TC Rol 16981

Texto completo

0000514
QUINIENTOS CATORCE




2026

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.981-2025

[7 de mayo de 2026]
____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 8°,
NUMERAL 9), PÁRRAFO SEGUNDO, PARTE FINAL, DE LA LEY N°
18.101



JOSÉ ENCARNACIÓN MONTERO
EN EL PROCESO ROL C-2867-2024, SEGUIDO ANTE EL PRIMER JUZGADO DE
LETRAS DE COQUIMBO, EN ACTUAL CONOCIMIENTO DE LA CORTE DE
APELACIONES DE LA SERENA, POR RECURSO DE APELACIÓN, BAJO EL ROL
N° 1155-2025 (CIVIL)



VISTOS:

Que, José Encarnación Montero acciona de inaplicabilidad respecto del
artículo 8°, numeral 9), párrafo segundo, parte final, de la Ley N° 18.101, que fija
normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, en el proceso Rol C-2867-
2024, seguido ante el Primer Juzgado de Letras de Coquimbo, en actual conocimiento
de la Corte de Apelaciones de La Serena, por recurso de apelación, bajo el Rol N° 1155-
2025 (Civil).



Preceptos legales cuya aplicación se impugna

El texto de los preceptos impugnados dispone lo siguiente:



“Ley N° 18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios
urbanos




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QUINIENTOS QUINCE




(…)

“Artículo 8. (…)

Todas las apelaciones se concederán en el solo efecto devolutivo; tendrán preferencia
para su vista y fallo y durante su tramitación, no se podrá conceder orden de no innovar.”.

(…)



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

La gestión pendiente tiene su origen en una demanda de término de contrato
de arrendamiento por extinción del derecho del arrendador (artículo 1950 N° 3 del
Código Civil), interpuesta por Inversiones RHO Limitada en contra de don José
Antonio Encarnación Montero. El demandante fundó su acción en la adquisición de
los inmuebles arrendados (Lotes C y D ubicados en calle O'Higgins de Coquimbo),
alegando que, al haber operado la extinción del derecho de los primitivos
arrendadores (don Luis Rodrigo Moll Sotomayor y don Luis Alberto Castillo Rojas),
el contrato de arrendamiento había expirado.

El demandado se opuso, sosteniendo que los arrendadores originarios no eran
dueños de la cosa arrendada al momento de celebrarse el contrato (arrendamiento de
cosa ajena), por lo que la acción de terminación por extinción del derecho del
arrendador resultaba improcedente, debiendo el demandante ejercer una acción de
restitución por la vía del precario o de las “demás cuestiones” del artículo 7 N° 6 de la
Ley N° 18.101.

Con fecha 30 de mayo de 2025, el 1° Juzgado Civil de Coquimbo acogió la
demanda, ordenando la restitución de los inmuebles dentro de tercero día desde que
el fallo cause ejecutoria, bajo apercibimiento de lanzamiento con auxilio de la fuerza
pública.

En contra de dicha sentencia, la parte demandada interpuso recurso de
apelación el 30 de junio de 2025, el que fue concedido en el solo efecto devolutivo,
dando origen al Rol N° 1155-2025 de la Corte de Apelaciones de La Serena, que
constituye la gestión pendiente invocada. Mientras dicho recurso se encuentra a la
espera de ser visto en tabla, la parte demandante ha solicitado el cumplimiento
incidental de la sentencia en primera instancia, lo que podría culminar con el
lanzamiento del requirente antes de que la Corte de Apelaciones se pronuncie sobre
el fondo de la apelación.

La norma impugnada, contenida en el artículo 8°, numeral 9°, segundo
párrafo, parte final, de la Ley N° 18.101, establece que, en los procedimientos de
arrendamiento de predios urbanos, todas las apelaciones se concederán en el solo




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QUINIENTOS DIECISEIS




efecto devolutivo y que, durante su tramitación, no se podrá conceder orden de no
innovar. El requirente solicita que se declare inaplicable esta prohibición en el caso
concreto, a fin de poder solicitar a la Corte de Apelaciones de La Serena que suspenda
los efectos de la sentencia de primera instancia mientras se resuelve la apelación,
evitando así que se materialice un lanzamiento que haría ilusoria cualquier decisión
favorable que pudiera adoptar el tribunal de alzada.

A juicio del requirente, la aplicación de la norma impugnada infringe los
artículos 5° inciso segundo, 19 N° 3 inciso quinto y 19 N° 26 de la Constitución Política
de la República, en relación con el artículo 8.1 de la Convención Americana de
Derechos Humanos y el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.

En cuanto al debido proceso (artículo 19 N° 3), sostiene que la prohibición de
conceder orden de no innovar durante la tramitación de la apelación genera una
situación de indefensión para el arrendatario que ha sido vencido en primera
instancia, pues el recurso de apelación, concedido en el solo efecto devolutivo, permite
que la sentencia se cumpla inmediatamente (incluido el lanzamiento del arrendatario)
antes de que el tribunal superior pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Ello implica que, incluso si la Corte de Apelaciones revoca la sentencia y acoge
la posición del arrendatario, dicha decisión llegará extemporáneamente, una vez
consumado el lanzamiento y la restitución del inmueble, haciendo ilusoria la tutela
judicial efectiva. Argumenta que la orden de no innovar constituye una manifestación
concreta del derecho a la tutela judicial efectiva, garantía que se vería burlada si no se
aseguran las eventuales resultas del juicio, como ha señalado el ex presidente del
Tribunal Constitucional, profesor Juan Colombo Campbell.

En cuanto a la garantía del contenido esencial de los derechos (artículo 19 N°
26), sostiene que la restricción impuesta por el legislador al vedar la procedencia de la
orden de no innovar en materia de arrendamiento afecta el núcleo esencial del derecho
al debido proceso, pues impide al arrendatario contar con una herramienta cautelar
mínima para resguardar su derecho a permanecer en el inmueble mientras se discute
la procedencia de la terminación del contrato. Invoca, además, la historia fidedigna de
la Ley N° 19.866, modificatoria de la Ley N° 18.101, en la que el propio Ministerio de
Justicia se opuso a la supresión de la orden de no innovar por estimar que constituía
un resguardo necesario y que su eliminación podía dejar al arrendatario vencido en
una situación de desprotección mientras no se fallara el recurso.

Finalmente, invoca el artículo 5° inciso segundo de la Constitución, en relación
con los tratados internacionales de derechos humanos, que garantizan el derecho a ser
oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un tribunal
competente (artículo 8.1 CADH y artículo 14.1 PIDCP), lo que resulta vulnerado
cuando la norma impugnada impide al requirente obtener la suspensión de los efectos
de una sentencia que podría ser revocada, privándolo de la posibilidad de una
decisión útil por parte del tribunal de alzada.



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QUINIENTOS DIECISIETE




Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Segunda Sala, con fecha 7 de
octubre de 2025, a fojas 34. En resolución de fecha 28 de octubre de 2025, a fojas 342,
se declaró admisible y se decretó la suspensión del proceso.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y
a las demás partes en la gestión invocada Inversiones RHO Limitada formuló
observaciones a fojas 354.



Observaciones de Inversiones RHO Limitada

Sostiene que la norma impugnada no vulnera el debido proceso, invocando
jurisprudencia constante de este Tribunal que ha rechazado requerimientos análogos
(roles 1907-11, 2325-12, 3298-16 y 3938-17). Señala que la requirente ha tenido un juicio
racional y justo en primera instancia y ha ejercido el recurso de apelación,
verificándose así el derecho al recurso. La exclusión de la orden de no innovar
responde a la naturaleza expedita del procedimiento de arrendamiento de predios
urbanos, cuyo propósito es evitar dilaciones en la restitución del inmueble y proteger
el derecho de propiedad del arrendador (artículo 19 N° 24 CPR). Cita el considerando
decimocuarto de la sentencia Rol 3938-17-INA, que señala que la ejecución de la
resolución de primera instancia es condicional y provisional, pudiendo las partes
retrotraerse al estado anterior si la apelación prospera.

Agrega que la orden de no innovar rompería la lógica del procedimiento
especial consagrado por el legislador, pues dilataría el cumplimiento de una
resolución judicial en un ámbito donde se privilegia la celeridad. La decisión del
legislador de excluir dicha facultad constituye una legítima opción de política procesal
dentro de su margen de configuración, sin que ello importe indefensión para el
arrendatario.

En cuanto al argumento de la requirente sobre la supuesta falta de
consideración del legislador respecto de arrendamientos con fines comerciales, la
requerida sostiene que dicha distinción resulta antojadiza, aplicando el principio ubi
lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Señala que el tenor literal del artículo 8°,
numeral 9° de la Ley N° 18.101 es claro y no admite excepciones, por lo que no procede
distinguir según el destino del inmueble.

Finalmente, sostiene que la norma impugnada no es decisoria para la gestión
pendiente, ya que la concesión de una orden de no innovar es siempre eventual y
dependerá de la evaluación que realice la Corte de Apelaciones.




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QUINIENTOS DIECIOCHO




A fojas 493, por decreto de fecha 26 de noviembre de 2025, se trajeron los autos
en relación.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 8 de abril de 2026 se verificó la vista de la causa,
oyéndose la relación pública y alegatos por la requerida Inversiones RHO Limitada
del abogado Antonio Olivares Contreras. Se adoptó acuerdo con igual fecha, conforme
certificación del relator.



Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que don Michael Muñoz Villalobos, en representación de don José
Encarnación Montero, deduce requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo
8° numeral 9, inciso segundo parte final, de la Ley 18.101, en cuanto, en suma, dispone
que en las apelaciones de que se conozca en el procedimiento allí regulado, no podrá
concederse orden de no innovar. La requirente deduce esta acción para que se excluya
la aplicación de esa parte del precepto en el juicio de arrendamiento en tramitación en
segunda instancia ante la Corte de Apelaciones de La Serena bajo su rol 1155-2025.
Estima que la norma, en el caso concreto, vulnera lo dispuesto por el artículo 19 N°3
inciso quinto de la Constitución Política, además del artículo 5°, con relación al 8.1 de
la Convención Americana de Derechos Humanos y al artículo 14.1 del Pacto
Internacional del Derechos Civiles y Políticos. Finalmente, sostiene que se vulnera
también el artículo 19 N°26 de nuestra Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que para resolver este requerimiento ha de tenerse en cuenta la
naturaleza especial del juicio sobre arrendamiento de bienes raíces urbanos, los efectos
de la apelación de la sentencia definitiva que se dicta en ese tipo de juicios, la calidad
y función de la orden de no innovar, como institución procesal en general, el estado
actual de la causa de fondo y el alcance de la presente acción. Para todo ello cabe
remitirse, ante todo a la jurisprudencia de esta Magistratura, que ya ha tenido ocasión
de pronunciarse respecto de todos estos extremos, y luego analizar si media alguna
razón como para apartarnos, en este caso, de la doctrina asentada del Tribunal, al
respecto y si, en este preciso caso, se infringiría alguna de las normas constitucionales
invocadas con la aplicación del precepto objeto del requerimiento.

TERCERO: Que ya en la causa 1.907 del año 2011 se dijo en la sentencia que la
norma impugnada (misma contra la cual ahora también se reclama) “se enmarca dentro
de un procedimiento especial, con características que lo distinguen…como su tramitación
concentrada y breve, su oralidad y el régimen de apelación a que queda sometido”
(considerando trigésimo segundo, párrafo final). Otro tanto se dijo en el fallo del rol
3.938-2017, en su considerando sexto. Convengamos, pues, en que estamos dentro del
marco de un proceso especial, que, como tal, obviamente ha de diferenciarse del



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QUINIENTOS DIECINUEVE




ordinario civil, y en que este juicio especial es breve y concentrado. Pero además
hemos de reparar en que el sistema procesal especial en sí no ha sido aquí impugnado,
de modo que el reproche se dirige contra una disposición que no es sino corolario de
un diseño procesal centrado en la brevedad, concentración y oralidad, de suerte tal
que ya a priori, y sin perjuicio del análisis más profundo, ello da un sustento de
racionalidad al precepto que impide dictar orden de no innovar en las apelaciones.

CUARTO: Que, enseguida, advirtamos que esa misma jurisprudencia, en las
dos sentencias citadas, la segunda de ellas consignando votación unánime, hace
hincapié en que la orden de no innovar no es una institución que exista en nuestro
sistema procesal civil desde siempre, sino que fue introducida solo en el año 1988 por
la Ley 18.705 al añadir dos incisos al artículo 192 del Código de Procedimiento Civil.
Si esto de por sí demuestra que no estamos ante una institución que resulte
indispensable para garantizar el debido proceso, mucho más claro queda el punto si
atendemos a la naturaleza del recurso de apelación dentro del que, en la normativa
general, la orden de no innovar tiene aplicación, según lo dispone el citado artículo
192 del Código adjetivo.

QUINTO: Que el artículo 191 del Código citado contempla los dos efectos de
la apelación; esto es, el suspensivo y el devolutivo, siendo lo característico del segundo
la competencia que entrega al tribunal revisor y, del primero, la suspensión de la
competencia del juez de base para seguir conociendo de la causa de que se trate,
mientras pende el recurso. Por lo tanto, si la apelación se concede en el solo efecto
devolutivo, como ocurre precisamente en los juicios de arrendamiento de predios
urbanos, por expresa disposición del artículo 8° N° 9 inciso segundo, pero en la parte
no requerida ante este Tribunal, la consecuencia natural es que el juez de base, o de
primer grado, deba seguir conociendo el proceso, con plena competencia para ello,
incluso en la etapa de ejecución, como lo señala el artículo 192 inciso primero del
Código de Procedimiento Civil.

SEXTO: Que, entonces, la orden de no innovar es una institución altamente
excepcional, porque revierte el efecto natural de la apelación concedida solo en lo
devolutivo. Por eso es que no existió respecto de este tipo de apelaciones en causas
civiles antes de 1988, y por eso es que, a todo evento, se le incluye por medio de la Ley
18.705 pero solo como una facultad para el juzgador de segundo grado, nunca como
un efecto automático ni obligatorio, o simplemente la apelación en el solo efecto
devolutivo desaparecería del sistema. Tan excepcional es la orden de no innovar, que
requiere, además, resolución fundada.

SÉPTIMO: Que esa sola descripción de la historia, los efectos y los requisitos
de la orden de no innovar demuestra que su supresión legislativa para determinados
procedimientos no puede estimarse inconstitucional, ni producir efectos de ese orden,
pues lo que se hace con ello es, simplemente, volver a la situación normal de una
apelación que solo produce el efecto devolutivo, pero no el suspensivo. Se trata, en



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QUINIENTOS VEINTE




suma, de un diseño entregado por entero a las facultades del legislador, no solo
porque la orden de no innovar no posee rango constitucional, sino porque constituye
una excepción en sí misma anómala frente al efecto meramente devolutivo de la
apelación, y, dado ese carácter excepcional, su supresión no puede alterar ni influir en
ninguno de los elementos del debido proceso.

OCTAVO: Que la justificación para que en estos precisos juicios de
arrendamiento de bienes raíces urbanos, y no en otros, se suprimiera la posibilidad de
dictar orden de no innovar está referida ya en nuestros considerandos segundo y
tercero y en las sentencias anteriores que hemos citado. Se trata, en efecto, de juicios
especiales y eso ya nos da un indicio: lo especial lo es con relación a lo general
justamente por diferencias que lo distingan. Si el legislador no pudiera, por razones
de política social, de resguardo especial de ciertos derechos, o por cualquier otra
finalidad lícita, modificar las reglas generales, tal como ocurre en la especie con la
posibilidad de dictar orden de no innovar, no existirían juicios especiales, sino solo el
ordinario. En el caso de los juicios de arrendamiento de bienes raíces urbanos la
historia legislativa, ampliamente desarrollada en la sentencia del rol 1.907 de nuestro
Tribunal, demuestra que la protección legislativa ha variado desde acentuarla en favor
del arrendatario, por razones sociales conforme a la realidad del país y a la necesidad,
escasez y carestía de la vivienda en su momento, a preferir favorecer el derecho de
propiedad y las facultades del arrendador, al aumentar el porcentaje de propietarios
y de personas de diversa condición social que subsisten de las rentas que el
arrendamiento les proporciona. Las razones, entonces, han sido de política social y de
protección de derechos constitucionalmente garantizados, de suerte tal que no puede
predicarse una falta de racionalidad y de razonabilidad en el diseño procesal de los
juicios de arrendamiento que nos ocupan, sin perjuicio de resaltar un punto esencial:
no es el procedimiento especial lo que viene impugnado, ni tampoco el efecto
atribuido a la apelación en su marco, sino solo la supresión de la orden de no innovar.

NOVENO: Que, establecido que el legislador pudo, por razones que no
afectan la constitucionalidad de su decisión, modificar las reglas del juicio ordinario y
también las del juicio sumario general, en el caso de los arrendamientos de predios
urbanos, tenemos que esas razones le llevaron, como se dijo antes, a diseñar un
procedimiento breve, concentrado y esencialmente verbal, que además en segunda
instancia goza de preferencia para su vista y fallo, de manera tal que la inexistencia de
la orden de no innovar guarda plena concordancia con esos principios y con esa
tramitación. El resguardo para el arrendatario perdidoso y apelante está en esa
preferencia que acelera el despacho de su recurso. Entretanto la sentencia puede
cumplirse, pero ese cumplimiento y todo lo que en su curso se resuelva y ejecute
queda sujeto, como es evidente, a lo que en la segunda instancia se decida, de modo
que tampoco es cierto que la ausencia de orden de no innovar genere una
desprotección a los derechos constitucionales del arrendatario vencido. Si el
cumplimento de la sentencia apelada generara un problema de debido proceso ello




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QUINIENTOS VEINTIUNO




sería resultado no de la ausencia de orden de no innovar, sino de la circunstancia de
que la apelación carezca de efecto suspensivo, punto que el requirente no atacó.

DÉCIMO: Que precisamente porque, habiéndose dictado sentencia de primer
grado en el juicio de arrendamiento y habiéndose concedido apelación respecto del
fallo, la etapa del proceso era la de ejecución y el requirente no atacó la norma en
cuanto establece el efecto únicamente devolutivo de la apelación, este Tribunal, por
sentencia de la Primera Sala dictada en el rol 14.528, declaró inadmisible un
requerimiento que en lo esencial era idéntico al que ahora nos ocupa, lo cual reafirma
que, concedida la apelación en el solo efecto devolutivo, el que por su misma
naturaleza permite al tribunal inferior seguir conociendo de la causa y de su ejecución,
no puede tener siquiera influencia decisiva en la gestión pendiente la ausencia de una
mera facultad que en el proceso civil general se otorga a la Corte de Apelaciones, como
lo es la de conceder orden de no innovar.

UNDÉCIMO: Que si ahora analizamos el caso particular que se nos presenta
como gestión pendiente en esta causa, observamos que no hay en él ninguna
particularidad que permita apartarse de los razonamientos anteriores y de las
consideraciones generales ya desarrolladas. Por cierto, no constituyen tales
particularidades las alegaciones de fondo que el demandado formuló en el juicio, y
sobre las que abunda en su requerimiento al explicar los fundamentos de su apelación,
porque nada de eso puede ser analizado ni resuelto por nuestra sede. En lo que se
refiere estrictamente al desarrollo del problema de constitucionalidad que el
requirente levanta, tampoco hay nada novedoso respecto de lo analizado hasta ahora,
pero cabe concretar ese estudio refiriéndonos a cada una de las disposiciones
constitucionales que el libelo supone infringidas.

DUODÉCIMO: Que el requirente invoca el artículo 19 N°3 inciso quinto de la
Constitución, en cuanto al derecho a ser juzgado en forma oportuna, pero la ausencia
de una orden de no innovar en nada afecta a esa oportunidad, mucho menos cuando
ya media sentencia definitiva de primera instancia y cuando todo lo que se resuelva
en ejecución queda condicionado a lo que resuelva la Corte de Apelaciones en un
recurso que goza de preferencia. En verdad, el requerimiento tampoco desarrolla esta
idea de falta de juzgamiento oportuno.

DECIMOTERCERO: Que además se invoca, pero no se desarrolla, una
supuesta vulneración del artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos
Humanos y del artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
reconducidos al artículo 5° inciso segundo de nuestra Constitución, pero esas normas
internacionales se refieren básicamente al derecho a ser oído, cuestión que en nada se
menoscaba porque en el marco de una apelación concedida en el solo efecto
devolutivo no exista una institución que hace excepción a ese efecto, como lo es la
orden de no innovar. En lo demás, esos preceptos internacionales nos remiten a las




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QUINIENTOS VEINTIDOS




reglas del debido proceso, que ya vimos que ni en abstracto ni en el caso concreto se
ven vulneradas por la aplicación de la norma impugnada.

DECIMOCUARTO: Que, por fin, se invoca también el artículo 19 N°26 de la
Carta Fundamental, pero, como es obvio, si no hay ningún derecho
constitucionalmente garantizado que se afecte siquiera tangencialmente en este caso,
mucho menos puede sostenerse que alguno se vulnere en su esencia, de suerte tal que
no queda sino desechar el requerimiento en análisis.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93 incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A LO
PRINCIPAL DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. QUE SE ALZA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE
POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA
LITIGAR.



Los Ministros RAÚL MERA MUÑOZ, HÉCTOR MERY ROMERO y MARIO GÓMEZ
MONTOYA estuvieron por condenar en costas al requirente por estimar que su libelo
carece de fundamentos, constituyéndose en una acción meramente dilatoria respecto
de la gestión judicial pendiente.



Redactó la sentencia el Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 16.981-25-INA




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QUINIENTOS VEINTITRES


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 08/05/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida María Pía Silva Gallinato
Fecha: 07/05/2026 Fecha: 07/05/2026



Miguel Angel Fernández González Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 07/05/2026 Fecha: 07/05/2026



Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 07/05/2026



Alejandra Precht Rorris Mario René Gómez Montoya
Fecha: 07/05/2026 Fecha: 07/05/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señor Héctor Mery
Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas, señora Alejandra Precht Rorris y
señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 08/05/2026




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