TC Rol 17083

Texto completo

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DOSCIENTOS TREINTA




2026

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 17.083-25 INA

[19 de mayo de 2026]
____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 523, N° 4°),
DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES



IO JAVIERA GIURIA MUÑOZ
EN EL PROCESO ROL N° 41511-2025, SOBRE RECURSO DE APELACIÓN DE
PROTECCIÓN, SEGUIDO ANTE LA CORTE SUPREMA



VISTOS:
Que, con fecha 03 de noviembre de 2025, Ío Javiera Giuria Muñoz acciona
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 523, N° 4°), del
Código Orgánico de Tribunales, para que ello incida en el proceso Rol N° 41511-
2025, sobre recurso de apelación de protección, seguido ante la Corte Suprema.



Precepto legal cuya aplicación se impugna

El texto del precepto impugnado dispone en su parte destacada:


“Código Orgánico de Tribunales

Artículo 523.- Para poder ser abogado se requiere:
[…]

4°) Antecedentes de buena conducta.
La Corte Suprema podrá practicar las averiguaciones que estime
necesarias acerca de los antecedentes personales del postulante, y




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[…]”.

Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional
sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

Como antecedentes de la gestión pendiente explica que con fecha 18 de
noviembre de 2024 presentó solicitud de juramento de abogada ante la Corte
Suprema. Sin embargo, el máximo tribunal con fecha 24 de abril de 2025
rechazó la solicitud, atendido a que registraba en su extracto de filiación y
antecedentes una anotación prontuarial, relativa a la causa RIT 11.895-2013 del
7° Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal que con fecha 27 de noviembre de
2013 la condenó como autora del delito tenencia ilegal de bomba o artefacto
incendiario prohibido, previsto y sancionado en el artículo 13 en relación con el
inciso segundo del artículo 3 de la Ley 17.798, sobre Control de Armas y
Explosivos, anotación que, a juicio de la Corte Suprema, impide que la
requirente satisfaga el requisito de buena conducta que exige el N° 4 del artículo
523 del Código Orgánico de Tribunales para ser abogada.

Frente a dicha decisión presentó reposición administrativa
argumentando como nuevo antecedente la eliminación de sus antecedentes
penales conforme el artículo 8° del DS N° 64 de 1960 del Ministerio de Justicia.
No obstante, con fecha 16 de mayo del 2025, y “atendido el mérito de los
antecedentes y considerando que las argumentaciones invocadas no logran
desvirtuar la decisión adoptada con fecha de veinticinco de abril de dos mil
veinticinco, no ha lugar al recurso de reposición formulado por don Silvio Cúneo
Nash, en representación de Ío Javiera Giuria Muñoz”. Nuevamente, la requirente
presenta reposición, invocando ahora como nuevo antecedente STC recaída en
la causa Rol N° 15.836-24, de fecha 19 de junio del 2025, que declaró inaplicable
el requisito de “buena conducta” para otorgar el título de abogado, acogiendo
un requerimiento presentado contra el artículo 523 N° 4 del Código Orgánico de
Tribunales, por vulnerar la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo.

Dicha reposición fue rechazada por el máximo tribunal con fecha 8 de
agosto de 2025, por lo que presentó recurso de protección, el que fue declarado
inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 11 de septiembre
del año 2025 en los siguientes términos: “2°) Que los hechos descritos en la
presentación de folio 1, atañen a un procedimiento que ha sido de conocimiento de
la Excma. Corte Suprema en la sustanciación del expediente TI-4074-2024, de
manera que el asunto está sometido al imperio del derecho, existiendo autoridad
competente ante el cual se podrán hacer las alegaciones y peticiones pertinentes,
todo lo cual impide que esta acción tutelar pueda ser acogida a tramitación”.

Ante dicha resolución interpuso recurso de reposición con apelación en
subsidio, prosperando solo la apelación, la que se encuentra pendiente de
resolución ante la Corte Suprema y que constituye la gestión pendiente.



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Al fundamentar el conflicto constitucional, alega que el requisito de
“contar con antecedentes de buena conducta” para obtener el título de abogada o
abogado se trataría de un concepto abierto, sin descripción específica ni
parámetros objetivos para quien debe aplicar la norma, por lo que en el caso
concreto su aplicación transgrede la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y
el derecho a su libre elección, el derecho a desarrollar cualquier actividad
económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad
nacional, respetando las normas legales que la regulen y la no discriminación
arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia
económica, principios y derechos que se encuentran garantizados en la Carta
Fundamental, artículo 19, numerales 2, 16, 21 y 22.

Además, la norma impugnada permite que se sancione de nuevo por un
hecho ocurrido hace 13 años, lo que implica una evidente vulneración del
principio Non bis in ídem, infringiendo el artículo 19 N° 5 inciso segundo de la
Constitución, vinculado al numeral 4 de la Convención Americana de Derechos
Humanos y al N° 7 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.



Tramitación y observaciones al requerimiento

Por resolución de fecha 12 de noviembre de 2025 a fojas 33, la Segunda
Sala de esta Magistratura admitió a trámite el requerimiento, ordenando,
asimismo, la suspensión del procedimiento. Y, por resolución de la misma Sala,
fue declarado admisible con fecha 02 de enero de 2026 a fojas 135.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales
interesados y a las demás partes en la gestión invocada, formuló
observaciones el Consejo de Defensa del Estado solicitando el rechazo del
requerimiento por las siguientes razones:

En primer término, señala que las actuaciones de la Corte Suprema para
determinar la buena conducta de la postulante se enmarcan en el ejercicio de la
facultad privativa, exclusiva y excluyente que el legislador le ha otorgado,
consultando los antecedentes disponibles para verificar el cumplimiento de las
exigencias legales y en el cual constaban los hechos que motivaron la
denegación del título.

Asimismo, sostiene que la posible indeterminación abstracta de la norma
impugnada se resuelve en el caso concreto, mediante los mecanismos
institucionales de revisión y ponderación con que cuenta la Corte Suprema, por
lo cual, cualquier textura abierta de la norma tiene límites institucionales: que
es la deliberación y el proceso ante el máximo tribunal.




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Así, los artículos 521 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales en
relación al Acta 47- 2020, que contiene el instructivo para la tramitación de
expedientes de juramento de abogadas y abogados, cuya constitucionalidad,
mediante la respectiva acción, no ha sido impugnada por la requirente
contempla, en el diseño y tramitación del cuaderno de titulación de abogados
una serie de mecanismos y requisitos para ponderar los antecedentes de
conducta para determinar si poseen o no la idoneidad suficiente para ejercer la
profesión de abogada.

De esta forma, la Corte Suprema, y en concreto el Pleno de ésta, funda su
decisión, en el caso concreto, respecto de si se cumple o no con el requisito de
buena conducta, sin que ello constituya arbitrariedad, sino que el ejercicio de
una facultad en un espacio de discrecionalidad razonada.

Además, el Consejo de Defensa del Estado hace presente que, en materia
de otorgamiento de título, la Corte Suprema tiene una potestad discrecional
establecida por la ley. Por lo mismo, su labor no se agota en la mera revisión
formal de los requisitos técnicos, y realiza un examen de fondo que
pormenorizadamente examina el cumplimiento fáctico de cada uno de los
requisitos que el Código Orgánico de Tribunales señala. Para el ejercicio de esta
potestad que el legislador le ha entregado, la Corte Suprema ha dictado el Acta
N°47-2020 “Texto refundido del instructivo para la tramitación de expedientes de
juramento de abogadas y abogados”, que contiene el detalle de las exigencias y
etapas que debe cumplir cada postulante al título.

Agrega que el requerimiento no cuestiona las disposiciones del Código
Orgánico de Tribunales, sino que, en definitiva, acusa como inconstitucionales
las facultades administrativas y económicas que tienen los tribunales
superiores de justicia, esto es, la facultad de establecer si el postulante cuenta o
no, con los requisitos para ejercer el cargo o profesión de abogado.

Luego, en relación al conflicto constitucional planteado por la
requirente, afirma el Consejo que la aplicación de la norma al caso concreto no
vulnera derechos fundamentales, señalando al efecto que las garantías que se
estiman conculcadas por el artículo 523 N°4 del Código Orgánico de Tribunales
no contienen un mayor desarrollo que dé cuenta de forma lógica, razonada y
coherente cómo es que la aplicación de este artículo, en el caso concreto,
produce los efectos inconstitucionales que se alegan. En el requerimiento se
enumeran las garantías supuestamente conculcadas, citándose
pronunciamientos de esta Magistratura en la materia, pero ello, en caso alguno
satisface la exigencia de fundamento razonable.

Así, señala que en el caso concreto no se vulnera la garantía de la
igualdad ante la ley, atendido a que el procedimiento que regula la apertura de
expediente para el juramento se encuentra claramente establecido en el auto




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acordado Acta 47-2020. A dicho auto acordado deben someterse todos los
licenciados en Ciencias Jurídicas que buscan poder jurar para obtener el título
de abogado, por lo que no existe trato desigual ni arbitrario por cuanto la
decisión de la Corte Suprema se funda en las facultades discrecionales,
razonadas y fundadas, que el propio constituyente y legislador le han dado.

Respecto de la alegada vulneración del principio non bis in ídem el
Consejo indica que la aplicación del artículo 523 N° 4 del Código Orgánico de
Tribunales no transgrede dicho principio, pues la negativa a acceder a la
titulación no puede ser considerada sanción, puesto que con ella no se busca
reprender al sujeto que cometió la ilicitud, sino que opera después y como la
verificación de la inconcurrencia de un requisito legal para obtener el título de
abogado.

Asimismo, la garantía de libertad de trabajo no se afecta con la aplicación
del precepto cuestionado, pues al no existir antecedentes de buena conducta, es
un requisito que implica la falta de idoneidad para el cargo o título,
circunstancia que, al igual que ocurre con la "capacidad", la Constitución
Política la contempla específicamente como factor de diferenciación en
materias laborales, no existiendo en consecuencia ni ilegalidad ni
discriminación arbitraria alguna.

Tampoco se estima transgredida la garantía para ejercer cualquier
actividad económica y la garantía de no discriminación arbitraria en el trato
que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.

A fojas 205, en decreto de fecha 03 de febrero de 2026 se dispuso traer los
autos en relación.



Vista de la causa y acuerdo

En audiencia de Pleno del día 09 de abril de 2026, se verificó la vista de la
causa oyéndose la relación pública y los alegatos de los abogados Silvio Cuneo
Nash, por la parte requirente, y Andrés Neira Hurtado, por el Consejo de
Defensa del Estado, adoptándose acuerdo con igual fecha, conforme
certificación de la señora relatora.



Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la parte requirente ha planteado un conflicto de
constitucionalidad respecto del artículo 523 N° 4 del Código Orgánico de
Tribunales (“COT”), norma que regula los requisitos para acceder al título
profesional de abogado, que confiere la Excma. Corte Suprema. El requisito
cuestionado es contar con “Antecedentes de buena conducta”. Asimismo, el




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precepto confiere la facultad a la Excma. Corte Suprema de “practicar las
averiguaciones que estime necesaria acerca de los antecedentes personales del
postulante”.

Como antecedente de caso concreto la requirente indica que el máximo
tribunal ha rechazado reiteradamente su solicitud de titulación, atendido a que
registraba en su extracto de filiación y antecedentes una anotación prontuarial,
relativa a la causa RIT 11.895-2013 del 7° Juzgado de Garantía de Santiago,
tribunal que con fecha 27 de noviembre de 2013 la condenó como autora del
delito tenencia ilegal de bomba o artefacto incendiario prohibido, previsto y
sancionado en el artículo 13 en relación con el inciso segundo del artículo 3 de
la Ley 17.798, sobre Control de Armas y Explosivos, anotación que, a juicio de la
Corte Suprema, impide que la requirente satisfaga el requisito de buena
conducta que exige el N° 4 del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales
para ser abogada. Alega la requirente que, a la fecha de ocurrido los hechos,
tenía 18 años de edad y era estudiante secundaria. Que, tras haber cumplido su
condena, cursó con honores la carrera de derecho y se ha dedicado a la
actividad académica, para lo cual ha realizado estudios de postgrado,
concluyendo con éxito sus estudios de maestría cursando en la actualidad la
formación de doctorado en derecho. Plantea la requirente que estos
antecedentes demuestran su empeño por reconducir su vida, reintegrarse a
plenitud en la sociedad y aportar significativamente a la formación jurídica por
medio de la actividad académica en la educación superior, lo que debería ser
considerado como respaldo suficiente de su buena conducta para acceder al
título de abogada. Finalmente, informa que la anotación prontuarial -que dio
lugar a la negativa de la Corte Suprema alegando la disposición impugnada- se
encuentra eliminada, hecho sobre el cual la requerida se encuentra en
conocimiento.

SEGUNDO. Que esta Magistratura ya se ha pronunciado sobre el
precepto impugnado en STC roles 13.081; 13.913; 15.609; 15.610; 15.611; 15.632;
15.638; 15.836 que acogen los requerimientos de inaplicabilidad, advirtiendo
los efectos inconstitucionales que genera su aplicación, pues permite denegar el
juramento a un postulante en base a criterios que no están determinados en la
ley, sino que se incorporan por el órgano encargado de aplicar la norma, al
amparo de un concepto jurídico indeterminado -“buena conducta”- situación
que genera de facto una inhabilidad perpetua para el ejercicio de la profesión.
El presente requerimiento será acogido siguiendo sustancialmente lo razonado
en las sentencias previamente individualizadas, dado que no se han entregado
argumentos nuevos que ameriten modificar lo ya resuelto a propósito del
precepto en cuestión.

TERCERO. Que, en efecto, pese a que las STC 13.081; 13.913; 15.609;
15.610; 15.611; 15.632; 15.638; 15.836 son relevantes para resolver el presente



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conflicto constitucional en similares términos, el Consejo de Defensa del Estado
no se hizo cargo de ellas en sus traslados de fondo, falencia que intentó
subsanarse en estrados, al plantearse, en lo sustancial, tres nuevos argumentos:
(i) la textura abierta de la norma se subsana con los mecanismos institucionales
para suplir su indeterminación; (ii) las STC 13.081; 13.913; 15.609; 15.610;
15.611; 15.632; 15.638; 15.836 razonan en “abstracto” y la inaplicabilidad es un
control “concreto”; (iii) el presente caso difiere de los previos, pues la negativa a
otorgar el título es una decisión razonada -ejercicio de una facultad en un
espacio de discrecionalidad razonada reconocida como constitucionalmente
legítima- y no arbitraria. Se incardina en estos argumentos el central: que la
norma no contiene una sanción penal, sino un requisito de acceso para ejercer
una determinada profesión, cuya inconcurrencia se limita a verificar, sin
perseguir finalidad represiva o correccional alguna.

CUARTO. Que, si se aprecia con atención las gestiones que dieron lugar a
las STC 13.081; 13.913; 15.609; 15.610; 15.611; 15.632; 15.638; 15.836, así como
aquellas que dieron lugar presente a la causa, se vislumbra con nitidez que los
mecanismos institucionales para subsanar la textura abierta de la norma son
insatisfactorios. En este caso la postulante cumplió con todos los requisitos del
artículo 523 del COT; aprobó su práctica profesional; acompañó los testigos
exigidos por el acta 47-2020 de la Excma. Corte Suprema; contó con informe
favorable del Comité de Personas; y pese a ello el juramento fue denegado.

Respecto del control de la negativa de juramento, cabe tener presente lo
acontecido en la gestión judicial pendiente que dio lugar a la sentencia
estimatoria de inaplicabilidad rol 13.081, en la que consta que la Corte de
Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de protección “toda vez
que no resulta ser la vía idónea al efecto”, sentencia confirmada por la Excma.
Corte Suprema con fecha 7 de agosto de 2023 (causa rol N° 7.286-2022). Vale
decir, pese a la sentencia estimatoria de inaplicabilidad, la Excma. Corte
Suprema estimó que el recurso de protección no era la vía idónea para
cuestionar su propia decisión. Sin embargo, cuando la gestión pendiente se
hace consistir en el expediente mismo de titulación, la Excma. Corte Suprema
sostiene que no es gestión útil para sustentar un reclamo de inaplicabilidad,
debiendo judicializarse la negativa a través de una acción que,
presumiblemente, es la acción de protección (véase STC 13.913, c. 3 a 20).

QUINTO. Que, en efecto, pese a que los postulantes cumplan con los
requisitos para acreditar buena conducta según el acta 47-2020 (testigos y
certificado de honorabilidad), la Excma. Corte Suprema igualmente podría
denegar el juramento. La Excma. Corte podría ilustrar su decisión con lo que
informe el Comité de Personas, pero sucede que éste se encuentra integrado por
Ministras y Ministros del propio tribunal, y aún si se obtuviera una
recomendación favorable, el juramento podría ser igualmente denegado.



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Respecto del control de la negativa a jurar, cualquier reclamo jurisdiccional
terminará siendo conocido y resuelto, en última instancia, por la propia Excma.
Corte Suprema. A la luz de estos antecedentes, no persuade el argumento
esgrimido por el Consejo de Defensa del Estado en orden a que la textura
abierta de la norma se subsana a través de mecanismos institucionales idóneos
para ello, pues siempre la determinación de lo que es “buena conducta” en cada
caso quedará al parecer de la mayoría del pleno de la Excma. Corte Suprema,
con independencia de lo que regule el Acta N° 47-2020, y sin mecanismos
externos de control de la decisión final.

SEXTO. Que también se dijo por el Consejo de Defensa del Estado que la
STC 13.913 entrega argumentos que se acercan a un control abstracto de la
norma, lo que es propio de la competencia del artículo 93 N° 7 de la
Constitución.

Pues bien, es cierto que en reiteradas oportunidades esta Magistratura
ha distinguido entre las competencias del artículo 93 N° 6 y N° 7 de la
Constitución según el carácter de control “concreto” de la primera y “abstracto”
de la segunda. En tal sentido, predomina la idea de que un precepto puede ser
en “abstracto” constitucional, pero su aplicación en el caso “concreto”
específico de que se trate puede ser inconstitucional, con lo cual es posible
acoger una acción del artículo 93 N° 6 y rechazar la del artículo 93 N° 7 respecto
de un mismo precepto legal. De ahí la diferencia entre ambas atribuciones.

Cosa muy distinta es lo que propone el Consejo de Defensa del Estado, en
orden a que esta Magistratura estaría impedida de entregar argumentos de tipo
abstracto cuando ejerce la atribución del artículo 93 N° 6. Ello implicaría
desconocer la conexión que existe entre ambas acciones, la que queda de
manifiesto con el requisito de procesabilidad para la declaración de
inconstitucionalidad con efectos erga omnes, que debe recaer, según texto
constitucional expreso, sobre “un precepto legal declarado inaplicable en
conformidad a lo dispuesto en el numeral anterior” (artículo 93 N° 7 parte final
de la Constitución). Así, se ha dicho que el juicio propio de la atribución del
artículo 93 N° 7 es de tipo abstracto, y procedente en el caso que el precepto
legal en cualquier circunstancia y cualquiera sea la interpretación que de él se
haga, infrinja la Carta Fundamental (STC 4.966), y si ello es así, es razonable
suponer que su aplicación a cualquier caso concreto producirá efectos
inconstitucionales. Entonces, cuando un precepto tiene vicios de
constitucionalidad de tipo abstracto, el control concreto de la inaplicabilidad se
agota en dilucidar si el precepto tendrá aplicación decisiva en una gestión
judicial pendiente (84 N° 3 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional),
lo que en este caso acontece.




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SÉPTIMO. Que, si se ha constatado que el precepto puede tener
aplicación decisiva en la gestión pendiente, es procedente entrar a conocer del
fondo de la acción del N° 6 del artículo 93 de la Constitución. Este control recae
sobre un precepto legal o, si se quiere, sobre su aplicación en la gestión
pendiente, pero no sobre el actuar de los poderes públicos, como sería entrar a
conocer los fundamentos de la Excma. Corte Suprema para denegar el título. En
efecto, el Consejo de Defensa del Estado insinúa que el control concreto en este
caso consistiría en determinar si el requirente cuenta o no con mala conducta,
pero ello implicaría sustituir la labor de la Excma. Corte Suprema y además
controlar su decisión, cuestión improcedente, tal como se reconoce en estrados
al indicar que “este Tribunal no está llamado a ponderar el criterio del
evaluador”. Además, cabe observar que la falta de densidad normativa del
precepto cuestionado deja poco margen para un control de lo resuelto, pues
resultará inevitable que en tal labor entren los juicios de valor permitidos por
la norma, que es precisamente uno de los defectos que le reprochará esta
sentencia. Es así que el control concreto que corresponde efectuar en ningún
caso se relaciona con determinar si el requirente cuenta o no con “antecedentes
de buena conducta” pues ello sería, por una parte, sustituir a la Excma. Corte
Suprema en la labor de aplicación de la ley a los hechos del caso y, por otra,
efectuar una labor que pugna con la Constitución, aunque autorizada por el
precepto en examen.

OCTAVO. Que, entonces, no cabe distinguir el presente caso de aquellos
previos, bajo el argumento de que en el presente la decisión de denegar el
juramento se encuentra justificada. A esta Magistratura Constitucional no le
corresponde verificar si la Excma. Corte Suprema ha hecho una aplicación,
correcta, incorrecta o arbitraria del artículo 523 N° 4 del COT. Tampoco es
resorte de esta Magistratura, vía inaplicabilidad, señalar cuál es la
interpretación correcta de una norma, menos cuando la elección de una podría
presentar reparos de constitucionalidad, pues la recta interpretación y
aplicación de la ley es una labor privativa del juez del fondo (en este sentido,
STC rol 12.885, c. 5°). Como ha señalado esta Magistratura “dentro de la lógica
del control concreto de constitucionalidad que caracteriza al requerimiento de
inaplicabilidad, un análisis del sentido y alcance de la ley para la gestión judicial
de que se trata, no tiene cabida” (STC rol 3877, c. 19°). Esto es así, porque el efecto
extremadamente gravoso para el requirente -inhabilidad para ejercer la
profesión- no deriva tanto de la actuación de la Excma. Corte Suprema -que
podemos o no compartir- sino más bien de la alusión del precepto impugnado a
un concepto indeterminado que puede ser colmado por criterios éticos,
valorativos y extralegales de quien está llamado a aplicar la norma.

NOVENO. Que, en cuanto al fondo del requerimiento, el Consejo de
Defensa del Estado sostiene que el precepto impugnado no establece una




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sanción, sino que establece un requisito de acceso, razón por la cual no
corresponde analizar el conflicto desde las garantías establecidas en el numeral
3 del artículo 19 de la Constitución, sino de lo señalado en su numeral 16 (fs.
201). Pues bien, tal como razonó esta Magistratura en sus STC 13.081 y 13.913,
precisamente la aplicación del artículo 523 N° 4 del COT contraviene los
numerales 2 y 16 del artículo 19 de la Carta Fundamental, como se pasa a
desarrollar a continuación.

DÉCIMO. Que el artículo 19 N° 16 de la Constitución asegura a todas las
personas “La libertad de trabajo y su protección”. En su acepción incluso más
clásica y liberal, esta garantía es entendida como el reconocimiento “a toda
persona el derecho constitucional a buscar, escoger, obtener, practicar, ejercer o
desempeñar cualquier actividad remunerativa profesión u oficios lícitos, vale
decir, no prohibido por la ley. También incluye el derecho a abandonar una
actividad. Con ello se rechazan los obstáculos legales o reglamentarios que
inhabiliten el ejercicio de esta libertad, tal como ha ocurrido en otros períodos
históricos” (Irureta, Pedro, Constitución y orden público laboral. Un análisis del
art. 19 N°16 de la Constitución chilena”, en Colección de Investigaciones
Jurídicas N°9, Universidad Alberto Hurtado, 2006, p. 47). Siguiendo al autor,
esta Magistratura ha señalado que “De acuerdo con la doctrina, la garantía de la
libertad de trabajo faculta a toda persona a buscar, obtener, practicar y ejercer o
desempeñar cualquier actividad remunerada, profesión u oficio lícitos, vale decir,
no prohibidos por la ley. Implica, desde luego, la libertad de elegir un trabajo,
evitando compulsiones para realizar labores determinadas” (STC rol 1413, c. 21°).
Asimismo, como se tuvo la ocasión de recordar recientemente por esta
Magistratura “[l]a protección del trabajo es una cuestión que se asume como
inherente a la propia legislación del trabajo’ (Rol N° 2671, c.7°) y tal protección se
extiende al resguardo del trabajo mismo, ‘en atención al compromiso inseparable
de respeto a la dignidad del trabajador en la forma que efectúa su labor y a la
ineludible función social que cumple el trabajo. En consecuencia, la Constitución
también protege al trabajo propiamente tal, no consagrando el derecho al
trabajo en términos generales, pero sí derechos que constituyen elementos
fundamentales de éste y que pueden exigirse efectivamente del Estado’ (Rol N°
1852, c. 6°). Consecuentemente, ‘[l]a protección, ya sea a la libertad de trabajo, ya
del propio trabajo, constituye una obligación que corresponde a toda la
comunidad y, en especial, a quien la dirige, es decir, al Estado. Constituye, por lo
tanto, un derecho social o de segunda categoría, por cuanto fuerza al Estado a
crear las condiciones necesarias para que, en el hecho, puedan ejercerse
realmente tanto la libertad como el trabajo que ya se está desarrollando. Su
consagración a nivel constitucional importa la creación de una norma
programática, resultando ser para el legislador un verdadero mandato su




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regulación’ (Alejandro Silva Bascuñán (2010), ‘Tratado de Derecho
Constitucional’, tomo XIII, Ed. Jurídica de Chile, p. 225)” (STC Rol, 13.298, c. 27°).

DECIMOPRIMERO. Que la intervención del legislador en los derechos
fundamentales, como es la libertad de trabajo, es permitida en la medida que
sea proporcionada. La proporcionalidad en sentido amplio, o prohibición de
exceso, es aquel “principio constitucional en virtud del cual la intervención
pública ha de ser susceptible de alcanzar la finalidad perseguida, necesaria o
imprescindible, al no haber otra medida menos restrictiva de la esfera de libertad
de los ciudadanos” (Barnes, Javier, 1994, Introducción al principio de
proporcionalidad en el Derecho comparado y comunitario, en Revista de
Administración Pública, N° 135, p. 500; en este sentido también, STC rol 2983, c.
21°). En virtud de tal principio, “la intervención del legislador en derechos
fundamentales podrá considerarse válida siempre y cuando: 1) persiga un fin
constitucionalmente legítimo; 2) constituya un medio idóneo para alcanzarlo; 3)
sea necesaria, al no existir un medio menos lesivo e igualmente apto para
alcanzar la misma finalidad; 4) exista proporcionalidad entre los sacrificios y los
beneficios que se obtienen con la medida legislativa” (Lopera Mesa, Gloria, 2010,
Principio de proporcionalidad y control constitucional de las leyes penales, en
Carbonell, coord., el Principio de proporcionalidad en la interpretación
jurídica, Librotecnia, pp. 214-215). Asimismo, la doctrina ha sostenido que “El
principio de proporcionalidad cumple la función de estructurar el proceso
interpretativo para la determinación del contenido de los derechos
fundamentales que resulta vinculante para el Legislador y para la
fundamentación de dicho contenido en las decisiones de control de
constitucionalidad de las leyes. De este modo, este principio opera como un
criterio metodológico, mediante el cual se pretende establecer qué deberes
jurídicos imponen al Legislador las disposiciones de los derechos fundamentales
tipificadas en la Constitución” (Bernal Pulido, Carlos, 2007, El principio de
proporcionalidad y los derechos fundamentales, 3ª ed., Madrid, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, p. 81).

DECIMOSEGUNDO. Que el Tribunal Constitucional Federal Alemán,
pionero en el empleo del principio de proporcionalidad en el control de
constitucionalidad de las leyes, se ha referido a este principio precisamente en
materia de regulación legal del ejercicio de la profesión. En su Sentencia
BVerfGE 41, 378, sostuvo que “De acuerdo con ese principio, la intervención se
debe fundamentar en el libre ejercicio de la profesión con consideraciones de
orden lógico y adecuado; el medio empleado debe ser además, idóneo y necesario
para alcanzar los fines que se persiguen; para el caso de una ponderación entre la
magnitud de la intervención y el peso y urgencia de los motivos que lo justifican,
se tienen que tener en cuenta también los límites de la razonabilidad; entre más
sensible sea el perjuicio que se cause al libre ejercicio de la profesión, más fuertes




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deberán ser los intereses de la comunidad, a cuyo servicio se haya destinado la
reglamentación” (Schwabe, 2009, Jurisprudencia del Tribunal Constitucional
Federal Alemán, Konrad – Adenauer- Stiftung e. V., p. 326).

DECIMOTERCERO. Que, es claro que el legislador, al establecer
determinados requisitos para el acceso al ejercicio de la profesión, realiza una
intervención de derechos fundamentales. Corresponde, entonces, analizar si tal
intervención responde a un fin constitucionalmente legítimo; es idónea o
adecuada para alcanzarlo; es necesaria, y es proporcional en sentido estricto.

DECIMOCUARTO. Que, en cuanto al fin legítimo, observando el estatuto
constitucional en el ámbito de la libertad de trabajo y su protección, éste, en su
artículo 19 N°16, “prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la
capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la
nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos”. La idoneidad
es la aptitud referida a conocimientos y experiencia para desempeñar una
labor y su concreción estará dada en cada caso al conectarse las exigencias a la
tarea en cuestión. Tal idoneidad si es llevada a un ámbito moral encuentra un
campo particularmente crítico para determinar restricciones y, por lo mismo,
requeriría un estándar de fundamentación particularmente exigente. Desde
ahí, la reglamentación del legislador para incidir en materias que afecten el
núcleo esencial de garantías debe ser especialmente cuidadosa a efectos de
entregar los parámetros en virtud de los cuales podrá inhibirse el ejercicio de
tal garantía. En tal sentido, tal como se asentó en el pronunciamiento de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Pávez versus Chile, mediante
sentencia de 4 de febrero de 2022, “el Estado no puede renunciar a su función de
control y tiene la obligación de establecer reglas claras y eficaces para la
protección de los derechos eventualmente afectados en estos actos dictados por
delegación”.

DECIMOQUINTO. Que, cabe observar que el título de abogado y de las
exigencias para su obtención están determinadas en la ley. El COT, en el artículo
520, del Título XV, define a los abogados como: “(…) Personas revestidas por la
autoridad competente de la facultad de defender ante los Tribunales de Justicia
los derechos de las partes litigantes (…)”. Por su parte el artículo 521 del mismo
cuerpo legal señala que: “(…) El título de abogado será otorgado en audiencia
pública por la Corte Suprema reunida en tribunal pleno, previa comprobación y
declaración de que el candidato reúne los requisitos establecidos por los artículos
523 y 526 (…)”. Asimismo, los requisitos para ser Abogado de acuerdo al artículo
523 son los siguientes: “(…)1° Tener veinte años de edad; 2° Tener el grado de
licenciado en Ciencias Jurídicas otorgado por una Universidad, en conformidad a
la ley; 3° No haber sido condenado ni estar actualmente acusado de crimen o
simple delito que merezca pena aflictiva; 4° Antecedentes de buena conducta. La
Corte Suprema podrá practicar las averiguaciones que estime necesarias acerca



12
0000242
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS




de los antecedentes del postulante; y 5° Haber cumplido satisfactoriamente una
práctica profesional por seis meses en las corporaciones de asistencia judicial a
que se refiere la Ley N°17.995, circunstancia que deberá acreditarse por el
Director General de la respectiva Corporación (…)”. Finalmente, se señala en el
artículo 526 del COT que sólo los chilenos, y los extranjeros residentes que
hayan cursado la totalidad de sus estudios de derecho en Chile, podrán ejercer
la profesión de abogado, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados
internacionales vigentes.

DECIMOSEXTO. Que, el fin perseguido por el legislador al establecer el
requisito contenido en el precepto censurado dice relación con garantizar que
quienes accedan a este título profesional “tengan la calificación profesional
suficiente para el ejercicio de la facultad de defender ante los Tribunales de
Justicia los derechos de las partes litigantes y de las demás que se ganan con el
otorgamiento del título en mención” (Acta 47-2020, Excma. Corte Suprema), esto
es, que puedan ejercer adecuadamente la autoridad que el artículo 520 del COT
les otorga. La profesión de abogado está inherentemente ligada al acceso a la
justicia, a la protección de derechos y, en esta línea, a los derechos humanos
(“Principios Básicos sobre la Función de los Abogados”, Instrumento Universal
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos). En tal contexto, el requisito de gozar de buena conducta para ser
abogado se pretende alzar como idóneo para garantizar que quienes
desempeñen la profesión revistan la aptitud para el ejercicio de la función que
le encomienda el artículo 520 del COT.

DECIMOSÉPTIMO. Que, ahora bien, artículo 523 N° 4 del COT pretende
garantizar la idoneidad y aptitud de los profesionales, incorporando un
requisito de acceso que se basa, como sostiene el Consejo de Defensa del Estado,
en una evaluación ética -no penal- de los postulantes. Sin embargo, aunque se
haya tratado de trazar una línea de distinción entre el estándar ético y el
estándar penal para garantizar la idoneidad profesional, el legislador
normalmente ha recurrido al iter criminal de la persona para efectos de
establecer limitaciones de ejercicio de la profesión. Así lo hizo en el artículo en
el artículo 28 del Código Penal al establecer que “Las penas de presidio,
reclusión, confinamiento, extrañamiento y relegación mayores, llevan consigo la
de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos
políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure
la condena”, y lo propio puede decirse del numeral 3° del artículo 523 del COT,
que impone como requisito para ser abogado: “No haber sido condenado ni
estar actualmente acusado por crimen o simple delito que merezca pena
aflictiva”. Por su parte, la Excma. Corte Suprema, para denegar el título
invocando el N° 4 impugnado, suele fundarse en el iter criminal, refiriendo a
procesos criminales -por lo general ya concluidos, sea por sobreseimiento




13
0000243
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES




definitivo o por cumplimiento de la condena-, y lo hace incluso en aquellos
casos, como el de autos, en que los antecedentes han sido eliminados, o cuando
las sanciones impuestas son inferiores a las que el legislador consideró en la
causal específica del numeral 3 del artículo 523 del COT.

DECIMOCTAVO. Que parece ineludible, entonces, recurrir a conductas
criminales cuando se trata de juzgar éticamente ex ante a quien aún no es
profesional, pero esta evaluación ya fue incorporada por el legislador en el
numeral 3° del artículo 523 del COT, quién además fijó un estándar de
ponderación referido a la gravedad de la conducta y su consiguiente sanción. Y
así surge la duda de qué conductas serán incorporadas por el órgano encargado
de aplicar la norma, pues existe un amplio catálogo de delitos sancionados con
penas no aflictivas que podrían ser subsumidas en la causal que se invoca
(numeral 4, artículo 523), sin que el precepto posea la densidad normativa
suficiente para conocer anticipadamente qué conductas serán constitutivas de
“mala conducta”. Ello habilita tratos discriminatorios y desproporcionados
carentes de control, lo que infringe el N° 2 del artículo 19 de la Constitución.

DECIMONOVENO. Que, por otra parte, respecto del control ético que
justificaría la norma, se aprecia una diferencia importante cuando se pretende
realizar idéntico control ex post a quienes ya cuentan con el título profesional, y
ello es así porque en ese caso se está sujeto al catálogo de deberes propios de
cada profesión, lo que se conoce como la lex artis profesional. Pues bien, sucede
que, en lo tocante al control ético de los abogados, los colegios profesionales ya
no detentan la facultad de sancionar a sus asociados con la pérdida del título de
abogado, toda vez que no existe en la Carta Fundamental una norma que
excepcione del cumplimiento de la prohibición constitucional del artículo 19 N°
16 inciso 4° que establece que “Ninguna ley o disposición de autoridad pública
podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para
desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para
mantenerse en éstos”. Lo anterior, sin perjuicio de que, en ese mismo inciso, en
relación al control ético de las profesiones, se establecen normas para el control
del desempeño ético de los afiliados a los respectivos colegios profesionales y se
reafirma que la afiliación es voluntaria, restringiendo la esfera de actuación de
estas instancias gremiales, disponiéndose “Los colegios profesionales
constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesiones,
estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre
la conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante
la Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán
juzgados por los tribunales especiales establecidos en la ley”.

VIGÉSIMO. Que, como el N° 3 del artículo 523 ya impone un estándar
ético que se alzaría como apto para garantizar la idoneidad profesional de los
abogados, la expresión “Antecedentes de buena conducta” contemplada en el N°



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0000244
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO




4 implica una regulación en exceso abierta, vaga y con precaria densidad
normativa para consignar un obstáculo al requirente, a efectos de recibir un
trato igual ante la ley y que le permita ejercer libremente un oficio o profesión.
La disposición carece de un verbo rector o conducta concreta establecida
expresa y directamente por ley, de modo que impide al postulante conocer los
elementos centrales de aquel comportamiento, los que serán utilizados por la
Excma. Corte Suprema al momento de juzgar su idoneidad ética para el
ejercicio de la profesión.

VIGESIMOPRIMERO. Que, garantizar la idoneidad de los abogados es
una finalidad legítima, pero la recurrencia de “buena conducta” como un
requisito de acceso no satisface el examen de necesidad derivado del principio
de proporcionalidad, considerando que existen medios menos lesivos y
compatibles con la interdicción de la arbitrariedad. En efecto, ex ante se
encuentra el baremo fijado por el artículo 523 N°3, que permite saber al
postulante qué conductas son, para el legislador, éticamente reprochables; y ex
post, se contempla un mecanismo disciplinario y penal al que se sujetan todos
los abogados por sus conductas profesionales.

VIGESIMOSEGUNDO. Que, siguiendo con el principio de
proporcionalidad, en materia de ejercicio de la profesión, cobra relevancia lo
razonado por el Tribunal Constitucional Federal Alemán acerca del alcance de
la competencia del legislador en la regulación de derechos fundamentales, la
que ha de efectuarse por niveles según si se trata de (i) la libertad de elegir la
profesión; (ii) el ejercicio de la profesión:

“La libertad de ejercer una profesión se puede restringir por vía de
‘reglamentación’, en la medida que consideraciones razonables sobre el bien
común, lo hagan parecer adecuado. la libertad de elegir profesión, por el
contrario, sólo puede ser restringida en la medida que la protección de un bien
común especialmente importante (‘prevalente’) lo exija obligatoriamente, esto es,
en la medida que la protección de los bienes en cuestión, a los cuales, luego de una
ponderación cuidadosa, se les deba conceder prevalencia frente al derecho a la
libertad del particular y en la medida que esa protección no se pueda asegurar de
otra manera, principalmente con los medios, que no restringen la elección de
profesión o lo hacen en menor grado. Si la intervención en la libertad de elegir
profesión se manifiesta como indispensable, entonces el legislador tendrá que
elegir siempre la forma de la intervención, que limite lo menos posible el derecho
fundamental” (Schwabe, 2009, Jurisprudencia del Tribunal Constitucional
Federal Alemán, Konrad – Adenauer- Stiftung e. V., p. 322).

VIGESIMOTERCERO. Que, en este orden de ideas, se infringe el
principio de proporcionalidad si se establece un requisito de acceso a la
profesión que resulta más exigente y gravoso que las condiciones de ejercicio.




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0000245
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO




En el caso de los abogados, la “buena conducta” es sólo un requisito de acceso,
pero no de ejercicio, pues una vez otorgado el título, no se pierde el título por el
hecho de tener “mala conducta”. El título de abogado se pierde sólo cuando la
ley ha establecido la inhabilitación del ejercicio de la profesión y ante
conductas (delitos) claramente determinadas y que afectan bienes jurídicos
relevantes como la administración de justicia y, específicamente, la función de
auxiliar de la administración de justicia que ejercen los abogados en cuanto son
“personas revestidas por la autoridad competente de la facultad de defender ante
los Tribunales de Justicia los derechos de las partes litigantes” (artículo 520,
COT).

VIGESIMOCUARTO. Que lo dicho en el considerando precedente
permite descartar que el precepto tenga su justificación en las facultades
constitucionales disciplinarias o correccionales de la Excma. Corte Suprema.
Esto porque tales facultades alcanzan a los tribunales y a los auxiliares de la
administración de justicia, por las conductas en el ejercicio o con ocasión de sus
funciones. En cambio, el precepto reprochado autoriza a la Excma. Corte
Suprema a juzgar a quienes aún no son abogados, de una forma más gravosa e
intensa que aquellos que están sujetos a sus facultades disciplinarias pues, tal
como se reconoció en estrados, la Excma. Corte, en el ejercicio de sus facultades
disciplinarias, sólo puede establecer como sanción la suspensión temporal -no
perpetua- del ejercicio de la profesión.

VIGESIMOQUINTO. Que, a mayor abundamiento, lejos de reglar o dotar
de contenido a la expresión “buena conducta”, el precepto impugnado
contempla una autorización a la Excma. Corte Suprema para “practicar las
averiguaciones que estime necesarias acerca de los antecedentes personales del
postulante”, lo cual se traduce en una carta blanca para inmiscuirse en aspectos
que podrían quedar bajo la esfera íntima y privada de una persona.

Sobre el particular, esta Magistratura ha cuestionado este tipo de
habilitaciones no sujetas a ningún parámetro de control, indicando que pugna
con la privacidad y la dignidad de la persona humana garantizadas por la
Constitución:

“[…] se observa la habilitación irrestricta que el inciso primero de la letra
b) otorga al órgano administrativo correspondiente para recabar, con cualidad
imperativa, toda clase de antecedentes, sin que aparezca limitación alguna que
constriña tal competencia al ámbito estricto y acotado en que podría hallar
justificación. Es más, dicha habilitación se confiere sin trazar en la ley las pautas
o parámetros, objetivos y controlables, que garanticen que el órgano
administrativo pertinente se ha circunscrito a ellos, asumiendo la
responsabilidad consecuente cuando los ha transgredido […]. […] Que, por
consiguiente, la disposición en examen merece ser calificada como discrecional,




16
0000246
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS




es decir, abierta, por la indeterminación que contiene, con respecto a las
decisiones que el Director del órgano pertinente juzgue necesario llevar a la
práctica, circunstancia que reviste gravedad singular tratándose de la dignidad y
de los derechos esenciales ya comentados; […] Que se halla así demostrado que la
dignidad de la persona y sus derechos a la vida privada y a la reserva de las
comunicaciones de igual naturaleza, que fluyen de aquella, quedan en situación
de ser afectados en su esencia por la normativa del proyecto examinado, sin que
esta iniciativa contemple los resguardos y controles heterónomos indispensables,
sobre todo los de naturaleza judicial, que eviten o rectifiquen tal eventualidad,
motivos por los cuales debe ser declarada la inconstitucionalidad” (STC rol 389, c.
25° a 27°).

VIGESIMOSEXTO. Que, se ha sostenido que el precepto en examen es
cumplimiento del mandato establecido en el inciso cuarto del artículo 19 N° 16
de la Constitución: “La ley determinará las profesiones que requieren grado o
título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas”.
Precisamente es materia de reserva legal el establecimiento de las condiciones
que deben cumplirse para ejercer la profesión, y más allá del debate de la
posible colaboración reglamentaria, administrativa o interpretativa, es claro
que es la ley la que, en primer término, ha de fijar respectivo requisito. Sin
embargo, desde el momento en que el legislador establece como condición la
“buena conducta”, sin entregar criterio alguno para su determinación,
renuncia a la facultad de legislar que el constituyente le ha encargado,
delegándosela por completo al órgano que ha de otorgar el título de abogado, el
cual, al amparo del precepto en examen puede agregar requisitos que no están
expresamente señalados en la ley, valiéndose de una facultad legal no
precisada a nivel normativo. Así, en ningún caso la ley podría alzarse como una
suerte de “carta blanca” o de habilitación sin límites para que algún poder del
Estado sea ejercido sin fronteras reconocibles en la norma por el ciudadano
que está sometido a ellos.

VIGESIMOSÉPTIMO. Que, de esta forma, cuando el constituyente
encarga al legislador la regulación de un determinado derecho fundamental,
no puede este delegar por completo tal función a otro órgano para que lo haga
de forma enteramente discrecional. Es así que, al amparo del principio de
proporcionalidad el grado de discrecionalidad que se entrega ha de
corresponderse a la envergadura de los bienes jurídicos que su ejercicio abarca
o cobra. Como ha señalado esta Magistratura “sin pretender que el legislador
determine en este caso un tipo de actividad administrativa plenamente reglada,
como se denomina en la doctrina, las referidas forma y condiciones de la
ejecución de las acciones de salud sí deben determinarse por la ley con un grado
de precisión tal que impida que el ejercicio de la discrecionalidad administrativa




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0000247
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE




se extienda a la vulneración de los derechos constitucionales” (STC Rol 1710, c.
158°).

VIGESIMOCTAVO. Que, la infracción a la reserva legal en materia de
condiciones que deben cumplirse para ejercer una determinada profesión se
verifica tanto si el adjudicador incorpora un requisito no contemplado en la ley,
valiéndose de una norma sin densidad normativa, o si se hace a través de
regulaciones infra legales. Por ello, la infracción al artículo 19 N° 16 se configura
cualquiera sea la interpretación que al precepto censurado le dé la Excma.
Corte Suprema, ya en su instructivo, ya en la resolución que concede o deniega
un título de abogado, pues de cualquier forma se incorporan condiciones de
ejercicio de la profesión que no están establecidas en la ley.

VIGESIMONOVENO. Que, finalmente, y como ya se adelantó, la
indeterminación de la norma permite discriminaciones arbitrarias en el
ejercicio de derechos fundamentales, lo que infringe el numeral 2° del artículo
19 de la Constitución. Ello, porque se distingue entre quienes tienen
“antecedentes de buena conducta” y quienes no, sin que existan criterios
objetivos y razonables para realizar tan distinción, quedando tal
determinación al criterio valorativo imperante al momento de aplicar el
precepto legal. Adicionalmente, la norma permite un trato distinto entre
quienes ya cuentan con el título profesional de abogado y quienes no, en tanto
los segundos se encuentran sometidos a un control ético más intenso y menos
garantista que aquel al que estarían sujetos si ya contaran con el título.

TRIGÉSIMO. Que, de esta forma, la infracción al principio de
proporcionalidad que fue constatada en los considerandos precedentes
también se traduce en una infracción a la garantía de igualdad ante la ley, pues
ella “supone también que la diferencia de trato introducida sea proporcionada a
la diferencia de hecho existente, teniendo particularmente en cuenta el propósito
o finalidad perseguida por el legislador” (STC Rol 784, c. 20°), o como ha
razonado el Tribunal Constitucional de España “para que la diferenciación
resulte constitucionalmente lícita no basta que lo sea el fin que con ella se
persigue, sino que es indispensable además que las consecuencias jurídicas que
resultan de tal distorsión sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de
manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el
fin pretendido por el legislador supere un juicio de proporcionalidad en sede
constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos”
(Sentencias 76/1990 y 253/2004, citadas en STC Rol 790, c. 22°).

TRIGESIMOPRIMERO. Que, finalmente, no es posible preterir la
diferencia de trato por parte del Estado, que ha variado según si la persona
trabaja gratuitamente en interés del Fisco o bien lo hace para sustentar su vida.
Esto, porque al aprobar su práctica profesional se le reconoce idoneidad y




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0000248
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO




aptitud ética al postulante, a fin hacerle soportar una carga pública sin
remuneración, pero inmediatamente después desconoce tales calidades para
que ejerza la profesión, ahora en su propio beneficio. Si este último trato es el
correcto, vale decir, el efectuado con la negativa a otorgar el título, habría de
concluir que el Estado permite y aprueba que personas que considera inaptas
para ejercer la profesión brinden “atención jurídica gratuita de las personas que
no cuentan con los medios necesarios para sufragar los gastos de su defensa por
abogados particulares” (artículo 1 del Reglamento de Práctica Profesional de
Postulantes al Título de Abogado), lo cual es insostenible.

TRIGESIMOSEGUNDO. Que, según ya se ha expuesto, el elemento
central del razonamiento que conduce a las conclusiones del fallo es que la
aplicación del precepto cuestionado significa haber calificado de “inapto
éticamente” a un ciudadano, y es este juicio de valor el que restringe
desproporcionadamente diversos derechos fundamentales del requirente. En
otras palabras, es un juicio de valor sin duda negativo desde el punto de vista de
cómo se presenta − una persona ante una comunidad− y que le impide el
ejercicio de una profesión respecto al cual es posible arribar sin baremos
fijados desde la norma de rango legal cuestionada. En consecuencia, la
aplicación del precepto cuestionado constituye un trato distinto y perjudicial
que acarrea efectos inconstitucionales, producidos al negarse el título
profesional. De los descargos por parte del Consejo de Defensa del Estado no ha
sido posible identificar una fundamentación que justifique la
constitucionalidad de la norma, ya que se vale de un argumento circular, cual
es que la norma legal habilitaría a la Excma. Corte Suprema a actuar como lo
hizo, porque es la ley la que le encarga evaluar la “buena conducta”.
Precisamente por ello se declarará la inaplicabilidad solicitada, a fin de que la
negativa de otorgar el título por “mala conducta” carezca de sustento
normativo, por inconstitucional.

TRIGESIMOTERCERO. Que, en definitiva, por todas las consideraciones
desarrolladas, este Tribunal acogerá el requerimiento deducido contra el
artículo 523, N°4, del Código Orgánico de Tribunales, por cuanto su aplicación
en la gestión pendiente infringe el artículo 19 N°s 2 y 16, en relación con la
garantía de igualdad ante la ley, la libertad del trabajo y de ejercicio de la
profesión.

Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos
primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y
pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:




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DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE




1) QUE SE ACOGE EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A FOJAS 1,
DECLARÁNDOSE LA INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 523, N° 4°), DEL CÓDIGO
ORGÁNICO DE TRIBUNALES, EN EL PROCESO ROL N° 41511-2025,
SOBRE RECURSO DE APELACIÓN DE PROTECCIÓN, SEGUIDO ANTE
LA CORTE SUPREMA.

2) QUE SE DEJA SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DECRETADA. OFÍCIESE AL EFECTO.



DISIDENCIA
El Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO, estuvo por rechazar el
requerimiento, por las siguientes razones:

1°. – Que el asunto de fondo a elucidar en la gestión pendiente es el
recurso de protección rol 19709 – 2025 de la Corte de Apelaciones de Santiago,
entablado por la actora en contra de la Excma. Corte Suprema, por haber
denegado ese tribunal su solicitud de otorgamiento de título de abogado.
Argumenta la actora que tal decisión es arbitraria e ilegal, a la vez que acarrea
como consecuencia la vulneración de sus derechos a la igualdad ante la ley; la
libertad de trabajo, la libre elección del mismo y la libre contratación; el
derecho a realizar una actividad económica lícita; y la no discriminación
arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia
económica.

Sostiene que la decisión del Máximo Tribunal se fundamenta en lo
prescrito en el numeral 4° del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales,
precepto legal que impugna en el requerimiento de fojas 1 por resultar su
aplicación, en este caso, contraria a la Constitución.

A este respecto, es oportuno puntualizar que no es tarea de esta
judicatura constitucional, ni tiene competencias para así decirlo, pronunciarse
sobre el mérito, fundamento o justicia de la decisión pronunciada por la Corte
Suprema, ni ponderar si los antecedentes del expediente de título de abogado
son suficientes o no bastantes para acceder a la petición de la actora, ni menos
aún siquiera aludir a las calidades personales de la recurrente y requirente de
estos autos.

2°. – Que la actora busca se remueva del ordenamiento jurídico, para la
decisión de este caso particular, la disposición legal mencionada, puesto que de
su aplicación se afecta el contenido esencial de su derecho a obtener un título
profesional de abogado. En la cuestión constitucional sometida a decisión
nuestra confluyen, como es evidente, la libertad para obtener un título
profesional y ejercer una profesión -muy relacionada con la libertad de




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0000250
DOSCIENTOS CINCUENTA




enseñanza-, y la libertad de trabajo. Respecto de esta última, la Constitución
prescribe a muy grandes rasgos que:

- Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre
elección del trabajo con una justa retribución;

- Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la
capacidad o idoneidad personal;

- Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga
a la moral, a la seguridad o a la salubridad públicas, o que lo exija
el interés nacional y una ley lo declare así.

- Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la
afiliación a organización o entidad alguna como requisito para
desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la
desafiliación para mantenerse en éstos.

- La ley determinará las profesiones que requieren grado o título
universitario y las condiciones que deben cumplirse para
ejercerlas.

- Los colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley y
que digan relación con tales profesiones, estarán facultados para
juzgar la conducta ética de sus miembros.

- La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un
derecho de los trabajadores

- No podrán declararse en huelga los funcionarios que la Carta
Fundamental señala.

El Diccionario de la Lengua Española define “profesión” como el empleo,
facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución. Max
Weber la concebía como la actividad especializada y permanente de un hombre
que, normalmente, constituye para él una fuente de ingresos y, por tanto, un
fundamento económico seguro de su existencia. Adela Cortina ha dicho a este
respecto que “… la profesión es social y moralmente mucho más que un medio
individual de procurarse el sustento. Podríamos caracterizarla como una
actividad social cooperativa, cuya meta interna consiste en proporcionar a la
sociedad un bien específico e indispensable para su supervivencia como sociedad
humana, para lo cual se precisa el concurso de la comunidad de profesionales que
como tales se identifican ante la sociedad “(Adela CORTINA y Jesús CONIL [2000],
“10 Palabras Clave en la Ética de las Profesiones”, p. 15. Editorial Verbo Divino,
Estella).

3°. – Que el artículo 54 del Decreto con Fuerza de Ley número 2, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº20.370 con las normas




21
0000251
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO




no derogadas del Decreto con Fuerza de ley Nº 1, de 2005, establece que los
establecimientos de educación superior reconocidos oficialmente otorgarán
títulos técnicos de nivel superior, títulos profesionales y grados académicos,
según corresponda. Como regla general, sólo las universidades otorgarán títulos
profesionales respecto de los cuales la ley requiere haber obtenido previamente
el grado de licenciado en las carreras que impartan. La única excepción a esta
regla está constituida por lo preceptuado en el inciso sexto del mencionado
artículo 4° de la ley de Educación, regla no impugnada en estos autos: el
otorgamiento del título profesional de abogado corresponde a la Corte Suprema
de Justicia en conformidad a la ley. Por lo tanto, en principio y en términos
generales, puede ser válida entre nosotros la afirmación del tratadista
argentino Sagüés en el sentido que “… (el) derecho constitucional de aprender
conlleva, asimismo, a reconocer un derecho a la obtención de un título o diploma,
satisfaciendo los recaudos académicos y administrativos correspondientes”
(Néstor Pedro SAGÜÉS (2019), “Tratado de Derecho Constitucional”, p. 595.
Astrea, Buenos Aires).

La cuestión cambia cuando es la propia ley la que entrega la
responsabilidad de otorgar el título profesional a una institución pública que no
persigue fines educacionales. ¿Puede hacer tal cosa la ley sin quebrantar la
Constitución? Trataré de dilucidar esa interrogante en los fundamentos que
siguen.

4°. – Que la lectura pausada de los preceptos del título XV del Código
Orgánico de Tribunales permite arribar a conclusiones útiles para resolver esta
controversia. Si los abogados son, según el artículo 520 de ese estatuto legal,
“personas revestidas por la autoridad competente de la facultad de defender ante
los Tribunales de Justicia los derechos de las partes litigantes”, podemos sostener
que el legislador puede adoptar para la abogacía un régimen que contemple
requisitos o exigencias singulares para la obtención del título y para el ejercicio
de la profesión. Es posible, por lo tanto, que el legislador pueda establecer una
separación entre el grado de licenciado y el título profesional de abogado, como
lo hizo por lo demás en el artículo 54 de la Ley General de Educación -precepto
legal cuya constitucionalidad, por lo demás, en estos autos no se cuestionó en su
constitucionalidad-.

5°. – Que el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales establece que
para poder ser abogado se requiere: 1°) Tener veinte años de edad; 2°) Tener el
grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas otorgado por una Universidad, en
conformidad a la ley; 3°) No haber sido condenado ni estar actualmente acusado
por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva; 4°) Antecedentes de
buena conducta; 5°) Haber cumplido satisfactoriamente una práctica
profesional por seis meses.




22
0000252
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS




Atendida la particular naturaleza de los requisitos establecidos en el
Código Orgánico para obtener el título de abogado, que no aluden a
competencias académicas -que ya fueron miradas por la institución de
enseñanza al conceder el grado de licenciatura-, sostenemos que, en nuestro
medio, la obtención del grado académico de licenciado no conlleva en si misma
el deber -de inmediata ejecución- de otorgar un título profesional. En la
caracterización de Hohfeld, no estaríamos ante un derecho que lleva aparejado
consigo un deber correlativo. Menos posible resulta imponer esa exigencia
perentoria a la Corte Suprema, una institución cuya naturaleza y fines son del
todo ajenos a la enseñanza de carreras universitarias.

6°. – Que este Tribunal, en STC 1254, c. 82, enfatiza que la profesión de
abogado tiene determinadas particularidades, habida consideración de la
función que se realiza a través de ella.

El paso del tiempo, el incremento del número de escuelas de derecho y la
mayor incorporación de abogados al mundo profesional, más la propia
evolución de la profesión legal, llevan a sostener que la esencia de la abogacía
no se circunscribe a la defensa en juicio. La defensa de los derechos de las
personas asume un cariz previo al litigio, y no es el de los tribunales el único
ámbito de ejercicio de la abogacía. Tiene razón Chaves García cuando afirma
que “… no todo graduado en derecho es abogado, no todo el que domina las leyes
o defiende la justicia. Ser abogado es ser un profesional del derecho, que cuente
con formación, habilitación legal y presta servicios a terceros, que van del
asesoramiento a la defensa en juicio” (José Ramón CHAVES GARCÍA [2022],
“Elogio de los Abogados Escrito por un Juez”, p. 11. Bosch, Madrid). No se
equivoca Susskind cuando advierte que en los últimos años la abogacía parece
ir desplazándose hacia un profesional orientado a la evitación de disputas y
litigios. Así, el abogado que “apaga incendios” en el nivel doméstico pasa a ser
reemplazado por la idea de administración estratégica del riesgo legal. Así,
sostiene Susskind que el letrado que actúa irreflexivamente, quizá demasiado
confiado en su ingenio (“bright lawyers shooting from the hip”), será
reemplazado para instalar en su lugar “… el desarrollo y uso de técnicas
formales y procesos, echando mano a consultores, administradores profesionales
de riesgos, y también expertos tributarios” (Richard SUSSKIND (2010), “The End
of Lawyers? Rethinking the Nature of Legal Services”, p. 225. Oxford University
Press, Oxford).

7°. – Que, despejadas las cuestiones anteriores, conviene analizar si las
exigencias legales mencionadas en el motivo 5° precedente, y en particular el
contar con buena conducta, son o no desmedidas, irracionales, abusivas,
injustas y por tanto contrarias a la Constitución. Una respuesta apropiada obliga
a considerar que la libertad para obtener un título y ejercer una profesión




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0000253
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES




puede ser situada, como ya insinuamos en el fundamento 2° precedente, en el
contexto de la libertad de trabajo y su protección.

Así, cuando la Constitución manda que la ley determine las profesiones
que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben
cumplirse para ejercerlas, inequívocamente establece el principio de reserva
legal. Díez-Picazo, aludiendo a la Constitución española, afirma que “(la) idea de
fondo es que existen ciertas profesiones que, por razones de interés general, no
pueden estar abiertas a cualquiera, sino sólo a quienes han demostrado
fehacientemente una mínima preparación. Basten, como ejemplos clásicos, la
medicina o la abogacía, en que está en juego la salud o los derechos de las
personas, respectivamente” (Luis María DÍEZ-PICAZO [2005], “Sistema de
Derechos Fundamentales”, p. 489. Thomson Civitas, Cizur Menor).

8°. – Que, a renglón seguido, al prescribir que la ley determinará las
condiciones que deben cumplirse para ejercer una profesión, no cabe duda que
la Constitución permite al legislador establecer condiciones, requisitos o
exigencias para obtener un título que permita ejercer los actos propios de una
profesión. El interés general y la promoción del bien común, reconocido como
uno de los fines a los cuales el Estado está llamado a contribuir, constituyen
consideraciones que el legislador debe mirar siempre a la hora de estatuir el
régimen de obtención de los títulos profesionales.

Sobre el sentido de la palabra “condición”, el artículo 1.473 del Código
Civil dispone que es obligación condicional la que depende de una condición,
esto es, de un acontecimiento futuro que puede suceder o no. Usualmente se la
define como el hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la
extinción de un derecho. Tal entendimiento, de general aceptación en el
derecho privado, no es el que debemos asignar a la expresión empleada por el
artículo 19 número 16° inciso cuarto de la Constitución. En efecto, las
“condiciones” para obtener un título o ejercer una profesión titular a que alude
la regla constitucional no se refieren a hechos futuros de incierto acaecimiento.
Más certera parece ser una de las acepciones que considera el Diccionario de la
Lengua Española, al definir la condición como “estado, situación especial en que
se halla alguien o algo”.

Por nuestra parte, nos parece que el sentido de la expresión “condiciones
” puede ser dilucidado teniendo en cuenta el sentido del empleo de las palabras
en la propia Constitución. Así, siguiendo a Zapata, sostenemos que “(la)
interpretación constitucional no se agota en el análisis gramatical de las palabras
de la Carta Fundamental ni en el estudio de la intención que tuvo el constituyente
al formularlas. La determinación del significado de un precepto legal requiere,
además, discernir las relaciones entre dicha norma y el resto de los artículos de la
Constitución Política. El Estudio del contexto, a su vez, permite descubrir cuál es




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DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO




el papel o función distintiva que cumple dentro del sistema constitucional el
precepto cuyo sentido se indaga” (Patricio ZAPATA LARRAÍN [2024], “Justicia
Constitucional”, p. 345. Thomson Reuters, Santiago).

9°. – Que, puestas las cosas del modo que se viene exponiendo, resulta
forzoso tener en cuenta el contexto constitucional inmediato en el que se inserta
la expresión “condiciones” a que se refiere el inciso cuarto del artículo 19
número 16° del Código Político. Así, cuando la Constitución prohíbe cualquiera
discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal,
inevitablemente está permitiendo al legislador que establezca diferencias en el
ámbito laboral y profesional que tengan su necesario fundamento en tales
atributos.

No cabe duda que la libertad del legislador para fijar condiciones dista de
ser absoluta. Advierte Zagrebelsky que “(es) complicado admitir este aspecto de
la validez-invalidez de la ley en un clima de positivismo jurídico, la ideología
según la cual el derecho solo es ley, la ley no necesita más que de sí misma y su
validez no solo radica en la relación con otras leyes que la condicionan
estableciendo cómo, sobre qué y con qué límites la legislación puede explicarse.
Eso es positivismo, la ideología de la autosuficiencia del derecho al servicio no de
la convivencia, sino del poder. Sin embargo, el estado constitucional democrático,
ya no es el Estado del positivismo. La ley incompatible con su esencia
históricamente ubicada y determinada, es decir, el arbitrio en forma de ley, es la
primera y más grave manifestación de su invalidez” (Gustavo ZAGREBELSKY y
Valeria MARCENÓ [2019], “Justicia Constitucional, Vol. 1, Historia, Principios e
Interpretaciones”, p. 234. Zela, Lima). Puede la ley, entonces, al reglar la
obtención de títulos profesionales, establecer condiciones que conciernan a la
capacidad y la idoneidad. Puede la ley, por tanto, echar mano a consideraciones
de solvencia formativa y moral que sea posible constatar de modo razonable,
siempre de acuerdo a motivos constitucionalmente admisibles, como se dirá en
la parte final del considerando siguiente.

10°. – Que, también, la Constitución asegura a todas las personas la plena
certeza de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen
o complementen las garantías que establece o que las limiten en los casos en que
ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer
condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Consideramos
que el empleo de la expresión “condiciones” por parte del articulo 19 número
26° de la Carta Fundamental no pugna ni se contradice con lo dispuesto en el
artículo 19 número 16° inciso cuarto del Código Político. Ambos preceptos, de
igual rango, admiten una interpretación coherente y que debe tener
consistencia, en cuanto fije requisitos y condiciones subordinadas a
consideraciones de bien común que inequívocamente forman parte de las bases
de nuestra institucionalidad.



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DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO




José Ignacio Hernández caracteriza el bien común en nuestro régimen
institucional sosteniendo que “… desde la Constitución de 1980 Chile es un Estado
social en tanto asume, como cometido, promover condiciones reales o materiales
que permitan a las personas, con sus propias capacidades, promover el bienestar
de la comunidad, en especial, facilitando el acceso equitativo a bienes y servicios
anejos a los derechos económicos y sociales. Desde el bien común, el Estado social
se basa en los principios de subsidiariedad y solidaridad” (HERNANDEZ G., José
Ignacio [2023], El Bien Común y el Estado Social en el Nuevo Proceso
Constituyente en Chile, p. 7. En Estudios Constitucionales [online]. 2023, vol.21,
número especial, pp. 2-29). Es en consonancia con los principios y valores
manifestados en los artículos 1° inciso 4°, y 19 números 2°, 16°, 21° y 26°, que el
legislador puede adoptar un régimen regulatorio en materia de títulos
profesionales que permita establecer requisitos y condiciones para su
otorgamiento.

11°. - De ningún modo, como hemos advertido desde el principio de esta
disidencia, este discernimiento puede significar si la Corte Suprema obró
correcta o injustamente en el caso sometido la decisión judicial en la gestión
pendiente de conocimiento y decisión ante los jueces del fondo.

En conclusión, mirado desde esta perspectiva el conflicto constitucional
sometido a nuestra decisión, puede el legislador establecer condiciones como
las previstas en el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, en especial su
numeral 4°, que alude a antecedentes de buena conducta del postulante,
proporcionados por él mismo o recabados por la propia Corte Suprema, quien
podrá practicar las averiguaciones que estime necesarias acerca de los
antecedentes personales del interesado.



PREVENCIONES

La Ministra señora ALEJANDRA PRECHT RORRIS previene que estuvo por
acoger el requerimiento en atención a las siguientes consideraciones:



I. CONFLICTO CONSTITUCIONAL
1°. La requirente, doña Ío Javiera Giuria Muñoz, Licenciada en Ciencias
Jurídicas y Sociales, viene en impugnar de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad el artículo 523 N°4 del Código Orgánico de Tribunales (en
destacado). Este precepto corresponde a uno de los requisitos, que estableció el
Legislador, para que una persona pueda obtener el título de abogado. En efecto,
el artículo 523 prevé que:

“Para poder ser abogado se requiere:
1°) Tener veinte años de edad;



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DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS




2°) Tener el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas otorgado por
una Universidad, en conformidad a la ley;
3°) No haber sido condenado ni estar actualmente acusado por
crimen o simple delito que merezca pena aflictiva;
4°) Antecedentes de buena conducta.
La Corte Suprema podrá practicar las averiguaciones que estime
necesarias acerca de los antecedentes personales del postulante, y
5°) Haber cumplido satisfactoriamente una práctica profesional
por seis meses en las Corporaciones de Asistencia Judicial a que se
refiere la ley N°17.995, circunstancia que deberá acreditarse por el
Director General de la respectiva Corporación. Las Corporaciones
de Asistencia Judicial, para este efecto, podrán celebrar convenios
con el Ministerio Público y con la Defensoría Penal Pública.
Un reglamento determinará los requisitos, forma y condiciones que
deban cumplirse para que dicha práctica sea aprobada.
La obligación establecida en el N 5 se entenderá cumplida por los
postulantes que sean funcionarios o empleados del Poder Judicial
por el hecho de haber desempeñado sus funciones durante cinco
años, en las primeras cinco categorías del escalafón del personal de
empleados u oficiales de secretaría.”
2°. Señala la requirente que el precepto legal impugnado (en la parte
destacada) tiene claros efectos inconstitucionales en su aplicación en la acción
de protección sustanciada ante la I. Corte de Apelaciones de Santiago. En
específico, alude que se infringirían las garantías constitucionales de igualdad
ante la ley (19 N°2), libertad de trabajo y el derecho a su libre elección (19 N°16),
derecho a desarrollar cualquier actividad económica (19 N°21) y la no
discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos
en materia económica (19 N°22).



II. CUESTIONES SOBRE LAS QUE NO CABE PRONUNCIARSE

3°. El procedimiento que regula el otorgamiento del título de abogado
está desarrollado en el Acta Nº47-2020, que determina el instructivo para la
tramitación de expedientes de juramento de abogadas y abogados, de fecha 20
de marzo de 2020, acordada por el Pleno de la Excma. Corte Suprema. Este
examen de inaplicabilidad no revisará la constitucionalidad de la referida acta.
Dicho documento fue dictado por la Corte Suprema, en el ejercicio de sus
atribuciones, como órgano autónomo y máxima autoridad del Poder Judicial, tal
como lo consagra el Capítulo Sexto de la Constitución Política de la República, no
se trata de un precepto de rango legal, ni es objeto del presente requerimiento.

4°. Tampoco se analizará si la aplicación del precepto legal impugnado
produce efectos contrarios a: 1. La libertad de trabajo y el derecho a su libre



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DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE




elección; 2. El derecho a desarrollar cualquier actividad económica y; 3. La no
discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos
en materia económica. Lo anterior, porque la requirente no logra argumentar
de qué modo se produciría una afectación a estos preceptos constitucionales,
pues en el requerimiento sólo se limita a señalar que la norma impugnada
afecta “la libertad de trabajo y el derecho a su libre elección (art. 19 N°16, incisos
primero y segundo de la CPR), el derecho a desarrollar cualquier actividad
económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad
nacional, respetando las normas legales que la regulen (art. 19 N°21 CPR) y la no
discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos
en materia económica (art. 19 N°22 CPR)” (fojas 10 y 11).

Subsistirá entonces, en esta prevención, el análisis del precepto
impugnado en relación con el derecho a la igualdad ante la ley (artículo 19 N°2),
en razón que esta Magistrada estima que la norma impugnada, en el caso
concreto, afecta dicha garantía constitucional.

III. RESOLUCIÓN DEL CASO

1. El rol del abogado
5°. En nuestro sistema jurídico la profesión de abogado tiene un rol
relevante dentro del Estado de Derecho.

En primer término, es un auxiliar de la administración de justicia. El
artículo 520 establece que “Los abogados son personas revestidas por la
autoridad competente de la facultad de defender ante los Tribunales de Justicia
los derechos de las partes litigantes”, cuyo compromiso ni siquiera termina por
la muerte del mandante (artículo 529 del Código Orgánico de Tribunales).

La profesión de abogado, en cuanto auxiliar de justicia, se relaciona de
un modo relevante con la regulación de derechos fundamentales que resguarda
nuestra Constitución Política. Así, por ejemplo:

Artículo 19 N°3 inciso segundo:

“Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale
y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida
intervención del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes
de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá, en
lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de
sus respectivos estatutos.”

Artículo 19 N°3 inciso cuarto:

“Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser
asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no
nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley.”




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DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO




Es por ello que el profesor Hugo Seleme, señala que “el abogado tiene,
como auxiliar de la justicia, deberes frente a la comunidad política y el sistema
jurídico que ésta ha establecido. El rol del abogado es, en sí mismo, una creación
del entramado de normas legales y, en tanto creación jurídica, sería
contradictorio si no incluyera deberes en relación con el sistema jurídico y la
comunidad política a la que pertenece” (Seleme, Hugo, 2023: La ética de los
abogados. Ediciones UNAM, México, p. 133).

En segundo lugar, muchas de las instituciones que desarrollan funciones
centrales dentro del Estado Derecho, reservan su ejercicio a quien posea el título
de abogado. Este es el caso, sólo a modo ejemplar, del Ministerio Público
(artículo 85), del Poder Judicial (artículo 78), Contraloría General de la República
(artículo 98), Tribunal Constitucional (artículo 92), entre otros.

6°. La relevancia de la función que desarrolla el abogado justifica el
tratamiento diferenciado que se le da en comparación con la mayoría de las
profesiones en Chile.

En efecto, la Ley de Educación señala que el título de abogado, a diferencia
de las demás, no lo otorgan las universidades, sino la Corte Suprema, a saber:

“Artículo 54. Los establecimientos de educación superior
reconocidos oficialmente otorgarán títulos técnicos de nivel
superior, títulos profesionales y grados académicos, según
corresponda.

Los centros de formación técnica sólo podrán otorgar el título de
técnico de nivel superior.

Los institutos profesionales sólo podrán otorgar títulos
profesionales de aquellos que no requieran licenciatura, y títulos
técnicos de nivel superior en las áreas en que otorgan los
anteriores.

Las universidades podrán otorgar títulos profesionales y toda clase
de grados académicos en especial, de licenciado, magíster y doctor.

Corresponderá exclusivamente a las universidades otorgar títulos
profesionales respecto de los cuales la ley requiere haber obtenido
previamente el grado de licenciado en las carreras que impartan.

No obstante, el otorgamiento del título profesional de
abogado corresponde a la Corte Suprema de Justicia en
conformidad a la ley” (lo destacado es nuestro).

Esta regulación especial se deriva de la habilitación constitucional que
realiza el 19 N°16 de la Constitución Política de la República, que permite al
Legislador regular las condiciones de ejercicio de las profesiones.




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DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE




En otro orden de ideas, el Código Penal, dedica la tipificación de delitos
específicos cometidos por abogados. Así es como el artículo 231, señala que “El
abogado o procurador que con abuso malicioso de su oficio, perjudicare a su
cliente o descubriere sus secretos, será castigado según la gravedad del perjuicio
que causare, con la pena de suspensión en su grado mínimo a inhabilitación
especial perpetua para el cargo o profesión y multa de once a veinte unidades
tributarias mensuales.” Luego el artículo 232 prevé: “El abogado que, teniendo la
defensa actual de un pleito, patrocinare a la vez a la parte contraria en el mismo
negocio, sufrirá las penas de inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de
la profesión y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.”

2.- El Rol de la Corte Suprema en relación con el otorgamiento del
título de abogado

7°. La Corte Suprema tiene un rol activo en el control ético de la
profesión, correspondiéndole la función de otorgar el título de abogado, como
órgano autónomo y máxima autoridad del Poder Judicial. Este rol fue
reconocido en la Cuenta Pública del año 2026, efectuada por su Presidenta, Sra.
Gloria Ana Cevesich, quien afirmó: “No es casual que a la Corte Suprema le esté
entregada, por ley, la responsabilidad de revisar y calificar la idoneidad de los
postulantes que pretenden ser investidos con el título de abogado. Sin embargo,
cuando se presentan en estrados como litigantes, somos testigos directos de su
calidad técnica y ética, lo que nos habilita para sostener que se necesita una
mejora al sistema actual, de manera que se pueda garantizar que quienes
asuman oficialmente la profesión jurídica, cumplan en forma clara y sin
subjetividades los requisitos de fondo y las exigencias morales que la sociedad
considere que los hagan merecedores de tal prerrogativa; pero, además, que sea
posible, de manera eficaz, el control de estos profesionales en su desempeño.”
(Corte Suprema. Discurso de Cuenta Pública 2026, p. 7).

Uno de los mecanismos que tiene la Corte Suprema para controlar
quiénes pueden acceder al título de abogado, se encuentra en el artículo 523 del
Código Orgánico de Tribunales, que permite revisar si las personas que
postulan a ser abogadas reúnen los requisitos allí establecidos. Lo anterior da
cuenta del importante rol que desempeña la Corte Suprema para depurar el
ingreso y controlar quiénes pueden optar al título profesional, cumpliendo el
mandato constitucional y legal que se le ha entregado.

3.- La habilitación al Legislador que realiza el Constituyente

8°. El Constituyente habilitó expresamente al Legislador a regular las
condiciones que pueden imponerse para ejercer una profesión en Chile. En
efecto, el artículo 19 N°16 inciso cuarto, señala que la ley determinará las
profesiones que requieren grado o título universitario, así como las condiciones
que deben reunirse para ejercerlas.




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DOSCIENTOS SESENTA




Por su parte, el artículo 63 N°4 señala que son materias de ley aquellas
que son objeto de codificación, sea civil, comercial, penal, procesal u otra. En
este caso, del Código Orgánico de Tribunales.

Estos preceptos constitucionales son evidencia de la habilitación que
hizo el Constituyente al Poder Legislativo para regular la profesión de abogado,
la cual se encuentra concretada en el Código Orgánico de Tribunales en su
artículo 520 y siguientes.

4.- Análisis concreto de la norma puesta bajo nuestro conocimiento

9°. La acción de inaplicabilidad supone un examen concreto, que obliga
al Tribunal Constitucional a examinar los efectos que produce la aplicación del
precepto legal impugnado en la gestión pendiente; para luego contrastarlos con
la Constitución, a fin de determinar si se ajustan o no a ella. Este ejercicio
implica evitar un juicio referido al carácter abierto o indeterminado de la
norma sometida a control, pues ello sería un ejercicio de carácter abstracto. Lo
que debe analizarse es el efecto que produce en la gestión judicial pendiente el
mencionado precepto.

Esto requiere de un ejercicio complejo de varios y sucesivos niveles.

Primero, determinar cuál es el parámetro de control.

Segundo, identificar los efectos de la aplicación del precepto legal en el
caso concreto.

Tercero, contrastar dichos efectos con el parámetro inicialmente
establecido, a fin de determinar si debe estimarse la inaplicabilidad por
inconstitucionalidad.

a. Parámetros de control en el caso puesto bajo nuestro examen

10°. En el caso sub-lite se establece como parámetro de control la
igualdad en la ley. En lo relativo a lo solicitado por la requirente, el texto
constitucional prescribe:

“Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:

(…)

2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados.
En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres
son iguales ante la ley.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;”

Este precepto reconoce el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a
la igualdad en la ley, configurándose a juicio de esta Magistrada una afectación a
la segunda de las circunstancias proscritas por nuestro Texto Fundamental.




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DOSCIENTOS SESENTA Y UNO




El Tribunal Constitucional, señaló que la igualdad en la ley consiste en
aquel derecho que tienen las personas a que el Estado u otros particulares, no
establezcan diferencias arbitrarias (STC Rol Nº2830, considerando
decimosegundo).

Por su parte, la doctrina, ha explicado que la igualdad en la ley, “consiste
en que la ley no cree grupos privilegiados o desaventajados. Ello no significa que
la ley no pueda hacer distinciones, pero estas deben ser justificables en base a
razonamientos distintos que la mera pertenencia a un grupo. En contraste con
la primera demanda, aquí la libertad del legislador no se amplía, sino que se
restringe. Esta alternativa se asocia a la idea de igualdad en la ley, i.e., las
personas son iguales en el contenido de la ley” (Díaz de Valdés, José (2015): La
igualdad constitucional: múltiple y compleja”. Revista Chilena de Derecho, Vol.
42, N°1, p. 166).

En suma, la Constitución proscribe las diferencias arbitrarias. En otras
palabras, se pueden establecer diferenciaciones, pero no pueden ser arbitrarias.

11°. De lo señalado en el numeral anterior se concluye que el parámetro
de control prohíbe las diferencias arbitrarias, pero permite las diferencias
justificadas. Para distinguir unas de otras, se necesita un examen de las
circunstancias particulares del caso sometido a control de la jurisdicción
constitucional. Para tales efectos, el test de razonabilidad surge como una
herramienta que logra determinar si en la ley se establecen diferencias
arbitrarias o no.

En el examen que estamos llamados a resolver, el parámetro de control
debe complementarse con el numeral 16 del artículo 19, en la parte destacada,
puesto que como veremos es el Legislador quien, por mandato constitucional,
puede establecer una diferenciación, que en el orden constitucional resulta
justificada, por texto expreso, a saber:

“16º.- La libertad de trabajo y su protección.

Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre
elección del trabajo con una justa retribución.

Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la
capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda
exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados
casos.

Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga
a la moral, a la seguridad o a la salubridad públicas, o que lo exija
el interés nacional y una ley lo declare así. Ninguna ley o
disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a
organización o entidad alguna como requisito para desarrollar




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DOSCIENTOS SESENTA Y DOS




una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para
mantenerse en éstos. La ley determinará las profesiones que
requieren grado o título universitario y las condiciones que
deben cumplirse para ejercerlas. Los colegios profesionales
constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales
profesiones, estarán facultados para conocer de las reclamaciones
que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros.
Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de
Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán
juzgados por los tribunales especiales establecidos en la ley (lo
destacado es nuestro).

(…)”.

De esta manera, el parámetro de control consiste, por una parte, en la
igualdad en la ley entendida como la igualdad de trato que prohíbe establecer
diferencias arbitrarias. Por otra parte, el parámetro se complementa con la
habilitación al Legislador para imponer las condiciones que deben cumplirse
para ejercer una profesión.

12°. El Legislador ha regulado explícitamente los requisitos para acceder
al título de abogado, así como también ha especificado los impedimentos para
acceder al título, o incluso ha tipificado delitos cometidos por abogados. Esto es
la concreción de la habilitación que realiza el artículo 19 N°16 de la
Constitución. Entre las condiciones o requisitos que deben cumplir las personas
para ser abogadas, el Legislador determinó, a través de una diferenciación
racional, que quienes hayan sido condenados o estén actualmente acusados por
crimen o simple delito que merezca pena aflictiva, no podrán ser abogados
(artículo 523 N°3). Además, impuso la exigencia de tener antecedentes de buena
conducta (artículo 523 N°4). Esa diferencia en los requisitos de acceso al título de
abogado se encuentra justificada razonablemente, pues, como se dijo
anteriormente, el estándar que se espera de quien detenta la profesión de
abogado es alto, debido a la estrecha relación que tiene con los principios del
Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales.

13°. En conclusión, en este primer nivel de análisis, el parámetro de
control es la igualdad, reconocida en el artículo 19 N°2 de la Constitución, que se
concreta con la diferenciación que puede realizar la ley, la cual debe estar
justificada razonablemente, y que en este caso sí lo está. Sin embargo, al ser un
control concreto de constitucionalidad, no basta con tener por acreditado que la
diferencia se encuentra justificada en la ley, sino que deben tenerse en
consideración los efectos que produce la aplicación del precepto legal
impugnado, a fin de contrastarlo con este parámetro ya definido.

b. Efectos de la aplicación del precepto legal en el caso concreto




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DOSCIENTOS SESENTA Y TRES




14°. En el segundo nivel, cabe analizar qué efectos concretos produce la
aplicación del precepto legal, para luego contrastar esos efectos con el parámetro
de diferenciación razonable explicado antes, a fin de ratificar si el efecto que se
produce es el autorizado por el Constituyente, en orden a estar justificado
razonablemente o, en caso contrario, se debe estimar inaplicable por no
encontrarse cubierto por los parámetros constitucionales establecidos.

15°. La requirente es Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Central y se encuentra tramitando su solicitud de juramento como
abogada ante la Excma. Corte Suprema. El 18 de noviembre de 2024 presentó
sus antecedentes ante la Máxima Magistratura, y el día 25 de abril de 2025, se
rechazó la solicitud, debido a que registraba en su extracto de filiación y
antecedentes una anotación prontuarial relativa a la causa RIT 11.895-2013 del
7° Juzgado de Garantía de Santiago.

La requirente cumplió su pena en régimen de Remisión Condicional, y el
día 25 de enero de 2017, se la tuvo por cumplida.

Luego de la negativa de la Corte Suprema a otorgarle el título de abogada,
la requirente interpuso recurso extraordinario de reposición, donde adjuntó
nuevo extracto de filiación de antecedentes, sin antecedentes penales, pues se
eliminaron por aplicación del artículo 8 del Decreto Supremo N°64 de 1960 del
Ministerio de Justicia.

La Excelentísima Corte Suprema, con todo, se negó a la solicitud, y
fundamentó su decisión en el numeral 4 del artículo 523, el cual detalla que,
para ser abogado, se requieren antecedentes de buena conducta, norma que se
impugna en el caso sub-lite.

c. Contraste de los efectos con el parámetro de control establecido

16°. En un tercer y último paso, se debe analizar si, colocar a la
requirente en una posición análoga a la del numeral 3 del artículo 523 del
Código Orgánico de Tribunales, sin mediación legislativa, produce efectos
contrarios a la Constitución, según el parámetro constitucional establecido
anteriormente.

17°. Como se ha dicho en otros pronunciamientos, las características y
circunstancias del caso concreto de que se trate han adquirido en la actualidad
una relevancia mayor de la que debía atribuírseles antes de la reforma
constitucional de 2005” (STC Rol N°1273, considerando quinto). En este contexto,
la razonabilidad obliga a tener presente los supuestos de hecho y las
consecuencias implícitas que genera la norma para la requirente (STC Rol
N°16.260, considerando vigésimo).




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DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO




Para ello, el principal análisis de esta Magistrada recaerá en identificar
cuál ha sido el estatuto diferenciado que ha establecido el legislador en relación
con los requisitos que deben reunir las personas para ser abogadas, y la expresa
mención de la situación de quienes hayan sido condenadas por algún delito.
Esta identificación permitirá concluir si la requirente se encuentra o no dentro
de ese grupo diferenciado, lo que llevará en consecuencia a determinar si la
negativa a jurar como abogada se encuentra justificada razonablemente o no,
en razón de si la aplicación de la norma la incluye justificada o
injustificadamente dentro de aquellas personas impedidas de jurar como
abogada.

Como se deduce de los antecedentes del caso, la requirente fue
condenada hace más de diez años y ya cumplió su condena. Luego, de ello,
ingresó a estudiar derecho, donde conociendo de la norma en análisis, decidió
persistir en sus estudios, sabiendo que no le afectaría lo ocurrido, toda vez que
el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales señala claramente, en el
numeral 3 (no impugnado), que no podrán ser abogados las personas que hayan
sido condenadas o estén actualmente acusadas por crimen o simple delito que
merezca pena aflictiva. Es decir, la requirente tenía la certeza que no se
encontraba en situación de impedimento de jurar como abogada, pues no había
sido condenada a pena aflictiva.

El artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales constituye una
manifestación de la igualdad material, que “supone un mandato de
diferenciación por razones normativas en base a determinadas circunstancias
fácticas” (García, Gonzalo; Contreras, Pablo; Martínez, Victoria: Diccionario
Constitucional chileno. Editorial Hueders, 2016, p. 542). Dicho mandato de
diferenciación se aprecia en que el legislador impuso requisitos y excluyó a un
grupo determinado de personas para poder optar a ser abogadas, en razón de
circunstancias fácticas que estimó relevantes. A saber:

523 N°1: excluyó a las personas menores de 20 años

523 N°2: excluyó a quienes no sean Licenciados en Ciencias Jurídicas de
una Universidad en conformidad a la ley

523 N°3: excluyó a quienes hayan sido condenados o estén actualmente
acusados por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva

523 N°4: excluyó a quienes tengan antecedentes de mala conducta

523 N°5: excluyó a quienes no hayan realizado su práctica profesional

Todo esto constituye una diferenciación, por lo tanto, una concreción de
la igualdad material que hizo el legislador en relación a las circunstancias
fácticas relevantes que deben ser consideradas a la hora de otorgar el título de




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DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO




abogado: edad, estudios, antecedentes penales que merezcan pena aflictiva,
buena conducta, práctica profesional terminada y aprobada.

En el caso en análisis, la aplicación de la norma coloca a la requirente
requisitos que no están dentro de aquellas diferencias fácticas que el Legislador
estimó relevantes para otorgar o denegar el título de abogado. La aplicación del
precepto legal impugnado coloca a la requirente en una situación análoga a la
de aquellas personas que han sido condenadas o acusadas por crimen o simple
delito que merezca pena aflictiva, sin haber sido condenada a dicha pena.

El efecto se produce vía diferenciación, es decir, reconociendo
diferencias fácticas de la requirente, en este caso, haber sido condenada a tres
años, para incluirla en un estatuto diferenciado, a saber, el de aquellas personas
impedidas de prestar juramento como abogado. La diferenciación que se
produce en la aplicación de la ley no encuentra fundamento razonable, puesto
que el efecto que se produce, en las circunstancias concretas del caso, consiste
en incluir a la requirente en una hipótesis que el legislador expresamente no
contempló, puesto que la condena que cumplió no es una pena aflictiva.
Además, cabe tener presente que la requirente adjuntó un certificado de
antecedentes sin anotaciones.

En consecuencia, a través del precepto impugnado, es decir, el numeral 4
del artículo 523, la Corte Suprema no puede impedir a la requirente el
juramento como abogada, pues ello sería imponer exigencias más altas que las
propias establecidas por el Legislador en el numeral 3 del artículo 523 del
Código Orgánico de Tribunales. Es decir, se estarían creando diferencias sin
fundamento legal ni constitucional, ergo, injustificadas.

De los antecedentes concretos se vislumbra que la requirente no fue
condenada a un crimen o simple delito que mereciera pena aflictiva, ni menos
cuenta con anotaciones en su certificado de antecedentes. Malamente se podría
crear, entonces, a través de la aplicación del artículo 523 N°4 impugnado, una
hipótesis de impedimento de jurar como abogada que sea más exigente que
aquella impuesta por el Legislador expresamente, como lo es el numeral 3 del ya
mencionado artículo 523. Lo contrario sería establecer, a partir de
circunstancias fácticas que debieran ser irrelevantes, un estatuto diferenciado
vedado por el Constituyente y el Legislador.

18°. Los requisitos para denegar o impedir el acceso a una calidad deben
interpretarse restrictivamente, y toda extensión injustificada del impedimento
a situaciones que no están incluidas expresamente producen,
consecuencialmente, efectos contrarios la Constitución, en relación con el
derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2.

Tal como lo explica la doctrina, “una Constitución no podría cumplir la
tarea de respetar y promover los derechos humanos, si los llamados a hacerla



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DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS




viva y aplicable (legisladores, jueces, profesores y abogados) no actúan teniendo
justamente como finalidad garantizar dichos derechos. La manera concreta de
cumplir dicha misión es interpretar la Constitución en favor de las personas y
de sus derechos (…) Si la finalidad y razón de ser de la Constitución es limitar el
poder y proteger los derechos, parece razonable que tanto las facultades del
poder como las restricciones de los derechos deban interpretarse
estrictamente.” (Zapata, Patricio: La interpretación de la Constitución. Revista
Chilena de Derecho, Vol. 17, 1990, p. 175).

19°. Lo antes expuesto lleva a concluir a esta Magistrada que, en el caso
concreto, se están produciendo efectos contrarios a la Constitución Política de la
República, toda vez que la Constitución prohíbe la discriminación arbitraria en
la aplicación de la ley.

Y si bien ya se ha razonado en extenso cómo se justifica el tratamiento
diferenciado de la profesión de abogada en el ordenamiento jurídico nacional,
el Legislador, dentro de un ámbito competencial que la propia Constitución
establece, determinó explícita y deliberadamente que quienes hayan sido
condenados a crimen o simple delito que mereciera pena aflictiva, no pueden
ser abogados. Y excluyó de dicho impedimento a quienes hubieren sido
condenados a un delito de menor reproche penal. Por ello, se estimará que el
precepto legal en el caso concreto resulta inaplicable en el caso sub-lite, por
producir efectos contrarios al artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la
República.



El Ministro señor MARIO GÓMEZ MONTOYA, previene que estuvo por
acoger el requerimiento, teniendo en especial consideración el caso concreto de
autos, en que la actora se desarrolló académicamente, su rehabilitación y
cumplimiento de trámites administrativos para eliminar los antecedentes
penales que datan de su juventud; y las especiales consideraciones vertidas en
los considerandos Octavo, Decimoctavo, Vigésimo Primero, Vigésimo Noveno, y
Trigésimo Segundo de este fallo.



Redactó la sentencia la Ministra señora NANCY YÁÑEZ FUENZALIDA, la
disidencia el Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO, y las prevenciones, sus
autores.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 17.083-25 INA.




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Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 20/05/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida María Pía Silva Gallinato
Fecha: 19/05/2026 Fecha: 20/05/2026



Miguel Angel Fernández González Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 20/05/2026 Fecha: 20/05/2026



Héctor Antonio Mery Romero Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 19/05/2026 Fecha: 19/05/2026



Alejandra Precht Rorris
Fecha: 20/05/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señor Héctor Mery
Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas, señora Alejandra Precht Rorris y
señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 20/05/2026




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