TC Rol 16982

Texto completo

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SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO




2026

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.982-2025

[27 de mayo de 2026]
____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 22, INCISO
SEXTO, DE LA LEY N° 17.322, EN LA FRASE “DICHO INTERÉS SE
CAPITALIZARÁ MENSUALMENTE”; Y DEL ARTÍCULO 11, INCISO
CUARTO, DE LA LEY N° 19.728, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA LEY
N° 21.735, EN LA FRASE “EL INTERÉS QUE SE DETERMINE EN
CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS INCISOS ANTERIORES
SE CAPITALIZARÁ MENSUALMENTE”



HOTELERA MONSERRAT S.A.
EN EL PROCESO RIT N° A-1184-2008, RUC N° 08-3-0021812-2, SEGUIDO
ANTE EL JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO,
EN CONOCIMIENTO DE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO, POR
RECURSO DE APELACIÓN, BAJO EL ROL N° 3436-2025 (LABORAL COBRANZA)



VISTOS:

Que, con fecha 2 de octubre de 2025, Hotelera Monserrat S.A. ha
presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto de los artículos 22, incisos cuarto, quinto y sexto, de la Ley N° 17.322,
que establece normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y
multas de las instituciones de seguridad social; y artículo 11, incisos segundo,
tercero y cuarto (en su redacción anterior a la Ley N° 21.735), de la Ley N°
19.728, que establece un seguro de desempleo, en el proceso RIT N° A-1184-2008,
RUC N° 08-3-0021812-2, seguido ante el Juzgado de Cobranza Laboral y
Previsional de Santiago, en conocimiento de la Corte de Apelaciones de



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SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS




Santiago, por recurso de apelación, bajo el rol N° 3436-2025 (Laboral Cobranza)
.

Tramitación

El requerimiento fue acogido a tramitación por resolución de la Primera
Sala de esta Magistratura, de fecha 29 de octubre de 2025, a fojas 303, y se
ordenó la suspensión del procedimiento.

Luego, el 21 de noviembre de 2025, a fojas 648, la misma Sala lo declaró
parcialmente admisible respecto de los artículos 22, inciso sexto, de la Ley N°
17.322, en la frase “Dicho interés se capitalizará mensualmente”; y 11, inciso
cuarto, de la Ley N° 19.728, en la frase “El interés que se determine en
conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores se capitalizará
mensualmente”, e inadmisible en lo demás.



Preceptos legales cuya aplicación se impugna

Ley N°17.322

“Artículo 22°

[…]
En todo caso, para determinar el interés penal se aplicará la tasa vigente
al día primero del mes inmediatamente anterior a aquel en que se
devengue. Dicho interés se capitalizará mensualmente.”



Ley N°19.728

“Artículo 11°.

[…]

En todo caso, para determinar el interés a que se refiere el inciso
anteprecedente, se aplicará la tasa vigente al día primero del mes
anterior a aquél en que se devengue. El interés que se determine en
conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores se capitalizará
mensualmente. La Superintendencia publicará mensualmente los
reajustes e intereses que corresponda aplicar de acuerdo a este artículo.

[…].”



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional
sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

La actora refiere que ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional
de Santiago se sigue causa RIT A-1184-2008, en la cual es demandada de



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SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE




cobranza de imposiciones previsionales por seguro de cesantía por parte de
Administradora de Fondos de Cesantía Chile III S.A.

Expone que el juicio se inició el 1 de abril de 2008, y que se despachó
mandamiento de ejecución y embargo el 2 de abril de 2008 por la suma de
$325.244.

Luego, señala que la demanda ejecutiva se notificó el 11 de septiembre de
2012, y que se le requirió de pago el 12 de septiembre de 2012.

Indica que luego de la tramitación de excepciones se recibió la causa a
prueba en diciembre de 2012, y que el 11 de marzo de 2024 se citó a las partes a
oír sentencia.

Así, el 19 de marzo se dictó el fallo, el cual fue apelado por la requirente, y
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Posteriormente, explica que el 25 de agosto de 2025 se liquidó el crédito
en la suma de $46.524.131, lo que importa un aumento de más de 10.000% de la
suma inicial.

En el expediente constitucional consta, a fojas 487, que la parte
requirente objetó la liquidación practicada.

Luego, que con fecha 9 de septiembre de 2025, a fojas 539, el tribunal
resolvió no dar lugar a la objeción planteada.

Posteriormente, a fojas 576, rola recurso de reposición con apelación en
subsidio presentados en contra de la señalada resolución.

Con fecha 16 de septiembre de 2025, a fojas 575, el tribunal rechazó la
reposición y concedió el recurso de apelación deducido en forma subsidiaria,
para ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

A fojas 318 rola certificado en que consta que con fecha 23 de septiembre
de 2025 ingresó a la Corte de Apelaciones de Santiago la causa Rol 3436-2025
(Laboral Cobranza).

Luego, con fecha 1 de octubre de 2025, a fojas 320, rola resolución de la
Sala de Cuenta de la Corte, la cual resolvió declarar inadmisible el recurso de
apelación, de conformidad con el artículo 8° de la Ley N°17.322.

Seguidamente, a fojas 327 consta recurso de reposición deducido por la
requirente en contra de la resolución de 1 de octubre de 2025.

A fojas 358 rola resolución de 30 de octubre de 2025, dictada por la Sala
de Cuenta del tribunal de alzada, la cual tiene por recibida copia de la resolución
del Tribunal Constitucional de 29 de octubre de 2025, y ordena la suspensión del
procedimiento.




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SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO




Como conflicto constitucional, la actora plantea que los preceptos
legales impugnados vulneran la garantía del derecho de propiedad en su
esencia, y con ello lo dispuesto en el artículo 19 N° 24 y 26 de la Carta
Fundamental.

En particular, en el libelo se desarrollan argumentos en torno a la
aplicación conjunta de los intereses y la figura del anatocismo, los que
consagran una usura establecida por ley.

Expone que el delito de usura se encuentra proscrito en la Convención
Americana de Derechos Humanos en el artículo 21.3, el que se integra a nuestro
ordenamiento jurídico a través del artículo 5, inciso segundo constitucional.

Alega la requirente que en este caso concreto se la está empobreciendo
en términos absolutos pues debe desprenderse de todo o parte importante de su
patrimonio para pagar esta obligación, que aunque legal, resulta expropiatoria.

Finaliza la requirente expresando que estas normas pueden ser
razonables como sanción para el pago de las imposiciones por breves lapsos de
tiempo, pero que se transforma en desmedida e irracional en el caso concreto de
autos, en atención a que la demora en el cobro se ha debido única y
exclusivamente al retraso de las instituciones de previsión, que han dilatado el
cobro.

En sede de admisibilidad se hizo parte Administradora de Fondos de
Cesantía Chile III S.A. y solicitó el rechazo del requerimiento.

En cuanto a la gestión pendiente señala la requerida que en el caso de
una sentencia estimatoria de inaplicabilidad en el presente caso, ello no tendría
aplicación práctica en la gestión pendiente toda vez que el Juzgado de Cobranza
Laboral y Previsional de Santiago realizó todas las gestiones pertinentes, las
cuales se encuentran firmes y ejecutoriadas.

Así, indica que la ejecutada opuso excepciones con fecha 21 de
septiembre de 2012, las cuales fueron rechazadas por el tribunal con fecha 19 de
marzo de 2024, quedando la sentencia firme y ejecutoriada.

Agrega que el 26 de abril de 2025 se liquidó la deuda y se actualizó por un
monto total de $46.524.131, monto que fue objetado y que fue rechazada dicha
objeción por el tribunal, quedando también firme y ejecutoriada, sin tener a la
fecha gestiones pendientes.

En cuanto al fondo del asunto, la requerida plantea que el requerimiento
debe rechazarse ya que en caso de acogerse se producirían efectos perjudiciales
aún mayores a derechos constitucionales.




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SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE




Señala que de permitirse que se aplique un interés y recargos menores a
los que señala la ley en las normas impugnadas, se estaría afectando de forma
notable el futuro de las prestaciones de seguridad social del afiliado.

Afirma además que los preceptos legales impugnados no contravienen
las garantías constitucionales invocadas por el requirente.

Expresa en este sentido que la principal finalidad de la normativa
cuestionada es obtener el pago íntegro y oportuno de las cotizaciones e
incentivar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los empleadores, lo
que se enmarca claramente dentro de una política legislativa que tiene una
justificación en el bien común.

Finalmente indica que respecto a la afectación al derecho de propiedad,
en este caso el único afectado es el afiliado con el no pago oportuno de las
cotizaciones previsionales, quien a futuro verá disminuida su pensión de
jubilación.



En la oportunidad procesal correspondiente, conferidos los
traslados de fondo a todas las partes de la gestión pendiente y a los órganos
constitucionales interesados, no hubo presentaciones.



Con fecha 26 de diciembre de 2025, a fojas 661, fueron traídos los autos en
relación.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 23 de abril de 2026 se verificó la vista de la causa,
oyéndose la relación pública y los alegatos de los abogados Mauricio Duque
González, por la parte requirente y Johanna Hinrichsen Parra, por la parte
requerida, y se adoptó acuerdo, según certificación de la relatora.



Y CONSIDERANDO:



I. PRIMER CAPÍTULO
En cuanto a la impugnación al artículo 22, inciso sexto, de la Ley N°
17.322 en la frase “Dicho interés se capitalizará mensualmente”.




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SEISCIENTOS OCHENTA




PRIMERO: Que, contra la parte requirente se persigue el cobro ejecutivo
de imposiciones previsionales por seguro de cesantía, adeudadas a la
Administradora de Fondos de Cesantía Chile III S.A.

SEGUNDO: Que, ante esta Magistratura, y solo en aquello que fue
declarado admisible por este Tribunal, la parte requirente solicita la
declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 22, inciso
sexto, de la Ley N°17.322, que establece normas para la cobranza judicial de
cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social, en la frase
“Dicho interés se capitalizará mensualmente”; y del artículo 11, inciso cuarto, de
la Ley N°19.728, que establece un seguro de desempleo, en la frase “El interés que
se determine en conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores se
capitalizará mensualmente”.

Sostiene que las disposiciones impugnadas vulneran el artículo 19 de la
Constitución, en sus numerales 24 y 26, toda vez que mediante el anatocismo se
establece un mecanismo que afecta de forma desproporcionada el derecho de
propiedad de la ejecutada.

TERCERO: Que, el artículo 22, inciso sexto, de la Ley N°17.322 dispone
que “En todo caso, para determinar el interés penal se aplicará la tasa vigente al
día primero del mes inmediatamente anterior a aquel en que se devengue. Dicho
interés se capitalizará mensualmente”. Conforme establece el artículo 1 de esta
ley, el ámbito de aplicación de sus disposiciones se limita a la cobranza de las
cotizaciones de seguridad social adeudadas por los empleadores a las
instituciones de ese carácter, sea que el cobro judicial lo inicien éstas o el propio
trabajador.

Sin embargo, como señala la parte requirente y consta en el expediente
de la gestión pendiente, estamos ante una deuda generada por el no pago de
cotizaciones a fondos de cesantía. El régimen de este seguro, su financiamiento
y las consecuencias del no pago oportuno se encuentran establecidas en la Ley
N°19.728, que establece un seguro de desempleo, motivo por el cual no resulta
aplicable el artículo objetado. En estos mismos términos ha razonado el
Tribunal Constitucional en las sentencias Roles N°16.743-2025, 16.743-2025,
16.744-2025, 16.747-2025.

CUARTO: Que, la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
exige, como presupuesto esencial, que el precepto legal impugnado pueda
recibir aplicación en la gestión pendiente y, además, que dicha aplicación
resulte decisiva en la resolución del asunto, según lo disponen los incisos
primero, N° 6, y décimo primero del artículo 93 de la Constitución Política de la
República. Lo anterior es reiterado por los artículos 81 y 84 N°5 de la Ley
N°17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.




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SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO




No cumpliéndose este requisito, la acción de inaplicabilidad intentada
contra el artículo 22, inciso sexto, de la Ley N°17.322 será rechazada.



II. SEGUNDO CAPÍTULO
En cuanto a la impugnación al artículo 11, inciso cuarto, de la Ley N°
19.728, en la frase “El interés que se determine en conformidad a lo
dispuesto en los incisos anteriores se capitalizará mensualmente”.


QUINTO: Que, luego de verificarse la vista de la causa, se procedió a
votar el acuerdo respectivo respecto obteniéndose el resultado que a
continuación se enuncia:

La Presidenta del Tribunal, Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ, las
Ministras señoras MARÍA PÍA SILVA GALLINATO Y CATALINA LAGOS TSCHORNE y el
Ministro señor MARIO GÓMEZ MONTOYA votaron por rechazar la acción
deducida.

Por su parte, los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ,
RAÚL MERA MUÑOZ y HÉCTOR MERY ROMERO, la Ministra señora MARCELA PEREDO
ROJAS estuvieron por acoger el requerimiento en esta parte.

SEXTO: Que, en esas condiciones, se ha producido empate de votos, con
lo cual, atendido el quorum exigido por el artículo 93, inciso primero, N° 6, de la
Carta Fundamental para acoger un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, y teniendo en cuenta, de la misma forma, que por
mandato del literal g) del artículo 8° de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, el voto del Presidente de esta
Magistratura no dirime un empate, como el ocurrido en el caso sublite, y, no
habiéndose alcanzado la mayoría para acoger el presente requerimiento de
inaplicabilidad en este capítulo, éste deberá ser necesariamente desestimado.



VOTO POR RECHAZAR

La Presidenta del Tribunal, Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ,
las Ministras señoras MARÍA PÍA SILVA GALLINATO Y CATALINA LAGOS TSCHORNE
y el Ministro señor MARIO GÓMEZ MONTOYA votaron por rechazar la acción
deducida.

1°. Que, también se impugna el artículo 11, inciso cuarto, de la Ley
N°19.728, que señala que “En todo caso, para determinar el interés a que se
refiere el inciso antecedente, se aplicará la tasa vigente al día primero del mes
anterior a aquél en que se devengue. El interés que se determine en conformidad a
lo dispuesto en los incisos anteriores se capitalizará mensualmente. La




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SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS




Superintendencia publicará mensualmente los reajustes e intereses que
corresponda aplicar de acuerdo a este artículo.”.

2°. Que, la parte requirente acusa que la aplicación del precepto legal, en
la parte examinada, vulnera su derecho de propiedad. Sin embargo, la objeción
a la liquidación intentada fue rechazada, siendo repuesta y apelada en subsidio
esta decisión. Rechazada la reposición y concedida la apelación subsidiaria,
ésta fue declarada inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago en
virtud del artículo 8° de la Ley N°17.322, según consta a fojas 320 del expediente
constitucional.

En consecuencia, en atención al estado actual de la gestión pendiente, no
existe discusión sobre el monto de lo adeudado por aplicación del artículo 11, y
el artículo 8 de la Ley N°17.322, que impidió renovar la discusión ante la Corte
de Apelaciones, no fue objeto de la acción de inaplicabilidad.

3°. Que, la acción de inaplicabilidad requiere que la aplicación del
precepto legal sea determinante para la decisión que adopte el juez de fondo, de
modo que de prescindirse de ella el resultado del juicio pueda variar
sustancialmente, sin que baste que la norma cuestionada guarde una
vinculación abstracta o eventual con la materia debatida. Además, este examen
debe efectuarse en atención al estado actual de la gestión pendiente y no con
base en conjeturas o supuestos de lo que el requirente podría objetar después
en el proceso. Sostener lo contrario implica contrariar la naturaleza concreta
de la acción, que busca evitar la aplicación de un precepto legal en determinada
gestión judicial.

4°. Que, de acuerdo al Mensaje presidencial que dio inicio a la
tramitación de la Ley N°19.728, la creación de este seguro perseguía otorgar
mayor protección social al trabajador durante la cesantía y apoyar sus
esfuerzos de búsqueda de nuevo empleo y reinserción productiva. Asimismo,
buscaba establecer un sistema que permitiera al trabajador tener mayor
certeza de los beneficios, pero también entregar ciertas ventajas al empleador:
“por una parte, se otorga al trabajador una mejor protección, por el mayor grado
de certeza de los beneficios que percibirá y, por otra, facilita al empleador su
obligación de pagar las indemnizaciones que corresponda, lo cual tiene
particular trascendencia en el ámbito de la micro, pequeña y mediana empresa.”
(Historia de la Ley N°19.728, p. 5).

5°. Que, además, el Mensaje señala expresamente que el proyecto recoge
los principios centrales de un régimen de seguridad social, entre los cuales se
encuentran la universalidad, solidaridad, subsidiariedad, la uniformidad y la
responsabilidad pública que existe en torno a este sistema.

6°. Que, como se ve, el proyecto de ley tuvo un fundamento
constitucional claro en el artículo 19 N°18, que señala, respecto del derecho a la



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SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES




seguridad social, que “La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso
de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se
otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer
cotizaciones obligatorias”. La cotización “ha sido definida por algunos autores
como “una forma de descuento coactivo, ordenada por la ley con respecto a
determinados grupos, afecta a garantizar prestaciones de seguridad social”
(Héctor Humeres M. y Héctor Humeres N., Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, Editorial Jurídica de Chile, año 1988, p.426)” (STC Rol N°7548-2019, c. 34°.
También en STC Rol N°519-2006, c. 14°; N°7897-2019, c. 5° y N°12.309-2021,
c.16°). Al respecto, el Tribunal Constitucional ha afirmado que “los derechos
públicos subjetivos de la seguridad social importan verdaderas facultades de los
administrados frente a la administración, quienes por su naturaleza de personas
son acreedoras al otorgamiento de las prestaciones necesarias para cumplir y
satisfacer sus necesidades y lograr su bienestar” (STC Rol N°3249-2016, c. 10°),
por lo que “la obligación de cotizar es exigida por la sociedad, representada para
este efecto en el órgano gestor” (STC Rol N°2536-2013, c. 10°). Por lo anterior, “su
régimen diferenciado está establecido en atención a resguardar el interés público
comprometido en el derecho constitucional a la seguridad social y a la
mantención del orden público económico” (STC Rol N°2536-2013, c. 11°).

7°. Que, mediante este seguro también se daría cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 1 de nuestra Constitución, porque se trata de un
derecho de claro contenido patrimonial que se impone en aras a la consecución
de determinados fines sociales, habida consideración de que el Estado debe
contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de
los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y
material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías constitucionales.

Asimismo, el sistema se sustenta en la protección constitucional al
trabajador (artículo 19 N°16 CPR), buscando resguardarlos cuando pierdan su
empleo.

De esta forma, detrás de este seguro de desempleo existe un evidente
interés público comprometido, que se funda en diversas disposiciones
constitucionales y que reviste importancia no solo para el trabajador, sino que
para la sociedad en su conjunto.

8°. Que, este interés público se proyecta en la regulación de los distintos
aspectos de este seguro, incluyendo las consecuencias del no pago oportuno del
mismo.

9°. Que, el artículo 11, inciso cuarto, dispone un sistema agravado de
pago de las cotizaciones que no se hubieren pagado oportunamente por el
empleador o la entidad pagadora de subsidios, consistente en que estas, en caso
de retardo, se enterarán considerando no solo el monto de lo adeudado más




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SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO




reajustes e intereses, sino que además estos últimos se capitalizarán
mensualmente. De esta manera, hace aplicable la institución del anatocismo.

10°. Que, esta no es la única expresión de anatocismo que existe en
nuestro ordenamiento. El ejemplo más característico es el del artículo 9, inciso
primero, de la Ley N°18.010, que establece normas para las operaciones de
crédito y otras obligaciones de dinero que indica, que expresamente dispone que
podrá estipularse el pago de intereses sobre intereses en las operaciones de
dinero, esto es, aquéllas por las cuales una de las partes entrega o se obliga a
entregar una cantidad de dinero y la otra a pagarla en un momento distinto de
aquel en que se celebra la convención. El límite establecido por el legislador es
que en ningún caso la capitalización puede hacerse por períodos inferiores a
treinta días.

También encontramos al inciso décimo tercero del artículo 19 del D.L
N°3.500–incorporado por la Ley N°19.260, de 1993– y el inciso sexto de la Ley
N°17.322, cuya constitucionalidad ha sido confirmada por esta Magistratura en
numerosas oportunidades (STC roles N°15.439-2024; 15.657-2024; 15.439-2024;
15.736-2024; 15.737-2024; 15.746-2024; 15.747-2024, entre otros).

Así, el inciso cuarto del artículo 11 de la Ley N°19.728 aparece como
coherente con nuestro ordenamiento jurídico, contemplando una figura que ya
existía y respetando el mismo límite (la capitalización es mensual y no por
períodos inferiores). Pero, además, establece la procedencia de esta institución
con una clara justificación: garantizar el respeto a la seguridad social y la
protección del trabajador ante la pérdida del empleo, consagrando un
mecanismo que da facilidades de pago al empleador. Así, nos encontramos
frente a un fin que, a todas luces, es legítimo.

11°. Que, como ya se indicó, la línea argumental seguida por el requirente
apunta a sostener que estamos frente a una sanción desproporcionada para el
empleador, que ocasiona que el ex trabajador obtenga el pago de una serie de
accesorios a este crédito inicial, afectando su patrimonio.

Sin embargo, no es preciso sostener que estemos ante a una sanción. El
artículo 2 de la ley N°18.010 define “interés” como “toda suma que recibe o tiene
derecho a recibir el acreedor por sobre el capital reajustado”. En el presente caso,
el interés sobre interés procede por la mora causada, que es “la dilación o
tardanza en cumplir con una obligación, por lo común la de pagar cantidad
liquida y vencida” (Diccionario de la Real Academia Española). En consecuencia,
“Si tal interés se aplica mientras esté en mora, no constituye entonces una sanción
impuesta por la ley a un infractor, por cuanto, como ya se dijo, depende de él
mismo poner término a su aplicación (…) La circunstancia de que tal deuda siga
devengando intereses y haya aumentado por el transcurso del tiempo es




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consecuencia únicamente del hecho de que el requirente no la ha pagado en su
totalidad” (STC Rol N°7897-2019, cc. 12° y 13).

En adición a ello, ha sido señalado por la doctrina y recogido por este
Tribunal, que un escenario como el descrito por el requirente no implica una
forma de enriquecimiento injusto, toda vez que no basta un enriquecimiento de
una parte y empobrecimiento de la otra para que esta situación se configure,
sino que además no debe mediar una causa que justifique esta ganancia, lo que
exige ausencia de culpa del pretendido empobrecido, ya que “si la situación se
produjo con pleno conocimiento del empobrecido del riesgo que implicaba su
situación, hay que entender que lo asumía y por tanto no puede más tarde
pretender restitución” (Daniel Peñailillo, Obligaciones, Editorial Jurídica de
Chile, 2003, p.113. Referenciado en la STC Rol N°7897-2019, c. 19°). Además, tal
argumento invita a, con base en una institución civil reconocida a nivel legal,
fundar una inconstitucionalidad.

12°. Que, en la capitalización mensual del interés, tampoco “existe
desproporción porque tiene límites temporales iniciales y finales. Y ellos dependen
de la voluntad unilateral del deudor, en cuestiones que son de orden público
laboral que le vienen impuestas al empleador” (STC Rol N°3722, c. 29°).

13°. Que, estando ante la consecuencia previsible del incumplimiento de
una obligación legal de orden público, que persigue un fin constitucionalmente
legítimo, y considerando que la magnitud de la deuda no deriva de una
inconstitucionalidad de la norma, sino que del prolongado tiempo en el cual el
requirente ha perseverado en su incumplimiento, es claro que el problema no
se origina en una afectación de la aplicación del precepto legal al derecho
constitucional de propiedad. Muy por el contrario, es la integridad del sistema
de seguridad social la que se ve afectada, al devengarse las prestaciones
económicas que este contempla.

14°. Que, en mérito de todo lo anterior, el requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad no puede ser acogido, puesto que no se
configuran las infracciones alegadas.



VOTO POR ACOGER

Los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, RAÚL MERA
MUÑOZ y HÉCTOR MERY ROMERO, la Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS
estuvieron por acoger el requerimiento en esta parte.

1°. Que, consta de la resolución de admisibilidad, a fs. 648, que ha
quedado impugnado el artículo 11 inciso cuarto de la Ley N° 19.728, en la frase
“El interés que se determine en conformidad a lo dispuesto en los incisos
anteriores se capitalizará mensualmente”, esto es, el denominado anatocismo;




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SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS




I. ANTECEDENTES

2°. Que, “[l]a palabra anatocismo es un cultismo que ha llegado hasta
nuestros días y cuyo contenido fácilmente se intuye aunque posteriormente
resulte más difícil precisarlo. Esta expresión, curiosamente, está ausente de todas
nuestras fuentes jurídicas y, lo más sorprendente aun, también de nuestros
históricos antecedentes jurídicos. (…) sin embargo, sí consta en las fuentes
literarias, concretamente en unas epistulae de Cicerón a Ático (…).

(…) El anatocismo ha sido por mucho tiempo una institución «maldita» en
el sentido de ser necesaria su persecución hasta intentar conseguir su
desaparición” (Alfonso Murillo Villar: “Anatocismo: Historia de una
Prohibición”, Anuario de Historia del Derecho Español, N° 69, 1999, pp. 497 y
511);

3°. Que, en definitiva, “[e]ste disfavor hacia el anatocismo se mantuvo
hasta el siglo XIX y, a la prohibición canónica del cobro de intereses, hay que
añadir el principio ideológico francés tendente a propiciar la tutela del deudor: el
favor debitoris (disfavor creditoris)” (María Medina Alcoz: “Anatocismo,
Derecho Español y Draft Common Frame of Reference”, Indret, Revista para el
Análisis del Derecho, N° 4, 2011, p. 5) hasta la dictación del Código Napoleónico
en 1804 “(…) que permitió la capitalización de intereses, aunque con algunas
restricciones” (Fernando Vidal Ramírez: “La Capitalización de Intereses”,
Revista de la Facultad de Derecho, N° 26, Pontificia Universidad Católica de Perú,
1968, p. 83);

4°. Que, en Chile, el Código Civil contenía, originalmente, dos
disposiciones relativas al anatocismo. El artículo 1.559, regla 3ª -referido a la
indemnización de perjuicios por la mora en el pago de una cantidad de dinero-
que dispone “los intereses atrasados no producen intereses” y el artículo 2.210
que, a propósito del contrato de mutuo, prohibía estipular intereses de
intereses, mientras que el Código de Comercio lo regulaba con limitaciones, en
sus artículos 617 y 804, a propósito de la cuenta corriente mercantil y el mutuo
mercantil;

5°. Que, por su parte, el Decreto Ley N° 455, de 1974, que fijó normas
respecto de las operaciones de crédito en dinero, mantuvo la prohibición de
pactar intereses sobre intereses. No obstante, los intereses de un capital
proveniente de una operación regida por dicho Decreto Ley podían producir
nuevos intereses, mediante demanda judicial o un convenio especial, con tal
que la demanda o convenio versara sobre intereses debidos al menos por un
año completo;




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SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE




6°. Que, en fin, la Ley N° 18.010, de 1981, derogó el artículo 2.210 del
Código Civil y el Decreto Ley N° 455, eliminando la prohibición del anatocismo,
y dispuso, en su artículo 9° inciso primero, que puede estipularse el pago de
intereses sobre intereses, capitalizándolos, pero, en ningún caso, la
capitalización puede hacerse por períodos inferiores a treinta días;

7°. Que, con evidente base constitucional, en los numerales 18° y 24° del
artículo 19 de la Carta Fundamental, tal y como lo ha señalado reiteradamente
nuestra jurisprudencia (por ejemplo, en el Rol N° 7.442), el legislador ha
contemplado una exigente normativa, con consecuencias patrimoniales graves,
en caso que el empleador no entere, oportunamente, las cotizaciones de los
trabajadores, la que, en abstracto, resulta respetuosa de los derechos
constitucionales.

Así, desde luego, no sólo impone la obligación de pagarlas con los
debidos reajustes e intereses, ya agravados, sino que eleva estos últimos,
disponiendo que se capitalizarán mensualmente, y dota al crédito
correspondiente de privilegio para su cobro conforme a la legislación civil e,
incluso, tipifica esa conducta, cuando concurren los requisitos legalmente
establecidos para tener por cometido el delito respectivo;



II. MARCO LEGAL

8°. Que, el artículo 11 de la Ley N° 19.728 dispone, en su texto anterior a
las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.735, que las cotizaciones que
no se paguen oportunamente por el empleador o la entidad pagadora de
subsidios se reajustarán considerando el período que va entre el último día del
plazo en que debió efectuarse el pago y el día en que éste efectivamente se
realice, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor, y esta deuda reajustada
devenga un interés penal equivalente a la tasa de interés corriente para
operaciones reajustables en moneda nacional a que se refiere el artículo 6º de
la Ley N° 18.010, aumentado en un 20%. Con todo, a contar de los noventa días
de atraso, la tasa referida se aumentará en un 50%.

Precisa la norma que, si en un mes determinado el reajuste e interés
penal aumentado en la forma señalada, resulta de un monto inferior al interés
que para operaciones no reajustables determine la Comisión para el Mercado
Financiero o a la rentabilidad nominal promedio de los últimos doce meses del
Fondo de Cesantía integrado por las cuentas individuales, calculada por la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, en ambos casos
reajustados en un 20% o en un 50% ya mencionados, se aplicará la mayor de
estas dos últimas tasas, caso en el cual no corresponde la aplicación de
reajustes.



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SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO




La rentabilidad mencionada corresponderá a la del mes anteprecedente
a aquél en que se devenguen los intereses y será considerada tasa para efectos
de determinar los intereses que procedan. En este sentido, la norma aclara que
se entiende por rentabilidad nominal de los últimos doce meses del Fondo de
Cesantía integrado por las Cuentas individuales, al porcentaje de variación del
valor promedio de la cuota de un mes de tal Fondo, respecto al valor promedio
mensual de ésta en el mismo mes del año anterior. La forma de cálculo será
determinada por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Pensiones, mediante una norma de carácter general.

En todo caso, para determinar el interés penal, se aplicará la tasa vigente
al día primero del mes anterior a aquél en que se devengue y, en fin, la norma
impugnada: El interés que se determine en conformidad a lo dispuesto en los
incisos anteriores se capitalizará mensualmente.

En fin, el precepto legal también dispone que los reajustes e intereses
referidos se abonarán en la Cuenta Individual por Cesantía del afiliado o al
Fondo Solidario, según corresponda.

9°. Que, adicionalmente, el mencionado artículo 11 prescribe que a los
empleadores que no enteren las cotizaciones que hayan retenido o debido
retener a sus trabajadores, les serán aplicables las sanciones penales que
establece la ley N° 17.322 y que las sanciones que establece son sin perjuicio de
las contenidas en la Ley N° 19.361. Asimismo, la Sociedad Administradora está
obligada a despachar la nómina de empleadores morosos a la Dirección del
Trabajo y a los registros de antecedentes comerciales y financieros que tengan
por objeto proporcionar antecedentes públicos, siendo aplicables en este
último caso las disposiciones de la Ley N° 19.628.

En fin, el artículo 11 añade que la prescripción que extingue las acciones
para el cobro de estas cotizaciones, reajustes e intereses, será de cinco años y se
contará desde el término de los respectivos servicios.

Por último, dicho precepto legal concluye disponiendo que los créditos
gozarán del privilegio establecido en el N° 5° del artículo 2.472 del Código Civil y
que será aplicable, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°,
8°, 9°, 11, 12, 14 y 18 de la Ley N° 17.322, esto es, en lo sustancial, las normas que
regulan el procedimiento de cobro;

10°. Que, en consecuencia, si las cotizaciones que dispone la Ley N°
19.728 no se pagan oportunamente, la preceptiva legal dispone que se
reajustarán de acuerdo a la variación correspondiente del índice de precios al
consumidor y se aplicará un interés penal equivalente a la tasa de interés
corriente, aumentado en un 20% o en un 50%, según los días de atraso en el
pago. Pero, si este interés resulta ser inferior al que corresponde a operaciones




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SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE




no reajustables o a la rentabilidad nominal promedio de los últimos doce meses
del Fondo de Cesantía, se impondrá la mayor de las tasas, sea la del 20% o 50%;

11°. Que, de esta manera, la deuda, debidamente reajustada, se ve
incrementada con un interés agravado que, en cualquier caso, tiene que ser
igual o superior a la rentabilidad nominal promedio de los últimos doce meses
del Fondo de Cesantía, esto es, el porcentaje de variación del valor promedio de
la cuota de un mes, respecto al valor promedio mensual de ésta en el mismo
mes del año anterior, de acuerdo con la forma de cálculo que determine la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, mediante una
norma de carácter general;

12°. Que, adicionalmente, a ese interés agravado, los preceptos legales
que han sido impugnados disponen la capitalización mensual de intereses, lo
que ha sido sometido a nuestra decisión en esta sede de control de
constitucionalidad por medio del requerimiento de inaplicabilidad, en cuanto
se estima que su aplicación vulnera el derecho de propiedad que la Carta
Fundamental asegura en su artículo 19 N° 24°;



III. APLICACIÓN AL CASO CONCRETO

13°. Que, evidentemente, el pago de una deuda con reajustes e intereses
conlleva una transferencia de bienes desde el deudor al acreedor. Pero ello no
implica, por cierto, una afectación del derecho de propiedad de quien se ha
puesto en situación de deudor, al no solucionar oportunamente la acreencia.
Tampoco cabe considerar que se vulnera el derecho de propiedad cuando el
legislador, con base en elementos objetivos, como el tiempo transcurrido, la
naturaleza de la acreencia, los perjuicios causados u otros análogos, establece
que los intereses deberán ser aumentados, tal y como lo hace el artículo 11 de la
Ley N° 19.728, como suele ocurrir en nuestra legislación en materia de
cotizaciones previsionales, por ejemplo, en el Decreto Ley N° 3.500 o en la Ley
N° 17.322;

14°. Que, en efecto, no hay duda acerca de la legitimidad del fin
perseguido por el legislador al establecer la completa y exigente regulación que
ha dispuesto el ordenamiento jurídico para incentivar el pago oportuno, entre
otras, de las cotizaciones establecidas en la Ley N° 19.728. Es más, esa finalidad
encuentra sólido sustento, como ya se ha dicho, en la Constitución,
especialmente, en los numerales 16°, 18° y 24° del artículo 19, tal y como lo ha
resuelto esta Magistratura. Todo esto, entonces, exige el pago íntegro de la
deuda y permite agravar los intereses que, en este caso, se apliquen a dicha
acreencia;




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SEISCIENTOS NOVENTA




15°. Que, sin embargo, cuando la sanción pecuniaria excede el pago de lo
debido, reajustado y con los intereses que correspondan, incluso agravados por
tratarse de cotizaciones, ya no puede sostenerse que una norma cuya
aplicación causa ese efecto en el patrimonio del deudor, siga siendo respetuosa
del derecho de propiedad que se asegura a todas personas, en sus diversas
especies y sobre toda clase de bienes, al tenor de lo preceptuado en el artículo
19 N° 24° de la Constitución;

16°. Que, en ese exceso en la carga patrimonial que se aplica al deudor,
como sucede con el anatocismo, se afecta el derecho de propiedad, pues la
acreencia se encuentra cabalmente solucionada, incluso, teniendo como
rasero, en este caso, la rentabilidad nominal promedio de los últimos doce
meses del Fondo de Cesantía;

17°. Que, de ello, además, deviene que la capitalización mensual de
intereses se vuelve desproporcionada, dado que, como los pagos no se
enteraron oportunamente, lo que procede es su solución debidamente
reajustada, con intereses agravados, con lo que se resarcirá íntegramente al
trabajador, pero el anatocismo impone un gravamen desmesurado sobre el
patrimonio de la requirente;

18°. Que, como hemos sostenido en muchas ocasiones, el principio de
proporcionalidad no aparece expresado formalmente en la Carta Fundamental,
pero surge nítido de varias disposiciones constitucionales, como los numerales
2°, 22° y 26° del artículo 19.

Efectivamente, “(…) es sabido que esta Magistratura Constitucional ha
otorgado amplio reconocimiento al así llamado principio de proporcionalidad
(aspecto positivo) o de interdicción de la arbitrariedad (aspecto negativo), el cual
si bien no está enunciado gramaticalmente de manera explícita en general, sí
tiene en cambio nítidos fundamentos textuales específicos en la Constitución, que
permiten elucidarlo y enunciarlo por vía secundaria, con validez general, como
aquel en virtud del cual, sustantivamente, las diferencias de trato en el contenido
de la ley deben estar basadas en criterios objetivos, reproducibles y explícitos,
conforme con los valores y principios superiores que la Constitución consagra, y
en función de los fines legítimos que la misma Constitución define, de manera que
los efectos que existan sobre los derechos de las personas, no se basen en
motivaciones arbitrarias, inefables o disvaliosas, ni excedan la medida equitativa
razonable de intervención estatal en balance con su fin. En ese sentido, cabe
aludir al artículo 19, N° 2°, N° 16°, N° 22°, N° 26°, de la Ley Fundamental, inter
alia, según se ha invocado por este Tribunal Constitucional en los roles N°s 280,
1153, 312, 467, 28, 53, 219, 811, 1217 y 1254. Ello, aparte de los roles 2196 y 2365,
pertinentemente invocados en el requerimiento” (c. 18°, Rol N° 2.648);




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SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO




19°. Que, sobre esa base, “(…) la doctrina especializada ha comprendido
por proporcionalidad en sentido amplio, también conocida como prohibición
de exceso, “el principio constitucional en virtud del cual la intervención pública
ha de ser susceptible de alcanzar la finalidad perseguida, necesaria o
imprescindible, al no haber otra medida menos restrictiva de la esfera de libertad
de los ciudadanos (es decir, por ser el medio más suave y moderado de entre los
posibles -ley del mínimo intervencionismo-) y proporcional en sentido estricto, es
decir ponderada o equilibrada por derivarse de aquella más beneficiosa o
ventajosa para el interés general que perjudicial sobre otros valores o bienes en
conflicto, en particular sobre los derechos y libertades” (Javier Barnes,
“Introducción al principio de proporcionalidad en el Derecho comparado y
comunitario”, en Revista de Administración Pública, N° 135, 1994, p.500)” (c. 6°,
Rol N° 9.299)”;

20°. Que, más concretamente expresado, el numeral 2° del artículo 19 es
pertinente porque la desproporción es manifestación de arbitrariedad, de modo
que la proscripción de lo arbitrario incluye lo desproporcionado. Lo mismo
cabe concluir del tenor de sus numerales 16° y 22° y del N° 3° inciso sexto, al
prescribir un procedimiento racional y justo que también se opone a la
desproporción.

En suma, toda esa normativa devela la existencia de un principio que
excluye del campo constitucionalmente lícito la arbitrariedad y, por ende, la
desproporción, ya que la conformidad o correspondencia debida entre las
partes de una cosa y el todo, o entre aquellas partes entre sí, son sinónimos de
proporcionalidad, equilibrio y armonía. Luego, si se pierde o se rompe ese
equilibrio o debida correspondencia entre los actos y sus consecuencias, por
ejemplo, o entre las diversas consecuencias de un acto, lo que hay es falta de
armonía o de equilibrio, es decir, falta de razonabilidad, y un resultado o efecto
irrazonable, respecto de sus causas, deviene en un resultado arbitrario, dado
que la arbitrariedad se opone justamente a la razonabilidad;

21°. Que, por eso, la doctrina ha asimilado, también, al exceso como
desproporción, entendiendo que existe una prohibición constitucional al
respecto, pues el exceso rompe el equilibrio e invierte además el principio de
intervención estatal útil, necesaria y respetuosa de la libertad de las personas,
de modo tal que la consecuencia resulte ventajosa para el interés general a la
vez que todo lo mínimamente perjudicial para los derechos y libertades
individuales, que sea posible;

22°. Que, en el caso que nos ocupa, siendo lícito el fin perseguido por la
norma impugnada, la capitalización de intereses, desde nuestra perspectiva, no
es útil para incentivar el pago de las cotizaciones previsionales. No lo es no solo
porque estadísticamente no sea posible demostrar esa idoneidad o porque en



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SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS




este caso no haya rendido los frutos esperados por el legislador, sino sobre todo
porque si, además de la batería de consecuencias que la ley establece para
resguardar el derecho del trabajador a no verse perjudicado por la omisión del
agente retenedor de enterar las cotizaciones descontadas de la remuneración
del primero, consistentes en los reajustes, la exigencia de considerar la
rentabilidad nominal de los fondos, los intereses corrientes y los intereses
penales, se añade el anatocismo, se genera la indeseable, pero más que
esperable consecuencia de elevar a tal punto la deuda, que para muchos
empleadores se torna imposible pagarla, de modo que, al fin, en nada se
beneficia al trabajador, en cuyo interés se supone establecida la regla. Cabe
atender a que hablamos de intereses moratorios y sancionatorios, lo que es
perfectamente lícito y útil, pero si esos intereses, en sí mismos elevados, se
capitalizan, y por ende la suma adeudada se aumenta para luego los nuevos
intereses volver a capitalizarse, y así sucesivamente, la desproporción respecto
de las deudas originales se torna tal, que mucho más cierto es decir que esa regla
debilita, dificulta o imposibilita derechamente el pago, antes que propiciarlo;

23°. Que, todo lo anterior es así aun sin considerar las demás
consecuencias que el no entero de las cotizaciones tiene para el empleador
moroso, las que inclusive pueden llegar a ser de naturaleza penal, dado que los
dineros no son propios, sino del trabajador, ni tampoco el privilegio que el
crédito adquiere, para facilitar su cobro, de modo que no se trata ni de
renunciar a los diversos mecanismos de cobranza y de sanción, ni de descuidar
el derecho del trabajador a que se cautele su derecho previsional, sino de cuidar
que la normativa no exceda lo que es razonable para obtener su finalidad, y, por
ende, que no se produzca una desproporción que resulte contraria a los
principios constitucionales.

24°. Que, además, de no aparecer como mecanismo idóneo para
asegurar el pago, el anatocismo tampoco resulta necesario, por toda la
protección que, sin él, ya recibe el crédito en favor del trabajador que ha sido
reseñada, incluso con posibilidad de afectarse la libertad individual del deudor,
de modo que un mecanismo inidóneo, innecesario y excesivo, no puede
entenderse constitucionalmente validado, para un caso como el que nos ocupa,
por lo que acogeremos el requerimiento de inaplicabilidad;

25°. Que, por lo expuesto, estuvimos por acoger el requerimiento
respecto del inciso cuarto del artículo 11 de la Ley N° 19.728, en lo que refieren a
la capitalización mensual de los intereses.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos
primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y




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SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES




pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO RESPECTO DEL
ARTÍCULO 22, INCISO SEXTO, DE LA LEY N° 17.322 EN LA FRASE
“DICHO INTERÉS SE CAPITALIZARÁ MENSUALMENTE”.

II. QUE, HABIÉNDOSE PRODUCIDO EMPATE DE VOTOS, NO SE HA
OBTENIDO LA MAYORÍA EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 93, INCISO
PRIMERO, NUMERAL 6°, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA
DECLARAR LA INAPLICABILIDAD REQUERIDA RESPECTO DEL
ARTÍCULO 11, INCISO CUARTO, DE LA LEY N° 19.728, EN LA FRASE
“EL INTERÉS QUE SE DETERMINE EN CONFORMIDAD A LO
DISPUESTO EN LOS INCISOS ANTERIORES SE CAPITALIZARÁ
MENSUALMENTE”, POR LO CUAL EN ESTE CAPÍTULO SE RECHAZA
ASIMISMO EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A FOJAS 1.

III. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN
AUTOS. OFÍCIESE.



Redactó el primer capítulo de la sentencia y el voto por rechazar en el
segundo capítulo, la Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ (Presidenta). En
tanto el voto por acoger en el segundo capítulo fue escrito por el Ministro señor
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 16.982-25-INA




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SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO




María Pía Silva Gallinato Miguel Angel Fernández González
Fecha: 28/05/2026 Fecha: 28/05/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 28/05/2026 Fecha: 28/05/2026



Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 28/05/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 28/05/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora María
Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señor Raúl
Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor Héctor
Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez
Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 28/05/2026




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