TC Rol 17183

Texto completo

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DIECIOCHO




Santiago, dieciséis de diciembre de dos mil veinticinco


VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, Mauro Cuello Fuentes ha presentado un requerimiento de
inaplicabilidad respecto del artículo 27 de la Ley N° 18.216, en los autos Ruc
2201091817-4, Rit 1498-2023, seguidos ante el Juzgado de Garantía de
Vallenar, y actualmente en conocimiento de la Ilustrísima Corte de
Apelaciones de Copiapó bajo el Rol N° 803-2025;

2°. Que, la señora Presidenta S. del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de esta
Magistratura;

3°. Que, esta Sala estima, conforme la lectura del libelo de
inaplicabilidad deducido a fojas 1, que el requirente no ha dado
cumplimiento a la exigencia prevista en el artículo 80 de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, en cuanto éste no contiene
una exposición clara de sus fundamentos ni de cómo estos generan una
infracción constitucional alegada en una gestión judicial determinada;

4°. Que, por el contrario, se está en presencia de un requerimiento de
inaplicabilidad que no es apto para los fines que el actor busca, al no
satisfacer un esencial requisito para que pueda ser acogido a tramitación
ordinaria. De la lectura de la presentación se tiene que la impugnación no
resulta clara en relación con el conflicto constitucional que se pretende
sustentar en el ejercicio de la acción de inaplicabilidad;

5°. Que, el libelo de inaplicabilidad de autos se estructura
transcribiendo piezas del expediente de la gestión judicial pendiente, sin
que exista una conexión argumentada con el conflicto constitucional
pretendido. En efecto, de fojas 1 a 7 el requerimiento se limita a reproducir
la resolución de audiencia de 11 de noviembre de 2025, el recurso de
apelación interpuesto y su respectivo proveído, sin desarrollar argumentos
que permitan identificar el vicio de inconstitucionalidad que se pretende.
Esta transcripción de actuaciones procesales impide comprender la
pretendida aplicación inconstitucional del precepto impugnado, generando
confusión respecto del estado procesal de la causa y del objeto específico de
la impugnación;

6°. Que, adicionalmente, el libelo presenta una contradicción que
evidencia la falta de claridad en la pretensión deducida. A fojas 5, el
requirente afirma expresamente que “la resolución apelada, al decretar la
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DIECINUEVE



revocación de la pena de libertad vigilada intensiva está aplicando una
causal de incumplimiento no prevista en la ley”, lo que implicaría que el
tribunal habría excedido el ámbito de aplicación del artículo 27 de la Ley N°
18.216. Sin embargo, en las páginas siguientes alega que el artículo 27 sería
inconstitucional por establecer una revocación “de pleno derecho” sin
permitir ser oído. Esta contradicción torna incomprensible si lo que se
impugna es la resolución judicial por aplicar una causal no prevista en la ley,
o si se impugna la norma legal por prever una causal de revocación
automática. No resulta posible para esta Magistratura determinar cuál es el
conflicto constitucional llamado a ser resuelto cuando el propio requirente
presenta fundamentos que se excluyen mutuamente;

7°. Que, asimismo, de fojas 8 a 13 el requerimiento se dedica a
transcribir disposiciones constitucionales e internacionales sobre igualdad y
no discriminación, con desarrollo doctrinario, pero sin establecer conexión
alguna con el caso concreto. Sólo a fojas 14 se constatan dos afirmaciones
que pretenden vincular la norma impugnada con las garantías
constitucionales invocadas: (i) que la revocación de pleno derecho “resulta
discriminatoria por otros delitos de mayor gravedad como el cuasidelito de
homicidio de resultado múltiple, u supuestos de prevaricación negligente”, y
(ii) que la aplicación del artículo 27 “resulta contraria a la Constitución
Política de la República, por cuanto establece un tratamiento diverso
-arbitrariamente diverso-, sin considerar los vaivenes que pueden ocurrir en
una nueva causa”. Estas afirmaciones, sin embargo, carecen de todo
desarrollo argumentativo que permita comprender en qué consiste la
supuesta discriminación alegada, cómo se relaciona con el caso concreto del
requirente. La mera enunciación de vicios constitucionales, sin explicación
de su configuración en el marco del proceso específico invocado, no
satisface el estándar mínimo exigido por el artículo 80 de la Ley N° 17.997;

8°. Que, el estatuto constitucional y legal que rige para la acción de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad supone que la competencia
conferida a esta Magistratura se ejerce en relación con una gestión seguida
ante un tribunal ordinario o especial, en la cual determinados preceptos
legales pueden dejarse sin efecto, cuestión que necesariamente implica la
determinación específica del conflicto planteado en aras de establecer la
competencia de este Tribunal. Aquello constituye un estándar mínimo de
desarrollo argumentativo desde el cual inicia la configuración del proceso
constitucional, a partir del cual procederá posteriormente resolver su
suficiencia en sede de admisibilidad;
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9°. Que, consecuencialmente, para efectos de ser admitido a
tramitación un requerimiento de inaplicabilidad no debe presentar falencias
sustanciales para la comprensión del conflicto pretendido. Ello abarca
delimitar el vicio pretendido de forma clara, no bastando la mera afirmación
de vulneraciones constitucionales o alegaciones genéricas en torno a su
concurrencia desvinculadas del proceso invocado como gestión pendiente.
Esta es la razón por la cual ante defectos en la identificación de la preceptiva
impugnada, ausencia de desarrollo de los hechos ventilados en la gestión
sub lite, defectos de coherencia argumentativa, como también ante la
imposibilidad de determinar el objeto de lo requerido, esta Magistratura ha
resuelto inadmitir a tramitación libelos de inaplicabilidad. Pronunciamientos
en tal sentido obran en resoluciones en Roles N°s 1358-09, 6953-19, 7461-
19, y 8486-20, como también recientemente en Roles N°s 16.148-25, 16.161-
25, 16.213-25 y 16.366-25, entre otras;

10°. Que, por lo anterior, un planteamiento confuso y contradictorio
de una pretensión constitucional no satisface los presupuestos mínimos
para iniciar el contradictorio constitucional, conforme a lo dispuesto en el
artículo 80 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura, que exige que el requerimiento contenga una exposición clara
de los hechos y fundamentos en que se apoya y de cómo ellos producen
como resultado la infracción constitucional en aras de activar la
competencia prevista en el artículo 93 inciso primero N° 6 de la Carta.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93, inciso
primero, N° 6, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 79, 80, 82 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:

Que no se acoge a tramitación el requerimiento deducido a fojas
1. Téngase por no presentado para todos los efectos legales.



Notifíquese al requirente. Archívese.

Rol N° 17.183-25-INA.

Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 16/12/2025
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VEINTIUNO


Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Miguel Angel Fernández González
Fecha: 16/12/2025 Fecha: 16/12/2025



Héctor Antonio Mery Romero Alejandra Precht Rorris
Fecha: 16/12/2025 Fecha: 16/12/2025


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández
González, señor Héctor Mery Romero y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 16/12/2025




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