TC Rol 17162

Texto completo

0000612
SEISCIENTOS DOCE




2026

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 17.162-2025

[28 de abril 2026]
____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 248
LETRA C); Y 259 INCISO FINAL DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL



FUNDACIÓN FUERZA CIUDADANA
EN EL PROCESO RIT N° 379-2025, RUC N° 2510001436-2, SEGUIDO ANTE EL
SÉPTIMO JUZGADO DE GARANTÍA DE SANTIAGO



VISTOS:

Que Fundación Fuerza Ciudadana acciona de inaplicabilidad respecto de los
artículos 248 letra c) y 259 inciso final del Código Procesal Penal, en el proceso penal
RIT N° 379-2025, RUC N° 2510001436-2, seguido ante el Séptimo Juzgado de Garantía
de Santiago.



Preceptos legales cuya aplicación se impugna

El texto de los preceptos impugnados dispone lo siguiente:



“Código Procesal Penal

(…)

Artículo 248- Cierre de la investigación. Practicadas las diligencias necesarias para
la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal declarará
cerrada la investigación y podrá, dentro de los diez días siguientes: (…)




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SEISCIENTOS TRECE




c) Comunicar la decisión del ministerio público de no perseverar en el
procedimiento, por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes
suficientes para fundar una acusación.

(…)

“Artículo 259- Contenido de la acusación. La acusación deberá contener en forma
clara y precisa:

(…)

La acusación sólo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la
formalización de la investigación, aunque se efectuare una distinta calificación
jurídica. Con todo, en la acusación podrá solicitarse el comiso de ganancias respecto
de terceros en los casos previstos por la ley”.

(…)



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

Con fecha 8 de enero de 2025, Fundación Fuerza Ciudadana interpuso querella
criminal ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago en contra de Gabriel Boric Font,
entonces Presidente de la República, y todos quienes resultaren responsables, por el
delito de fraude al Fisco.

La causa fue ampliada en sucesivas oportunidades para incorporar nuevos
imputados y figuras delictivas relacionadas con la negociación incompatible y tráfico
de influencias respecto de la ex Senadora Isabel Allende Bussi; malversación de
fondos públicos, contrato simulado y fraude al Fisco respecto de Genaro Cuadros, a
quien se atribuye haber actuado como instigador mientras percibía honorarios en la
Subsecretaría de Defensa presentando informes mensuales que serían copia del mes
anterior; y prevaricación administrativa y falso testimonio mediante querella
ampliada con fecha 21 de octubre de 2025.

Esta última ampliación no fue admitida por haber sido notificada la requirente,
el 22 de octubre de 2025, de que el fiscal a cargo había cerrado la investigación el día
20 de ese mes y solicitado audiencia para comunicar su decisión de no perseverar, sin
haberlo comunicado previamente a la querellante pese a que esta había solicitado
audiencia con el fiscal en dos oportunidades sin obtener respuesta.

La investigación fue llevada adelante sin que se formalizara a ninguno de los
imputados. El tribunal rechazó además una solicitud de la requirente fundada en el
artículo 186 del Código Procesal Penal para que se fijara al fiscal un plazo para
formalizar, acogiendo la posición del Ministerio Público en cuanto a que dicha norma
no beneficia al querellante.




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SEISCIENTOS CATORCE




Consta a fojas 250 presentación del Ministerio Público, del Fiscal Regional de
Coquimbo, en la gestión pendiente en la que se comunica cierre de la investigación y
comunicación de no perseverar.

La audiencia para comunicar la decisión del Ministerio Público para no
perseverar se fijó para el 2 de enero de 2026, encontrándose suspendido el proceso por
orden de esta Magistratura.

Seguidamente arguye que la aplicación de los preceptos impugnados vulnera
los artículos 83 inciso segundo y 19 N° 3 de la Constitución, en los siguientes términos:

En relación con el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal la norma
faculta al Ministerio Público para comunicar su decisión de no perseverar como acto
meramente administrativo, sin sujeción a control jurisdiccional de fondo. Esta
decisión hace cesar la acción penal y, cuando se ejerce respecto de una investigación
no formalizada, priva al querellante de toda posibilidad de continuar la persecución
penal, pues el forzamiento de la acusación contemplado en el artículo 258 del Código
presupone formalización previa. El derecho del ofendido a ejercer igualmente la
acción penal, garantizado en el artículo 83 inciso segundo CPR, queda así anulado por
la sola voluntad unilateral del ente persecutor.

A su vez, en torno al artículo 259 inciso final del mismo cuerpo normativo
sostiene que la exigencia de que la acusación solo pueda referirse a hechos y personas
incluidos en la formalización hace imposible acusar de forma autónoma cuando no ha
habido formalización. Dado que la comunicación de no perseverar siempre implica
ausencia de formalización vigente, la aplicación de esta norma torna ilusorio en todo
caso el forzamiento de la acusación, vaciando de contenido la garantía constitucional
del artículo 83 inciso segundo de la Carta.

Invoca además la jurisprudencia estimatoria del Tribunal, especialmente la
STC Rol N° 9239-2020, conforme a la cual: el forzamiento de la acusación es una
exigencia constitucional derivada del artículo 83 inciso segundo; el control judicial de
la decisión de no perseverar es un requerimiento constitucional; y los pretendidos
resguardos legales existentes (artículos 5°, 7° y 32 b) Ley N° 19.640; artículos 186, 257,
258 CPP) resultan insuficientes para proteger el derecho de la víctima a la acción
penal.

La requirente igualmente arguye que el artículo 248 del Código Procesal Penal
solo es aplicable respecto de investigaciones formalizadas, pues su ubicación
sistemática en el Libro Segundo del Código y la exigencia de que el plazo de cierre del
artículo 247 solo corre desde la formalización, revelan que el legislador no habilitó al
Ministerio Público para ejercer las facultades de la letra c) en investigaciones no
formalizadas. Su aplicación a dichas investigaciones sería, por tanto, extralegal
además de inconstitucional.

Añade que la requirente ejerce la acción penal en virtud del artículo 111 inciso
segundo del mismo código, que habilita la querella popular en delitos cometidos por



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SEISCIENTOS QUINCE




funcionarios públicos o contra la probidad administrativa. Sostiene que la
interpretación restrictiva del artículo 186 del Código Procesal Penal resulta
inconstitucional en este contexto, pues deja a dicho querellante en completa
indefensión frente a una investigación no formalizada que el Ministerio Público puede
cerrar sin control alguno.

Y finalmente, destaca que, tratándose de delitos de corrupción, el requirente
invoca las obligaciones internacionales del Estado contenidas en la Convención de
Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la
Corrupción, ambas vigentes en Chile, que imponen al Estado el deber de prevenir,
detectar, sancionar y erradicar la corrupción con participación de la sociedad civil, y
que resultan incompatibles con un sistema que permite al órgano persecutor sepultar
causas de corrupción sin control judicial y sin posibilidad de que organizaciones
civiles prosigan la persecución.



Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Segunda Sala, con fecha 10 de
diciembre de 2025, a fojas 59, disponiéndose la suspensión del procedimiento.

En resolución de fecha 29 de diciembre de 2025, a fojas 387, se declaró
admisible.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y
a las demás partes en la gestión invocada, fueron formuladas observaciones por los
intervinientes en el proceso penal en los términos siguientes:



Observaciones del Ministerio Público

Solicita el rechazo del requerimiento en cuanto al artículo 248 letra c) del
Código Procesal Penal se ajusta plenamente a la Constitución. Lo anterior porque
refleja la exclusividad que el artículo 83 de la Constitución otorga al Ministerio Público
en la dirección de la investigación. Tanto la decisión de acusar como la de no
perseverar comparten el mismo fundamento: la apreciación del fiscal acerca de si la
investigación arroja o no antecedentes suficientes para fundar una acusación. Dicha
apreciación corresponde constitucionalmente al órgano investigador, y el Ministerio
Público ejerce la acción penal "en su caso", no "en todo caso", por lo que la decisión de
no perseverar no contradice el texto constitucional.

El Fiscal Nacional añade que la decisión de no perseverar no es definitiva, sino
que representa la procedimentalización de un estado intelectual de duda en que se
encuentra el fiscal al término de la investigación. Dado que el Código Procesal Penal
no contempla una hipótesis general de sobreseimiento temporal, la no perseverancia
viene a cubrir ese espacio, y además existe la posibilidad de solicitar la reapertura de
la investigación conforme al artículo 257 del Código Procesal Penal. Asimismo, el



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SEISCIENTOS DIECISEIS




ordenamiento reconoce diversos derechos a la víctima que permiten considerar la
norma dentro del marco constitucional, como solicitar diligencias al fiscal, asistir a
actuaciones, recurrir al mecanismo del artículo 186 para pedir la formalización, y
solicitar la reapertura de la investigación.

En apoyo de su posición, el Ministerio Público invoca la numerosa
jurisprudencia desestimatoria del Tribunal Constitucional, citando los roles N° 1.341-
09, 1.404-09, 1.394-09, 2.561-13, 2.680-15, 12.618-21, 12.170-21, 13.273-22, 13.269-22,
16.488-25, 16.477-25, 16.470-25, 16.241-25, 16.212-25 y 16.209-25, entre otros. Reconoce
que existen sentencias estimatorias dirigidas contra el mismo precepto, pero señala
que estas no afectan la autonomía del Ministerio Público ni pretenden revertir su
decisión, sino que hacen hincapié en la falta de controles judiciales, lo que constituye
un problema distinto.

Respecto de la formalización, el Fiscal Nacional sostiene que esta es un acto
que conforme a la ley y a la Constitución corresponde exclusivamente al Ministerio
Público. El artículo 229 del Código Procesal Penal así lo establece, en coherencia con
la dirección exclusiva de la investigación que la Constitución le encomienda. La
formalización modifica sustancialmente los parámetros de la investigación,
sometiendo al Ministerio Público a plazos y obligaciones, incluido el deber de concluir
la investigación en un máximo de dos años, razón por la cual no puede ser impuesta
al órgano investigador por vía judicial o a petición del querellante.

En cuanto al artículo 259 inciso final del Código Procesal Penal solicita también
su rechazo. Señala que este precepto proyecta el mismo reclamo a etapas ulteriores
del procedimiento, pero el nudo del problema sigue siendo la falta de formalización.
Dado que la formalización es de cargo exclusivo del Ministerio Público y se inscribe
dentro de su órbita de facultades constitucionales, la norma no encierra infracción
alguna. El precepto impugnado responde a exigencias de correlación entre acusación
y sentencia y al derecho a defensa del imputado, permitiendo que este conozca la
acusación y prepare adecuadamente su defensa, garantías aseguradas por la Ley
Superior.

Finalmente, advierte que las objeciones contra el artículo 259 inciso final
resultan inconsistentes con aquellas dirigidas contra el artículo 248 letra c), pues si lo
que se busca es prescindir de la formalización para habilitar el forzamiento de la
acusación, entonces la crítica a la decisión de no perseverar pierde sentido, ya que
dicha crítica depende precisamente de la falta de formalización. Por todo lo expuesto,
solicita el rechazo del requerimiento en todas sus partes.



Observaciones de Gabriel Boric Font

Arguye que la preceptiva cuestionada carece de influencia decisiva en la
gestión pendiente. Señala que la audiencia fijada originalmente para el 2 de enero de
2026 tenía por objeto exclusivo el cierre de la investigación, la comunicación de la



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SEISCIENTOS DIECISIETE




decisión de no perseverar y el conocimiento de la solicitud de reapertura deducida
por el querellante, sin que en dicha oportunidad se vaya a debatir —ni pueda
debatirse— el forzamiento de la acusación.

Por tanto, el artículo 259 inciso final del Código Procesal Penal no tiene
influencia decisiva en la resolución del asunto actualmente pendiente.

Además, advierte que el querellante nunca solicitó el forzamiento de la
acusación en la causa penal, limitándose a pedir la reapertura de la investigación. En
cuanto al fondo, sostiene que la decisión de no perseverar no extingue la acción penal,
pues permite su reactivación mediante nuevos antecedentes, y que la exigencia de
formalización previa para acusar responde al principio de congruencia y al derecho a
defensa del imputado. Argumenta que no existe vulneración de la igualdad ante la
ley, porque las normas se aplican de igual manera a todos los intervinientes, ni del
debido proceso, porque el querellante ha podido ejercer sus derechos dentro del
marco legal.

Finalmente, cita la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (roles 15.062-
2023 y 15.474-2024) que ha rechazado requerimientos similares.



Observaciones de María Isabel Allende Bussi y Maya Alejandra Fernández
Allende

Destaca el despliegue investigativo del Ministerio Público, refiriendo que se
tomaron declaraciones a 52 personas -entre ellas las propias requirentes y numerosos
funcionarios públicos-, se requirieron informes a múltiples organismos, se encargaron
pericias de tasación del inmueble y se recabó abundante documentación. Sostienen
que de todas estas diligencias no se desprende la existencia de delito alguno, sino que
la compra del inmueble se realizó siguiendo los procedimientos regulares
establecidos, sin que ninguna de las declaraciones recibidas diera cuenta de presiones
indebidas por parte de sus representadas.

En segundo lugar, argumentan que la decisión del Ministerio Público de cerrar
la investigación y comunicar su decisión de no perseverar se basó en una investigación
agotada y fundada, descartándose la comisión de todo delito, y que el querellante
ejerció ampliamente sus derechos durante la investigación, solicitando diligencias que
fueron realizadas.

Finalmente, invocan la jurisprudencia desestimatoria del Tribunal
Constitucional, citando numerosos roles, y solicitan el rechazo del requerimiento por
no concurrir las infracciones constitucionales denunciadas.




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Observaciones de Felipe Vio Lyon

Igualmente destaca que la investigación se extendió por once meses, que se
practicaron 12 informes policiales de la Brigada Anticorrupción, una pericia del
Laboratorio de Criminalística, más de 10 oficios a instituciones públicas, y 52
declaraciones de testigos e imputados, todo lo cual consta en 14 tomos de la carpeta
investigativa. Adiciona incluso que el Ministerio Público intentó incluso obtener
autorización judicial para entrada y registro en domicilios y extracción de dispositivos
electrónicos, solicitud que fue rechazada por el 7° Juzgado de Garantía en resolución
que, según se transcribe, consideró que no existían antecedentes suficientes para
presumir la comisión del delito de tráfico de influencias.

En cuanto al fondo constitucional, argumentan que no existe infracción al
artículo 83 inciso segundo de la Constitución, porque la acción penal del ofendido
debe ejercerse "igualmente" que la del Ministerio Público, esto es, solo después de una
investigación formalizada. Sostienen que el requirente confunde la facultad de ejercer
la acción penal con la dirección de la investigación, que es exclusiva del Ministerio
Público. En cuanto al artículo 259 inciso final, afirman que responde al principio de
congruencia y al derecho a defensa del imputado.

Finalmente, citan jurisprudencia del Tribunal Constitucional (roles 12.973-
2022, 14.819-2023, 16.241-2025 y 15.838-2024) en apoyo de su posición.



Observaciones de Marcela Sandoval

La requerida distingue entre el control de inaplicabilidad y una revisión de
legalidad, advirtiendo que el requerimiento no identifica una aplicación normativa
que genere efectos constitucionalmente intolerables, sino que expresa una
disconformidad con el resultado procesal.

Plantea como pregunta constitucional relevante si la exigencia de
formalización previa para forzar la acusación, aplicada en la gestión pendiente, priva
ilegítimamente al requirente del goce efectivo de sus derechos fundamentales o si
constituye un límite estructural constitucionalmente legítimo.

Responde que, en el caso concreto, no existe vulneración alguna. Argumenta
que la investigación fue exhaustiva (13 tomos, múltiples declaraciones, pericias,
instrucciones a la PDI), y que la ausencia de formalización no es una denegación de
tutela penal, sino el resultado coherente con un estándar mínimo de racionalidad del
ius puniendi. Sostiene que el derecho de acceso a la justicia no garantiza un juicio oral
en todo evento, sino una investigación seria, la que efectivamente se realizó.

En cuanto a la igualdad, afirma que la exigencia de formalización no introduce
una distinción arbitraria, sino que opera como condición estructural del forzamiento
de la acusación. Advierte, además, que acoger la pretensión subsidiaria del requirente



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SEISCIENTOS DIECINUEVE




—forzar la acusación sin formalización alguna— sería constitucionalmente
inadmisible, pues habilitaría un juicio penal sin marco institucional mínimo de
imputación, afectando el debido proceso y la defensa del imputado. Finalmente,
formula consideraciones institucionales acerca del riesgo de instrumentalización del
proceso penal en casos de alta exposición política, señalando que la ausencia del límite
de la formalización desdibuja la frontera entre responsabilidad penal y disputa
política.



Observaciones de Leonardo Moreno Núñez

La requerida cuestiona, en primer término, el cumplimiento de los
presupuestos procesales del requerimiento. Sostiene que el artículo 248 letra c) no
tiene efecto decisivo en la resolución del asunto, pues la comunicación de no
perseverar no impide que el querellante pueda solicitar la reapertura de la
investigación, petición que ya fue formulada y cuyo debate quedó fijado en la
audiencia respectiva.

En segundo lugar, argumenta que el requerimiento carece de la
fundamentación concreta y circunstanciada que exige el artículo 80 del DFL N° 5, pues
no explica cómo, en el caso concreto, se produciría la afectación de derechos
fundamentales, limitándose a alegaciones abstractas. En tercer lugar, invoca la
jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional que ha desestimado
requerimientos idénticos, citando expresamente los roles N° 15.062-2023 y N° 15.474-
2024, en los que se sostuvo que la exigencia de formalización previa es una garantía
del debido proceso y que la decisión de no perseverar en una investigación
desformalizada constituye una cuestión de legalidad, no de constitucionalidad.
Finalmente, destaca que la querellante aún tiene a salvo la posibilidad de fundamentar
su solicitud de reapertura ante el juez de garantía, por lo que el requerimiento busca
evitar los controles procesales pertinentes.



Observaciones de Genaro Cuadros Ibáñez

La requerida enfatiza la naturaleza no definitiva de la decisión de no
perseverar, señalando que esta no posee la aptitud procesal para poner término
definitivo al procedimiento penal, no resuelve el fondo del conflicto, es esencialmente
transitoria, administrativa y revocable, y no impide que el Ministerio Público reactive
la investigación si surgen nuevos antecedentes. Por tanto, la norma carece del carácter
decisivo exigido para la procedencia de la acción de inaplicabilidad.

Argumenta que el requirente confunde el derecho a la acción penal con un
supuesto derecho a la condena o a forzar una acusación sin mérito probatorio, lo que
contradice abiertamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (cita roles N°
12.088-21 y N° 16.241-25-INA).




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Sostiene que la exclusividad del Ministerio Público en la investigación y en la
decisión de formalizar es piedra angular del sistema acusatorio, y que la decisión de
no perseverar se inscribe dentro de las atribuciones constitucionales del ente
persecutor. Finalmente, advierte que lo que subyace al requerimiento no es un
problema de constitucionalidad, sino una discrepancia con la interpretación que el
Ministerio Público ha hecho de la institución de la no perseverancia, cuestión que
debió plantearse ante la judicatura de fondo y no en sede constitucional.



A fojas 548, por decreto de fecha 26 de enero de 2026, se trajeron los autos en
relación.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 15 de abril de 2026 se verificó la vista de la causa,
oyéndose la relación pública, alegatos por la requirente del abogado Raimundo
Palamara Stewart; por la parte requerida de Felipe Vio Lyon, del abogado Rufino
Felipe Martínez Serrano; por la parte requerida de Marcela Sandoval Osorio de la
abogada Francisca Millán Zapata; por la parte requerida, de María Isabel Allende
Bussi y Maya Alejandra Fernández Allende, de la abogada Paula Vial Reynal; por la
requerida de Genaro Cuadros Ibáñez y Marcia Tambutti Allende, de la abogada Karol
Olazo Córdova; por la parte requerida de Gabriel Boric Font, del abogado Jonatan
Valenzuela Saldías; por la parte requerida, Leonardo Moreno Núñez, de la abogada
Fernanda Arias Barrera y por el Ministerio Público, del abogado Pablo Campos
Muñoz.

Se adoptó acuerdo con igual fecha, conforme certificación del relator.



Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que don Raimundo Palamara Stewart, en representación de la
Fundación Fuerza Ciudadana, presenta requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto de los artículos 248 letra c) y 259 inciso final, ambos del
Código Procesal Penal, para que se excluyan esos preceptos de la gestión judicial
pendiente constituida por el proceso penal RIT O-379-2025 seguido ante el Séptimo
Juzgado de Garantía de Santiago, pues en su concepto la aplicación de tales artículos
en la causa vulneraría las garantías constitucionales de igualdad ante la ley,
resguardada por el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, y de
debido proceso, contemplada en el artículo 19 N° 3 inciso sexto, de la Carta
Fundamental.

SEGUNDO: Que para desechar íntegramente este requerimiento existen
razones de forma y de fondo, que iremos desarrollando una a una comenzando por




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las motivaciones formales, derivadas del texto mismo del libelo en que se contiene la
acción y sus fundamentos.



A.- CONSIDERACIONES DE FORMA.

A.1.- Reclamo de legalidad.

TERCERO: Que, en primer término, tenemos que lo que desarrolla el actor es
un reclamo claro de legalidad, atacando no las normas en sí, en su aplicación al caso
concreto, sino que impugnando la interpretación que les ha dado el Ministerio
Público en la causa base, cuestión particularmente incompatible con la inaplicabilidad
pretendida. Ni siquiera es que se cuestione una interpretación judicial que se estime
lleve a los preceptos impugnados a producir el efecto inconstitucional que se cree ver,
cuestión que de por sí genera debate respecto de si en ese caso existe un verdadero
reclamo de constitucionalidad. En el caso sublite no cabe ese debate: estamos en un
supuesto indiscutible de cuestión de legalidad, porque la interpretación de que se
reclama se atribuye al Ministerio Público, que no es órgano jurisdiccional sino un
interviniente que puede plantear ante el Juzgado las interpretaciones que le parezca,
pudiendo los demás intervinientes, como el querellante en el caso de autos, oponerse
a esas interpretaciones y proponer otras en la sede correspondiente, que es el Juzgado
de Garantía y no el Tribunal Constitucional.

CUARTO: Que, en efecto, el requerimiento, en su página 7, señala, respecto
del artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal, que su aplicación “en su texto
natural y obvio supone necesariamente estar frente a una investigación que se
encuentra formalizada”, explayándose luego acerca de por qué eso sería así, para
añadir enseguida. “que el Ministerio Público pretenda aplicar las facultades
señaladas en el artículo 248 en una investigación que no se ha formalizado… es lisa y
sencillamente una aplicación inconstitucional”.

QUINTO: Que, como es natural, la aplicación al caso sublite del artículo 259
inciso final depende de la previa aceptación que el Tribunal de Garantía dé a la
interpretación que la Fiscalía asigna al artículo 248 letra c), lo que no solo no ha
acontecido sino que no consta ningún debate sobre el punto en la causa penal, de
suerte tal que tampoco respecto del artículo 259 se nos presenta un verdadero
problema de constitucionalidad. Pero, más aún, ya directamente en el análisis del
último artículo citado, y de su constitucionalidad o inconstitucionalidad en concreto,
el requirente, en la página 9 de su libelo reclama que existe, de parte del órgano
persecutor (“un funcionario público”, dice) “una aplicación errónea del artículo 259
inc. Final” (sic). Es decir, también aquí, y ahora directamente, y ya no por derivación,
se reclama de una tesis jurídica de la Fiscalía, lo que se reafirma en la página 10,
cuando el requirente dice que “el poder punitivo del Estado no puede quedar al alero
de una persona (sic) a través de interpretaciones laxas que viene a socavar el
ordenamiento penal”.




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SEISCIENTOS VEINTIDOS




SEXTO: Que si se quiera más claridad aún, respecto de la naturaleza real del
conflicto que se nos presenta, existe una oración contundente en la que el propio actor
reconoce que no estamos ante un problema de constitucionalidad de las normas, y es
el pasaje de la página 15 del requerimiento, cuando dice: “De tal guisa, aquí no existe
un problema normativo sino interpretativo”, añadiendo que las normas deben ser
interpretadas “de manera que no conduzca a resultados absurdos”. Ahora bien, la
acción de inaplicabilidad consiste en un control de constitucionalidad de una ley. Es
decir, se trata de un problema normativo, para usar los términos del requirente. Es
un examen en concreto, es decir, considerando su aplicación a un caso específico, pero
siempre normativo porque lo que se juzga es la norma, en cuanto a sus efectos en el
caso particular. No se juzga por esta sede, en cambio, cuál deba ser la interpretación
razonable o adecuada de la disposición legal conforme a los principios de la
dogmática, eso es resorte del juez de fondo, en la instancia que fuere, o bien es resorte
de los jueces de nulidad o de casación, según el procedimiento de que se trate y los
recursos procesales de que se disponga.

SÉPTIMO: Que, sin embargo, eso no es todo. Si ya con la última cita del
propio requerimiento queda meridianamente claro que el mismo actor reconoce que
nos ha traído un problema de legalidad, y no de constitucionalidad, y con ello ha
sellado desde el comienzo la suerte de su acción, ocurre que, por añadidura, el libelo
se explaya intentado demostrar que el artículo 186 del Código Procesal Penal le
permitiría a los querellantes obtener del Juez de Garantía que fije un plazo al
persecutor fiscal para formalizar la investigación. Así lo dice en la página 12 de su
escrito, y lo reafirma en la página 16 citando el texto de esa norma. Entonces, de
mediar esa interpretación, que obviamente aquí no cabe examinar, los artículos
impugnados no le afectarían, con lo que vuelve a reafirmar que su problema es de
interpretación legal y no de infracción constitucional. Asimismo, en todo el libelo se
leen reproches al actuar del Ministerio Público en la causa base, bastando con citar al
efecto la página 13 cuando expresa “el Ministerio Público contra texto legal, cerró una
investigación cuyo plazo no se había iniciado”, pareciendo innecesario extenderse en
la circunstancia de que este Tribunal no está encargado de revisar la legalidad de las
actuaciones de la Fiscalía en las investigaciones penales.



A.2.- Normas no decisivas.

OCTAVO: Que un problema añadido que presenta el requerimiento consiste
en que con relación a cada una de las normas que impugna existen otras no
reclamadas que conducen al mismo resultado, de suerte tal que falla el requisito de
que el precepto legal impugnado pueda ser decisivo en la resolución de la gestión
pendiente. En efecto: se impugna el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal,
pero si dejamos de lado el reclamo meramente interpretativo que postula que la
facultad de no perseverar no procede respecto de investigaciones desformalizadas,
punto en que ya dijimos que no nos corresponde entrar, el problema está dado por la



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SEISCIENTOS VEINTITRES




exclusividad que el legislador ha dado al Ministerio Público respecto de la decisión
de formalizar la indagación, lo que resulta de la lectura de los artículos 229 y 230 del
Código en examen, ninguno de los cuales ha sido impugnado en esta acción. Lo
anterior es relevante, porque el problema planteado no dice, en verdad, relación con
la facultad misma de no perseverar, que parece inseparable del principio de
objetividad que obliga a la Fiscalía, y que además no puede suprimirse sin más
porque las opciones que quedarían en el artículo 248 analizado serían acusar, lo que
el Ministerio Público no puede hacer si no tiene convicción respecto a la existencia de
un delito y de la correspondiente participación, o solicitar el sobreseimiento, por lo
común definitivo, lo que tampoco pude hacer sin la convicción contraria, es decir la
de concurrir alguna de las circunstancias del artículo 250 o del 252, en su caso. En
suma, la decisión de no perseverar no se puede suprimir sin dejar al procedimiento
en un estado de latencia indefinida y no regulada. El problema, entonces, y lo dice el
propio requerimiento, radica no en la facultad misma de que hablamos, sino en la
circunstancia de que no haya precedido formalización, y entonces era de rigor, si se
quería reclamar que se forzara o sustituyera al Ministerio Público en el cumplimiento
de ese trámite, que se atacaran los artículos que le entregan la exclusividad al
respecto.

NOVENO: Que, del mismo modo, el artículo 259 inciso final tampoco resulta
por sí solo decisivo para la resolución de la gestión pendiente, porque el artículo 261
del mismo Código Procesal Penal, que precisamente regula la acusación del
querellante, dispone en su letra a) que esa acusación debe también referirse a hechos
y a imputados “que hubieren sido objeto de la formalización de la investigación”. Es
decir, aunque removiéramos el requisito desde el artículo 259, como lo quiere el actor,
persistiría en el artículo 261 no requerido, con lo cual de todos modos el querellante
no podría acusar. Es más, la acusación del querellante debe ajustarse a los requisitos
de la del Fiscal, pero éste a su vez solo puede acusar respecto de investigaciones
formalizadas no solo por disponerlo así el artículo 259 que se impugna, sino porque
también lo exige el artículo 248 letra b) del mismo Código, que no fue objeto del
requerimiento, de manera tal que es patente que el actor nada obtiene, para su gestión
pendiente, con remover el inciso final del artículo 259, como lo pretende.

DÉCIMO: Que acontece, además que, conforme al certificado acompañado a
la causa, la gestión judicial pendiente se encuentra en estado de realizar audiencia
para que se comunique la decisión de no perseverar y se discuta la reapertura de la
investigación. Lo anterior significa que, a lo menos, el artículo 259 inciso final del
Código Procesal Penal no podrá tener ninguna incidencia en esa gestión, incluso si
prescindimos del texto de los artículos 248 letra b) y 261 letra a), porque el querellante
no ha solicitado el forzamiento de la acusación en los términos del artículo 258 inciso
penúltimo de dicho Código. No cabe argüir que precisamente no podía hacerlo por
faltar la formalización e impedirlo entonces el propio artículo 259 atacado, puesto que
cuando se quiere solicitar la inaplicabilidad de una norma procesal que restringe o
suprime un derecho o un trámite procesal, el camino para pedirla supone impetrar



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SEISCIENTOS VEINTICUATRO




ese derecho y requerir ese trámite y entonces acudir a esta sede para remover el
obstáculo, pidiendo entretanto la suspensión de la causa base, de manera tal que, si
se obtiene la inaplicabilidad, ya el tribunal de fondo no pueda negar aquellas
peticiones en base a la norma removida. Si, en cambio, no se ha pedido nada respecto
de lo cual la norma impugnada tenga incidencia, ocurrirá, como en este caso, que la
disposición (en la especie, el artículo 259 inciso final del Código Adjetivo Penal) no
podrá resultar decisiva para lo pendiente, con lo cual fallará, como aquí falla, el
requisito del artículo 93 inciso undécimo de la Constitución Política, exigido también
en el artículo 81 de la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura, en cuanto a
que el precepto impugnado pueda ser decisivo en la resolución del asunto judicial
pendiente.



B.- CONSIDERACIONES DE FONDO.

UNDÉCIMO: Que obviando para el solo efecto del análisis las deficiencias
formales referidas, todas bastantes en sí mismas para rechazar el requerimiento,
advertimos que además median razones de fondo para llegar al mismo resultado,
consideraciones que han sido repetidamente desarrolladas por sentencias anteriores,
pudiendo mencionarse solo por vía de ejemplo y sin que la enunciación sea taxativa,
las recaídas en los roles 13.934, 14.339, 15.751 y 16.241. En virtud de que se trata de
una doctrina jurisprudencial ya asentada, la desarrollaremos ahora de manera
sucinta, con relación a las garantías constitucionales que el requirente invoca.

DUODÉCIMO: Que, como se ha dicho en las sentencias citadas, en materia
de acción penal pública no existe un derecho subjetivo de las víctimas o de
particulares en general, que quepa proteger. Los derechos subjetivos que terceras
personas crean poseer y que estimen afectados por los hechos que constituirían o
podrían constituir delito penal, se resguardan por medio de las acciones civiles, si es
que se dan los requisitos de esa rama jurídica para asignarles la legitimidad activa
correspondiente, pero nunca a través de la acción penal, pues ésta, cuando es pública,
resguarda siempre, y únicamente, un interés social. Que el constituyente haya
otorgado acción penal pública a algunas personas particulares, normalmente las
víctimas, no significa que les reconozca un derecho subjetivo en esta vertiente
jurídica, sino solo que, por su particular situación, las considera especialmente
cercanas, y por ende asociadas, al interés público. De otro modo la acción penal se
privatizaría y la pena pasaría a ser ya no un restablecimiento simbólico del equilibrio
jurídico alterado por un ilícito, como lo es en la teoría de la retribución, sino, más que
eso, una directa reparación para el ofendido, lo que equivale al concepto de venganza,
incompatible con un estado democrático de derecho.

DECIMOTERCERO: Que ese interés social o público, que es el único
resguardado por el tipo de acción penal que nos ocupa, está siempre, y solamente, a
cargo del Ministerio Público, y por ello este órgano nunca está en una situación
jurídica equivalente a la del querellante. Esto echa por tierra el alegato de



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SEISCIENTOS VEINTICINCO




desigualdad, porque el requirente quiere comparar dos situaciones que son en sí
diferentes y que la Constitución, y no solo la Ley, reconoce como tales. Advirtamos,
al respecto, que la Carta Fundamental otorga solo al Ministerio Público la dirección
de la investigación, lo que incluye decidir el carácter de ésta, en cuanto a si
formalizada o desformalizada. Por eso es que, inclusive en el caso del artículo 186 del
Código, que la doctrina y la jurisprudencia concuerdan en afirmar que constituye una
protección para el imputado, esa misma doctrina y esa jurisprudencia no consideran
que el plazo para formalizar de que allí se habla conlleve un forzamiento de dicho
trámite, existiendo diversas posiciones acerca de cuál sea la consecuencia del
transcurso del plazo sin que la Fiscalía formalice, y las posiciones al respecto van
desde la que afirma que no hay ninguna consecuencia porque la ley no la ha previsto,
hasta las que sostienen que el transcurso del plazo genera el sobreseimiento definitivo
o, también, la imposibilidad de formalizar en el futuro. Como fuere, lo que parece
claro es que constitucionalmente hablando el querellante no puede tener a su
disposición la decisión de formalizar, porque ella forma parte de las decisiones de la
investigación.

DECIMOCUARTO: Que, además, esto tiene sentido porque es el Ministerio
Público, y no el querellante, el que está sujeto al deber de objetividad. Por eso, el
artículo 83 inciso segundo de la Constitución no dice, simplemente, que el ofendido
podrá ejercer la acción penal, sino que dice que pude hacerlo “igualmente”, y esto,
referido al inciso primero, significa que dispone de ella en los mismos términos que
el Ministerio Público, lo que implica que queda sujeto a las mismas condiciones o
exigencias. Y la Fiscalía solo puede ejercer la acción penal, que en el diseño
constitucional del tema equivale claramente a la acusación, cuando ha mediado
formalización. Esto también queda claro del tenor del artículo 83 inciso primero,
porque dispone que el Ministerio Público debe investigar los hechos constitutivos de
delito “y, en su caso, ejercerá la acción penal pública”. Es decir, tal acción penal no se
inicia con la investigación ni se confunde con ella, sino que solo si de su tenor resulta
mérito, y de manera posterior entonces, se iniciará la acción. Pues bien, el medio de
determinar a priori y de manera indiciaria ese mérito es la formalización, acorde los
términos de los artículos 229 y 232 del Código Procesal Penal, pues se deben imputar
a determinada persona uno o más delitos, también determinados. En palabras del
artículo 232 es una formulación de cargos que, claro está, tiene un carácter indiciario
y provisional, pues todavía no media acusación ni ha concluido la investigación. Ese
es el requisito a salvar para que se cumpla aquel evento que la Constitución menciona
con las palabras “en su caso”, refiriéndose al ejercicio propiamente tal de la acción
penal; es decir, a la acusación.

DECIMOQUINTO: Que, entonces, la propia disposición constitucional, en
cuanto solo “en su caso” permite al Ministerio Público acusar, y la regla de
objetividad contenida en el mismo artículo 83 inciso primero, cuando ordena
investigar también los hechos que acrediten la inocencia del imputado, demuestran
que la norma legal que entrega a la Fiscalía la posibilidad de no perseverar en la



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SEISCIENTOS VEINTISEIS




investigación es plenamente constitucional, tanto en abstracto como en el caso
concreto. Atiéndase a que la regla constitucional utiliza la palabra inocencia en
sentido amplio, abarcando tanto al cuerpo del ilícito como a la participación, pues tan
inocente es una persona a quien se imputa un delito probado, pero no se acredita su
participación en él, como aquella a quien se imputa un delito que no se logra
demostrar. Por eso es que esa oración del artículo 83 establece a nivel constitucional
el deber de objetividad, que luego recogerá la ley.

DECIMOSEXTO: Que por idénticas razones la decisión de formalizar o no la
investigación no puede estar entregada a particulares que carecen en absoluto del
deber de objetividad y no están a cargo de la indagatoria, de modo que con respecto
al artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal no puede haber ni un atisbo de
vulneración a la igualdad ante la ley, ya que se estarían comparando dos posiciones
jurídicas (las del Ministerio Público y la del querellante) radicalmente distintas. Ahora
bien, con respecto al artículo 259 inciso final no hay desigualdad ninguna, porque ni
el Ministerio Público ni el querellante pueden acusar sin que medie previamente la
formalización de la investigación. El problema, si lo hay, entonces, no es de igualdad
ante la ley.

DECIMOSEPTIMO: Que con relación al debido proceso, el reclamo se funda
en que el querellante queda sometido a la voluntad del Ministerio Público, sin que
exista control jurisdiccional sobre la plausibilidad de sus actos que impiden al
querellante acusar. En nuestro concepto cabe distinguir, porque en este capítulo no
tiene ninguna influencia el artículo 248 letra c) del Código Adjetivo. Que el
querellante no pueda acusar no es una consecuencia de la decisión de no perseverar,
sino de la exigencia de formalización para el inicio de la acción penal propiamente
tal. Es decir, si se removiera el 259 inciso final y los artículos 248 letra b) y 261 letra a)
(no impugnados) el artículo 248 letra c) no causaría al requirente ningún problema.
Ahora bien, cabe advertir que el diseño procedimental responde al mismo principio
constitucional según el cual la acción penal pública protege siempre y solo intereses
sociales, y no particulares. Por eso es que se requiere, como antecedente de la
acusación, una actuación indiciaria que emane del órgano que tiene a su cargo la
persecución penal pública, el que está sujeto al deber de objetividad y el único que
puede dar ese soporte de plausibilidad por más indiciario y hasta provisional que sea,
de manera de impedir que la acción penal pública se privatice completamente.

DECIMOCTAVO: Que, además, esa exigencia responde a otro principio
procesal del sistema imperante, que es el de congruencia, que dispone que cada etapa
de la imputación ha de estar antecedida por otra que la anuncie, referida a los mismos
hechos y a las mismas personas, de forma que se garantice el debido proceso,
permitiendo una defensa efectiva. Así, la eventual condena debe enmarcarse en los
hechos y referirse a las personas materia de la acusación, y ésta debe a su vez
corresponderse con la formalización. Esto es clave porque con la acusación comienza
la acción penal, pero después de agotada una investigación en la que, si el imputado




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SEISCIENTOS VEINTISIETE




no conoce cabalmente su calidad de tal ni los cargos que se le formulan, mal puede
reclamar desde la primera etapa los trámites e indagaciones que estime que le
favorecen, y ese derecho le queda garantizado por los artículos 7° y 93 del Código
Procesal Penal y, antes que eso inclusive, por el artículo 19 N° 3 de la Constitución
Política de la República.

DECIMONOVENO: Que esa función de anticipar los cargos para la debida
preparación de la defensa no la puede cumplir la querella, precisamente porque el
querellante no tiene el deber de objetividad, no tiene la dirección de la investigación
y no es titular de un derecho subjetivo en materia de acción penal pública, sino que
es solo un asociado al Ministerio Público que, excepcionalmente, puede continuar por
si solo sosteniendo la acción, pero siempre, por mandato constitucional, en los
mismos casos (“igualmente”, dice el artículo 83 inciso segundo de la Carta) en que
podría hacerlo la Fiscalía.

VIGÉSIMO: Que eso no es todo, pues hay otra razón central para concluir
que si se suprime la exigencia del artículo 259 inciso final desaparece el control de
congruencia y esa razón estriba en que este Tribunal no puede añadir nada a las leyes
vigentes. Su labor ha sido calificada como la de un “legislador negativo”, y ello, en la
materia de inaplicabilidad que es la que nos ocupa, significa que puede disponer que
una norma no se considere para la resolución de una gestión judicial, pero no puede
sustituirla creando otra en su lugar, y el artículo 259 inciso final no habla de la
querella, sino de la formalización, de modo tal que si se suprime esa referencia no
habría ninguna norma legal que obligara a ajustar el texto de la acusación a la
querella, generándose así un riesgo evidente para el debido proceso, pues no es
racional, ni tampoco justo, que se acuse a alguien que no ha sido nunca imputado en
la investigación y hasta pueda desconocerla, privándolo totalmente de intervenir en
ella como lo permite la ley en su resguardo, ni tampoco que a un imputado que
conozca la indagación se le acuse por hechos que nunca le fueron anunciados y por
ende no haya podido intentar desvirtuar en la etapa investigativa.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en suma entonces, el diseño legal del sistema se
conforma enteramente a las bases constitucionales de los dos incisos del artículo 83
de la Carta y no contradice, ni en abstracto ni en el caso concreto, los principios de
igualdad ante la ley ni de debido proceso. Desde luego, las alegaciones vertidas ante
estrados relativas a la mayor o menor diligencia del Ministerio Público en el
desarrollo de la investigación son del todo impertinentes, dado que no tiene
competencia este Tribunal ni para revisar los pormenores de la concreta investigación
de que se trata, ni para emitir parecer general sobre la forma en que la Fiscalía ejerce
sus atribuciones.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que por todas las razones anteriores, el
requerimiento no puede prosperar.




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SEISCIENTOS VEINTIOCHO




Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93 incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A LO
PRINCIPAL DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. QUE SE ALZA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE
POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA
LITIGAR.



DISIDENCIAS

La Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS estuvo por acoger el
requerimiento de autos en virtud de las consideraciones siguientes:



I. CONFLICTO DE CONSTITUCIONALIDAD: EL PROBLEMA DE
LA DECISIÓN DE NO PERSEVERAR Y LA AUSENCIA DE CONTROL JUDICIAL
A LA LUZ DEL DEBIDO PROCESO CONSTITUCIONAL.

1° La requirente de autos sostiene que la aplicación de los artículos 248, letra
c) y 259, inciso final, ambos del Código Procesal Penal, “(…) sea declarado
inconstitucional en virtud de lo que consagra los artículos 1, 5, 6, 7, 8, 19 N° 2, 3; 76 y
83 de la Constitución Política de la República, en relación - también- con los Tratados
Internacionales sobre Derechos Humanos que se encuentran ratificados por Chile
como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y la Convención
Interamericana contra la Corrupción, la Convención Americana de Derechos
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (fojas 2 del
expediente).

2° Que, en el presente proceso constitucional, se pretende la declaración de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 248, letra c) y 259, inciso final
del mismo Código. Cabe recordar que esta Magistratura se ha pronunciado en
múltiples ocasiones sobre acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad (véase,
entre otros, sentencias roles números 16.771, 16.777, 16.477, 16.470, 16.488, 16.241,
16.212, 16.086, 15.474, 15.754, 14.819, 14.744, 14.487, 13.011, 11.442, 9.999, 8.060, 7.237,
6.718, 5.653, 2.858) , entre otros respecto a los preceptos legales impugnados que se
enuncian a continuación.




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SEISCIENTOS VEINTINUEVE




El artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal, en lo pertinente, prescribe:
“Artículo 248. Cierre de la investigación. Practicadas las diligencias necesarias para la
averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal declarará
cerrada la investigación y podrá, dentro de los diez días siguientes: (…)

c) Comunicar la decisión del ministerio público de no perseverar en el procedimiento,
por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una
acusación.”

Por su parte, el artículo 259, inciso final, del Código Procesal Penal, dispone
perentoriamente que “La acusación sólo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la
formalización de la investigación, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica. Con
todo, en la acusación podrá solicitarse el comiso de ganancias respecto de terceros en los casos
previstos por la ley”.



II. ELEMENTOS DEL CASO CONCRETO

3° Que la requirente dedujo querella en causa ordinaria penal Rit N°379-2025
ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por el supuesto delito de fraude al
Fisco, en contra de uno de los requeridos y en contra de todos los que resulten
responsables. Posteriormente, la requirente solicitó que se ampliase la querella tanto
respecto de las figuras delictivas que se podrían configurar como de los sujetos contra
los que se dirige la querella.

4° Que, en el marco de dicho proceso judicial que constituye la gestión
pendiente de esta causa constitucional, y sin haberse formalizado la investigación, el
20 de octubre de 2025 el Ministerio Público comunicó el cierre de la investigación y
solicitó al tribunal de fondo que fijara audiencia para comunicar su decisión de no
perseverar. Por ello, el 22 de octubre de 2025 el Séptimo Juzgado de Garantía de
Santiago fijó la audiencia para el día 2 de enero de 2026.

Posteriormente, el 28 de octubre de 2025, la requirente solicita que en dicha
audiencia se discuta la reapertura de la investigación y, en el otrosí del mismo escrito,
se opone a la decisión de no perseverar; ordenando el 28 de octubre de 2025 el tribunal
del fondo que ello se discuta en la audiencia programada.

5° De acuerdo con los antecedentes que constan en estos autos
constitucionales, no se ha materializado dicha audiencia a la fecha. En efecto, el 12 de
diciembre de 2025 el Séptimo Juzgado de Garantía dejó sin efecto la programación de
la audiencia previo a que ella se realizara, en atención a la orden de suspensión dictada
por esta Magistratura.



III. ESTATUTO CONSTITUCIONAL DE LAS VÍCTIMAS: EL CASO
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y SU LEGITIMACIÓN
ACTIVA



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SEISCIENTOS TREINTA




6° En el caso de autos, la doctrina ha indicado que los preceptos legales
impugnados al tenor de la Carta Fundamental pueden y deben ser examinados por
esta Magistratura porque “Sin duda la persona jurídica goza de una cierta personalidad en
el ámbito penal. Por ejemplo, las personas jurídicas pueden ser "víctimas" y querellantes en el
proceso penal” (Al respecto, véase van Weezel, Alex (2010): Contra la responsabilidad
penal de las personas jurídicas. Polít. crim. Vol. 5, Nº 9 (Julio 2010), Art. 3, p.126).

7° A mayor abundamiento, esta Magistratura constitucional ha acogido
requerimientos sobre la misma materia en que la víctima tenía la calidad de persona
jurídica. A saber, sentencias roles N° 16.771-25, 16.086-24, 16.212-25, 16.241-25, 16.209-
25, 16.470-25,16.477-25, 14.265-23, 14.819-23, 15.471-24, entre otros. Ello porque esta
Magistratura revisa judicialmente el contraste entre el precepto legal y la normativa
constitucional planteadas por las partes del conflicto en esta sede de inaplicabilidad.
Para que luego, en virtud del principio de juridicidad los órganos competentes
resuelvan la gestión pendiente de estos autos conforme a las normas que el
ordenamiento jurídico de manera sistemática provee.

8° En coherencia con lo anterior, y en sede constitucional, se han acogido en
votos anteriores casos idénticos en que en la gestión pendiente el requirente aún no
solicitaba el forzamiento de la acusación. Así, en razón de la certeza jurídica y
coherencia interna del juez constitucional ha ocurrido en los casos roles STC números;
16.640-25, 16.771-25, 15.754-24, 15.474-24, 16.086-24, 16.241-25.

9°. En consonancia con lo anterior, se ha razonado en diversas disidencias
anteriores entorno a la constitucionalización del derecho, el cual se caracteriza por el
reconocimiento práctico de la supremacía de la Carta Fundamental, formulado a
través del Derecho Constitucional y realizado, en todas las disciplinas jurídicas,
cualquiera sea quien las estudie u opere con ellas.

Tal Constitucionalización se expresa en la difusión de los principios y normas
de la Carta Fundamental a todo el sistema jurídico, impregnándolo de los valores de
ésta, como son la vida e integridad de la persona, la libertad e igualdad, la paz y
justicia, el bien común, la participación, el desarrollo y la solidaridad que, entre otros,
son modeladores de aquel proceso jurídico, teleológica y no lógico-positivamente
entendido.

10° De modo tal que, nuestro ordenamiento jurídico ha sido parte del proceso
de constitucionalización del derecho penal, un fenómeno sobre el cual la doctrina ha
sostenido que “[E]n la actualidad el derecho penal se entiende –que- debe estar
perfectamente constitucionalizado, es decir, que las normas constitucionales referidas
a los derechos fundamentales y obviamente, las que tienen que ver de forma expresa
con el derecho penal, entran a jugar como parámetro de evaluación crítica de las
normas penales, al mismo tiempo que se constituyen en criterios para su
interpretación y aplicación. Este fenómeno de vinculación necesaria entre el derecho
penal y la constitución, que ha llevado a importantes autores como WINFRIED
HASSEMER a sostener por ejemplo que el derecho penal se debe entender como



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SEISCIENTOS TREINTA Y UNO




derecho constitucional aplicado” (COTE-BARCO, Gustavo (2008):
Constitucionalización del derecho penal y proporcionalidad de la pena. Universitas,
Bogotá, v.57, n.116, p. 119-151).

11°. Que, en el marco de dicho fenómeno, nuestro ordenamiento jurídico ha
sufrido modificaciones jurídicas formales y sustantivas que inciden en la concepción
constitucional del proceso penal. Una de las modificaciones más relevantes se produce
en 1997, a través de la reforma que incorpora a la Carta Fundamental al Ministerio
Público, al cual se le confía la obligación constitucional de adoptar las medidas para
proteger a las víctimas y a los testigos, como consta en el artículo 83 de la Constitución.

Específicamente, a través de esta reforma, se incorporó a la Constitución el
derecho de las víctimas a ejercer la acción penal, explícitamente consagrado,
actualmente, en el inciso segundo del artículo 83 de la Constitución, al señalar que
“[E]l ofendido por el delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer
igualmente la acción penal”.

12° De modo tal, que la norma constitucional citada precedentemente, incide
en la tradición chilena hasta la época, que se caracterizaba por otorgarle un papel
secundario a la víctima, siguiendo la influencia del derecho español (TAPIA
BALLESTEROS, Patricia (2016): El estatuto de la víctima en el ordenamiento jurídico
chileno: estado de la cuestión y algunas consideraciones. Revista de Ciencias Penales,
sexta época, vol. XLIII, N|2, pp. 19-38). Así, hoy en día es claro que la Constitución
vigente contempla el derecho de la víctima a ejercer la acción penal.

13° A mayor abundamiento esta Magistratura ha razonado que el espíritu y la
ratio del artículo 83 de la Carta Fundamental supone que “no sólo está situando a
aquellos sujetos en un plano de igualdad con el Ministerio Público, en lo que respecta
al ejercicio de la acción penal pública, sino que, en esencia, consagra el ejercicio de la
referida acción como un verdadero derecho, que debe ser respetado y promovido por
todos los órganos del Estado, en obediencia a lo mandado por el artículo 5º, inciso
segundo, de la Carta Fundamental” (STC Rol N°1.484, c. 17°). Ello porque el
argumento constitucional radica en la eventual vulneración al derecho a la acción
como derecho constitucionalmente reconocido y excluye una expectativa o
pronunciamiento sobre el resultado de la gestión pendiente en que incide la norma
legal que se solicita declarar inaplicable por esta Magistratura. Dicha distinción es
ineludible para radicar el conflicto constitucional en esta sede.

14°. En razón de lo anterior, es que la norma constitucional sobre el derecho a
la acción fue reforzada a partir de la ley de reforma constitucional N°20.516. Este
cuerpo normativo produjo la constitucionalización del derecho de defensa jurídica
gratuita de la víctima porque incorpora ese derecho a las garantías constitucionales,
agregando que “[L]a ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas
naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a
efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes”.




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SEISCIENTOS TREINTA Y DOS




15°. Que, en cuanto al contenido del derecho de la víctima a ejercer la acción
penal, la doctrina lo ha caracterizado como ius ut procedatur “esto es, como derecho al
proceso jurisdiccional tiene como núcleo esencial mínimo la prestación de actividad
jurisdiccional y de una decisión jurisdiccional motivada”, lo cual implica “que la
acción procesal del ofendido por el delito exige que —incluso en las etapas
preparatorias— haya actividad jurisdiccional y al menos una resolución jurisdiccional
motivada respecto de su derecho a intervenir en el proceso y a formular en él una
pretensión procesal acusatoria” (DEL RÍO FERRETTI, Carlos (2024): “Ius ut
procedatur y denegatio actionis: el problema constitucional del acusador penal
particular y su derecho a la acción procesal”, en POBLETE ITURRATE, Orlando y
CILVETI MEDINA, Flavia (coordinadores), Las partes en el proceso. IX Jornadas
Nacionales de Derecho Procesal (Valencia, Tirant Lo Blanch) pp.396-397). (En el
mismo sentido, voto disidente, STC Rol N°14.265, c.13°).

16° Por ende, constitucionalmente ejercer la acción penal faculta a las partes a
obtener una decisión judicial motivada sobre su pretensión penal. Cabe aclarar que lo
anterior en ningún caso significa que ella tiene derecho a obtener un resultado
favorable a sus pretensiones o la condena del imputado; sino que básicamente implica
que el ofendido por el delito pueda llevar adelante la persecución penal con los
debidos controles judiciales, independientemente de cuál sea la decisión final
adoptada por los tribunales competentes.

17° De esta forma, el Ministerio Público tiene la obligación de ejercer sus
atribuciones de una forma compatible con los derechos y garantías que la Constitución
otorga a la víctima -y los de todos los intervinientes-, pues tal como lo ha explicado
esta Magistratura, “el debido proceso y la actividad de investigación del Ministerio
Público no pueden entenderse desconectadas o desvinculadas” (STC Rol N°14.345, c.
4°). Entonces, “la exclusividad constitucional de que goza el Ministerio Público para
investigar no puede significar la ausencia– aun parcial- de tutela judicial” (voto
disidente, STC Rol N°13.011, c. 15°).



IV. LA DECISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE NO
PERSEVERAR EN EL PROCEDIMIENTO

18°. Que, de lo expuesto por la actora en su requerimiento, es posible concluir
que el hecho que gatilla el conflicto de constitucionalidad presentado ante este
Tribunal corresponde a la posibilidad de que el Ministerio Público comunique su
decisión de no perseverar en el procedimiento, por lo que nos referiremos brevemente
a dicha facultad.

19°. Que, en virtud del principio de oportunidad, el Ministerio Público cuenta
con facultades que le permiten “no iniciar, suspender, interrumpir o hacer cesar el
curso de la persecución penal” (HORVITZ LENNON, María Inés y LÓPEZ MASLE,
Julián (2002): Derecho procesal penal chileno. Tomo I. Santiago, Editorial Jurídica de




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SEISCIENTOS TREINTA Y TRES




Chile, p.48). Dentro de ellas, encontramos la posibilidad de que se comunique la
decisión de no perseverar en el procedimiento, cuando no se hayan reunido los
suficientes antecedentes para fundar una acusación en contra del imputado.

20°. Que, así, es evidente que la naturaleza de la decisión de no perseverar es
eminentemente administrativa, no judicial. La naturaleza jurídica de la decisión de no
perseverar constituye “un elemento central que -la- distingue del sobreseimiento
definitivo, y obviamente de la sentencia que se dicte en el juicio oral, es que la
mencionada decisión -en tanto acto no jurisdiccional- no genera (en principio) el efecto
propio de la cosa juzgada” (CORREA ROBLES, Carlos (2020): Uso y abuso de la
decisión de no perseverar en el procedimiento. Revista chilena de Derecho, vol. 47,
N°1, pp. 159-185).

Es más, incluso se ha llegado a considerar que esa decisión, administrativa y
de mérito, es “de exclusiva competencia del Ministerio Público y no cabe, en
consecuencia, pronunciamiento ulterior del juez ni, evidentemente, recursos
jurisdiccionales en contra de la misma”, lo cual, de acuerdo a la doctrina especializada
en la materia “genera diversos problemas y trastoca la lógica del Código, orientada a
la completación de mecanismos de clausura definitiva del procedimiento en casos
débiles, sin viabilidad o en que no existe una actividad productiva del órgano de
persecución penal” (HORVITZ LENNON, María Inés y LÓPEZ MASLE, Julián (2002):
Derecho procesal penal chileno. Tomo I. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, pp. 585-
586).

21º. De lo anterior se colige que el Ministerio Público realiza un juicio
discrecional de mérito de naturaleza administrativa respecto a los antecedentes que
ha podido recopilar durante la investigación, determinando si prosigue o no con el
proceso; sin que exista una intervención o control de fondo sobre dicha decisión por
parte de un órgano jurisdiccional.

Sin duda, la Constitución faculta a los órganos constitucionales autónomos,
verbi gratia como el Ministerio Público a adoptar dicha decisión a partir de las normas
constitucionales que lo regulan. No obstante, en el ordenamiento jurídico
constitucional las facultades son limitadas por el Derecho.

22° Así, en este caso - como en otros sobre esta materia constitucional- el vicio
que genera la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los preceptos legales
impugnados es la ausencia de control judicial respecto a la decisión adoptada por el
Ministerio Publico. De modo tal que los preceptos legales impugnados producen
efectos contrarios a la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 19 n° 3 de
nuestra Carta Fundamental, tal como se verá a continuación.



V. ESCRUTINIO DE INAPLICABILIDAD: LA VULNERACIÓN DE LOS
ARTÍCULOS 19 N°3 Y 83 DE LA CONSTITUCIÓN




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0000634
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO




23°. Que, por lo tanto, para determinar si, en este caso concreto, la aplicación
de los preceptos impugnados genera resultados contrarios a la Constitución, los jueces
constitucionales deben preguntarse si los efectos que produce la comunicación de la
decisión del Ministerio Público de no perseverar en un proceso penal desformalizado
es o no respetuosa de los derechos que la Carta Fundamental le reconoce a las
víctimas.

Lo anterior debe realizarse teniendo especialmente en cuenta que un
querellante no puede forzar acusación respecto a una investigación que no ha sido
formalizada y que, por ende, no puede proseguir con el proceso penal en virtud de la
decisión del órgano persecutor fiscal.

24°. Y, es que, el contenido esencial de este derecho no se limita solamente a
presentar querella, sino que, tal como lo ha explicado la doctrina, “exige que el
desenvolvimiento del derecho al proceso del actor depende de decisiones judiciales
motivadas que deban o puedan librar en el curso del proceso”. (DEL RÍO FERRETTI,
Carlos (2024): “Ius ut procedatur y denegatio actionis: el problema constitucional del
acusador penal particular y su derecho a la acción procesal”, en POBLETE ITURRATE,
Orlando y CILVETI MEDINA, Flavia (coordinadores), Las partes en el proceso. IX
Jornadas Nacionales de Derecho Procesal (Valencia, Tirant Lo Blanch) p. 397).

Así, los artículos 19 Nº3 y 83 inciso segundo de la Constitución exigen, en
cuanto consagran el derecho de la víctima de un delito a ejercer la acción penal, que
sea un órgano jurisdiccional quien eventualmente decida truncar o no la prosecución
de un juicio penal.

25º. Esta vulneración a lo dispuesto en la Carta Fundamental es evidente si se
tiene en cuenta que, tal como lo ha señalado esta Magistratura en su jurisprudencia,
el derecho de la víctima a ejercer la acción penal incluye “el acceso efectivo a la
jurisdicción, que se manifiesta en la exigibilidad de la apertura y, consecuentemente,
de la sustanciación del proceso” (STC Rol Nº815, c. 11º).

26° Lo anterior no implica desconocer las facultades privativas que tiene el
Ministerio Público respecto a la dirección de las investigaciones penales, puesto que
la labor investigativa del órgano persecutor “no puede confundirse con actividades
que, en la práctica, impiden el ejercicio de la acción penal por la víctima y, por
consiguiente, tienen una implicancia directa sobre un asunto más propiamente
jurisdiccional: la resolución del conflicto. No ha de perderse de vista que el sentido y
alcance de la facultad del Ministerio Público de dirigir en forma exclusiva la
investigación dice relación con la determinación de la orientación de la investigación,
pero no con una supuesta – más bien inexistente - facultad de ponderar, sin control
judicial, el grado de suficiencia de las pruebas para desvanecer o no la presunción de
inocencia del investigado o del imputado”; porque “la Constitución no le otorga al
órgano persecutor la potestad para, sin un control tutelar efectivo por parte de la
judicatura, hacer prevalecer, sin más, decisiones de mérito que impliquen perjudicar




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0000635
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO




la pretensión punitiva de la sociedad y de la víctima” (STC Rol Nº11.325, c. 12º y c.
16º).

27° Finalmente, dentro de la competencia constitucional que esta Magistratura
ejerce resulta evidente en el test de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los
preceptos legales impugnados en el caso de autos que “si bien corresponde al Ministerio
Público la dirección de la investigación, la actuación del órgano persecutor tendrá siempre como
límite el reconocimiento del derecho a la acción penal del que la víctima es titular. Lo anterior
–señala el TC- exige que el legislador contemple las medidas de control judicial que, limitando
un eventual actuar arbitrario del Ministerio Público, hagan factible la interposición de una
acusación por parte del querellante privado. Y ese límite no existe para el ejercicio de la facultad
de no perseverar, pues, a diferencia de lo que el mismo artículo 248 del Código Procesal Penal
contempla para el sobreseimiento definitivo y el sobreseimiento temporal, que son solicitados
por el fiscal y decretados por el juez de garantía, la decisión del Ministerio Público de no
perseverar en la investigación no requiere aprobación judicial”. (Véase BERTELSEN
REPETTO, Raúl (2021): La decisión de no perseverar en la investigación ante el
Tribunal Constitucional. Disponible en “Sentencias Destacadas 2020”, pp. 119-120).



PREVENCIÓN

Los Ministros señores MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y HÉCTOR
MERY ROMERO previenen que, en esta oportunidad, concurren al rechazo del
requerimiento, solo teniendo presente:

1°. Que, como se lee a fs. 15 y 16 del libelo de fs. 1 "(...) no existe un problema
normativo sino interpretativo, de aplicación, y a la luz que las normas deben ser siempre
interpretadas de manera que no conduzca a resultados absurdos -como sería el de privar al
querellante de su derecho a persistir con la persecución penal- y en conformidad a la
Constitución -art. 1, 5, 8, 19 N° 2 y 3, 76 y 83-", puesto que "lo que sí es contradictorio y
contra la Constitución es que se permita que el Ministerio Público ejerza una facultad en una
etapa procesal que el legislador no estableció (...)" (fs. 15).

2°. Que, por ende, queda en evidencia -más todavía, si se examina, a mayor
abundamiento, el requerimiento Rol N° 17.080- que lo que se plantea en la acción de
inaplicabilidad de autos no se vincula, como debe hacerse en este tipo de causas, con
la aplicación contraria a la Carta Fundamental de los preceptos legales impugnados,
sino que se relaciona con la interpretación o, más bien, con la que debería, a juicio de
la requirente, ser la recta o adecuada interpretación que, tanto el Ministerio Público
como los tribunales competentes, tendrían que dar a la decisión de no perseverar en
relación con la investigación y su nexo -que sería, al parecer, inescindible- con la
formalización.

Tal es así que en la gestión pendiente la requirente ha solicitado la reapertura
de la investigación (fs. 194);




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SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS




3°. Que, así las cosas, el requerimiento no puede prosperar, desde que no
plantea una cuestión de aplicación inconstitucional de los preceptos legales
impugnados, sino un asunto interpretativo que compete dilucidar al Juez del Fondo.



Redactó la sentencia el Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ. La disidencia
corresponde a la Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS. La prevención fue
redactada por el Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 17.162-25-INA




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Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 29/04/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida María Pía Silva Gallinato
Fecha: 28/04/2026 Fecha: 28/04/2026



Miguel Angel Fernández González Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 28/04/2026 Fecha: 28/04/2026



Catalina Adriana Lagos Tschorne Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 28/04/2026 Fecha: 28/04/2026



Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 28/04/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 29/04/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana
Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas,
señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 29/04/2026




A13F371E-1E43-4999-82E2-FFF1898E9F5E
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