TC Rol 17212

Texto completo

0000346
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS



Santiago, seis de febrero de dos mil veintiséis.



A fojas 116, ténganse por acompañados los antecedentes
remitidos.

A fojas 331, a lo principal, téngase por evacuado el traslado; al
primer otrosí, estese a lo que se resolverá; al segundo y tercer otrosíes,
téngase presente.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, a fojas 1, con fecha 16 de diciembre de 2025, Lorena
Elizabeth Monroy De Rodt acciona de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del artículo 3 A incisos tercero y cuarto de
la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y del
artículo 26 letra b) del Reglamento de Personal Parlamentario, para que
ello incida en el proceso Rit T-697-2024, Ruc 24-4-0610280-3, seguido
ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
la cuenta del requerimiento ante la Segunda Sala, acogiéndolo a
tramitación por resolución de 6 de enero de 2026, a fojas 107. En dicha
oportunidad se confirió traslado a las demás partes de la gestión
invocada para examinar el cumplimiento de sus requisitos de
admisibilidad;

3°. Que, precluido lo anterior, y examinado el requerimiento en
conjunto con todos sus antecedentes fundantes, se tiene la
configuración de la causal prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la
Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, en
tanto carece de fundamento plausible o razonable;

4°. Que, la requirente expone que fue despedida el 15 de julio de
2024 por la H. Cámara de Diputadas y Diputados, invocándose la causal
de “pérdida de confianza” contemplada en el artículo 3-A de la Ley N°
18.918. Indica que no recibió carta de despido con indicación de los
hechos que fundamentaran dicha causal, pese a haberla solicitado.
Luego, y junto con relatar una serie de situaciones ocurridas con
anterioridad, expone que dedujo demanda de tutela laboral por




1
0000347
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE



vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido y,
subsidiariamente, demanda por despido injustificado;

5°. Que, al fundar la cuestión de inaplicabilidad respecto de la
norma contenida en incisos del artículo 3-A de la Ley N° 18.918,
argumenta que su aplicación vulnera el artículo 19 N° 3 de la
Constitución (derecho a defensa y debido proceso), el artículo 19 N° 2
(igualdad ante la ley), el artículo 1° (dignidad de la persona humana) y el
artículo 19 N° 26 (reserva legal). Argumenta que la norma impugnada
permite que el empleador despida sin indicar hechos concretos,
señalando que “para fundar la causal no será necesario señalar los
hechos en que esta se fundamenta, bastando la simple manifestación
de pérdida de confianza”. Agrega que esto impide el ejercicio efectivo
del derecho a defensa, priva al trabajador de toda información sobre las
imputaciones que originan la ruptura del vínculo laboral, y hace ilusoria
la tutela judicial efectiva al no existir hechos concretos a los cuales
oponerse;

6°. Que, adicionalmente, sostiene que el reglamento que
desarrolla la norma legal excede el ámbito de lo permitido
constitucionalmente, invadiendo la reserva legal en materia de
afectación de derechos fundamentales, y que la norma genera
arbitrariedad incompatible con el principio de dignidad humana al
transformar el despido en un acto inmune al control judicial;

7°. Que, dado lo expuesto, teniendo presente las peticiones
formuladas y los términos en que se somete el conflicto al conocimiento
y resolución de esta Magistratura, expresamente delimitado en el
requerimiento por las argumentaciones y petitoria de la actora, es que
debe ser declarado inadmisible al carecer de fundamento plausible o
razonable;

8°. Que, la especial naturaleza jurídica de la acción de
inaplicabilidad establecida en la Constitución la configura como un
instrumento de eliminación o supresión concreta de uno o más
preceptos legales y no de reformulación de la normativa aplicable a una
materia como la que ocurre en la gestión invocada. Unido a lo anterior,
y considerando el carácter concreto de control constitucional de la ley,
las alegaciones de la parte requirente deben ser analizadas con relación
a las peticiones y argumentaciones entregadas en la gestión pendiente
con que se vincula el requerimiento presentado, lo que es expresión de




2
0000348
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO



la naturaleza jurídica de una acción de control concreto de
constitucionalidad de la ley (Rol N° 12.281-21, c. 7°);

9°. Que, según se desprende de los antecedentes expuestos en el
requerimiento, la gestión corresponde a un juicio de tutela laboral por
vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido y,
subsidiariamente, demanda por despido injustificado. El conflicto de
fondo radica en determinar si la desvinculación de la requirente,
comunicada invocando la causal de “pérdida de confianza” sin indicación
de hechos concretos, según anota, constituye o no una vulneración de
sus derechos fundamentales, particularmente del derecho a defensa, y
si resulta ajustado a derecho conforme a las normas laborales
aplicables;

10°. Que, desde lo argumentado no es posible fundar
plausiblemente un proceso de inaplicabilidad. Esta acción constitucional
no es idónea para buscar la enmienda o revocar lo que será resuelto por
el tribunal laboral en ejercicio de sus competencias para determinar el
sentido y alcance de los preceptos legales aplicables al caso. Como fue
resuelto en causa Rol N° 16.390, ésta no busca corregir los eventuales
errores interpretativos que pudiera adoptar el juez del fondo en la
forma en que aplica la ley, propios de la legalidad, en tanto la ejercida
en la presente causa no constituye una instancia para revisar decisiones
judiciales. Un asunto de mera legalidad —como el presentado— ha de
resolverse “en el marco de la legislación vigente por la aplicación que,
previa interpretación, efectúa el juez del fondo, el cual tiene que obrar
—en todo caso— en línea con la Constitución, porque se lo exige el
artículo 6° de la Carta Fundamental” (STC Rol N° 5418-18, c. 33°);

11°. Que, si bien, lo ha razonado la STC Rol N° 15.066-24, c. 21°, es
factible que una determinada interpretación adoptada por un tribunal
pueda generar efectos inconstitucionales, activándose la competencia
de inaplicabilidad de la ley, esta Magistratura no está habilitada para la
corrección de errores interpretativos si, de existir, se han habilitado por
el legislador mecanismos de impugnación de esos actos y resoluciones.
En contrario, aceptar que esos defectos puedan ser subsanados por
este Tribunal transformaría la inaplicabilidad en un recurso procesal y la
dotaría de una naturaleza que no posee de acuerdo con sus requisitos
constitucionales y legales. El control concreto que le corresponde
efectuar en el ámbito de la inaplicabilidad no radica sobre actuaciones
de otros poderes públicos, sino sobre preceptos legales que puedan




3
0000349
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE



resultar derecho aplicable en la resolución de una concreta gestión,
siendo en definitiva un control de carácter normativo;

12°. Que, el conflicto planteado no se origina en la eventual
aplicación inconstitucional del precepto impugnado, sino en la
interpretación y alcance que debe darse al artículo 3-A de la Ley N°
18.918 en cuanto a si dicha norma permite o exige la indicación de
hechos concretos al momento de comunicar un despido fundado en la
causal de pérdida de confianza y, luego, en el desarrollo que alcanza la
preceptiva de tipo reglamentario que la especifica, ya declarada
inadmisible por esta Sala;

13°. Que, con todo, esa determinación corresponde al ámbito de
interpretación y aplicación que es propio del tribunal laboral que conoce
de la gestión pendiente. El Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso
ponderará, en el marco de la tutela laboral deducida, si la aplicación de
la norma en la forma pretendida por la demandada resulta compatible
con las garantías constitucionales invocadas por la requirente;

14°. Que, en tal mérito, la alegación del requerimiento presentado
ante este Tribunal se desenvuelve en cuestiones de interpretación legal
que son ajenas al control de constitucionalidad que ejerce a través de la
acción de inaplicabilidad. Lo que se solicita, en definitiva, es que este
Tribunal determine la interpretación que estima adecuada del artículo 3-
A de la Ley N° 18.918, cuestión que excede la naturaleza del control
concreto de inaplicabilidad y que corresponde ser resuelta por el juez
del fondo en el marco de sus atribuciones jurisdiccionales;

15°. Que, por todo lo expuesto, el requerimiento de autos carece
de debido fundamento plausible para sortear el requisito que ha
previsto el legislador orgánico constitucional de la Ley N° 17.997, en su
artículo 84 N° 6, presentando un conflicto que, más bien, debe ser
resuelto por la judicatura laboral competente, y así será declarado.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en
los artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:




4
0000350
TRESCIENTOS CINCUENTA




Inadmisible el requerimiento deducido a lo principal de fojas 1.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.212-25-INA.




5
0000351
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO




Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 06/02/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 06/02/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario (S) del Tribunal Constitucional.


José Francisco Leyton Jiménez
Fecha: 06/02/2026




820B15DA-E7CC-4698-AF96-BEDB9D1AD4FE
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su
validez puede ser consultada en www.tribunalconstitucional.cl con el
código de verificación indicado bajo el código de barras.