TC Rol 1724

Texto completo

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sesenta

Santiago, quince de junio de dos mil diez.

Proveyendo el escrito del abogado Vladimir Mondaca
Díaz, en representación de la Municipalidad de
Valparaíso, de 1” de junio del año en curso -fojas 32-: A
lo principal, y a los otrosíes primero, tercero y Cuarto,
téngase presente; al segundo otrosí, téngase por
acompañado el documento que indica, bajo apercibimiento

legal.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1%. Que, por resolución de 20 de mayo de 2010 -fojJas
25 a 28-, esta Sala acogió a tramitación el requerimiento
de ¡inaplicabilidad por inconstitucionalidad que ha
deducido el abogado Gonzalo Arias Acuña, en
representación de la sociedad Inversiones Deportivas Viña
del Mar S.A., respecto de los artículos 23 y 24 del
Decreto Ley N* 3.063, de 1979, según su texto refundido y
sistematizado aprobado por el Decreto N” 2385, de 30 de
mayo de 1996, del Ministerio del Interior, en la causa
sobre reclamo de ilegalidad que se encuentra en actual
tramitación ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso
bajo el Rol de Ingreso N* 1677-2009.

En la misma oportunidad se dispuso, entre otras
medidas, conferir traslado, por cinco días, a la
Municipalidad de Valparaíso, en su condición de parte en
la gestión judicial pendiente individualizada;

2%. Que, como consta a fojas 32, en lo principal de
la presentación de 1% de junio de 2010, la mencionada
Municipalidad, representada por el abogado Vladimir
Mondaca Díaz, evacuando el traslado conferido en autos,
solicitó que el requerimiento de inaplicabilidad deducido
fuera declarado inadmisible, en atención a que "la

reclamante precisamente ha requerido a este Tribunal un

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pronunciamiento sobre el sentido y alcance de los
artículos 23 y 24 del DL 3063, de 1979, Ley de Rentas
Municipales, normas de rango legal cuya interpretación
corresponde a los jueces de fondo y no a este Excmo.
Tribunal, pues carece de competencia para ello”. Por lo
anterior, a su juicio, la acción interpuesta no se
encuentra debidamente fundada y, en consecuencia, no
satisface las exigencias previstas por la Constitución
Política para que pueda ser declarada admisible.

En subsidio de lo principal, en el primer otrosí de
la misma presentación el organismo municipal pide a esta
Magistratura rechazar el requerimiento en todas sus
partes, con costas;

3%. Que el artículo 93, inciso primero, N* 6%, de la
Ley Fundamental establece que es atribución de este
Tribunal Constitucional “resolver, por la mayoría de sus
miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto
legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga
ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria
a la Constitución.”.

A su turno, el inciso undécimo del mismo precepto
fundamental señala: "En el caso del número 6, la
cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes
o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá a
cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin
ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre
que verifique la existencia de una gestión pendiente ante
el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del
precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la
resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada
razonablemente y se cumplan los demás requisitos que
establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá

resolver la suspensión del procedimiento en que se ha

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originado la acción ue inaplicabilidad por
inconstitucionalidad.”;

4. Que la normativa constitucional aludida
precedentemente se complementa con la que se contiene en
la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, que en su artículo 47 F establece:
“Procederá declarar la inadmisibilidad en los siguientes
casos:

1* Cuando el requerimiento no es formulado por una
persona u órgano legitimado;

2% Cuando la cuestión se promueva respecto de un
precepto legal que haya sido declarado conforme a la
Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control
preventivo o conociendo de un requerimiento, y se invoque
el mismo vicio que fue materia de la sentencia
respectiva;

3% Cuando no exista gestión judicial pendiente en
tramitación, co se haya puesto término a ella por
sentencia ejecutoriada;

4* Cuando se promueva respecto de un precepto que no
tenga rango legal;

5% Cuando de los antecedentes de la gestión
pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que el
precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella
no resultará decisiva en la resolución del asunto, y

6” Cuando carezca de fundamento plausible.

Declarada la inadmisibilidad ¡por resolución que
deberá ser fundada, ésta será notificada a quien haya
recurrido, al juez que conozca de la gestión judicial
pendiente y a las demás partes que intervengan en ella, y
el requerimiento se tendrá por no presentado, para todos

los efectos legales.

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La resolución que declare la admisibilidad O
inadmisibilidad del requerimiento no será susceptible de
recurso alguno.”;

5%. Que respecto de la causal de inadmisibilidad
contemplada en el N* 6 del inciso primero del artículo
47 F de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional recién transcrito, en la sentencia Rol N”
1.288-2008 -sobre control preventivo y obligatorio de
constitucionalidad del proyecto de ley que modificaba la
antedicha ley orgánica constitucional, que Juego se
promulgó como Ley N* 20.381 (D.O. 28.10.2009)- esta
Magistratura declaró su constitucionalidad en el
entendido que la expresión “fundamento plausible” que
utiliza dicho precepto legal “corresponde a la exigencia
contemplada en el artículo 93, inciso decimoprimero, de
la Constitución Política, de que la acción interpuesta
esté “fundada razonablemente”” (Punto resolutivo N* 11);

62. Que, en cuanto a la naturaleza del requerimiento
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad previsto en
la normativa citada, este Tribunal en su sentencia Rol N?
810, de 24 de enero de 2008, manifestó: “NOVENO: Que si
bien, entre las reseñadas caracteristicas de la actual
acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
resalta la que indica que mientras antes se trataba de
una confrontación abstracta entre la norma legal
cuestionada y una disposición constitucional, ahora se
trata de un cotejo entre la aplicación del precepto legal
impugnado a un caso concreto y la Constitución, no debe
perderse de vista que, tanto antes como ahora, para que
la acción pueda prosperar, debe estarse siempre en
presencia de un conflicto de constitucionalidad, esto es,
frente a una contradicción directa, clara y precisa,
entre determinado precepto legal que se pretende aplicar

en el caso concreto, con la propia Constitución, pues el

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juez constitucional no puede interpretar o corregir la
ley ordinaria si no es con relación a su
constitucionalidad. La tarea de interpretar la ley le
corresponde a los tribunales de justicia, sean ordinarios
o especiales, y, en nuestro sistema judicial, el órgano
llamado a unificar su interpretación es la Corte Suprema,
a través del recurso de casación. La labor del Tribunal
Constitucional consiste en velar por el respeto del
principio de supremacía constitucional y, por ende,
tratándose de una acción de esta clase, resolver si la
aplicación en el caso concreto de que se trate del
precepto legal impugnado, resulta o no contraria a la
Carta Fundamental y, como efecto natural de una decisión
estimatoria, prohibir al juez de la causa aplicarlo en la
resolución de ese caso concreto; DECIMO: Que, corolario
de lo razonado en los considerandos precedentes es que,
aunque al ejercer la atribución a que se refiere el N” 6
del artículo 93 de la Constitución la decisión de esta
Magistratura no está constreñida a la simple constatación
abstracta de si existe o no en el texto del precepto
impugnado una infracción constitucional, es forzoso que
siempre el conflicto sometido a su decisión consista en
la existencia de una contradicción concreta y determinada
entre la ley y la Constitución, la cual en algunas
ocasiones podrá brotar con claridad del solo texto del
precepto legal cuestionado y en otras emergerá de las
peculiaridades de su aplicación al caso concreto
sublite”;

7%. Que, examinado el requerimiento a los efectos de
verificar si, a su respecto, concurren los requisitos de
admisibilidad transcritos precedentemente, se concluye
que aquél no contiene una “impugnación razonablemente
fundada, cuyo objeto sea la declaración de

inaplicabilidad de un precepto de jerarquía legal, cuya

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aplicación en la gestión que se sigue ante el respectivo
tribunal ordinario resulte contraria a la Carta
Fundamental, en los términos que exigen las disposiciones
constitucionales anteriormente citadas;

8”. Que, en efecto, los reproches de
inconstitucionalidad planteados se dirigen en contra de
la interpretación de las disposiciones legales impugnadas
en estos autos, sostenida por la autoridad comunal
recurrida, como asimismo para impugnar aquella
interpretación que eventualmente el Juez de la instancia
pronuncie en su sentencia en el mismo sentido de la
emanada del referido ente administrativo. Por otra parte,
el conflicto que se intenta someter al conocimiento y
resolución de esta Magistratura está referido a la
necesidad que le asiste a la sociedad requirente de
desentrañar el verdadero sentido y alcance de las
expresiones “actividad primaria, secundaria y terciaria”
a que aluden los preceptos legales impugnados, que serían
aquellos que han fundado la decisión adoptada por el
respectivo Municipio en orden a considerarla como sujeto
obligado al pago de la patente correspondiente. Es decir,
a través de la acción deducida en autos se le plantea a
este Tribunal Constitucional una cuestión de
interpretación legal que no queda comprendida dentro de
sus atribuciones, en conformidad con lo que dispone el
artículo 93, inciso primero, N2 6, de la Carta
Fundamental;

99. Que lo expresado precedentemente se constata de
la lectura de las argumentaciones que se formulan en el
mismo requerimiento; a modo ejemplar, se señala a fojas 4
que lo que persigue la acción materia de estos autos es
que esta Magistratura Constitucional controle la
constitucionalidad de la interpretación que el juez de la

instancia realice respecto de una norma legal, agregando

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sesenta y $us

que, en su caso, no existiría obligación de pagar la
patente municipal que se le intenta cobrar, atendido que
no se satisfacen los elementos del hecho gravado con tal
impuesto. A su vez, a fojas 11, al referirse a la forma
en que la aplicación de los preceptos legales impugnados
puede generar efectos contrarios al derecho de propiedad
en relación con el principio de legalidad tributaria,
ambos reconocidos en el texto constitucional vigente en
las disposiciones que se mencionan en el libelo, se aduce
que ello se debe a "la errada aplicación que la
Municipalidad ha efectuado de los artículos 23 y 24 del
DL 3063”. Luego, a fojas 17 y 18, si bien la actora
afirma que en este requerimiento no se intenta impugnar
la resolución dictada por la aludida Municipalidad,
señala que el examen que se demanda a esta Magistratura
se dirige únicamente al control y represión de los
efectos ¡inconstitucionales que la aplicación de los

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artículos 23 y 24 ya aludidos y reprochados produce, "si
se adaptan para mi representada a fin de gravarla con
tributos municipales”;

107. Que al no cumplir con la exigencia
constitucional anotada, el requerimiento deducido debe
ser declarado inadmisible.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en el
artículo 93, inciso primero, N* 6%, e inciso undécimo, de
la Constitución y normas pertinentes de la Ley N* 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE DECLARA INADMISIBLE el requerimiento interpuesto
a fojas uno.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor
Enrique Navarro Beltrán, quien estuvo por declarar
admisible el requerimiento deducido, en razón de que se
satisfacen todas las exigencias que para ello prevé la

Constitución Política y la Ley Orgánica Constitucional

del Tribunal Constitucional, N2 17.997, en las
disposiciones transcritas en esta resolución.

Notifíquese por carta certificada al requirente y a
la Municipalidad de Valparaíso y comuníquese por oficio a
la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Archívese.

Rol 1724-10-INA.

(

4

Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal
Constitucional, integrada por su Presidente, señor
Marcelo Venegas Palacios, y los Ministros señores Mario
Fernández Baeza, Enrique Navarro Beltrán y Francisco
Fernández Fredes.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, señora Marta de la

Fuente Olguín. du