TC Rol 17186

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CIENTO TREINTA Y NUEVE




Santiago, siete de enero de dos mil veintiséis



A fojas 70, a lo principal: téngase presente; al otrosí: téngase por
acompañado.

A fojas 71, a lo principal: téngase presente; al primer otrosí:
téngase por evacuado traslado; al segundo otrosí: téngase presente.

A fojas 78, a lo principal: téngase presente; al primer otrosí:
téngase por acompañado; al segundo otrosí: téngase presente; al tercer
otrosí: como se pide.

A fojas 92, téngase por evacuado traslado.

A fojas 100, a lo principal: téngase presente; al primer otrosí: por
evacuado traslado; al segundo otrosí: téngase presente; al tercer otrosí:
como se pide; al cuarto otrosí: téngase presente; al quinto otrosí:
téngase presente.

A fojas 132, a lo principal: no ha lugar por improcedente sin
perjuicio de tenerse como parte conforme a la certificación de fojas 23; al
primer otrosí: téngase por acompañado; al segundo otrosí, señalado
erróneamente como tercero: téngase presente; al tercer otrosí, señalado
erróneamente como cuarto: téngase presente.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 4 de diciembre de 2025, Joyce Sierra Ocayo y
Yesenia Asparren Martel requieren la declaración de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad de los artículos 275, 276 y 277 del Código Penal y del
artículo 97, N° 9, del Código Tributario, para que ello incida en el proceso
Rit N° 733-2023, Ruc N° 2310006616-5, seguido ante el Juzgado de
Garantía de Arica;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de
esta Magistratura, siendo acogido a trámite con fecha 11 de diciembre
de 2024, según consta a fojas 40;

3°. Que, examinando el requerimiento deducido, esta Sala ha
logrado formarse convicción de que la acción deducida no puede
prosperar, al concurrir la causal de inadmisibilidad prevista en el
numeral 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta


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CIENTO CUARENTA




Magistratura. El requerimiento no cumple con un esencial requisito en
sede de admisibilidad en torno a presentar y argumentar un conflicto
constitucional de forma plausible;

4°. Que, la gestión invocada por las requirentes se sustancia ante
el Juzgado de Garantía de Arica. Exponen que con fecha 3 de febrero de
2023, la sociedad Casino Luckia Arica S.A. interpuso querella criminal en
contra de quienes resulten responsables por los delitos regulados en los
artículos 275, 276 y 277 del Código Penal, alegando que diversos locales
comerciales desarrollaban el negocio de juegos de azar sin la
correspondiente autorización. La querella fue declarada admisible el 6 de
febrero de 2023 y dio inicio al proceso que se invoca como gestión sub
lite.

Agregan que con fecha 20 de septiembre de 2023, en audiencia de
control judicial, el Ministerio Público informó que existía una
investigación desformalizada, fijándose un plazo de 90 días para
formalizar. Con fecha 19 de febrero de 2025 se llevó a cabo audiencia de
formalización respecto de las requirentes por su presunta participación
como autores del delito de explotación ilegal de casas de juego de azar,
previsto en el artículo 277 del Código Penal, en relación con el artículo
276, en grado consumado (fs. 3). Se fijó un plazo de 90 días de
investigación y se decretaron medidas cautelares personales.

Señalan que con fecha 19 de junio de 2025 el Servicio de
Impuestos Internos dedujo querella criminal en contra de las requirentes
por la comisión de los delitos tributarios previstos y sancionados en el
artículo 97 N° 8 y N° 9 del Código Tributario. La querella fue declarada
admisible con fecha 23 de junio de 2025. Precisan que en audiencia de
fecha 14 de agosto de 2025 se formalizó a las requirentes por el delito de
explotación ilegal de casa de juegos de azar y lotería previsto y
sancionado en los artículos 275 y 277 del Código Penal, así como por los
delitos de comercio irregular y comercio clandestino, previstos y
regulados en el artículo 97 N° 8 y N° 9 del Código Tributario, en grado
consumado y en calidad de autoras (fs. 4);

5°. Que, al fundar el conflicto constitucional respecto de las
normas contenidas en el Código Penal y el Código Tributario, arguyen
que los artículos 275, 276 y 277 del Código Penal son leyes penales en
blanco abiertas, en tanto carecen de una descripción específica de la
conducta penal que se sanciona. Sostienen que estas normas son
incompletas, “ya que carecen de ciertos elementos del tipo penal y no


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entregan la labor a ninguna ley para que sean complementadas” (fojas
11).

Añaden que dichas normas se encuentran tácitamente derogadas
por la Ley N° 18.568 del año 1986, que regula la Lotería de Concepción;
por el Decreto N° 152 de 1980 del Ministerio de Hacienda, que fija el
texto refundido de la Ley Orgánica de Polla Chilena de Beneficencia; y
por la Ley N° 19.995 del año 2005, que establece las bases generales
para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego.
Sostienen que el artículo 277 del Código Penal se encuentra derogado
tácitamente por esta última ley "por cuestión de temporalidad" (fojas 12).

Argumentan, además, que la sociedad Casino Luckia Arica S.A.
carece de legitimidad activa para accionar por este tipo de delitos,
señalando que “la Superintendencia de Casinos de Juegos es la única
entidad que puede fiscalizar y accionar judicialmente por alguna
infracción a la Ley N° 19.995” (fojas 13). En tal sentido, indican que “la
exclusividad para querellarse por los delitos de casas de apuesta o
casinos ilegales la tiene la Superintendencia de Casinos de Juego, por lo
que la querella interpuesta por la sociedad Casino Luckia Arica S.A.
carece de legitimidad activa” (fojas 13).

En cuanto al artículo 97 N° 9 del Código Tributario, las requirentes
sostienen que no resulta aplicable al caso concreto, ya que no se ejerce
comercio clandestino. Explican a fojas 9 que “se trata de una errónea
calificación jurídica que desnaturaliza el sentido de la norma tributaria,
aplicándola a contextos que no constituyen delitos tributarios ni
comercio clandestino, sino problemas de calificación administrativa
sobre patentes municipales en un giro que está sujeto un procedimiento
engorroso y a múltiples interpretaciones por parte de las autoridades
administrativas”. Agregan que sus representadas “no han podido
regularizar su patente ante la negativa de la Municipalidad de Arica”
(fojas 14, 15);

6°. Que, las alegaciones desarrolladas por las requirentes para
fundar las solicitudes de inaplicabilidad adolecen de falta de fundamento
plausible o razonable en los términos del artículo 84 N° 6 de la Ley N°
17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal. Si bien se requiere la
declaración de inaplicabilidad en determinados preceptos que detentan
rango legal para que ello incida en una gestión pendiente, las
argumentaciones formuladas no configuran un conflicto de orden
constitucional propio de una acción de inaplicabilidad, sino que plantean


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asuntos de mera legalidad relativos a la interpretación y aplicación de los
preceptos penales y tributarios que sustentan la imputación contra las
requirentes.

En primer lugar, las alegaciones sobre la supuesta derogación
tácita de los artículos 275, 276 y 277 del Código Penal por leyes
posteriores constituyen cuestiones de interpretación legal que
corresponde resolver al tribunal que conoce de la gestión pendiente.
Determinar si una norma se encuentra vigente o ha sido derogada, sea
expresa o tácitamente, es una labor hermenéutica que compete al juez
del fondo en ejercicio de sus atribuciones legales, y no puede ser objeto
de control de constitucionalidad por vía de inaplicabilidad. Lo mismo
ocurre con las alegaciones sobre la temporalidad de las normas y la
relación entre distintos cuerpos legales que regulan materias conexas.

Del mismo modo, la cuestión relativa a la legitimidad activa de la
parte querellante Casino Luckia Arica S.A. constituye un problema de
orden procesal penal que debe ser planteado y resuelto en la gestión
pendiente mediante los mecanismos que la ley procesal establece para
ello. Esta Magistratura no está llamada a pronunciarse sobre la
procedencia o improcedencia de acciones judiciales interpuestas por
particulares, ni sobre la exclusividad o concurrencia de legitimación
activa en materias penales, cuestiones que corresponden al ámbito de la
legalidad y no al control concreto de constitucionalidad;

7°. Que, asimismo, la determinación del sentido y alcance de los
tipos penales contenidos en los artículos 275, 276 y 277 del Código Penal,
así como del artículo 97 N° 9 del Código Tributario, corresponde al
tribunal que conoce de la gestión pendiente. Las alegaciones sostenidas
guardan relación con el sentido y alcance que ha de darse a los
elementos normativos de dichos tipos penales, particularmente en
cuanto a si las conductas imputadas pueden ser subsumidas en las
descripciones legales de “lotería”, “casa de juego de suerte, envite o azar”
o “comercio clandestino”.

A este respecto, debe considerarse que las alegaciones planteadas
en el requerimiento se vinculan con la calificación jurídica que el
Ministerio Público y la parte querellante han efectuado respecto de los
hechos investigados. Determinar si las máquinas de juego operadas en
los locales comerciales constituyen o no “casas de juego” en los términos
del artículo 277 del Código Penal, o si la falta de patente municipal
configura “comercio clandestino” para efectos del artículo 97 N° 9 del


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Código Tributario, son cuestiones interpretativas que deberán ser
resueltas por el juez penal competente mediante la aplicación de las
reglas generales de hermenéutica legal, en relación con los hechos que
sean acreditados en el marco del proceso.

Lo señalado se verifica al constatar que las propias requirentes
reconocen explícitamente que se trata de un problema de calificación
jurídica. Así, a fojas 9, expresan que “se trata de una errónea calificación
jurídica que desnaturaliza el sentido de la norma tributaria”. Esta
afirmación revela que lo que subyace al requerimiento no es un conflicto
constitucional, sino una controversia sobre el sentido y alcance que debe
darse a las normas penales y tributarias impugnadas en relación con los
hechos específicos de la causa. A esta Magistratura Constitucional no
corresponde fijar el alcance de preceptos penales o tributarios, labor a la
cual está llamado el tribunal sustanciador en la gestión judicial invocada,
conforme a reglas generales de interpretación y en relación con los
hechos que sean acreditados en el marco del proceso;

8°. Que, en lo concerniente a la alegación de que los artículos
impugnados constituyen “leyes penales en blanco abiertas”, debe
señalarse que el requerimiento no desarrolla argumentativamente por
qué dichas normas, desde criterios constitucionales, carecerían del
núcleo de la conducta penal que sancionan. Las requirentes se limitan a
afirmar que las normas son incompletas porque no especifican todos los
elementos del tipo penal, pero no explican cómo ello vulnera
concretamente las garantías constitucionales de legalidad y tipicidad en
el caso específico que les afecta.

En este sentido, al tenor del artículo 84 N° 6 de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, corresponde a las
requirentes, como carga procesal, estructurar argumentativamente un
conflicto constitucional en un caso concreto en relación con una
disposición legal cuestionada. No obstante, ello no ocurre en autos, toda
vez que, si bien las actoras afirman la existencia de vulneraciones
constitucionales con motivo de la aplicación de la normativa cuestionada,
aquella argumentación resulta inherentemente vinculada a cuestiones
interpretativas y de calificación jurídica, excediendo ello el objeto propio
de una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

Si bien es factible que una determinada interpretación adoptada
por un tribunal pueda generar efectos inconstitucionales, activándose la
competencia de inaplicabilidad de la ley, esta Magistratura no está


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habilitada para la corrección de errores de calificación jurídica o
interpretativos si, de existir, se han habilitado por el legislador
mecanismos de impugnación de esos actos y resoluciones. En contrario,
aceptar que esos defectos puedan ser subsanados por este Tribunal
transformaría la inaplicabilidad en un recurso procesal y la dotaría de
una naturaleza que no posee de acuerdo con sus requisitos
constitucionales y legales. El control concreto que le corresponde
efectuar en el ámbito de la inaplicabilidad no radica sobre las
calificaciones jurídicas o interpretaciones adoptadas por otros poderes
públicos, sino sobre preceptos legales que puedan resultar contrarios a
la Constitución en su aplicación al caso concreto;

9°. Que, consecuencialmente, el libelo no satisface el estándar de
plausibilidad exigido por la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del
Tribunal Constitucional, y en el artículo 93 inciso undécimo de la
Constitución, en cuanto desarrolla alegaciones que no configuran un
conflicto constitucional, sino controversias interpretativas sobre la
vigencia, alcance y aplicabilidad de preceptos legales, así como
cuestiones de legitimación procesal, todas las cuales corresponde
resolver al tribunal que conoce de la gestión pendiente. El déficit
argumentativo del que adolece el requerimiento impide constatar la
existencia de un conflicto constitucional claro, preciso y detallado de
modo tal que permita la comprensión de la contrariedad a la
Constitución de las normas cuestionadas y con ello los vicios
constitucionales argumentados, careciendo del debido fundamento
plausible para sortear el requisito negativo previsto en el artículo 84 N° 6
de la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura.


Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en
los artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE RESUELVE:

Que se declara inadmisible el requerimiento deducido en lo
principal de fojas 1. Álcese la suspensión decretada en autos.



Notifíquese, comuníquese y archívese.


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Rol N° 17.186-25-INA.




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Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 07/01/2026



Miguel Angel Fernández González
Fecha: 08/01/2026



Alejandra Precht Rorris
Fecha: 07/01/2026


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señor Miguel Ángel Fernández González, señor Héctor Mery Romero y señora
Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 08/01/2026




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