TC Rol 17213

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TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE



Santiago, veintisiete de enero de dos mil veintiséis.



A fojas 52, a lo principal, téngase como parte; al primer otrosí, téngase
por evacuado el traslado; al segundo, tercer y cuarto otrosíes, téngase
presente. Como se pide a la forma de notificación solicitada.

A fojas 68, ténganse por acompañados los antecedentes remitidos.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con echa 16 de diciembre de 2025, Áridos MADESAL SpA
deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto
del artículo 41, N° 3, parte final, en la frase “o desde pozos lastreros
ubicados en inmuebles de propiedad particular”, del D.L. N° 3063, de 1979,
Ley de Rentas Municipales, cuyo texto refundido y sistematizado fue fijado
por el Decreto N° 2385, de 1996, del Ministerio del Interior, para que ello
incida en el proceso Rol N° 76-2025 (Contencioso Administrativo), seguido
ante la Corte de Apelaciones de Concepción;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó la
cuenta del requerimiento ante la Segunda Sala, acogiéndolo a tramitación
por resolución de 22 de diciembre de 2025, a fojas 44, confiriéndose traslado
a las demás partes de la gestión ;

3°. Que, indica la requirente que la I. Municipalidad de Penco dictó la
Ordenanza Municipal N° 02/2024 que regula el cobro de derechos
municipales por la extracción, procesamiento, comercialización y transporte
de áridos en la comuna de Penco, estableciendo un cobro de 0,04 UTM por
metro cúbico de árido extraído. Posteriormente, el Decreto Alcaldicio N° 159,
de marzo de 2025, rechazó el reclamo administrativo deducido por la
requirente. Ante dicho acto administrativo ejerció reclamo de ilegalidad
municipal ante la Corte de Apelaciones de Concepción, recurso que
constituye la gestión pendiente vinculada al requerimiento de
inaplicabilidad;

4°. Que, indica que el acto administrativo impugnado en sede de
reclamo de ilegalidad es arbitrario e ilegal, vulnerando las garantías de
igualdad ante la ley, el debido proceso, la legalidad tributaria y la protección
a la propiedad. Explica que el artículo 41 N° 3 parte final de la Ley de Rentas
Municipales autoriza el cobro de derechos municipales por “extracción de



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arena, ripio u otros materiales (…) desde pozos lastreros ubicados en inmuebles
de propiedad particular”.

Luego, argumenta que la Municipalidad ha aplicado esta norma para
establecer un cobro que, en realidad, constituye un tributo sin
contraprestación municipal, toda vez que la extracción se realiza en un
predio privado del cual la requirente posee el derecho de usufructo, sin que
exista servicio, permiso o concesión municipal que justifique el cobro.
Sostiene que esto configura una expropiación encubierta sin ley que la
autorice y un tributo establecido sin cumplir los requisitos constitucionales
de legalidad tributaria;

5°. Que, el impugnado artículo 41 N° 3 del DL N° 3.063, sobre Rentas
Municipales, en su parte final establece que las municipalidades están
facultadas para cobrar derechos por “extracción de arena, ripio u otros
materiales, de bienes nacionales de uso público, o desde pozos lastreros
ubicados en inmuebles de propiedad particular”;

6°. Que, dado lo expuesto, lo cuestionado a través del requerimiento
deducido no es una o varias normas legales que puedan resultar contrarias
a la Constitución por su eventual aplicación en una gestión pendiente, sino
que, por el contrario, el sentido y alcance que se le ha otorgado al precepto
legal al dictarse un acto administrativo —la Ordenanza Municipal N° 02/2024
y el Decreto Alcaldicio N° 159—, actos respecto de los cuales el
ordenamiento jurídico franquea la impugnación que ha sostenido ante la
Corte de Apelaciones de Concepción mediante el reclamo de ilegalidad
municipal;

7°. Que, por ello, en el requerimiento de inaplicabilidad se tiene la
configuración de la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 84 N° 6,
de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal. De lo
razonado respecto del carácter contrario a la Constitución que, alega la
requirente, implica la aplicación de la norma cuestionada en la gestión
pendiente y, principalmente, del texto del reclamo de ilegalidad presentado,
se tiene que es el demérito que los actos administrativos le provocan a la
parte lo que funda su requerimiento de inaplicabilidad, cuestión que ha de
ser resuelta por la judicatura correspondiente en el ámbito de su
competencia (Roles N°s 8433, c. 8°; 9035, c. 7°).

Lo anterior surge de la lectura del requerimiento, en que se enuncian
diversos conflictos de constitucionalidad en que habría incurrido la
Municipalidad, análogos a los presentados al conocimiento y resolución de
la Corte de Apelaciones de Concepción en el reclamo de ilegalidad, por lo



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que no es competente esta Magistratura para conocer lo alegado en torno al
demérito provocado por los actos administrativos que cuestiona;

8°. Que, la jurisprudencia de este Tribunal ha razonado en estos
términos, fallando que es resorte de los jueces de la instancia remediar los
errores que pudieran generarse en la aplicación de la ley al caso concreto.
En STC Rol N° 2292, c. 2°, siguiendo lo originalmente razonado en STC Rol N°
794, estimó “[q]ue, por otra parte, cabe prevenir que es distinto cuando una
inconstitucionalidad resulta como consecuencia de aplicar la ley. Porque,
mientras toca a los jueces del fondo corregir y remediar el eventual error
cometido al aplicar cierta disposición legal durante alguna gestión judicial,
aunque ello traiga aparejada alguna consecuencia inconstitucional; en cambio,
es de resorte exclusivo de este Tribunal, conforme al artículo 93, inciso primero,
N° 6, de la Carta Fundamental, declarar inaplicable un precepto legal cuya
aplicación resulte o emerja contraria a la Constitución”;

9°. Que, por todo lo expuesto, el requerimiento de autos adolece de
falta de debido fundamento plausible para sortear el requisito que ha
previsto el legislador orgánico constitucional de la Ley N° 17.997, en su
artículo 84 N° 6, presentando un conflicto que, más bien, debe ser resuelto
por la judicatura competente, y así será declarado.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93 inciso
primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 5 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:



Inadmisible el requerimiento deducido a lo principal de fojas 1.
Álcese la suspensión del procedimiento decretada en autos.



Acordada con el voto en contra de los Ministros de la Ministra
señora Marcela Peredo Rojas y del Ministro señor Mario Gómez
Montoya, quienes estimaron la admisibilidad del requerimiento al no
confluir ninguna de las causales previstas en el artículo 84 de la Ley N°
17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, considerando
que se desarrolla un conflicto constitucional que amerita su conocimiento y
resolución por el Pleno de este Tribunal.


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Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.213-25-INA




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María Pía Silva Gallinato
Fecha: 27/01/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 27/01/2026 Fecha: 27/01/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 27/01/2026 Fecha: 27/01/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 28/01/2026




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