TC Rol 16900

Texto completo

0000506
QUINIENTOS SEIS




2026

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.900-2025

[23 de abril de 2026]
____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 768 INCISO
SEGUNDO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL



RENDIC HERMANOS S.A.
EN EL PROCESO ROL N° 473- 2024-TRIBUTARIO, SEGUIDO ANTE LA CORTE DE
APELACIONES DE SANTIAGO, Y EN CONOCIMIENTO DE LA EXCMA. CORTE
SUPREMA BAJO EL ROL N° 32.208-2025



VISTOS:

Que, con fecha 8 de septiembre de 2025, Rendic Hermanos S.A. requiere la
declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 768
inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, para que ello incida en el proceso
Rol N° 473-2024-Tributario, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, y en
conocimiento de la Excma. Corte Suprema bajo el Rol N° 32.208-2025.



Preceptos legales cuya aplicación se impugna

El texto de los preceptos impugnados dispone lo siguiente:



“Código de Procedimiento Civil

(…)

“Artículo 768. (…)




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QUINIENTOS SIETE




En los negocios a que se refiere el inciso segundo del artículo 766 sólo podrá fundarse
el recurso de casación en la forma en alguna de las causales indicadas en los números 1°, 2°,
3°, 4°, 6°, 7° y 8° de este artículo y también en el número 5° cuando se haya omitido en la
sentencia la decisión del asunto controvertido.”.

(…)



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

La gestión pendiente guarda relación con recursos de casación en la forma y
en el fondo deducidos por la requirente ante la Corte Suprema bajo el Rol N° 32.208-
2025, en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia dictada el 14 de julio
de 2025 por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol Tributario y
Aduanero N° 473-2024.

El proceso base tiene su origen en la Resolución Exenta N° 193/2018 y la
Liquidación N° 85, ambas de 27 de agosto de 2018, emitidas por la Dirección de
Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos para el año tributario
2015. A través de aquellos el SII rebajó la pérdida tributaria declarada por la requirente
y practicó diversos ajustes, cuestionando la procedencia de varias partidas: la pérdida
tributaria de arrastre del año tributario 2013, provisiones incobrables y de gastos de
reestructuración, la amortización de goodwill, la depreciación de activo fijo y ciertos
gastos sin acreditación suficiente, aplicando además impuesto único del artículo 21 de
la Ley de Impuesto a la Renta sobre estas últimas partidas.

Por lo anterior, la requirente dedujo reclamo tributario ante el Primer Tribunal
Tributario y Aduanero de Santiago, que lo rechazó mediante sentencia de 25 de
septiembre de 2024.

Tras presentarse recurso de apelación contra ese pronunciamiento, la Iltma.
Corte de Apelaciones de Santiago lo revocó parcialmente, acogiendo el reclamo
únicamente en cuanto reconoció como parte de la pérdida del año tributario 2013 la
partida de licencias y software por $226.511.357, confirmando el rechazo en todo lo
demás.

Luego, con fecha 1 de agosto de 2025 la requirente dedujo recursos de casación
en la forma y en el fondo. El recurso de casación en la forma se fundó en las causales
de los numerales 5° en relación con la omisión de las consideraciones de hecho y de
derecho exigidas por el artículo 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil (CPC), y
7° del artículo 768 del mismo código. Los recursos fueron concedidos por la Corte de
Apelaciones el 6 de agosto de 2025 e ingresaron a la Corte Suprema el 11 de agosto de
2025, encontrándose en estado de relación.

El artículo impugnado establece que en los juicios y reclamaciones
regidos por leyes especiales, categoría en la que se encuadra el procedimiento general



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de reclamaciones tributarias del Título II del Libro Tercero del Código Tributario, el
recurso de casación en la forma solo puede fundarse en las causales de los numerales
1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° y 8° del artículo 768, y en la causal del N° 5 únicamente cuando se
haya omitido en la sentencia la decisión del asunto controvertido, supuesto del
artículo 170 N° 6 del mismo código. Con ello se priva de la posibilidad de casar en la
forma por omisión de las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de
fundamento a la sentencia, que es el supuesto del artículo 170 N° 4 CPC. De esta
manera, al aplicarse este precepto, la Corte Suprema deberá declarar inadmisible el
recurso de casación en la forma, impidiendo a la requirente obtener la nulidad de
sentencias que, a su juicio, carecen de la motivación exigible.

Se arguye así que se infringen cuatro vulneraciones. En primer lugar, el
derecho al procedimiento racional y justo consagrado en el artículo 19 N° 3 inciso
sexto constitucional. La motivación de las sentencias es un componente intrínseco del
debido proceso, reconocido como tal por la propia jurisprudencia de este Tribunal y
por la Corte Suprema, y vedar el único recurso disponible para corregir su ausencia
vacía de contenido esa garantía. Esta exigencia de fundamentación no es solo una
regla procesal sino un imperativo constitucional que fluye también del artículo 8°
inciso segundo de la Carta, que impone a los órganos del Estado el deber de fundar
públicamente sus actos y resoluciones.

En segundo lugar, sostiene que se violenta la igualdad ante la ley y la igual
protección en el ejercicio de los derechos reconocidas en el artículo 19 N°s 2 y 3 inciso
primero de la CPR. Sostiene que un litigante sujeto a procedimiento especial queda en
situación de manifiesta desventaja respecto del litigante civil, pues ambos pueden
enfrentar sentencias igualmente inmotivadas, pero solo el segundo dispone del
recurso idóneo para denunciar ese vicio. No se advierte fundamento racional que
justifique esa diferencia de trato, lo que la torna arbitraria en los términos proscritos
por la Constitución.

En tercer lugar, invoca el deber del Estado de respetar y promover los derechos
esenciales garantizados por los tratados internacionales vigentes, establecido en el
artículo 5° inciso segundo de la CPR, en relación con los artículos 8.1, 8.2 letra h) y 25.1
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Argumenta que esas
disposiciones garantizan el derecho a ser oído con las debidas garantías, el derecho a
recurrir del fallo ante un tribunal superior y el derecho a un recurso efectivo frente a
la vulneración de derechos fundamentales, garantías todas que resultan
comprometidas cuando se niega al contribuyente la posibilidad de impugnar una
sentencia carente de motivación.

Adicionalmente, invoca la prohibición de afectar los derechos en su esencia o
impedir su libre ejercicio, consagrada en el artículo 19 N° 26 de la CPR en relación con
el artículo 19 N° 3 inciso sexto de la misma Carta y con el artículo 25.1 de la CADH.
Argumenta que la restricción impugnada suprime en la práctica el derecho al recurso




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frente a sentencias infundadas, afectando el núcleo esencial de la garantía del
procedimiento racional y justo.

La requirente añade que la inaplicabilidad de este precepto ha sido declarada
por este Tribunal en numerosas oportunidades en materias tributarias y de diverso
carácter especial. Destaca además que la Ley N° 21.210 reconoció implícitamente la
insuficiencia del régimen anterior al establecer para los procedimientos futuros una
casación amplia, pero perpetuó la restricción para los procesos iniciados con
anterioridad mediante su artículo cuarto transitorio, consolidando así un trato
desigual fundado exclusivamente en un criterio temporal.



Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Primera Sala, con fecha 15 de
septiembre de 2025, a fojas 283, disponiéndose la suspensión del procedimiento.

En resolución de fecha 8 de octubre de 2025, a fojas 432, se declaró admisible.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y
a las demás partes en la gestión invocada, el Servicio de Impuestos Internos (SII)
formuló observaciones a fojas 449.



Observaciones del Servicio de Impuestos Internos

El SII sostiene que el precepto impugnado ha perdido su oportunidad de
aplicación, toda vez que la Corte Suprema declaró admisibles los recursos de casación
en la forma. Señala que el abogado de la requirente, al ser notificado por el estado
diario de esa decisión, se encontraba en pleno conocimiento de que la norma que
pretende dejar sin aplicación no fue aplicada por la Corte Suprema.

En consecuencia, la eventual declaración de inaplicabilidad carecería de toda
relevancia práctica, pues el tribunal de casación igualmente conocerá del recurso
cualquiera sea la decisión de este Tribunal. Agrega que el requerimiento carece
además de fundamento plausible, pues no impugna la disposición cuarta transitoria
de la Ley N° 21.210, que es la norma que determina la aplicación de la restricción a los
juicios iniciados con anterioridad a su vigencia, y porque la argumentación
desarrollada se dirige contra la norma en abstracto y no frente al caso concreto, en los
términos que esta Magistratura ha exigido.

En cuanto a alegaciones sustantivas, el SII desarrolla tres líneas
argumentativas. La primera dice relación con la inexistencia de vulneración al debido
proceso. Sostiene que la garantía del artículo 19 N° 3 inciso sexto de la CPR no exige
un elenco taxativo de recursos ni consagra el derecho al recurso de casación en la
forma como componente necesario del proceso racional y justo. El legislador, dentro
de sus facultades, ha configurado el régimen recursivo de los procedimientos




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especiales, y esta restricción no es excepcional ni exclusiva de la materia tributaria,
existiendo limitaciones similares en materia penal, laboral y de familia.

Añade que el debido proceso de la requirente se encuentra plenamente
satisfecho porque los eventuales vicios de la sentencia pueden ser conocidos por la
Corte Suprema a través del recurso de casación en el fondo, que fue también
interpuesto y declarado admisible, y porque el propio artículo 775 del Código faculta
a los tribunales superiores para casar de oficio cuando adviertan vicios formales en
los fallos sometidos a su conocimiento.

Cita además jurisprudencia reciente de este Tribunal en los roles 14.442-23 y
14.443-23, que ha rechazado cuestionamientos de constitucionalidad análogos,
sosteniendo que el debido proceso queda satisfecho con el recurso de apelación y que
la casación en la forma, como recurso de derecho estricto, no integra per se el estándar
constitucional exigible.

Destaca, además, la naturaleza extraordinaria del recurso de casación.
Invocando la jurisprudencia de causa Rol N° 1873-10, el SII recuerda que el legislador
soberanamente define contra qué sentencias procede la casación y por cuáles causales,
siendo esa una decisión que no corresponde sustituir a esta Magistratura. Añade que
declarar la inaplicabilidad implicaría en los hechos crear un nuevo recurso no previsto
por el legislador para estos procedimientos, excediendo el rol de legislador negativo
que la Constitución asigna al Tribunal Constitucional.

Finalmente, en cuanto a la igualdad ante la ley el SII sostiene que no existe
diferenciación arbitraria, porque la restricción impugnada se aplica por igual a ambas
partes en el juicio, sin que el reclamante tributario pertenezca a una categoría
sospechosa que justifique un trato diferenciado. Apunta que acoger el requerimiento
generaría la paradoja inversa pues la requirente obtendría un recurso del que su
contraparte no dispone, quebrando así la bilateralidad procesal. Concluye que la
diferencia de régimen recursivo entre procedimientos civiles ordinarios y
procedimientos especiales obedece a una decisión legislativa con fundamento
razonable, relativa a la naturaleza específica de cada contencioso, y que la
circunstancia de que la Ley N° 21.210 haya corregido este régimen hacia el futuro no
convierte en arbitraria la restricción que rigió para los juicios iniciados con
anterioridad.



A fojas 464, por decreto de fecha 14 de noviembre de 2025, se trajeron los autos
en relación.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 25 de marzo de 2025 se verificó la vista de la causa,
oyéndose la relación pública, alegatos de la abogada Constanza Reyes Rot por la




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requirente y por el Servicio de Impuestos Internos del abogado Miguel Fernández
Guerra. Se adoptó acuerdo con igual fecha, conforme certificación del relator.



Y CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que, la requirente, Rendic Hermanos S.A., en juicio sobre
reclamación tributaria tramitados conforme al Procedimiento General de
Reclamaciones del Título II del Libro Tercero del Código Tributario, interpuso
recursos de casación en la forma y en el fondo en contra de la respectiva sentencia
definitivas de segunda instancia, ambas de fecha 14 de julio de 2025, dictadas por la
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, para ante la Excelentísima Corte
Suprema.

SEGUNDO. Que la Corte de Apelaciones acogió parcialmente el recurso de
apelación y confirmó en lo demás la sentencia del Primer Tribunal Tributario y
Aduanero de Santiago, que había rechazado el reclamo tributario. En la causa Rol N°
32208-2025 ingresada ante la Corte Suprema la requirente fundó su recurso de
casación en la forma en dos causales: primero, la del numeral 5 del artículo 768 del
Código de Procedimiento Civil, en relación con el numeral 4 del artículo 170 del
mismo cuerpo legal, por haberse dictado la sentencia sin las consideraciones de hecho
y de derecho que le sirven de fundamento; y segundo, la del numeral 7 del artículo
768, por contener el fallo decisiones contradictorias.

TERCERO. Que, la requirente solicita que se declare inaplicable por
inconstitucional el inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil,
en cuanto dicha norma impide fundar el recurso de casación en la forma, en juicios
regidos por leyes especiales, en la causal del numeral 5 del artículo 768, cuando el
vicio consiste en la omisión de las consideraciones de hecho o de derecho exigidas por
el numeral 4 del artículo 170 del mismo Código.

CUARTO. Que, en síntesis, la requirente en el recurso de inaplicabilidad
materia de autos sostiene que la aplicación del inciso segundo del artículo 768 del
Código de Procedimiento Civil a la gestión judicial pendiente produce la afectación
de las garantías constitucionales del derecho a un debido proceso, el derecho de la
igualdad ante la ley, el respeto a los derechos esenciales garantizados por tratados
internacionales y la garantía de no afectación de un derecho en su esencia. Todo lo
anterior en base a lo prescrito por los artículos 19 N° 2, 3 y 26 de la Constitución
Política de la República, el artículo 5 inciso 2° de la misma Carta Fundamental, en
relación con los artículos 8.1, 8.2 letra h) y 25.1 de la Convención Americana de
Derechos Humanos.



I. Sobre la igualdad ante la ley




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QUINTO. Que, como se ha precisado en fallos anteriores (13720 c. 17; STC
13745 c. 17), la jurisprudencia reiterada de este Tribunal ha señalado que “La igualdad
ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que
se encuentren en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que
se encuentren en situaciones diferentes. No se trata, por consiguiente, de una igualdad
absoluta, sino que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias constitutivas
del mismo. La igualdad supone, por lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se
encuentren en la misma condición. Así, se ha concluido que la razonabilidad es el cartabón o
standard de acuerdo con el cual debe apreciarse la medida de igualdad o la desigualdad” (STC
784 c. 19, STC 3063 c. 32°, 7217 c. 24°, 7203 c. 28°, 7181 c. 24°, 7972 c. 40°). Acorde con
este estándar de razonabilidad, “la garantía de la igualdad ante la ley no se opone a que la
legislación contemple tratamientos distintos para situaciones diferentes, siempre que tales
distinciones o diferencias no importen favores indebidos para personas o grupos” (STC 784 c.
19, en el mismo sentido, STC 1138 c. 24°, 1140 c. 19°, 1340 c. 30°, 1365 c. 29°, 2702 c. 7°,
2838 c. 19°, 2921 c. 11°, 2922 c. 14°, 3028 c. 11°, 2895 c. 9°, 2983 c. 3°, 6685 c. 17°, 5674 c.
3°, 4434 c. 33°, 4370 c. 19°, 3470 c. 18°, 5275 c. 27°). La Carta Fundamental habilita al
legislador para establecer criterios que permitan situaciones fácticas que requieran de
un tratamiento diverso, debiendo sustentarse en presupuestos razonables y objetivos
que lo justifiquen. Conforme a ello esta magistratura ha concluido que “para poder
determinar si se infringe la igualdad ante la ley, es necesario atender además a la finalidad
perseguida por el legislador para intervenir el derecho fundamental de que se trata, la que debe
ser adecuada, necesaria y tolerable para el destinatario de la misma” (STC 1133 c. 17, en el
mismo sentido, STC 1217 c. 3°, 1399 cc. 13° a 15°, 1988 cc. 65 a 67°, 1951 cc. 17° a 19°,
2841 c. 13°, 2703 c. 13°, 2921 c. 12°, 3028 c. 12°, 3473 c. 21°, 7217 c. 24°).

SEXTO. Que, como lo ha declarado este Tribunal en el considerando segundo
de la STC 14.072-2023 “la igualdad ante la ley y la igual protección en el ejercicio de
los derechos debe examinarse con relación a las partes de un mismo proceso judicial”
.En el caso sub lite es evidente que la restricción relativa a la causal de casación en la
forma rige por igual para todas las partes del juicio. El requirente, sin embargo, no
compara su situación procesal con la de su contraparte, sino con la de otros litigantes,
a quienes se les aplican los procedimientos generales del Código de Procedimiento
Civil , lo que importa una comparación de los procedimientos y de sus normativas en
abstracto, y no un reclamo de inaplicabilidad del caso concreto. En efecto, como hemos
señalado en sentencias anteriores, “lo que impugna el solicitante es que la ley en general
pueda regular de modo diferente procedimientos que, en su concepto, debieran ser idénticos.
Pero, claro, eso es ajeno al problema de igualdad ante la ley del caso específico y se refiere, más
bien, a una crítica de lege ferenda dirigida contra el sistema procesal. En suma, la igualdad
ante la ley, en este caso, está asegurada, porque la restricción recursiva que motiva el reclamo
es la misma para todas las partes del pleito”.

SÉPTIMO. Que, la gestión judicial que da lugar al requerimiento de
inaplicabilidad de la especie no corresponde al procedimiento del juicio ordinario o




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cualquier otro regulado en el Código de Procedimiento Civil, sino que dice relación
con un juicio regido por un cuerpo normativo especial, como es el contemplado en el
Título II del Libro Tercero del Código Tributario. Así, lo alegado por el requirente
respecto de un trato diferenciado por la aplicación de reglas distintas a las generales,
no es constitutiva de una razón de inconstitucionalidad, sino que es una manifestación
propia de la naturaleza de los juicios especiales (STC 14072 c. 4). Los juicios especiales
se diferencian de un juicio general precisamente si las reglas aplicables son otras. Si se
homologaran todos los procedimientos judiciales, y se aceptara que todos los
litigantes deben ser tratados del mismo modo que en el procedimiento ordinario, se
llegaría a dos conclusiones no razonables: (i) proscribir los procedimientos especiales;
(ii) petrificar y constitucionalizar las reglas del Código de Procedimiento Civil (STC
13867 c. 9; STC 15505 c. 4).



II. Sobre el debido proceso y el derecho al recurso

OCTAVO. Que, en este mismo orden de consideraciones, cabe recalcar que no
existe ninguna disposición constitucional que imponga un modelo único de
ordenación procedimental. En efecto el artículo 19 N° 3, inciso sexto, de la Carta
Fundamental señala que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse
en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las
garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos” y tal disposición
constitucional fue el resultado de una opción del Constituyente de abstenerse de
enunciar las garantías del procedimiento racional y justo, dejando abierta la
posibilidad de que el legislador las pueda precisar caso a caso, atendiendo a las
características, necesidades y naturaleza de cada procedimiento (STC 576-2006, c. 40°
y 41°).

NOVENO. Que, dentro de aquellos aspectos del procedimiento que el
legislador puede soberanamente configurar, se encuentra el diseño o régimen
recursivo. Sobre esta materia no existe un modelo único en nuestra legislación, sino
que es variable según el procedimiento de que se trate, lo que es constatable si se
analizan una variedad de leyes especiales que regulan diversos procedimientos
legales, resultando necesario destacar que el sistema recursivo es un aspecto en donde
el legislador tiene un amplio margen para su configuración. El derecho al recurso no
es absoluto y, en consecuencia, puede ser limitado y regulado por el legislador en
atención a las particularidades del proceso, lo que implica ponderar los derechos e
intereses que el litigio busca resolver, para asegurar la eficacia del procedimiento de
adjudicación jurídica y, consecuencialmente, una pronta y cumplida administración
de justicia (STC 13108 c. 6; STC 15505 c. 5). “De este modo, este Tribunal ha sostenido que
el legislador también tiene libertad para determinar el régimen recursivo que mejor se avenga
a las características y naturaleza de cada procedimiento” (Entre otras, STC 576, STC 519 y
STC 821).



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QUINIENTOS CATORCE




DÉCIMO. Que, de esta forma, cabe sostener que si el mandato del artículo 19
N°3 de la Constitución no obliga al legislador a dotar a las partes de un recurso
específico, mucho menos lo coloca en la necesidad de establecer que un recurso de
carácter extraordinario y de derecho estricto, como es la casación, contenga un mismo
catálogo de causales. En este sentido, se ha dicho que: “[…] es necesario distinguir el
derecho a la impugnación de las sentencias (“derecho al recurso”), que integra la garantía del
debido proceso, de un supuesto derecho a un recurso en concreto, tal como la casación” (STC
2034, c. 12°). En el caso particular del recurso de casación, esto se debe a que se trata
de “[…] un recurso extraordinario, de derecho estricto [,] […] [que] [s]ólo procede en virtud
de norma expresa y por las causales que expresamente señala la ley. Ello quiere decir que el
legislador define contra qué sentencias procede y por qué causales. Si la ley, entonces, hace
improcedente este recurso para ciertas situaciones, es una decisión que cabe al legislador, no a
esta Magistratura” (Ibid., c. 11°). Que, como se precisó por esta Magistratura en STC
15505 c. 8, “a todo lo anterior se agrega la circunstancia de que el recurso de casación no tiene
rango constitucional y es soberanamente regulado por el legislador, en cuanto a su procedencia
y causales. Tanto es así que el artículo 764 del Código de Procedimiento Civil, no impugnado,
establece expresamente que “El recurso de casación se concede para invalidar una sentencia
expresamente en los casos establecidos en la ley”, reservándose para sí el legislador la
facultad determinar expresamente los casos en que ella procede. Por otra parte, el
carácter extraordinario y de derecho estricto del recurso de casación ha sido resaltado
reiteradamente por la Excma. Corte Suprema (Roles 17392-2015, 14422-2017, 11302-
2022, entre otros), y por la doctrina (Palomo Vélez, Diego, 2016, la Casación y el
Recurso de Casación en la Forma, en Proceso Civil, los Recursos y otros Medios de
Impugnación, pp. 199-200; Maturana Miquel, Cristián, 2015, Los Recursos del Código
de Procedimiento Civil en la Doctrina y la Jurisprudencia, pp. 395-396, entre otros)”.

DÉCIMO PRIMERO. Que, como se adelantara, la restricción de la casación en
la forma se aplica por igual a ambas partes en el juicio y, además, se contempla para
juicios variados y heterogéneos, por lo que no se trata de una norma que discrimine
de un modo arbitrario y especial (STC Rol 2.031-2011 c.14°), por el contrario, atendido
que el requirente no forma parte de una categoría sospechosa que justifique un trato
diferenciado, una sentencia estimatoria de inaplicabilidad del precepto impugnado
implicaría favorecer su posición concediendo un recurso que sus contrapartes no
detentan, lo que terminaría por quebrantar la igualdad ante la ley.

DÉCIMO SEGUNDO. Que, cabe consignar que no existe afectación al debido
proceso por restricción de las posibilidades de impugnar la sentencia, ya que esta
interpuso el recurso de apelación, que otorga al tribunal superior amplias atribuciones
para revisar el fallo impugnado, y dedujo además recursos de casación en la forma y
en el fondo contra la sentencia de segunda instancia. No obstante, aun reconociendo
que la causal de casación en la forma fundada en el numeral 5 del artículo 768, en
relación con el numeral 4 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil se
encuentra restringida por la norma impugnada en los juicios regidos por leyes




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QUINIENTOS QUINCE




especiales, la requirente conserva la posibilidad de invocar la misma causal del
numeral 5 cuando la omisión recae sobre la decisión del asunto controvertido,
conforme al numeral 6 del artículo 170, así como las demás causales de casación que
la ley franquea. En este contexto, la restricción cuestionada no elimina por completo
el sistema recursivo disponible, de modo que no cabría afirmar una situación de
indefensión como la que se alega.

DÉCIMO TERCERO. Que, finalmente, en el caso sub lite tampoco se
vislumbra una vulneración al artículo 19 N° 26 de la Constitución Política de la
República, o al artículo 19 N° 3 inciso sexto, de la Carta, con relación al artículo 25.1
de la Convención Americana antes señalada, que recoge el principio de tutela judicial
efectiva, toda vez que no es posible sostener que la improcedencia de determinadas
causales de casación en juicios especiales adolezca de reparos de constitucionalidad,
ni en abstracto, ni en concreto, considerando que la requirente ya tuvo la oportunidad
de ejercer un medio de impugnación ordinario como es el de apelación, en contra de
la resolución que estima agraviante. Por las razones expuestas, no se vulnera en la
especie el artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política de la República, toda
vez que derecho al recurso que contempla la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos es el referido a la llamada segunda conformidad, no a la tercera, y menos a
un recurso excepcional como la casación que, igualmente, tiene el solicitante en el
juicio tributario (STC 14072 c. 14). Todo lo anterior, lleva a que el requerimiento de
inaplicabilidad sea íntegramente rechazado.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93 incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A LO
PRINCIPAL DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. QUE SE ALZA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE
POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA
LITIGAR.




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QUINIENTOS DIECISEIS




DISIDENCIA

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, HÉCTOR MERY ROMERO y de la Ministra señora MARCELA
PEREDO ROJAS, quienes estuvieron por acoger el requerimiento por las siguientes
razones:

1°. – Que, según se hizo constar en la parte expositiva de esta sentencia, la
requirente interpuso un reclamo tributario ante el Primer Tribunal Tributario y
Aduanero de Santiago, el que fue rechazado mediante sentencia de 25 de septiembre
de 2024. En los autos rol 473-2024, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó
parcialmente lo resuelto en primer grado, y dio lugar al reclamo únicamente en
cuanto reconoció como parte de la pérdida del año tributario 2013 la partida de
licencias y software por $226.511.357, confirmando la sentencia desestimatoria en
todo lo demás.

Contra esa sentencia, la reclamante y requirente dedujo sendos recursos de
casación en la forma y en el fondo para ante la Corte Suprema, sustanciados ante ese
Tribunal bajo el rol 32.208-2025. La impugnación formal se fundó en la causal prevista
en el numeral 5° del artículo 768 del Código de Enjuiciamiento Civil, dado que
reprocha la omisión en la sentencia de segundo grado de las consideraciones de hecho
y de derecho exigidas perentoriamente por el artículo 170 N° 4 del CPC, y la decisión
del asunto controvertido, exigencia prevista en el numeral 7° del artículo 768 del
mismo código. Los recursos fueron concedidos por la Corte de Apelaciones el 6 de
agosto de 2025 e ingresaron a la Corte Suprema el 11 de agosto de 2025, encontrándose
en estado de relación.

2°. – Que, a consecuencia de la posible aplicación del precepto legal en la
gestión pendiente, se impide a la actora la posibilidad de deducir un recurso efectivo
para instar por la invalidación de una sentencia, cuando ésta carece de las
consideraciones de hecho o de derecho que le sirven de fundamento. Señala que, en
esas condiciones, el derecho al recurso constituye un presupuesto básico e
indispensable del debido proceso, en la medida que la debida fundamentación de los
fallos judiciales es parte de la garantía del buen enjuiciamiento.

3°. – Que, sobre el recurso de casación, es pacífico en la doctrina procesal
nacional identificar el régimen de ese instituto, con sus variantes de forma y fondo,
con el entonces vigente modelo español en el Código de Procedimiento Civil de 1902.
Este Tribunal Constitucional, a su vez, ha entendido que” (los) recursos de casación son
los que aseguran que el proceso se tramite de acuerdo a las normas de procedimiento, que
contienen las garantías procesales de las partes, y que el tribunal resuelva como ordena la ley.
La casación en la forma se establece para invalidar sentencias o procesos que no se ajusten a la
norma procesal, y la de fondo, para anular sentencias dictadas con error de derecho” (STC 205
c. 8).




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QUINIENTOS DIECISIETE




Refiriéndose a la casación formal, Alejandro Romero sostiene que “… busca
asegurar que sólo se pueda emitir válidamente un pronunciamiento sobre el fondo del objeto
del proceso si en la tramitación del juicio se ha asegurado a las partes el debido proceso”
(Alejandro ROMERO SEGUEL [2021]: Curso de Derecho Procesal Civil. Los Medios de
Impugnación. Tomo V. p. 174. Thomson Reuters, Santiago).

4°. – Que la causal de invalidación formal prevista en el artículo 768 nro. 5°
del Código de Procedimiento Civil, en relación con el 170 nro. 4° del mismo estatuto
legal, consiste en haber sido pronunciada la sentencia con omisión de cualquiera de
los requisitos enumerados en el artículo 170, en este caso, las consideraciones de
hecho y de derecho en que le sirven de fundamento.

Sobre el deber de fundamentar los fallos, Andrés Bello escribió que “(para)
asegurar la imparcialidad de los jueces una de las reglas es la obligación de exponer los
fundamentos de la sentencia. Cual-quiera que sea la forma de gobierno, la necesidad de fundar
los actos oficiales y de manifestar a los ciudadanos que no es un hombre revestido de tal o cual
título, sino la ley misma, quien les adjudica derechos o les impone cargas, es común a todos los
funcionarios públicos, desde el individuo que ocupa el trono, o la silla presidencial, hasta el
último de los esbirros ..., Sometidos los jueces como todos los empleados a esta regla, las
sentencias serán otras tantas exposiciones, o más notificaciones de la ley, y otros tantos
ejemplos prácticos de sus aplicaciones a los negocios de la vida; ni las oiríamos pronunciar en
el tono enigmático de los oráculos, sino con la sencillez de la voz paternal, que se acomoda a la
inteligencia de todos, y se afana en demostrarles que no es el poder sino razón quien les habla,
y no la razón individual de un hombre, sino la raz6n de la ley” (A. Bello, El Araucano
[1885], Organización de los Tribunales, hoy en Obras Completas, Tomo IX, p. 79.
Santiago).

En relación con esta exigencia, la Corte Suprema, en sentencia del 8 de mayo
de 2020, rol 10.355-2019, ha explicado:

Que el legislador se ha preocupado de establecer las formalidades a que deben sujetarse
las sentencias definitivas de primera o única instancia y las de segunda que modifiquen
o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales, las que además de satisfacer
los requisitos exigibles a toda resolución judicial, conforme a lo prescrito en los
artículos 61 y 169 del Código de Procedimiento Civil, deben contener las
enunciaciones contempladas en el artículo 170 del mismo cuerpo normativo, entre las
que figuran - en su numeral 4 - las consideraciones de hecho o de derecho que sirven
de fundamento a la sentencia.

Que esta Corte, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N°3.390 de 1918, en su
artículo 5° transitorio, dictó con fecha 30 de septiembre de 1920 un Auto Acordado en
que regula pormenorizada y minuciosamente los requisitos formales que, para las
sentencias definitivas a que se ha hecho mención, dispone el precitado artículo 170 del
Código de Procedimiento Civil.




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QUINIENTOS DIECIOCHO




Refiriéndose al enunciado exigido en el N°4 de este precepto, el Auto
Acordado establece que las decisiones de que se trata deben expresar las
consideraciones de hecho que les sirven de fundamento, estableciendo con precisión
las circunstancias fácticas sobre que versa la cuestión que haya de fallarse, con
distinción entre las que han sido aceptadas o reconocidas por las partes y aquellas
objeto de discusión. Agrega que, si no hubiera discusión acerca de la procedencia
legal de la prueba, deben esas sentencias determinar los hechos que se encuentran
justificados con arreglo a la ley y los fundamentos que sirven para estimarlos
comprobados, haciéndose, en caso necesario, la apreciación correspondiente de la
prueba de autos conforme a las reglas legales. Si se suscitare cuestión acerca de la
procedencia de la prueba rendida - prosigue el Auto Acordado – deben las sentencias
contener los fundamentos que han de servir para aceptarla o rechazarla, sin perjuicio
del establecimiento de los hechos en la forma expuesta anteriormente. Prescribe
enseguida que, establecidos los hechos, se enunciarán las consideraciones de derecho
aplicables al caso y, luego, las leyes o en su defecto los principios de equidad con
arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; agregando que tanto respecto de unas y otras
debe el tribunal observar, al consignarlas, el orden lógico que el encadenamiento de
las proposiciones requiera.

Para hacer valer el debido proceso, el legislador nacional ha ido incorporando
paulatinamente diversas reglas acerca de la nulidad y validez procesal, las que
también conciernen al empleo de incidentes y recursos legales contra actos del
proceso en las que los jueces del fondo se aparten de las reglas del racional y justo
procedimiento. Jaime Carrasco sostiene que “… es necesario tener presente que los
incidentes de nulidad pueden generarse por diversas razones, y su regulación ha sido
paulatina. En efecto, existen incidentes para alegar un impedimento o fuerza mayor que impide
a los litigantes actuar (art. 79 del CPC y 4 de la Ley n.° 21226), para que el demandado reclame
la falta de emplazamiento (art. 80 del CPC), y el incidente de nulidad ordinario (art. 83 del
CPC). Los tribunales, por su parte, tienen potestades para anular de oficio una determinada
actuación o resolución judicial (arts. 83, 84, 775 del CPC). A lo anterior hay que adicionar
ciertos trámites esenciales que la ley establece para los procedimientos tanto en primera como
en segunda instancia cuya omisión acarrea la nulidad procesal (art. 768, 795, 796, 800 del
CPC), y una serie de causales que permiten interponer el recurso de casación en la forma
cuando la sentencia está viciada por alguna de las causales que menciona el art. 768 del CPC“
(Jaime CARRASCO POBLETE [2021], “El debido proceso y su protección a través de la
nulidad procesal”. Publicado en Actualidad Jurídica, n.° 43 - enero 2021, Universidad del
Desarrollo).

5°. – Que la motivación de las sentencias judiciales, y la posibilidad de revisión
de las mismas, son garantías naturalmente asociadas al debido proceso legal. Esta
Judicatura ha resuelto previamente que “… el procedimiento legal debe ser racional y
justo. Racional para configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo para
orientarlo a un sentido que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un
proceso. De ahí se establece la necesidad, entre otros elementos, de un juez imparcial, normas



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QUINIENTOS DIECINUEVE




que eviten la indefensión, con derecho a presentar e impugnar pruebas, que exista una
resolución de fondo, motivada y pública, susceptible de revisión por un tribunal superior y
generadora de la intangibilidad necesaria que garantice la seguridad y certeza jurídica propias
del Estado de Derecho”. (STC 1838 c. 10) (En el mismo sentido, STC 2204 c. 9, STC 2259
c. 9, STC 2452 c. 12, STC 2701 c. 10, STC 2853 c. 15, STC 3309 c. 12, STC 5962 c. 11, STC
6399 c. 18, STC 5369 cc. 6, 7, STC 5516 c. 7, 8, STC 5820 c. 7, 8, STC 6939 c. 8, STC 4153
c. 15, STC 4710 c. 22, STC 5442 c. 20, STC 5674 c. 5, STC 6419 c. 7, STC 7797 c. 10, STC
3406 c. 5).

Sobre el derecho al recurso, la Corte Suprema ha resuelto que de la preceptiva
constitucional “… es posible desprender la existencia de diversos principios que pretenden
asegurar la racionalidad y justicia del procedimiento. Entre ellos, no es posible dejar de
mencionar el derecho al recurso, que se traduce en el de impugnar las resoluciones judiciales
para permitir su revisión, y que integra el amplio espectro del derecho al debido proceso. Ligado
a lo dicho están los demás derechos, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva, que
conducen a que en el proceso de interpretación de normas se prefiera aquella que permite el
acceso a la jurisdicción, a obtener una sentencia motivada y, en su caso, el cumplimiento de lo
resuelto. En la perspectiva recién indicada, surge con nitidez, entonces, la necesidad de
interpretar restrictivamente las normas que pudieran dar pábulo a limitar o restringir tales
derechos o garantías” (Corte Suprema, rol 1033-2023, c. 8).

6°. – Que estos disidentes no divisamos razón constitucional suficiente para
excluir, en procedimientos como aquellos en que tiene lugar la gestión pendiente, la
posibilidad de deducir un recurso efectivo contra una sentencia que se denuncia como
carente de motivos, posibilidad esencialmente ligada al racional y justo
procedimiento. Aun cuando consideremos que el recurso de casación, en cualquiera
de sus variantes, constituye una impugnación extraordinaria o especial, nos parece
que el debido proceso exige contar con un recurso efectivo para invalidar, corregir o
enmendar sentencias que pudieren contener un error de derecho. Por lo tanto, no
hablamos del derecho a la casación, sino del derecho a un recurso efectivo.

7°. – Que si el valor que quisiéramos atribuir a esta restricción que contiene el
precepto impugnado fuera la pronta conclusión de los litigios y evitar su demora
excesiva, esta Judicatura, en STC 12.157-CAA, con ocasión de haberse impugnado el
Auto Acordado sobre Procedimiento Aplicable al Convenio de La Haya relativo a los
Efectos Civiles de la Sustracción Internacional de Niños y Niñas, tuvo presente que
“… , así, la celeridad puede alcanzarse mediante otros mecanismos procesales más idóneos, es
decir, menos intrusivos en los derechos de las partes que privarlas del recurso de casación
destinado a corregir vicios sustanciales del procedimiento o que se encuentran contenidos en
la misma sentencia que se impugna, …”.

8°. – Que, tal como lo ha reconocido esta Magistratura en pronunciamientos
sobre la misma norma, la historia fidedigna del precepto impugnado da cuenta de
que este perseguía un objetivo específico y esencialmente momentáneo, que era “(…)
normalizar el funcionamiento de la Corte de Casación, que se encuentra retardada en su



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QUINIENTOS VEINTE




despacho en términos que constituye una honda perturbación para el ejercicio de todos los
derechos i para la administración de justicia en general (…)” (Informe de la Comisión de
Lejislación y Justicia del Senado, 24 de julio de 1916)” (STC 10876-21, c. octavo),
fundamento que hoy parece ausente de razonabilidad, especialmente considerando
la proliferación de leyes especiales que caerían dentro de esta restricción.

9°. – Que, en fin, si para decidir esta cuestión nos limitáramos a afirmar que
la determinación de la procedencia, plazos, modos de proposición y ritualidad de los
recursos legales es una cuestión entregada enteramente a discrecionalidad del
legislador, nos resulta imperativo tener en cuenta que, ni aun a pretexto de
circunstancias extraordinarias, la Constitución permite al legislador traspasar el
límite del establecimiento, siempre, de las garantías de un racional y justo
procedimiento. Pues, aunque no aparece del tenor del artículo 19 numeral 3° de la
Constitución que el legislador esté obligado a proveer a las partes del litigio de un
recurso específico, sí sostenemos que el recurso efectivo para atacar la inexistencia de
la motivación de la sentencia que la ley procesal común entrega a todos en el proceso
civil común no debe ser denegado en materia de reclamación de expropiaciones a la
parte agraviada, cualquiera sea su posición en el proceso.

10°. – Que concordamos con Hunter y Lara, cuando afirman que “… se
distingue entre lo que es el derecho a la impugnación de las sentencias, que podría configurarse
como un derecho a deducir un recurso como parte del debido proceso, de otro supuesto [en
cursivas en el original] que es el derecho a un recurso en concreto. Este último no existe, y el
legislador podrá establecer libremente el recurso que sea procedente en contra de una
resolución judicial en base a razones discrecionales o de política sustantiva” (Iván HUNTER
AMPUERO y Edinson LARA AGUAYO [2021]: “Recursos Procesales Civiles. Doctrina y
Jurisprudencia”, p. 28. DER Ediciones, Santiago).

Lo dicho aquí nos permite sostener que, si bien no existe el derecho
fundamental a deducir el recurso de casación contra una sentencia definitiva, sí es
plausible afirmar desde una interpretación “pro hominem” que los derechos de la
persona, la igual protección de la ley a todas las personas, las garantías y la tutela
judicial efectiva que el legislador, obligado por la Constitución a configurar las reglas
de un procedimiento racional y justo, son consideraciones que no permiten sostener
que la ley procesal pueda privar a las partes de la posibilidad de deducir un recurso
efectivo destinado a la revisión judicial de lo resuelto por otro tribunal.

El derecho a los recursos, como sostiene Sonia Calaza, “… es una manifestación,
una proyección o, si se prefiere, una ramificación del derecho a la tutela judicial efectiva, si
bien el número, tipo y procedimiento de cada uno de estos recursos constituye … una cuestión
de legalidad ordinaria, que corresponderá configurar al legislador en virtud de parámetros
diversos” (Vicente GIMENO SENDRA, Manuel DÍAZ MARTÍNEZ y Sonia CALAZA
LÓPEZ [2021]: “Derecho Procesal Civil. Parte General”, p. 544. Tirant lo Blanch,
Valencia). De este modo, el racional y justo procedimiento cuyas garantías deben ser
observadas siempre por el legislador, impone el deber de señalar de manera clara y



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QUINIENTOS VEINTIUNO




comprensible por qué razón el derecho a la tutela judicial efectiva a través de los
recursos legales contra la sentencia debe ceder ante “parámetros diversos” que no se
afirman, explican ni siquiera se insinúan en el precepto legal que se viene
impugnando por la actora.

Es en razón de las consideraciones expuestas que estos disidentes estuvimos
por acoger el presente requerimiento.



Redactó la sentencia la Ministra señora NANCY YÁÑEZ FUENZALIDA. La
disidencia corresponde al Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 16.900-25-INA




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QUINIENTOS VEINTIDOS


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 24/04/2026



Miguel Angel Fernández González
Fecha: 24/04/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 24/04/2026 Fecha: 24/04/2026



Héctor Antonio Mery Romero Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 24/04/2026 Fecha: 23/04/2026



Alejandra Precht Rorris
Fecha: 24/04/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández González, señor Raúl
Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor Héctor
Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas y señora Alejandra Precht
Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 24/04/2026




59D38113-A0DC-47A7-861E-9F3D7F530361
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