TC Rol 17122

Texto completo

0000304
TRESCIENTOS CUATRO




2026

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 17.122-25 INA

[23 de abril de 2026]
____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 137, INCISO
SEGUNDO, DE LA LEY N° 18.834, SOBRE ESTATUTO
ADMINISTRATIVO



MIGUEL ÁNGEL CAÑETE CORTES
EN EL PROCESO ROL N° 1847-2025, SOBRE RECURSO DE PROTECCIÓN,
SEGUIDO ANTE LA CORTE DE APELACIONES DE LA SERENA.



VISTOS:
Que, con fecha 13 de noviembre de 2025 Miguel Ángel Cañete Cortes
acciona de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 137,
inciso segundo, de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, para que ello
incida en el proceso Rol N° 1847-2025, sobre recurso de protección, seguido ante
la Corte de Apelaciones de La Serena.



Precepto legal cuya aplicación se impugna

El texto del precepto impugnado dispone en su parte destacada:



“Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo

Artículo 137.- […]




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TRESCIENTOS CINCO




El sumario será secreto hasta la fecha de formulación de cargos,
oportunidad en la cual dejará de serlo para el inculpado y para el abogado que
asumiere su defensa.

[…]”.



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional
sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

Como antecedentes de la gestión pendiente explica el requirente
-asistente administrativo en la Defensoría Local de Ovalle desde el año 2008-
que con fecha 22 de octubre del año 2025 mediante correo electrónico se le
notificó que debía prestar declaración en calidad de inculpado, sin que se
acompañe la resolución que instruye el sumario administrativo en su contra.

Ante dicha situación, y por haberse transgredido el artículo 131, del
Estatuto Administrativo, solicita que se corrija la actuación administrativa y se
le notifique en forma legal. Sin embargo, el vicio alegado no fue acogido,
ordenándose que preste declaración el día 24 de octubre de dicho año, por lo
que el requirente presenta escrito de reconsideración, solicitando en subsidio
recurso jerárquico y copias, tanto del decreto o resolución que ordena la
instrucción del sumario, así como de la carpeta investigativa, además de la
certificación de que no fue notificado personalmente, peticiones que fueron
rechazadas por la Fiscal, ordenando llevar adelante el interrogatorio.

Frente a la negativa de proporcionar los antecedentes de la investigación
sumarial, deduce recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de La
Serena.

Conforme el certificado que rola a fojas 20, con fecha 28 de octubre del
año 2025 se tuvo por interpuesto el recurso de protección en contra de la
Resolución Exenta N° 182, de 02 de octubre de 2025 de la Defensoría Regional de
Coquimbo, que ordenó instruir sumario administrativo en contra del
requirente.

Sin embargo, según las piezas allegadas al expediente consta a fojas 222
que con fecha 19 de noviembre de 2025, el recurso de protección fue rechazado.
Consta, asimismo, que la parte requirente presentó reposición con apelación en
subsidio en contra de la resolución de la Corte de Apelaciones de La Serena que
accedió a la certificación de ejecutoriedad de la sentencia, atendido a que la
causa se encontraba suspendida por resolución del Tribunal Constitucional.

El recurso de reposición fue acogido con fecha 12 de diciembre del año
2025, sólo en cuanto se deja sin efecto la certificación de ejecutoria de la
sentencia, y se resuelve en su lugar “reitérese en su oportunidad”.




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TRESCIENTOS SEIS




Al fundamentar el conflicto constitucional, expone que la aplicación
del artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo infringe el artículo
8°, de la Constitución Política, pues la reserva o secreto se justifica sólo en los
casos en que la publicidad afectare el cumplimiento de las funciones de los
órganos del Estado, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el
interés nacional, lo que no ocurre en el presente caso.

Al respecto hace presente que conforme la modificación constitucional
del año 2005 que introdujo el nuevo artículo 8°, sólo las leyes de quórum
calificado pueden establecer reservas o secretos de los actos y resoluciones del
Estado; y siendo la Ley N° 18.834, una Ley simple o común, mal puede establecer
reservas o secretos en su artículo 137, sin contravenir abiertamente la exigencia
establecida por la misma Constitución.

Por otro lado, a fojas 6 indica que siendo la reforma constitucional
posterior a la dictación de la ley simple o común, es factible incluso afirmar que
ha operado una derogación tácita de la referida norma legal contenida en el
artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, ya que siendo el
régimen constitucional un sistema normativo piramidal, todo aquello que no
esté acorde con la Carta Fundamental no puede tener vigencia.

Asimismo, considera transgredido el artículo 19, numeral 2, de la Carta
Fundamental, pues si se compara el procedimiento administrativo seguido en
contra de un empleado público por un hecho menor, éste no tiene acceso a todo
el expediente que se sigue en su contra; mientras que, en un proceso penal, el
imputado por un crimen, simple delito, o falta, tiene derecho a conocer
íntegramente la investigación desde que ésta se dirige en su contra, salvo
algunas excepciones. Peor aún, incluso si al mismo empleado público se le
investiga su responsabilidad funcionaria por un hecho que si es constitutivo de
delito, tendría derecho a conocer toda la investigación criminal llevada
adelante por el Ministerio Público, pero no podría conocer ningún antecedente
del sumario administrativo sino hasta que se le formulen cargos, limitación que
no existe ni siquiera en materia criminal, por lo que la diferencia de trato
deviene en arbitraria.

Igualmente, alega que, en la especie, se infringe el artículo 19, numeral 3,
de la Constitución, en cuanto al derecho de defensa jurídica, atendido a que la
norma impugnada impide conocer los hechos investigados. En tal sentido,
enfatiza que una defensa real y efectiva conlleva necesariamente enterarse de
toda la investigación en forma íntegra y regular, agregando que cualquier
defensa “a ciegas” es en realidad una falta de defensa absoluta que lo único que
hace es atentar en contra de la referida garantía constitucional.

Tramitación y observaciones al requerimiento




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TRESCIENTOS SIETE




Por resolución de fecha 21 de noviembre de 2025 a fojas 49 la Primera
Sala de esta Magistratura admitió a trámite el libelo de inaplicabilidad,
ordenando además la suspensión del procedimiento; y por resolución de la
misma Sala, fue declarado admisible, con fecha 11 de diciembre de dicho año a
fojas 66.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales
interesados y a las demás partes en la gestión invocada, formuló
observaciones la requerida, solicitando el rechazo del requerimiento, atendido
a que el precepto cuestionado no resulta aplicable ni decisivo para la resolución
del asunto sometido a conocimiento del tribunal, ya que existe una desconexión
lógica y de razón suficiente entre norma, procedimiento y gestión pendiente. En
efecto, el artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo regula
aspectos propios del procedimiento administrativo disciplinario, sin proyectar
efectos normativos directos en el procedimiento sobre el recurso de protección
invocado como gestión pendiente.

Al respecto, hace presente que el recurso de protección constituye una
acción constitucional autónoma, de naturaleza cautelar y tramitación sumaria,
regida por normas propias, en la cual el precepto legal impugnado no resulta
aplicable ni es utilizado como fundamento decisorio por el tribunal que conoce
del mismo. Más aún, la parte requirente no explica ni demuestra de qué forma
concreta la aplicación del artículo 137, inciso segundo, del Estatuto
Administrativo sería determinante para la decisión del recurso de protección
seguido ante la Corte de Apelaciones de La Serena, por lo que la sola existencia
de un sumario administrativo subyacente no basta para configurar el requisito
decisivo para fallar, desde que el conflicto sometido al conocimiento del
tribunal constitucional debe surgir directamente de la aplicación del precepto
legal impugnado en la gestión pendiente, y no de manera mediata, indirecta o
hipotética.

En cuanto al fondo, sostiene que, en el caso concreto, no existe
vulneración de las garantías alegadas por el requirente, por cuanto el secreto
del sumario administrativo es temporal; aquel sólo está establecido hasta la
etapa en que se formulen cargos, momento en que sus antecedentes pasarán a
ser conocidos por el inculpado y su defensa. La existencia de la reserva es una
forma de protección; tanto para los denunciantes, víctimas o inculpados,
mediante la cual se impide en forma absoluta que terceros ajenos a dichos
proceso, puedan acceder a la información contenida en aquel.

Además, existen normas relativas al debido procedimiento
administrativo, tales como aquellas que establecen la posibilidad de formular
causales de implicancia o recusación contra el actuario o el fiscal, rendir prueba
en un término que no será superior a 20 días, la resolución del sumario es




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TRESCIENTOS OCHO




adoptada por una autoridad diferente, de aquella que lo sustanció, es posible
interponer recursos en contra de dicha decisión, entre otras.

Tampoco se divisa la forma en que la aplicación del precepto, en el caso
concreto, podría afectar lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la
Carta Fundamental. En primer lugar, la norma cuestionada se aplica a todos los
funcionarios que se encuentren en la misma situación de la requirente, por lo
cual no podría existir afectación del derecho de igualdad ante la ley; y, en
segundo lugar, la citación que pueda efectuarse a un funcionario público,
dentro de un proceso administrativo, precisamente corresponde a la
oportunidad procesal prevista por el legislador para que aquel manifieste lo
conveniente a sus intereses, lo que es una manifestación del debido proceso.

Por último, considera que el conflicto alegado por el requirente es de
mera legalidad y no de constitucionalidad. En efecto, todos los reproches
formulados por el actor dicen relación con la forma y medio de notificación del
sumario administrativo, el acceso a documentos del expediente disciplinario, la
fundamentación de resoluciones del fiscal instructor; y la oportunidad para
recibir declaración. Sin embargo, estas materias están reguladas en leyes de
rango legal simple (Ley N° 18.834 y Ley N° 19.880), correspondiendo su revisión
a instancias administrativas o contenciosas administrativas.



A fojas 286, en decreto de fecha 14 de enero del año 2026 fueron traídos
los autos en relación.



Vista de la causa y acuerdo

En audiencia de Pleno del día 17 de marzo de 2026 se verificó la vista de
la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos de los abogados Nayareth
Contreras Carvajal, por la parte requirente, y Carlos Esperguen Sepúlveda, por
la parte requerida, adoptándose acuerdo con igual fecha, según certificación de
la señora relatora.



Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que doña Nayareth Contreras Carvajal, en representación de
Miguel Ángel Cañete Cortés, acciona de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del artículo 137, inciso segundo, de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto
Administrativo, para que ello incida en el proceso Rol N° 1847-2025, sobre
recurso de protección, seguido ante la Corte de Apelaciones de La Serena. Para
fundamentar su requerimiento expone que la aplicación del artículo 137, inciso
segundo, del Estatuto Administrativo infringe el artículo 8° de nuestra




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TRESCIENTOS NUEVE




Constitución Política, conforme al cual sólo las leyes de quórum calificado
pueden establecer reservas o secretos de los actos y resoluciones del Estado, en
tanto que la Ley N° 18.834 no tiene sino la calidad de una ley simple.

SEGUNDO: Que, asimismo, considera transgredido el artículo 19,
numeral 2, de la Carta Fundamental, pues en el procedimiento administrativo
seguido en contra de un empleado público por un hecho menor, éste no tiene
acceso a todo el expediente que se sigue en su contra, mientras que, en un
proceso penal, el imputado por un delito tiene derecho a conocer íntegramente
la investigación desde que ésta se dirige en su contra, salvo algunas
excepciones. Igualmente, alega que, en la especie, se infringe el artículo 19,
numeral 3, de la Constitución, en cuanto al derecho de defensa jurídica,
atendido a que la norma impugnada impide conocer los hechos investigados.

TERCERO: Que lo primero que cabe consignar es que el razonamiento de
orden formal, conforme al cual el artículo impugnado, al estar inserto en una
ley simple y establecer un secreto de actuaciones administrativas,
contravendría el artículo 8° de la Constitución Política, que exige al efecto que la
reserva se disponga en una ley de quórum calificado, es un argumento
aparente, porque no solo omite considerar lo dispuesto por el artículo 1°
transitorio de la Ley 20.285, como con razón lo ha hecho presente la requerida,
sino que, antes de ello, prescinde de lo preceptuado por el artículo cuarto
transitorio de la propia Carta Fundamental, que a la letra dispone que las leyes
en vigor que versan sobre materias que de acuerdo a la Constitución deben ser
objeto de leyes orgánicas constitucionales o aprobadas con quórum calificado,
“Se entenderá” que “cumplen estos requisitos”. Es precisamente en virtud de
esa regla constitucional que el artículo 1° transitorio de la Ley 20.285 establece
que se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado los
preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la
promulgación de la ley 20.050, que establecen secreto o reserva respecto de
determinados actos o documentos, por las causales que señala el artículo 8º de
la Constitución Política. Por consiguiente, es obvio que el problema formal
denunciado no existe, de manera que es innecesario internarse en la cuestión
relativa a si por vía de inaplicabilidad puede este Tribunal examinar defectos
formales como el pretendido o, también, si puede pronunciarse sobre la
vigencia o derogación tácita de preceptos preconstitucionales que contradigan
disposiciones de la Carta, asunto planteado de esa precisa manera en el
requerimiento.

CUARTO: Que tampoco es efectivo que el artículo 137 inciso segundo de
la Ley 18.834 contradiga el fondo del artículo 8° inciso segundo de la
Constitución, porque esta norma permite que una ley (de quórum calificado,
que ya vimos que es una calidad que el artículo 4° transitorio de la Carta y el
primero transitorio de la Ley 20.285 entregan a la norma impugnada)



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establezca la reserva o secreto de actos y resoluciones de los órganos del Estado
en razón, entre otros motivos, de asegurar el debido cumplimiento de las
funciones públicas de que se trate, y ese es justamente el caso del secreto
temporal de los sumarios, pues el objetivo es que la función de investigar
posibles faltas e irregularidades se lleve a cabo desentrañando la verdad de los
hechos, sin que la persona inculpada, o cualquier otra, pueda interferir para
alterar, ocultar o dificultar la labor de reunir las pruebas del caso. Es decir, en
los términos de la Constitución, se trata de impedir que la publicidad afecte el
debido cumplimiento de las funciones de los fiscales investigadores.

QUINTO: Que la cuestión, entonces, se limita a determinar si ese secreto,
en la forma en que está regulado en el artículo 137 inciso segundo de la Ley
18.834, es contrario a la igualdad ante la ley y al debido proceso. Lo primero,
porque, se dice, si en los procesos penales la investigación no es secreta para el
imputado, pese a la gravedad de las infracciones que en esa área se conocen, no
podría serlo en el plano administrativo, pues no existiría una razón para tal
diferencia. Esa proposición, aparentemente lógica, es equivocada, sin embargo,
porque lo son varios de sus supuestos. En primer término, la requirente quiere
comparar, para el examen de igualdad, dos procedimientos eminentemente
distintos. Pero son distintos no simplemente porque en materia penal se
investiguen hechos más graves (lo cual puede ser verdadero o no, según el caso,
ya que un delito penal puede a la vez generar responsabilidad administrativa),
sino por algo que la actora pasa por alto y es que las consecuencias de la
indagación penal son potencialmente mucho más severas para los derechos del
imputado, y no solo en cuanto a su resultado final sino también respecto a las
medidas cautelares a la que se expone, que incluyen la privación de libertad.
Por tanto, al contrario de lo que la proposición de la requirente supone, es más
grave establecer el secreto en una indagatoria penal que en una administrativa,
de modo que aún si fuera cierto que en lo penal ese secreto no exista o no pueda
existir, el baremo sería inadecuado: las situaciones no son comparables y por
eso, ya con esta primera reflexión, cae por su base la alegación de infracción al
principio de igualdad ante la ley.

SEXTO: Que, enseguida, tampoco es cierto que en materia penal no
existan procedimientos que establezcan el secreto sumarial respecto del
imputado. Como se desarrolló ampliamente en nuestro fallo recaído en el rol
14.323, ello ocurre en el procedimiento penal militar, de naturaleza inquisitiva,
seguido ante tribunales a que se refiere nuestra propia Constitución Política en
su artículo 83 y cuyo procedimiento no ha sido declarado inconstitucional. En
ese tipo de procesos penales el sumario, que en principio es secreto incluso para
el imputado, tiene una duración que primero se dice que es de cuarenta días,
pero en verdad se puede extender de forma indefinida, según lo prescribe el
artículo 130 del Código de Justicia Militar, y respecto del simple inculpado el




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TRESCIENTOS ONCE




secreto puede extenderse en la misma forma. Con relación al ya procesado, ese
secreto se puede prolongar hasta por ciento veinte días más. Esa amplitud e
inclusive indefinición, que ciertamente si se prolonga exageradamente sí que
puede afectar el derecho de defensa y como consecuencia al debido proceso, no
tiene ninguna relación con el secreto del sumario administrativo respecto del
investigado, pues la ley dispone que el término de dicha indagación sea de
veinte días y, solo en casos calificados y siempre que existan diligencias
decretadas y pendientes, pueda extenderse hasta sesenta días (artículo 135 de la
Ley 18.834). No se ve, entonces, que en la comparación entre estos dos tipos de
proceso surja una diferencia que menoscabe a la requirente, y ello aun pasando
por alto que la comparación en verdad es anómala, porque se examinan
procedimientos diferentes, con capacidad de afectación de derechos muy
desigual.

SÉPTIMO: Que lo mismo puede apreciarse respecto del sumario
establecido en el Código de Procedimiento Penal, que se dirá que está derogado,
pero no lo está respecto de hechos delictivos que aparezcan cometidos durante
su vigencia, lo que ha determinado que a veintiséis años de iniciado el sistema
acusatorio, sigan existiendo procesos penales ordinarios regidos por el sistema
inquisitivo, con sumario secreto para el inculpado y aún para el procesado.
Como se dijo en el motivo sexto del fallo rol 14.323 de este Tribunal, cabe
reparar en que ni aún el auto de procesamiento conlleva el cese del secreto
sumarial, pese a constituir una imputación directa que en buena medida
anticipa la formulación de cargos, porque exige acreditación de la existencia del
delito y presunciones fundadas de participación. En materia administrativa no
hay ninguna anticipación de los cargos que permita decir que el imputado y su
defensa queden a ciegas respecto de hechos concretos imputados. El secreto
desaparece necesariamente con la formulación de cargos, que es justamente la
única actuación procedimental que imputa hechos.

OCTAVO: Que por si lo anterior fuera poco, o se considerare que se citan
procedimientos muy antiguos, ya solo residualmente vigentes (aunque ese no
sea el caso del proceso militar en tiempos de paz), ocurre que nuestro legislador
reciente recoge de nuevo la posibilidad de mantener en secreto, incluso para el
imputado, investigaciones en materia penal, y lo hace en la Ley 19.913, que en
su artículo 31 establece que la investigación de los delitos a que se refieren sus
artículos 27 y 28 (básicamente lavado de activos y asociación para cometerlo)
“será siempre secreta para los terceros (...) Respecto del imputado y de los
demás intervinientes, la investigación será secreta cuando así lo disponga el
fiscal, por un plazo máximo de seis meses, renovables con autorización del juez
de garantía, por una sola vez y por igual término.” Es decir, en este tipo de
procesos penales, según normas de reciente creación legislativa, el secreto
puede durar, para el imputado, hasta un año. Repárese en algo más: el imputado




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solo una vez formalizado puede pedir al juez “que limite el secreto en cuanto a
las piezas o actuaciones abarcadas por él.” Antes no puede ni siquiera pedirlo, y
después no se le asegura sino el derecho de petición, mas no el resultado de esa
solicitud. Aun formalizado, entonces, el imputado podría seguir en total
desconocimiento de la investigación, hasta completar un año desde su inicio. No
admite esta situación, de nuevo, ninguna comparación con el sumario
administrativo, que permita concluir que el modesto secreto regulado en él, de
un máximo de sesenta días de duración, constituya una discriminación que
afecte el principio de igualdad ante la ley.

NOVENO: Que todo lo anterior es sin perjuicio de la posibilidad de
secreto que también contempla, respecto del imputado, el propio Código
Procesal Penal, ya en etapa de formalización, cuando el artículo 182 de ese
Cuerpo Normativo permite decretar la reserva respecto de actuaciones
determinadas de la investigación. Se puede hacer hincapié en que el secreto se
limita a actuaciones determinadas, pero repárese en que esas diligencias
podrían ser las esenciales para determinar la existencia de los hechos o la
participación del imputado y ese secreto puede eventualmente extenderse
hasta ochenta días, superando de nuevo el límite de la reserva del sumario
administrativo. Así pues, además de que no cabe la comparación entre un
proceso penal que puede derivar, o acarrear durante su curso, las más graves
consecuencias para los derechos fundamentales de los imputados, incluyendo
uno tan caro como la libertad personal, y un procedimiento administrativo que
de ninguna manera puede afectar con tal intensidad a la persona sujeta a
indagación, resulta que tampoco es efectivo que en los primeros no pueda
existir un secreto que, en todos los casos, puede superar con mucho la extensión
del que la norma atacada dispone para lo administrativo. El artículo 19 N°2 de la
Constitución, entonces, ni en abstracto ni en el caso concreto sufre ninguna
trasgresión por la aplicación del artículo 137 inciso segundo de la Ley 18.834.

DÉCIMO: Que respecto del debido proceso, en tanto garantía recogida
por el artículo 19 N°3 de la Constitución, que se dice infringida, podríamos
detenernos en la cuestión debatida entre nosotros relativa a si en los
procedimientos disciplinarios administrativos rigen o no esas precisas reglas
del citado artículo 19 N°3, o bien esa norma se refiere a proceso judiciales, y los
administrativos se regulan por normas legales que resguardan los derechos de
los investigados, particularmente por la Ley 19.880, ajustándose a preceptos
más generales de la Carta, e inclusive podríamos detenernos en el análisis,
también doctrinalmente interesante, respecto a cuál debiera ser el contenido de
las garantías mínimas del funcionario en el procedimiento administrativo
seguido en su contra o, en todo caso y si se estima aplicable el artículo 19 N°3 de
la Carta, en qué medida, respecto qué garantías y ello, por supuesto, para
salvaguardar una potestad que con toda evidencia no ejerce un órgano




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jurisdiccional independiente, como sí es exigible que ocurra respecto de los
procesos jurisdiccionales, pero adentrarse en cualquiera de esos tópicos resulta
en este caso innecesario, pues sea como fuere que se entienda, en la situación
concreta sobre la que versan estos autos no se vulnera ningún principio que
pueda caber en un concepto genérico o específico de debido proceso, o que
resguarde la dignidad, los derechos derivados de la naturaleza humana, o el
actuar debido de los órganos estatales con respecto de las personas sometidas a
ellos.

UNDÉCIMO: Que lo anterior es así porque el secreto que dispone la
norma impugnada es eminentemente transitorio y responde a un propósito
legítimo y razonable, como lo es el asegurar el éxito de la investigación. Es tanto
más razonable si se atiende a que esa indagatoria se refiere a hechos de
naturaleza funcionaria, en los que se supone que puede haber participado un
agente estatal que, según sea su posición jerárquica o su función, puede tener
acceso a los datos -físicos o virtuales- que deban recopilarse o tener la capacidad
de influir en el ánimo de los demás funcionarios que deban declarar o, en fin,
entorpecer el curso de la indagatoria de diferentes formas, aún si estuviere
suspendido de su cargo. No atenta contra ningún principio de racionalidad y
justicia asegurar la investigación reservándola por un plazo breve y claramente
delimitado en la ley, y tampoco atenta contra el derecho a defenderse, porque
todo secreto cesa en el preciso momento en que se formulan los cargos. No hay
ninguna actuación previa que importe formalizar una imputación o de
cualquier manera adelantar una acusación. Los hechos, conjuntamente con los
antecedentes que los sustenten, se conocerán completos en la primera
oportunidad procedimental en que algo concreto se impute. Y entonces el
funcionario tendrá hasta diez días para contestar los cargos, lo que es un plazo
que en proporción a la duración del sumario parece razonable, porque además
hay que añadir la posibilidad de rendir prueba y el término previsto para ello.
En todo caso, ese plazo de defensa no ha sido objeto del requerimiento.

DUODÉCIMO: Que, para acentuar el carácter racional del secreto
legalmente establecido y ahora impugnado, hay que considerar que él se refiere
a actuaciones preliminares, como que necesariamente preceden a la
formulación de cargos, y es en esa etapa inicial cuando más depende el éxito del
proceso de la reserva con que éste se maneje. Incluso en materias penales este
tribunal ha establecido que el secreto del sumario no es per se inconstitucional,
y así lo ha señalado, por ejemplo, en su sentencia del rol 5897-2019, que hace
una referencia interesante al artículo 36 de la Ley 20.000, porque allí hay otro
caso en que, en el campo del procedimiento acusatorio, puede decretarse el
secreto de determinadas actuaciones, registros y documentos, respecto de
cualquiera de los intervinientes (imputado incluido, entonces) hasta el mismo
cierre de la investigación. Del mismo modo se razonó en la sentencia recaída en




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el rol 6.805-2019, que estimó que el secreto sumarial en un proceso inquisitivo
penal, en tanto transitorio, no vulnera los derechos fundamentales de los
imputados. Como hemos dicho, tanto menos puede hacerlo un secreto mucho
más acotado temporalmente y que recae en un procedimiento en que los riesgos
de afectación de derechos fundamentales son, también, mucho menores que en
lo penal.

DECIMOTERCERO: Que ahora, estrictamente en lo administrativo y
tanto para el examen de igualdad ante la ley como para comprender la
racionalidad y proporcionalidad de la regla impugnadas en sí misma, cabe traer
a colación el artículo 21 de la Ley 20.285 que, respecto de la excepción a la regla
de publicidad de la información pública establece, como primera causal de
reserva el que “su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido
cumplimiento de las funciones del órgano requerido”, que es precisamente lo
que también quiere proteger la norma impugnada, conforme a la lógica
inquisitiva del procedimiento disciplinario.

DECIMOCUARTO: Que a propósito de la naturaleza inquisitiva de la
indagación que regula la Ley 18.834 cabe decir dos cosas; la primera es que esa
condición no es en sí misma inconstitucional, y así lo ha declarado esta sede
varias veces, bastando con remitirnos a los roles citados en el motivo
duodécimo, y la segunda observación atingente es que, además, esa calidad de
la investigación sumarial administrativa no ha sido atacada en esta acción, y
como el secreto sumarial es una característica que si bien vimos que no es
exclusiva de ella (al respecto, volvamos al artículo 31 de la Ley 19.913), sí deriva,
en este caso, de tal naturaleza, parece complejo reclamar de aquel de modo
aislado, sin hacerlo respecto del procedimiento inquisitorial mismo, al que la
regla del secreto accede.

DECIMOQUINTO: Que todas las demás consideraciones en que el libelo
abunda se refieren a reclamos contra las decisiones del fiscal del sumario, sobre
lo cual a este Tribunal no le corresponde pronunciarse. Así, nada nos cabe
resolver respecto de lo que el requirente denomina resoluciones ilegales y
vulneradoras del debido proceso, tal como el no acompañar a la primera
notificación la resolución exenta que ordena instruir el sumario, o el practicar
esa notificación por correo electrónico, o, también, el no acceder a una nulidad
procedimental reclamada, u otras pretendidas irregularidades que resultan
ajenas al contenido de un requerimiento de inconstitucionalidad respecto de
una norma legal y en cambio son propias del examen del recurso de protección
que constituye la gestión judicial que se ha invocado como pendiente, para
requerir.

DECIMOSEXTO: Que, en suma, no existe en este caso un efecto
inconstitucional que se derive la aplicación del artículo 137 inciso segundo de la




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Ley 18.834 a la gestión judicial pendiente, por lo que la acción de autos será
desechada.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos
primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y
pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
DEDUCIDO A FOJAS 1, EN TODAS SUS PARTES.

III. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN
AUTOS. OFÍCIESE.

IV. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE, POR
ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR



DISIDENCIA

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores MIGUEL
ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZALEZ, y HÉCTOR MERY ROMERO, y de la Ministra señora
MARCELA PEREDO ROJAS, quienes estuvieron por acoger el requerimiento
atendido las siguientes consideraciones:

1°. Que, se ha requerido la inaplicabilidad del artículo 137 inciso segundo
de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en virtud del cual “el
sumario será secreto hasta la fecha de formulación de cargos, oportunidad en la
cual dejará de serlo para el inculpado y para el abogado que asumiere su defensa
”, lo que la accionante sostiene que resultaría contrario a los artículos 8° y 19
numerales 2° y 3° de la Constitución;

2°. Que, no hay duda, como lo hemos sostenido en numerosas sentencias,
que, al menos, desde 2005, el principio general que rige los actos y resoluciones
de todos los órganos del Estado, así como de sus fundamentos y también de los
procedimientos es la publicidad, de acuerdo con el artículo 8° inciso segundo de
la Constitución;
3°. Que, por ello, reiteradamente hemos explicado que aquella
disposición constitucional “(…) consagra el principio de publicidad y
transparencia básico del Estado de Derecho y base de la institucionalidad de
nuestro país. Tal como lo ha señalado esta Magistratura, “su propósito es
garantizar un régimen republicano democrático; además, que se garantice el
control del poder, obligando a las autoridades a responder a la sociedad por sus



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TRESCIENTOS DIECISEIS




actos y dar cuenta de ellos; también, promover la responsabilidad de los
funcionarios sobre la gestión pública; y, finalmente, fomentar una mayor
participación de las personas en los intereses de la sociedad (…)” (c. 4°, Rol N°
16.503);
4°. Que, sin perjuicio del principio constitucional de publicidad,
ciertamente, la Constitución admite casos de secreto o reserva de ciertos actos,
resoluciones, fundamentos o procedimientos cuando así lo dispone una ley de
quórum calificado en virtud de las causales taxativamente señaladas en el
referido artículo 8° inciso segundo (c. 8°, Rol N° 15.898);
5°. Que, más específicamente, en el ámbito de los procedimientos
judiciales, también rige el principio de publicidad, con casos de secreto o
reserva, tanto en materia civil (artículo 29 inciso segundo del Código de
Procedimiento Civil) como en el Código Procesal Penal, pues toda persona tiene
derecho a un juicio previo, oral y público (artículo 1°) y, en el caso de la
investigación, a “(…) conocer su contenido, salvo en los casos en que alguna parte
de ella hubiese sido declarada secreta y solo por el tiempo que esa declaración se
prolongare” (artículo 93 letra e);
6°. Que, la misma regulación se contempla en la Ley N° 19.880 que
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los
órganos de la Administración del Estado, cuyo artículo 16 inciso primero
dispone que “el procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de
manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de
las decisiones que se adopten en él”.
Y agrega, en el inciso segundo que, “en consecuencia, salvo las
excepciones establecidas en la Ley de Transparencia de la Función Pública y de
Acceso a la Información de la Administración del Estado y en otras disposiciones
legales aprobadas con quórum calificado, son públicos los actos y resoluciones de
los órganos de la Administración del Estado, así como sus fundamentos y
documentos en que éstos se contengan, y los procedimientos que utilicen en su
elaboración o dictación”;
7°. Que, en consecuencia, desde el artículo 8° inciso segundo de la
Constitución, los actos y resoluciones de los órganos estatales, así como sus
fundamentos y procedimientos son públicos, admitiéndose excepcionalmente
casos de secreto o reserva, lo que ha sido recogido, obviamente, por el legislador
tanto en los procedimientos judiciales como en la ley de bases de
procedimientos administrativos;
8°. Que, la norma cuestionada, sin embargo, mantiene una regulación
sustancialmente distinta, pues no admite la publicidad de la investigación
sumarial como regla general, con excepciones precisas, sino que consagra el
principio exactamente inverso, ya que dispone del secreto del sumario durante
toda su extensión (por lo que no es temporal) y respecto de toda persona,
incluyendo a quien está siendo investigado;



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TRESCIENTOS DIECISIETE




9°. Que, ésta era la regla del antiguo Código de Procedimiento Penal, cuyo
artículo 78 establecía que las actuaciones del sumario eran secretas, lo que, por
cierto, fue inaplicado por esta Magistratura habida consideración que “la
posibilidad de levantar una defensa jurídica eficaz y de conocer las pruebas
eventualmente incriminatorias a fin de poder declarar con pleno conocimiento de
causa, constituye para el afectado el contenido esencial de este derecho
fundamental, reconocido por el Constituyente justamente por encontrar arraigo
en las más antiguas tradiciones de la justicia (…)” (c. 5°, Rol N° 3.681) o, en
palabras de la Corte Interamericana, “(…) la referida normativa que establece
como regla que en la jurisdicción penal militar chilena el sumario sea secreto,
salvo las excepciones establecidas por la ley, es contraria al derecho de defensa
del imputado, ya que le imposibilita el acceso efectivo al expediente y a las pruebas
que se recaban en su contra, lo cual le impide defenderse adecuadamente, en
contravención de lo dispuesto en el artículo 8.2.c) (…)” (c. 170, Caso Palamara
Iribarne vs. Chile, 22 de noviembre de 2005);
10°. Que, así las cosas, bien podría disponerse el secreto del sumario para
terceros o por un tiempo determinado o respecto de ciertas diligencias o
pruebas, tal y como lo contemplan el Código Procesal Penal o la Ley N° 19.880,
pero una determinación absoluta, en cuanto a los destinatarios y que abarca
todo el lapso que dura la indagatoria, hasta la formulación de cargos, es
contraria al artículo 8° y también al derecho a defensa, pues impide la debida
intervención del letrado.
Incluso, como lo recuerda la sentencia, la Ley N° 19.913, a propósito de
delitos tan graves y complejos como el lavado de activos o la asociación para su
comisión, el secreto de la investigación -para el imputado y los demás
intervinientes- no puede exceder los seis meses, renovable una vez, con
autorización del juez de garantía. Es más, una vez formalizada la investigación,
el imputado puede solicitar al juez que lo limite en cuanto a las piezas o
actuaciones abarcadas por él.
Y lo mismo puede decirse del artículo 36 de la Ley N° 20.000 que autoriza
al Ministerio Público para disponer que determinadas actuaciones, registros o
documentos sean mantenidos en secreto respecto de uno o más intervinientes.
¿Cuándo? Cuando estime que existe riesgo para la seguridad de los agentes
encubiertos, agentes reveladores, informantes, testigos, peritos y, en general, de
quienes hayan cooperado eficazmente en el procedimiento;
11°. Que, en definitiva, aún en los delitos más graves y en las
circunstancias más delicadas, el legislador -como no puede ser de otra manera-
respeta la Constitución, esto es, que el principio general que rige las actuaciones
y procedimientos estatales es la publicidad, con casos excepcionales de secreto o
reserva, lo que no sucede con el artículo 137 inciso segundo de la Ley N° 18.834
que invierte ese principio, disponiendo el secreto del sumario durante todo el
tiempo que dure, respecto de la integridad de la indagatoria y tanto para



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TRESCIENTOS DIECIOCHO




terceros como para el sumariado, impidiendo la debida intervención del letrado
y, con ello, afectando en su esencia al derecho a defensa;
12°. Que, en fin y ahora desde el ángulo de la proporcionalidad y
racionalidad de la determinación legislativa, esta Magistratura ha sostenido que
“(…) la intervención pública ha de ser susceptible de alcanzar la finalidad
perseguida, necesaria o imprescindible, al no haber otra medida menos
restrictiva de la esfera de libertad de los ciudadanos (es decir, por ser el medio
más suave y moderado de entre los posibles-ley del mínimo intervencionismo-) y
proporcional en sentido estricto, es decir ponderada o equilibrada por derivarse
de aquella más beneficiosa o ventajosa para el interés general que perjudicial
sobre otros valores o bienes en conflicto, en particular sobre los derechos y
libertades” (Javier Barnes, “Introducción al Principio de Proporcionalidad en el
Derecho Comparado y Comunitario”, en Revista de Administración Pública, N°
135, 1994, p.500)” (c. 6°, Rol N° 9.299)”;
13°. Que, por ello, “(…) es sabido que esta Magistratura Constitucional ha
otorgado amplio reconocimiento al así llamado principio de proporcionalidad
(aspecto positivo) o de interdicción de la arbitrariedad (aspecto negativo), el cual
si bien no está enunciado gramaticalmente de manera explícita en general, sí tiene
en cambio nítidos fundamentos textuales específicos en la Constitución, que
permiten elucidarlo y enunciarlo por vía secundaria, con validez general, como
aquel en virtud del cual, sustantivamente, las diferencias de trato en el contenido
de la ley deben estar basadas en criterios objetivos, reproducibles y explícitos,
conforme con los valores y principios superiores que la Constitución consagra, y
en función de los fines legítimos que la misma Constitución define, de manera que
los efectos que existan sobre los derechos de las personas, no se basen en
motivaciones arbitrarias, inefables o disvaliosas, ni excedan la medida equitativa
razonable de intervención estatal en balance con su fin. En ese sentido, cabe aludir
al artículo 19, N° 2°, N° 16°, N° 22°, N° 26°, de la Ley Fundamental, inter alia, según
se ha invocado por este Tribunal Constitucional en los roles N°s 280, 1153, 312,
467, 28, 53, 219, 811, 1217 y 1254. Ello, aparte de los roles 2196 y 2365,
pertinentemente invocados en el requerimiento” (c. 18°, Rol N° 2.648);
14°. Que, desde esta perspectiva, no dudamos acerca de la legitimidad de
los fines perseguidos por el legislador al establecer la regulación que ha
dispuesto en la norma impugnada, en orden a proteger el éxito de la indagatoria
y el respeto de la honra del inculpado, denunciante, víctima y terceros. Incluso
más, al menos en el plano teórico, procede aceptar que la medida es idónea para
la consecución de esos fines, en cuanto, como plantea Aharon Barak,
incrementa la probabilidad de su realización (Aharon Barak: Proporcionalidad,
Lima, Palestra, 2017, p. 337). Estos mismos fines, sin embargo, justifican las
reglas acotadas de secreto o reserva establecidas en el proceso penal o en la Ley
N° 19.880;




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TRESCIENTOS DIECINUEVE




15°. Que, por ende, debe examinarse la necesariedad de la medida, en
virtud de la cual, como recuerda el mismo autor, a propósito del caso United
Mizrahi Bank, “una ley restringe un derecho fundamental en una magnitud no
mayor a la requerida sólo si el legislador ha escogido -de todos los medios
posibles- aquel que menos restringe el derecho humano protegido. En
consecuencia, el legislador debe empezar por el “escalón” más bajo posible y luego
proceder lentamente hacia arriba hasta alcanzar aquel punto donde es posible
alcanzar el fin adecuado sin una mayor restricción que la requerida respecto del
derecho humano en cuestión” (Aharon Barak: Proporcionalidad, Lima, Palestra,
2017, p. 351);
16°. Que, la duda constitucional radica, entonces, en dirimir si la regla
contenida en el artículo 137 inciso segundo es necesaria para la consecución de
los fines a que ella se orienta;
17°. Que, no está demás tener presente que, si bien el artículo 137 inciso
segundo de la Ley N° 18.834 data de 1989, el secreto allí previsto forma parte de
nuestro ordenamiento jurídico, sin variaciones sustantivas, al menos desde el
artículo 148 del Decreto con Fuerza de Ley N° 256, de 1953, habiendo sido
reiterado en el artículo 209 del Decreto con Fuerza de Ley N° 338, de 1960.
Siendo así, “el funcionario inculpado, por su parte, y es esto lo que repugna
al principio de igualdad procesal de las partes, se encuentra claramente en
desventaja. Por una parte, no tiene noticia de que se desarrolla una investigación
sumaria o un sumario administrativo en su contra hasta que se le toma
declaración, lo que perfectamente puede constituir la última actuación del
sumario. Por otra parte, no tiene conocimiento de las pruebas que obran en su
contra hasta que concluye el sumario debido al secreto del mismo. En tercer lugar,
todos los antecedentes reunidos durante la investigación sumaria o durante el
sumario administrativo pueden ser utilizados para fundar la sanción
disciplinaria que en definitiva se aplique. Esto significa que la prueba se ha
producido sin que el inculpado haya podido controvertirla al momento de
producirse, lo que constituye una infracción al principio de contradicción. Todos
estos problemas constituyen consecuencias del diseño jurídico institucional del
procedimiento disciplinario, que ha asumido la estructura orgánica inquisitiva
reformada. En efecto, el fiscal o el investigador se encuentran inevitablemente
comprometidos con el resultado de su propia investigación” (Luis Iván Díaz
García y Patricia Urzúa Gacitúa: “Procedimientos Administrativos
Disciplinarios en Chile. Una Regulación Vulneradora del Derecho Fundamental
al Debido Proceso”, Ius et Praxis, Año 24, N° 2, 2018, pp. 197-198);
18°. Que, la regla contenida en la norma impugnada resulta
desproporcionadamente lesiva del derecho a defensa frente a fórmulas
alternativas más adecuadas que permiten, igualmente, alcanzar los fines que
ella persigue, pues el cabal y completo ejercicio del derecho a defensa,
especialmente garantizado por la oportuna intervención del letrado, no se agota



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TRESCIENTOS VEINTE




en la declaración del sumariado, sino que requiere, en los términos del artículo
19 N° 3° inciso segundo, para que no sea objeto de impedimentos, restricciones o
perturbaciones, que se ejerza en plenitud desde el inicio mismo del
procedimiento, incluyendo la fase investigativa, como lo corrobora su inciso
sexto que, por la reforma introducida por la Ley N° 19.519, en 1997, extendió,
expresamente, la exigencia de racionalidad y justicia a las investigaciones;
19°. Que, el ejercicio completo del derecho a defensa requiere, entonces y
salvo excepciones que deben ser precisas, acotadas en el tiempo y fundadas, que
el investigado tenga conocimiento de la indagatoria desde el comienzo porque,
además, solo así puede controlar la acción del investigador e ir adoptando
medidas o preparando las actuaciones de defensa que realizará con
posterioridad en el proceso, salvo que el instructor disponga el secreto de
determinadas actuaciones o documentos y mediante resolución fundada.
De ahí que no pueda justificarse dejar en la indefensión al investigado
con base en que se trata de actos intermedios y no terminales del procedimiento
administrativo, pues y precisamente, no obstante tratarse de actuaciones
intermedias o, incluso más, iniciales, son decisivas en la secuela completa del
proceso disciplinario. Máxime si lo que en esta etapa se allegue, produzca o
determine configura bases, presupuestos o pruebas que sirven o pueden servir
a decisiones que afecten sus derechos o su posición en el proceso, incluyendo las
que se contemplan en el artículo 136 del Estatuto Administrativo, puesto que, a
propósito del derecho a defensa, “(…) el constitucionalismo exige infundir
máxima amplitud y eficacia a este derecho fundamental, haciendo aplicable en el
derecho administrativo, en especial el de índole sancionadora, cuanto el proceso
justo y con procedimiento racional, reclamen que sea respetado con la cualidad de
garantía suprema para precaver toda arbitrariedad, preventivamente o ex post”
(José Luis Cea Egaña: Derecho Constitucional Chileno, Tomo II, Santiago,
Ediciones UC, 2023, p.195);
20°. Que, por las razones expuestas y sin que sea necesario realizar el
último test, estuvimos por acoger el requerimiento, haciendo nuestras también
las argumentaciones contenidas en el pronunciamiento Rol N° 5.958,
especialmente, por estimar que la aplicación del precepto impugnado vulnera el
derecho a defensa y el derecho a un procedimiento y a una investigación
racionales y justos, como señala el artículo 19 N° 3° inciso sexto, desde la
reforma introducida, en 1997, por la Ley N° 19.519, al invertir el principio
constitucional de publicidad que alcanza a todos los actos y resoluciones de los
órganos estatales, a sus fundamentos y procedimientos, así como por afectar
severamente la debida intervención del letrado.



Redactó la sentencia el Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ y la disidencia,
el Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZALEZ.




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TRESCIENTOS VEINTIUNO




Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 17.122-25 INA.




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TRESCIENTOS VEINTIDOS


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 24/04/2026



María Pía Silva Gallinato
Fecha: 24/04/2026



Miguel Angel Fernández González Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 24/04/2026 Fecha: 24/04/2026



Catalina Adriana Lagos Tschorne Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 24/04/2026 Fecha: 24/04/2026



Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 24/04/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana
Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero y señora Marcela Inés Peredo
Rojas.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 24/04/2026




B189C08F-6824-4FDC-A58B-341AD1CB87AB
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