TC Rol 17182

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SETENTA Y DOS



Santiago, catorce de enero de dos mil veintiséis.



A fojas 30, ténganse por acompañados los antecedentes remitidos.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 3 de diciembre de 2025, Raúl Konwisch Muñoz
requiere la declaración de inaplicabilidad por inaplicabilidad por
inconstitucionalidad del artículo 486 inciso primero del Código de
Procedimiento Civil, para que ello incida en el proceso Rol C-5950-2020,
seguido ante el Tercer Juzgado Civil de Concepción, en conocimiento de la
Corte de Apelaciones de Concepción bajo el Rol N° 2881-2025 (Civil);

2°. Que, la señora Presidenta (s) del Tribunal Constitucional ordenó la
cuenta del requerimiento ante la Primera Sala, acogiéndolo a tramitación
por resolución de 12 de diciembre de 2025, a fojas 22, confiriéndose traslado
a las demás partes de la gestión ;

3°. Que, precluido lo anterior, al tenor de su cuenta y luego de
examinar los antecedentes expuestos en el requerimiento y los hitos
procesales verificados en la gestión invocada, se tiene la concurrencia de la
causal prevista en el artículo 84 N° 5 de la Ley Orgánica Constitucional de
esta Magistratura. El precepto cuestionado de inaplicabilidad no es decisivo
para la resolución del asunto atendido el estado de la gestión al momento
en que se ha requerido de inaplicabilidad;

4°. Que, la gestión invocada consiste en juicio ejecutivo en tramitación
ante el Tercer Juzgado Civil de Concepción, cuya etapa procesal corresponde
al remate (fojas 1), y en que interpuso recurso de apelación con relación a la
resolución que denegó su solicitud de designación de perito para la
determinación del avalúo de la propiedad a subastar (fojas 3).

Explica que “[l]a fijación del avalúo fiscal como base mínima para el
remate, sin admitir posteriores modificaciones, introduce una desigualdad o
desequilibrio procesal y material en perjuicio del deudor, favoreciendo a terceros
postores y al propio banco ejecutante, quienes pueden adquirir el bien a un
precio irrisorio, obteniendo un beneficio desmedido en desmedro del ejecutado.
Este desequilibrio vulnera directamente el mandato constitucional que prohíbe
establecer diferencias arbitrarias, configurando una afectación al principio de
igualdad ante la ley” (fojas 3), agregando que ”[e]l deudor no tuvo oportunidad
de objetar la tasación ni de exigir la consideración del valor comercial del

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inmueble, vía peritos, lo que era y es su derecho esencial, quedando así sometido
a un procedimiento que carece de razonabilidad y proporcionalidad” (fojas 4).

Por lo anterior, desarrolla que se produciría un conflicto de
constitucionalidad concreta de la ley a partir de la contravención al artículo
19 en sus numerales 2°, 3° y 24°, de la Carta Fundamental, en las
consiguientes afectaciones a la igualdad ante la ley, el debido proceso y el
derecho de propiedad;

5°. Que, se solicita la declaración de inaplicabilidad del artículo 486
inciso primero del Código de Procedimiento Civil, precepto que dispone lo
siguiente: “La tasación será la que figure en el rol de avalúos que esté vigente
para los efectos de la contribución de haberes, a menos que el ejecutado solicite
que se haga nueva tasación”;

6°. Que, luego de analizar los hitos procesales de la gestión invocada,
resulta necesario examinar si la normativa cuestionada de inaplicabilidad
puede tenerse por decisiva para la resolución del proceso de ejecución que
se sustancia ante el Tercer Juzgado Civil de Concepción y el Tribunal de
Alzada de esa ciudad.

Siguiendo lo previsto en el artículo 93 inciso undécimo de la
Constitución, y en el artículo 84 numeral 5°, de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura, se exigen diversos elementos que,
concatenados, permiten constatar si la impugnación es decisiva para
resolver el asunto, los que se expresan en que con la aplicación de la norma
invocada, eventualmente, el sentenciador fallará el asunto y con ello se
producirá el resultado contrario a la Constitución. La declaración de
inaplicabilidad permite evitar dicho resultado no buscando por el
Constituyente (Rol N° 13.364-22, c. 7°);

7°. Que, conforme se tiene de los antecedentes expuestos en el
requerimiento, no se explica cómo sólo a través de la inaplicación de la
norma que se impugna se posibilitaría restaurar la supremacía de la
Constitución, en tanto no es posible generar una nueva estructuración del
proceso que se sigue en la gestión pendiente si, como se alega, el conflicto
se desarrolla a partir de hitos ya verificados y consolidados, en que se busca
su eventual enmienda por medio de la pérdida de vigencia de la disposición
legal que se cuestiona. Lo anterior se tiene de lo resuelto por el Tercer
Juzgado Civil de Concepción con fecha 26 de septiembre de 2025, resolución
que se tiene a la vista conforme lo dispone el artículo 4° inciso final de la Ley
N° 20.886:




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“Teniendo únicamente presente que el ejecutado solo puede hacer uso del
derecho de pedir una tasación del inmueble a subastar mediante perito, dentro
del plazo de la citación con que fue acompañado el certificado de aval o, sin que
las simples actualizaciones posteriores del aval o fiscal renueven tal derecho (I.
Corte de Apelaciones de Concepción, 20 de noviembre de 2014, Rol N 1.685-
2014); se resuelve: Que se rechaza, sin costas, la objeción deducida. Al primer
otrosí: Atendido lo resuelto precedentemente, y teniendo, además, presente que
la objeción de la modificación de las bases de remate aparece extemporánea por
no haber objetado el monto mínimo para las posturas fijado con fecha 28 de
diciembre de 2022 (folio 13); se resuelve: Que se rechaza, sin costas, la objeción
deducida. La parte ejecutada para volver a incidentar deber depositar
previamente en la cuenta corriente del tribunal la suma de 2 UTM, conforme a lo
dispuesto en el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil.- Al segundo otros:
No ha lugar, por innecesario.”.

Si bien, de acuerdo con lo explicado en el requerimiento, la gestión
invocada se sustentaría en un recurso de apelación a dicha decisión
desestimatoria, ésta tiene como antecedente la oportunidad procesal en que
se formuló la respectiva solicitud de aplicación de lo dispuesto en el inciso
primero del artículo 486 del Código de Procedimiento Civil, según se tiene de
lo antes transcrito;

8°. Que, en dicho sentido, la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad que consagra la Constitución Política, de ser el caso,
sólo puede generar la inaplicación de preceptos legales vigentes en una
específica gestión y no puede producir la anulación de hitos procesales
anteriores. Esta acción de control concreto de constitucionalidad de la ley
sólo puede incidir en una gestión vigente y requiere analizar lo que en ésta,
al presentarse el requerimiento de inaplicabilidad, se ha alegado por las
partes para comprender la influencia decisiva que tendrá en la resolución
del asunto;

9°. Que, dado lo razonado y siguiendo lo también resuelto en causa
Rol N° 14.197-23, se configura la causal de inadmisibilidad prevista en el
numeral 5° del artículo 84 del cuerpo legal orgánico constitucional que rige
el actuar de esta Magistratura, en atención a que no se tiene, del estado
actual de la gestión, que la normativa requerida de inaplicabilidad resulte
decisiva para la resolución del asunto, dado su avance procesal al deducirse
el libelo y según se detallara en las consideraciones precedentes.

Contrario a lo expuesto por el actor, la acción de inaplicabilidad no
constituye una instancia o recurso propio de la tramitación de la gestión,



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cuestión que implicaría invadir la competencia privativa y reservada al Juez
del Fondo.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93 inciso
primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 5 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:



Inadmisible el requerimiento deducido a lo principal de fojas 1.
Álcese la suspensión del procedimiento decretada en autos.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.182-25-INA




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Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Miguel Angel Fernández González
Fecha: 14/01/2026 Fecha: 14/01/2026



Alejandra Precht Rorris
Fecha: 14/01/2026


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández
González y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 14/01/2026




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