INA-Inadmisibilidad

Texto completo

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Santiago, quince de junio de dos mil diez.

Proveyendo el escrito del abogado Rodrigo Gatica
Valenzuela, en representación de la Municipalidad de
Punta Arenas, de 31 de mayo del año en curso -fojas 90 a
98-: A lo principal y a los otrosíes primero, segundo y
cuarto, téngase presente; al tercer otrosí, ténganse por
acompañados los documentos que indica, bajo

apercibimiento legal.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1%. Que, por resolución de 13 de mayo de 2010 -foJas
82 a 86-, esta Sala acogió a tramitación el requerimiento
de ¡inaplicabilidad por inconstitucionalidad que ha
deducido el abogado Aristóteles Cortés Sepúlveda, en
representación de Empresa Eléctrica de Magallanes S.A.,
respecto de los artículos 5%, letra c), y 12 del DFL N?
1, de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N“
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y de
los artículos 15, 124, inciso primero, y 221 del DFL N?
4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado del DEL N”* 1, de 1982, del Ministerio de
Minería -—Ley General de Servicios Eléctricos-, en la
causa sobre reclamo de ¡ilegalidad caratulada “Empresa
Eléctrica de Magallanes S.A. contra ordenanza municipal
dictada por el Sr. Alcalde de la Il. Municipalidad de
Punta Arenas”, de la que actualmente conoce la Corte
Suprema, por recurso de casación en el fondo, Rol de
ingreso N* 9-2009.

En la misma oportunidad se dispuso, entre otras
medidas, conferir traslado, por cinco días, a la

Municipalidad de Punta Arenas, en su condición de parte

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doscieñlos calorce

en la gestión judicial pendiente individualizada, a fin
de conocer su opinión sobre la admisibilidad del
requerimiento;

2%. Que, como consta a fojas 90, en lo principal de
la presentación de 31 de mayo de 2010, la mencionada
Municipalidad, representada por el abogado Rodrigo Gatica
Valenzuela, evacuando el traslado conferido en autos,
solicitó que el requerimiento de inaplicabilidad deducido
fuera declarado inadmisible, en atención a que "es claro
que soterradamente con la justificación de aludir a
ciertas normas legales, las impugnación se dirige en
contra de la Ordenanza de (sic) Sobre Instalación de
Líneas distribuidoras de energía eléctrica y de
telecomunicaciones de la Comuna de Punta Arenas, la que
eventualmente podría derivar en una eventual infracción a
las garantías constitucionales reclamadas por la parte
recurrente”, razón por la que el mismo organismo denuncia
que "la cuestión debatida no es de aquellas que le
corresponde conocer y resolver a este Honorable Tribunal,
toda vez que las Ordenanzas, quedan fuera del ejercicio

LA

de la atribución... prevista en la normativa
constitucional pertinente;

3%, Que el artículo 93, inciso primero, N* 6%, de la
Ley Fundamental establece que es atribución de este
Tribunal Constitucional "resolver, por la mayoría de sus
miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto
legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga
ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria
a la Constitución.”.

A su turno, el inciso undécimo del mismo precepto
fundamental señala: “En el caso del número 6%, la
cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes

o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá a

cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin

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dosdenlos guince

ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre
que verifique la existencia de una gestión pendiente ante
el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del
precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la
resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada
razonablemente y se cumplan los demás requisitos que
establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá
resolver la suspensión del procedimiento en que se ha
originado la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad.”;

4”. Que la normativa constitucional aludida
precedentemente se complementa con la que se contiene en
la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, que en su artículo 47 F establece:
“Procederá declarar la inadmisibilidad en los siguientes
casos:

1% Cuando el requerimiento no es formulado por una
persona u órgano legitimado;

2* Cuando la cuestión se promueva respecto de un
precepto legal que haya sido declarado conforme a la
Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control
preventivo o conociendo de un requerimiento, y se invoque
el mismo vicio que fue materia de la sentencia
respectiva;

3? Cuando no exista gestión judicial pendiente en
tramitación, co se haya puesto término a ella por
sentencia ejecutoriada;

4% Cuando se promueva respecto de un precepto que no
tenga rango legal;

5% Cuando de los antecedentes de la gestión
pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que el
precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella
no resultará decisiva en la resolución del asunto, y

6” Cuando carezca de fundamento plausible.

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Declarada la inadmisibilidad por resolución que
deberá ser fundada, ésta será notificada a quien haya
recurrido, al juez que conozca de la gestión judicial
pendiente y a las demás partes que intervengan en ella, y
el requerimiento se tendrá por no presentado, para todos
los efectos legales.

La resolución que declare la admisibilidad 0
inadmisibilidad del requerimiento no será susceptible de
recurso alguno.”;

52, Que respecto de la causal de inadmisibilidad
contemplada en el N* 6” del inciso primero del artículo
47 F de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional recién transcrito, en la sentencia Rol N”
1.288-2008 -sobre control preventivo y obligatorio de
constitucionalidad del proyecto de ley que modificaba la
antedicha ley orgánica constitucional, que luego se
promulgó como Ley N?* 20.381 (D.O. 28.10.2009)- esta
Magistratura declaró su constitucionalidad en el
entendido que la expresión “fundamento plausible” que
utiliza dicho precepto legal "corresponde a la exigencia
contemplada en el artículo 93, inciso decimoprimero, de
la Constitución Política, de que la acción interpuesta
esté “fundada razonablemente”” (Punto resolutivo N” 11);

62. Que, en cuanto a la naturaleza del requerimiento
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad previsto en
la normativa citada, este Tribunal en su sentencia Rol N?
810, de 24 de enero de 2008, manifestó: “NOVENO: Que si
bien, entre las reseñadas características de la actual
acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
resalta la que indica que mientras antes se trataba de
una confrontación abstracta entre la norma legal
cuestionada y una disposición constitucional, ahora se
trata de un cotejo entre la aplicación del precepto legal

impugnado a un caso concreto y la Constitución, no debe

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dloscientos dieaside

perderse de vista que, tanto antes como ahora, para que
la acción pueda prosperar, debe estarse siempre en
presencia de un conflicto de constitucionalidad, esto es,
frente a una contradicción directa, clara y precisa,
entre determinado precepto legal que se pretende aplicar
en el caso concreto, con la propia Constitución, pues el
juez constitucional no puede interpretar o corregir la
ley ordinaria si no es con relación a su
constitucionalidad. La tarea de interpretar la ley le
corresponde a los tribunales de justicia, sean ordinarios
o especiales, y, en nuestro sistema judicial, el órgano
llamado a unificar su interpretación es la Corte Suprema,
a través del recurso de casación. la labor del Tribunal
Constitucional consiste en velar por el respeto del
principio de supremacía constitucional y, por ende,
tratándose de una acción de esta clase, resolver si la
aplicación en el caso concreto de que se trate del
precepto legal impugnado, resulta o no contraria a la
Carta Fundamental y, como efecto natural de una decisión
estimatoria, prohibir al juez de la causa aplicarlo en la
resolución de ese caso concreto; DECIMO: Que, corolario
de lo razonado en los considerandos precedentes es que,
aunque al ejercer la atribución a que se refiere el N”" 6
del artículo 93 de la Constitución la decisión de esta
Magistratura no está constreñida a la simple constatación
abstracta de si existe o no en el texto del precepto
impugnado una infracción constitucional, es forzoso que
siempre el conflicto sometido a su decisión consista en
la existencia de una contradicción concreta y determinada
entre la ley y la Constitución, la cual en algunas
ocasiones podrá brotar con claridad del solo texto del
precepto legal cuestionado y en otras emergerá de las
peculiaridades de su aplicación al caso concreto

sublite”;

79. Que, examinado el requerimiento deducido en
estos autos a los efectos de verificar si, a su respecto,
concurren Jos requisitos de admisibilidad transcritos
precedentemente, se concluye que aquél no contiene una
impugnación razonablemente fundada que tenga por objeto
la declaración de jjinaplicabilidad de un precepto de
jerarquía legal, cuya aplicación en la gestión que se
sigue ante el respectivo tribunal ordinario resulte
contraria a la Carta Fundamental, en los términos que
exigen las disposiciones constitucionales anteriormente
citadas;

8”. Que, en efecto, el requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad tiene por objeto
examinar si la aplicación de un precepto legal en una
gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial
resulta contraria a la Constitución. En consecuencia,
tratándose de una acción dirigida en contra de normas
precisas de Jerarquía legal concernidas en una gestión
Jurisdiccional y que puedan resultar derecho aplicable en
ella, resulta necesario que en el respectivo libelo se
exponga la manera en que la aplicación de cada norma
legal impugnada puede derivar en el reproche de
constitucionalidad que se denuncia, lo que en el caso en
examen no ocurre, lo cual impide calificar que se cumple
con la exigencia constitucional citada;

9%. Que, a mayor abundamiento, este Tribunal también
ha verificado que en el requerimiento materia de estos
autos se plantean reproches en contra de los efectos
jurídicos que genera para la requirente -en su condición
de empresa concesionaria de servicio eléctrico- la
aplicación de la regulación contenida en la Ordenanza N?
2.798 (Sección “BO, sobre Instalación de Líneas
Distribuidoras de Energía Eléctrica y de

Telecomunicaciones de la Comuna de Punta Arenas, dictada

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el 14 de septiembre de 2007 y publicada en el Diario
Oficial de 8 de octubre de ese mismo año -fojas 43 a 45-;

10%. Que, como ya lo ha señalado reiteradamente esta
Magistratura, la cuestión aludida precedentemente no es
de aquellas que le corresponde conocer y resolver a este
Tribunal Constitucional, en ejercicio de la atribución
que el artículo 93, inciso primero, N* 6%, de la Carta
Fundamental le confiere -sentencias roles 743, 816, 820,
1147, 1194, 1267, 1322, 1420 y 1457, entre otras-;

11%. Que, atendido lo que se termina de exponer, el
requerimiento de fojas uno debe ser declarado
inadmisible.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en el
artículo 93, inciso primero, N* 6%, e inciso undécimo, de
la Constitución y normas pertinentes de la Ley N* 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE DECLARA INADMISIBLE el requerimiento interpuesto
a fojas uno.

Notifíquese por carta certificada a la requirente y
a la Municipalidad de Punta Arenas y comuníquese por

oficio a la Corte Suprema.

Archívese.

Rol 1717-10-INA.

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xi
Pronunciada por la Primeya Sala del Excmo. Tribunal

Constitucional, integrada? por su Presidente, señor

alosciertos cllecinreve

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descienlos veinte.

Marcelo Venegas Palacios, y los Ministros señores Mario
Fernández Baeza, Enrique Navarro Beltrán y Francisco
Fernández Fredes.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, señora Marta de la

Fuente Olguín.
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