TC Rol 17231

Texto completo

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CUARENTA Y NUEVE




Santiago, seis de enero de dos mil veintiséis


VISTOS Y CONSIDERANDO:

1º. Que, con fecha 23 de diciembre de 2025, la Ilustre Municipalidad
de San Bernardo deduce requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del artículo 22, inciso sexto de la Ley N°
17.322, que establece normas para la cobranza judicial de cotizaciones,
aportes y multas de las instituciones de seguridad social; y artículo 19,
inciso decimotercero, del D.L. N° 3.500, para que ello incida en el proceso
RIT P-817-2024, RUC N° 24-3-0122826-7, seguido ante el Juzgado de Letras
del Trabajo San Bernardo;
2°. Que la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó que
se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de esta
Magistratura;
3°. Que esta Magistratura Constitucional, en oportunidades
anteriores y atendido el mérito de cada caso particular, ha determinado
que un requerimiento de inaplicabilidad puede adolecer de vicios o
defectos tales que hagan imposible que pueda prosperar, siendo, así,
impertinente que la Sala efectúe un examen previo de admisión a trámite
y procediendo que la misma declare derechamente la inadmisibilidad de
la acción deducida (entre otras, sentencias roles N°s 1924, 1890, 1878,
1860, 1789, 1834, 1828, 1788, 1771, 1749, 2811 y 2878);

4°. Que, de conformidad con el artículo 90, de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional de este Tribunal, que expresamente establece
que “[r]esuelta la cuestión de inaplicabilidad por el Tribunal Constitucional, no
podrá ser intentada nuevamente, por el mismo vicio, en las sucesivas
instancias o grados de la gestión en que se hubiere promovido”, el
requerimiento será declarado derechamente inadmisible, atendido a que
la actora persigue que esta Magistratura declare inaplicable preceptos
legales respecto de los cuales esta Sala ya emitió un pronunciamiento con
fecha 21 de octubre de 2025 (Rol 16.799), declarando inadmisible el
requerimiento en virtud de la causal prevista en el artículo 84 N° 3, de la
Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional;

5°. Que, cabe hacer presente que el actual libelo se fundamenta en
los mismos hechos y circunstancias que el anterior requerimiento, con la
salvedad de que a fojas 3 se agrega que con fecha 20 de noviembre de
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CINCUENTA




2025 se solicitó una nueva liquidación de la deuda, ordenando el tribunal
que pasen los antecedentes a la Unidad de Servicio del Tribunal, a fin de
que dentro de tercero día se liquide el crédito de autos;

6°. Que, conforme lo señalado, en este nuevo requerimiento no se
tiene una gestión pendiente que permita entender que existe un cambio
sustancial en el estado procesal de la causa que se tramita ante el Juzgado
de Letras del Trabajo de San Bernardo, pues no consta que se haya
practicado una nueva liquidación de la deuda.

Asimismo, el conflicto constitucional propuesto se estructura en
base a los mismos vicios alegados en el requerimiento que fue declarado
inadmisible por esta Sala. En ambos libelos la actora alega que la
aplicación de los preceptos legales impugnados vulnera las garantías
contenidas en el artículo 19 N° 2, 22, 24, y 26 de la Constitución Política;

7°. Que, la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura no contempla mecanismos de impugnación frente a la
resolución que se pronuncie declarando la inadmisibilidad de una acción
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, de conformidad al tenor literal
de su artículo 84, inciso final, cuestión que resulta del todo pertinente, en
la medida que un segundo pronunciamiento sobre un requerimiento ya
deducido y rechazada su admisibilidad por sentencia interlocutoria que
pone fin al proceso, implicaría una revisión de lo ya decidido;

8°. Que, por lo demás, la imposibilidad de recurrir en contra de lo
resuelto por esta Magistratura no sólo encuentra sustento en el plano
orgánico constitucional, según ya se ha expuesto precedentemente, sino
que también a nivel constitucional, según lo dispone el artículo 94, inciso
primero, de la Carta Fundamental, en la medida que contempla la
improcedencia de recursos en contra de sus resoluciones, voz que, bajo su
sentido natural y obvio, abarca los pronunciamientos sobre admisibilidad.

Tal imposibilidad se vincula estrechamente con lo dispuesto en el
artículo 90 de la Ley N° 17.997, el cual establece que, resuelta la cuestión
de inaplicabilidad por el Tribunal Constitucional, no podrá ser intentada
nuevamente, por el mismo vicio, en las sucesivas instancias o grados de la
gestión en que se hubiere promovido.

Dicha disposición legal refuerza la conclusión de que carece de
fundamento plausible la reiteración de un conflicto constitucional ya
resuelto, pues el ordenamiento jurídico expresamente impide tal
proceder. Así, manteniéndose el conflicto constitucional planteado en los
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CINCUENTA Y UNO




dos requerimientos correlacionados, no resulta posible una revisión de lo
ya decidido. Dicha cuestión encuentra fundamento en el criterio sostenido
por este Tribunal en causas Roles N°s 1281, 1671, 1672, 1834, 2395, 5085,
5136, 8555, 8899, entre otras;

9°. Que, en consecuencia, al constatarse que el presente
requerimiento es intentado por la misma parte que en causa Rol N°
16.799, impugnando los mismos preceptos legales, en la misma gestión
pendiente y fundado en el mismo vicio constitucional, el requerimiento
será declarado derechamente inadmisible conforme la receptiva
señalada.


Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo y 94 de la Constitución Política y
artículos 84, inciso final, y 90, y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997,
Orgánica Constitucional de esta Magistratura,




SE RESUELVE:


Que se declara derechamente inadmisible el requerimiento
interpuesto en lo principal de fojas 1. A los otrosíes, a todo, estese a lo
resuelto.



Notifíquese y archívese.
Rol Nº 17.231-25-INA

Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 06/01/2026



Miguel Angel Fernández González
Fecha: 06/01/2026



Alejandra Precht Rorris
Fecha: 06/01/2026


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señor Miguel Ángel Fernández González, señor Héctor Mery Romero y señora
Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.
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Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 07/01/2026




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