TC Rol 1722

Texto completo

0YUV32
Treinta y dos

Santiago, ocho de Junio de dos mil diez.

Proveyendo la presentación de la parte requirente de

fojas 30: a sus antecedentes.
VISTOS Y CONSIDERANDO:

1%. Que, con fecha 6 de mayo de 2010, el abogado José
Gustavo Videla Tobar, en representación de don Guillermo
Aguilar Norambuena ha requerido a esta Magistratura
Constitucional para que declare la inaplicabilidad por
inconstitucionalidad del artículo 125 de la Ley N”* 18.834,
Estatuto Administrativo, en relación con los autos sobre
recurso de protección caratulados “Aguilar con Servicio de
Salud del Maule” de los cuáles conoce la Corte Suprema bajo

el Rol N* 1591-2010;

2%. Que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo
93, inciso primero, N* 6%, de la Constitución Política, es
atribución de este Tribunal: “Resolver, por la mayoría de sus
miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto
legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante
un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la

Constitución.”

A «su turno, el inciso decimoprimero del mismo
precepto señala: “En el caso del N* 6%, la cuestión podrá ser
planteada por cualquiera de las partes o por el juez que
conoce del asunto. Corresponderá a cualquiera de las salas
del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad
de la cuestión siempre que verifique la existencia de una

gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial, que

la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar

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Feeinla y) lres

decisivo en la resolución de un asunto, que la impugnación
esté fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos
que establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá
resolver la suspensión del procedimiento en que se ha
originado la acción de inaplicabilidad por

inconstitucionalidad”;

32. Que la normativa constitucional aludida
precedentemente se complementa con la que se contiene en la
Ley N? 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, la cual razona en el sentido de que el
pronunciamiento sobre la admisibilidad establecido por la Ley
Fundamental exige, previamente, resolver sobre la admisión a
trámite del requerimiento. Así, el inciso primero del
artículo 47 D de dicho texto legal establece que: “Para ser
acogido a tramitación, el requerimiento deberá cumplir con
las exigencias señaladas en los artículos 47 A y 47 B. En
caso contrario, por resolución fundada que se dictará en el
plazo de tres días, contado desde que se dé cuenta del mismo,
no será acogido a tramitación y se tendrá por no presentado,

para todos los efectos legales”.

Por su parte, los artículos 47 A y 47 B del mismo

cuerpo legal establecen:

“Artículo 47 A.- En el caso del número 6” del
artículo 93 de la Constitución Política, es órgano legitimado
el juez que conoce de una gestión pendiente en que deba
aplicarse el precepto legal impugnado, y son personas

legitimadas las partes en dicha gestión.

000034
Abeir Ta y cualio

Si la cuestión es promovida por una parte ejerciendo
la acción de inaplicabilidad, se deberá acompañar un
certificado expedido por el tribunal que conoce de la gestión
judicial, en que conste la existencia de ésta, el estado en
que se encuentra, la calidad de parte del requirente y el

nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados.

Si la cuestión es promovida por el tribunal que
conoce de la gestión pendiente, el requerimiento deberá
formularse por oficio y acompañarse de una copia de las
piezas principales del respectivo expediente, indicando el

nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados.

El tribunal deberá dejar constancia en el expediente
de haber recurrido ante el Tribunal Constitucional y

notificará de ello a las partes del proceso”.

“Artículo 47 B.- El requerimiento de
inaplicabilidad, sea promovido por el juez que conoce de la
gestión pendiente o por una de las partes, deberá contener
una exposición clara de los hechos y fundamentos en que se
apoya y de cómo ellos producen como resultado la infracción
constitucional. Deberá indicar, asimismo, el o los vicios de
inconstitucionalidad que se aducen, con indicación precisa de

las normas constitucionales que se estiman transgredidas”;

4%. Que por resolución de 18 de mayo de 2010, no se
admitió a tramitación el requerimiento interpuesto, en
atención a que el certificado exigido por el artículo 47 A de
la Ley N”* 17.997 no cumplía con los requisitos contemplados

en dicho precepto legal;

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Frejn la y cinco

5%. Que por presentación de 25 de mayo del presente año,
el actor acompañó un nuevo certificado expedido por la
Prosecretaria Interina de la Corte Suprema. Sin embargo, no
se subsana en la forma debida los defectos de que adolecía el
primitivamente adjuntado, puesto que no se indica el
domicilio de los representantes de la parte recurrida en la
gestión en que incide la acción constitucional deducida ante
esta Magistratura, como lo dispone el precepto legal antes

mencionado;

6. Que, por otra parte, la forma en que las
disposiciones que se objetan contravienen la Carta
Fundamental en su aplicación al Caso concreto debe ser
expuesta circunstanciadamente. La explicación de la manera en
que se produce la contradicción entre las normas, sustentada
adecuada y logicamente, constituye la base indispensable de

la acción interpuesta;

7%. Que en el requerimiento deducido no se plantea con
precisión e inteligibilidad suficientes como las normas que
se impugnan violan la Carta Fundamental, omitiéndose fundar
cabalmente los vicios de constitucionalidad que sustentan el

libelo;

8. Que, por último, en la parte petitoria del
requerimiento se indica que se interpone una "acción de
inconstitucionalidad” respecto de la norma que se impugna y
se solicita, además, declarar “que la destitución del Sr.
Aguilar es inaplicable por resultar contraria a la
Constitución, siendo en consecuencia improcedente la sanción

de destitución dictada” en su contra, lo que no se aviene con

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Íreinta y seis

la naturaleza de una acción de inaplicabilidad como la
interpuesta ante esta Magistratura, en conformidad con lo que
dispone el artículo 93, inciso primero, N” 6%, e inciso

decimoprimero de la Constitución Política.

92. Que de lo que se termina de exponer se concluye que
el requerimiento deducido tampoco cumple con las exigencias
contempladas en el artículo 47 B de la Ley N?* 17.997,

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículo 6%, 7?
y 93, inciso primero, N”* 6%, e inciso decimoprimero de la
Constitución Política de la República, y en los artículos 47

A, 47 B y 47 D de la Ley N* 17.997,
SE DECLARA:

Que no se admite a tramitación el requerimiento deducido
en lo principal de fojas uno, teniéndoselo así por no

presentado, para todos los efectos legales.

Se previene que el Ministro señor Mario Fernández Baeza
concurre a esta resolución basado sólo en su considerando

quinto.

Notifíquese presente resolución carta

certificada.
ROL 1.722-2010-INA.
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rio,

000037
Frermli y siete

Se certifica que el Ministro señor Hernán Vodanovic Schnake
concurrió a la presente resolución pero no firma por

encontrarse haciendo uso de feriado.

Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal
Constitucional, integrada por su Presidente, Ministro señor
Marcelo Venegas Palacios, y por los Ministros señores Hernán
Vodanovic Schnake, Mario Fernández Baeza, Enrique Navarro

Beltrán y Francisco Fernández Fredes. Autoriza la Secretaria

di

del Tribunal, señora Marta de la Fuente Olguín.