TC Rol 16986

Texto completo

0000178
CIENTO SETENTA Y OCHO




2026

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________

Sentencia
Rol 16.986-2025


[15 de enero de 2026]

____________



REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 196 TER, INCISO
PRIMERO, SEGUNDA PARTE, DE LA LEY N° 18.290, DE TRÁNSITO



RICARDO CHIO SCHJOLBERG
EN EL PROCESO PENAL RIT N° 4508-2025, RUC N° 2500995877-3, SEGUIDO
ANTE EL TERCER JUZGADO DE GARANTÍA DE SANTIAGO



VISTOS:

Que, con fecha 03 de octubre de 2025 Ricardo Chio Schjolberg ha
presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la Ley N° 18.290,
para que ello incida en el proceso penal RIT N° 4508-2025, RUC N° 2500995877-3,
seguido ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.



Precepto legal cuya aplicación se impugna

El texto del precepto legal impugnado dispone lo siguiente en su parte
destacada:



“Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2009, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones. Fija el Texto Refundido,
Coordinado Sistematizado de la Ley de Tránsito



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Artículo 196 ter.- Respecto del delito previsto en el inciso tercero del
artículo 196, será aplicable lo previsto en la ley Nº 18.216, conforme a las
reglas generales. Sin embargo, la ejecución de la respectiva pena
sustitutiva quedará en suspenso por un año, tiempo durante el cual
el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de
libertad a la que fuere condenado.”



Síntesis de la gestión pendiente

Indica el requirente que la gestión pendiente corresponde a proceso
penal seguido ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, siendo
formalizado con fecha 20 de julio del año 2025 por el delito de conducción en
estado de ebriedad con resultado de muerte, previsto y sancionado en el
artículo 196, inciso tercero, de la Ley 18.290, de Tránsito, quedando en prisión
preventiva, según certificado de la gestión pendiente que rola a fojas 19.

En razón de lo anterior, el requirente alega que la aplicación del precepto
legal impugnado, en la parte que indica, transgrede el artículo 1° y 19 N° 2, de la
Carta Fundamental; los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de
Derechos Humanos; y los artículos 2.1 y 26, del Pacto internacional de Derechos
Civiles y Políticos, que amparan el principio de no discriminación y la igualdad
ante la ley, atendido a que en la especie se configura una diferencia de trato
entre personas que se encuentran en una situación similar, e incluso respecto
de personas que, en la lógica de la legislación, cometieron delitos aún más
graves, debido a que las penas asociadas a ellos son de mayor intensidad. Dicha
diferencia carece de fundamentos razonables y objetivos y no son idóneas para
alcanzar la finalidad que ha tenido en vista el legislador.

Al mismo tiempo, y en relación con el requisito de idoneidad enfatiza que
en el ámbito penal dicho requisito exige que tanto el injusto como la
consecuencia jurídica sean aptos para alcanzar la protección del bien jurídico o
los fines de la pena. De esta forma, no solo deberá afirmarse la idoneidad
respecto de la conducta prohibida, sino que también respecto de la pena con
que se quiere evitar su realización. Esto significa que se debe evaluar el efecto
que tiene la sanción establecida por la ley penal en los objetivos que atribuye a
la pena el propio constituyente.

Asimismo, estima que la aplicación de la norma cuestionada provoca un
efecto contrario a la resocialización del condenado, haciendo presente que, en
el sistema jurídico nacional, aun cuando la Constitución no reconoce
expresamente “la reinserción social del penado” como una finalidad de la pena,
la misma se encuentra incorporada en el ordenamiento jurídico en virtud de lo
dispuesto en artículo 5, inciso segundo, de la Carta Fundamental. Al respecto,
hace presente que la Convención Americana de Derechos Humanos, señala en


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su artículo 5.6 que “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad
esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”.

En cuanto al principio de proporcionalidad, sostiene que, de aplicarse el
precepto legal impugnado, ajustándose estrictamente a las normas
cuestionadas, el juez de la gestión pendiente verá severamente limitada su
capacidad de actuar con justicia según las exigencias constitucionales del justo y
racional proceso, ya que no podrá considerar en toda su amplitud las
características del caso, y del sujeto penalmente responsable.


Tramitación

A fojas 40 con fecha 28 de octubre de 2025, la Primera Sala de esta
Magistratura admitió a trámite y declaró admisible el requerimiento,
decretando la suspensión del procedimiento.

Conferidos los traslados de fondo a las partes de la gestión pendiente
y a los órganos constitucionales interesados, formuló observaciones el
Ministerio Público, solicitando el rechazo del requerimiento en todas sus partes,
atendido a que la aplicación del precepto impugnado no provoca los efectos
contrarios a la Constitución que se denuncian.

En efecto, el ente persecutor señaló que la suspensión de la pena
sustitutiva no vulnera la igualdad ante la ley, ya que la regla impugnada no
distingue en su aplicación a destinatarios específicos y se dirige contra todos los
que se encuentren en la misma situación jurídica en relación con esa preceptiva
legal.

Asimismo, la norma impugnada, no configura una prohibición, bloqueo
o impedimento de aplicación de una pena alternativa o sustitutiva a la pena
privativa de libertad. Ni el juez ni las partes se ven impedidos de debatir sobre
su aptitud para el caso concreto, su aplicación y sobre la mejor modalidad que
pueda revestir.

En este sentido, el artículo 196 ter de la mencionada Ley opera
suspendiendo la sustitución por un año, permitiendo en todo caso su
determinación judicial. Por ende, el legislador no eliminó la facultad judicial de
imponer penas sustitutivas, ni las reglas para interrumpirlas, modificarlas o
darlas por cumplidas.

Luego, impuesta que sea la pena sustitutiva, al concluir su suspensión de
un año, la decisión judicial recobra todo su valor permitiendo extenderla o
aplicarla en el modo, tiempo y lugar que el juez competente determine.

Por último, sostiene que el legislador puede generar políticas preventivas
que busquen disuadir efectivamente los delitos viales con resultado de muerte,
y tiene potestades constitucionales formales y sustantivas para intentar



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erradicar las conductas de riesgo al conducir vehículos motorizados bajo los
efectos del alcohol.

A fojas 263 en decreto de fecha 24 de noviembre de 2025 se dispuso traer
los autos en relación.



Vista de la causa y acuerdo

Con fecha 03 de diciembre de 2025 se verificó la vista de la causa, oyéndose
la relación pública, y los alegatos de los abogados Luis Marcelo Gálvez Astudillo,
por la parte requirente, y Pablo Campos Muñoz, por el Ministerio Público,
quedando la causa en estado de acuerdo, según certificación de la señora
relatora.



CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que don Luis Gálvez Astudillo, en representación de don
Ricardo Chio Schjolberg, interpone requerimiento de inaplicabilidad respecto
del inciso primero, parte final, del artículo 196 ter de la Ley 18.290, en tanto
dicha norma establece, para los delitos que señala, que en caso de concederse
pena sustitutiva su ejecución quedará en suspenso por un año, tiempo durante
el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de
libertad que le haya sido impuesta.

SEGUNDO: Que la parte requirente estima que la aplicación de dicho
precepto en la causa RIT 4508-2025 seguida en su contra ante el Tercer Juzgado
de Garantía de Santiago por el delito de conducir vehículo motorizado en estado
de ebriedad causando la muerte y lesiones graves gravísimas, produciría
efectos inconstitucionales por infringirse, dice, los artículos 1° y 19 N°2 y 3 de la
Carta Fundamental y los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de
Derechos Humanos y artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.

TERCERO: Que más allá de las numerosas veces en que este Tribunal se
ha pronunciado, rechazando pretensiones similares a las del libelo de autos,
formando una sólida jurisprudencia que puede revisarse en sentencias tales
como las de los roles 13.334, 14.421, 14.436, 16.068, 16.353, 16.399, 16.823, 16.489,
16.548, 16.591 y 16.823, entre otras, y más allá de que en este caso la gestión
pendiente se encuentra aún en etapa de investigación, sin que medie siquiera
acusación, el actor insiste en el argumento tantas veces desplegado (y
rechazado) en libelos anteriores en casos análogos, según el cual la norma
generaría una discriminación, lo que no es en absoluto efectivo. No lo es, desde
un punto de vista formal, porque todos los condenados por esta clase de ilícitos
están sometidos a la misma normativa, y no lo es desde una perspectiva de



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fondo, porque, aunque el requerimiento no entrega ningún parámetro para
comparar que permita seguirlo en su razonamiento, basta comprender que el
ilícito que se le ha imputado afecta al más importante bien jurídico que el
legislador no solo quiere sino que debe proteger, como es la vida humana, para
apreciar que los únicos ilícitos que pueden soportar una comparación son los
que sancionan el homicidio doloso y el homicidio culposo. Estando el manejo en
estado de ebriedad causando la muerte en una situación intermedia de
gravedad entre las dos figuras señaladas, cabe atender a que, si en el cuasidelito
las penas sustitutivas caben sin restricción, en el homicidio doloso consumado
están proscritas, de suerte tal que la solución legislativa que ahora se ataca, que
no impide aplicar esa sustitución, pero limita la ejecución de esas penas no
privativa de libertad, es perfectamente proporcional y no genera
discriminación alguna.

CUARTO: Que el requirente no repara en que la pena que deberá
cumplir parcialmente de forma efectiva, en caso de ser condenado y ser
beneficiado por la ley 18.216, es la sanción asignada por la ley al delito, y esa
pena no ha sido atacada de inaplicabilidad. Cabe, pues, considerarla
proporcionada y legítima y, siendo eso así, el legislador no ha estado obligado a
reemplazarla, porque las penas sustitutivas no tienen soporte constitucional
sino simplemente legal, de modo que el legislador las establece, las suprime o las
regula con libertad, en tanto en dichos ejercicios no vulnere principios
constitucionales, y no lo hace si el delito en que limita la ejecución de la sanción
sustitutiva afecta, como ocurre en la especie, al bien jurídico más caro del
ordenamiento, como es la vida humana y si además lo hace sin establecer
diferencias basadas en consideraciones personales. Ni la igualdad ante la ley ni
la proporcionalidad están afectadas y la proporcionalidad no podría estarlo si lo
que la ley hace es simplemente disponer que la pena propia del delito se cumpla.
Y ni siquiera es que deba cumplirse íntegramente, sino solo durante un año, si
es que se concede esa sustitución por pena menor que, como decíamos, nunca es
obligatorio para el legislador consagrar ni para el juez aplicar.

QUINTO: Que la argumentación según la cual se infringirían los fines
resocializadores de la pena olvida de nuevo que esa privación de libertad es,
precisamente, la pena prescrita por la ley para el delito, como ya se dijo, pero al
mismo tiempo olvida que la exigencia de finalidad resocializadora está
establecida en el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos
para el régimen penitenciario (es decir, para las penas privativas de libertad) y
la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 5.6 establece
que las penas “privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la
reforma y la readaptación social de los condenados” (el destacado es
nuestro). En suma, el cumplimiento efectivo (eventual y parcial) de una sanción
contemplada para el delito por la ley y que en sí misma tiene una exigencia




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resocializadora, mal puede infringir per se esa finalidad, salvo que se quiera
criticar al sistema penitenciario completo, por desatender o no cumplir esa
función, pero eso supera con mucho los márgenes de un requerimiento de
inaplicabilidad y derivaría en una inconstitucionalidad de toda pena de
encierro.

SEXTO: Que todo lo anterior es sin considerar que la finalidad de
reinserción no es la única que puede predicarse respecto de la pena, y que es
evidente que la medida impugnada, plasmada en la norma que se ataca, mira
más bien a la prevención general y a la retribución, que siguen siendo
finalidades posibles de la pena, puesto que ninguna norma constitucional (ni
tampoco de derecho internacional) las ha excluido.

SÉPTIMO: Que tampoco se afecta el debido proceso en la forma
propuesta por el requirente, ya que la pena concreta la determina el juez, no el
legislador. Lo que éste hace es establecer parámetros objetivos abstractos que
limitan el ejercicio concreto del tribunal, tales como la naturaleza, grados y
límites de las penas, la influencia del grado de desarrollo del delito y de la forma
de participación o las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.
En la especie lo que se regula por el legislador, además, no es la determinación
de la pena, sino la forma de ejecución de la misma, en cuanto a cómo y en qué
medida las sustitutivas podrán reemplazar a la pena corporal propia del tipo, lo
que forma parte de la política criminal, tanto como la existencia de las sanciones
sustitutivas. Esa regla es abstracta, general y no se inmiscuye, por tanto, en las
facultades del juzgador. La restricción al ejercicio de las penas sustitutivas no
impide el análisis del caso concreto, ni para la determinación del quantum de la
pena correspondiente conforme al tipo, ni para decidir su sustitución. Pudo el
legislador haber proscrito, simplemente, la sustitución, y eso, de no mediar
discriminación o desproporción, habría sido perfectamente constitucional. Con
mayor razón puede limitar el goce de esas penas no privativas de libertad,
imponiendo primero un tiempo de cumplimiento de una sanción que no
aparece de la nada, sino que es solo la que esté específicamente impuesta en un
fallo condenatorio que, además, en la gestión pendiente no se ha dictado.

OCTAVO: Que, enseguida, el reclamo supone que el legislador debe
preferir y quiere preferir que la pena corporal no se cumpla en lo absoluto, y eso
no es así, o esa pena no existiría. Lo que el legislador quiere es que en ciertos
casos que regula la propia ley pueda decretar el juez la sustitución, en los
términos y con los límites que el mismo legislador señala. Respecto de algunos
delitos la ley no quiere que opere la sustitución y la prohíbe, piense el juez lo que
piense sobre la resocialización posible en libertad en el caso concreto; en otros
casos la permite, pero la limita, y éste es el ejemplo de un caso tal; en dicha
situación el juez tiene más libertad que en el primer grupo pero menos que en el
último, para determinar cómo se cumplirá la pena y, en otros casos, por fin,



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permite la sustitución con requisitos meramente formales añadido uno de
fondo que valora el juez, sin restricciones relativas a la ejecución, más allá de las
condiciones a cumplir por el penado. En ninguno de los tres casos se aprecian
problemas de constitucionalidad, porque no existe tal cosa como una
preferencia o una obligación de preferencia, expresa o tácitamente
contemplada en la Constitución, por la sustitución de las penas de encierro. Sí es
verdad que la privación de libertad es una excepción calificada, pero su
calificación está dada por la existencia de tipos penales que protejan bienes
jurídicos efectivos y muy relevantes y por la existencia de una sentencia
condenatoria firme, expedida tras un juicio que cumpla con las exigencias de
debido proceso. Dichas condiciones se cumplen en el caso del delito de manejar
vehículo motorizado en estado de ebriedad causando la muerte.

NOVENO: Que por las razones expuestas, con la aplicación de la norma
del artículo 196 ter inciso primero, parte final, de la Ley 18.290 al caso que
constituye la gestión pendiente, si es que ésta deriva en condena, no se vulnera
ninguna de las normas constitucionales invocadas, ni ninguna otra, lo que
determina el rechazo del requerimiento.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos
primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y
pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
DEDUCIDO A LO PRINCIPAL, DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN
AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE
POR ESTIMAR QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.



DISIDENCIA

El Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO estuvo por acoger el
requerimiento atendidas las consideraciones siguientes:



I. DILEMA CONSTITUCIONAL E IDEA DE LA PROPORCIÓN EN EL
DERECHO




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1°. Que, la parte requirente fue formalizada por el delito de manejo en
estado de ebriedad con resultado de muerte.

Ante esta Magistratura se ha controvertido constitucionalmente el inciso
primero, parte final, del artículo 196 ter de la Ley de Tránsito. La parte
requirente argumenta que este precepto legal es contrario a la Carta
Fundamental, ya que afecta las garantías constitucionales de proporcionalidad
y debido proceso, así como la garantía de igualdad ante la ley y su racionalidad
en el caso de autos. Esto, al imponer al infractor la obligación de cumplir de
manera efectiva un año de la pena privativa de libertad, incluso cuando podría
aplicarse una pena sustitutiva conforme a la Ley N° 18.216.

2°. Que, el razonamiento que se expone se asienta sobre la premisa de la
proporción y su vinculación con el Derecho y, en particular, de un concepto
mayor como lo es el delito. Al respecto se ha dicho que “El sentido de la
proporción se desprende del doble significado de la palabra Derecho, o sea,
depende del objeto de la regulación y, por otra parte, de la estructura de las
proposiciones jurídicas. En cuanto materia del conocimiento, el Derecho designa
un ordenamiento predominantemente objetivo de regulación del
comportamiento exteriorizado e interindividual de los hombres, mediante
normas cuya prescripción, sancionada con la legítima posibilidad del empleo de
la fuerza organizada de la sociedad y ejercida con exclusividad por el Estado o
por instituciones a que éste se haya subordinado, se orienta a la consecución de
fines valorados por cada comunidad según el correspondiente estadio de su
evolución cultural”. Pues bien, el Derecho como ciencia investiga precisamente
dichas normas y valoraciones en las tareas sucesivas que la distinguen, tales
como la interpretación, construcción y sistema: “Para las tres el pensamiento
proporcional tiene una palabra que pronunciar. La interpretación ha de buscar
la coherencia íntima de las normas, la simetría entre sus partes, la proporción
normativa en el sentido original de esta idea. Luego, interviene en la elaboración
de los conceptos jurídicos, con lo que aludimos a los conceptos que se ofrecen en
los supuestos de hecho de las normas, previamente aclarados por la
interpretación, como los de dolo, ánimo de lucro, error en la persona, etc. (…) En
seguida, la unidad conceptual y la simetría de los componentes son
indispensables para elaborar las instituciones, o sea, la reproducción de una
relación jurídica que se presenta con idéntico contenido en diferentes normas de
Derecho (…) Por último, el sistema jurídico, el conjunto ordenado, coherente y
total de conocimientos acerca de un determinado Derecho positivo, sería de
imposible realización si no hubiera afinidad -antes constatada a través de la
interpretación sistemática- entre sus partes ni derivación de un único fin
supremo e interno” (Guzmán Dalbora, José Luis “La idea de proporción y sus
implicaciones en la dogmática penal”, Política criminal, Vol. 12 N°24, Santiago
dic. 2017, pp. 1228-1263).




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II. SOBRE EL DELITO DE MANEJO EN ESTADO DE EBRIEDAD: BIEN
JURÍDICO Y ELEMENTO SUBJETIVO

3°. Que, el delito de manejo en estado de ebriedad o bajo la influencia de
estupefacientes o psicotrópicos presenta una estructura típica particular que
condiciona el alcance del elemento subjetivo de la infracción, tanto en su forma
básica, regulada en el inciso primero del artículo 196 de la Ley N°18.290 sobre
Tránsito, como en la especie agravada del inciso tercero del mismo artículo.

El manejo simple en estado de ebriedad es considerado en general como
un delito de peligro contra la seguridad pública, discutiéndose a su respecto el
carácter de dicho peligro: si es abstracto, concreto o abstracto-concreto
(hipotético). Sobre este punto se ha extendido en particular Carlos Cabezas
Cabezas, en su trabajo titulado "Los delitos de conducción bajo la ingesta de
alcohol o sustancias estupefacientes como delitos de peligro” (Revista de Derecho
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, número XXXIV, primer
semestre de 2010, pp. 227-280).

El dolo, pues, ha de abarcar el riesgo real, presunto o hipotético
generado por el manejo para la circulación vial y, sobre todo, para la vida,
integridad corporal y salud de los automovilistas y peatones. Sin embargo, al
hallarse el sujeto en estado de ebriedad -lo que significa que su conciencia está
alterada- resulta problemático hablar propiamente de dolo. Esto es así tanto si
se concibe al dolo como la conciencia y voluntad de un resultado, como,
especialmente, si se le entiende como la conciencia y voluntad de un resultado
antijurídico. La alteración de la conciencia y del juicio producidos por la ingesta
alcohólica, en efecto, puede afectar las representaciones fácticas y valorativas
del autor, quien, además, atribuirá a su voluntad unos poderes de los que en
verdad carece, con la consiguiente merma del componente afectivo de la
imputabilidad y del dolo. De ahí que la infracción descrita en el inciso primero
del artículo 196, bien mirada, sea una presunción absoluta, no solo de
imputabilidad —que podría estar ausente al momento de la acción—, sino
también de dolo. Esta presunción que va más allá de los términos de los
artículos 1, inciso segundo, y 10, número 1, del Código Penal.

En cuanto a la forma agravada, consistente en causar lesiones
gravísimas o la muerte de una persona, se plantean dos interpretaciones
respecto a la imputación subjetiva del resultado calificante. La primera
considera que se trata de un delito calificado por el resultado, en el que la ley no
exige prueba de culpabilidad alguna respecto de la muerte del sujeto pasivo,
hecho evidenciado por la seca redacción causalista del tipo “causare (...) la
muerte” y no “cometiere homicidio o cuasidelito de homicidio”; y porque las
penas se desproporcionan como si hubiese dolo, acercándose mucho a las del




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homicidio doloso y superando con largueza las del homicidio culposo, según los
artículos 391, número 2; 490, número 1; y 492 del Código Penal. La segunda
postura se decanta por un delito preterintencional, en que ha de haber culpa en
la muerte de la víctima, para armonizar el delito con la prohibición
constitucional de las presunciones absolutas de la responsabilidad penal.

4°. Que, bajo ninguna de estas dos posturas es posible sostener que el
manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte abarque la situación en
que un conductor mata dolosamente a otra persona. Si el conductor, obrando
con dolo directo o eventual, quiere o acepta el deceso de una persona por su
conducción antirreglamentaria, esa muerte se somete a las reglas generales del
homicidio, que es penado con mayor severidad que el delito del artículo 196,
con la pena de presidio mayor en su grado medio a máximo. Pues bien, el
homicidio simple no aparece excluido del campo de aplicación de las penas
sustitutivas de la Ley N°18.216, siempre que las reglas de adaptación y
concreción de la penalidad previstas en el artículo 391, número 2, permitan al
juez imponer una pena que cumpla con los requisitos para la remisión
condicional, reclusión parcial o libertad vigilada.

5°. Que, el artículo 196 ter de la Ley de Tránsito, aunque aparentemente
no excluye el manejo en estado de ebriedad de las penas sustitutivas de la Ley
N°18.216, al establecer que la pena sustitutiva quedará en suspenso durante un
año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir efectivamente la
pena sustituida, lo que realmente hace es crear una nueva pena sustitutiva,
distinta de las conocidas legalmente, o bien las modifica hasta tornarlas
irreconocibles en la punición de este hecho en particular, a todas luces menos
grave que un homicidio en cualquiera de sus especies (parricidio, femicidio,
asesinato, etc.). Pensar otra cosa, o sea, suponer que la muerte del peatón puede
ser cometida con dolo (directo o eventual), implicaría, por ejemplo, que el
marido que en estado de ebriedad embiste con el coche a su mujer queriendo
matarla o asumiendo esta eventualidad, merecería una pena menor que la
asignada al femicidio vincular (artículo 390 bis), que es necesariamente doloso.
Esto resulta absurdo y, en consecuencia, no puede ser proporcional.



III. PROPROCIONALIDAD DE LA PENA E IGUALDAD

6°. Que, el Derecho penal como última ratio del ius puniendi estatal no es
concebible como un mero sistema de incentivo y desincentivo de conductas.
Por ser la consecuencia más gravosa del ordenamiento jurídico se construye
con estricto apego a la idea de proporción tanto en la configuración del delito
como de la pena, unidades distintas pero vinculadas, al ser esta última
expresión del reproche hacia la conducta delictiva. En consecuencia, sin
necesidad de recurrir a las finalidades resocializadoras −que, sin embargo, son




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reconocidas en el Derecho internacional de los derechos humanos, aunque no
como las únicas posibles de considerar en un ordenamiento jurídico− sino que,
desde la idea de la retribución, tenemos que la norma requerida de
inconstitucionalidad distorsiona la valoración de diversos elementos del delito
dando lugar a un resultado carente de razonabilidad. En este sentido, se ha
declarado en la jurisprudencia de esta Magistratura que “la naturaleza
retributiva de la pena hace que esta pueda conmensurarse en cada caso a la
gravedad del respectivo delito. Como escribió Bettiol, “es sobre la base de la idea
de retribución sobre la que se hizo su ingreso en el Derecho Penal el criterio de
proporcionalidad, ya que la pena retributiva es ‘naturalmente’ proporcionada al
comportamiento efectuado” (Rivacoba, Manuel, La retribución penal, Editorial
Jurídica Conosur Ltda., 1995, Santiago de Chile, p. 51) (STC Rol N°14.129-2023,
c°26).

7°. Que, lo hasta aquí dicho puede reconstruirse en el sub juicio más
difícil del test de proporcionalidad −método de interpretación constitucional
ampliamente reconocido en la argumentación jurídica− ya que, siendo la pena
de reclusión efectiva de corta duración idónea para un fin legítimo, y, a su
turno, no siendo posible valorarlas en términos de ser menos gravosa e
igualmente efectiva que otras posibles, debido a que es una cuestión que en
realidad es empírica y deriva en algo que no es decisivo para el razonamiento
judicial −como es el éxito o fracaso de una política legislativa en la disuasión
del delito− se arriba a la proporcionalidad en sentido estricto.

Para este sub juicio se vuelve relevante el análisis dogmático, pues
exigirá fundamentar plenamente si el sacrificio de bienes individuales
−libertad individual− expresado en la máxima injerencia estatal como la
privación de libertad −cuyo único borde es su duración temporal−, se
encuentra justificado en los intereses estatales que se buscan proteger, siendo
un camino altamente inseguro el desatender la reconstrucción sistemática de la
disciplina penal, ya que ese constituiría un procedimiento automático al
entender que la proporcionalidad será aquello que decida el legislador
democrático, puesto que es igual a sostener que la proporcionalidad no tiene
ninguna cabida como razonamiento constitucional.

8°. Que, se ha señalado que el control de proporcionalidad tiene una
“dinámica triádica”, pues se encuentra en la sombra del canon igualdad y
razonabilidad, porque sin estar consagrado en los textos constitucionales, en el
ámbito penal −y siendo este manifestación de las delicadas decisiones político-
criminales de competencia exclusiva del legislador− ha permitido que la
justicia constitucional evite que esa plena discrecionalidad mute en un arbitrio
irracional o que rompa la igualdad. Este enfoque es particularmente relevante
en casos como las penas automáticas, ya que son simplemente incompatibles
con la idea de proporcionalidad (Grimaldi, Italo “Il principio di proporzionalità



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della pena nel disegno della Corte Costituzionale, Rivista di giurisprudenza
penale, N°5, 2020).

Esta ha sido la forma de dotar de contenido a la proporcionalidad en
materia penal, cuyas decisiones legislativas se determinan de acuerdo a las
épocas y sus valoraciones, y que se construye por medio de intervenciones
episódicas sobre situaciones que fácticamente no podrán ser nunca iguales y
perfectamente delimitables. Estas situaciones se regulan mediante
herramientas que permiten ajustar la respuesta penal a las características
particulares del caso, como el sistema de atenuantes y agravantes, así como la
clasificación de las penas en función de la gravedad del delito, distinguiendo
entre crímenes y simples delitos. Finalmente, y en el marco de este análisis
constitucional, la pena de privación de libertad no puede ser subestimada,
pues, como ha señalado la doctrina “en toda limitación de un derecho cabe ver
un desarrollo jurídico del mismo, pues el desarrollo legislativo de un derecho
proclamado en abstracto en la Constitución, consiste en esencia, precisamente,
en su limitación, a causa de la necesaria coordinación con los otros derechos
existentes y con los derechos de los demás ciudadanos, y no existe en un
ordenamiento jurídico un límite más severo a la libertad que la privación de
libertad en sí” (Arroyo Zapatero, Luis, “Principio de legalidad y reserva de ley en
materia penal”, Revista española de Derecho Constitucional, año 3, N°8, pp. 9-
46).

9°. Que, por lo anterior, en opinión de quien suscribe este voto la acción
de inaplicabilidad intentada contra el artículo 196 ter inciso 1° parte final de la
Ley N°18.290 debiese ser acogida.



PREVENCIÓN

La Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS estuvo por rechazar el
requerimiento atendidas las consideraciones siguientes:

1°. Que, esta Ministra ha razonado entorno a los bienes jurídicos
protegidos por el precepto legal impugnado en el caso de autos. Considerando
que, la vida y la libertad constituyen derechos esenciales al ser humano sobre
los cuales el legislador regula las condiciones para su legítimo ejercicio. El que
maneja en estado de ebriedad o con consumo de estupefacientes, adolece de
una enfermedad que si bien es cierto requiere los medios para su rehabilitación
y reinserción social, no es menos cierto que la gravedad de la conducta típica
constituye un delito que atenta contra la vida de terceros y por ende, quien
ejerce esa conducta o comete otros de los delitos regulados en la Ley N°18.290
hace abuso de su libertad como derecho limitado por otros derechos de igual
relevancia o entidad en la interpretación armónica y sistémica del
ordenamiento constitucional.



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CIENTO NOVENTA




2°. Que, en ese sentido, la vida es un hecho de la naturaleza que produce
consecuencias jurídicas que el derecho regula. En el mismo sentido, el Tribunal
Constitucional, ha entendido, que la vida tiene un carácter fundante de los
demás derechos, porque sin vida, difícilmente tiene sentido, referirse a otros
derechos fundamentales. Así lo ha señalado esta Magistratura al señalar que “el
derecho a la vida es, sin duda alguna, el derecho fundante de todos los demás, pues
sin vida, difícilmente tiene sentido referirse a otros derechos fundamentales.
Como ha señalado el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas, en su Observación General sobre el artículo 6° del Pacto
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, el derecho a la vida es “el derecho
supremo respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en
situaciones que pongan en peligro la vida de la nación”. Ha agregado, asimismo,
que “el derecho a la vida es el más esencial de estos derechos”. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, por su parte, que “el derecho
a la vida es ampliamente reconocido como el derecho supremo del ser humano y
conditio sine qua non para el goce de todos los demás derechos” (STC Rol N°740, c.
55°). Por eso, a partir de la doctrina especializada, este Tribunal Constitucional
sostiene en su jurisprudencia que el derecho a la vida “asegura a toda persona
-incluyendo al nasciturus- el derecho a mantener la vida y conservarla frente a los
demás hombres. Si se quiere “es el derecho a que nadie nos la quite, y a que no
pueda suprimirla ni cercenarla su propio sujeto” (José Joaquín Ugarte Godoy. El
derecho a la vida y la Constitución. Revisa Chilena de Derecho, Volumen 33, N° 33,
2006, p. 514)” (STC Rol N°740, c. 56°)

3°. Que, reflexionando sobre los derechos que se encuentran regulados
por el precepto legal impugnado y su revisión judicial en la ley “Emilia”,
habiendo examinado diversos casos sobre la materia y en ejercicio de la
libertad de conciencia esta jueza constitucional reflexiona que el fundamento
de la acción de inaplicabilidad supone que la causa de que un derecho sea
reconocido es por el contenido del bien jurídico protegido, v.g. vida, libertad,
dignidad, ya que son intrínsecamente valiosos para las personas y para la vida
en sociedad dentro de un Estado constitucional y democrático de Derecho. En
ese sentido, la vida posee una identidad propia que es proteger al que esta por
nacer y conservar esa vida hasta la muerte natural. Por ello, se prohíbe matar a
otro, pues ello atenta contra la identidad de la vida que debe ser protegida
constitucionalmente. De modo tal, que la privación de libertad que supone la
aplicación del precepto legal impugnado resulta razonado al tenor del bien
jurídico protegido.

4°. Que, lo anterior, no supone que el legislador posea una libertad de
configuración absoluta o limitada, la política criminal como cualquier otra está
sujeta a límites que son controlables por los jueces constitucionales. Sin
embargo, a la luz de la finalidad de la norma y aún respecto de las dudas



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CIENTO NOVENTA Y UNO




respecto del debido proceso y la racionalidad de la pena tal como se arguyó en
votos anteriores, pues tal como lo ha señalado esta Magistratura previamente
“(…) no se ve cómo la aplicación del precepto atacado pueda generar, en la gestión
judicial pendiente, vulneración a ninguno de los artículos constitucionales
enunciados en el requerimiento. La limitación, que por razones legítimas de
política criminal ha establecido el legislador para la ejecución de las penas
sustitutivas en la clase de delitos de que se trata, no vulnera ni las obligaciones de
los órganos del Estado frente a los tratados internacionales ratificados por Chile,
ni responde a un exceso en las facultades del legislador, ni afecta la igualdad ante
la ley, ni tampoco el debido proceso, razones todas por las que el requerimiento
será desechado” (STC Rol N°15.927, c. 9°).

Por tanto, esta Ministra reflexionando en base a los bienes jurídicos
protegidos y en razón del bien común y la seguridad e integridad de las
personas está por rechazar el requerimiento deducido a fojas 1.



Redactó la sentencia el Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ. La disidencia
corresponde al Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO. Redactó la prevención la
Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 16.986-25-INA.




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Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 16/01/2026



María Pía Silva Gallinato Miguel Angel Fernández González
Fecha: 16/01/2026 Fecha: 16/01/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 16/01/2026 Fecha: 16/01/2026



Héctor Antonio Mery Romero Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 16/01/2026 Fecha: 15/01/2026



Alejandra Precht Rorris Mario René Gómez Montoya
Fecha: 16/01/2026 Fecha: 15/01/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta
Subrogante, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, y por sus Ministros
señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señor
Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor
Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas, señora Alejandra
Precht Rorris y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 16/01/2026




5087C0E1-4A04-44CE-B783-AE467D0B2CB2
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