TC Rol 16963

Texto completo

0000319
TRESCIENTOS DIECINUEVE




2026

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.963-2025

[15 de abril de 2026]
____________




REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 22,
INCISOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO DE LA LEY N° 17.322, QUE
ESTABLECE NORMAS PARA LA COBRANZA JUDICIAL DE
COTIZACIONES, APORTES Y MULTAS DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL; Y DEL ARTÍCULO 11, INCISOS SEGUNDO,
TERCERO Y CUARTO DE LA LEY N° 19.728 (EN SU REDACCIÓN
POSTERIOR A LA LEY N° 21.735), QUE ESTABLECE UN SEGURO DE
DESEMPLEO



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EN EL PROCESO RIT P-1041-2024, RUC 24-3- 0131103-2, SEGUIDO ANTE
EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE OSORNO



VISTOS:

Que, con fecha 26 de septiembre de 2025, la Ilustre Municipalidad de Osorno
ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto
del artículo 22, incisos cuarto, quinto y sexto de la Ley N° 17.322, que establece normas
para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de
seguridad social; y del artículo 11, incisos segundo, tercero y cuarto de la Ley N°
19.728 (en su redacción posterior a la Ley N° 21.735), que establece un seguro de
desempleo, en el proceso RIT P-1041-2024, RUC 24-3- 0131103-2, seguido ante el
Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno.




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Preceptos legales cuya aplicación se impugna

Ley N° 17.322

“Artículo 22. […]

Por cada día de atraso la deuda reajustada devengará un interés penal equivalente a la
tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a que se refiere el
artículo 6° de la Ley N° 18.010, aumentado en un cincuenta por ciento.

Si en un mes determinado el reajuste e interés penal aumentado a que se refiere el inciso
anterior, resultaren de un monto total inferior al interés para operaciones no reajustables que
fije la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras aumentado en un cincuenta por
ciento, se aplicará esta última tasa de interés incrementada en igual porcentaje, caso en el cual
no corresponderá aplicación de reajuste.

En todo caso, para determinar el interés penal se aplicará la tasa vigente al día primero
del mes inmediatamente anterior a aquel en que se devengue. Dicho interés se capitalizará
mensualmente.



Ley N° 19.728

Artículo 11. […]

La deuda reajustada conforme al inciso anterior devengará un interés mensual
equivalente al mayor valor de las siguientes dos alternativas:

1.° La rentabilidad real mensual del Fondo de Cesantía integrado por las cuentas
individuales, calculada por la Superintendencia de Pensiones, en el respectivo mes.”

2.° La tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional de
menos de un año, que fije la Comisión para el Mercado Financiero, mensualizada.

La tasa de interés a que se refiere el inciso anterior se calculará desde la fecha en que
las cotizaciones no fueron pagadas oportunamente hasta el día del pago efectivo de la deuda.

En todo caso, para determinar el interés a que se refiere el inciso anteprecedente, se
aplicará la tasa vigente al día primero del mes anterior a aquél en que se devengue. El interés
que se determine en conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores se capitalizará
mensualmente. La Superintendencia publicará mensualmente los reajustes e intereses que
corresponda aplicar de acuerdo a este artículo.

[…].”



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

Refiere la actora respecto de la gestión pendiente que ante el Juzgado de Letras
del Trabajo de Osorno se sigue en su contra causa de cobranza de cotizaciones de




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seguro de cesantía iniciada el 7 de mayo de 2024 por SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE III S.A, por la suma de
$ 13.744.174.

A fojas 3 señala que la última liquidación practicada al crédito previsional, se
realizó con fecha 29 de enero de 2025, fijándose en la suma de $ 171.542.891.

Como conflicto constitucional, la actora plantea que los preceptos legales
impugnados vulneran en esencia su derecho de propiedad, y con ello el artículo 19 N°
24, incisos primero, segundo, tercero, y N° 26 de la Carta Política.

Afirma que conforme a las normas impugnadas se produce una afectación del
derecho de propiedad ya que respecto de esta deuda no solo se aplica mensualmente
el interés máximo convencional, sino que además se autoriza el anatocismo.

Afirma que sin perjuicio de que el anatocismo está expresamente autorizado
en virtud del artículo 9 de la Ley N° 18.010, no se puede llegar a extremos de que se
configure el delito de usura, por un lado, o que se vulnere la esencia del Derecho de
Propiedad.

Así, indica que el delito de usura está prohibido a nivel constitucional por el
Pacto de San José de Costa Rica, cuyas normas han sido integradas a nuestro
ordenamiento nacional en virtud del artículo 5 de la Constitución.

En la práctica, señala que con la aplicación de las normas cuestionadas el
deudor se ve en la imposibilidad de pagar la deuda, pues ésta va creciendo en forma
desmesurada mes a mes, limitando seriamente el derecho de dominio de su titular.

Concluye que se produce el empobrecimiento del Municipio, pues debe
desprenderse desproporcionadamente de su patrimonio, desatendiendo sus
funciones orgánico constitucionales por una deuda que, aunque legal, a su respecto se
transforma en expropiatoria, todo ello considerando que se trata de una Corporación
de Derecho Público, cuya misión primordial es velar por el desarrollo de la
comunidad de Osorno.



Tramitación

El requerimiento fue acogido a tramitación por resolución de la Primera Sala
de esta Magistratura, de fecha 16 de octubre de 2025, de fojas 42, y se denegó la
suspensión del procedimiento.

En sede de admisibilidad se hizo parte SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE CESANTIA DE CHILE III S.A.

Respecto de la gestión pendiente, la requerida precisa que la Municipalidad no
opuso excepciones en el plazo que le correspondía, y que con fecha 22 de julio de 2025
solicitó la nulidad de todo lo obrado, incidente que se encuentra pendiente. Agrega



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que con fecha 29 de enero de 2025 se liquidó la deuda y se actualizó por un monto
total de $171.542.891., la cual fue objetada y finalmente el tribunal declaró no ha lugar
a la objeción planteada.

En cuanto al fondo del asunto, la requerida argumenta que de permitirse que
se aplique un interés y recargos menores a los que señala la ley en las normas
impugnadas, se estaría afectando de forma notable el futuro de las prestaciones de
seguridad social del afiliado.

Además, sostiene que la existencia de intereses penales se ajusta perfectamente
a las consideraciones de justicia y equidad, especialmente si se tiene en cuenta que se
trata de un empleador que se encuentra en mora de cumplir con una obligación
respecto de su propio trabajador, a quien le hizo el descuento de sus remuneraciones
por las cotizaciones adeudadas, pero que no las enteró oportunamente.

Destaca que con el establecimiento de estas normas especiales que establecen
un interés superior al de las obligaciones convencionales se buscó precisamente que
la tasa de interés a favor del trabajador fuera superior a la del sistema financiero con
el objeto de que el empleador no prefiriera pagar otras deudas por sobre las
previsionales, incentivando el cumplimiento de estas obligaciones, dada su
importancia e interés social.

Finaliza señalando que las cotizaciones se fundan tanto en el derecho a la
seguridad social como en el derecho de propiedad de los trabajadores, por lo que el
legislador ha contemplado una exigente normativa, con consecuencias patrimoniales
graves y hasta de orden penal en caso que el empleador no las entere oportunamente,
lo que resulta proporcionado al respeto de esos derechos constitucionales.

Posteriormente, el requerimiento fue declarado admisible por resolución de la
Primera Sala, de 7 de noviembre de 2025, de fojas 295.

Conferidos los traslados de fondo a todas las partes de la gestión pendiente
y a los órganos constitucionales interesados, no se efectuaron presentaciones.

Con fecha 12 de diciembre de 2025, de fojas 306, fueron traídos los autos en
relación.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 15 de enero de 2026 se verificó la vista de la causa,
oyéndose la relación pública y los alegatos de los abogados Carlos Esparza Palma, por
la parte requirente, y Gastón Olivos Bravo, por la parte requerida, y se adoptó
acuerdo, conforme fue certificado por la relatora de la causa.




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TRESCIENTOS VEINTITRES




CONSIDERANDO:



I. CONFLICTO DE CONSTITUCIONALIDAD

PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, incisos primero,
N°6, y decimoprimero de la Constitución, esta Magistratura está llamada a determinar
si la aplicación en el caso concreto del artículo 22, incisos cuarto, quinto y sexto de la
Ley N°17.322; y del artículo 11, incisos segundo, tercero y cuarto de la Ley N°19.728,
resulta contraria a la Constitución.

La gestión judicial pendiente corresponde a la causa sobre cobranza
previsional Rit P-1041-2024, Ruc 24-3-131103-2, caratulada “Adm. De Fondos De
Cesantía Chile III S.A. con Ilustre Municipalidad De Osorno”, que se tramita ante el
Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno.

SEGUNDO: La parte requirente afirma que la aplicación de los preceptos
legales impugnados infringe en el caso concreto las garantías establecidas en el
artículo 19 N°s 24 incisos 1°, 2° y 3° y N°26 (fs. 5), en tanto, “establece en abstracto un
interés que implica que el deudor – como explicaremos más adelante – se ve en la
imposibilidad de pagar la deuda que va creciendo en forma desmesurada, mes a mes,
limitando seriamente el derecho de dominio de su titular” (fs. 10).

TERCERO: El objeto del presente requerimiento, según se desprende del
escrito acompañado a fojas 5 a 13, se circunscribe a cuestionar el efecto exponencial
que produce la capitalización de intereses (anatocismo) en el crecimiento de la deuda
previsional, sin formular reproches específicos ni autónomos respecto del interés
penal propiamente tal, establecido en el inciso cuarto del artículo 22 de la Ley N°17.322
y en el inciso segundo del artículo 11 de la Ley N°19.728; ni respecto de los
mecanismos de reajuste previstos en el inciso quinto del artículo 22 de la Ley N°17.322;
ni, finalmente, en relación con el período de aplicación del interés contemplado en el
inciso tercero del artículo 11 de la Ley N°19.728.

Conforme a la doctrina asentada por este Tribunal, la inaplicabilidad exige una
argumentación dirigida a demostrar de qué manera la aplicación del precepto legal
impugnado en la gestión pendiente resultaría contraria a la Constitución en el caso
concreto, lo que impone una carga de argumentación suficiente, precisa y directa
respecto de cada uno de los preceptos que se pretende inaplicar. En el caso sub-lite,
esta carga no se satisface respecto de las normas que no se refieren a la capitalización
de intereses.

En consecuencia, no se advierte un fundamento plausible que justifique la
inaplicabilidad de los incisos cuarto y quinto del artículo 22 de la Ley N°17.322, ni de
los incisos segundo y tercero del artículo 11 de la Ley N°19.728, porque la parte
requirente no ha formulado una argumentación autónoma que permita vincular, en
el caso concreto, la aplicación de tales disposiciones con una infracción a las garantías




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constitucionales invocadas. Por tanto, se configura respecto de estas normas la causal
de inadmisibilidad prevista en el artículo 84 N°6 de la LOCTC, al carecer el
requerimiento de un sustento razonable que habilite su examen constitucional.

CUARTO: En lo que respecta al inciso sexto del artículo 22 de la Ley N°17.322,
concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 84 N°5 de la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional por cuanto dicho precepto no resulta decisivo para la
resolución de la gestión pendiente. En efecto, tratándose del cobro de cotizaciones
correspondientes al Seguro de Cesantía, administrado por la Sociedad
Administradora de Fondos de Cesantía, el régimen jurídico aplicable se encuentra
específicamente regulado en la Ley N°19.728, la que establece un sistema especial,
obligatorio y autónomo de financiamiento y administración del seguro, calificando
expresamente dichas cotizaciones como previsionales.

Por lo que, conforme al principio de especialidad normativa, las disposiciones
contenidas en la Ley N°19.728, prevalecen respecto de las normas generales de la Ley
N°17.322, en todo aquello que dice relación con el régimen de cotizaciones, su
determinación, financiamiento y consecuencias del incumplimiento en materia del
Seguro de Cesantía. En tal contexto, corresponde aplicar el inciso cuarto del artículo
11 de la Ley N°19.728, que regula expresamente la capitalización de intereses en el
caso concreto, por lo que el inciso sexto del artículo 22 de la Ley N°17.322 carece de
aplicación en la especie, no encontrándose tampoco en las normas de aplicación
supletoria que establece el artículo 11 de la Ley N°19.728.

QUINTO: En virtud de lo expuesto, el conflicto de constitucionalidad que se
somete a conocimiento de esta Magistratura se refiere exclusivamente a la eventual
afectación del derecho de propiedad que produciría la aplicación del anatocismo, esto
es, la capitalización mensual de intereses establecida en el inciso cuarto del artículo 11
de la Ley N°19.728, en particular en relación a la frase “El interés que se determine en
conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores se capitalizará mensualmente”.



II. ANTECEDENTES GENERALES DEL SEGURO DE CESANTÍA

SEXTO: La Ley N°19.728, establece un seguro obligatorio de cesantía en favor
de los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, administrado por
una Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía.

Conforme al artículo 5° de la Ley N°19.728, el financiamiento del Seguro de
Cesantía se estructura sobre la base de un sistema tripartito, en el que concurren el
trabajador, el empleador y el Estado.

En primer término, se establece una cotización obligatoria de cargo del
trabajador equivalente al 0,6% de su remuneración imponible mensual, aplicable
únicamente a quienes mantengan contratos de duración indefinida, con excepción de
los trabajadores de casa particular.




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En segundo lugar, se contempla una cotización de cargo del empleador, que
asciende al 2,4% de la remuneración imponible en el caso de trabajadores con contrato
indefinido, y al 3% tratándose de contratos a plazo fijo o por obra o faena determinada.
En el caso particular de los trabajadores de casa particular, la obligación del
empleador se fija en un 3,0% de la remuneración imponible, sin distinguir el tipo de
contrato.

En tercer lugar, el financiamiento se complementa con un aporte estatal fijo,
equivalente a un total anual de 225.792 unidades tributarias mensuales, distribuido en
doce cuotas mensuales de 18.816 UTM cada una.

Cabe destacar que, para todos los efectos legales, las cotizaciones del seguro
de cesantía revisten el carácter de cotizaciones previsionales, lo que reafirma su
naturaleza jurídica dentro del sistema de seguridad social.

SEPTIMO: El artículo 11 de la Ley N°19.728, establece un conjunto de
mecanismos financieros, jurídicos y administrativos destinados a asegurar la
integridad y efectividad del pago de las cotizaciones previsionales al Seguro de
Cesantía, cuyo incumplimiento genera consecuencias pecuniarias, procesales y
sancionatorias.

En primer término, dispone que las cotizaciones no enteradas oportunamente
por el empleador o entidad pagadora de subsidios se reajustarán conforme a la
variación experimentada por la Unidad de Fomento en el período comprendido entre
la expiración del plazo legal de pago y la fecha en que éste se efectúe efectivamente.
Dicho reajuste tiene por objeto mantener el valor real del crédito previsional frente al
retardo en su cumplimiento.

En segundo lugar, la deuda reajustada, a su vez, devengará un interés mensual
equivalente al mayor valor entre dos parámetros: i) la rentabilidad real mensual del
Fondo de Cesantía correspondiente a las cuentas individuales, determinada por la
Superintendencia de Pensiones, y ii) la tasa de interés corriente mensualizada para
operaciones reajustables en moneda nacional inferiores a un año, fijada por la
Comisión para el Mercado Financiero. La tasa aplicable se determinará conforme a la
vigente al primer día del mes anterior al devengo de la cotización y su aplicación se
extiende desde la fecha de incumplimiento hasta la del pago efectivo.

Por último, el interés así determinado será capitalizado mensualmente.

La Superintendencia correspondiente publicará mensualmente los reajustes e
intereses aplicables conforme a lo dispuesto, con el objeto de otorgar certeza y
publicidad a los montos exigibles.

En lo que respecta a la persecución del crédito previsional, la Ley impone a la
Sociedad Administradora el deber de ejercer de manera activa y obligatoria todas las
acciones judiciales y extrajudiciales necesarias para obtener el cobro íntegro de las
cotizaciones adeudadas, junto con los reajustes e intereses legales que correspondan.




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Dichas gestiones se desarrollan en el marco de las facultades especiales que el
ordenamiento le reconoce para la tutela del sistema del Seguro de Cesantía,
estableciéndose, además, que las costas derivadas de la cobranza serán de su exclusivo
beneficio, reforzando así el carácter imperativo y no discrecional de esta función
recaudatoria.

Para el cumplimiento de su función recaudatoria, los representantes legales de
la Sociedad Administradora cuentan con las facultades conferidas por los numerales
1° y 2° del artículo 2° de la Ley N°17.322, que les permiten, respectivamente,
determinar el monto de las cotizaciones adeudadas por los empleadores que no
hubieren sido enteradas oportunamente, incluyendo aquellas que fueron descontadas
o debieron ser descontadas de las remuneraciones de los trabajadores, y fijar el monto
de los aportes legales que dichos empleadores, u otros obligados, deban efectuar y
que hayan de descontarse de las remuneraciones. Las resoluciones que emanen de
dicha facultad constituyen títulos ejecutivos y habilitan el ejercicio de la acción
correspondiente conforme al procedimiento previsto en las normas especiales de la
referida ley y, supletoriamente, en el Título I del Libro III del Código de Procedimiento
Civil, en cuanto resulten compatibles.

Adicionalmente, resultan aplicables, en lo pertinente, las normas contenidas
en los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 11, 12, 14 y 18 de la Ley N°17.322, relativas al
procedimiento ejecutivo para el cobro de cotizaciones previsionales, sin perjuicio del
privilegio crediticio reconocido en el N°5 del artículo 2472 del Código Civil, que
otorga preferencia a estos créditos en caso de concurso del empleador.

A su vez, en lo que respecta a las consecuencias penales, se establece que a los
empleadores que, habiendo retenido o debido retener las cotizaciones de sus
trabajadores, no las enteraren en la Sociedad Administradora, se les aplicarán las
sanciones penales previstas en la Ley N°17.322. Además, las sanciones previstas
operan sin perjuicio de las contenidas en la Ley N°19.361.

Finalmente, la Sociedad Administradora deberá remitir la nómina de
empleadores morosos tanto a la Dirección del Trabajo como a los registros de
antecedentes comerciales y financieros destinados a entregar información de carácter
público, conforme a lo dispuesto en la Ley N°19.628, sobre protección de la vida,
privada.

Todo lo anterior, en virtud de lo prescrito en artículo 11 de la Ley N°19.728.

OCTAVO: La normativa examinada refleja la relevancia del seguro de
desempleo como componente esencial del sistema de seguridad social. Esta
Magistratura ha reconocido reiteradamente la relevancia de la seguridad social,
señalando que “el régimen previsional, y específicamente el de cotizaciones
previsionales, constituye parte del entramado del sistema de seguridad social,
amparado, en cuanto derecho por la Constitución Política en el numeral 18 de su
artículo 19, cuyo desarrollo corresponde al legislador. Se trata de un derecho social




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cuya principal dificultad normativa consiste en la búsqueda de garantías efectivas que
permitan satisfacer el contenido constitucional de esta clase de derechos
fundamentales” (STC Rol N°1876-10, c. 16°).

Además, este Tribunal ha reconocido el deber legal que le corresponde al
empleador de enterar en las instituciones de previsión social los dineros que
previamente ha descontado a sus trabajadores para tal propósito, el cual tiene carácter
alimentario al atender estados de necesidad de las personas y la manutención de quien
los recibe conforme al interés social involucrado y su protección por medio de normas
de orden público. Esto es, “el pago de las respectivas cotizaciones pende en buena
medida de un correcto funcionamiento del sistema de seguridad social, que tiene
como consecuencia asegurar pensiones dignas para los trabajadores del país, deber
que además se impone especialmente al Estado supervigilar en el artículo 19 N°18 de
la Constitución” (STC Rol N°576-06, c. 29°). A ello, sin lugar a dudas, puede sumarse
el seguro de cesantía, frente a la contingencia que enfrenta una persona al momento
de perder su trabajo, de modo que este fondo le sirva de apoyo para cubrir sus
necesidades alimentarias ante dicha situación.



III. ANATOCISMO: CAPITALIZACIÓN MENSUAL DE INTERESES

NOVENO: El precepto legal impugnado establece la capitalización mensual
de los intereses, figura legal denominada tradicionalmente como “Anatocismo” que
permite cobrar de manera exponencial los intereses sobre intereses no pagados.

Algunos autores han indicado que el “anatocismo ha sido por mucho tiempo
una institución «maldita» en el sentido de ser necesaria su persecución hasta intentar
conseguir su desaparición” (Murillo Villar, A. (1999) “Anatocismo: Historia de una
Prohibición”, Anuario de Historia del Derecho Español, N°69, p. 497 y 511).

Esta institución consiste en que los intereses devengados por el crédito y no
pagados se capitalizan y devengan a su vez intereses, esto es, se producen intereses
de intereses. “Existe una desconfianza general hacia la institución, pues se presta a
abusos y puede traducirse para el deudor en una verdadera catástrofe; de ahí que el
Derecho Romano haya terminado por prohibirla totalmente, lo que se mantuvo
durante el Medievo y en algunas legislaciones contemporáneas, como el Código
alemán (Art. 289). El Código francés la aceptó con limitaciones (Art. 1154), que
impiden los abusos: sólo por demanda judicial o convención posterior respecto de
intereses debidos a lo menos por un año completo. Disposición semejante contiene el
Código italiano (Art. 1283), pero reducido el plazo a seis meses.” (Abeliuk
Manasevich, R. (2014) Las Obligaciones, Tomo 1, 6° Edición, Thomson Reuters, p. 241).

En efecto, el artículo 289 del Código Civil Alemán establece expresamente la
“prohibición del interés compuesto” (Zinseszinsverbot), al señalar que “Los intereses
no están sujetos a intereses moratorios” (traducción propia), la norma dispone: “Von




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Zinsen sind Verzugszinsen nicht zu entrichten”. [Disponible en: https://www.gesetze-
im-internet.de/bgb/__289.html].

Por su parte, el Código Civil Francés, modificado el año 2016, ha mantenido el
anatocismo con restricciones. Actualmente, el artículo 1343-2, dispone: “Los intereses
devengados, debidos durante al menos un año completo, generan intereses si el
contrato así lo prevé o si una decisión judicial así lo especifica” (traducción propia). El
texto señala: “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent
intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise” [Disponible en
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/
LEGISCTA000032035257/?
anchor=LEGIARTI000032042171#LEGIARTI000032042171].

Por último, el artículo 1283 del Código Civil Italiano señala expresamente:
“Salvo costumbre en contrario, los intereses vencidos solo podrán devengarse desde
el día de la acción legal o en virtud de un acuerdo posterior a su vencimiento, y
siempre que se trate de intereses devengados durante al menos seis meses.”
(traducción propia). La norma establece: “(Anatocismo). In mancanza di usi contrari,
gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda
giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si
tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi” [Disponible en:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03- 16;262].

DECIMO: En Chile, “la tendencia ha sido a prohibir el anatocismo, que en la
práctica se suele denominar interés compuesto. De hecho, nuestro Código Civil,
estableció en el artículo 2210 que se prohibía pactar intereses sobre intereses, pero esta
norma fue derogada por la Ley N°18.010, que, por el contrario, permitió que los
intereses se capitalizaran en cada vencimiento o renovación, siempre que se trate de
períodos que no fueran inferiores a 30 días (artículo 9). Al derogarse la prohibición en
el Código Civil, por el principio de autonomía privada se llega a la conclusión que el
anatocismo está permitido en las obligaciones de dinero que no deriven de
operaciones de crédito de dinero. Es cierto que el artículo 1559 N°3 del Código Civil
dispone que "Los intereses atrasados no producen interés", pero parece referirse sólo
a los intereses moratorios y, en todo caso, no excluye que las partes puedan acordar
lo contrario. Aunque al parecer para las obligaciones derivadas de actos de consumo
sólo cabría calcular los intereses sobre los saldos insolutos (del capital) (art. 38 LPDC)”
(Corral Talciani, H. (2023) Curso de Derecho Civil. Obligaciones, Thomson Reuters, p.
30).

De ello se desprende la existencia de un anatocismo convencional y otro de
origen legal. Ninguno de ellos está exento de críticas por parte de la doctrina
especializada. A modo ejemplar, Goldenberg en relación con el derecho del
consumidor, señala: “El principal problema lógico se presenta cuando tratamos del
"anatocismo convencional" reconocido en el primer inciso del citado artículo 9°,
puesto que este parece suponer que las partes se encuentran en una igual posición



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negociadora, de modo tal que las partes pueden prever las ventajas e inconvenientes
del pacto. No obstante, queda claro que esta idea es ajena al planteamiento de una
relación de consumo, y, en particular, de consumo financiero, cuestionamiento que se
acrecienta si se concluye que la cláusula no puede ser estimada como abusiva en los
términos del artículo 16 de la Ley N°19.496, porque su posibilidad se encuentra
amparada por la Ley N°18.010.” (Goldenberg Serrano, J. (2021) El Sobreendeudamiento
del Consumidor: Un análisis desde la prevención hasta la solución concursal, Thomson
Reuters, p. 125).

DECIMOPRIMERO: La capitalización mensual de los intereses, data desde el
texto original de la Ley N°19.728, y fue fruto de una indicación del Presidente de la
República. Las razones esgrimidas por los representantes del Ejecutivo para la
inclusión de esta norma, se limitan textualmente a los siguiente: “a fin de evitar
posteriores conflictos en la interpretación, se incorpora, al igual que en el decreto ley
N°3.500, expresamente la norma que indica que los intereses penales derivados de la
deuda de cotizaciones en el caso del Seguro se capitalizarán mensualmente”, según
consta en el Segundo Informe de Comisiones Unidas, durante el Segundo Trámite
Constitucional (https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/6053/). De
este modo y cómo resulta de toda lógica, ambas normas, tienen igual fundamento. Por
ello cabe recordar la historia del artículo 19 inciso décimotercero del DL N°3500, tal
como lo ha realizado esta Magistratura en múltiples ocasiones (STC Roles N°16.307,
N°16308, N°16.316 y N°16.318, entre otras).

Los objetivos de la reforma legislativa se basaron en que “el sistema actual, al
no establecer la capitalización de los intereses, importa aplicar interés simple a las
referidas sumas adeudadas, lo que incentiva a los empleadores a postergar el pago de
las imposiciones. En efecto, en la medida en que el Sistema Financiero deba contratar
créditos con interés compuesto, al empleador moroso le resulta más conveniente
utilizar las sumas correspondientes a imposiciones previsionales, las que devengan
interés simple. Esta situación resulta aún más conveniente para el empleador en la
medida que posterga por mayor tiempo el pago de las cotizaciones adeudadas” (BCN,
Mensaje en Sesión 35, Legislatura 323, Historia de la Ley N°19.260, p.3).

En el marco de la discusión legislativa, se plantearon problemas con la
implementación de dicha disposición, así, la “H. Senadora señora Feliú reiteró los
conceptos expuestos en la discusión general, que la llevan a estar en desacuerdo con
esta disposición. Si bien coincidió en la necesidad de establecer para la mora
consecuencias económicas tales que incentiven el pago oportuno, estimó que la
capitalización de intereses puede hacer tan gravosa la obligación que imposibilite el
pago. Dejó constancia que, a su juicio, debería seguirse un criterio similar al
establecido en el artículo 53 del Código Tributario.

La mayoría de la Comisión, por el contrario, luego de haber analizado la
disposición citada por la H. Senadora señora Feliú, compartió la idea de que los
empleadores no son deudores de dinero comunes y corrientes sino meros tenedores



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de fondos de terceros, que, si los deducen de las remuneraciones el día 30 de cada mes,
pueden conservar lícitamente hasta por diez días. Subrayaron que es posible calcular
con toda precisión el daño que produce al trabajador la falta de entero oportuno de
sus cotizaciones, en relación a la rentabilidad que le habrían reportado, lo que no
ocurre en el caso de los impuestos. Estuvieron contestes, finalmente, con la
proposición del Mensaje, de que la sanción económica contempla una situación
similar a la existente en el mercado, de intereses capitalizados. No obstante, los
reparos que este mecanismo, como criterio legislativo general, merece a algunos de
los HH. señores Senadores que suscribieron esta posición.

Advirtió la Comisión, no obstante, que se suscitaría un problema de
importancia si se aplica la capitalización a toda la deuda acumulada, ya que las cifras
se alzarían a cantidades muy difíciles de solventar; por lo que se mostró partidaria de
regular, en forma transitoria, la puesta al día, a fin de que quienes paguen no estén
afectos a esta nueva fórmula de aplicación de los intereses.” (BCN, Primer Informe de
Comisión de Trabajo, Historia de la Ley N°19.260, p.22).

Posteriormente, en la Comisión de Hacienda se aclaró que “[e]l fundamento
de esta modificación dice relación -según la explicación proporcionada por el señor
Subsecretario de Previsión Social- con la conveniencia de equiparar el costo del dinero
que los empleadores destinan al pago de las cotizaciones previsionales con el ofrecido
por el sistema financiero, de modo que no se vean aquellos incentivados a dejar de
pagar las cotizaciones oportunamente. (BCN, Informe de Comisión de Hacienda,
Historia de la Ley N°19.260, p.111).



IV LA NORMA IMPUGNAD AFECTA EL DERECHO DE PROPIEDAD:
PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA

DECIMOSEGUNDO: La parte requirente estima que la norma impugnada
vulnera el artículo 19 N°24 de la Constitución, en razón que la deuda, en el caso del
anatocismo, aumenta exponencialmente, produciendo a su juicio una “usura legal”.
En efecto, señala que “si consideramos que el interés corriente determinado a día de
hoy por el Banco Central para las operaciones reajustables en moneda nacional de 1
año o más, inferiores o iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento (cuyo es
el caso de autos) asciende a 6,75% anual, en este caso debería aplicarse una tasa sólo
de 6,75% para 12 meses que lleva el juicio, y si tomamos el interés máximo
convencional éste ascendería a 10,125% en circunstancias que actualmente la deuda,
como ya señalamos, se ha incrementado en un 1.148%”.

DECIMOTERCERO: Compelido este Tribunal a fallar de acuerdo a derecho,
corresponde emplear el estándar normativo del principio de proporcionalidad para
determinar la validez de la medida legislativa de capitalización mensual de los
intereses y afectación al derecho de propiedad del empleador que produce su
aplicación, dado que el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos




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TRESCIENTOS TREINTA Y UNO




constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcionado y, por
ende, intolerable para quien los experimenta.

En primer lugar, conforme al juicio de idoneidad, la medida debe ser un medio
adecuado para conseguir un fin legítimo. Teniendo presente la historia legislativa del
precepto impugnado, en los términos antes referidos, la finalidad perseguida por el
legislador con la incorporación del anatocismo en el cálculo de los intereses de las
cotizaciones previsionales impagas tuvo un doble carácter, por un lado, disuasorio en
orden de desincentivar a los empleadores a postergar el pago de las cotizaciones
previsionales, y, por otro, compensatorio, al reparar el perjuicio ocasionado al
trabajador por la demora en el pago oportuno de sus cotizaciones. Bajo esta
perspectiva, no cabe duda sobre la legitimidad del fin perseguido por el legislador al
establecer la completa y exigente regulación que ha dispuesto el ordenamiento
jurídico para incentivar el pago oportuno de las cotizaciones previsionales, finalidad
que, además, encuentra sustento, como ya se ha dicho, en la Constitución,
especialmente, en los numerales 18° y 24° del artículo 19, tal y como, sostenidamente,
lo ha resuelto esta Magistratura.

Sin embargo, es del caso tener presente que, para superar el juicio de
idoneidad, no resulta suficiente la simple mención del fin perseguido por el legislador,
sino que cualquier medida que pudiere afectar un derecho fundamental exige que sea
adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo
(Bernal Pulido, C. (2003) “Estructura y Límites de la Ponderación”, Doxa, vol. 26, p.
687). De forma tal, que la idoneidad, al igual que la necesidad, se refieren al análisis
de lo que es fácticamente posible.

En el marco del análisis de la tramitación legislativa, cabe hacer una remisión
a los argumentos esgrimidos durante la discusión de la institución del anatocismo en
el D.L. N°3.500; y tal como se trascribió, fue el propio legislador quién evidenció la
falta de idoneidad de la medida y su capacidad para alcanzar el fin establecido, al
vislumbrar el efecto adverso no deseado que produjese la capitalización mensual de
los intereses, esto es, la incapacidad de pago efectivo de las cotizaciones al aplicarse la
capitalización a toda la deuda acumulada.

El mecanismo que se impugna consiste en que, mensualmente los intereses que
ha generado un capital se tornan a su vez capital, de manera tal que sobre ellos se
calculan nuevos intereses y ello en razón constituyen la legítima ganancia que el
trabajador habría podido obtener de haber sido pagado a tiempo (STC Rol N°14.761).
Es así como, con la aplicación de las fórmulas de capitalización mensual se alcanzan
cifras que no resultan compatibles ni con el índice de precios al consumidor (I.P.C) ni
con la rentabilidad de los Fondos de Pensiones, sino que muy superiores a éstos,
creando entonces un grado de afectación de la propiedad del empleador no previsto
en el ordenamiento jurídico, el cual, además, impide la satisfacción del pago de la
deuda previsional.




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TRESCIENTOS TREINTA Y DOS




La finalidad compensatoria prevista por el legislador no logra ser cumplida,
pues el excesivo monto final de la deuda hace inviable el pago. Tampoco el propósito
disuasorio, pues, en este caso concreto, la existencia del anatocismo en la legislación
previsional no logró evitar el incumplimiento de las obligaciones del empleador en
esta materia. Sobre este punto, conviene hacer una aclaración, y es que la eliminación
de la norma del anatocismo no produce ningún detrimento en los montos que el
trabajador hubiese percibido de un pago oportuno por parte del empleador y, por el
contrario, podría posibilitar el pago de lo adeudado.

DECIMOCUARTO: De acuerdo con el juicio de necesidad, la medida
legislativa debe ser la menos gravosa para los derechos fundamentales involucrados.
El presupuesto de este análisis radica en la existencia de una medida alternativa a la
adoptada por el legislador, en este caso, la capitalización mensual o anatocismo
constituye uno de los diferentes mecanismos para calcular los intereses de una deuda,
más, no el único posible.

Tal como se señaló precedentemente, nuestro ordenamiento jurídico
contempla diversos mecanismos para resguardar la seguridad social ante el
incumplimiento del pago de cotizaciones previsionales, tales como la imposición de
multas, el cobro de intereses penales y recargos, la aplicación de sanciones penales en
casos de apropiación o retención indebida, y la restricción al acceso de fondos públicos
para empleadores morosos, otorgando además prioridad a quienes cumplen
oportunamente con sus obligaciones.

A nivel comparado, y sólo a modo ejemplar, en España el Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio de 2004, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, establece un sistema de recargo al cálculo de la
deuda que varía entre un 10 % o 20 % si el empleador ha cumplido con sus
obligaciones de liquidación en tiempo y forma, y un recargo del 20 % o 35 % si no lo
ha hecho, dependiendo del momento en que se efectúe el pago tras el vencimiento del
plazo (artículo 10); e intereses de demora equivalente al interés legal del dinero
vigente en cada momento del período de devengo, incrementado en un 25 por ciento,
salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca uno diferente
(artículo 11.3), es más, se señala expresamente que “En ningún caso podrá aplicarse
recargo sobre la deuda constituida a su vez por recargos o intereses.” (Art. 10.3) y “En ningún
caso, los intereses de demora devengados se acumularán al principal o al recargo a efectos del
cálculo de nuevos intereses” (Art. 11.1).

Las consecuencias de la aplicación de la capitalización de intereses en nuestro
país, genera la imposibilidad real de pago y genera una situación de desprotección
para el trabajador que resulta insostenible en el tiempo dentro del sistema previsional,
razón por la cual la medida legislativa impugnada no constituye el medio menos
lesivo o restrictivo de los derechos fundamentales que permitan dar cumplimiento al
fin legítimo perseguido por el legislador.




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TRESCIENTOS TREINTA Y TRES




DECIMOQUINTO: Por último, a diferencia de los juicios de idoneidad y
necesidad —que versan sobre lo fácticamente posible—, la proporcionalidad en
sentido estricto, o ponderación, se refiere a lo jurídicamente admisible. “La primera
ley de la ponderación demuestra que tal regla puede descomponerse en tres pasos. El
primero de ellos, consiste en establecer el grado de no satisfacción o afectación de uno
de los principios; el segundo paso consiste, a su vez, en determinar la importancia de
la satisfacción del principio que juega en sentido contrario; finalmente, el tercer paso,
consiste en definir si la importancia de la satisfacción de este último principio justifica
la afectación o no satisfacción del primero” (Klatt, M., y Meister, M. (2021) La estructura
del principio de proporcionalidad, Madrid, Marcial Pons, p. 58).

En primer lugar, debe establecerse el grado de afectación del derecho
fundamental comprometido, en este caso, el derecho de propiedad del empleador
(artículo 19 N°24 de la Constitución), por aplicación del artículo 11 inciso cuarto de la
Ley N°19.728. En el caso puesto bajo nuestro conocimiento, el empleador no sólo debe
pagar el monto de las cotizaciones adeudadas, sino también ese monto reajustado de
acuerdo al I.P.C con un interés, y a ello sumado el incremento exponencial de la deuda
total, por aplicación del anatocismo. Este efecto produce un sobreendeudamiento que,
en muchos casos, torna imposible la regularización de la deuda, afectando gravemente
el patrimonio del empleador y obstaculizando la continuidad de su actividad, que en
el caso de un Municipio dice relación con la satisfacción de necesidades públicas. Se
trata, por tanto, de una afectación intensa y persistente del derecho de propiedad.

En segundo término, debe evaluarse la importancia del principio que se
pretende satisfacer. Tal como se señaló, esta Magistratura reconoce la importancia de
la protección del derecho a la seguridad social de los trabajadores y reconoce el
carácter alimentario del deber legal del empleador de pagar oportunamente las
cotizaciones previsionales en las instituciones de previsión social. Sin embargo, el
efecto desproporcionado que produce el anatocismo conlleva resultados contrarios a
la finalidad de la norma al imponer una carga desmedida sobre el empleador que
impiden el debido cumplimiento de las obligaciones previsionales adeudadas.

El efecto adverso del anatocismo, esto es, la desproporción en el monto final
de la deuda tras la aplicación de la capitalización mensual de intereses genera un
detrimento patrimonial para el empleador a nivel de hacer insostenible el pago de la
deuda y la consecuente protección al derecho a la seguridad social del trabajador y su
propiedad sobre los fondos previsionales. En concreto, la consecuencia que produce
la aplicación de la capitalización mensual de intereses provoca una afectación a los
derechos consagrados en el artículo 19, numeral 24, tanto para la propiedad del
empleador, cuanto, para la propiedad de los fondos previsionales del trabajador, y en
consecuencia, al numeral 18 del artículo 19 la Carta Fundamental.

Por último, corresponde determinar si la importancia de la satisfacción del
derecho a la seguridad social justifica la intensa afectación al derecho de propiedad
del empleador. Se puede concluir sin dificultad que la medida examinada no



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TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO




encuentra justificación alguna a la afectación de derecho de propiedad del empleador
ni logra aportar beneficios que resulten ser mayores al grado de afectación de los
demás derechos fundamentales involucrados.

DECIMOSEXTO: A juicio de esta Magistratura cuando el efecto de la
aplicación de la capitalización mensual de intereses en el cálculo de lo adeudado
excede el pago de lo debido, reajustado y con los intereses que correspondan, incluso
agravados por tratarse de cotizaciones previsionales, ya no puede sostenerse que una
norma cuya aplicación causa ese efecto en el patrimonio del deudor, siga siendo
respetuosa del derecho de propiedad (STC Rol N°15.331, c. 13° y 15°).

Atendidas las anteriores motivaciones, el requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad debe ser acogido, porque la norma impugnada en lo referente al
anatocismo vulnera el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

QUE SE ACOGE EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A LO PRINCIPAL
DE FOJAS 1, DECLARÁNDOSE LA INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA FRASE “DICHO INTERÉS SE
CAPITALIZARÁ MENSUALMENTE“ CONTENIDA EN EL INCISO SEXTO DEL
ARTÍCULO 22 LA LEY N° 17.322, Y DE LA FRASE “EL INTERÉS QUE SE
DETERMINE EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS INCISOS
ANTERIORES SE CAPITALIZARÁ MENSUALMENTE.” CONTENIDA EN EL
INCISO CUARTO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY N° 19.728, EN EL PROCESO
RIT P-1041-2024, RUC 24-3-0131103-2, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE
LETRAS DEL TRABAJO DE OSORNO. OFÍCIESE.



DISIDENCIA

Acordada con el voto en contra de las Ministras señoras NANCY YÁÑEZ
FUENZALIDA (Presidenta Subrogante), MARÍA PÍA SILVA GALLINATO y CATALINA
LAGOS TSCHORNE y señor MARIO GÓMEZ MONTOYA, quienes estuvieron por
rechazar el requerimiento, por las siguientes razones:

1° Que, el cuestionamiento de la Municipalidad de Osorno se sostiene en la
inconstitucionalidad que advertiría en las disposiciones que se han reproducido en la
parte expositiva y desarrollo de la sentencia y que dicen relación con la aplicación de




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TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO




intereses penales, reajustabilidad y la capitalización de intereses mensualmente
respecto de las deudas ya sean previsionales como las derivadas del denominado
Seguro de Cesantía. Todo lo cual en el contexto de una cobranza judicial en
procedimiento ejecutivo ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno, ya indicado.

2° Que, en concepto de los disidentes, los preceptos normativos denunciados
de ser contrarios a la Constitución, esto es, artículo 22, incisos cuarto, quinto y sexto
de la Ley N° 17.322; y artículo 11, incisos segundo, tercero y cuarto de la Ley N° 19.728
(en su redacción posterior a la Ley N° 21.735), no afectan el derecho de propiedad de
la requirente y no se vulnera la prohibición de afectar los derechos en su esencia
(artículos 19 números 24 y 26 de la Carta Fundamental), según se explica a
continuación.

3° Que, el artículo 22 de la Ley N° 17.322, alude, en su inciso primero, a la
obligación de los agentes que describe y que “descuentan de las remuneraciones de sus
trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones
de éstos a favor de las instituciones de seguridad social…estarán obligados a declarar y enterar
esos descuentos y aportes dentro de los diez días primeros días del mes siguientes a aquel en
que se devengaron las remuneraciones”. (el destacado es del redactor). Agrega el inciso
tercero que: “Si el pago no se efectúa oportunamente, las sumas adeudadas se reajustarán …”.

Seguidamente, los párrafos cuestionados en esta sede, establecen un interés penal por
cada día de atraso respecto de la deuda ya reajustada, el que previo detalle de la
rentabilidad concluye en que el “interés se capitalizará mensualmente”.

Criterio similar ha sustentado el legislador en el artículo 11 de la Ley N° 19.728,
relativo al Subsidio de Cesantía.

4° Que, la primera observación que ha de formularse a la tesis requirente es el
derecho de propiedad que se denuncia quebrantado por las normas antes reseñadas;
pero, olvida que son deudas provenientes del incumplimiento de aquellos preceptos
que protegen la seguridad social de los trabajadores, pues descontados los porcentajes
legales, no se declararon ni enteraron en tiempo a las entidades encargadas de
administrar sumas de los trabajadores –no de los empleadores, meros retenedores- ya
sea para cuando jubilen, cuyo monto dependerá esencialmente de la regularidad en el
cumplimiento oportuno de las normas establecidas para dicho propósito; o bien,
cuando sea necesario recurrir al fondo de cesantía.

5° Que, las consecuencias económicas, patrimoniales, derivadas de la
morosidad en el cumplimiento de las obligaciones referidas, se amparan en el derecho
fundamental contemplado en el artículo 19 numeral 18 de la Constitución Política de
la República, en cuanto integrante del sistema de seguridad social; y, como lo ha
sostenido este Alto Tribunal, se trata de un derecho social que requiere de garantías
efectivas que hagan posible la exigibilidad de esta clase de derechos fundamentales y
se encuentra comprometido un interés público. Ha agregado que lo que se busca con
los cuestionados preceptos es compensar los efectos que el retardo en el pago de las




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TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS




cotizaciones previsionales puede importar para el trabajador, como, además,
establecer un sistema disuasivo para evitar que tal demora se produzca. Se trata de
reglas que buscan, entonces, desincentivar el incumplimiento de las obligaciones
previsionales establecidas en la ley. En suma, las cotizaciones previsionales son del
trabajador y no del empleador, por lo que malamente puede sostenerse que las reglas
cuestionadas afectan el derecho de dominio de este último.

6° En términos más severos se ha razonado por la doctrina y reproducido por
este Tribunal, que el no pago de las cotizaciones constituye “un acto fraudulento,
delictual, de apropiación indebida, afectando gravemente el de propiedad y a la
seguridad social de sus subordinados, enriqueciéndose sin causa y vulnerando el
interés público, ya que los trabajadores sin imposiciones serán, en definitiva, una
carga para el Estado si no cuentan con fondos suficientes para jubilar” (Gamonal,
Sergio. La jurisprudencia laboral de la Corte Suprema: un análisis crítico. Caamaño,
Eduardo y Pereira, Rafael (directores) Estudios de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social. Tomo VII. Santiago, Legal Publishing, 2012, pp. 399-456).
(Sentencias INA 14564-23; 14020-23; 12309-21 y 7897-19).

7° Que, las motivaciones precedentes, en concepto de los disidentes,
autorizaban para dictar sentencia desestimatoria.



Redactó la sentencia la Ministra señora ALEJANDRA PRECHT RORRIS y la
disidencia el Ministro señor MARIO GÓMEZ MONTOYA.


Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 16.963-25-INA




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TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE


Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 15/04/2026



María Pía Silva Gallinato Miguel Angel Fernández González
Fecha: 15/04/2026 Fecha: 15/04/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 15/04/2026 Fecha: 16/04/2026



Héctor Antonio Mery Romero Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 15/04/2026 Fecha: 16/04/2026



Alejandra Precht Rorris Mario René Gómez Montoya
Fecha: 15/04/2026 Fecha: 15/04/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta
Subrogante, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, y por sus Ministros
señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señor
Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor
Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas, señora Alejandra
Precht Rorris y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 16/04/2026




FD22FA99-D0F6-485E-979B-527788DD5453
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