TC Rol 17107

Texto completo

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VEINTICUATRO




Santiago, dos de diciembre de dos mil veinticinco.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 10 de noviembre de 2025, Carlos Daniel Elías
Zambrano y otros han presentado un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad en el proceso penal RIT N° 183-2025, RUC N°
2500497425-8, seguido ante el Juzgado de Letras y Garantía de
Nacimiento;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de
esta Magistratura;

3°. Que, para el examen de admisión a trámite del requerimiento de
inaplicabilidad deducido en autos, debe verificarse el cumplimiento de los
requisitos consignados en el artículo 93 de la Constitución Política de la
República, y en los artículos 42, inciso primero; 79, incisos primero y
segundo; y 80 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional;

4°. Que, el artículo 93 N° 6 de la Carta Fundamental establece que
“Son atribuciones del Tribunal Constitucional:

5°.- Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la
inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que
se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la
Constitución;”.

En tanto, el inciso decimo primero de dicha norma dispone que “En
el caso del número 6º, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las
partes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá a cualquiera de las
salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión
siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal
ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda
resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la impugnación esté
fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos que establezca la
ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión del
procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad.”;

A su vez, el artículo 42, inciso primero de la ley orgánica
constitucional de esta Magistratura establece que “En los casos en que la
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cuestión que se somete al Tribunal sea promovida mediante acción pública, o
por la parte en el juicio o gestión judicial en que se solicita la inaplicabilidad de
un precepto legal o la inconstitucionalidad de un auto acordado, las personas
naturales o jurídicas que lo promuevan deberán señalar en su primera
presentación al Tribunal un domicilio conocido dentro de la provincia de
Santiago. La presentación será patrocinada y suscrita por un abogado
habilitado para ejercer la profesión.”

Por su parte, el artículo 80 de la citada ley establece que “El
requerimiento de inaplicabilidad, sea promovido por el juez que conoce de la
gestión pendiente o por una de las partes, deberá contener una exposición
clara de los hechos y fundamentos en que se apoya y de cómo ellos producen
como resultado la infracción constitucional. Deberá indicar, asimismo, el o los
vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con indicación precisa de las
normas constitucionales que se estiman transgredidas”;

6°. Que, la presentación de fojas 1 no cumple con las exigencias
previstas tanto en la Carta Fundamental como en la ley orgánica
constitucional del Tribunal Constitucional.

En primer lugar, el libelo no es patrocinado por un abogado
habilitado para el ejercicio de la profesión.

Asimismo, el requerimiento no precisa el precepto legal
impugnado, pues a fojas 2 señala que se cuestiona el inciso primero del
artículo 38 de la Ley N° 20.000, en tanto que en el petitorio de fojas 16, se
pide la inaplicabilidad del artículo 38 completo.

Luego, no existe una exposición de los hechos que motivan el
conflicto, pues no se explica el contexto en que se determinó el secreto de
la investigación penal que se sigue en contra de las actoras; la fecha en
que se decretó; el plazo por el cual se otorgó; ni los motivos que se
tuvieron en vista para decretarlo. Ello, en virtud del carácter de control
concreto de constitucionalidad que reviste la facultas de inaplicabilidad
por inconstitucionalidad que detenta esta Magistratura.

Finalmente, se constata que el libelo mantiene incongruencias
respecto de su fundamentación, pues v.gr. a fojas 9 se señala: “En
concreto, a que su responsabilidad penal surge del análisis serio que realiza el
juez las circunstancias del caso, del resultado lesivo y de la relación causal
entre dichos elementos. La aplicación concreta de las normas legales
denunciadas en autos, no resulta, por otra parte, ajustada los principios de
proporcionalidad, y de racionalidad, que se hayan vinculado estrechamente
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con la garantía de igualdad ante la ley, en cuanto, generan como efecto la
aplicación de una pena de privación de libertad (el caso de marras prisión
preventiva) para un individuo que no cometió delito anterior alguno
penado por la ley”;

7°. Que, anotadas así las falencias, se concluye que no se tiene un
requerimiento con las exigencias previstas por la Constitución y la Ley
Orgánica Constitucional Nº 17.997, por lo que no será admitido a trámite.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso decimo primero, de la Constitución Política y
en los artículos 42, 80, 82, inciso primero, y demás pertinentes de la Ley Nº
17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura,




SE RESUELVE:

Que no se admite a tramitación el requerimiento deducido en lo
principal de fojas 1, teniéndose por no presentado. A los otrosíes,
estese a lo resuelto.


Notifíquese y archívese.

Rol N° 17.107-25-INA

María Pía Silva Gallinato
Fecha: 02/12/2025



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 02/12/2025 Fecha: 02/12/2025



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 02/12/2025 Fecha: 02/12/2025


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.
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Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 02/12/2025




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