TC Rol 1700

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CERTIFICADO

Santiago, catorce de diciembre dos mil diez.

Certifico que con fecha siete de diciembre pasado se dió cuenta
acerca de la admisibilidad en la presente causa ante la Segunda Sala del
Tribunal Constitucional, integrada por su Presidente, Ministro señor Raul
Bertelsen Repetto, la Ministra señora Marisol Peña Torres y los Ministros
señores Carlos Carmona Santander, José Antonio Viera-Gallo Quesney e
Iván Aróstica Maldonado.

Rol N* 1700-10-INA.

Rodrigo Pica F.
Relator
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Santiago, a catorce de diciembre de dos mil diez.
Proveyendo al escrito de fojas 79, a lo principal,
estése al mérito de lo que a continuación se resolverá;
al primer otrosí, ténganse por acompañados los
documentos, en forma legal; al segundo otrosí, téngase

presente.
VISTOS Y CONSIDERANDO:

1%. Que, con fecha 20 de abril de 2010, Paola Kaiser
Astete y Felipe Díaz Stuven, han requerido a esta
Magistratura Constitucional para que declare la
inaplicabilidad por ¡inconstitucionalidad, respecto del
artículo 2% de la Ley N* 20.015, en el marco del proceso
de protección rol 135-2010, seguido ante la Corte de
Apelaciones de Santiago, en contra de la Isapre Colmena

Golden Cross S.A.;

2%. Que el artículo 93, inciso primero, N”* 6%, de la
Constitución Política establece que es atribución de este
Tribunal Constitucional “resolver, por la mayoría de sus
miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto
legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga
ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria

a la Constitución.”.

El inciso decimoprimero del mismo precepto de la
Carta Fundamental dispone que "en el caso del número 6”,
la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las
partes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá
a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin
ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre
que verifique la existencia de una gestión pendiente ante
el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del
precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la
resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada
razonablemente y se cumplan los demás requisitos que
establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá

resolver la suspensión del procedimiento en que se ha
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originado la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad.”;
3*. Que la normativa constitucional aludida

precedentemente se complementa con la que se contiene en
la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado “por el Decreto con Fuerza de Ley
N* 5, de 2010, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, publicado en el Diario Oficial de 10 de
agosto de 2010. Así, el inciso primero del artículo 82 de
dicho texto legal establece que "para ser acogido a
tramitación, el requerimiento deberá cumplir con las
exigencias señaladas en los artículos 79 y 80. En caso
contrario, por resolución fundada que se dictará en el
plazo de tres días, contado desde que se dé cuenta del
mismo, no será acogido a tramitación y se tendrá por no

presentado, para todos los efectos legales”.

Por su parte, los artículos 79 y 80 de la

legislación aludida establecen:

“Artículo 79.- En el caso del número 6” del artículo
93 de la Constitución Política, es órgano legitimado el
juez que conoce de una gestión pendiente en que deba
aplicarse el precepto legal impugnado, y son personas

legitimadas las partes en dicha gestión.

Si la cuestión es promovida por una parte ejerciendo
la acción de ¡inaplicabilidad, se deberá acompañar un
certificado expedido por el tribunal que conoce de la
gestión judicial, en que conste la existencia de ésta, el
estado en que se encuentra, la calidad de parte del
requirente y el nombre y domicilio de las partes y de sus

apoderados.

Si la cuestión es promovida por el tribunal que
conoce de la gestión pendiente, el requerimiento deberá

formularse por oficio y acompañarse de una copia de las
piezas principales del respectivo expediente, indicando

el nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados.

El tribunal deberá dejar constancia en el expediente
de haber recurrido ante el Tribunal Constitucional y

notificará de ello a las partes del proceso”.

“Artículo 80.- El requerimiento de inaplicabilidad,
sea promovido por el juez que conoce de la gestión
pendiente o por una de las partes, deberá contener una
exposición clara de los hechos y fundamentos en que se
apoya y de cómo ellos producen como resultado la
infracción constitucional. Deberá indicar, asimismo, el o
los vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con
indicación precisa de las normas constitucionales que se

estiman transgredidas.”;

4%. Que, por otra parte, el artículo 84 de dicha ley

orgánica constitucional establece que:

“Procederá declarar la inadmisibilidad en los

siguientes casos:

1? Cuando el requerimiento no es formulado por una
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persona u órgano legitimado;

2? Cuando la cuestión se promueva respecto de un
precepto legal que haya sido declarado conforme a la
Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control
preventivo o conociendo de un requerimiento, y se invoque
el mismo vicio que fue materia de la sentencia

respectiva;

3? Cuando no exista gestión judicial pendiente en
tramitación, oO se haya puesto término a ella por

sentencia ejecutoriada;

4 Cuando se promueva respecto de un precepto que no

tenga rango legal;

5% Cuando de los antecedentes de la gestión
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pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que el
precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella

no resultará decisiva en la resolución del asunto, y
6* Cuando carezca de fundamento plausible.

Declarada la inadmisibilidad por resolución que
deberá ser fundada, ésta será notificada a quien haya
recurrido, al juez que conozca de la gestión judicial
pendiente y a las demás partes que intervengan en ella, y
el requerimiento se tendrá por no presentado, para todos

los efectos legales.

La resolución que declare la admisibilidad o
inadmisibilidad del requerimiento no será susceptible de
recurso alguno.”;

5%. Que, con fecha 20 de abril de 2010, el
Presidente del Tribunal ordenó que se diera cuenta del
requerimiento de inaplicabilidad deducido en la Segunda
Sala de esta Magistratura, que con fecha 4 de mayo acogió
a tramitación el requerimiento deducido;

6”. Que la norma legal impugnada en autos, el
artículo 2? de la Ley N”* 20.015, simplemente establece la
transitoriedad de las situaciones contractuales
anteriores y posteriores al año 2005. Esa norma no
establece regulación sustantiva alguna sobre los
contratos de salud, sino que sólo determina los efectos
en el tiempo de la Ley N”* 20.015, ya que precisa cómo
deben adaptarse los contratos vigentes a julio de 2005 a
sus disposiciones

7%. Que así, el precepto legal impugnado se limita a
regular la entrada en vigencia de esta ley, acaecida en
el mes de julio del año 2005, y su forma de aplicación a
los contratos de salud previsional que se celebren con
posterioridad a ello, sin perjuicio de que, en su inciso
final, hace también aplicable sus disposiciones en el
evento de que el afiliado -con posterioridad a su entrada

en vigencia- optare por aceptar un plan alternativo oO
contratare un nuevo plan, situación que no acontece
respecto del requirente;

8%. Que, atendido lo expuesto, al tratarse de una
normativa sobre aplicación de la ley en el tiempo, la
cuestión planteada constituye un asunto de mera
legalidad, propio de los jueces del fondo, sin que se
pueda vislumbrar cómo la aplicación del precepto
impugnado podría producir un efecto contrario a la Carta
Fundamental.

9, Que, examinado el requerimiento, y atendido el
mérito de los antecedentes tenidos a la vista, esta Sala
concluye que la acción constitucional deducida no cumple
con la exigencia constitucional transcrita, según la cual
el requerimiento debe encontrarse “razonablemente
fundado” y, en los términos usados por el numeral 6” del
artículo 84 de la citada ley orgánica constitucional,
carece de fundamento plausible;

10%. Que, a partir del mérito de los antecedentes
tenidos a la vista, esta Sala ha logrado convicción en
cuanto a que la acción deducida es inadmisible.

Y TENIENDO PRESENTE lo establecido en el artículo
93, inciso primero, N”* 6%, e inciso decimoprimero, de la
Constitución Política y en los artículos 79, 80, 82 y 84,
N* 6%, y demás normas pertinentes de la Ley N* 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado
por el Decreto con Fuerza de Ley N”* 5, de 2010, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia,
publicado en el Diario Oficial de 10 de agosto de 2010,

SE DECLARA inadmisible el requerimiento interpuesto
en lo principal de fojas uno. Téngase por no presentado
para todos los efectos legales y déjase sin efecto la
suspensión del procedimiento, oficiándose al efecto.

Notifíquese por carta certificada y comuníquese a la
Corte de Apelaciones de Santiago.

Archívese.

Rol 1700-10-INA.
Se certifica que la Ministra señora Marisol Peña Torres y el
Ministro señor Iván Aróstica Maldonado concurrieron al
acuerdo, pero no firman la resolución por encontrarse
enferma, la primera, y haciendo uso de feriado legal, el

segundo. |

Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo.
Tribunal Constitucional, integrada por su Presidente,
Ministro señor Ministro señor Raúl Bertelsen Repetto,
la Ministra señora Marisol Peña Torres y los Ministros
señores Carlos Carmona Santander, José Antonio Viera-
Gallo Quesney e Iván Aróstica Maldonado.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, señora

Marta de la Fuente Olguín.
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