TC Rol 17174

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UNO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE



Santiago, veintiuno de enero de dos mil veintiséis.



A fojas 174, a lo principal, téngase por evacuado el traslado; al
primer otrosí, ténganse por acompañados; al segundo, tercer y cuarto
otrosíes, téngase presente. Como se pide a la forma de notificación
solicitada.

A fojas 188, a lo principal, téngase como parte; al primer otrosí,
téngase por evacuado el traslado; al segundo, cuarto y quinto otrosíes,
téngase presente. Como se pide a la forma de notificación solicitada; al
tercer otrosí, estese a lo que se resolverá.

A fojas 201, a lo principal, téngase como parte; al primer otrosí,
téngase por evacuado el traslado; al segundo, cuarto y quinto otrosíes,
téngase presente. Como se pide a la forma de notificación solicitada; al
tercer otrosí, estese a lo que se resolverá.

A fojas 212, a lo principal, téngase como parte; al primer otrosí,
téngase por evacuado el traslado; al segundo, cuarto y quinto otrosíes,
téngase presente. Como se pide a la forma de notificación solicitada; al
tercer otrosí, estese a lo que se resolverá.

A fojas 224, a lo principal, téngase por evacuado el traslado; al
primer otrosí, téngase como parte; al segundo, tercer y cuarto otrosíes,
téngase presente. Como se pide a la forma de notificación solicitada.

A fojas 238, téngase presente. Estese a lo que se resolverá.

A fojas 241, ténganse por acompañados.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, a fojas 1, con fecha 2 de diciembre de 2025, Luis
Arriagada Salgado y otros requieren la declaración de inaplicabilidad
por inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 2472,
N° 5, del Código Civil, para que ello incida en el proceso Rol C-3446-
2024, seguido ante el Primer Juzgado de Letras de Curicó, en
conocimiento de la Corte de Apelaciones de Talca bajo el Rol N° 1086-
2025 (Civil);




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2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
la cuenta del requerimiento ante la Primera Sala, acogiéndolo a
tramitación por resolución de 12 de diciembre de 2025, a fojas 90. En
dicha oportunidad se confirió traslado a las demás partes de la gestión
invocada para examinar el cumplimiento de sus requisitos de
admisibilidad;

3°. Que, precluido lo anterior, y examinado el requerimiento en
conjunto con todos sus antecedentes fundantes, se tiene la
configuración de la causal prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la
Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, en
tanto carece de fundamento plausible o razonable;

4°. Que, la gestión pendiente consiste en proceso de liquidación
voluntaria de bienes de la empresa Industria Maderera Entre Ríos S.A.,
tramitado ante el Primer Juzgado Civil de Curicó, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 115 y siguientes de la Ley N° 20.720, iniciado
en noviembre de 2024 y decretada el 30 de diciembre de igual año,
designando Liquidador. Explican los actores que, en el marco de dicho
procedimiento, verificaron créditos laborales emanados de sentencia
definitiva dictada en causa Rit O-265-2023 del Juzgado de Letras del
Trabajo de Curicó, y de sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de
Talca en causa Rol N° 192-2024 (Laboral), por un monto total de
$728.633.046, correspondientes a remuneraciones e indemnizaciones
reconocidas judicialmente.

Asimismo, indican que en el procedimiento concursal han
verificado sus créditos instituciones de previsión social, salud y
mutualidades, por un monto total de $16.480.115.036, según consta del
listado oficial de verificación de créditos;

5°. Que, en ese contexto de tramitación de la gestión invocada, el
requerimiento sostiene que la aplicación del artículo 2472 N° 5 del
Código Civil, en su parte final, resulta decisivo, por cuanto determina la
prelación y calificación de los créditos laborales verificados, el peso de
cada acreencia en los quórums de votación de las Juntas de Acreedores,
y la participación efectiva de los requirentes en los repartos que el
Liquidador Concursal debe efectuar. Según expone, la masa líquida
realizable se estima en aproximadamente $1.550.000.000, conforme al
informe del martillero público concursal.




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Desde lo anterior, alega que la aplicación del precepto
impugnado, que equipara sin límite las cotizaciones previsionales a los
créditos laborales de primera clase, provoca que sus créditos -pese a ser
remuneraciones e indemnizaciones de naturaleza alimentaria- queden
totalmente desplazados por las acreencias previsionales que concentran
la mayor parte del total verificado, de modo que los trabajadores no
recibirían suma alguna en el reparto, pese a existir masa suficiente para
pagar una parte relevante de sus créditos si no fuera por la inclusión
ilimitada de las cotizaciones previsionales dentro de la primera clase;

6°. Que, el conflicto constitucional alegado se estructura en torno
a vulneraciones al artículo 19 N°s 2, 24 y 26 de la Constitución.

En primer lugar, invoca vulneración de su artículo 19 N° 2, por
cuanto la equiparación sin tope de las cotizaciones previsionales con los
créditos laborales generaría una desigualdad arbitraria, toda vez que las
indemnizaciones por años de servicio tienen un límite de tres ingresos
mínimos por año con un máximo de once años, mientras que las
cotizaciones previsionales gozan de preferencia sin restricción de
monto.

En segundo término, alega vulneración del artículo 19 N° 24 de la
Carta Fundamental, por cuanto la aplicación del precepto impugnado
produciría una transgresión del derecho de propiedad sobre las
remuneraciones devengadas, privando a los trabajadores de su crédito
reconocido judicialmente en beneficio de créditos previsionales futuros,
eventuales y de realización incierta. Luego, se invoca infracción del
artículo 19 N° 26, por cuanto la norma impugnada afectaría el contenido
esencial del derecho de propiedad, tornándolo impracticable al
subordinar un derecho alimentario inmediato a créditos previsionales
que representan más de diez veces la masa disponible.

El libelo agrega que varios de los trabajadores requirente
presentan enfermedades graves o permanentes que requieren
tratamiento médico continuo y acceso inmediato a sus acreencias,
circunstancia que agravaría la vulneración constitucional alegada;

7°. Que, dado lo expuesto, teniendo presente las peticiones
formuladas y los términos en que se somete el conflicto al conocimiento
y resolución de esta Magistratura, expresamente delimitado en el
requerimiento por las argumentaciones y petitoria del actor, debe ser
declarado inadmisible al carecer de fundamento plausible o razonable;




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8°. Que, conforme ha sido razonado por este Tribunal al examinar
el alcance de la exigencia de fundamento plausible o razonable, la
especial naturaleza jurídica de la acción de inaplicabilidad establecida en
la Constitución la configura como un instrumento de eliminación o
supresión concreta de uno o más preceptos legales y no de
reformulación de la normativa aplicable a una materia. Asimismo,
atendido el carácter concreto de control constitucional de la ley, las
alegaciones de la parte requirente deben ser analizadas con relación a
las peticiones y argumentaciones entregadas en la gestión pendiente
con que se vincula el requerimiento presentado, lo que es expresión de
la naturaleza jurídica de una acción de control concreto de
constitucionalidad de la ley (resolución de inadmisibilidad en causa Rol
N° 12.281-21, c. 7°);

9°. Que, desde lo argumentado no es posible fundar
plausiblemente un proceso de inaplicabilidad. Esta acción constitucional
no es idónea para buscar la enmienda o revocar lo que ha sido resuelto
por un tribunal en ejercicio de sus competencias para determinar el
sentido y alcance de uno o más preceptos legales. Como fue resuelto en
causa Rol N° 16.390, ésta no busca corregir los eventuales errores
interpretativos que pudiera adoptar el juez del fondo en la forma en que
aplica la ley, propios de la legalidad, en tanto la ejercida en la presente
causa no constituye una instancia para revisar o enmendar decisiones
judiciales. Un asunto de mera legalidad -como el presentado- ha de
resolverse “en el marco de la legislación vigente por la aplicación que,
previa interpretación, efectúa el juez del fondo, el cual tiene que obrar -en
todo caso- en línea con la Constitución, porque se lo exige el artículo 6° de la
Carta Fundamental” (STC Rol N° 5418-18, c. 33°). Si bien, lo ha advertido
la STC Rol N° 15.066-24, c. 21°, es factible que una determinada
interpretación adoptada por un tribunal pueda generar efectos
inconstitucionales, activándose la competencia de inaplicabilidad de la
ley, esta Magistratura no está habilitada para la corrección de errores
interpretativos si, de existir, se han habilitado por el legislador
mecanismos de impugnación de esos actos y resoluciones.

En contrario, aceptar que esos defectos puedan ser subsanados
por este Tribunal transformaría la inaplicabilidad en un recurso procesal
y la dotaría de una naturaleza que no posee de acuerdo con sus
requisitos constitucionales y legales. El control concreto que le
corresponde efectuar en el ámbito de la inaplicabilidad no radica sobre




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actuaciones de otros poderes públicos, sino sobre preceptos legales que
puedan resultar derecho aplicable en la resolución de una concreta
gestión, siendo en definitiva un control de carácter normativo;

10°. Que, el conflicto planteado no se origina en la aplicación de
los preceptos impugnados; en contrario, en una determinada
configuración o determinación legal en torno a la forma en que se
determina la preferencia que pueden tener los créditos en el marco de
un procedimiento concursal que se sustancia ante el Primer Juzgado de
Letras de Curicó. Sin embargo, según se tiene del devenir de la gestión
que se invoca, la respectiva audiencia se verificó con fecha 3 de junio de
2025, en que dicho Tribunal resolvió lo pertinente, de acuerdo con las
objeciones de las partes. Luego, de acuerdo con las piezas remitidas por
la Corte de Apelaciones de Talca, a fojas 243 y siguientes, no se tiene
que el recurso de apelación interpuesto -e invocado como gestión por
los requirentes- posibilite tenerlo como gestión para iniciar un
contradictorio de inaplicabilidad, teniendo presente el agravio que se
estrictamente alegado en ese recurso.

Con lo anterior, aquello que se desarrollado en el requerimiento
corresponden a materias propias de la interpretación legal y que son
ajenas al control de constitucionalidad concreta que ejerce esta
Magistratura a través de la acción de inaplicabilidad, en tanto se busca
controvertir la forma en que el tribunal interpretó el alcance de las
normas aplicables;

11°. Que, a juicio de este Tribunal, ese desarrollo argumental del
requerimiento importa alegaciones que involucran una reorientación
del estatuto concursal y de las normas aplicables, lo que excede la
naturaleza del control concreto de constitucionalidad y constituye una
prerrogativa del legislador. Como fuera razonado en resoluciones de
inadmisibilidad en causas Roles N° 14.009-23 y N° 16.575, la
inaplicabilidad constituye “un instrumento de eliminación o supresión
concreta de un precepto legal y no de reformulación de la normativa
aplicable a una materia”;

12°. Que, como corolario de lo que se viene resolviendo, la STC
Rol N° 15.036 razonó que la acción de inaplicabilidad no permite
“transgredir la distribución de competencias entre el Poder Judicial y este
tribunal, de que dan cuenta los capítulos VI y VIII del texto constitucional, y
los cuerpos legales que regulan las atribuciones de estos órganos
constitucionales”, criterio que debe ser asentado, puesto que no puede



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tenerse por razonablemente fundado un requerimiento como el
ejercido si éste, más bien, impugna la forma en que un tribunal
interpretó el alcance de las normas procesales aplicables y determinó su
aplicación a un caso concreto, materias que deben resolverse en el
marco de las competencias propias del Poder Judicial.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en
los artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:



Inadmisible el requerimiento deducido a lo principal de fojas 1.
Álcese la suspensión del procedimiento decretada en autos.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.174-25-INA.




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Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 21/01/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Miguel Angel Fernández González
Fecha: 21/01/2026 Fecha: 21/01/2026




Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández
González y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 21/01/2026




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