TC Rol 17203

Texto completo

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CIENTO TREINTA Y CUATRO




Santiago, quince de enero de dos mil veintiséis



A fojas 41, a lo principal: téngase presente; al primer otrosí:
téngase por evacuado traslado; al segundo otrosí: téngase presente.

A fojas 48, ténganse por acompañadas las piezas remitidas.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 11 de diciembre de 2025, Alexis Abelardo Núñez
Figueroa acciona de inaplicabilidad respecto del artículo 270 del Código
Penal en el proceso penal Rit N° 1250- 2024, Ruc N° 2410008547-6,
seguido ante el Juzgado de Garantía de Rancagua;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de
esta Magistratura, siendo acogido a trámite con fecha 19 de diciembre
de 2025, según consta a fojas 32;

3°. Que, examinando el requerimiento deducido, esta Sala ha
logrado formarse convicción de que la acción deducida no puede
prosperar, al concurrir la causal de inadmisibilidad prevista en el
numeral 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta
Magistratura. El requerimiento no cumple con un requisito esencial en
sede de admisibilidad en torno a presentar y argumentar un conflicto
constitucional de forma plausible;

4°. Que, la gestión invocada por el requirente se sustancia ante el
Juzgado de Garantía de Rancagua, iniciada por querella presentada por
la Ilustre Municipalidad de Rancagua por el delito de rotura intencional
de sellos de clausura, tipificado y sancionado en los artículos 270 y 271
del Código Penal. La querella fue declarada admisible el 20 de febrero de
2024.

Señala que en audiencia realizada con fecha 1 de junio de 2025 se
formalizó la investigación en su contra por su supuesta participación
como autor del delito de rotura de sellos, previsto en los artículos 270 y
271 del Código Penal, en grado consumado, por hechos ocurridos el día
28 de diciembre de 2023. En la audiencia se fijó un plazo de 60 días de
investigación y se decretó como medida cautelar personal firma mensual
en dependencias de Carabineros de la Comisaría de Chicureo.



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Posteriormente, con fecha 8 de octubre de 2025 el Ministerio
Público dedujo requerimiento de procedimiento simplificado por los
mismos hechos, constitutivos del delito de rotura de sellos prescrito y
sancionado en el artículo 270 del Código Penal. Con fecha 5 de
noviembre de 2025 se celebró audiencia de preparación de juicio
simplificado y se fijó fecha para audiencia de juicio simplificado para el
22 de enero de 2026 (fs. 3 y 4);

5°. Que, al fundar el conflicto constitucional respecto de la norma
contenida en el Código Penal, arguye que el artículo 270 del Código
Penal constituye una ley penal en blanco abierta, en tanto carece de una
descripción específica de la conducta penal que se sanciona. Sostiene
que esta norma es incompleta, “ya que carece de ciertos elementos del
tipo penal y no entrega la labor a ninguna ley para que sean
complementadas” (fojas 9).

Añade que dicha disposición sanciona a “los que hubieren roto
intencionalmente los sellos puestos por orden de la autoridad pública”,
sin definir con claridad a qué tipo de sellos se refiere, cuál es la
naturaleza de la autoridad que los impone, ni en qué contextos se
entiende configurado el delito. Asimismo, sostiene que la disposición
carece de una determinación clara del sujeto activo, del verbo rector y
del objeto material del delito (fojas 8 y 9).

Argumenta, además, que en la causa penal en que incide este
requerimiento se le imputa la supuesta rotura de sellos en el marco de
una medida de clausura de carácter administrativo. Sin embargo, alega
que tales sellos no provienen de una resolución judicial ni de un acto
administrativo debidamente fundado y ejecutoriado, sino de una
actuación administrativa de fiscalización que carece de la formalidad
necesaria para configurar una “orden de autoridad” en sentido penal
(fojas 7). Por lo anterior, sostiene que la regulación del artículo 270 del
Código Penal al caso concreto extiende indebidamente el alcance del tipo
penal, sancionando conductas que no poseen el grado de lesividad ni la
tipicidad exigidas por la Constitución (fojas 7).

En cuanto al derecho de propiedad, sostiene que la aplicación del
artículo 270 del Código Penal vulnera el artículo 19 N°24 de la
Constitución Política de la República, toda vez que “la sanción penal se
funda en la rotura de sellos municipales que fueron puestos en virtud de
una clausura administrativa carente de fundamento suficiente” (fojas 13).
Agrega que la Ilustre Municipalidad carece de toda certeza respecto de la


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naturaleza de las máquinas de juegos, puesto que no ha promovido las
actuaciones necesarias para poder determinarlo de manera fehaciente
(fojas 13 y 14). En tal contexto, precisa que “la aplicación de la norma
penal se sustenta en un acto administrativo de validez incierta,
proyectando sus efectos sancionatorios sobre el legítimo ejercicio del
dominio y transformando una cuestión administrativa no resuelta en una
sanción penal” (fojas 14);

6°. Que, las alegaciones desarrolladas por el requirente para
fundar la solicitud de inaplicabilidad adolecen de falta de fundamento
plausible o razonable en los términos del artículo 84 N° 6 de la Ley N°
17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal. Si bien se requiere la
declaración de inaplicabilidad de un precepto que detenta rango legal
para que ello incida en una gestión pendiente, las argumentaciones
formuladas no configuran plausiblemente un conflicto de orden
constitucional propio de una acción de inaplicabilidad. Más bien,
plantean asuntos de mera legalidad relativos a la interpretación y
aplicación del precepto penal que sustenta la imputación en contra del
requirente.

7°. Que, el vicio constitucional denunciado reside esencialmente
en una vulneración del principio de legalidad a propósito del mandato
del constituyente contemplado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución
Política de la República. El cumplimiento de dicho estándar normativo
guarda relación con tres elementos centrales: i) el tipo penal ha de estar
configurado por un enunciado de rango legal que caracterice el
comportamiento; ii) la precisión descriptiva suficiente de una conducta
personal; y iii) la precisión de la sanción correspondiente a la conducta
descrita. Bajo la jurisprudencia constitucional, estos estándares se han
fijado particularmente en relación con las denominadas leyes penales en
blanco (Van Weezel, Alex, Curso de Derecho Penal. Parte General,
Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2023, pp. 80-85).

Ahora bien, corresponde al requirente, a efectos de posibilitar a
esta Magistratura delimitar el conflicto constitucional, estructurar
argumentativamente dicho conflicto en el caso concreto. Así, si se
plantea desde una vulneración al principio de legalidad, debe conectar
necesariamente la vulneración alegada para una situación específica en
torno a los elementos esenciales que constituyen la garantía aludida. No
obstante, ello no ocurre en autos, toda vez que, si bien el actor afirma la
existencia de vulneraciones constitucionales con motivo de la aplicación


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de la normativa cuestionada, aquella argumentación resulta
inherentemente vinculada a cuestiones interpretativas y de calificación
jurídica, excediendo ello el objeto propio de una acción de inaplicabilidad
por inconstitucionalidad;

8°. Que, en efecto, las alegaciones sobre la insuficiencia normativa
del artículo 270 del Código Penal se han planteado como cuestiones de
interpretación legal. Las argumentaciones que plantea la requirente en
torno a los elementos normativos del tipo penal se han estructurado en
torno al cuestionamiento de actuaciones de la autoridad administrativa
fiscalizadora, correspondiendo verificar al tribunal sustanciador si es
posible subsumir en la especie los hechos acreditados bajo el sentido y
alcance del tipo penal en cuestión.

En este sentido, determinar si la actuación administrativa de
fiscalización que dio origen a la clausura y a la colocación de los sellos
requería de una formalidad específica, o si tal actuación constituye
efectivamente una “orden de autoridad” para efectos del artículo 270 del
Código Penal, constituye una cuestión hermenéutica que deberá ser
resueltas por el juez penal competente mediante la aplicación de las
reglas generales de interpretación penal, en relación con los hechos que
sean acreditados en el marco del proceso. Esta Magistratura no está
llamada a pronunciarse sobre la validez o suficiencia de actos
administrativos de fiscalización, ni sobre si tales actos satisfacen los
presupuestos fácticos del tipo penal, cuestiones que corresponden al
ámbito de la legalidad y no al control concreto de constitucionalidad;

9°. Que, lo señalado se verifica al constatar que el propio
requirente reconoce que se trata de un problema de interpretación del
tipo penal. A fojas 7 expresa que “la regulación del artículo 270 del
Código Penal al caso concreto extiende indebidamente el alcance del tipo
penal”. Esta afirmación revela que lo que subyace al requerimiento es
una controversia sobre el sentido y alcance que debe darse a la norma
penal impugnada en relación con los hechos específicos de la causa,
razón por la cual no permite configurar un conflicto constitucional propio
de la prerrogativa contemplada en el artículo 93 N° 6 de la Carta
Fundamental;

10°. Que, por lo demás, si bien es factible que una determinada
interpretación adoptada por un tribunal pueda generar efectos
inconstitucionales, activándose la competencia de inaplicabilidad de la
ley, esta Magistratura no está habilitada para la corrección de errores de


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calificación jurídica o interpretativos si, de existir, se han habilitado por el
legislador mecanismos de impugnación de esos actos y resoluciones. En
contrario, aceptar que esos defectos puedan ser subsanados por este
Tribunal transformaría la inaplicabilidad en un recurso procesal y la
dotaría de una naturaleza que no posee de acuerdo con sus requisitos
constitucionales y legales. El control concreto que le corresponde
efectuar en el ámbito de la inaplicabilidad no radica sobre las
calificaciones jurídicas o interpretaciones adoptadas por otros poderes
públicos, sino sobre preceptos legales que puedan resultar contrarios a
la Constitución en su aplicación al caso concreto;

11°. Que, en cuanto a la alegación relativa a la vulneración del
derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 de la
Constitución Política de la República, debe señalarse que dicha alegación
se encuentra indisolublemente conectada a las cuestiones
interpretativas ya referidas. El requirente sostiene que la aplicación del
artículo 270 del Código Penal vulnera el derecho de propiedad porque “la
sanción penal se funda en la rotura de sellos municipales que fueron
puestos en virtud de una clausura administrativa carente de fundamento
suficiente” (fojas 13).

En consecuencia, la alegación de vulneración del derecho de
propiedad no configura un conflicto constitucional autónomo, sino que
constituye una derivación de las controversias interpretativas sobre la
validez del acto administrativo de clausura y sobre el alcance del tipo
penal del artículo 270 del Código Penal, todas las cuales corresponde
resolver al tribunal que conoce de la gestión pendiente mediante los
mecanismos que la ley procesal establece para ello;

12°. Que, consecuencialmente, el libelo no satisface el estándar de
plausibilidad exigido por la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del
Tribunal Constitucional, y en el artículo 93 inciso undécimo de la
Constitución, en cuanto desarrolla alegaciones que no configuran un
conflicto constitucional, sino controversias interpretativas sobre el
alcance y aplicabilidad de un precepto legal, todas las cuales
corresponde resolver al tribunal que conoce de la gestión pendiente. El
déficit argumentativo del que adolece el requerimiento impide constatar
la existencia de un conflicto constitucional claro, preciso y detallado de
modo tal que permita la comprensión de la contrariedad a la
Constitución de la norma cuestionada y con ello los vicios
constitucionales argumentados, careciendo del debido fundamento


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plausible para sortear el requisito negativo previsto en el artículo 84 N° 6
de la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura.


Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en
los artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE RESUELVE:

Que se declara inadmisible el requerimiento deducido en lo
principal de fojas 1. Álcese la suspensión decretada en autos.



La Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS previene que concurre al
razonamiento para declarar inadmisible el requerimiento deducido a
fojas 1 en virtud del artículo 84 Nº6 de la Ley Orgánica Constitucional de
esta Magistratura, sin compartir lo señalado en los considerandos 6º y
10º.



Notifíquese, comuníquese y archívese.

Rol N° 17.203-25-INA.




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María Pía Silva Gallinato
Fecha: 15/01/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 15/01/2026 Fecha: 15/01/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 15/01/2026 Fecha: 15/01/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 16/01/2026




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