TC Rol 17160

Texto completo

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CIENTO CUARENTA Y SIETE




Santiago, cinco de enero de dos mil veintiséis.

A fojas 117, a lo principal, téngase por evacuado el traslado; al
primer otrosí, estese a lo que se resolverá; al segundo otrosí, no ha lugar;
al tercer otrosí, téngase por acompañado; al cuarto otrosí, téngase
presente; al quinto otrosí, como se pide a la forma de notificación
solicitada.

A fojas 143 y 145, téngase presente.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 30 de noviembre de 2025 Gerardo Antonio
Zamorano Zamorano deduce requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del artículo 18 K, de la Ley N° 18.101, que fija
normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, para que
ello incida en el proceso Rol C-2354-2025, seguido ante el Cuarto Juzgado
de Letras en lo Civil de San Miguel;

2°. Que, la señora Presidenta (s) del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de
esta Magistratura, siendo acogido a trámite con fecha 02 de diciembre
2025 a fojas 112. En dicha oportunidad, se confirió traslado a las demás
partes de la gestión invocada para su pronunciamiento en torno al
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, formulando
observaciones la parte requerida, solicitando la inadmisibilidad del
requerimiento;

3°. Que, precluido lo anterior y examinado el libelo y sus
argumentaciones para fundar un conflicto concreto de constitucionalidad
de la ley en la gestión indicada, esta Sala ha logrado formarse convicción
en cuanto a que la acción constitucional deducida no puede prosperar, por
lo que ella será declarada inadmisible, al concurrir en la especie la causal
de inadmisibilidad prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, esto es, adolecer de falta de
fundamento plausible o razonable;

4°. Que, la parte requirente explica que con fecha 06 de junio de
2025, doña Úrsula Soledad Guerra Ponce de León interpuso demanda en
procedimiento monitorio regido por la ley 18.101, solicitando la
restitución del inmueble respectivo, propiedad que la demandante
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CIENTO CUARENTA Y OCHO




adquirió a la madre del requirente, permitiendo a éste habitar dicho
inmueble por el plazo de 2 años -entre el 2018 y el 2020-.

Adicionalmente, relata que la actora lo demandó previamente de
precario en juicio sumario, Rol C-1291-2022, del Cuarto Juzgado Civil de
San Miguel y que la Corte Suprema al acoger la casación de fondo declaró
que existía entre las partes un contrato de comodato y no un precario, por
lo que en definitiva acogió la casación en el fondo y ordenó se dicte
sentencia de reemplazo, la cual rechazó la demanda de precario
interpuesta.

Señala que en la segunda demanda -ahora de comodato precario- y
que constituye la gestión pendiente del presente requerimiento, la
requerida en la letra E señala que: “Así, si bien es cierto que rechazó nuestra
primera acción interpuesta que era solo de PRECARIO, la Excelentísima Corte
Suprema señala y declara que acá existe un COMODATO…”.

Refiere que con fecha 15 de Julio de 2025 el Cuarto Juzgado de
Letras en lo Civil de San Miguel acogió la demanda monitoria,
apercibiendo al demandado y requirente en autos “que en caso de que no
proceda a la restitución ordenada, no comparezca o no formule oposición
dentro del plazo referido, se lo tendrá por condenado a la restitución
reclamada y costas y, asimismo, se dispondrá su lanzamiento y el de los demás
ocupantes del inmueble sub-lite, dentro del plazo de 10 días hábiles, contados
desde que esta resolución se encuentre firme y ejecutoriada, la que tendrá la
fuerza de sentencia definitiva firme y servirá de título suficiente para su
ejecución.”

Indica que dentro del décimo día hábil formuló oposición a la
demanda monitoria. Sin embargo, con fecha 04 de noviembre el tribunal
la desestimó por extemporánea.

En contra de dicha resolución promovió incidente de nulidad,
solicitando no solo la nulidad de la resolución que rechaza la oposición por
extemporánea, sino que también la nulidad del estampado de la
Secretaria del Tribunal. El referido incidente fue rechazado el 11 de
noviembre del presente año. Frente a dicha resolución interpuso recurso
de aclaración, rectificación y enmienda, atendido a que el tribunal no se
pronunció respecto de la certificación de la secretaria, recurso que se
encuentra pendiente de resolución;

5°. Que, al fundar el conflicto concreto de constitucionalidad para
requerir la declaración de inaplicabilidad del precepto impugnado, afirma
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que su aplicación transgrede el principio de supremacía constitucional y
de juridicidad, artículos 6 y 7 de la Constitución, pues no obstante tratarse
de un contrato de comodato, el juez de la instancia aplicó el procedimiento
monitorio de la Ley N° 18.101 previsto para el “comodato precario”. De
esta forma, considera que el juez se excedió en sus facultades, decretando
apercibimientos respecto de una institución no contemplada en la Ley N°
18.101.

Al mismo tiempo, considera transgredido el artículo 19, N° 2, de la
Carta Fundamental, atendido a que se trata de forma igual lo que
expresamente el legislador determinó que era desigual, que tiene un trato
distinto como es el contrato de comodato y, por otro lado, se establecen
plazos de días corridos que corresponden a un juicio de arrendamiento,
haciendo presente que el legislador no estableció un plazo legal para la
oposición a la demanda monitoria.

Por último, considera vulnerado el debido proceso, artículo 19 N°3,
de la Constitución, dado que no puede demandar reconvencionalmente
conforme lo establecido en el artículo 18-F, por lo que se le priva de su
derecho a la acción;

6°. Que, en sede de admisibilidad, y siguiendo lo razonado en
resolución recaída en causa Rol N° 14.479-23, la exigencia constitucional y
legal de fundamento plausible o razonable implica verificar por la Sala
respectiva que se está en presencia de un conflicto constitucional para
iniciar un contradictorio en esta sede por la vía de una acción de
inaplicabilidad que debe vincularse con una gestión pendiente en que la
pérdida de vigencia concreta de una disposición legal debe ser la única
forma de hacer valer, en un especial y concreto caso, la supremacía de la
Carta Fundamental;

7°. Que, el artículo 18 K, de la Ley 18.101, que fija normas especiales
sobre arrendamiento de predios urbanos, impugnado en autos es del
tenor siguiente: “Las normas de este Título serán aplicables, en lo pertinente,
a las acciones de comodato precario que persigan la restitución del inmueble y
a la acción de precario establecida en el artículo 2.195 del Código Civil”.

En consecuencia, al constituir dicha norma una unidad normativa
conforme su tenor literal, el requerimiento carece de fundamento
plausible, pues la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad recae
según el artículo 93 N ° sexto de la carta Fundamental en “un precepto
legal”;
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8°. Que, asimismo, se advierte que el requirente está cuestionando
todo el sistema que regula el procedimiento monitorio contemplado en la
Ley 18.101, que califica de especialísimo, y que, además, no establece un
plazo legal para la oposición a la demanda monitoria ni contempla la
posibilidad de demandar reconvencionalmente, generando en la especie
los efectos inconstitucionales que alega, por lo que el requerimiento no
cumple con la exigencia constitucional y legal de encontrarse
razonablemente fundado. Así, lo ha establecido esta Magistratura en
pronunciamientos previos, al sostener que un libelo no cumple con dicha
exigencia cuando el actor realiza un reproche a todo un “instituto jurídico”,
realizando “una impugnación de tipo abstracto y genérico” (Rol 2140 c.9).

Pero, además, considera que en su caso dicho procedimiento no
debió aplicarse, atendido a que existe entre las partes un contrato de
comodato y no un comodato precario, haciendo presente que dada las
particularidades fácticas -existencia de otros juicios entre las partes-, el
asunto “debe tramitarse en un juico de lato conocimiento” (fojas 4). En este
sentido, considera que el juez de la instancia se excedió en sus facultades
al aplicar el procedimiento monitorio, cuestión que, en todo caso, escapa
de las atribuciones de esta Magistratura, pues los elementos fácticos de la
demanda, la calificación jurídica del negocio celebrado entre las partes y la
determinación del procedimiento aplicable corresponde al juez de fondo;

9°. Que, por lo demás, el reproche formulado por el actor no guarda
relación con las cuestiones de constitucionalidad que alega, pues el
asunto basal tiene que ver con la disconformidad del requirente con la
resolución del Cuarto Juzgado de Letras en lo Civil de San Miguel que
estableció en el considerando Séptimo un plazo de 10 días corridos para
oponerse a la demanda monitoria, por tanto, no se visualiza un conflicto
constitucional en que esta Magistratura pueda resultar competente para
un pronunciamiento de fondo.

Al respecto, cabe hacer presente que este Tribunal en un caso
análogo estableció que “así las cosas y siguiendo lo ya decidido en un caso
anterior (Rol N° 14.631) que versó también sobre el artículo 18-K de la Ley N°
18.101, así como respecto de su artículo 18-C, el conflicto que el requirente
presenta no guarda relación con las cuestiones de constitucionalidad que
formula, sino con la controversia acerca de si el plazo de que disponía para
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ejercer su derecho a defensa era o no de días corridos, lo que se encuentra
sometido al conocimiento de la Corte de Apelaciones de Concepción a quien
corresponde resolver esa alegación (Rol N° 15.071 c. 5);

10°. Que, conforme lo razonado, el requerimiento será declarado
inadmisible por concurrir la causal de falta de fundamento plausible
prevista en el artículo 84 N° 6, de la Ley Orgánica Constitucional de esta
Magistratura.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE RESUELVE:

1. Se declara inadmisible el requerimiento interpuesto en lo
principal de fojas 1.

2. Álcese la suspensión del procedimiento decretada a fojas
112.



Notifíquese y archívese.

Rol N° 17.160-25-INA.

María Pía Silva Gallinato
Fecha: 05/01/2026



Miguel Angel Fernández González Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 05/01/2026 Fecha: 06/01/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 06/01/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Miguel Ángel Fernández González, señora Marcela Inés Peredo Rojas y
señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.
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Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 07/01/2026




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