TC Rol 17136

Texto completo

0000254
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO


1
Santiago, treinta de enero de dos mil veintiséis


A fojas 103, a lo principal, téngase por evacuado el traslado; al
primer, tercer y cuarto otrosíes, téngase presente; al segundo otrosí,
téngase por acompañado y a la solicitud de reserva estese a lo resuelto a
fojas 192.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 18 de noviembre de 2025 Marianella Verónica
Ovalle Henríquez deduce requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del artículo 523, N° 4°), del Código
Orgánico de Tribunales, para que ello incida en el proceso Rol N° 22308-
2025, sobre recurso de protección, seguido ante el Corte de Apelaciones
de Santiago, en conocimiento de la Corte Suprema, por recurso de
apelación a la protección, bajo el Rol N° 44641-2025;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de
esta Magistratura, siendo acogido a trámite con fecha 25 de noviembre
de 2025 a fojas 97, confiriéndose traslado a las demás partes de la
gestión invocada para su pronunciamiento en torno al cumplimiento de
los requisitos de admisibilidad. En dicha etapa procesal formuló
observaciones el Consejo de Defensa del Estado a fojas 113, instando por
la inadmisibilidad del requerimiento;

3°. Que, precluido lo anterior, la Sala ha logrado formarse
convicción en cuanto a que la acción constitucional deducida no puede
prosperar, por lo que ella será declarada inadmisible, al concurrir en la
especie la causal de inadmisibilidad prevista en el numerales 5°, del
artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura;

4°. Que, como antecedentes de la gestión pendiente explica que
en el marco del proceso de titulación seguido ante la Corte Suprema en
los antecedentes administrativos TI-661-2021, interpuso recurso de
protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la
resolución del Pleno del máximo tribunal que rechazó su solicitud de
titulación al título de abogada por estimar que la postulante no cumplía
con el requisito de buena conducta exigida en el numeral 4, del referido
artículo 523, del Código Orgánico de Tribunales, ya que había sido
condenada en calidad de autora del delito de lavado de activos dictada
0000255
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO


2
por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago el 6 de diciembre de 2017,
tribunal que le impuso la pena de 541 días de presidio menor en su
grado medio (remitida).

Señala que la Corte de Apelaciones de Santiago declaró
inadmisible el recurso de protección, por lo que presentó recurso de
reposición con apelación subsidiaria. La reposición fue rechazada,
concediéndose la apelación para ante la Corte Suprema, recurso que, a la
fecha de la resolución que admite a trámite el presente requerimiento se
encontraba en estado de acuerdo, según certificado de la gestión
pendiente que rola a fojas 39;

5°. Que, al fundamentar el conflicto concreto de constitucionalidad
alega que la aplicación del precepto impugnado vulnera la igualdad ante
la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el
respeto y protección a la vida privada y a la honra de las personas; la
libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y contratación, los que
se encuentran reconocidos en el artículo 19, numerales 2, 3, inciso
primero, 4, 16 y 21, de la Constitución Política de la República;

6°. Que, esta Magistratura, al realizar el examen de admisibilidad de
un requerimiento de inaplicabilidad, debe analizar “si el precepto legal
impugnado resulta decisorio litis, al tenor de lo prescrito en la Constitución.
Aquel requisito se desprende, específicamente de la exigencia de procedencia
de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se deriva del
artículo 93 inciso primero N°6 en la voz “cuya aplicación”. De modo tal, que
la densidad normativa del precepto constitucional exige que la norma
impugnada por el requirente sea decisiva para la resolución del asunto sobre
el que trata la gestión pendiente” (STC Rol N°14.717, c. 7°).

En concordancia con lo anterior, se ha señalado que “la acción de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad consagrada en el artículo 93, N°6 de
la Carta Fundamental requiere, para su declaración que el precepto legal
impugnado resulte decisivo en la resolución de un asunto judicial, y que su
aplicación tenga un efecto contrario a la Constitución” (STC Rol N°4.871, c.
3°);

7°. Que para resolver acerca de la admisibilidad de este
requerimiento ha de tenerse en cuenta que la gestión que se encontraba
pendiente al tiempo de interponerlo no era la decisión de fondo sobre un
recurso de protección dirigido contra la decisión de excluir a la actora
como postulante habilitada para jurar como abogada, sino solo la
0000256
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS


3
apelación respecto de un decisión de inadmisibilidad del recurso de
protección, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago; es decir,
pendía una decisión preliminar, no de fondo, regida por una norma
ajena a la impugnada, pues la admisibilidad o inadmisibilidad de un
recurso de protección se fundamenta necesariamente en las normas del
auto acordado sobre su tramitación, y no en la regla del Código Orgánico
de Tribunales que en esta acción se pide declarar inaplicable;

8°. Que, en efecto, la regulación de la admisibilidad de la acción de
protección está entregada, desde su origen, a la potestad o facultad
económica de la Corte Suprema; así lo dispuso el Acta Constitucional N°
3 del año 1976 en su artículo 2° inciso segundo, y se ejerció esa facultad
mediante el primer auto acordado de tramitación, ditado en el año 1977,
que fue luego sustituido por el del año 1992 y éste a su vez lo fue por el
de 2015. Además, en el auto acordado actualmente vigente, así como en
el anterior, la Corte, al reglamentar la tramitación del recurso, que
incluye la decisión sobre su admisibilidad, se fundamenta en las
atribuciones que le confiere el artículo 79 (hoy 82) de la Constitución
Política, esto es, la superintendencia directiva, correccional y económica
sobre la mayoría de los tribunales de la Nación, y en el artículo 96 N° 4 e
inciso final del Código Orgánico de Tribunales, que se refiere a las
mismas potestades y a la de dictar auto acordados;

9°. Que, lo que queda claro de este análisis es que la admisibilidad o
inadmisibilidad de un recurso de protección no se fundamenta en modo
alguno en lo dispuesto por el artículo 523 N° 4 del Código Orgánico de
Tribunales, que en el caso sería la disposición legal relevante para la
decisión de fondo de la acción constitucional, pero eso siempre que se
hubiere superado la etapa de admisibilidad, que se resuelve por reglas
distintas; específicamente, en la actualidad, por lo dispuesto en el
artículo 2° inciso segundo del Auto Acordado N° 94-2015 de la Excma.
Corte Suprema, que no ha sido impugnado en el presente
requerimiento;

10°. Que la apelación, entonces pendiente, respecto de la
declaración de inadmisibilidad dictada por la Corte de Apelaciones, por lo
tanto, tampoco podía resolverse en base a la norma del artículo 523 N° 4
del Código Orgánico de Tribunales, único impugnado ahora, de modo
que con toda evidencia la citada norma no podía ser decisiva, y ni
siquiera relevante, para la suerte de la gestión entonces pendiente. La
inadmisibilidad se declaró en base al auto acordado referido y la suerte
0000257
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE


4
de la apelación dependía de ese mismo auto acordado y de la propia
Constitución Política, pero no del artículo 523 N°4 cuya inaplicabilidad se
nos requiere;

11°. Que, solo a mayor abundamiento, cabe constatar que además
no existe ya gestión pendiente en que este requerimiento pueda incidir,
desde que la declaración de inadmisibilidad de la acción de protección
fue confirmada por la Excma. Corte Suprema, siendo revelador y digno
de destacarse que lo fue con una declaración, relativa a que esa acción
resultaba improcedente por estar dirigida contra ese Máximo Tribunal
Ordinario, según se lee de la sentencia dictada con fecha 11 de
diciembre de 2025, lo que confirma que la declaración de inadmisibilidad
se fundamentó en el auto acordado y en disposiciones constitucionales
relativas a la organización de los tribunales y su jerarquía, pero no, en
absoluto, a cuestiones relacionadas con los requisitos para obtener el
título de abogado, o, siquiera como referencia, al artículo 523 N° 4 del
Código Orgánico de Tribunales;

12°. Que, de lo razonado se concluye que en la especie concurre la
causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 84 N° 5, de la Ley N°
17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura, atendido a que el
precepto cuestionado no fue ni podía ser decisivo en la resolución de la
gestión pendiente, por lo que no se visualiza conflicto constitucional
alguno en que esta Magistratura pueda resultar competente para un
pronunciamiento de fondo.


Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso
primero, Nº 6º, e inciso decimoprimero, de la Constitución Política de la
República y en el artículo 84, numeral 5, y demás pertinentes de la Ley N°
17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

1° Que se declara inadmisible el requerimiento deducido a
fojas 1.



Notifíquese, comuníquese y archívese.
Rol Nº 17.136-25 INA.

María Pía Silva Gallinato
Fecha: 30/01/2026
0000258
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO


Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 30/01/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 30/01/2026 Fecha: 30/01/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 30/01/2026




844B8E43-0CBA-4892-9E18-EDC167BB72E0
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su
validez puede ser consultada en www.tribunalconstitucional.cl con el
código de verificación indicado bajo el código de barras.