TC Rol 17135

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CUARENTA Y TRES




Santiago, cinco de enero de dos mil veintiséis



A fojas 38, a lo principal: téngase por evacuado traslado; al primer
otrosí: téngase presente; al segundo otrosí: téngase presente.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que Darinka Carolina Alegría Guiñez acciona de inaplicabilidad
respecto del artículo 486 inciso primero del Código de Procedimiento
Civil, en el proceso Rol C-6538-2023, seguido ante el Quinto Juzgado de
Letras en lo Civil de Santiago.
2°. Que la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de
esta Magistratura, admitiéndose a tramitación a fojas 31, con fecha 10 de
diciembre de 2025.
3°. Que, examinando el requerimiento deducido, esta Sala ha
logrado formarse convicción de que la acción constitucional deducida no
puede prosperar, al concurrir en la especie la causal de inadmisibilidad
prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica
Constitucional de esta Magistratura. En la especie no se cumple con el
requisito esencial en torno a la estructuración argumentativa plausible
del conflicto constitucional vinculado con el caso concreto que se sigue
en la gestión pendiente.
4°. Que, según se lee de la presentación de fojas 1, la requirente
acciona en el marco de un juicio ejecutivo de cobro de obligaciones
consignadas en un pagaré, tramitado ante el Quinto Juzgado Civil de
Santiago. En dicho proceso, Penta Vida Compañía de Seguros de Vida
S.A. demandó ejecutivamente a la requirente y a don Pablo Cristian Pérez
Valdés para el cobro de la suma de $170.750.935, más intereses. Con
fecha 25 de julio de 2023, los ejecutados fueron notificados de la
demanda y requeridos de pago en rebeldía, sin que se hayan deducido
excepciones. Posteriormente, con fecha 13 de septiembre de 2023, se
trabó embargo sobre un inmueble de propiedad de la requirente,
inscrito a su nombre a fojas 24.575 N° 37.050 del Registro de Propiedad
del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año
2012.
5°. Que, con fecha 23 de noviembre de 2023, el ejecutante
acompañó certificado de avalúo fiscal para efectos del artículo 486 del
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CUARENTA Y CUATRO




Código de Procedimiento Civil. Mediante resolución de fecha 30 de
noviembre de 2023, el tribunal sustanciador puso en conocimiento de la
ejecutada la petición formulada por la parte ejecutante en orden a que
se fijara como mínimo para la subasta el avalúo fiscal del inmueble
embargado, advirtiendo expresamente que tal monto fiscal se utilizaría
como base para el remate “si no fuere objetada dentro del plazo
establecido en el artículo 486 del Código de Procedimiento Civil”.
Posteriormente, la parte ejecutada no objetó el mínimo ni solicitó
tasación pericial alguna dentro del plazo legal. En consecuencia, vencido
el término legal sin gestión por parte del deudor, mediante la misma
resolución de 30 de noviembre de 2023, se tuvo como tasación del
inmueble embargado el avalúo fiscal vigente a la fecha en que se efectúe
la subasta.
6°. Que, con fecha 12 de diciembre de 2023, el ejecutante propuso
bases de remate, las que fueron aprobadas mediante resolución de
fecha 16 de abril de 2025, fijándose audiencia de remate para el 20 de
noviembre de 2025. Según consta en el certificado de gestión pendiente
de fojas 48, se encuentran acompañadas al proceso las publicaciones
correspondientes.
Con fecha 6 de marzo de 2025, según se refiere a fojas 5, la actual
defensa de la parte ejecutada asumió la representación, objetando en
reiteradas ocasiones las bases de remate ya aprobadas, siendo aquellas
desestimadas. De tal modo, al momento de presentarse el
requerimiento, se encontraba pendiente la realización de la audiencia de
remate fijada para el 20 de noviembre de 2025.
7°. Que la requirente sostiene que la aplicación del precepto
impugnado vulnera las garantías constitucionales contempladas en el
artículo 19, numerales 2°, 3° y 24, de la Constitución Política. Argumenta
que el artículo 486 inciso primero del Código de Procedimiento Civil
vulnera la igualdad ante la ley al establecer el avalúo fiscal como tasación
del bien, sin permitir solicitar en primera instancia el avalúo comercial, lo
que provocaría que el inmueble pueda rematarse por un valor
sustancialmente inferior a su precio de mercado. Seguidamente arguye
que la tasación fiscal no coincide con el real valor del inmueble, que
estima en aproximadamente $450.000.000, generando: i) una
desigualdad ante la ley al favorecer injustificadamente al ejecutante; ii)
una vulneración del debido proceso al impedirle obtener una tasación
comercial justa; y iii) una privación del derecho de propiedad al
rematarse el inmueble por debajo de su valor real de mercado.
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8°. Que, de la lectura del requerimiento se constata la
concurrencia de la causal contemplada en el numeral 6° del artículo 84
de la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura, en cuanto no se
tiene en autos el desarrollo de un conflicto constitucional que posibilite
activar la competencia de este Tribunal con la finalidad de inaplicar en un
caso concreto una disposición legal vigente. Como ha razonado esta
Magistratura, la exigencia de fundamento plausible implica una
contradicción directa, clara y precisa del precepto legal eventualmente
aplicable a un caso concreto con la Constitución, lo que desvirtúa la
alegación de mera legalidad o que las problemáticas que presente la
requirente sean corregidas por las vías recursivas, puesto que el
parámetro de contraste es la Constitución y no la ley, dado que el
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad busca
garantizar la supremacía constitucional (así, resoluciones de
inadmisibilidad en causas Roles N°s 15.265, 15.557, 16.067, 16.403,
17.087, entre otras).
9°. Que, del estado procesal actual de la gestión sub lite se verifica
que la requirente tuvo la oportunidad procesal de ejercer la facultad que
el propio artículo 486 del Código de Procedimiento Civil le confiere
expresamente, esto es, objetar el avalúo fiscal y solicitar que se efectuara
una nueva tasación pericial. Según consta en autos, mediante resolución
de fecha 30 de noviembre de 2023, el tribunal de la causa puso en
conocimiento de la ejecutada la petición del ejecutante en orden a que se
fijara como mínimo para la subasta el avalúo fiscal del inmueble
embargado, advirtiendo expresamente que dicho monto se utilizaría
como base para el remate si no fuere objetada dentro del plazo
establecido en el artículo 486 del Código de Procedimiento Civil. En
consecuencia, vencido el término legal para su impugnación, la tasación
quedó determinada conforme al avalúo fiscal vigente, en aplicación de la
norma legal cuya inaplicabilidad se requiere.
10°. Que, en similar sentido, esta Magistratura ha razonado que
cuando el ejecutado no ejerce oportunamente la facultad legal de
solicitar una nueva tasación pericial, no puede posteriormente fundar un
requerimiento de inaplicabilidad en la supuesta inconstitucionalidad de
la norma que precisamente le confería dicha facultad. Así se ha
expresado en sentencia recaída en causa Rol N° 14.279-23-INA, c. 6° y 7°,
en cuanto el ejecutado tuvo en su momento procesal la oportunidad de
solicitar una nueva tasación del bien raíz embargado conforme al inciso
1° del artículo 486 del Código de Procedimiento Civil, pero no hizo uso de
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CUARENTA Y SEIS




esa facultad legal. En el caso en examen la ratio decidendi de dicho
precedente resulta aplicable, pues en ambos casos el ejecutado contó
con la oportunidad procesal de ejercer la facultad que la propia norma
impugnada le confiere y no lo hizo dentro del plazo legal
correspondiente.
11°. Que, consecuencialmente, atendido al carácter
eminentemente concreto de la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, la requirente no ha estructurado
argumentativamente, de manera plausible, un conflicto constitucional en
el caso. En efecto, la alegada vulneración de las garantías
constitucionales invocadas no reviste fundamento plausible en los
términos en los cuales han sido planteadas en el libelo.
12°. Que, dado lo razonado, se configura la concurrencia de la
causal de inadmisibilidad prevista en el 6° del artículo 84 del cuerpo legal
orgánico constitucional que rige el actuar de esta Magistratura, en
atención a que la requirente no ha estructurado argumentativamente,
de manera plausible, un conflicto constitucional vinculado con el caso
concreto, impugnándose fundamentalmente el resultado de la falta de
ejercicio oportuno de las facultades que la propia norma legal
expresamente le confiere.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en
los artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,


SE RESUELVE:

Que se declara inadmisible el requerimiento deducido en lo
principal de fojas 1. Álcese la suspensión decretada en autos.



Las Ministras señoras María Pía Silva Gallinato y Catalina Lagos
Tschorne estuvieron por declarar la inadmisibilidad del libelo igualmente
por concurrir en la especie la causal de inadmisibilidad prevista en el
numeral 5° del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta
Magistratura, en cuanto el precepto legal impugnado no resulta decisivo
para la resolución del asunto. Lo anterior bajo el razonamiento siguiente:
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1°. Que, del análisis de los antecedentes de la gestión pendiente se
desprende que la cuestión relativa a la determinación de la tasación del
inmueble embargado ya fue resuelta por el tribunal sustanciador. En
efecto, mediante resolución de fecha 30 de noviembre de 2023, se tuvo
como tasación del inmueble embargado el avalúo fiscal vigente a la
fecha en que se efectúe la subasta, en aplicación del artículo 486 inciso
primero del Código de Procedimiento Civil, ante la falta de objeción o
solicitud de nueva tasación pericial por parte de la ejecutada dentro del
plazo legal. Posteriormente, con fecha 16 de abril de 2025, se aprobaron
las bases de remate, fijándose fecha para la audiencia de remate. En
consecuencia, la norma cuya inaplicabilidad se requiere ya desplegó sus
efectos en el proceso, habiéndose consolidado la determinación de la
tasación conforme al avalúo fiscal.
2°. Que, de tal manera, atendido el estado procesal de autos, la
normativa requerida de inaplicabilidad no resulta decisiva para la
resolución del asunto, toda vez que en el estado procesal actual de la
gestión judicial invocada no subsisten debates en torno a la aplicación de
la preceptiva impugnada en esta sede. La gestión pendiente se
circunscribe a la realización de la audiencia de remate del inmueble
embargado conforme a las bases ya aprobadas, sin que en dicha etapa
procesal pueda tener aplicación la norma impugnada, cuyo efecto
jurídico –la determinación de la tasación del bien a rematar– ya se
encuentra consolidado desde el año 2023. Cualquier pronunciamiento de
inaplicabilidad a estas alturas implicaría intentar retrotraer o invalidar
aquella decisión ya firme del juez del fondo, lo que escapa a la finalidad
de este tipo de requerimiento, atendido su carácter eminentemente
preventivo y no correctivo de situaciones procesales ya consolidadas.



Acordado con el voto en del Ministro señor Mario Gómez
Montoya, quien estuvo por declarar la admisibilidad del requerimiento
de autos habida consideración de que la preceptiva objeto de
impugnación surte efectos en la gestión sub lite a propósito de los
términos en los cuales se ha solicitado aprobación de las bases de
remate, encontrándose suficientemente fundado el conflicto planteado.



Notifíquese, comuníquese y archívese.

Rol N° 17.135-25-INA.
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María Pía Silva Gallinato
Fecha: 05/01/2026



Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 05/01/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 05/01/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señora Marcela Inés Peredo Rojas y
señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 05/01/2026




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