TC Rol 16955

Texto completo

0000268
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO




2026

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________

Sentencia
Rol 16.955-2025


[15 de enero de 2026]

____________



REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 196 TER, INCISO
PRIMERO, SEGUNDA PARTE, DE LA LEY N° 18.290, DE TRÁNSITO



ALEXIS JAVIER VIDAL VIDAL
EN EL PROCESO PENAL RIT N° 1045-2025, RUC N° 2510020438-2, SEGUIDO
ANTE EL JUZGADO DE GARANTÍA DE CASTRO



VISTOS:

Que, con fecha 24 de septiembre de 2025 Alexis Javier Vidal Vidal ha
presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la Ley N° 18.290,
para que ello incida en el proceso penal RIT N° 1045-2025, RUC N° 2510020438-2,
seguido ante el Juzgado de Garantía de Castro.



Precepto legal cuya aplicación se impugna

El texto del precepto legal impugnado dispone lo siguiente en su parte
destacada:



“Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2009, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones. Fija el Texto Refundido,
Coordinado Sistematizado de la Ley de Tránsito



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Artículo 196 ter.- Respecto del delito previsto en el inciso tercero del
artículo 196, será aplicable lo previsto en la ley Nº 18.216, conforme a las
reglas generales. Sin embargo, la ejecución de la respectiva pena
sustitutiva quedará en suspenso por un año, tiempo durante el cual
el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de
libertad a la que fuere condenado.”



Síntesis de la gestión pendiente

Indica el requirente que la gestión pendiente corresponde a proceso
penal seguido ante el Juzgado de Garantía de Castro, siendo formalizado con
fecha 30 de abril del año 2025 por el delito de conducción en estado de ebriedad
y bajo la influencia de cannabis, con resultado de lesiones graves y muerte,
sancionado en el artículo 196, incisos segundo y tercero, en relación con el
artículo 110 de la Ley N° 18.290, de Tránsito, quedando en prisión preventiva
desde esa fecha.

En razón de lo anterior, el requirente alega que la aplicación del precepto
legal impugnado, en la parte que indica, transgrede el artículo 19 N° 26, en
relación con la esencia de los derechos consagrados en el artículo 19, numeral 3
y 7, de la Constitución Política. Al respecto, indica que el precepto constitucional
cuya infracción se demanda consagra una garantía fundamental para la
protección de todos los derechos constitucionales, conocida como el "respeto al
contenido esencial de los derechos", haciendo presente que la doctrina nacional
considera que el artículo 19 N° 26 constituye una pieza clave del ordenamiento
constitucional, destinada a precaver que los derechos fundamentales, si bien no
son absolutos y pueden ser regulados, no sean despojados de su sustancia o
desnaturalizados por la ley.

En el caso de autos, estima que la estructura misma de la norma legal
afecta la esencia de la jurisdicción penal y de los derechos asociados a ella.

En efecto, en cuanto a la esencia del derecho a un procedimiento racional
y justo, señala que, en materia penal, la racionalidad y justicia del
procedimiento no terminan con la dictación de la sentencia, se extienden a la
fase de ejecución de la pena, agregando que un elemento esencial de un sistema
penal racional y justo en una democracia moderna es el principio de
individualización de la pena. Esto significa que el juez, y no el legislador de
forma abstracta, es quien debe tener la facultad de determinar la pena concreta
y su forma de cumplimiento, atendiendo a las circunstancias específicas del
hecho y a las características personales del condenado. La finalidad de la pena
no es solo el castigo, sino la reinserción social, y esta finalidad exige una
evaluación caso a caso.




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Por su parte, en relación con la esencia del derecho a la libertad personal
en la ejecución de la pena, argumenta que, si bien dicha libertad personal se ve
legítimamente restringida por una condena, la esencia de este derecho exige
que la restricción sea la mínima necesaria para cumplir los fines de la pena y
que siempre se oriente a la futura recuperación de esa libertad. Esto se conecta
con el propósito de las penas sustitutivas, que no son un mero "beneficio", sino
una manifestación de una política criminal racional que prefiere la reinserción
en libertad por sobre la cárcel, cuando es posible.

Asimismo, advierte que la línea de argumentación planteada es diversa
de aquella contenida en la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional,
pues no se trata de un argumento de igualdad: No se está comparando este
delito con otros. Se está afirmando que, para este delito, la estructura de la
norma es irracional y afecta la esencia de la función del juez,
independientemente de cómo se regulen otros ilícitos. Tampoco es un
argumento de mera proporcionalidad de la pena, pues no se está discutiendo si
"un año" es una pena desproporcionada para el delito. El foco es la rigidez de la
norma. El problema no es el quantum de la pena, sino la imposibilidad absoluta
de que el juez pueda ponderar su sustitución durante ese período. La afectación
a la esencia no radica en la cantidad de castigo, sino en la anulación de la
racionalidad del sistema de ejecución penal.

Tramitación

A fojas 20 con fecha 10 de octubre de 2025, la Primera Sala de esta
Magistratura admitió a trámite y declaró admisible el requerimiento,
decretando la suspensión del procedimiento.

Conferidos los traslados de fondo a las partes de la gestión pendiente
y a los órganos constitucionales interesados, formuló observaciones el
Ministerio Público, solicitando el rechazo del requerimiento en todas sus partes,
atendido a que la aplicación del precepto impugnado no provoca los efectos
contrarios a la Constitución que se denuncian.

En efecto, el ente persecutor señaló que la suspensión de la pena
sustitutiva no vulnera la igualdad ante la ley, ya que la regla impugnada no
distingue en su aplicación a destinatarios específicos y se dirige contra todos los
que se encuentren en la misma situación jurídica en relación con esa preceptiva
legal.

Asimismo, la norma impugnada, no configura una prohibición, bloqueo
o impedimento de aplicación de una pena alternativa o sustitutiva a la pena
privativa de libertad. Ni el juez ni las partes se ven impedidos de debatir sobre
su aptitud para el caso concreto, su aplicación y sobre la mejor modalidad que
pueda revestir.




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En este sentido, el artículo 196 ter de la mencionada Ley opera
suspendiendo la sustitución por un año, permitiendo en todo caso su
determinación judicial. Por ende, el legislador no eliminó la facultad judicial de
imponer penas sustitutivas, ni las reglas para interrumpirlas, modificarlas o
darlas por cumplidas.

Luego, impuesta que sea la pena sustitutiva, al concluir su suspensión de
un año, la decisión judicial recobra todo su valor permitiendo extenderla o
aplicarla en el modo, tiempo y lugar que el juez competente determine.

Adicionalmente, sostiene que el legislador puede generar políticas
preventivas que busquen disuadir efectivamente los delitos viales con resultado
de muerte, y tiene potestades constitucionales formales y sustantivas para
intentar erradicar las conductas de riesgo al conducir vehículos motorizados
bajo los efectos del alcohol.

Por último, en relación a la alegación relativa a la afectación de las
garantías del artículo 19 N° 3, incisos primero y sexto y la del artículo 19 N° 7, en
su esencia, el Ministerio Público, hace presente que dicho reclamo, si bien se
presenta con la expectativa de entregar una óptica diferente de lo que tantas
veces ha resuelto esta Magistratura, lo cierto es que vuelve a referirse a lo que
ha sido tratado en tantos casos como denuncia de una supuesta infracción del
principio de proporcionalidad, desde que, textualmente, se dirige contra
supuestas infracciones constitucionales que se derivarían de una disminución
de los poderes del juez para ponderar y decidir en relación con la ejecución de la
pena, que es lo que ha sido revisado en numerosas ocasiones en esta sede
constitucional.

A fojas 260, en decreto de fecha 13 de noviembre de 2025 se dispuso traer
los autos en relación.



Vista de la causa y acuerdo

Con fecha 03 de diciembre de 2025 se verificó la vista de la causa, oyéndose
la relación pública, y los alegatos de los abogados José Miguel Devilat Sanhueza,
por la parte requirente, y Pablo Campos Muñoz, por el Ministerio Público,
quedando la causa en estado de acuerdo, según certificación de la señora
relatora.



CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que don José Miguel Devilat Sanhueza, en representación de
don Alexis Javier Vidal Vidal, interpone requerimiento de inaplicabilidad
respecto de la segunda parte del inciso primero del artículo 196 ter de la ley
18.290, en cuanto dispone que la ejecución de la pena sustitutiva que se aplicare


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quedará en suspenso por un año, tiempo durante el cual el condenado deberá
cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que fuere
condenado. El libelo solicita que esa regla no se aplique en la causa penal RIT
1045-2025 del Juzgado de Garantía de Castro, en la que el requirente fue
formalizado como autor de un delito de manejo en estado de ebriedad y bajo la
influencia de cannabis, con resultado de muerte y lesiones graves.

SEGUNDO: Que este requerimiento sostiene que la aplicación del
precepto impugnado generaría una afectación a lo dispuesto por los artículos 1°
inciso primero y 19 N°26 de la Constitución Política de la República e
indirectamente a las garantías establecidas en los numerales 1° y 3 inciso sexto
del artículo 19 de la Carta. El argumento central del libelo se refiere a la
prohibición constitucional de afectar los derechos en su esencia, lo que
relaciona con la facultad y función del juez de determinar las penas, función en
la que debe considerar, caso a caso, la posibilidad de reinserción social del
condenado. La regla, además de afectar esa función del juez, desnaturalizaría la
institución de las penas sustitutivas en cuanto herramientas de política
criminal.

TERCERO: Que más allá de las numerosas veces en que este Tribunal se
ha pronunciado rechazando pretensiones similares a las del libelo de autos,
formando una sólida jurisprudencia que puede revisarse en sentencias tales
como las de los roles 13.334, 14.421, 14.436, 16.068, 16.353, 16.399, 16.823, 16.489,
16.548, 16.591 y 16.823, entre otras, y más allá de que en este caso la gestión
pendiente se encuentra aún en etapa de investigación, sin que medie siquiera
acusación, el requirente presenta su argumentación desde una perspectiva que
entiende novedosa, aunque en verdad se trate de maneras distintas de redactar
razonamientos ya conocidos, de modo que es necesario adentrarse en un
análisis más profundo, para este preciso caso.

CUARTO: Que la esencialidad de los derechos debe, para poder
estudiarse, asociarse a alguno de ellos en concreto. En el caso sublite el libelo
relaciona el artículo 19 N° 26 con los numerales 1 y 7 de misma norma
constitucional; es decir, con la igualdad ante la ley y con la garantía de la
libertad personal.

QUINTO: Que podemos descartar desde ya una afectación esencial a esta
última garantía: la privación de libertad, si es que se concreta, deberá surgir de
una condena en un proceso legalmente tramitado y la pena a cumplir será la
dispuesta por la ley y determinada por la sentencia. No hay tal cosa como un
deber constitucional (o un derecho correlativo) de asegurar un cumplimiento
en libertad. La restricción mínima necesaria, de que habla el libelo, es la que se
determine según el quantum de la pena que corresponda para el caso. Todo lo
demás, sean penas sustitutivas o beneficios posteriores, son excepciones que en
absoluto son obligatorias para el legislador, de suerte tal que, si puede



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establecerlas o no, puede también regularlas, incluso limitando su ejecución,
como lo hace la norma atacada.

SEXTO: Que no cabe predicar que se infrinja el deber de resocializar,
porque ese es un deber asignado para que lo cumpla justamente la ejecución
efectiva de la pena privativa de libertad, como lo dejan en claro tanto el artículo
10 del Pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos que se refiere al régimen
penitenciario (es decir, para aquel que rige en la ejecución efectiva de las penas
privativas de libertad), como el artículo 5.6 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, que establece que las penas “privativas de la libertad
tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los
condenados” (el destacado es nuestro). En suma, el cumplimiento efectivo
(eventualmente parcial) de una sanción contemplada para el delito por la ley, y
que en sí misma tiene una exigencia resocializadora, mal puede infringir per se
esa finalidad, salvo que se quiera criticar al sistema penitenciario completo, por
desatender o no cumplir esa función, pero eso supera con mucho los márgenes
de un requerimiento de inaplicabilidad y derivaría en una inconstitucionalidad
de toda pena de encierro.

SÉPTIMO: Que todo lo anterior es sin considerar que la finalidad de
reinserción no es la única que puede predicarse respecto de la pena, y que es
evidente que la medida impugnada, plasmada en la norma que se ataca, mira
más bien a la prevención general y a la retribución, que siguen siendo
finalidades posibles de la pena, puesto que ninguna norma constitucional (ni
tampoco de derecho internacional) las ha excluido y mal podría hacerlo si
persisten en nuestro sistema, y en muchos otros en el concierto internacional,
las penas de presidio perpetuo, que por su propia naturaleza es claro que no
están orientadas a conseguir la resocialización del condenado.

OCTAVO: Que tampoco se afecta el debido proceso, ni en su esencia ni en
lo accidental siquiera, respecto de la facultad del juez de establecer la pena
concreta, porque también en este caso la pena la determina el juez, no el
legislador. Lo que éste hace, en todos los casos, es establecer parámetros
objetivos abstractos que limitan el ejercicio concreto del tribunal, tales como la
naturaleza, grados y límites de las penas, la influencia del grado de desarrollo
del delito y de la forma de participación o las circunstancias modificatorias de
responsabilidad penal. En la especie, en cambio, lo que se regula por el
legislador no es la determinación de la pena, sino la forma de ejecución de la
misma, en cuanto a cómo y en qué medida las sustitutivas podrán reemplazar a
la pena corporal del tipo, lo que forma parte de la política criminal, tanto como
la existencia de las sanciones sustitutivas. Esa regla es abstracta, general y no se
inmiscuye, por tanto, en las facultades del juzgador. La restricción al ejercicio
de las penas sustitutivas no impide el análisis del caso concreto, ni para la
determinación del quantum de la pena correspondiente conforme al tipo, ni



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para decidir su sustitución. Pudo el legislador haber proscrito, simplemente, la
sustitución, y eso, de no mediar discriminación o desproporción, habría sido
perfectamente constitucional. Con mayor razón puede limitar el goce de esas
penas no privativas de libertad, imponiendo primero un tiempo de
cumplimiento de una sanción que no aparece de la nada, sino que es solo la que
esté específicamente impuesta en el fallo.

NOVENO: Que la función jurisdiccional no queda desnaturalizada en lo
absoluto. El argumento del requerimiento supone una base que estimamos
errada: que el legislador debe preferir y quiere preferir que la pena corporal no
se cumpla en lo absoluto, y eso no es así, o esa pena no existiría. Lo que el
legislador quiere es que en ciertos casos que regula la propia ley pueda decretar
el juez la sustitución, en los términos y con los límites que el mismo legislador
señala. Respecto de algunos delitos la ley derechamente no quiere que opere la
sustitución y la prohíbe, piense el juez lo que piense sobre la resocialización
posible en libertad en el caso concreto; en otros casos la permite pero la limita, y
éste es el caso (de haber condena) por el tenor de la norma impugnada,
situaciones en que el juez tiene más libertad que en el primer grupo pero menos
que en el último, para determinar cómo se cumplirá la pena; y en otros casos
permite la sustitución con requisitos meramente formales añadido uno de
fondo que valora el juez. En ninguno de los tres casos se aprecian problemas de
constitucionalidad, porque no existe tal cosa como una preferencia o una
obligación de preferencia, expresa o tácitamente contemplada en la
Constitución, por la sustitución de las penas de encierro. Sí es verdad que la
privación de libertad es una excepción calificada, pero su calificación está dada
por la existencia de tipos penales que protejan bienes jurídicos efectivos y muy
relevantes y por la existencia de una sentencia condenatoria firme, expedida
tras un juicio que cumpla con las exigencias de debido proceso. Ambas
condiciones se cumplen en el caso del delito de manejar vehículo motorizado en
estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias psicotrópicas causando la
muerte. O sería inconstitucional la pena misma que para ese ilícito contempla el
tipo.

DÉCIMO: Que tampoco se desnaturaliza la pena sustitutiva misma que, a
todo evento, no tiene consagración constitucional. La propuesta del actor es que
la regla dice que el condenado tiene derecho a una medida (pena)
resocializadora, pero antes debe someterse a una des-socialización, pero eso
supone atacar la existencia misma de las penas corporales, suponiéndolas
opuestas a la resocialización, lo que puede ser, pero entonces todo el sistema
carcelario resultaría inconstitucional. O bien, supone olvidar que el legislador
puede tener presente los otros fines posibles de la pena y así considerar
acentuar la prevención general y la retribución para ese primer año, y la
resocialización para el resto del tiempo, cuando proceda la pena sustitutiva. De




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este modo, si bien en cada etapa todos los fines de la pena pueden y quizás
deben confluir, en una etapa se acentúa la relevancia de unas finalidades y en
otra se acentúa una finalidad distinta. En cualquier caso, la pena sustitutiva se
limita en su ejercicio, pero no se desnaturaliza.

UNDÉCIMO: Que, por todas las razones expuestas, el requerimiento no
podrá prosperar.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos
primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y
pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
DEDUCIDO A LO PRINCIPAL, DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN
AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE
POR ESTIMAR QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.



DISIDENCIA

El Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO estuvo por acoger el
requerimiento atendidas las consideraciones siguientes:



I. DILEMA CONSTITUCIONAL E IDEA DE LA PROPORCIÓN EN EL
DERECHO

1°. Que, la parte requirente fue formalizada por el delito de manejo en
estado de ebriedad y bajo la influencia de cannabis, con resultado de muerte y
lesiones graves.

Ante esta Magistratura se ha controvertido constitucionalmente el inciso
primero, parte final, del artículo 196 ter de la Ley de Tránsito. La parte
requirente argumenta que este precepto legal es contrario a la Carta
Fundamental, ya que afecta las garantías constitucionales de proporcionalidad
y debido proceso, así como el derecho a la libertad personal, en el marco de la
ejecución de la pena. Esto, al imponer al infractor la obligación de cumplir de
manera efectiva un año de la pena privativa de libertad, incluso cuando podría
aplicarse una pena sustitutiva conforme a la Ley N° 18.216.



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2°. Que, el razonamiento que se expone se asienta sobre la premisa de la
proporción y su vinculación con el Derecho y, en particular, de un concepto
mayor como lo es el delito. Al respecto se ha dicho que “El sentido de la
proporción se desprende del doble significado de la palabra Derecho, o sea,
depende del objeto de la regulación y, por otra parte, de la estructura de las
proposiciones jurídicas. En cuanto materia del conocimiento, el Derecho designa
un ordenamiento predominantemente objetivo de regulación del
comportamiento exteriorizado e interindividual de los hombres, mediante
normas cuya prescripción, sancionada con la legítima posibilidad del empleo de
la fuerza organizada de la sociedad y ejercida con exclusividad por el Estado o
por instituciones a que éste se haya subordinado, se orienta a la consecución de
fines valorados por cada comunidad según el correspondiente estadio de su
evolución cultural”. Pues bien, el Derecho como ciencia investiga precisamente
dichas normas y valoraciones en las tareas sucesivas que la distinguen, tales
como la interpretación, construcción y sistema: “Para las tres el pensamiento
proporcional tiene una palabra que pronunciar. La interpretación ha de buscar
la coherencia íntima de las normas, la simetría entre sus partes, la proporción
normativa en el sentido original de esta idea. Luego, interviene en la elaboración
de los conceptos jurídicos, con lo que aludimos a los conceptos que se ofrecen en
los supuestos de hecho de las normas, previamente aclarados por la
interpretación, como los de dolo, ánimo de lucro, error en la persona, etc. (…) En
seguida, la unidad conceptual y la simetría de los componentes son
indispensables para elaborar las instituciones, o sea, la reproducción de una
relación jurídica que se presenta con idéntico contenido en diferentes normas de
Derecho (…) Por último, el sistema jurídico, el conjunto ordenado, coherente y
total de conocimientos acerca de un determinado Derecho positivo, sería de
imposible realización si no hubiera afinidad -antes constatada a través de la
interpretación sistemática- entre sus partes ni derivación de un único fin
supremo e interno” (Guzmán Dalbora, José Luis “La idea de proporción y sus
implicaciones en la dogmática penal”, Política criminal, Vol. 12 N°24, Santiago
dic. 2017, pp. 1228-1263).



II. SOBRE EL DELITO DE MANEJO EN ESTADO DE EBRIEDAD: BIEN
JURÍDICO Y ELEMENTO SUBJETIVO

3°. Que, el delito de manejo en estado de ebriedad o bajo la influencia de
estupefacientes o psicotrópicos presenta una estructura típica particular que
condiciona el alcance del elemento subjetivo de la infracción, tanto en su forma
básica, regulada en el inciso primero del artículo 196 de la Ley N°18.290 sobre
Tránsito, como en la especie agravada del inciso tercero del mismo artículo.

El manejo simple en estado de ebriedad es considerado en general como
un delito de peligro contra la seguridad pública, discutiéndose a su respecto el



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carácter de dicho peligro: si es abstracto, concreto o abstracto-concreto
(hipotético). Sobre este punto se ha extendido en particular Carlos Cabezas
Cabezas, en su trabajo titulado "Los delitos de conducción bajo la ingesta de
alcohol o sustancias estupefacientes como delitos de peligro” (Revista de Derecho
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, número XXXIV, primer
semestre de 2010, pp. 227-280).

El dolo, pues, ha de abarcar el riesgo real, presunto o hipotético
generado por el manejo para la circulación vial y, sobre todo, para la vida,
integridad corporal y salud de los automovilistas y peatones. Sin embargo, al
hallarse el sujeto en estado de ebriedad -lo que significa que su conciencia está
alterada- resulta problemático hablar propiamente de dolo. Esto es así tanto si
se concibe al dolo como la conciencia y voluntad de un resultado, como,
especialmente, si se le entiende como la conciencia y voluntad de un resultado
antijurídico. La alteración de la conciencia y del juicio producidos por la ingesta
alcohólica, en efecto, puede afectar las representaciones fácticas y valorativas
del autor, quien, además, atribuirá a su voluntad unos poderes de los que en
verdad carece, con la consiguiente merma del componente afectivo de la
imputabilidad y del dolo. De ahí que la infracción descrita en el inciso primero
del artículo 196, bien mirada, sea una presunción absoluta, no solo de
imputabilidad —que podría estar ausente al momento de la acción—, sino
también de dolo. Esta presunción que va más allá de los términos de los
artículos 1, inciso segundo, y 10, número 1, del Código Penal.

En cuanto a la forma agravada, consistente en causar lesiones
gravísimas o la muerte de una persona, se plantean dos interpretaciones
respecto a la imputación subjetiva del resultado calificante. La primera
considera que se trata de un delito calificado por el resultado, en el que la ley no
exige prueba de culpabilidad alguna respecto de la muerte del sujeto pasivo,
hecho evidenciado por la seca redacción causalista del tipo “causare (...) la
muerte” y no “cometiere homicidio o cuasidelito de homicidio”; y porque las
penas se desproporcionan como si hubiese dolo, acercándose mucho a las del
homicidio doloso y superando con largueza las del homicidio culposo, según los
artículos 391, número 2; 490, número 1; y 492 del Código Penal. La segunda
postura se decanta por un delito preterintencional, en que ha de haber culpa en
la muerte de la víctima, para armonizar el delito con la prohibición
constitucional de las presunciones absolutas de la responsabilidad penal.

4°. Que, bajo ninguna de estas dos posturas es posible sostener que el
manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte abarque la situación en
que un conductor mata dolosamente a otra persona. Si el conductor, obrando
con dolo directo o eventual, quiere o acepta el deceso de una persona por su
conducción antirreglamentaria, esa muerte se somete a las reglas generales del
homicidio, que es penado con mayor severidad que el delito del artículo 196,



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con la pena de presidio mayor en su grado medio a máximo. Pues bien, el
homicidio simple no aparece excluido del campo de aplicación de las penas
sustitutivas de la Ley N°18.216, siempre que las reglas de adaptación y
concreción de la penalidad previstas en el artículo 391, número 2, permitan al
juez imponer una pena que cumpla con los requisitos para la remisión
condicional, reclusión parcial o libertad vigilada.

5°. Que, el artículo 196 ter de la Ley de Tránsito, aunque aparentemente
no excluye el manejo en estado de ebriedad de las penas sustitutivas de la Ley
N°18.216, al establecer que la pena sustitutiva quedará en suspenso durante un
año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir efectivamente la
pena sustituida, lo que realmente hace es crear una nueva pena sustitutiva,
distinta de las conocidas legalmente, o bien las modifica hasta tornarlas
irreconocibles en la punición de este hecho en particular, a todas luces menos
grave que un homicidio en cualquiera de sus especies (parricidio, femicidio,
asesinato, etc.). Pensar otra cosa, o sea, suponer que la muerte del peatón puede
ser cometida con dolo (directo o eventual), implicaría, por ejemplo, que el
marido que en estado de ebriedad embiste con el coche a su mujer queriendo
matarla o asumiendo esta eventualidad, merecería una pena menor que la
asignada al femicidio vincular (artículo 390 bis), que es necesariamente doloso.
Esto resulta absurdo y, en consecuencia, no puede ser proporcional.



III. PROPROCIONALIDAD DE LA PENA

6°. Que, el Derecho penal como última ratio del ius puniendi estatal no es
concebible como un mero sistema de incentivo y desincentivo de conductas.
Por ser la consecuencia más gravosa del ordenamiento jurídico se construye
con estricto apego a la idea de proporción tanto en la configuración del delito
como de la pena, unidades distintas pero vinculadas, al ser esta última
expresión del reproche hacia la conducta delictiva. En consecuencia, sin
necesidad de recurrir a las finalidades resocializadoras −que, sin embargo, son
reconocidas en el Derecho internacional de los derechos humanos, aunque no
como las únicas posibles de considerar en un ordenamiento jurídico− sino que,
desde la idea de la retribución, tenemos que la norma requerida de
inconstitucionalidad distorsiona la valoración de diversos elementos del delito
dando lugar a un resultado carente de razonabilidad. En este sentido, se ha
declarado en la jurisprudencia de esta Magistratura que “la naturaleza
retributiva de la pena hace que esta pueda conmensurarse en cada caso a la
gravedad del respectivo delito. Como escribió Bettiol, “es sobre la base de la idea
de retribución sobre la que se hizo su ingreso en el Derecho Penal el criterio de
proporcionalidad, ya que la pena retributiva es ‘naturalmente’ proporcionada al
comportamiento efectuado” (Rivacoba, Manuel, La retribución penal, Editorial




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Jurídica Conosur Ltda., 1995, Santiago de Chile, p. 51) (STC Rol N°14.129-2023,
c°26).

7°. Que, lo hasta aquí dicho puede reconstruirse en el sub juicio más
difícil del test de proporcionalidad −método de interpretación constitucional
ampliamente reconocido en la argumentación jurídica− ya que, siendo la pena
de reclusión efectiva de corta duración idónea para un fin legítimo, y, a su
turno, no siendo posible valorarlas en términos de ser menos gravosa e
igualmente efectiva que otras posibles, debido a que es una cuestión que en
realidad es empírica y deriva en algo que no es decisivo para el razonamiento
judicial −como es el éxito o fracaso de una política legislativa en la disuasión
del delito− se arriba a la proporcionalidad en sentido estricto.

Para este sub juicio se vuelve relevante el análisis dogmático, pues
exigirá fundamentar plenamente si el sacrificio de bienes individuales
−libertad individual− expresado en la máxima injerencia estatal como la
privación de libertad −cuyo único borde es su duración temporal−, se
encuentra justificado en los intereses estatales que se buscan proteger, siendo
un camino altamente inseguro el desatender la reconstrucción sistemática de la
disciplina penal, ya que ese constituiría un procedimiento automático al
entender que la proporcionalidad será aquello que decida el legislador
democrático, puesto que es igual a sostener que la proporcionalidad no tiene
ninguna cabida como razonamiento constitucional.

8°. Que, se ha señalado que el control de proporcionalidad tiene una
“dinámica triádica”, pues se encuentra en la sombra del canon igualdad y
razonabilidad, porque sin estar consagrado en los textos constitucionales, en el
ámbito penal −y siendo éste manifestación de las delicadas decisiones político-
criminales de competencia exclusiva del legislador− ha permitido que la
justicia constitucional evite que esa plena discrecionalidad mute en un arbitrio
irracional o que rompa la igualdad. Este enfoque es particularmente relevante
en casos como las penas automáticas, ya que son simplemente incompatibles
con la idea de proporcionalidad (Grimaldi, Italo “Il principio di proporzionalità
della pena nel disegno della Corte Costituzionale, Rivista di giurisprudenza
penale, N°5, 2020).

Esta ha sido la forma de dotar de contenido a la proporcionalidad en
materia penal, cuyas decisiones legislativas se determinan de acuerdo a las
épocas y sus valoraciones, y que se construye por medio de intervenciones
episódicas sobre situaciones que fácticamente no podrán ser nunca iguales y
perfectamente delimitables. Estas situaciones se regulan mediante
herramientas que permiten ajustar la respuesta penal a las características
particulares del caso, como el sistema de atenuantes y agravantes, así como la
clasificación de las penas en función de la gravedad del delito, distinguiendo
entre crímenes y simples delitos. Finalmente, y en el marco de este análisis



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constitucional, la pena de privación de libertad no puede ser subestimada,
pues, como ha señalado la doctrina “en toda limitación de un derecho cabe ver
un desarrollo jurídico del mismo, pues el desarrollo legislativo de un derecho
proclamado en abstracto en la Constitución, consiste en esencia, precisamente,
en su limitación, a causa de la necesaria coordinación con los otros derechos
existentes y con los derechos de los demás ciudadanos, y no existe en un
ordenamiento jurídico un límite más severo a la libertad que la privación de
libertad en sí” (Arroyo Zapatero, Luis, “Principio de legalidad y reserva de ley en
materia penal”, Revista española de Derecho Constitucional, año 3, N°8, pp. 9-
46).

9°. Que, por lo anterior, en opinión de quien suscribe este voto la acción
de inaplicabilidad intentada contra el artículo 196 ter inciso 1° parte final de la
Ley N°18.290 debiese ser acogida.



PREVENCIÓN

La Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS estuvo por rechazar el
requerimiento atendidas las consideraciones siguientes:

1°. Que, esta Ministra ha razonado entorno a los bienes jurídicos
protegidos por el precepto legal impugnado en el caso de autos. Considerando
que, la vida y la libertad constituyen derechos esenciales al ser humano sobre
los cuales el legislador regula las condiciones para su legítimo ejercicio. El que
maneja en estado de ebriedad o con consumo de estupefacientes, adolece de
una enfermedad que si bien es cierto requiere los medios para su rehabilitación
y reinserción social, no es menos cierto que la gravedad de la conducta típica
constituye un delito que atenta contra la vida de terceros y por ende, quien
ejerce esa conducta o comete otros de los delitos regulados en la Ley N°18.290
hace abuso de su libertad como derecho limitado por otros derechos de igual
relevancia o entidad en la interpretación armónica y sistémica del
ordenamiento constitucional.

2°. Que, en ese sentido, la vida es un hecho de la naturaleza que produce
consecuencias jurídicas que el derecho regula. En el mismo sentido, el Tribunal
Constitucional, ha entendido, que la vida tiene un carácter fundante de los
demás derechos, porque sin vida, difícilmente tiene sentido, referirse a otros
derechos fundamentales. Así lo ha señalado esta Magistratura al señalar que “el
derecho a la vida es, sin duda alguna, el derecho fundante de todos los demás, pues
sin vida, difícilmente tiene sentido referirse a otros derechos fundamentales.
Como ha señalado el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas, en su Observación General sobre el artículo 6° del Pacto
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, el derecho a la vida es “el derecho
supremo respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en



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situaciones que pongan en peligro la vida de la nación”. Ha agregado, asimismo,
que “el derecho a la vida es el más esencial de estos derechos”. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, por su parte, que “el derecho
a la vida es ampliamente reconocido como el derecho supremo del ser humano y
conditio sine qua non para el goce de todos los demás derechos” (STC Rol N°740, c.
55°). Por eso, a partir de la doctrina especializada, este Tribunal Constitucional
sostiene en su jurisprudencia que el derecho a la vida “asegura a toda persona
-incluyendo al nasciturus- el derecho a mantener la vida y conservarla frente a los
demás hombres. Si se quiere “es el derecho a que nadie nos la quite, y a que no
pueda suprimirla ni cercenarla su propio sujeto” (José Joaquín Ugarte Godoy. El
derecho a la vida y la Constitución. Revisa Chilena de Derecho, Volumen 33, N° 33,
2006, p. 514)” (STC Rol N°740, c. 56°)

3°. Que, reflexionando sobre los derechos que se encuentran regulados
por el precepto legal impugnado y su revisión judicial en la ley “Emilia”,
habiendo examinado diversos casos sobre la materia y en ejercicio de la
libertad de conciencia esta jueza constitucional reflexiona que el fundamento
de la acción de inaplicabilidad supone que la causa de que un derecho sea
reconocido es por el contenido del bien jurídico protegido, v.g. vida, libertad,
dignidad, ya que son intrínsecamente valiosos para las personas y para la vida
en sociedad dentro de un Estado constitucional y democrático de Derecho. En
ese sentido, la vida posee una identidad propia que es proteger al que esta por
nacer y conservar esa vida hasta la muerte natural. Por ello, se prohíbe matar a
otro, pues ello atenta contra la identidad de la vida que debe ser protegida
constitucionalmente. De modo tal, que la privación de libertad que supone la
aplicación del precepto legal impugnado resulta razonado al tenor del bien
jurídico protegido.

4°. Que, lo anterior, no supone que el legislador posea una libertad de
configuración absoluta o limitada, la política criminal como cualquier otra está
sujeta a límites que son controlables por los jueces constitucionales. Sin
embargo, a la luz de la finalidad de la norma y aún respecto de las dudas
respecto del debido proceso y la racionalidad de la pena tal como se arguyó en
votos anteriores, pues tal como lo ha señalado esta Magistratura previamente
“(…) no se ve cómo la aplicación del precepto atacado pueda generar, en la gestión
judicial pendiente, vulneración a ninguno de los artículos constitucionales
enunciados en el requerimiento. La limitación, que por razones legítimas de
política criminal ha establecido el legislador para la ejecución de las penas
sustitutivas en la clase de delitos de que se trata, no vulnera ni las obligaciones de
los órganos del Estado frente a los tratados internacionales ratificados por Chile,
ni responde a un exceso en las facultades del legislador, ni afecta la igualdad ante
la ley, ni tampoco el debido proceso, razones todas por las que el requerimiento
será desechado” (STC Rol N°15.927, c. 9°).

Por tanto, esta Ministra reflexionando en base a los bienes jurídicos
protegidos y en razón del bien común y la seguridad e integridad de las
personas está por rechazar el requerimiento deducido a fojas 1.




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Redactó la sentencia el Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ. La disidencia
corresponde al Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO. Redactó la prevención la
Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 16.955-25-INA.




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Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 16/01/2026



María Pía Silva Gallinato Miguel Angel Fernández González
Fecha: 15/01/2026 Fecha: 16/01/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 16/01/2026 Fecha: 16/01/2026



Héctor Antonio Mery Romero Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 16/01/2026 Fecha: 15/01/2026



Alejandra Precht Rorris Mario René Gómez Montoya
Fecha: 16/01/2026 Fecha: 15/01/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta
Subrogante, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, y por sus Ministros
señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señor
Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor
Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas, señora Alejandra
Precht Rorris y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 16/01/2026




C5AA8F8A-BAAB-4F54-8235-79A17C4D22FA
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