TC Rol 17188

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DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO


Santiago, quince de enero de dos mil veintiséis



A fojas 178, a lo principal: téngase por evacuado traslado; al primer
otrosí: téngase por acompañada; al segundo otrosí: estese a lo que se
resolverá; al tercer otrosí: estese a lo que se resolverá; al cuarto otrosí:
como se pide; al quinto otrosí: téngase presente; al sexto otrosí: téngase
presente.

A fojas 216, a lo principal: téngase presente; al primer otrosí: estese
a lo que se resolverá; al segundo otrosí: estese a lo que se resolverá.

A fojas 226, téngase presente.

A fojas 230 y 233, téngase presente.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, General Motors Financial Chile S.A. acciona de
inaplicabilidad respecto del artículo 51, numeral 10, inciso final, de la Ley
N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los
consumidores, en el proceso Rol C-4018-2024, seguido ante el Décimo
Octavo Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en sustanciación ante la
Corte de Apelaciones de Santiago en Roles N°s C-19.392-2025 y C-20.569-
2025.

2°. Que la señora Presidenta S. del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de
esta Magistratura, admitiéndose a tramitación con fecha 17 de diciembre
de 2025, a fojas 167.

3°. Que, examinando el requerimiento deducido, esta Sala ha
logrado formarse convicción de que la acción deducida no puede
prosperar, al concurrir la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral
6° del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura. El
requerimiento no cumple con un esencial requisito en sede de
admisibilidad en torno a presentar y argumentar de forma plausible un
conflicto constitucional.

4°. Que, la requirente acciona en el marco de un procedimiento
colectivo de protección al consumidor seguido ante el Décimo Octavo
Juzgado Civil de Santiago. Refiere que mediante resolución de fecha 1° de
septiembre de 2025, el tribunal acogió una solicitud del Servicio Nacional
del Consumidor (SERNAC) fundada en el artículo 51 N° 10 inciso final de la
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Ley N° 19.496, ordenándole la entrega de aproximadamente 31.000 sets de
contratos de crédito y sus documentos anexos. Posteriormente, mediante
resolución de 7 de noviembre de 2025, el tribunal impuso como condición
para el cumplimiento de la entrega la digitalización de todos los
documentos requeridos y su acompañamiento en soporte digital,
ampliando el plazo a treinta días hábiles, bajo apercibimiento de tener por
probado lo alegado por el Servicio Nacional del Consumidor respecto del
contenido de tales instrumentos en caso de negativa infundada.

Interpuestos recursos de reposición contra dichas resoluciones,
estos fueron desestimados. A su vez, los recursos de apelación deducidos
fueron concedidos en el solo efecto devolutivo, encontrándose
actualmente en tramitación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de
Santiago bajo los roles C-19.392-2025 y C-20.569-2025, constituyendo la
gestión pendiente en que incide el presente requerimiento.

5°. Que, al fundar el conflicto constitucional, la requirente
argumenta que la aplicación del precepto impugnado vulnera las garantías
de igualdad ante la ley (art. 19 N° 2 CPR), debido proceso (art. 19 N° 3 CPR)
y derecho de propiedad (art. 19 N° 24 CPR). En lo nuclear, sostiene que la
norma impugnada ha sido aplicada para imponerle una carga procesal
materialmente imposible de cumplir dentro del plazo establecido. Agrega
que la diligencia ordenada implica el levantamiento de más de 31.000 sets
de contratos disponibles solo en formato físico (almacenados en 900 cajas
equivalentes a 18 toneladas de papel), su digitalización a un costo
aproximado de $90.000.000 y su entrega en un plazo de treinta días
hábiles, lo que configuraría una vulneración del derecho de defensa al
imponer una carga desproporcionada e inejecutable.

Adicionalmente, afirma que se vulnera la igualdad ante la ley al
establecer cargas procesales asimétricas que exceden la finalidad legítima
de compensar asimetrías probatorias, y que se afecta el derecho de
propiedad al imponerse una obligación cuyo cumplimiento equivaldría a
una expropiación indirecta sin las garantías constitucionales
correspondientes. Finalmente, sostiene que el apercibimiento solicitado
por el SERNAC permitiría tener por probadas no solo alegaciones de hecho,
sino también conclusiones jurídicas, vulnerando la exigencia de un
procedimiento previo legalmente tramitado.

6°. Que, dado lo expuesto, teniendo presente las peticiones
formuladas por la requirente en la gestión pendiente, y los términos en
que se somete el conflicto constitucional al conocimiento y resolución de
esta Magistratura, expresamente delimitado en el requerimiento por las
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argumentaciones y petitoria planteadas por la requirente, es que éste será
declarado inadmisible, al adolecer de falta de fundamento plausible
conforme al artículo 84, numeral 6° de la Ley Orgánica Constitucional de
esta Magistratura.

7°. Que, el análisis que debe efectuar esta Sala en sede de
admisibilidad implica verificar no sólo que se ha cumplido con los
requisitos formales de existencia de gestión pendiente e impugnación de
persona legitimada respecto de un precepto de rango legal, sino también,
que la normativa cuestionada será decisiva para resolver el asunto y que
ello, como un todo, constituye un conflicto constitucional concreto que
amerita su resolución final por el Pleno del Tribunal Constitucional con el
importante eventual efecto de inaplicar una o más normas vigentes en una
concreta gestión judicial. Como fuera resuelto en Rol N° 13.903, c. 12°,
siguiendo lo ya resuelto en Rol N° 8728, c. 13°, “el análisis de la Sala se
efectúa caso a caso, conforme las características y alegaciones que se
formulan no sólo en el libelo de inaplicabilidad, sino que, también, de la
concatenación de éstas con lo que la parte refiere, argumenta y pide en la
gestión pendiente”.

8°. Que, en la especie, la requirente arguye un conflicto
constitucional derivado de la aplicación del artículo 51 N° 10 inciso final de
la Ley N° 19.496, en cuanto el tribunal habría ordenado una diligencia de
exhibición de documentos desproporcionada en su alcance, gravosa en sus
consecuencias económicas e imposible de cumplir en el plazo establecido.
Al tenor del conflicto constitucional pretendido, debe recordarse que la
acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad constituye una forma de
hacer valer la supremacía de la Carta Fundamental mediante el control
represivo de disposiciones de rango legal en un caso concreto. Constituye
de esta manera un instrumento de eliminación o supresión concreta de un
precepto legal y no de reformulación de la normativa aplicable a una
materia, asunto reservado al legislador (Rol N° 14.009-23, c. 18°).

9°. Que, a efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos
de admisibilidad del libelo de fojas 1, debe considerarse primeramente que
el conflicto pretendido debe estructurarse desde los términos concretos en
que obra el tenor literal de la norma impugnada. Desde esa lectura, es
posible verificar que no opera de manera automática ni genera
consecuencias predeterminadas, sino que exige ponderación judicial en
múltiples aspectos, obviando la requirente referirse a los términos
específicos en los cuales ha sido formulada por el legislador. En efecto, el
artículo 51 N° 10 inciso final de la Ley N° 19.496 dispone que los
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proveedores demandados estarán obligados a entregar los instrumentos
que el tribunal ordene “siempre que tales instrumentos obren o deban
obrar en su poder y que tengan relación directa con la cuestión debatida”.
Asimismo, establece que, en caso de negativa, el juez podrá tener por
probado lo alegado por la contraparte solo si estimare infundada la
negativa por haberse aportado pruebas acerca de su existencia o por ser
injustificadas las razones dadas. La norma contempla, entonces, varios
juicios de valor que corresponden al tribunal sustanciador: (i) determinar si
los instrumentos tienen relación directa con la cuestión debatida; (ii)
calificar si la negativa es fundada o infundada; (iii) valorar si las razones
dadas son justificadas o injustificadas; (iv) ponderar la factibilidad,
proporcionalidad y plazo de cumplimiento de la medida; y (v) decidir
discrecionalmente (“podrá”) si aplica o no el apercibimiento.

10°. Que, de lo anterior se deriva que la normativa cuestionada
habilita al juez para la ponderación de las circunstancias del caso concreto.
Y desde tal constatación, en los términos en los cuales ha sido planteado el
requerimiento, no puede estimarse como fundado suficientemente aquel
de conformidad al estándar normativo orgánico constitucional que rige a
esta Magistratura. Ello pues el objeto del requerimiento se constituye
desde un asunto de mera legalidad, llamado a ser resuelto en el marco de
la determinación que compete al tribunal sustanciador.

Al efecto, el libelo no cuestiona el enunciado normativo previamente
identificado, sino la forma en que el tribunal de primera instancia ha
efectuado ponderaciones en torno a la factibilidad, proporcionalidad,
oportunidad, plazo y alcance de la diligencia de exhibición ordenada, así
como las condiciones de su cumplimiento (digitalización de documentos),
como también en relación con las eventuales consecuencias del
apercibimiento asociado. Estas constituyen cuestiones de legalidad cuya
resolución corresponde al tribunal sustanciador, en ejercicio de las
facultades de dirección del proceso y control probatorio que la ley confiere
al juez del fondo, sin que configuren un genuino conflicto constitucional
susceptible de ser resuelto mediante la presente acción. Lo anterior se ve
reforzado desde la lectura de los mecanismos de impugnación deducidos
en la gestión sub lite, lo que confirma que la cuestión planteada
corresponde a un asunto de legalidad que debe ser resuelto por los jueces
del fondo mediante los mecanismos que el ordenamiento contempla, y no
a un conflicto constitucional.

11°. Que, al respecto, la jurisprudencia de esta Magistratura ha
establecido que las garantías del debido proceso se satisfacen otorgando
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la oportunidad de presentar descargos y solicitar pruebas, prerrogativa
que no excluye para el tribunal sustanciador “efectuar el control de
procedencia y necesidad de aquellas diligencias cuya práctica se solicita”
(STC Rol N° 2862-2014, c. 15°). Ello, en cuanto “la prueba es eventual y
dependerá de las circunstancias del caso y la pertinencia de la misma” (STC
Rol N° 2805-2015, c. 39°). En este sentido, lo que la requirente plantea es,
precisamente, una cuestión de proporcionalidad, factibilidad, plazo y
pertinencia de una diligencia probatoria específica, así como del alcance
del apercibimiento asociado, materias que constituyen un ejercicio de
ponderación propio de la legalidad procesal que compete al tribunal
sustanciador y, en su caso, al tribunal de alzada en sede de apelación.

Establecido, entonces, que el control sobre la extensión, alcance,
modalidad, plazo y oportunidad de las diligencias de exhibición de
documentos, así como la graduación de los apercibimientos asociados a su
incumplimiento y la valoración de las circunstancias fácticas que
determinen su factibilidad, constituyen facultades propias de la función
jurisdiccional que no configuran per se un conflicto constitucional, las
alegaciones sobre infracciones al artículo 19 N°s 2, 3 y 24 de la
Constitución se convierten igualmente en un asunto llamado a ser resuelto
por el tribunal sustanciador y, en su caso, por el tribunal de alzada.

12°. Que, a mayor abundamiento, esta Magistratura únicamente
está llamada a resolver sobre las consecuencias inconstitucionales de la
aplicación de un precepto legal, sin que resulte admisible en el marco de
sus prerrogativas sustituir al tribunal sustanciador en la gestión sub lite
para resolver el asunto sometido a su conocimiento. La acción de
inaplicabilidad no es idónea para buscar la enmienda o revocar lo resuelto
por un tribunal en ejercicio de sus competencias para determinar el
sentido y alcance de uno o más preceptos legales, ni para cuestionar la
ponderación judicial de circunstancias fácticas como plazos, costos,
factibilidad o proporcionalidad de medidas probatorias. Como fue resuelto
en causa Rol N° 16.390-25 INA, c. 8°, ésta no busca corregir los eventuales
errores interpretativos o de ponderación que pudiera adoptar el juez del
fondo en la forma en que aplica la ley, propios de la legalidad, en tanto la
ejercida en la presente causa no constituye una instancia para revisar
decisiones judiciales. Un asunto de mera legalidad -como el presentado- ha
de resolverse “en el marco de la legislación vigente por la aplicación que,
previa interpretación, efectúa el juez del fondo, el cual tiene que obrar -en
todo caso- en línea con la Constitución, porque se lo exige el artículo 6° de
la Carta Fundamental” (STC Rol N° 5418-18, c. 33°).
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13°. Que, por lo expuesto, concurre en la especie el numeral 6° del
artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura y así
será declarado. El déficit argumentativo del que adolece no permite
constatar un conflicto constitucional argüido en términos claros, precisos y
detallados de modo tal que permita la comprensión de contrariedad a la
Constitución que significaría la aplicación de la normativa cuestionada. Lo
planteado en el libelo corresponde a cuestiones de legalidad procesal
relativas al ejercicio de las facultades de dirección del proceso, control
probatorio, ponderación de circunstancias fácticas y valoración de
proporcionalidad que competen al tribunal sustanciador y, en su caso, al
tribunal de alzada, sin que se configure un genuino conflicto constitucional
que amerite la intervención de esta Magistratura.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:

Inadmisible el requerimiento deducido a lo principal, de fojas 1.
Álcese la suspensión decretada en autos.



Acordado con el voto en contra del Ministro señor Miguel Ángel
Fernández González, quien estuvo por declarar la admisibilidad del
requerimiento de autos habida consideración de que la preceptiva objeto
de impugnación incide en el asunto ventilado en la gestión sub lite,
encontrándose suficientemente fundado el conflicto constitucional
pretendido desde eventuales vulneraciones al artículo 19 N°s 2, 3 y 24 de la
Carta Fundamental. Al efecto, el libelo de fojas 1 sí cuestiona el enunciado
normativo que contiene el precepto legal impugnado, de cuya aplicación
en la gestión pendiente seguirán consecuencias que debieron ser
valoradas a cabalidad en la sentencia definitiva que debía resolver la
controversia constitucional, tarea que pertenece en esencia al Tribunal
Pleno.



Notifíquese. Archívese.

Rol N° 17.188-25-INA.
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Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Miguel Angel Fernández González
Fecha: 15/01/2026 Fecha: 15/01/2026



Alejandra Precht Rorris
Fecha: 16/01/2026


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández
González y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 16/01/2026




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