TC Rol 16905

Texto completo

0000146
CIENTO CUARENTA Y SEIS




2026

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________

Sentencia
Rol 16.905-2025


[7 de enero de 2026]

____________



REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 196 TER, INCISO
PRIMERO, SEGUNDA PARTE, DE LA LEY N° 18.290


SEBASTIÁN IGNACIO TAPIA GÓMEZ


EN EL PROCESO PENAL RIT N° 138-2025, RUC N° 2500174487-1, SEGUIDO
ANTE EL JUZGADO DE GARANTÍA DE ILLAPEL



VISTOS:

Que, con fecha 10 de septiembre de 2025, Sebastián Ignacio Tapia Gómez
ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la Ley N° 18.290,
en el proceso penal RIT N° 138-2025, RUC N° 2500174487-1, seguido ante el
Juzgado de Garantía de Illapel.

Precepto legal cuya aplicación se impugna



“Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2009, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones. Fija el Texto Refundido,
Coordinado Sistematizado de la Ley de Tránsito
Artículo 196 ter.- Respecto del delito previsto en el inciso tercero del
artículo 196, será aplicable lo previsto en la ley Nº 18.216, conforme a las



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reglas generales. Sin embargo, la ejecución de la respectiva pena
sustitutiva quedará en suspenso por un año, tiempo durante el cual
el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de
libertad a la que fuere condenado.
[…].”



Síntesis de la gestión pendiente

Indica el requirente que ante el Juzgado de Garantía de Illapel se sigue
causa penal en su contra por el presunto delito de manejo en estado de ebriedad
con resultado de muerte, encontrándose vigente el plazo de investigación
decretado en la respectiva audiencia de formalización.

Como conflicto constitucional, en síntesis, la actora expone que el
precepto legal impugnado no logra pasar con éxito el test de igualdad ya que la
diferencia de trato no se funda en criterios razonables y objetivos,
consolidándose de este modo una infracción a los artículos 1° y 19 N° 2 de la
Carta Fundamental; a los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de
Derechos Humanos; y a los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, que amparan el principio de no discriminación y la
igualdad ante la ley.

Agrega que se transgrede asimismo el principio de proporcionalidad,
contenido en el numeral 3 del señalado artículo 19, toda vez que el sentenciador
ve limitada su actuación con justicia, no pudiendo considerar en toda su
amplitud las características del caso y del sujeto penalmente responsable.



Tramitación del asunto

El requerimiento se acogió a tramitación y declaró admisible a través de
resolución de Primera Sala de fecha 22 de septiembre de 2025, de fojas 26.

Conferidos los traslados de fondo a las partes de la gestión
pendiente, y a los órganos constitucionales interesados, con fecha 10 de
octubre de 2025, a fojas 38, se hizo parte el Ministerio Público abogando por
el rechazo del requerimiento.

Hace presente el ente persecutor que en este caso concreto no está
impedida la sustitución de una pena privativa de libertad, sino que es
suspendida por un año.

Por ende, explica que el legislador no eliminó la facultad judicial de
imponer penas sustitutivas, ni las reglas para interrumpirlas, modificarlas o
darlas por cumplidas. Sólo impone una suspensión de la decisión judicial por un
año, imponiendo pena privativa de libertad.




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Hace presente que el legislador está facultado para configurar políticas
preventivas que busquen disuadir efectivamente de la comisión de los delitos
viales con resultado de muerte, y tiene potestades constitucionales formales y
sustantivas para perseguir la erradicación de las conductas de riesgo como
conducir vehículos motorizados con consumo de alcohol.

En consecuencia, argumenta que no se puede deducir la existencia de un
derecho subjetivo a una pena alternativa si el artículo 1° de la Ley N°18.216
establece que es una facultad del Juzgador.

Concluye señalando que el precepto legal impugnado no configura una
prohibición, bloqueo o impedimento de aplicación de una pena alternativa o
sustitutiva a la pena privativa de libertad. Ni el juez ni las partes se ven
impedidos de debatir sobre su aptitud para el caso concreto, su aplicación y
sobre la mejor modalidad que pueda revestir.



Con fecha 20 de octubre de 2025, a fojas 45, fueron traídos los autos en
relación.



Vista de la causa y acuerdo

Con fecha 11 de noviembre de 2025 se verificó la vista de la causa,
oyéndose la relación pública y los alegatos certificados por el relator de la causa,
quedando adoptado el acuerdo en la sesión señalada.



CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que don Cristian Gonzalo Muñoz Muñoz, en representación
de Sebastián Ignacio Tapia Gómez deduce requerimiento de inaplicabilidad
respecto del artículo 196 ter inciso primero parte final de la ley 18.290, en
cuanto señala que la pena sustitutiva que se imponga quedará en suspenso por
un año, durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena
corporal aplicada. La acción persigue que esa norma no rija para la gestión
judicial pendiente constituida por el proceso penal RIT 138-2025, seguido en su
contra ante el Juzgado de Garantía de Ovalle, por el delito de manejar vehículo
motorizado en estado de ebriedad causando la muerte.

SEGUNDO: Que, en concepto del requirente, la aplicación de la
preceptiva impugnada generaría resultados que vulnerarían los artículos 1 y 19
N° 2 y 3 de la Constitución Política de la República, además de lo dispuesto en los
artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los
artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.




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TERCERO: Que justifica su accionar señalando que la aplicación del
precepto que ataca infringe la igualdad ante la ley, asegurada en los artículos 1°,
19 N° 2 y 19 N°3 inciso primero de la Carta, porque se establecería un trato
discriminatorio en su perjuicio. Dentro de la misma idea cita los artículos del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención
Americana de Derechos Humanos, pero lo que no hace es explicar en qué
consiste la desigualdad que denuncia o, lo que es lo mismo, cuál es el modelo de
comparación que quiere esgrimir, para hacer ver una diferencia que pueda
estudiarse, con el objeto de determinar si constituye realmente una
discriminación que pugne con la garantía de igualdad.

CUARTO: Que, en todo caso, no es efectivo que se afecte aquí la garantía
de igualdad ante la ley, ni que se produzca un trato discriminatorio. Desde un
punto meramente formal es evidente que todos los condenados por delito de
manejar vehículos motorizados en estado de ebriedad causando la muerte
están sujetos a la misma limitación, respecto de la aplicación de penas
sustitutivas. Ahora, desde un punto de vista más amplio y de fondo, es claro, y
así lo ha reafirmado este Tribunal en numerosas ocasiones (verbigracia en las
causas roles 14.436, 14.421, 13.334, 16.058 y 16.350) que la igualdad exigible
supone la comparación con casos equivalentes, pero para poder realizar ese
ejercicio comparativo la parte tiene que indicar cuáles serían esos casos que,
resultando equivalentes, han merecido un trato distinto y más favorable,
respecto a la ejecución de las penas sustitutivas, que el delito imputado en la
gestión judicial pendiente del caso de autos.

QUINTO: Que tanto es así, que el mismo requerimiento se encarga de
señalar que no toda distinción o diferencia afecta a dicho principio, y eso,
siendo efectivo, deja de su cargo explicar cuál es aquí la diferencia y cómo es
que ella vulnera la garantía constitucional indicada. La ausencia de toda
argumentación al respecto en el libelo es una falencia que impide, desde ya,
analizar esa presunta desigualdad denunciada. Lo que parece desprenderse del
escrito, sobre todo de su página 4 que abunda en consideraciones utilitaristas, es
que el delito imputado sería de una gravedad menor. Por eso dice que causas
como la que se sigue en su contra retrasan el sistema de justicia, ocupándose
recursos que estima deberían utilizarse “para causas que revisten mayor
gravedad para el ordenamiento jurídico y la sociedad”.

SEXTO: Que no es posible compartir semejante visión, que minimiza
nada menos que el valor de la vida humana, el más caro de los bienes jurídicos
protegidos por el ordenamiento penal y, desde luego, por el Constitucional. Si se
quiere comparar la hipótesis de autos con el homicidio doloso, vemos que en ese
caso simplemente no proceden las penas sustitutivas, de modo que, estando el
manejo en estado de ebriedad causando la muerte a medio camino de gravedad
entre el cuasidelito y el delito doloso de homicidio, parece perfectamente



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ajustado a la igualdad que en el ilícito perseguido en la gestión pendiente del
caso que nos ocupa la pena sustitutiva proceda, pero su efectiva aplicación esté
restringida mediante la regla atacada. No se ve, pues, ninguna afectación ni a los
tratados internacionales citados -o a los derechos en ellos consagrados, traídos
al sistema constitucional por el artículo 5° inciso segundo de la Carta- ni a los
artículos 1°, 19 N°2 ni 19 N°3 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, como se desprende de lo ya dicho, tampoco se afecta en
este caso la proporcionalidad, que es exigible según la regla de racionalidad y
justicia en el proceso debido, puesto que, en primer lugar, la pena corporal, a
que se referiría la eventual sustitución, está indicada en el tipo, que no fue
impugnado. Es decir, no se está amenazando al requirente con una pena
desmedida, sino con la que la ley, en su parte no requerida, por lo demás,
establece para esa precisa conducta. Esto es importante recalcarlo porque el
discurso del requirente deja ver una idea según la cual la pena sustitutiva
constituiría un derecho de todo condenado y por ende la restricción, que ordena
cumplir un año de la pena corporal aplicada, sería una anomalía
desproporcionada. Los términos deben ser invertidos: lo normal y esperable es
que las penas que se aplican se cumplan. La excepción, establecida por la norma
de rango legal, y no constitucional, es que se sustituyan por otras no privativas
de libertad bajo ciertas condiciones. Por tanto, imponer restricciones a esa
posibilidad en sí misma excepcional, solo puede ser desproporcionado en casos
de penas bajas impuestas por la ley a delitos menores, que afecten bienes
jurídicos de segunda importancia o que afectan más levemente a bienes
principales. Desde luego no es el caso de un ilícito cuyo resultado es la muerte de
una persona y en el que la acción misma no es culposa, sino dolosa. Suponer que
en este caso la pena -ni siquiera la regla atacada, el escrito, en su página 12 habla
de la pena misma- “exceda el límite del mal causado”, parece un exceso.

OCTAVO: Que tampoco es efectivo que se afecte, con la regla impugnada,
la facultad jurisdiccional, en el sentido de que suponga una intervención del
legislador en la labor del juez. Desde luego, toda la regulación legal en abstracto,
y en particular la relativa a la determinación de la pena, limita el accionar del
juez. Lo hace ya el tipo que establece la naturaleza y los linderos de la sanción; lo
hacen las reglas de ponderación de agravantes y atenuantes, las normas sobre la
penalidad de los delitos imperfectos, las normas sobre las propias penas
sustitutivas, no solo en cuanto a su naturaleza sino sobre todo respecto de sus
requisitos. Lo que el legislador no puede hacer es entrar en el caso concreto,
pero el marco regulatorio en abstracto, al que pertenece la disposición
impugnada en esta causa, sí que le pertenece y de ninguna manera entraña una
intromisión en la función jurisdiccional ni una afectación, por lo tanto, del
debido proceso, mucho menos si convenimos en que la regla de aplicación de las
penas sustitutivas, de que se trata, ni siquiera elimina la posibilidad de aplicar




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tales sanciones que, además y como ya dijimos, son en su esencia excepcionales,
como que sustituyen a otras que son las penas corporales previstas de modo
principal para los delitos a que se deben imponer.

NOVENO: Que, en consecuencia, el requerimiento habrá de ser
rechazado.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93 incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional,




SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
DEDUCIDO A LO PRINCIPAL, DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN
AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE POR
ESTIMAR QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.



DISIDENCIA

Acordada con el voto en contra de la Presidenta, Ministra señora
DANIELA MARZI MUÑOZ, y del Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO, quienes
estuvieron por acoger el requerimiento en la impugnación por las siguientes
razones:

I. DILEMA CONSTITUCIONAL E IDEA DE LA PROPORCIÓN EN EL
DERECHO

1°. Que, la parte requirente fue formalizada por el delito de manejo en
estado de ebriedad con resultado de muerte.

Ante esta Magistratura se ha controvertido constitucionalmente el inciso
primero, parte final, del artículo 196 ter de la Ley de Tránsito. La parte
requirente argumenta que este precepto legal es contrario a la Carta
Fundamental, ya que afecta las garantías constitucionales de proporcionalidad
y debido proceso, así como la garantía de igualdad ante la ley y su racionalidad
en el caso de autos. Esto, al imponer al infractor la obligación de cumplir de
manera efectiva un año de la pena privativa de libertad, incluso cuando podría
aplicarse una pena sustitutiva conforme a la Ley N° 18.216.



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2°. Que, el razonamiento que se expone se asienta sobre la premisa de la
proporción y su vinculación con el Derecho y, en particular, de un concepto
mayor como lo es el delito. Al respecto se ha dicho que “El sentido de la
proporción se desprende del doble significado de la palabra Derecho, o sea,
depende del objeto de la regulación y, por otra parte, de la estructura de las
proposiciones jurídicas. En cuanto materia del conocimiento, el Derecho designa
un ordenamiento predominantemente objetivo de regulación del comportamiento
exteriorizado e interindividual de los hombres, mediante normas cuya
prescripción, sancionada con la legítima posibilidad del empleo de la fuerza
organizada de la sociedad y ejercida con exclusividad por el Estado o por
instituciones a que éste se haya subordinado, se orienta a la consecución de fines
valorados por cada comunidad según el correspondiente estadio de su evolución
cultural”. Pues bien, el Derecho como ciencia investiga precisamente dichas
normas y valoraciones en las tareas sucesivas que la distinguen, tales como la
interpretación, construcción y sistema: “Para las tres el pensamiento
proporcional tiene una palabra que pronunciar. La interpretación ha de buscar la
coherencia íntima de las normas, la simetría entre sus partes, la proporción
normativa en el sentido original de esta idea. Luego, interviene en la elaboración
de los conceptos jurídicos, con lo que aludimos a los conceptos que se ofrecen en
los supuestos de hecho de las normas, previamente aclarados por la
interpretación, como los de dolo, ánimo de lucro, error en la persona, etc. (…) En
seguida, la unidad conceptual y la simetría de los componentes son indispensables
para elaborar las instituciones, o sea, la reproducción de una relación jurídica
que se presenta con idéntico contenido en diferentes normas de Derecho (…) Por
último, el sistema jurídico, el conjunto ordenado, coherente y total de
conocimientos acerca de un determinado Derecho positivo, sería de imposible
realización si no hubiera afinidad -antes constatada a través de la interpretación
sistemática- entre sus partes ni derivación de un único fin supremo e interno”
(Guzmán Dalbora, José Luis “La idea de proporción y sus implicaciones en la
dogmática penal”, Política criminal, Vol. 12 N°24, Santiago dic. 2017, pp. 1228-
1263).

II. SOBRE EL DELITO DE MANEJO EN ESTADO DE EBRIEDAD: BIEN
JURÍDICO Y ELEMENTO SUBJETIVO

3°. Que, el delito de manejo en estado de ebriedad o bajo la influencia de
estupefacientes o psicotrópicos presenta una estructura típica particular que
condiciona el alcance del elemento subjetivo de la infracción, tanto en su forma
básica, regulada en el inciso primero del artículo 196 de la Ley N°18.290 sobre
Tránsito, como en la especie agravada del inciso tercero del mismo artículo.

El manejo simple en estado de ebriedad es considerado en general como
un delito de peligro contra la seguridad pública, discutiéndose a su respecto el
carácter de dicho peligro: si es abstracto, concreto o abstracto-concreto
(hipotético). Sobre este punto se ha extendido en particular Carlos Cabezas
Cabezas, en su trabajo titulado "Los delitos de conducción bajo la ingesta de
alcohol o sustancias estupefacientes como delitos de peligro” (Revista de


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CIENTO CINCUENTA Y TRES




Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, número XXXIV,
primer semestre de 2010, pp. 227-280).

El dolo, pues, ha de abarcar el riesgo real, presunto o hipotético generado
por el manejo para la circulación vial y, sobre todo, para la vida, integridad
corporal y salud de los automovilistas y peatones. Sin embargo, al hallarse el
sujeto en estado de ebriedad -lo que significa que su conciencia está alterada-
resulta problemático hablar propiamente de dolo. Esto es así tanto si se concibe
al dolo como la conciencia y voluntad de un resultado, como, especialmente, si
se le entiende como la conciencia y voluntad de un resultado antijurídico. La
alteración de la conciencia y del juicio producidos por la ingesta alcohólica, en
efecto, puede afectar las representaciones fácticas y valorativas del autor,
quien, además, atribuirá a su voluntad unos poderes de los que en verdad
carece, con la consiguiente merma del componente afectivo de la imputabilidad
y del dolo. De ahí que la infracción descrita en el inciso primero del artículo 196,
bien mirada, sea una presunción absoluta, no solo de imputabilidad —que
podría estar ausente al momento de la acción—, sino también de dolo. Esta
presunción que va más allá de los términos de los artículos 1, inciso segundo, y
10, número 1, del Código Penal.

En cuanto a la forma agravada, consistente en causar lesiones gravísimas
o la muerte de una persona, se plantean dos interpretaciones respecto a la
imputación subjetiva del resultado calificante. La primera considera que se
trata de un delito calificado por el resultado, en el que la ley no exige prueba de
culpabilidad alguna respecto de la muerte del sujeto pasivo, hecho evidenciado
por la seca redacción causalista del tipo “causare (...) la muerte” y no “cometiere
homicidio o cuasidelito de homicidio”; y porque las penas se desproporcionan
como si hubiese dolo, acercándose mucho a las del homicidio doloso y
superando con largueza las del homicidio culposo, según los artículos 391,
número 2; 490, número 1; y 492 del Código Penal. La segunda postura se decanta
por un delito preterintencional, en que ha de haber culpa en la muerte de la
víctima, para armonizar el delito con la prohibición constitucional de las
presunciones absolutas de la responsabilidad penal.

4°. Que, bajo ninguna de estas dos posturas es posible sostener que el
manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte abarque la situación en
que un conductor mata dolosamente a otra persona. Si el conductor, obrando
con dolo directo o eventual, quiere o acepta el deceso de una persona por su
conducción antirreglamentaria, esa muerte se somete a las reglas generales del
homicidio, que es penado con mayor severidad que el delito del artículo 196,
con la pena de presidio mayor en su grado medio a máximo. Pues bien, el
homicidio simple no aparece excluido del campo de aplicación de las penas
sustitutivas de la Ley N°18.216, siempre que las reglas de adaptación y
concreción de la penalidad previstas en el artículo 391, número 2, permitan al
juez imponer una pena que cumpla con los requisitos para la remisión
condicional, reclusión parcial o libertad vigilada.




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5°. Que, el artículo 196 ter de la Ley de Tránsito, aunque aparentemente
no excluye el manejo de estado de ebriedad de las penas sustitutivas de la Ley
N°18.216, al establecer que la pena sustitutiva quedará en suspenso durante un
año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir efectivamente la pena
sustituida, lo que realmente hace es crear una nueva pena sustitutiva, distinta
de las conocidas legalmente, o bien las modifica hasta tornarlas irreconocibles
en la punición de este hecho en particular, a todas luces menos grave que un
homicidio en cualquiera de sus especies (parricidio, femicidio, asesinato, etc.). P
ensar otra cosa, o sea, suponer que la muerte del peatón puede ser cometida con
dolo (directo o eventual), implicaría, por ejemplo, que el marido que en estado
de ebriedad embiste con el coche a su mujer queriendo matarla o asumiendo
esta eventualidad, merecería una pena menor que la asignada al femicidio
vincular (artículo 390 bis), que es necesariamente doloso. Esto resulta absurdo
y, en consecuencia, no puede ser proporcional.

III. PROPROCIONALIDAD DE LA PENA E IGUALDAD

6°. Que, el Derecho penal como última ratio del ius puniendi estatal no es
concebible como un mero sistema de incentivo y desincentivo de conductas. Por
ser la consecuencia más gravosa del ordenamiento jurídico se construye con
estricto apego a la idea de proporción tanto en la configuración del delito como
de la pena, unidades distintas pero vinculadas, al ser esta última expresión del
reproche hacia la conducta delictiva. En consecuencia, sin necesidad de recurrir
a las finalidades resocializadoras −que, sin embargo, son reconocidas en el
Derecho internacional de los derechos humanos, aunque no como las únicas
posibles de considerar en un ordenamiento jurídico− sino que, desde la idea de
la retribución, tenemos que la norma requerida de inconstitucionalidad
distorsiona la valoración de diversos elementos del delito dando lugar a un
resultado carente de razonabilidad. En este sentido, se ha declarado en la
jurisprudencia de esta Magistratura que “la naturaleza retributiva de la pena
hace que esta pueda conmensurarse en cada caso a la gravedad del respectivo
delito. Como escribió Bettiol, “es sobre la base de la idea de retribución sobre la
que se hizo su ingreso en el Derecho Penal el criterio de proporcionalidad, ya que
la pena retributiva es ‘naturalmente’ proporcionada al comportamiento
efectuado” (Rivacoba, Manuel, La retribución penal, Editorial Jurídica Conosur
Ltda., 1995, Santiago de Chile, p. 51) (STC Rol N°14.129-2023, c°26).

7°. Que, lo hasta aquí dicho puede reconstruirse en el sub juicio más
difícil del test de proporcionalidad −método de interpretación constitucional
ampliamente reconocido en la argumentación jurídica− ya que, siendo la pena
de reclusión efectiva de corta duración idónea para un fin legítimo, y, a su
turno, no siendo posible valorarlas en términos de ser menos gravosa e
igualmente efectiva que otras posibles, debido a que es una cuestión que en
realidad es empírica y deriva en algo que no es decisivo para el razonamiento
judicial −como es el éxito o fracaso de una política legislativa en la disuasión del
delito− se arriba a la proporcionalidad en sentido estricto.




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CIENTO CINCUENTA Y CINCO




Para este sub juicio se vuelve relevante el análisis dogmático, pues
exigirá fundamentar plenamente si el sacrificio de bienes individuales
−libertad individual− expresado en la máxima injerencia estatal como la
privación de libertad −cuyo único borde es su duración temporal−, se
encuentra justificado en los intereses estatales que se buscan proteger, siendo
un camino altamente inseguro el desatender la reconstrucción sistemática de la
disciplina penal, ya que ese constituiría un procedimiento automático al
entender que la proporcionalidad será aquello que decida el legislador
democrático, puesto que es igual a sostener que la proporcionalidad no tiene
ninguna cabida como razonamiento constitucional.

8°. Que, se ha señalado que el control de proporcionalidad tiene una
“dinámica triádica”, pues se encuentra en la sombra del canon igualdad y
razonabilidad, porque sin estar consagrado en los textos constitucionales, en el
ámbito penal −y siendo éste manifestación de las delicadas decisiones político-
criminales de competencia exclusiva del legislador− ha permitido que la
justicia constitucional evite que esa plena discrecionalidad mute en un arbitrio
irracional o que rompa la igualdad. ste enfoque es particularmente relevante
en casos como las penas automáticas, ya que son simplemente incompatibles
con la idea de proporcionalidad (Grimaldi, Italo “Il principio di proporzionalità
della pena nel disegno della Corte Costituzionale, Rivista di giurisprudenza
penale, N°5, 2020).

Esta ha sido la forma de dotar de contenido a la proporcionalidad en
materia penal, cuyas decisiones legislativas se determinan de acuerdo a las
épocas y sus valoraciones, y que se construye por medio de intervenciones
episódicas sobre situaciones que fácticamente no podrán ser nunca iguales y
perfectamente delimitables. Estas situaciones se regulan mediante
herramientas que permiten ajustar la respuesta penal a las características
particulares del caso, como el sistema de atenuantes y agravantes, así como la
clasificación de las penas en función de la gravedad del delito, distinguiendo
entre crímenes y simples delitos. Finalmente, y en el marco de este análisis
constitucional, la pena de privación de libertad no puede ser subestimada, pues,
como ha señalado la doctrina “en toda limitación de un derecho cabe ver un
desarrollo jurídico del mismo, pues el desarrollo legislativo de un derecho
proclamado en abstracto en la Constitución, consiste en esencia, precisamente, en
su limitación, a causa de la necesaria coordinación con los otros derechos
existentes y con los derechos de los demás ciudadanos, y no existe en un
ordenamiento jurídico un límite más severo a la libertad que la privación de
libertad en sí” (Arroyo Zapatero, Luis, “Principio de legalidad y reserva de ley en
materia penal”, Revista española de Derecho Constitucional, año 3, N°8, pp. 9-46).

9°. Que, por lo anterior, en opinión de quienes suscriben este voto la
acción de inaplicabilidad intentada contra el artículo 196 ter inciso 1° parte final
de la Ley N°18.290 debiese ser acogida.




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PREVENCIÓN

La Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS estuvo por rechazar el
requerimiento atendidas las consideraciones siguientes:

1°. Que, esta Ministra ha razonado entorno a los bienes jurídicos
protegidos por el precepto legal impugnado en el caso de autos. Considerando
que, la vida y la libertad constituyen derechos esenciales al ser humano sobre
los cuales el legislador regula las condiciones para su legítimo ejercicio. El que
maneja en estado de ebriedad o con consumo de estupefacientes, adolece de
una enfermedad que si bien es cierto requiere los medios para su rehabilitación
y reinserción social, no es menos cierto que la gravedad de la conducta típica
constituye un delito que atenta contra la vida de terceros y por ende, quien
ejerce esa conducta o comete otros de los delitos regulados en la Ley N°18.290
hace abuso de su libertad como derecho limitado por otros derechos de igual
relevancia o entidad en la interpretación armónica y sistémica del
ordenamiento constitucional.

2°. Que, en ese sentido, la vida es un hecho de la naturaleza que produce
consecuencias jurídicas el derecho regula. En el mismo sentido, el Tribunal
Constitucional, ha entendido, que la vida tiene un carácter fundante de los
demás derechos, porque sin vida, difícilmente tiene sentido, referirse a otros
derechos fundamentales. Así lo ha señalado esta Magistratura al señalar que “el
derecho a la vida es, sin duda alguna, el derecho fundante de todos los demás, pues
sin vida, difícilmente tiene sentido referirse a otros derechos fundamentales.
Como ha señalado el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas, en su Observación General sobre el artículo 6° del Pacto
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, el derecho a la vida es “el derecho
supremo respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en
situaciones que pongan en peligro la vida de la nación”. Ha agregado, asimismo,
que “el derecho a la vida es el más esencial de estos derechos”. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, por su parte, que “el derecho
a la vida es ampliamente reconocido como el derecho supremo del ser humano y
conditio sine qua non para el goce de todos los demás derechos” (STC Rol N°740, c.
55°). Por eso, a partir de la doctrina especializada, este Tribunal Constitucional
sostiene en su jurisprudencia que el derecho a la vida “asegura a toda persona
-incluyendo al nasciturus- el derecho a mantener la vida y conservarla frente a los
demás hombres. Si se quiere “es el derecho a que nadie nos la quite, y a que no
pueda suprimirla ni cercenarla su propio sujeto” (José Joaquín Ugarte Godoy. El
derecho a la vida y la Constitución. Revisa Chilena de Derecho, Volumen 33, N° 33,
2006, p. 514)” (STC Rol N°740, c. 56°)

3°. Que, reflexionando sobre los derechos que se encuentran regulados
por el precepto legal impugnado y su revisión judicial en la ley “Emilia”,




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habiendo examinado diversos casos sobre la materia y en ejercicio de la
libertad de conciencia esta jueza constitucional reflexiona que el fundamento
de la acción de inaplicabilidad supone que la causa de que un derecho sea
reconocido es por el contenido del bien jurídico protegido, v.g. vida, libertad,
dignidad, ya que son intrínsecamente valiosos para las personas y para la vida
en sociedad dentro de un Estado constitucional y democrático de Derecho. En
ese sentido, la vida posee una identidad propia que es proteger al que esta por
nacer y conservar esa vida hasta la muerte natural. Por ello, se prohíbe matar a
otro, pues ello atenta contra la identidad de la vida que debe ser protegida
constitucionalmente. De modo tal, que la privación de libertad que supone la
aplicación del precepto legal impugnado resulta razonado al tenor del bien
jurídico protegido.

4°. Que, lo anterior, no supone que el legislador posea una libertad de
configuración absoluta o limitada, la política criminal como cualquier otra está
sujeta a límites que son controlables por los jueces constitucionales. Sin
embargo, a la luz de la finalidad de la norma y aún respecto de las dudas
respecto del debido proceso y la racionalidad de la pena tal como se arguyó en
votos anteriores, pues tal como lo ha señalado esta Magistratura previamente
“(…) no se ve cómo la aplicación del precepto atacado pueda generar, en la gestión
judicial pendiente, vulneración a ninguno de los artículos constitucionales
enunciados en el requerimiento. La limitación, que por razones legítimas de
política criminal ha establecido el legislador para la ejecución de las penas
sustitutivas en la clase de delitos de que se trata, no vulnera ni las obligaciones de
los órganos del Estado frente a los tratados internacionales ratificados por Chile,
ni responde a un exceso en las facultades del legislador, ni afecta la igualdad ante
la ley, ni tampoco el debido proceso, razones todas por las que el requerimiento
será desechado” (STC Rol N°15.927, c. 9°).

Por tanto, esta Ministra reflexionando en base a los bienes jurídicos
protegidos y en razón del bien común y la seguridad e integridad de las
personas está por rechazar el requerimiento deducido a fojas 1.




Redactó la sentencia el Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ y la disidencia
la Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ (Presidenta). Redactó la prevención la
Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 16.905-25-INA




12
0000158
CIENTO CINCUENTA Y OCHO


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 08/01/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 08/01/2026



Miguel Angel Fernández González Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 08/01/2026 Fecha: 08/01/2026




Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 08/01/2026 Fecha: 08/01/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana
Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas
y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 09/01/2026




F8F6D978-6E7D-453E-8992-69B30B7A4189
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