meramente ejemplar,
pueden citarse las sentencias recaídas en los roles 13.334, 14.421, 14.436, 16.068,
16.353, 16.399, 16.823, 16.489, 16.548, 16.591 y 16.823, en todas las cuales se
analizaron requerimientos relativos a situaciones de hecho similares y en los
que se esgrimieron argumentos concordantes con los ahora planteados por la
parte requirente.

QUINTO: Que en el caso sublite no existe ninguna diferencia que permita
apartarse de dicha línea jurisprudencial por particularidades concretas de la
causa. Tampoco se ha agregado al libelo alguna argumentación novedosa. Toda
la arquitectura del requerimiento descansa sobre la base de olvidar que la pena
que amenaza al acusado es una sanción privativa de libertad: esa es la que
contempla el tipo para la conducta imputada en la acusación. Por lo tanto, no es
sostenible pretender que el cumplimiento efectivo, total o parcial, pero mucho
menos parcial, de esa sanción, resulte contrario a la proporcionalidad o a los
fines de la pena, sin haber impugnado la figura penal misma, con su pena anexa.


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SEXTO: Que si la pena aplicable al caso es proporcionada y es legítima, el
legislador ha tenido libertad para decidir que pueda sustituirse de manera
condicionada, por una sanción de entidad menor no privativa de libertad. Las
penas sustitutivas no están establecidas en la Constitución, de modo que el
legislador las establece, las suprime o las regula con libertad, en tanto en dichos
ejercicios no vulnere principios constitucionales, y no lo hace si el delito en que
limita la ejecución de la sanción sustitutiva afecta, como ocurre en la especie, al
bien jurídico más caro del ordenamiento, como es la vida humana y si además lo
hace sin establecer diferencias basadas en consideraciones personales. Ni la
igualdad ante la ley ni la proporcionalidad están afectadas y es equivocado
afirmar que se trasgrede el principio de la intervención penal mínima cuando lo
que la ley hace es simplemente disponer que la pena propia del delito se cumpla.
Y ni siquiera que deba cumplirse íntegramente, sino solo durante un año, si es
que se concede esa sustitución por pena menor que, como decíamos, nunca es
obligatorio para legislador consagrar ni para el juez aplicar.

SÉPTIMO: Que la argumentación según la cual se infringirían los fines
resocializadores de la pena olvida que esa privación de libertad es,
precisamente, la pena prescrita por la ley para el delito, como ya se dijo, pero al
mismo tiempo olvida que la exigencia de finalidad resocializadora está
establecida en el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos
para el régimen penitenciario (es decir, para las penas privativas de libertad) y a
su turno la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 5.6,
establece que las penas “privativas de la libertad tendrán como finalidad
esencial la reforma y la readaptación social de los condenados” (el
destacado es nuestro). En suma, el cumplimiento efectivo (eventualmente
parcial) de una sanción contemplada para el delito por la ley y que en sí misma
tiene una exigencia resocializadora mal puede infringir per se esa finalidad,
salvo que se quiera criticar al sistema penitenciario mismo, por desatender o no
cumplir esa función, pero eso supera con mucho los márgenes de un
requerimiento de inaplicabilidad y derivaría en una inconstitucionalidad de
toda pena de encierro.

OCTAVO: Que todo lo anterior es sin perjuicio de considerar que la
finalidad de reinserción no es la única que puede predicarse respecto de la
pena, y que es evidente que la medida impugnada, plasmada en la norma que se
ataca, mira más bien a la prevención general y a la retribución, que siguen
siendo finalidades posibles de la pena, puesto que ninguna norma
constitucional (ni tampoco de derecho internacional) las ha excluido y mal
podría hacerlo si persisten en nuestro sistema, y en muchos otros en el concierto
internacional, las penas de presidio perpetuo, que por su propia naturaleza es
claro que no están orientadas a conseguir la resocialización del condenado.




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NOVENO: Que por todas las razones anteriores el requerimiento será
desechado.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos
primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y
pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
DEDUCIDO A LO PRINCIPAL, DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN
AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE
POR ESTIMAR QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.



DISIDENCIA

El Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO estuvo por acoger el
requerimiento atendidas las consideraciones siguientes:



I. DILEMA CONSTITUCIONAL E IDEA DE LA PROPORCIÓN EN EL
DERECHO

1°. Que, la parte requirente fue formalizada por el delito de manejo bajo
la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas con resultado de
muerte.

Ante esta Magistratura se ha controvertido constitucionalmente el inciso
primero, parte final, del artículo 196 ter de la Ley de Tránsito. La parte
requirente argumenta que este precepto legal es contrario a la Carta
Fundamental, ya que afecta las garantías constitucionales de proporcionalidad
y debido proceso, así como la garantía de igualdad ante la ley y su racionalidad
en el caso de autos. Esto, al imponer al infractor la obligación de cumplir de
manera efectiva un año de la pena privativa de libertad, incluso cuando podría
aplicarse una pena sustitutiva conforme a la Ley N° 18.216.

2°. Que, el razonamiento que se expone se asienta sobre la premisa de la
proporción y su vinculación con el Derecho y, en particular, de un concepto
mayor como lo es el delito. Al respecto se ha dicho que “El sentido de la
proporción se desprende del doble significado de la palabra Derecho, o sea,



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depende del objeto de la regulación y, por otra parte, de la estructura de las
proposiciones jurídicas. En cuanto materia del conocimiento, el Derecho designa
un ordenamiento predominantemente objetivo de regulación del
comportamiento exteriorizado e interindividual de los hombres, mediante
normas cuya prescripción, sancionada con la legítima posibilidad del empleo de
la fuerza organizada de la sociedad y ejercida con exclusividad por el Estado o
por instituciones a que éste se haya subordinado, se orienta a la consecución de
fines valorados por cada comunidad según el correspondiente estadio de su
evolución cultural”. Pues bien, el Derecho como ciencia investiga precisamente
dichas normas y valoraciones en las tareas sucesivas que la distinguen, tales
como la interpretación, construcción y sistema: “Para las tres el pensamiento
proporcional tiene una palabra que pronunciar. La interpretación ha de buscar
la coherencia íntima de las normas, la simetría entre sus partes, la proporción
normativa en el sentido original de esta idea. Luego, interviene en la elaboración
de los conceptos jurídicos, con lo que aludimos a los conceptos que se ofrecen en
los supuestos de hecho de las normas, previamente aclarados por la
interpretación, como los de dolo, ánimo de lucro, error en la persona, etc. (…) En
seguida, la unidad conceptual y la simetría de los componentes son
indispensables para elaborar las instituciones, o sea, la reproducción de una
relación jurídica que se presenta con idéntico contenido en diferentes normas de
Derecho (…) Por último, el sistema jurídico, el conjunto ordenado, coherente y
total de conocimientos acerca de un determinado Derecho positivo, sería de
imposible realización si no hubiera afinidad -antes constatada a través de la
interpretación sistemática- entre sus partes ni derivación de un único fin
supremo e interno” (Guzmán Dalbora, José Luis: “La idea de proporción y sus
implicaciones en la dogmática penal”, Política criminal, Vol. 12 N°24, Santiago
dic. 2017, pp. 1228-1263).



II. SOBRE EL DELITO DE MANEJO EN ESTADO DE EBRIEDAD: BIEN
JURÍDICO Y ELEMENTO SUBJETIVO

3°. Que, el delito de manejo en estado de ebriedad o bajo la influencia de
estupefacientes o psicotrópicos presenta una estructura típica particular que
condiciona el alcance del elemento subjetivo de la infracción, tanto en su forma
básica, regulada en el inciso primero del artículo 196 de la Ley N°18.290 sobre
Tránsito, como en la especie agravada del inciso tercero del mismo artículo.

El manejo simple en estado de ebriedad o bajo la influencia de
estupefacientes es considerado en general como un delito de peligro contra la
seguridad pública, discutiéndose a su respecto el carácter de dicho peligro: si es
abstracto, concreto o abstracto-concreto (hipotético). Sobre este punto se ha
extendido en particular Carlos Cabezas Cabezas, en su trabajo titulado "Los
delitos de conducción bajo la ingesta de alcohol o sustancias estupefacientes



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como delitos de peligro” (Revista de Derecho de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, número XXXIV, primer semestre de 2010, pp. 227-280).

El dolo, pues, ha de abarcar el riesgo real, presunto o hipotético
generado por el manejo para la circulación vial y, sobre todo, para la vida,
integridad corporal y salud de los automovilistas y peatones. Sin embargo, al
hallarse el sujeto en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes
-lo que significa que su conciencia está alterada- resulta problemático hablar
propiamente de dolo. Esto es así tanto si se concibe al dolo como la conciencia y
voluntad de un resultado, como, especialmente, si se le entiende como la
conciencia y voluntad de un resultado antijurídico. La alteración de la
conciencia y del juicio producidos por la ingesta de sustancias, en efecto, puede
afectar las representaciones fácticas y valorativas del autor, quien, además,
atribuirá a su voluntad unos poderes de los que en verdad carece, con la
consiguiente merma del componente afectivo de la imputabilidad y del dolo. De
ahí que la infracción descrita en el inciso primero del artículo 196, bien mirada,
sea una presunción absoluta, no solo de imputabilidad —que podría estar
ausente al momento de la acción—, sino también de dolo. Esta presunción que
va más allá de los términos de los artículos 1, inciso segundo, y 10, número 1, del
Código Penal.

En cuanto a la forma agravada, consistente en causar lesiones
gravísimas o la muerte de una persona, se plantean dos interpretaciones
respecto a la imputación subjetiva del resultado calificante. La primera
considera que se trata de un delito calificado por el resultado, en el que la ley no
exige prueba de culpabilidad alguna respecto de la muerte del sujeto pasivo,
hecho evidenciado por la seca redacción causalista del tipo “causare (...) la
muerte” y no “cometiere homicidio o cuasidelito de homicidio”; y porque las
penas se desproporcionan como si hubiese dolo, acercándose mucho a las del
homicidio doloso y superando con largueza las del homicidio culposo, según los
artículos 391, número 2; 490, número 1; y 492 del Código Penal. La segunda
postura se decanta por un delito preterintencional, en que ha de haber culpa en
la muerte de la víctima, para armonizar el delito con la prohibición
constitucional de las presunciones absolutas de la responsabilidad penal.

4°. Que, bajo ninguna de estas dos posturas es posible sostener que el
manejo en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes con
resultado de muerte abarque la situación en que un conductor mata
dolosamente a otra persona. Si el conductor, obrando con dolo directo o
eventual, quiere o acepta el deceso de una persona por su conducción
antirreglamentaria, esa muerte se somete a las reglas generales del homicidio,
que es penado con mayor severidad que el delito del artículo 196, con la pena de
presidio mayor en su grado medio a máximo. Pues bien, el homicidio simple no
aparece excluido del campo de aplicación de las penas sustitutivas de la Ley



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N°18.216, siempre que las reglas de adaptación y concreción de la penalidad
previstas en el artículo 391, número 2, permitan al juez imponer una pena que
cumpla con los requisitos para la remisión condicional, reclusión parcial o
libertad vigilada.

5°. Que, el artículo 196 ter de la Ley de Tránsito, aunque aparentemente
no excluye el manejo en estado de ebriedad o bajo la influencia de
estupefacientes de las penas sustitutivas de la Ley N°18.216, al establecer que la
pena sustitutiva quedará en suspenso durante un año, tiempo durante el cual el
condenado deberá cumplir efectivamente la pena sustituida, lo que realmente
hace es crear una nueva pena sustitutiva, distinta de las conocidas legalmente,
o bien las modifica hasta tornarlas irreconocibles en la punición de este hecho
en particular, a todas luces menos grave que un homicidio en cualquiera de sus
especies (parricidio, femicidio, asesinato, etc.). Pensar otra cosa, o sea, suponer
que la muerte del peatón puede ser cometida con dolo (directo o eventual),
implicaría, por ejemplo, que el marido que en estado de ebriedad embiste con el
coche a su mujer queriendo matarla o asumiendo esta eventualidad, merecería
una pena menor que la asignada al femicidio vincular (artículo 390 bis), que es
necesariamente doloso. Esto resulta absurdo y, en consecuencia, no puede ser
proporcional.



III. PROPROCIONALIDAD DE LA PENA E IGUALDAD

6°. Que, el Derecho penal como última ratio del ius puniendi estatal no es
concebible como un mero sistema de incentivo y desincentivo de conductas.
Por ser la consecuencia más gravosa del ordenamiento jurídico se construye
con estricto apego a la idea de proporción tanto en la configuración del delito
como de la pena, unidades distintas pero vinculadas, al ser esta última
expresión del reproche hacia la conducta delictiva. En consecuencia, sin
necesidad de recurrir a las finalidades resocializadoras −que, sin embargo, son
reconocidas en el Derecho internacional de los derechos humanos, aunque no
como las únicas posibles de considerar en un ordenamiento jurídico− sino que,
desde la idea de la retribución, tenemos que la norma requerida de
inconstitucionalidad distorsiona la valoración de diversos elementos del delito
dando lugar a un resultado carente de razonabilidad. En este sentido, se ha
declarado en la jurisprudencia de esta Magistratura que “la naturaleza
retributiva de la pena hace que esta pueda conmensurarse en cada caso a la
gravedad del respectivo delito. Como escribió Bettiol, “es sobre la base de la idea
de retribución sobre la que se hizo su ingreso en el Derecho Penal el criterio de
proporcionalidad, ya que la pena retributiva es ‘naturalmente’ proporcionada al
comportamiento efectuado” (Rivacoba, Manuel, La retribución penal, Editorial
Jurídica Conosur Ltda., 1995, Santiago de Chile, p. 51) (STC Rol N°14.129-2023,
c°26).



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7°. Que, lo hasta aquí dicho puede reconstruirse en el sub juicio más
difícil del test de proporcionalidad −método de interpretación constitucional
ampliamente reconocido en la argumentación jurídica− ya que, siendo la pena
de reclusión efectiva de corta duración idónea para un fin legítimo, y, a su
turno, no siendo posible valorarlas en términos de ser menos gravosa e
igualmente efectiva que otras posibles, debido a que es una cuestión que en
realidad es empírica y deriva en algo que no es decisivo para el razonamiento
judicial −como es el éxito o fracaso de una política legislativa en la disuasión
del delito− se arriba a la proporcionalidad en sentido estricto.

Para este sub juicio se vuelve relevante el análisis dogmático, pues
exigirá fundamentar plenamente si el sacrificio de bienes individuales
−libertad individual− expresado en la máxima injerencia estatal como la
privación de libertad −cuyo único borde es su duración temporal−, se
encuentra justificado en los intereses estatales que se buscan proteger, siendo
un camino altamente inseguro el desatender la reconstrucción sistemática de la
disciplina penal, ya que ese constituiría un procedimiento automático al
entender que la proporcionalidad será aquello que decida el legislador
democrático, puesto que es igual a sostener que la proporcionalidad no tiene
ninguna cabida como razonamiento constitucional.

8°. Que, se ha señalado que el control de proporcionalidad tiene una
“dinámica triádica”, pues se encuentra en la sombra del canon igualdad y
razonabilidad, porque sin estar consagrado en los textos constitucionales, en el
ámbito penal −y siendo éste manifestación de las delicadas decisiones político-
criminales de competencia exclusiva del legislador− ha permitido que la
justicia constitucional evite que esa plena discrecionalidad mute en un arbitrio
irracional o que rompa la igualdad. Este enfoque es particularmente relevante
en casos como las penas automáticas, ya que son simplemente incompatibles
con la idea de proporcionalidad (Grimaldi, Italo “Il principio di proporzionalità
della pena nel disegno della Corte Costituzionale, Rivista di giurisprudenza
penale, N°5, 2020).

Esta ha sido la forma de dotar de contenido a la proporcionalidad en
materia penal, cuyas decisiones legislativas se determinan de acuerdo a las
épocas y sus valoraciones, y que se construye por medio de intervenciones
episódicas sobre situaciones que fácticamente no podrán ser nunca iguales y
perfectamente delimitables. Estas situaciones se regulan mediante
herramientas que permiten ajustar la respuesta penal a las características
particulares del caso, como el sistema de atenuantes y agravantes, así como la
clasificación de las penas en función de la gravedad del delito, distinguiendo
entre crímenes y simples delitos. Finalmente, y en el marco de este análisis
constitucional, la pena de privación de libertad no puede ser subestimada,
pues, como ha señalado la doctrina “en toda limitación de un derecho cabe ver



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un desarrollo jurídico del mismo, pues el desarrollo legislativo de un derecho
proclamado en abstracto en la Constitución, consiste en esencia, precisamente,
en su limitación, a causa de la necesaria coordinación con los otros derechos
existentes y con los derechos de los demás ciudadanos, y no existe en un
ordenamiento jurídico un límite más severo a la libertad que la privación de
libertad en sí” (Arroyo Zapatero, Luis, “Principio de legalidad y reserva de ley en
materia penal”, Revista Española de Derecho Constitucional, año 3, N°8, pp. 9-
46).

9°. Que, por lo anterior, en opinión de quien suscribe este voto la acción
de inaplicabilidad intentada contra el artículo 196 ter inciso 1° parte final de la
Ley N°18.290 debiese ser acogida.



PREVENCIÓN

La Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS estuvo por rechazar el
requerimiento atendidas las consideraciones siguientes:

1°. Que, esta Ministra ha razonado entorno a los bienes jurídicos
protegidos por el precepto legal impugnado en el caso de autos. Considerando
que, la vida y la libertad constituyen derechos esenciales al ser humano sobre
los cuales el legislador regula las condiciones para su legítimo ejercicio. El que
maneja en estado de ebriedad o con consumo de estupefacientes, adolece de
una enfermedad que si bien es cierto requiere los medios para su rehabilitación
y reinserción social, no es menos cierto que la gravedad de la conducta típica
constituye un delito que atenta contra la vida de terceros y por ende, quien
ejerce esa conducta o comete otros de los delitos regulados en la Ley N°18.290
hace abuso de su libertad como derecho limitado por otros derechos de igual
relevancia o entidad en la interpretación armónica y sistémica del
ordenamiento constitucional.

2°. Que, en ese sentido, la vida es un hecho de la naturaleza que produce
consecuencias jurídicas que el derecho regula. En el mismo sentido, el Tribunal
Constitucional, ha entendido, que la vida tiene un carácter fundante de los
demás derechos, porque sin vida, difícilmente tiene sentido, referirse a otros
derechos fundamentales. Así lo ha señalado esta Magistratura al señalar que “el
derecho a la vida es, sin duda alguna, el derecho fundante de todos los demás, pues
sin vida, difícilmente tiene sentido referirse a otros derechos fundamentales.
Como ha señalado el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas, en su Observación General sobre el artículo 6° del Pacto
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, el derecho a la vida es “el derecho
supremo respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en
situaciones que pongan en peligro la vida de la nación”. Ha agregado, asimismo,
que “el derecho a la vida es el más esencial de estos derechos”. La Comisión



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Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, por su parte, que “el derecho
a la vida es ampliamente reconocido como el derecho supremo del ser humano y
conditio sine qua non para el goce de todos los demás derechos” (STC Rol N°740, c.
55°). Por eso, a partir de la doctrina especializada, este Tribunal Constitucional
sostiene en su jurisprudencia que el derecho a la vida “asegura a toda persona
-incluyendo al nasciturus- el derecho a mantener la vida y conservarla frente a los
demás hombres. Si se quiere “es el derecho a que nadie nos la quite, y a que no
pueda suprimirla ni cercenarla su propio sujeto” (José Joaquín Ugarte Godoy. El
derecho a la vida y la Constitución. Revisa Chilena de Derecho, Volumen 33, N° 33,
2006, p. 514)” (STC Rol N°740, c. 56°)

3°. Que, reflexionando sobre los derechos que se encuentran regulados
por el precepto legal impugnado y su revisión judicial en la ley “Emilia”,
habiendo examinado diversos casos sobre la materia y en ejercicio de la
libertad de conciencia esta jueza constitucional reflexiona que el fundamento
de la acción de inaplicabilidad supone que la causa de que un derecho sea
reconocido es por el contenido del bien jurídico protegido, v.g. vida, libertad,
dignidad, ya que son intrínsecamente valiosos para las personas y para la vida
en sociedad dentro de un Estado constitucional y democrático de Derecho. En
ese sentido, la vida posee una identidad propia que es proteger al que está por
nacer y conservar esa vida hasta la muerte natural. Por ello, se prohíbe matar a
otro, pues ello atenta contra la identidad de la vida que debe ser protegida
constitucionalmente. De modo tal, que la privación de libertad que supone la
aplicación del precepto legal impugnado resulta razonado al tenor del bien
jurídico protegido.

4°. Que, lo anterior, no supone que el legislador posea una libertad de
configuración absoluta o limitada, la política criminal como cualquier otra está
sujeta a límites que son controlables por los jueces constitucionales. Sin
embargo, a la luz de la finalidad de la norma y aún respecto de las dudas
respecto del debido proceso y la racionalidad de la pena tal como se arguyó en
votos anteriores, pues tal como lo ha señalado esta Magistratura previamente
“(…) no se ve cómo la aplicación del precepto atacado pueda generar, en la gestión
judicial pendiente, vulneración a ninguno de los artículos constitucionales
enunciados en el requerimiento. La limitación, que por razones legítimas de
política criminal ha establecido el legislador para la ejecución de las penas
sustitutivas en la clase de delitos de que se trata, no vulnera ni las obligaciones de
los órganos del Estado frente a los tratados internacionales ratificados por Chile,
ni responde a un exceso en las facultades del legislador, ni afecta la igualdad ante
la ley, ni tampoco el debido proceso, razones todas por las que el requerimiento
será desechado” (STC Rol N°15.927, c. 9°).

Por tanto, esta Ministra reflexionando en base a los bienes jurídicos
protegidos y en razón del bien común y la seguridad e integridad de las
personas está por rechazar el requerimiento deducido a fojas 1.




12
0000104
CIENTO CUATRO




Redactó la sentencia el Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ. La disidencia
corresponde al Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO. Redactó la prevención la
Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 16.898-25-INA.




13
0000105
CIENTO CINCO


Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 16/01/2026



María Pía Silva Gallinato Miguel Angel Fernández González
Fecha: 15/01/2026 Fecha: 16/01/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 16/01/2026 Fecha: 16/01/2026



Héctor Antonio Mery Romero Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 16/01/2026 Fecha: 15/01/2026



Alejandra Precht Rorris Mario René Gómez Montoya
Fecha: 16/01/2026 Fecha: 15/01/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta
Subrogante, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, y por sus Ministros
señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señor
Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor
Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas, señora Alejandra
Precht Rorris y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 16/01/2026




710D242B-56F7-4BBB-9002-C5DE15D090BB
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