TC Rol 17222

Texto completo

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CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS




Santiago, veinte de enero de dos mil veintiséis.

A fojas 425, a lo principal, téngase por evacuado el traslado; al
primer otrosí, téngase por acompañado; al segundo y tercer otrosí,
téngase presente; al cuarto otrosí, como se pide a la forma de notificación
solicitada.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 18 de diciembre de 2025, la Comunidad
Magdalena María Consuelo Rojas Durán Sociedad Inmobiliaria E.I.R.L.
deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del artículo 465, inciso primero, del Código de Procedimiento
Civil, para que ello incida en el proceso Rol C-454-2022, seguido ante el
Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Viña del Mar; Rol N° 127-2024
(Civil) de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en conocimiento de la
Corte Suprema, por recurso de casación en el fondo, bajo el Rol N° 43130-
2025;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó que
se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de esta
Magistratura, el que fue acogido a trámite con fecha 24 de diciembre de
2025 a fojas 418. En dicha oportunidad, se confirió traslado a las demás
partes de la gestión invocada para su pronunciamiento en torno al
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad;

3°. Que, precluido lo anterior, y luego de examinar el libelo y sus
argumentaciones para fundar un conflicto concreto de constitucionalidad
de la ley en la gestión indicada, esta Sala ha logrado formarse convicción
en cuanto a que la acción constitucional deducida no puede prosperar, por
lo que ella será declarada inadmisible, al concurrir en la especie la causal
de inadmisibilidad prevista en el numeral 6°, del artículo 84, de la Ley
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, esto es, adolecer de falta de
fundamento plausible o razonable;

4°. Que, la parte requirente explica que el Banco Scotiabank
presentó demanda ejecutiva de desposeimiento de la finca hipotecada en
su contra ante el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Viña del Mar con
fecha 13 de enero de 2023, por el no pago de cinco pagarés suscritos por la
sociedad Construcción, Limpieza Industrial y Transporte Ingeleb Limitada,
y por Daniel Ricardo Lebuy Sepúlveda, quien por escritura pública de
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CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES




Mutuo e Hipoteca de fecha 11 de diciembre del año 2015, constituyó
hipoteca con cláusula de garantía general en favor del Banco. Luego, el
señor Lebuy por escritura pública de compraventa de fecha 17 de
noviembre del año 2015 y por escritura pública de rectificación de fecha 19
de abril del año 2016, vendió, cedió y transfirió el inmueble hipotecado a la
requirente.

Por otra parte, señala que la sociedad deudora Construcción,
Limpieza Industrial y Transporte Ingeleb Limitada interpuso demanda de
prescripción extintiva respecto de los cinco pagarés, la que fue acogida
por el Primer Juzgado Civil de Viña del Mar, en causa rol C-5293-2023, con
fecha 25 de marzo de 2025, es decir, dicha sentencia es posterior al
ingreso de la demanda ejecutiva de desposeimiento de la finca
hipotecada, por lo que, alega que le fue imposible interponer excepción de
prescripción en la oportunidad legal que tenía para hacerlo, es decir,
dentro del término de emplazamiento en primera instancia.

En consecuencia, en el referido juicio de desposeimiento, sólo
opuso las excepciones del numeral 4 y 7, del artículo 464, del Código de
Procedimiento Civil, las que fueron rechazadas por el tribunal con fecha 06
de diciembre de 2023.

En contra de la mentada resolución la actora interpone recurso de
casación en la forma y en forma conjunta, recurso de apelación para ante
la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Refiere que en segunda instancia, deduce la excepción anómala de
prescripción extintiva de la acción ejecutiva. Sin embargo, la Corte de
Apelaciones de Valparaíso rechazó la casación y confirmó lo resuelto por el
tribunal de instancia. Y, respecto de la excepción de prescripción, ésta no
fue acogida, atendido a que “la oportunidad procesal para oponer
excepciones se encuentra limitado, no siendo procedente oponer la excepción
de prescripción en esta instancia”.

Frente a dicha decisión, interpuso recurso de casación en el fondo
ante la Corte Suprema, tribunal que con fecha 23 de diciembre del 2025,
rechazó el referido recurso, encontrándose pendiente un recurso de
reposición en contra de dicha resolución;

5°. Que, al fundar el conflicto concreto de constitucionalidad para
requerir la declaración de inaplicabilidad del artículo 465, inciso primero,
del Código de Procedimiento Civil afirma que su aplicación en la gestión
pendiente infringe el debido proceso y la tutela judicial efectiva, garantías
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CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO




consagradas en el artículo 19, N° 3, de la Constitución Política, pues la
restricción formal que realiza el artículo impugnado, impide que se acoja
la excepción de prescripción extintiva de la acción ejecutiva en segunda
instancia, vulnerando directamente la garantía de un proceso racional y
justo, ya que “no dependió de esta defensa la oportunidad en la cual se hizo
valer esta excepción, sino que, luego de una serie de procesos judiciales, arribó
a nuestro poder la sentencia firme y ejecutoriada de los 5 pagarés que fundan
toda la demanda ejecutiva que se ventilan en los tribunales ordinarios de
justicia” (fojas 11 y 12);

6°. Que, en sede de admisibilidad, y siguiendo lo razonado en
resolución de inadmisibilidad en causa Rol N° 14.479, c. 7°, “la exigencia
constitucional y legal de fundamento plausible o razonable implica verificar
por la Sala respectiva que se está en presencia de un conflicto constitucional
para iniciar un contradictorio en esta sede por la vía de una acción de
inaplicabilidad. Éste debe vincularse con una gestión pendiente en que la
pérdida de vigencia concreta de una disposición legal debe ser la única forma
de hacer valer, en ese especial y concreto caso, la supremacía constitucional.
Por ello, las alegaciones de quien acciona ante este Tribunal deben ser
analizadas en relación con las peticiones y argumentaciones entregadas en la
gestión pendiente con que se vincula el requerimiento presentado y expresa la
naturaleza jurídica de una acción de control concreto de constitucionalidad de
la ley (en igual sentido, resolución de inadmisibilidad en causa Rol N° 12.281-
21, c. 7°)”;

7°. Que, en la especie no se tiene el desarrollo de un conflicto
constitucional en que esta Magistratura pueda resultar competente para
un pronunciamiento de fondo, por cuanto, teniendo en consideración las
características del caso concreto, no existen argumentos que permitan
comprender cómo se afecta la garantía del debido proceso y el derecho a
defensa, pues la actora no solo se opuso oportunamente a la ejecución a
través de las excepciones de los numerales 4 y 7, del artículo 464, del
Código de Procedimiento Civil, sino que, además, dedujo todos los
recursos procesales que franquea la ley para obtener una decisión
favorable a sus intereses, encontrándose, incluso, un recurso de
reposición pendiente en contra de la decisión de la Corte Suprema que
rechazó el recurso de casación en el fondo;

8°. Que, en cuanto a la excepción de prescripción de la acción
ejecutiva, la propia actora reconoce que no la opuso en la etapa procesal
correspondiente, argumentando que le fue imposible, atendido a que con
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CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO




posterioridad al juicio de desposeimiento en su contra, tomó
conocimiento de la sentencia del Primer Juzgado Civil de Viña del Mar que
acogió la demanda de prescripción de la acción ejecutiva intentada por la
sociedad deudora “Construcción, Limpieza Industrial y Transporte Ingeleb
Limitada” respecto de los cinco pagarés, por lo que solo pudo oponerla
como anómala en segunda instancia.

Al respecto, si bien resulta posible sostener que al momento de ser
opuestas las excepciones contempladas en el artículo 464, N°s. 4 y 7, del
Código del ramo, no se había configurado la prescripción de los pagarés,
al tratarse de una prescripción sobreviviente, por lo que su única
alternativa posible -según argumenta- era deducirla como anómala en
segunda instancia, sin embargo, a este Tribunal no le corresponde
verificar dicha circunstancia, pues ello es competencia de los tribunales
del fondo;

9°. Que, en lo relativo al conflicto constitucional traído a esta
Magistratura, queda claro que la requirente ejerció su derecho a defensa
oponiéndose a la ejecución en la oportunidad procesal respectiva
conforme las reglas del procedimiento ejecutivo, regulado en el Libro
Tercero, Título I, del Código de Procedimiento Civil, cuyo artículo 462 -no
impugnado en autos-, establece la oportunidad y modo de formular las
excepciones en dicho procedimiento.

En consecuencia, al no afectarse el derecho a defensa de la parte
requirente ni el racional y justo procedimiento que reclama como
vulnerado, la acción de inaplicabilidad no satisface el estándar de
plausibilidad exigible para dar inicio a un contradictorio constitucional,
conforme lo dispone la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6°
del artículo 84 de la Ley N° 17.997.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE RESUELVE:

1. Se declara inadmisible el requerimiento interpuesto en lo
principal de fojas 1.
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CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS




2. Álcese la suspensión del procedimiento decretada a fojas
418.



Notifíquese y archívese.

Rol N° 17.222-25-INA.

María Pía Silva Gallinato
Fecha: 20/01/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 20/01/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 20/01/2026 Fecha: 20/01/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 20/01/2026




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