TC Rol 17239

Texto completo

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CIENTO CINCUENTA Y CINCO



Santiago, veintiuno de enero de dos mil veintiséis.



A fojas 128, a lo principal, téngase como parte; al primer y cuarto
otrosíes, ténganse por acompañados; al segundo y tercer otrosíes,
téngase presente. Como se pide a la forma de notificación solicitada.

A fojas 142, a lo principal, téngase por evacuado el traslado; al
otrosí, estese a lo que se resolverá.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, a fojas 1, con fecha 24 de diciembre de 2025,
Constructora INGEC S.A. acciona de inaplicabilidad respecto del artículo
11 bis del Código Tributario; artículos 113, inciso segundo, y 6 BIS, de la
Ley N° 19.880; artículos 1°, inciso primero; 2°, letras d), f) y g); 6°; y 7°, de
la Ley N° 19.799; y artículo 41 C, de la Ley Sobre Impuesto a la Renta, en
el proceso Rol N° 44.850-2025, sobre recurso de casación en el fondo,
seguido ante la Excma. Corte Suprema;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
la cuenta del requerimiento ante la Primera Sala, acogiéndolo a
tramitación por resolución de 29 de diciembre de 2025, a fojas 120. En
dicha oportunidad se confirió traslado a las demás partes de la gestión
invocada para examinar el cumplimiento de sus requisitos de
admisibilidad;

3°. Que, precluido lo anterior, y examinado el requerimiento en
conjunto con todos sus antecedentes fundantes, se tiene la
configuración de la causal prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la
Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, en
tanto carece de fundamento plausible o razonable;

4°. Que, la requirente expone que el conflicto tiene origen en una
liquidación de impuestos N°100 del 29 de julio de 2016, practicada por el
Servicio de Impuestos Internos, la cual fue reclamada ante el Cuarto
Tribunal Tributario Aduanero de la Región Metropolitana, en tanto,
indica, dicha liquidación habría sido notificada mediante correo
electrónico con diversos vicios de forma. Agrega que fue rechazado el
crédito por impuestos pagados en el extranjero invocado por la




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reclamante, fundándose en el incumplimiento del requisito de
inscripción en el Registro de Inversiones en el Extranjero (RIE) y en que
no se habría determinado correctamente el monto del crédito conforme
al artículo 41 A de la Ley sobre Impuesto a la Renta;

5°. Que, refiere que el Cuarto Tribunal Tributario Aduanero,
mediante sentencia de 19 de diciembre de 2024, rechazó el reclamo,
señalando que no existía falta de integridad en la liquidación
impugnada. Agrega que dicho fallo fue confirmado por la Corte de
Apelaciones de Santiago el 22 de septiembre de 2025, y que se
encuentra pendiente de resolución un recurso de casación en el fondo
ante la Excma. Corte Suprema;

6°. Que, al fundar la cuestión de constitucionalidad respecto de la
aplicación de los preceptos impugnados, argumenta que se vulnera el
derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la
Constitución, así como el derecho a la igualdad ante la ley establecido
en el artículo 19 N°2. Desarrolla que se establecería una diferencia
arbitraria al permitir que el Servicio de Impuestos Internos haya enviado
la liquidación mediante un correo electrónico que no cumple con los
requisitos establecidos en el artículo 11 BIS del Código Tributario, el cual
exige que el correo contenga una transcripción de la actuación del
Servicio incluyendo los datos necesarios para su acertada inteligencia.

Agrega que el correo electrónico, como acta de notificación, no
contenía firma electrónica avanzada conforme lo exige el artículo 7° de
la Ley N° 19.799, transformando el documento en uno sin valor legal;

7°. Que, dado lo expuesto, teniendo presente las peticiones
formuladas y los términos en que se somete el conflicto al conocimiento
y resolución de esta Magistratura, expresamente delimitado en el
requerimiento por las argumentaciones y petitoria del actor, es que
debe ser declarado inadmisible al carecer de fundamento plausible o
razonable;

8°. Que, conforme ha sido razonado por este Tribunal al examinar
el alcance de la exigencia de fundamento plausible o razonable, la
especial naturaleza jurídica de la acción de inaplicabilidad establecida en
la Constitución la configura como un instrumento de eliminación o
supresión concreta de uno o más preceptos legales y no de
reformulación de la normativa aplicable a una materia. Asimismo,
atendido el carácter concreto de control constitucional de la ley, las




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alegaciones de la parte requirente deben ser analizadas con relación a
las peticiones y argumentaciones entregadas en la gestión pendiente
con que se vincula el requerimiento presentado, lo que es expresión de
la naturaleza jurídica de una acción de control concreto de
constitucionalidad de la ley (resolución de inadmisibilidad en causa Rol
N° 12.281-21, c. 7°);

9°. Que, según se desprende de los antecedentes acompañados y
de lo expuesto por la requirente, la gestión pendiente corresponde a
recurso de casación en el fondo interpuesto ante la Excma. Corte
Suprema contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que
confirmó el fallo del Cuarto Tribunal Tributario Aduanero que, a su vez,
rechazó reclamo contra una determinada liquidación de impuestos. El
conflicto se centra en determinar si la liquidación impugnada adolece de
vicios que afecten su validez, en particular respecto de la forma de
notificación mediante correo electrónico y la presencia o ausencia de
firma electrónica avanzada, así como en la procedencia del crédito por
impuestos pagados en el extranjero y la interpretación de los requisitos
legales para su reconocimiento, específicamente la exigibilidad de la
inscripción en el Registro de Inversiones en el Extranjero. La
controversia envuelve, además, la valoración de las circunstancias en
que el tribunal de competencia tributaria y la Corte de Apelaciones
desestimaron los argumentos de la reclamante;

10°. Que, desde lo argumentado no es posible fundar
plausiblemente un proceso de inaplicabilidad. Esta acción constitucional
no es idónea para buscar la enmienda o revocar lo que ha sido resuelto
por un tribunal en ejercicio de sus competencias para determinar el
sentido y alcance de uno o más preceptos legales. Como fue resuelto en
causa Rol N° 16.390, ésta no busca corregir los eventuales errores
interpretativos que pudiera adoptar el juez del fondo en la forma en que
aplica la ley, propios de la legalidad, en tanto la ejercida en la presente
causa no constituye una instancia para revisar decisiones judiciales. Un
asunto de mera legalidad -como el presentado- ha de resolverse “en el
marco de la legislación vigente por la aplicación que, previa interpretación,
efectúa el juez del fondo, el cual tiene que obrar -en todo caso- en línea con
la Constitución, porque se lo exige el artículo 6° de la Carta Fundamental”
(STC Rol N° 5418-18, c. 33°).

Si bien, lo ha advertido la STC Rol N° 15.066-24, c. 21°, es factible
que una determinada interpretación adoptada por un tribunal pueda




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generar efectos inconstitucionales, activándose la competencia de
inaplicabilidad de la ley, esta Magistratura no está habilitada para la
corrección de errores interpretativos si, de existir, se han habilitado por
el legislador mecanismos de impugnación de esos actos y resoluciones.
En contrario, aceptar que esos defectos puedan ser subsanados por
este Tribunal transformaría la inaplicabilidad en un recurso procesal y la
dotaría de una naturaleza que no posee de acuerdo con sus requisitos
constitucionales y legales. El control concreto que le corresponde
efectuar en el ámbito de la inaplicabilidad no radica sobre actuaciones
de otros poderes públicos, sino sobre preceptos legales que puedan
resultar derecho aplicable en la resolución de una concreta gestión,
siendo en definitiva un control de carácter normativo;

11°. Que, el conflicto planteado no se origina en la aplicación de
los preceptos impugnados, sino, en contrario, en la determinación de si
la notificación de la liquidación cumplió con los requisitos de forma
exigidos por la ley, en la valoración de los errores formales advertidos
por la reclamante, en la interpretación del alcance de las normas sobre
firma electrónica avanzada y en la determinación del régimen jurídico
aplicable al crédito por impuestos pagados en el extranjero.

Con lo anterior, la actora de inaplicabilidad cuestiona que se haya
considerado válida una notificación que estima defectuosa, entre otras
consideraciones procesales y sustantivas. Sin embargo, esas materias
corresponden al ámbito de interpretación que es ajena al control de
constitucionalidad concreta que ejerce esta Magistratura a través de la
acción de inaplicabilidad, en tanto se busca controvertir la forma en que
el tribunal interpretó el alcance y requisitos de las normas sobre
notificación electrónica, valoró la entidad de los vicios alegados;

12°. Que, con ello, la parte requirente no impugna el contenido
normativo de las disposiciones cuestionadas, sino que, antes, cuestiona
la forma en que fueron aplicados e interpretados por los tribunales que
conocieron de la reclamación tributaria, lo que ha impugnado mediante
recurso de casación ante la Excma. Corte Suprema.

A partir de lo anterior, lo desarrollado como conflicto
constitucional por la requirente importa alegaciones que involucran la
revisión de la interpretación legal judicial de las normas reprochadas, lo
que excede la naturaleza del control concreto de constitucionalidad y
corresponde a la competencia exclusiva de la Judicatura tributaria.
Como fuera razonado en resoluciones de inadmisibilidad en causas



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Roles N° 14.009-23 y N° 16.575, la inaplicabilidad constituye “un
instrumento de eliminación o supresión concreta de un precepto legal y no
de reformulación de la normativa aplicable a una materia”;

13°. Que, como corolario de lo que se viene resolviendo, la STC
Rol N° 15.036 razonó que la acción de inaplicabilidad no permite
“transgredir la distribución de competencias entre el Poder Judicial y este
tribunal, de que dan cuenta los capítulos VI y VIII del texto constitucional, y
los cuerpos legales que regulan las atribuciones de estos órganos
constitucionales”, criterio que debe ser asentado, puesto que no puede
tenerse por razonablemente fundado un requerimiento como el
ejercido si éste, más bien, impugna la forma en que los tribunales
tributarios y la Corte de Apelaciones interpretaron el alcance de las
normas cuestionadas, materias que deben resolverse en el marco de las
competencias propias del Poder Judicial y, en particular, a través del
recurso de casación pendiente ante la Excma. Corte Suprema.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en
los artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:



Inadmisible el requerimiento deducido a lo principal de fojas 1.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.239-25-INA.




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Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 21/01/2026



Miguel Angel Fernández González Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 21/01/2026 Fecha: 21/01/2026




Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta Subrogante, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, y
por sus Ministros señor Miguel Ángel Fernández González, señor Héctor Mery
Romero y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 22/01/2026




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