TC Rol 16978

Texto completo

0000486
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS




2026

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.978-2025

[27 de mayo de 2026]
____________




REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LA PALABRA “SOLO”,
CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 32, INCISO PRIMERO, DE LA LEY
N° 18.287, SOBRE PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUZGADOS DE
POLICÍA LOCAL


SOCIEDAD BRAMAN LEASING LIMITADA

EN EL PROCESO ROL N° 16.826-2018, SEGUIDO ANTE EL SEGUNDO
JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE PROVIDENCIA, EN ACTUAL
CONOCIMIENTO DE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO, POR
RECURSO DE HECHO, BAJO EL ROL N° 3448-2025 (POLICÍA LOCAL)


VISTOS:

Que, Sociedad Braman Leasing Limitada acciona de inaplicabilidad respecto
de la expresión “solo”, contenida en el artículo 32 inciso primero de la Ley N° 18.287,
sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, en el proceso Rol N° 16.826-
2018, seguido ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Providencia, en actual
conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de hecho, bajo el
Rol N° 3448-2025 (Policía Local).



Precepto legal cuya aplicación se impugna

El texto de los preceptos impugnados dispone:




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CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE




“Ley N° 18.287

(…)

“Artículo 32° En los asuntos de que conocen en primera instancia los Jueces de
Policía Local, procederá el recurso de apelación sólo en contra de las sentencias
definitivas o de aquellas resoluciones que hagan imposible la continuación del juicio.
El recurso deberá ser fundado y se interpondrá en el término fatal e individual de cinco
días, contados desde la notificación de la resolución respectiva.”.
(…)



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

Refiere la requirente que la gestión pendiente tiene su origen en un
procedimiento sobre cobro de tarifa o peaje conforme al artículo 42 de la Ley de
Concesiones de Obras Públicas, seguido ante el Segundo Juzgado de Policía Local de
Providencia bajo el Rol N° 16.826-F-2018. Dicho procedimiento fue iniciado por
Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. en contra de Braman Leasing Limitada,
por infracción al artículo 42 de la Ley de Concesiones. La requirente señala que el
procedimiento se extendió por aproximadamente tres años, durante los cuales
acompañó documentos, participó en audiencias, rindió prueba testimonial y solicitó
prueba pericial.

Con fecha 9 de agosto de 2021, el Segundo Juzgado de Policía Local de
Providencia dictó sentencia definitiva condenando a Braman Leasing Limitada al
pago de una multa de 20 UTM por transitar por una vía concesionada sin pagar peaje,
además de la suma de $660.969.955 por concepto de peaje adeudado, más intereses
máximos convencionales, reajustes y expresa condena en costas. Dicha sentencia fue
confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 28 de
octubre de 2024, desestimando todas las alegaciones de la requirente y confirmando
la condena en costas.

Posteriormente, con fecha 19 de agosto de 2025, la requirente objetó la
liquidación de la sentencia, impugnando el capital adeudado, los reajustes e intereses,
así como las costas personales reguladas en la suma de $97.555.953 más $1.500.000 por
costas del recurso de apelación, totalizando $99.055.953. El tribunal, mediante
resolución de 28 de agosto de 2025, resolvió "No ha lugar" a la objeción. Luego, la
requirente interpuso recurso de reposición y apelación subsidiaria en contra de dicha
resolución, fundado en la falta de consideraciones de hecho y de derecho que sirvieran
de fundamento, conforme a los artículos 170 N° 4 y 5 y 171 del Código de
Procedimiento Civil.




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CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO




Con fecha 8 de septiembre de 2025, el tribunal rechazó el recurso de apelación
por improcedente. En razón de ello, la requirente interpuso recurso de hecho ante la
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 12 de septiembre de 2025, el
cual fue declarado admisible por resolución de 22 de septiembre de 2025, ordenándose
solicitar informe al tribunal recurrido. Dicho recurso se encuentra actualmente
pendiente de resolución bajo el Rol N° Policía Local-3448-2025.

La requirente sostiene que la aplicación de la expresión "solo" contenida en el
artículo 32 inciso primero de la Ley N° 18.287 —que limita la procedencia del recurso
de apelación únicamente contra las sentencias definitivas o aquellas resoluciones que
hagan imposible la continuación del juicio— le impide impugnar adecuadamente la
resolución que rechazó su objeción a la liquidación, privándola de la posibilidad de
que un tribunal superior revise una decisión que le causa agravio y que, a su juicio,
carece de la debida fundamentación.

A juicio de la requirente, la aplicación de la norma cuestionada en la gestión
pendiente vulnera los artículos 5° inciso segundo, 19 N° 2 y 19 N° 3 de la Constitución
Política de la República, en relación con los artículos 1.1, 8 y 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos y el artículo 14 N° 1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.

En cuanto al derecho a la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2), sostiene que
la restricción impuesta por la norma impugnada establece una diferencia arbitraria
entre quienes litigan ante los Juzgados de Policía Local y quienes lo hacen ante otros
tribunales (civiles, penales, laborales, etc.), que sí disponen de una amplia gama de
recursos judiciales, incluida la apelación contra resoluciones que no sean sentencias
definitivas. Argumenta que no existen parámetros objetivos y ajustados a la razón que
justifiquen esta diferencia de trato, pues la celeridad del procedimiento no puede
lograrse a costa de los derechos fundamentales de las partes, y menos aún cuando la
restricción impide impugnar resoluciones que adolecen de vicios graves, como la falta
de fundamentación. Agrega que esta diferencia de trato carece de razonabilidad, es
infundada y arbitraria, vulnerando el principio de igualdad ante la ley.

En cuanto al debido proceso y derecho al recurso (artículo 19 N° 3 incisos
segundo y sexto), la requirente sostiene que, si bien la Constitución no consagra
expresamente el derecho a la segunda instancia, este se desprende del derecho a
defensa y de la exigencia de un procedimiento racional y justo. Invoca jurisprudencia
del Tribunal Constitucional (Roles N° 6.411 y 6.962) que ha declarado inaplicables
limitaciones al recurso de apelación en otros procedimientos, razonando que el
derecho al recurso forma parte de la garantía del debido proceso y consiste en la
facultad de solicitar a un tribunal superior que revise lo resuelto por el inferior.

Argumenta que la norma impugnada, al restringir la apelación solo a las
sentencias definitivas o resoluciones que hagan imposible la continuación del juicio,
le priva de un mecanismo eficaz de revisión de la resolución que rechazó su objeción
a la liquidación, resolución que carece de fundamentación y que produce efectos de



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enorme trascendencia patrimonial para la requirente (costas personales reguladas en
casi $100 millones). Sostiene que un procedimiento racional y justo necesariamente
debe contemplar la revisión de las decisiones judiciales que causan agravio, y que la
ausencia de un recurso idóneo vulnera el derecho a defensa y la tutela judicial efectiva.

Invoca además tratados internacionales, en particular el artículo 8.1 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a ser oído
con las debidas garantías por un tribunal competente para la determinación de los
derechos y obligaciones de orden civil; el artículo 25 del mismo tratado, que consagra
el derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo que
ampare contra actos que violen los derechos fundamentales; y el artículo 14 N° 1 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que asegura la igualdad ante los
tribunales y el derecho a ser oído públicamente con las debidas garantías. Sostiene
que la restricción impuesta por la norma impugnada contraviene abiertamente estas
garantías, pues le impide acceder a un recurso efectivo para impugnar una resolución
judicial que le causa perjuicio.

Finalmente, la requirente argumenta que la norma impugnada no ha sido
declarada conforme a la Constitución por este Tribunal de manera vinculante, y que
la jurisprudencia citada por la contraparte en sus observaciones no constituye cosa
juzgada constitucional que impida un nuevo pronunciamiento. Sostiene que, por el
contrario, este Tribunal ha ido evolucionando hacia una interpretación más garantista
del derecho al recurso, y que el caso concreto presenta características que justifican
acoger el requerimiento.



Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Segunda Sala, con fecha 7 de
octubre de 2025, a fojas 78, disponiéndose la suspensión del procedimiento.

En resolución de fecha 30 de octubre de 2025, a fojas 439, se declaró admisible.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y
a las demás partes en la gestión invocada, fueron formuladas observaciones de
Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A.



Observaciones de Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A.

Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. (“Costanera Norte”) evacuó
traslado solicitando el rechazo del requerimiento en todas sus partes, con expresa
condena en costas.

En primer lugar, sostiene que el requerimiento es improcedente y que la
requirente lo sabe, pues busca instrumentalizar la acción de inaplicabilidad para
dilatar la ejecución de la sentencia definitiva dictada en su contra. Señala que Braman




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interpuso recurso de apelación y recurso de queja, ambos perdidos, y que ya no
corresponde impugnar la constitucionalidad de la norma. Agrega que la requirente
invocó la norma impugnada en su propio beneficio al interponer su recurso de
apelación, sin formular ningún cuestionamiento sobre su constitucionalidad en esa
oportunidad, y solo decidió impugnarla después de obtener un resultado adverso, lo
que constituye una infracción a la buena fe y a la doctrina de los actos propios.

En cuanto al fondo, Costanera Norte argumenta que la norma impugnada ya
fue declarada constitucional por este Tribunal en numerosos requerimientos
anteriores (Roles N° 14.654-23, 14.251-23, 15.129-24, 14.871-24, 15.288-24, 15.334-24 y
15.808-24, entre otros), existiendo así cosa juzgada constitucional sobre la materia. Cita
la sentencia Rol N° 14.654-23, en la cual este Tribunal razonó que restringir la
apelación a las sentencias definitivas y a las resoluciones que ponen término al juicio
o imposibilitan su prosecución, en un procedimiento breve y especial como el de los
Juzgados de Policía Local, es plenamente razonable, justo y corresponde a una
legítima decisión del legislador, que no vulnera ninguna norma constitucional.

Sostiene, además, que la norma impugnada no tiene aplicación decisiva en la
gestión pendiente, pues la resolución del recurso de hecho no depende de ella. Explica
que el tribunal de primera instancia rechazó la apelación de Braman fundándose
exclusivamente en el artículo 181 del Código de Procedimiento Civil, que declara
inapelable la resolución que niega lugar a una reposición. La norma impugnada,
señala, no fue invocada ni aplicada por el tribunal recurrido, y la discusión jurídica de
fondo se refiere únicamente a si la resolución objetada tiene naturaleza de auto o
decreto (caso en el cual es inapelable conforme al artículo 181 del CPC) o de sentencia
interlocutoria (caso en el cual podría ser apelable). Por lo tanto, la expresión "solo" del
artículo 32 de la Ley N° 18.287 no incide en la decisión que deberá adoptar la Corte de
Apelaciones.

Costanera Norte argumenta, asimismo, que una eventual sentencia estimatoria
produciría serios efectos inconstitucionales, al permitir que se recurra de apelación en
contra de autos o decretos pronunciados por Juzgados de Policía Local, atentando
contra la naturaleza breve y especial de sus procedimientos y vulnerando la igualdad
ante la ley y el debido proceso de la contraparte. Invoca el principio de prudencia
constitucional, conforme al cual este Tribunal debe abstenerse de declarar la
inaplicabilidad de una norma cuando ello pudiera engendrar una lesión de mayor
envergadura constitucional.

Finalmente, advierte que lo planteado se trata de un cuestionamiento genérico
y abstracto de la norma, más propio de una acción de inconstitucionalidad que de un
requerimiento de inaplicabilidad. Agrega que el requerimiento se sustenta en una
mera conjetura o suposición sobre una eventual aplicación futura de la norma, cuando
en realidad la Corte de Apelaciones ya declaró admisible el recurso de hecho,
desvaneciendo la hipótesis de la requirente. Concluye que Braman no busca un
legítimo control constitucional, sino reabrir una causa ejecutoriada y dilatar el



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cumplimiento de una sentencia que le es adversa, lo que constituye un abuso del
sistema procesal y de la acción de inaplicabilidad.



Vista de la causa y acuerdo

En audiencia de Pleno del día 23 de abril de 2026, se verificó la vista de la causa,
oyéndose la relación pública, alegatos por la requirente del abogado Rodrigo Castro
Hernández y por la requerida del abogado Francisco Aninat Urrejola. Fue adoptado
acuerdo con igual fecha.



CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, traídos los autos en relación y luego de verificarse la vista de
la causa, se procedió a votar el acuerdo respectivo, obteniéndose el resultado que a
continuación se enuncia:

La Presidenta del Tribunal, Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ, la
Ministras señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, el Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ,
y la Ministra CATALINA LAGOS TSCHORNE, estuvieron por rechazar la acción
deducida.

Los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, HÉCTOR MERY
ROMERO, la Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS y el Ministro señor MARIO
GÓMEZ MONTOYA estuvieron por acoger el requerimiento.

SEGUNDO: Que, en esas condiciones, se ha producido empate de votos, con
lo cual, atendido el quorum exigido por el artículo 93, inciso primero, N° 6, de la Carta
Fundamental para acoger un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, y teniendo en cuenta, de la misma forma, que por mandato del
literal g) del artículo 8° de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, el voto del Presidente de esta Magistratura no dirime un empate, como
el ocurrido en el caso sub-lite, y, no habiéndose alcanzado la mayoría para acoger el
presente requerimiento de inaplicabilidad, éste deberá ser necesariamente
desestimado.



VOTO POR RECHAZAR

La Presidenta del Tribunal, Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ, la
Ministras señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, el Ministro señor RAÚL MERA
MUÑOZ, y la Ministra CATALINA LAGOS TSCHORNE, estuvieron por rechazar la
acción deducida en virtud de las consideraciones siguientes:

1°. Que Braman Leasing Limitada acciona de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del inciso primero del artículo 32 de la Ley 18.287 para
que se excluya su tenor para la decisión del recurso de hecho rol 3448-2025 seguido



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ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en el que se persigue que se declare
apelable la resolución del Segundo Juzgado de Policía Local de Providencia que
reguló las costas personales en el proceso 16.826-F-2018, de ese tribunal de base. En
concepto del requirente, la aplicación del precepto impugnado vulneraría los
artículos 19 N°2 y 3 de la Constitución, así como su artículo 5°, éste con relación a los
artículos 1.1, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y al artículo
14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

2°. Que, tal como se dijo en las sentencias de los roles 16.142 y 16.267 de este
mismo Tribunal, el derecho al recurso, que solo implícitamente queda recogido en el
artículo 19 N°3 de la Constitución Política, no es absoluto, y que no lo sea se refiere a
dos órdenes de limitaciones: la primera consiste en que no toda resolución ha de ser
susceptible de reclamo ante, o para ante, el superior jurisdiccional y la segunda
consiste en que no todos los recursos que el conjunto de los sistemas procesales
regula, han de estar disponibles para cada caso en que la resolución sí sea recurrible.

3°. Que, de este modo, no cabe olvidar, primero, que toda la normativa
internacional que se cita, en lo que respecta al derecho al recurso, se refiere a
resoluciones finales, y no solo finales sino, en rigor, condenatorias penales. Así, el
artículo 8 N°2) de la Convención Americana de Derechos Humanos se refiere a las
garantías de las personas inculpadas de un delito y, su letra h), al derecho a recurrir
“del fallo”. El artículo 14 N°5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
a su turno, garantiza que “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá
derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos
a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.” Se puede retrucar que esas
garantías diseñadas para lo penal se han entendido extendidas a otras ramas
jurídicas, y eso es cierto, pero siempre el derecho al recurso queda garantizado solo
respecto de sentencias definitivas en procesos de cierta relevancia jurídica, sea por su
cuantía o sea por la naturaleza e importancia de los derechos no patrimoniales que
estén en juego en el proceso de que se trate.

4°. Que la igualdad ante la ley, amparada por el artículo 19 N°2 y a que se
refiere también el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
citada por el requirente, no está ni puede estar afectada en este caso, tanto porque la
norma restrictiva de que se reclama rige para todas las partes del pleito, como porque
no cabe comparar el procedimiento de policía local con alguno de los procesos
ordinarios generales, ante todo porque precisamente es un juicio especial y lo que
define a estos es que son diferentes a los ordinarios. El requirente no explica con
relación a qué baremo denuncia la desigualdad que cree ver en la aplicación de la
norma, salvo una mención genérica referida a procesos civiles, administrativos o
penales. Por lo demás tampoco es efectivo que en todos los procesos ordinarios la
apelación quede concedida de modo general, esa es la situación del juicio ordinario
civil, pero no la del proceso penal ordinario, ni la del laboral ni la del de familia. Así
pues, toda las disquisiciones que desarrolla acerca de la garantía de igualdad ante la




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ley, y las citas de normativa internacional al respecto, quedan huérfanas de contenido
concreto porque nunca se nos dice en qué sentido o con respecto a qué, se produce en
este caso una desigualdad, una discriminación, una situación arbitrariamente
diferente a la de otras personas o a la que regulan otros procedimientos que sean
asimilables al que nos ocupa y, en cambio, la efectiva comparación con procesos de
otras ramas del derecho, particularmente en los nuevos procedimientos desarrollados
a partir de la promulgación del actual sistema procesal penal, lleva a apreciar que la
limitación de la apelación en términos iguales o similares a los de la norma
impugnada, es actualmente la regla general.

5°. Que tampoco se produce una infracción a las garantías del debido proceso:
ya vimos que el derecho al recurso no es absoluto y que el legislador solo está
obligado a concederlo en la mayoría de los casos relativos a sentencias definitivas (ni
siquiera respecto de todas). El artículo 32 impugnado cumple perfectamente con esa
exigencia porque, precisamente, concede la apelación en contra de sentencias
definitivas y de las que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación,
lo que, tratándose además de un procedimiento diseñado para ser breve, guarda
perfecta armonía con la racionalidad y la justicia constitucionalmente requeridas en
todo proceso.

6°. Que luego el requirente cita el derecho a ser oído, consagrado en el artículo
8 N°1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero la norma impugnada
no impide en absoluto al requirente ser oído por el tribunal de la causa de base, ante
el que ha podido formular las peticiones que ha estimado de rigor. Lo que le ha
impedido es recurrir contra la decisión que estima agraviante, que es cosa distinta y
sobre la que ya razonamos suficientemente.

7°. Que enseguida se invoca el artículo 25 del mismo Cuerpo Normativo
Internacional, pero esa norma lo que asegura es un recurso judicial de tutela de
derechos, lo que más propiamente es una acción, pero en todo caso es algo diferente
al recurso procesal inserto en un proceso, diseñado para atacar resoluciones que se
estime causar agravio en el juicio. Por fin, se invoca el artículo 14 N°1 del Pacto
Internacional de derechos Civiles y Políticos, en lo referente a la igualdad ante la ley,
que ya vimos que no está afectada, y al derecho a ser oído, que tampoco resulta
vulnerado por la norma que se impugna, como también explicamos.

8°. Que las demás razones esgrimidas por el libelo son consideraciones de
fondo o críticas a la resolución misma que se trata de apelar, asuntos sobre los cuales
no cabe a esta Magistratura pronunciamiento alguno. Se llega, en el libelo, al extremo
de criticar la sentencia de segundo grado, ya firme, por lo demás, que resolvió el
fondo de la acción conocida en primera instancia en sede de Policía Local. Huelga
decir que nada podemos resolver al respecto. El caso, aquí, se limita a la restricción
recursiva respecto de resoluciones que no sean la sentencia definitiva ni pongan
término al proceso, y esa limitación no es contraria a la Constitución y es, en cambio,




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coherente y concordante con toda la legislación procesal especial moderna, de nuestro
país. Por todas las razones expuestas, el requerimiento ha de ser rechazado.



VOTO POR ACOGER

Los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, HÉCTOR
MERY ROMERO, la Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS y el Ministro señor
MARIO GÓMEZ MONTOYA estuvieron por acoger el libelo de fojas 1. Ello por las
consideraciones siguientes:

1°. – Que estuvimos por acoger la acción de inaplicabilidad intentada en estos
autos, por cuanto el artículo 32 de la Ley N° 18.287, al excluir recursos legales, impide
a los superiores jerárquicos examinar lo resuelto por el juez de primera instancia en
una materia que, a ojos de la requirente, debe ser conocida y resuelta en segundo
grado por una Corte de Apelaciones, atendida la entidad y elevado monto de las
prestaciones a que ha sido condenada. A nuestro juicio, la aplicación del precepto legal
que impide deducir apelación contra esa decisión incidental produce efectos que
resultan contrarios a las disposiciones constitucionales ligadas a la igualdad y al
debido proceso. A ello nos referiremos en los motivos siguientes.

2°. – Que es necesario tener presente que la norma impugnada se encuentra en
el título III de la Ley nro. 18.287, apartado que reglamenta la apelación. Las normas
de procedimiento, a su turno, se encuentran en el título I de ese cuerpo legal. Entre las
particularidades de la apelación en los juicios de policía local está el que el Tribunal
de Alzada podrá pronunciarse sobre cualquier decisión de la sentencia de primera
instancia, aunque en el recurso no se hubiere solicitado su revisión en el petitorio
respectivo.

3°. – Que la Constitución asegura a todas las personas la igual protección de la
ley en el ejercicio de sus derechos. Al mismo tiempo, la Carta Fundamental proclama
que toda sentencia de un órgano que ejerce jurisdicción deberá fundarse en un proceso
previo legalmente tramitado. Asimismo, corresponderá al legislador establecer
siempre las garantías de una investigación y procedimiento racional y justo.

Esta Judicatura Constitucional ha sentenciado que “(el) derecho a un proceso
previo, legalmente tramitado, racional y justo, que la Constitución asegura a todas las
personas, debe contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los actos jurisdiccionales,
el derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento,
adecuada defensa y asesoría con abogados, la producción libre de pruebas conforme a la ley, el
examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de
interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores”. (STC 478
c. 14) (En el mismo sentido, STC 576 cc. 41 a 43, STC 699 c. 9, STC 1307 cc. 20 a 22, STC
1448 c. 40, STC 1557 c. 25, STC 1718 c. 7, STC 1812 c. 46, STC 1838 c. 11, STC 1876 c. 20,
STC 1968 c. 42, STC 2111 c. 22, STC 2133 c. 17, STC 2354 c. 23, STC 2381 c. 12, STC 2657




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c. 11, STC 2697 c. 17, STC 2687 c. 14, STC 2799 c. 14, STC 2853 c. 16, STC 2757 c. 41, STC
2743 c. 24, STC 2791 c. 24, STC 2983 c. 4, STC 3107 c. 7, STC 3309 c. 28, STC 3119 c. 19,
STC 3649 c. 7, STC 5219 c. 10, STC 5418 c. 17, STC 5419 c. 17, STC 6411 c. 11, STC 6962
c. 11, STC 4222 c. 48, STC 5121 c. 13, STC 4379 c. 5, STC 4533 c. 5, STC 4972 c. 5, STC
4988 c. 5, STC 5104 c. 5, STC 5778 c. 5, STC 5993 c. 5, STC 5613 c. 5, STC 5751 c. 5, STC
5979 c. 5, STC 5999 c. 5, STC 6108 c. 5, STC 6163 c. 5, STC 6473 c. 5, STC 6349 c. 5, STC
6353 c. 5, STC 6381 c. 5, STC 6508 c. 5, STC 6750 c. 5, STC 6941 c. 5, STC 7076 c. 5, STC
7228 c. 5, STC 7232 c. 5, STC 7233 c. 5, STC 7311 c. 5, STC 7398 c. 5, STC 7430 c. 5, STC
7606 c. 5, STC 3969 c. 8, STC 4434 c. 55, STC 7641 c. 30, STC 6611 c. 4, STC 7060 cc. 11
y 15, STC 7061 cc. 11 y 15, STC 3625 c. 30, STC 3938 c. 16, STC 3770 c. 35, STC 7203 c.
31).

Dicho de otro modo, el artículo 19, número 3º, inciso sexto de la Carta Política
establece el derecho a las garantías de un racional y justo procedimiento, que se
traducen conjuntamente con el derecho a la acción y la legalidad del juzgamiento, en
satisfacción de la tutela judicial efectiva.

Sobre el derecho al recurso, éste ha sido definido como “la facultad de solicitar a
un tribunal superior que revise lo hecho por el inferior, formando parte integrante del derecho
al debido proceso” (STC 1443 cc. 11 y 12) (En el mismo sentido, STC 2323 c. 23, STC 2452
c. 13, STC 2743 c. 26, STC 2791 c. 26, STC 3309 c. 17, STC 3119 c. 19, STC 3338 c. 7, STC
6411 c. 11, STC 5878 c. 18).

4°. – Que resulta pertinente recordar que, tal como ha señalado esta
Magistratura en sentencias precedentes, el recurso, como expresa la doctrina, es el
medio técnico que ejerce una parte dentro del proceso en que se dictó una resolución,
que no ha alcanzado el carácter de firme o ejecutoriada, para la impugnación y
subsanación de los errores que ella eventualmente pueda adolecer, dirigido a
provocar la revisión de la misma, ya sea por el mismo juez que la dictó o por otro de
superior jerarquía. No debemos perder de vista que “(la) existencia de los recursos nace
de la realidad de la falibilidad humana, que en el caso de la sentencia recae en la persona del
juez, y en la pretensión de las partes de no aceptar la resolución que les cause un perjuicio por
no haber acogido las peticiones formuladas en el proceso” (MOSQUERA RUÍZ, Mario y
MATURANA MIQUEL, Cristián [2010]: Los Recursos Procesales, p. 21. Editorial
Jurídica de Chile, Santiago).

Además, aunque parezca una obviedad, no puede perderse de vista que todo
recurso procesal pretende eliminar un agravio o perjuicio que una determinada
resolución judicial produce para el afectado. De allí que se entienda que el agravio es
una condición legitimante de un recurso procesal. Aquel, siguiendo a Couture,
consiste en el “(perjuicio) o gravamen, material o moral, que una resolución judicial causa a
un litigante” (COUTURE, Eduardo [1988]: Vocabulario Jurídico, p. 83. Ediciones
Depalma, Buenos Aires).

5°. – Que la posibilidad de impugnar una resolución judicial forma parte de
los elementos esenciales de la garantía de un debido proceso. Tal como ha hecho



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presente nuestra jurisprudencia constitucional, el derecho al recurso consiste en la
facultad de solicitar a un tribunal superior que revise lo hecho por el inferior,
formando parte integrante del derecho al debido proceso y, en tal sentido, la
posibilidad de que el requirente pueda recurrir ante el superior jerárquico respecto de
una decisión emanada del mismo tribunal relativa a una objeción a la liquidación
efectuada por éste, parece un presupuesto razonable de lo que puede entenderse como
un justo y racional juzgamiento para el caso concreto.

6°. – Que es por lo anteriormente descrito que esta Judicatura Constitucional
ya ha señalado que “la exclusión del recurso de apelación no resulta conciliable con las
exigencias de racionalidad y justicia que el artículo 19, N° 3, inciso 6°, le impone al legislador,
en la configuración de los procedimientos. Lo anterior, pues la falta de medios de impugnación
no se subsana con una fase previa ni con la jerarquía, composición, integración o inmediación
del tribunal que conoce del asunto, como lo ha admitido, excepcionalmente, nuestra
jurisprudencia para validar que se puedan adoptar decisiones en única instancia” (STC
10.623-21, c. 19°).

7°. – Que suele afirmarse en decisiones desestimatorias que, de acogerse la
inaplicabilidad, esta Judicatura estaría creando un nuevo recurso o medio de
impugnación en favor del agraviado, tarea que concierne exclusivamente al
legislador. Para hacernos cargo de esa crítica, respondemos que el recurso de
apelación ya se encuentra contemplado como un medio de impugnación
generalmente aceptado contra las sentencias interlocutorias y definitivas de primer
grado. La decisión estimatoria expresada por quienes suscribimos este voto busca
inaplicar aquella restricción, restaurando así en plenitud la competencia del Tribunal
de Alzada. De este modo, no se divisa cómo, al acogerse este arbitrio constitucional,
esta Judicatura podría estatuir un recurso de apelación que, en el régimen general, se
encuentra disponible para las partes del proceso por expresa disposición de las reglas
comunes a todo procedimiento. En efecto, no puede tenerse por nuevo un medio de
impugnación que ya existe y está disponible para todos.

8°. – Que la imposibilidad de enmendar vía una apelación incidental las
decisiones judiciales que inciden en la sustanciación de un proceso previo legalmente
tramitado, como lo exige la Constitución, porque así lo dispone el legislador teniendo
en cuenta el más fácil acceso a la justicia para los vecinos, y la aparente simplicidad de
los procesos generalmente sustanciados en la Judicatura de Policía Local, no tiene en
cuenta que la Carta Fundamental establece en términos perentorios y vehementes que
órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes,
dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Tratándose la exigencia
de un proceso previo legalmente tramitado de un elemento sustantivo, no nos cabe
duda que circunscribir el recurso de apelación únicamente para la sentencia definitiva,
vedándolo para otras resoluciones dictadas durante la sustanciación del proceso,
como lo es aquella que se pronuncia sobre una objeción a la liquidación efectuada,
constituye una contradicción entre el precepto legal impugnado -artículo 32 inciso




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CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE




primero de la Ley número 18.287- y la Carta Fundamental, cuestión que cabe remediar
haciendo legal a la acción constitucional que estamos llamados a decidir.

9°. – Que, en lo que concierne a la gestión que se encuentra pendiente, cabe
consignar, tal como se dijo en la parte expositiva, la causa principal ya se encuentra
decidida. En efecto, por sentencia del 9 de agosto de 2021, el Segundo Juzgado de
Policía Local de Providencia condenó a Braman Leasing Limitada al pago de una
multa de 20 UTM por transitar por una vía concesionada sin pagar peaje, además de
la suma de $660.969.955 por concepto de peaje adeudado, más intereses máximos
convencionales, reajustes y expresa condena en costas. Dicho fallo fue confirmado por
la Corte de Santiago de fecha 28 de octubre de 2024, con costas. Luego, la requirente
objetó la liquidación de los montos que ya había fijado la sentencia, impugnando el
capital adeudado, los reajustes e intereses, así como las costas personales, fijadas estas
últimas en la suma de $97.555.953.- más $1.500.000.- por costas del recurso de
apelación, totalizando $99.055.953.-.

No estamos por entender que el derecho a la revisión integral a través de un
recurso efectivo comprende siempre, y como única o principal modalidad, la
apelación. Como sostiene recientemente un autor, “(la) ley puede acotar el número de
resoluciones apelables, pero debe especificar las clases de resoluciones que se pueden impugnar
por esta vía. De lo contrario, se vulnera el derecho de defensa” (Jorge LARROUCAU
TORRES [2026]: “El Sistema Recursivo”, p. 84. Ediciones DER, Santiago).

En consecuencia, estuvimos por acoger el requerimiento de fojas 1 y declarar
inaplicable el precepto legal cuestionado en la gestión en actual conocimiento de la
Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de hecho, bajo el 3448-2025 (Policía
Local).



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE, HABIÉNDOSE PRODUCIDO EMPATE DE VOTOS, NO SE
HA OBTENIDO LA MAYORÍA EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 93,
INCISO PRIMERO, NUMERAL 6°, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA PARA DECLARAR LA INAPLICABILIDAD
REQUERIDA, POR LO CUAL SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO
DEDUCIDO A FOJAS 1.

II. QUE SE ALZA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE.




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III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE
POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA
LITIGAR.



Redactó el voto por rechazar el Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ. El voto
por acoger corresponde a la redacción del Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 16.978-25 INA




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CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 28/05/2026



María Pía Silva Gallinato Miguel Angel Fernández González
Fecha: 27/05/2026 Fecha: 27/05/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 27/05/2026 Fecha: 28/05/2026



Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 27/05/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 28/05/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora María
Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señor Raúl
Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor Héctor
Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez
Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 28/05/2026




B440B3FE-A9BE-45CD-9B77-0B7AC1F0AB0D
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